CRISIS DEL TRANSITISMO Y EL GOLPE DE ESTADO DE 1968 EN PANAMÁ

Hace poco el golpe de Estado de 1968 en Panamá cumplió medio siglo y todavía existen múltiples aspectos desconocidos en torno al entramado de causas y efectos que originó este acontecimiento. Tal situación no sorprende si se tiene en cuenta que la mayor parte de los entresijos que han ido estructurando la historia del aparato estatal panameño, esto es, las relaciones de poder y las luchas que se comprometieron alrededor de tales relaciones, permanecen sin desvelar y son, por tanto, irreconocibles para el grueso de la ciudadanía. Por ello, sigue siendo válido preguntarse aún hoy acerca del núcleo básico de ruptura que propició aquella asonada militar en el plano de una coyuntura que entiendo como una “síntesis de múltiples determinaciones” (Marx, 1974: 51).

Desde esta perspectiva, el artículo plantea la necesidad de ir más allá del argumento que centra la causa del ‘cuartelazo’ en los cambios en la jefatura militar realizados en los días previos al putsch (Pereira, 1979; Vásquez, 1987), al tiempo que sugiere enriquecer este razonamiento a la luz de un contexto más amplio, esto es, a partir de lo que he denominado a falta de otra expresión más clara, ´crisis del transitismo’. Y es que, como escribió Wright Mills (1957: 33), “la idea de que toda la historia se debe a la conspiración de un grupo de malvados, o de héroes, fácilmente localizable, es también una proyección apresurada del difícil esfuerzo para comprender (…) los cambios de estructura de la sociedad…, es abandonar el esfuerzo para comprender los hechos del poder y los caminos de los poderosos”.

Evidentemente, el intento de identificar una “nueva” problemática en la raíz del fenómeno en cuestión tropieza con las carencias y límites reales de un incierto objeto de estudio atenazado por la insuficiencia de fuentes y datos sólidos. Una realidad que aunque ha complicado la tarea de pensar, en cierta medida ofrece también filones de conocimiento que permiten trabajar crítica y creativamente la senda analítica tradicional a través de la cual se han estudiado los hechos de octubre de 1968, en el último medio siglo en Panamá.¹

Según Wright Mills (1957: 7), “…si tratamos de entender algo de la verdadera índole de la sociedad en que vivimos, no podemos permitir que la imposibilidad de una prueba rigurosa nos aleje de un estudio que consideramos importante. Hay que esperar vacilaciones cuando sin autoridad o ayuda oficial, nos lanzamos a investigar algo organizado en parte para provocar dudas entre los que querrían entenderlo sencillamente. De todas maneras, afirmando lo que podamos afirmar en estas condiciones, es posible que suscitemos una controversia entre ellos y sus agentes y así, aprendamos algo más".

El golpe militar de 1968 tuvo lugar en medio de dos momentos críticos de gran complejidad: Por una parte, los trágicos sucesos de los días 9, 10 y 11 de enero de 1964. Estos hechos provocaron el rompimiento de relaciones diplomáticas de Panamá con EEUU después que tropas norteamericanas ocuparan territorio bajo jurisdicción panameña tanto en Panamá como en Colón. La agresión dio lugar a 21 muertos y más de 400 heridos. Por otra, el rechazo casi cuatro años más tarde, por parte de la Asamblea Nacional, el 14 de diciembre de 1967, de los Proyectos de Tratados del Canal Robles-Johnson, mejor conocidos como “tres en uno’. La Cámara Legislativa aprobó, por unanimidad, una resolución propuesta por el diputado Carlos I. Zúñiga, según la cual “La Asamblea Nacional, con motivo del vigésimo aniversario del rechazo del Convenio Filós-Hines, reitera sus propósitos históricos de lograr la abrogación cierta y total de los Tratados existentes entre Panamá y EEUU y formula sus deseos de que el gobierno próximo logre negociar un nuevo Tratado fundado en los principios y aspiraciones del pueblo panameño, expresados en enero de 1964.” (Pizzurno y Araúz, 1996: 504).²

Hace varias décadas, el historiador Alfredo Castillero C. (1973), planteó de modo puntual la conceptualización de lo que constituye quizá uno de los más importantes descubrimientos producto de sus estudios históricos sobre “la institucionalización de la función del Istmo como zona de tránsito”. Esto es, la dinámica fundamental de lo que denominó ‘transitismo’, término de acuerdo al cual “la vocación geográfica de nuestro país solo podía traducirse en términos de ejercicio transitista, cuando un centro hegemónico estuviese dispuesto a asumir el poder de decisión sobre el uso de lo que por tradición se ha considerado nuestro ‘principal recurso geográfico’. (p 38)

Desde esta perspectiva, el rompimiento de relaciones diplomáticas de 1964 y todas las circunstancias que a nivel nacional remataron en el rechazo del Tratado Robles-Johnson en 1967, por vez primera ponían en entredicho el ejercicio transitista por parte de EEUU en Panamá. Por vez primera mostraban lo que para Chomsky y Herman (1981, 14) constituían “las posibilidades muy reales de pérdida de control en las zonas exteriores del imperio”.

