Introducción

La etapa agroexportadora, según las corrientes historiográficas predominantes, debería transformarse en punto de referencia ineludible para pensar la Argentina del presente. Según estas visiones, aquel “granero del mundo” era una tierra de promisión donde se logró la óptima combinación de los factores de producción. Esto habría generado un extraordinario crecimiento económico que posibilitó el ascenso y progreso social para todos aquellos espíritus emprendedores que arribaron a nuestros puertos (MIGUEZ, 2008; CORTÉS CONDE, 1977).

Estas interpretaciones apologéticas de aquel pasado soslayan que, en ese período, el país se transformó en una formación dependiente del capital extranjero y se consolidó la gran propiedad territorial. Tampoco jerarquizan las relaciones de explotación y la desigual distribución de la riqueza que caracterizaron aquella etapa. Esa estructura condicionó las posibilidades capitalización de los miles de pequeños y medianos productores que protagonizaron la expansión agrícola entre 1900 y 1930. Estos diversos sectores que conformaron el heterogéneo mundo chacarero -donde confluyeron criollos, mestizos y miles de inmigrantes europeos-, cultivaron la tierra bajo diversos mecanismos de expoliación desplegados por los terratenientes, los grandes comerciantes y las firmas que controlaban el transporte y la exportación de granos. De este modo, el anhelo de acceder a la propiedad de una parcela y lograr el “ascenso social” esperado se fue difuminando.

En este artículo se analizan las condiciones de vida y trabajo de estos agricultores pampeanos, así como los alcances y límites de las protestas que encabezaron para enfrentar las imposiciones de los sectores dominantes. Concentramos la atención en dicho espacio (conformado por las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, noreste de La Pampa y sureste de Córdoba) dado que fue el escenario privilegiado del vertiginoso crecimiento de la superficie sembrada. A su vez, organizamos el escrito en cuatro momentos que permiten identificar los principales factores que afectaron las actividades económico-sociales de los chacareros a lo largo de estos 50 años. El primero refiere a los “inicios de la expansión” (1880 a 1900). El segundo a la “consolidación de la agricultura pampeana” (1900-1914), aquel período que algunos han caracterizado como la “Argentina granero del mundo”. El tercero al impacto de la Primera Guerra Mundial, la manifestación de los límites de una economía agroexportadora y las medidas adoptadas por el gobierno reformista del radical Hipólito Yrigoyen. Finalmente, el cuarto abarca los `20, período donde se evidenciaron con claridad los problemas que generó este tipo de desarrollo económico a pesar de los “espejismos” que generó el crecimiento económico a mediados de dicha década que concluyó con el impacto de la crisis económica mundial.

La producción agropecuaria y el acceso a la tierra en los inicios de la etapa agroexportadora (1880-1900)

Para inicios de la década de 1880, la actividad ganadera constituía la columna vertebral de la economía local. Salvo en la provincia de Santa Fe y en menor medida Entre Ríos, donde el proceso de colonización había transformado la geografía social agraria a partir de la expansión de los cultivos, en el resto del espacio pampeano el incremento de la superficie sembrada se vinculaba, fundamentalmente, con la necesidad de mejorar las pasturas para el refinamiento del ganado en función de las exigencias de los frigoríficos.² Al respecto, el tono crítico que teñía la presentación del Censo bonaerense de 1881 poco se había modificado para 1888.³ Las iniciativas para trastocar los mecanismos de acceso a la propiedad de la tierra y fomentar el desarrollo agrícola resultaban muy resistidas por buena parte de la clase dirigente. Lo cual además de informado por los datos estadísticos resultaba motivo de comentarios por parte de distintos testigos de la época:

Los alquileres de campos están a la orden del día, los dueños aprovechando la demanda, exigen intereses elevados en los contratos de arrendamientos, generalmente limitados a un período muy corto de años. El negocio realizado en esta forma es bastante lucrativo, consiguiéndose en la región Norte, según lo refiere una Revista Agrícola, colocar el capital inmobiliario a un interés de 12 a 15% (CILLEY VERNET, 1896, p. 40).