Justamente, es a este breve pero fundamental período, que a mi juicio se extiende de diciembre de 1967 a octubre de 1968, al que he caracterizado como ‘crisis del transitismo’.

El encrespado escenario local, caracterizado por el protagonismo significativo de los sectores populares y medios organizados (COFADEPA-HG, 2009), tuvo lugar dentro de un contexto internacional marcado por la geopolítica de la bipolaridad y la agudización de la guerra fría entre las grandes potencias, conformando un ambiente conflictivo a través de relaciones de fuerzas que condensaron economía, cultura política y organización. Fue justamente durante el período de la guerra fría cuando los gobernantes latinoamericanos adoptaron la doctrina de la seguridad hemisférica bajo la tutela estadounidense. “En todos los casos, el problema es el mismo: preservar la solidaridad de las repúblicas americanas, según las razones de Estado de los gobernantes norteamericanos…”. (Ianni, 1974: 34)

En todas las situaciones, surge una y otra vez el significado básico del monroísmo: “La Doctrina Monroe, que estipula la exclusión de las instituciones políticas y las adquisiciones territoriales europeas del hemisferio occidental, y permite así que prevalezca la libertad de acción de EEUU, es la más amplia proclamación unilateral de una esfera de influencia en los tiempos modernos” (Morgenthau, 1974, p. 34)

De acuerdo con Chomsky y Herman (1981: 14), el “gobierno norteamericano también desplegó en su propio territorio su policía política en un gran esfuerzo por socavar y destruir los movimientos sociales así como a sus dirigencias”, los cuales desde hacía una década sacudían a esa sociedad reclamando el respeto a los derechos civiles y luego rechazando la violencia desenfrenada de la política norteamericana contra la población campesina en Vietnam y el resto de Indochina.

Un reciente estudio de la investigadora mexicana María Collado (2017), muestra cómo fue percibido por los aparatos de seguridad estadounidenses el movimiento estudiantil de 1968 en México y su relación con la política exterior mexicana hacia Cuba y los países del Este europeo. Enfatizando el lugar estratégico de México en la geopolítica de contención hemisférica en tanto ese país era un aliado crucial de EEUUen el contexto de la guerra fría, que en aquel momento experimentaba uno de sus conflictos más álgidos en la guerra de Vietnam.

De acuerdo con la autora: “Pese a los focos rojos que el informe señalaba, la CIA y el gobierno estadounidense confiaban en la estabilidad mexicana y en la capacidad de las fuerzas de seguridad para mantener el control de los movimientos opositores. Esta confianza se relacionaba con el papel preponderante que México desempeñaba como aliado regional, dadas las preocupaciones de Washington de contener a Cuba, lograr que disminuyeran las actividades revolucionarias y reducir el sentimiento antiestadunidense en el continente… Lo cierto es que, independientemente de sus críticas, el gobierno estadounidense apoyaba al mexicano para que saliera adelante de este difícil escollo. Prueba de ello son los suministros, el equipo antimotines y las armas que Washington vendió a México durante el verano de aquel año. El material tenía como finalidad principal enfrentar al movimiento estudiantil".(Collado, 2017: 176)

A juicio de Collado (2017:159), los materiales producidos por las diferentes instancias de seguridad nacional estadounidense constituyen “un mirador privilegiado para calibrar la actuación del gobierno mexicano en una etapa signada por la gran colaboración y coincidencia de ambos vecinos en torno a la necesidad de contener el avance del comunismo”.

Y esto es así si se tiene en cuenta que “la política exterior norteamericana en lo que concierne a las decisiones estratégicas se encuentra bajo la égida del Consejo Nacional de Seguridad, del cual el Pentágono (Departamento de Defensa) es el principal organismo de decisión militar. El Comando Sur es la estructura más importante a nivel militar para Latinoamérica…” (Leis, 1985: 19).