Esta resistencia se evidenció, por ejemplo, en el fracaso de la Ley de Centros Agrícolas aprobada por la legislatura de Buenos Aires de 1887. En lugar de fomentar la distribución de la tierra y el cultivo, estimuló la especulación y alejó las posibilidades para que los pequeños y medianos agricultores pudieran acceder a la propiedad (GIRBAL DE BLACHA, 1982, p. 42; GIRBAL DE BLACHA, 1980, p. 78). Este fenómeno fue reflejado por los datos de los Censos de aquel período. Mientras que para 1888, en la provincia de Buenos Aires, el 55% de los titulares de explotaciones agropecuarias había declarado poseer en propiedad una parcela, para 1895 la proporción se había invertido: más del 50% de los agricultores eran arrendatarios o medieros. Incluso, al desagregar las unidades productivas según su escala de extensión, se puede advertir que el 70% de los titulares de hasta 200 hectáreas en el norte de la provincia de Buenos Aires, no eran dueños de la tierra que trabajaban.⁴ La contracara de este proceso estaba personificado por grandes propietarios como Leonardo Pereyra, Juan Shaw o Ramón Santamarina que sólo en territorio bonaerense acapararon 135.715, 146.410 y 97.825 hectáreas respectivamente.⁵

Las dificultades de los pequeños y medianos agricultores para alcanzar una reproducción ampliada de su unidad no sólo fueron producto del proceso de apropiación de la tierra bajo un patrón latifundista, sino que este fenómeno se conjugó e incidió en las condiciones de producción que les impusieron los terratenientes, los grandes comercios rurales y el capital extranjero que controlaba el transporte y la exportación de granos.⁶

Uno de los principales instrumentos fue el articulado de los contratos de arrendamiento. Los mismos podían abonarse en moneda o en un porcentaje de la cosecha que oscilaba entre un 30 o 40% de la producción embolsada y lista para su comercialización (HUERGO, 1904). En ambos casos, predominaron los contratos verbales que no excedían los 4 años, lo que obligaba a los productores a desplazarse con regularidad en búsqueda de nuevas tierras. Los propietarios no reconocían las mejoras efectuadas en la parcela por lo que los agricultores solían construir viviendas precarias y sólo realizaban los desembolsos imprescindibles. Además, estos “acuerdos” fijaban una serie de obligaciones para el locatario: cultivar un mínimo que variaba del 90 al 95% de la chacra, contratar los servicios de trilla a un determinado empresario y vender el producto a un comprador previamente estipulado. Estas obligaciones, que pesaban sobre un elevado porcentaje de productores, afectaban sus posibilidades de capitalización e impactaban en sus condiciones de vida y trabajo.

Los comerciantes de ramos generales desplegaron otros mecanismos de “sujeción”. Como resultaban los únicos habilitadores de maquinarias, herramientas. Comida y vestimenta, hacían uso de su posición de privilegio. En particular, se transformaron en la única “ventanilla” a través de la cual los agricultores arrendatarios, que carecían de una propiedad inmueble para ofrecer como garantía, podían acceder al crédito. Desplazados de los circuitos financieros bancarios, quedaban a merced de las tasas usurarios que exigían estos empresarios locales. Al respecto, testigos calificados de aquel período afirmaban que

casi no hay productor, propietario, medianero o arrendatario que no esté sujeto al comercio de la localidad, por el vínculo indisoluble de la libreta. Pocos, muy pocos, son los propietarios que pueden disponer a su libre voluntad del producto de su trabajo (MIATELLO, 1904, p. 279).

También impactó sobre los potenciales beneficios de los agricultores el accionar del acotado número de empresas de capital alemán y francés que controlaban las exportaciones de granos en Argentina. La posición dominante de dichas firmas y la capacidad para imponer los precios de compra/venta a los pequeños productores devenía del control de las estructuras de almacenamiento, de los estrechos vínculos con el mercado mundial y el sistema financiero internacional, de la red de empleados que tenían en las principales estaciones ferroviarias de la región pampeana y del entrelazamiento con las clases dominantes locales que les permitieron diversificar sus operaciones bajo la protección y el auspicio del poder político de turno (VOLKIND Y BARLARO, 2016; GRAVIL, 1985). Así, en la esfera de la circulación, se apropiaban de un significativo porcentaje del plusvalor agrario y lograban embolsar ganancias extraordinarias. En el otro extremo de la cadena de comercialización se encontraba el eslabón inicial, aquel que generaba la mercancía. Estos agricultores solían vender el producto a los acopiadores de campaña que funcionaban como “tentáculos” de estas grandes empresas y aprovechaban su papel de acreedores para fijar condiciones. Frente a estas situaciones, las únicas alternativas que le quedaban al productor era organizar una protesta o recurrir a la justicia, aunque, en la gran mayoría de los casos este último recurso no resultó un terreno favorable para los chacareros dado el lugar hegemónico del capital extranjero durante el régimen conservador (PALACIO, 2004).

Estos múltiples mecanismos, que se consolidaron en las últimas décadas del siglo XIX, modelaron las relaciones en el agro pampeano e incidieron en las condiciones de acumulación de los pequeños y medianos agricultores arrendatarios en los años venideros.

Expansión agrícola y conflictividad agraria (1900-1914)

En los inicios del siglo XX, la demanda mundial de granos se transformó en el principal motor del crecimiento agrícola local. En la región pampeana, la superficie sembrada con trigo, lino y maíz se cuadruplicó en 20 años: de 3.417.034 de hectáreas en 1895 a 11.952.641, en 1914. La prosperidad parecía reinar en la Argentina “granero del mundo”, caracterizada por la creciente exportación de cereales y oleaginosas al compás de la expansión de la frontera y la introducción de maquinaria. Sin embargo, dichas riquezas no derramaron al conjunto de la sociedad. Los obreros rurales y el porcentaje mayoritario de los agricultores, principales protagonistas del “milagro argentino”, apenas lograron reproducir su existencia. El incremento de la tan mentada inmigración (alcanzó un promedio de 230.000 ingresos anuales entre 1900 y 1913) impactó sobre la demanda de tierras e incidió en su acelerado proceso de valorización en un espacio dominado por el latifundio. Así, se verificó un aumento exponencial de los arrendamientos, agravado por el fenómeno del subarrendamiento que encareció aún más los montos que debían abonar los recién arribados (LAHITTE, 1916).⁷ Al respecto, destacados especialistas de la época denunciaban que los terratenientes, luego de una buena cosecha, duplicaban los arrendamientos

sin tener en cuenta, que en condiciones normales era imposible soportar esos gravámenes y que exponían al agricultor a la ruina. Se dirá que esos pueden rehusar aquellas imposiciones desde que son exageradas e inconvenientes; pero resulta que a veces se hallan obligados a aceptar condiciones que prevén poco favorables por falta de tiempo para trasladarse a otras partes, para no perder el trabajo de años anteriores, por falta de recursos o por otras causas. En el presente año [1902] hubo propietarios que han arrendado a 40$ m/n la hectárea terrenos de un valor de 200$ m/n la hectárea y menos también: el 20%. Es la usura llevada a su más alto grado en la agricultura (GIROLA, 1904, p. 12).

Estas prácticas se extendieron a lo largo de toda la etapa agroexportadora y así se evidencia al comparar los datos provistos por las cédulas censales de 1895 y la publicación del Censo de 1914. Allí se puede advertir el notable incremento en el número de explotaciones arrendadas entre ambas fechas. En Buenos Aires y Santa Fe, esta forma de tenencia prácticamente alcanzó al 70% de las unidades para inicios de la contienda bélica mundial. También se desprende de estos relevamientos que las parcelas menores a las 200 hectáreas no sólo predominaban en términos cuantitativos, sino que eran las responsables de generar el porcentaje mayoritario de los granos.⁸ A pesar de este destacado lugar que ocuparon los chacareros, sólo un acotado porcentaje de los agricultores de base familiar logró capitalizarse, acceder a una parcela de tierra y “ascender” socialmente, mientras que la mayoría de los productores quedó atrapado en los enmarañados condicionamientos que imponía el alquiler de la tierra. Si bien desde fines del siglo XIX la propiedad territorial había sufrido ciertos desgajamientos producto de la compra-venta y de la subdivisión por herencia, mantenía en lo esencial un elevado índice de concentración. Así, las posibilidades de progreso social para las mayorías populares del agro se fueron angostando con respecto a la etapa anterior.