Según Insulza (1982), la visión de la cuenca del Caribe como un elemento del conflicto este/oeste no es nueva. Se trata de una visión que se vincula estrechamente con la tradición de lo que se considera el interés nacional norteamericano en la región y con la interpretación que esa tradición recibe a partir de la segunda posguerra.

De ese modo, Centroamérica y el Caribe ha sido desde comienzos de los años sesenta una región prioritaria en la estrategia de EEUU de convertirla en elemento clave de la política de contención bipolar. Esto condicionó la forma en que el gobierno norteamericano pudo tratar los riesgos que planteaba la “crisis del transitismo” de octubre de 1968 en Panamá.

Si, por una parte, era indiscutible la profunda descomposición y crisis política y social que caracterizaba a nuestro país por aquellos años (Pizzurno y Araúz, 1996: 483 ss), por otra parte, era una realidad la disposición de la administración Johnson “a usar a los militares […] como una especie de fuerza policial […] para combatir al comunismo o estabilizar situaciones que pudieran conducir a la “toma comunista”, (Kryzanek, 1987:104-105).

Como diría Henry Kissinger en 1970, durante una reunión del Comité Cuarenta, para debatir la situación de Chile: “No sé por qué necesitamos estar a un lado y observar que un país se vuelve comunista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo…. Su respuesta fue, en parte, soltar a la CIA”. (Citado en Borosage y Marks, 1980:115)

Según Kryzanek (ibid.) en América Latina, y en particular en el Caribe, el presidente Johnson era firme en su creencia que EEUU debía impedir una ‘segunda Cuba’. Si EEUU no podía derribar el régimen de Castro, al menos podía asegurar que su influencia no se difundiera más. De acuerdo a este autor, es dentro de este marco de referencia que puede entenderse incluso la intervención norteamericana en la República Dominicana en abril de 1965. Y sin ninguna duda, es posible agregar el caso panameño en octubre de 1968, aunque no dispongamos por ahora de datos sólidos para respaldar esta fuerte sospecha y algunos indicios relevantes.

Victor Marchetti y John D. Marks (1974), dos ex funcionarios de la CIA, después de una larga lucha judicial en EEUU, lograron publicar un libro acerca de las acciones de inteligencia más reconocidas llevadas a cabo por la entidad norteamericana. De acuerdo a estos autores, “en su calidad de instrumento para la acción secreta de la política exterior norteamericana, el arma más poderosa de la Agencia es la intervención encubierta en los asuntos internos de aquellos países que el Gobierno de los EEUU desea controlar o sobre los que quiere influir.” (p. 62)

En ese sentido, Marchetti y Marks (1974) afirman que gran parte del personal de la Agencia que intervenía en las operaciones especiales del Ejército de EEUU, provenían habitualmente de las Séptimas Fuerzas Especiales, estacionadas en Fort Gulick, en la Zona del Canal, en Panamá. De acuerdo con estos autores: “La agencia poseía su propia base paramilitar en la Zona, e incluso cuando las fuerzas especiales realizaban misiones fuera del mando directo de la CIA, los funcionarios de los servicios clandestinos de la agencia estaban siempre al tanto del desarrollo de las operaciones. Desde 1962, más de 600 “equipos móviles de instrucción” de las fuerzas especiales se enviaron a toda América Latina desde Fort Gulick, tanto bajo el control directo de la CIA como bajo los auspicios del Pentágono".

Al respecto Pereira (1979: 114) permite conocer hasta qué grado estaban involucrados los militares panameños con las estrategias políticas de Estados Unidos en la región:

…desde el punto de vista de la doctrina antisubversiva que domina el panorama latinoamericano, la Guardia Nacional, y especialmente su cuadro de oficiales, bien pueden ser considerados como la crema de la guerra antiguerrillera con relación al resto de los países latinoamericanos. En efecto, de 3,369 militares latinoamericanos entrenados en el solo año de 1966 por los Estados Unidos en el extranjero, es decir, en las distintas escuelas de la Zona del Canal, 757 eran oficiales, clases y tropas de la Guardia Nacional panameña rigurosamente selecciona-dos, contra sólo 305 venezolanos, 241 peruanos, 214 colombianos, 158 brasileños y 59 guatemaltecos, todos estos últimos entonces implicados en operaciones contra guerrillas rurales y urbanas. La amplitud y la intensidad del aprendizaje realizado por los oficiales de la Guardia Nacional en la universidad zoneíta de la contra- insurgencia, pueden medirse por el record del propio General de Brigada Omar Torrijos: “cursos sobre operación en la selva, guerra de guerrillas y operaciones contra-insurrección que se dictaron en Fuerte Sherman, en la Zona del Canal de Panamá; y en los cursos superiores de comando y estado mayor que tuvieron lugar en Fuerte Gulick en el Pentágono, de Washington, USA.

No obstante, Pereira (1979: 118) sostiene que: “los militares tomaron el poder pasando sobre la opinión adversa de las autoridades militares y políticas norteamericanas. Se ha filtrado que el día 7 de octubre, en el cuartel de Panamá Viejo, mientras los mayores despedían en ceremonia privada al general Vallarino, a la que asistieron los más altos oficiales del Comando Sur, estos últimos dejaron claramente establecido su desacuerdo con la intención golpista que ya circulaba como respuesta a las medidas de restructuración de la Guardia Nacional puestas en marcha por Arias desde el día 4”.

En todo caso, llama la atención que el gobierno producto del golpe militar, posteriormente encontró pocos obstáculos para obtener reconocimiento internacional. En este sentido, Janson Perez (1993:50) afirma sobre el tema: “No he encontrado objeciones por otras naciones latinoamericanas, nueve de las cuales se encontraban en ese momento con gobiernos militares, ni de la Organización de Estados Americanos (OEA)… Antes del 20 de octubre [de 1968], ya la Organización de las Naciones Unidas había aceptado las credenciales de Aquilino Boyd, nombrado embajador de Panamá por la Junta Provisional de Gobierno".

Según Janson Perez (1993: 37-38) “en esa coyuntura, EEUU parece haber seguido una secuencia cuidadosa para prescindir de Arias Madrid y asegurarse de la sobrevivencia de los tratados de 1967”. Janson es quizá la investigadora que hasta ahora ha aportado algunos indicios acerca de las circunstancias inmediatamente posteriores al golpe de Estado, puntualizando detalles que permiten intuir otros ángulos en el acontecimiento que se analiza:

1. El 11 de octubre de 1968, EE.UU. concedió asilo en la Zona del Canal al presidente Arias Madrid y a un buen número de sus aliados políticos.

2. El 15 de octubre, las autoridades de la Zona del Canal anunciaron que habían rechazado una petición hecha por Arias de suministrarle armas y el uso de pistas de aterrizaje en la Zona para lanzar una contraofensiva contra la junta militar.

3. Ese mismo día 15 de octubre, el Departamento de Estado en Washington anunció la suspensión de lazos diplomáticos con Panamá.

4. Al día siguiente, 16 de octubre, círculos diplomáticos en Washington y el ministro de Relaciones Exteriores de la Junta de Gobierno, Carlos López Guevara, revelaron que se adelantaba un reconocimiento eventual de la Junta Militar. También el 16 de octubre, la Associated Press informaba que casi todo indicio de oposición a la “nueva junta cívico-militar” había desaparecido. Un señalamiento discutible porque es conocido que el golpe generó movimientos de resistencia armada en algunos puntos del país.

5. El 17 de octubre el Departamento de Estado norteamericano aseguró que los proyectos de Tratados acordados entre EEUU y el Gobierno panameño el 26 de junio de 1967, que habían sufrido demoras durante la campaña electoral, no habían sido afectados por el golpe militar puesto que la Junta Militar no había hecho mención de éstos. Ese mismo día, el Gobernador de la Zona del Canal, siguiendo órdenes de Washington, informó a los 185 refugiados políticos que tenían que irse de la Zona.

6. El derrocado presidente Arias Madrid viajó a Washington el 21 de octubre, pero el Gobierno norteamericano lo reconoció solamente como ciudadano privado.

7. El 14 de noviembre de 1968 el embajador norteamericano, Charles W. Adair, Jr., visitó a la Junta Provisional de Gobierno en el Palacio de las Garzas, para manifestarle que su país había decidido continuar “las estrechas y tradicionales relaciones con la nación panameña”. También el 14 de noviembre, la Junta emitió una declaración sobre la política económica que seguiría en los próximos 15 años.

En síntesis, todo parece indicar que el golpe militar en Panamá se concibió para deshacerse del recién posesionado presidente Arias desde una perspectiva que privilegió las cuestiones estratégicas, militares, por sobre otras consideraciones ya fueran políticas, económicas o sociales. En este sentido, una solución militar decisiva podía proporcionar la solución inmediata y definitiva más efectiva ante “un conjunto de hechos indeseables”, constituido por el llamado ‘comunismo internacional’. Su objetivo era promover la revolución en Panamá y en la región. El golpe permitiría el reacomodamiento de las condiciones internacionales y la oportunidad de renegociar las nuevas relaciones canaleras entre los grupos dominantes internos y externos.