Enfrentar estos condicionamientos no resultaba una tarea sencilla para los chacareros. Por un lado, incidían los derroteros propios de la actividad agrícola: plagas, inclemencias climáticas y las fluctuaciones de los precios en el mercado mundial en un país donde la dependencia respecto de la demanda externa marcaba el ritmo de los ciclos económicos locales, tal como se verificó posteriormente con el impacto de la Primera Guerra Mundial. Por el otro, las características de los contratos, la falta de infraestructura adecuada para el almacenamiento de los granos, la necesidad de importar las herramientas y la persistente carencia de crédito bancario accesible para los pequeños y medianos agricultores arrendatarios. A su vez, operaban diversos factores objetivos y subjetivos que dificultaban la posibilidad de entrar en contacto y coordinar acciones colectivas que requerían amalgamar diversas trayectorias, culturas y experiencias, así como los anhelos de progreso individual.

En ese recorrido de experiencias compartidas, y a instancia de los militantes del partido socialista, se conformaron las primeras organizaciones de colonos en localidades santafesinas y bonaerenses. Si bien tuvieron una efímera existencia constituyen un síntoma y emergente de lo que sucedía en las zonas rurales entre 1907 y 1909 (ADELMAN, 1989, pp. 317-318). En un clima de creciente descontento social, las protestas rurales se reactivaron apenas entrada la década de 1910 cuando, frente a una coyuntura caracterizada por la caída de los precios internacionales de los granos y por inclemencias climáticas, se agudizaron las contradicciones socio-económicas entre chacareros y terratenientes por los montos de arrendamiento. Estos conflictos, que tuvieron epicentro en el Territorio de La Pampa, fueron violentamente reprimidos. Sin embargo, quedaron sembradas las semillas para que dos años más tarde, en el marco de la conflictividad agraria que se expendió por varias provincias de la región pampeana, surgiera la Liga Agraria de La Pampa.⁹

Posteriormente, en 1912, estalló en algunas localidades del sur santafesino el llamado “Grito de Alcorta”, protesta que rápidamente se propagó por el norte bonaerense y la provincia de Córdoba (ANSALDI, 1991; BONAUDO Y GODOY, 1985, GRELA, 1957). En este episodio nuevamente se combinaron factores estructurales y coyunturales: las deudas acumuladas por la desastrosa cosecha de 1910/1911, las esperanzas de colocar la producción del ciclo 1911/1912 y la caída abrupta del precio del maíz a partir de abril de 1912 sumado a los desembolsos que habían implicado el pago de salarios a los cosecheros y el incremento del precio de los arrendamientos, los envases y el transporte en carro desde la chacra hasta la estación.¹⁰ Frente a esta situación, el programa que levantaron buena parte de los chacareros giró en torno a una rebaja general de los arrendamientos, pago de los contratos de aparcería en grano en parva y troje, un plazo mínimo de 4 años y libertad para trillar y asegurar las sementeras.¹¹ Las protestas, que se extendieron a lo largo de tres meses, generaron mejores condiciones para la renegociación de los contratos aunque no modificaron la estructura de tenencia de la tierra.¹² Frente a la necesidad de coordinar las acciones y como expresión en el plano organizativo de la conflictividad, el 1 de Agosto de 1912 un núcleo de productores creó la Federación Agraria Argentina (FAA) y comenzó a publicar el periódico La Tierra. Dentro de esta entidad coexistieron diversos estratos de productores con distintas necesidades y reclamos expresión de la heterogeneidad de sectores que conformaban ese mundo chacarero: desde pequeños cultivadores que no llegaban a garantizar la comida de su familia hasta agricultores que contrataban jornales, compraban maquinaria y sembraban parcelas de 300 o 400 hectáreas. Aunque los productores más acomodados lograron acceder a la dirección de la entidad e imprimir ciertas características a la conducción y los reclamos, la presión de los sectores mayoritarios, que exigían la tierra como principal eje de su programa, lograron imponer algunos de sus pedidos en el Congreso Extraordinario de 1914.¹³

Los avances parciales que los agricultores conquistaron con la lucha se toparon con los efectos que generó la guerra de los Balcanes y posteriormente la Primera Guerra Mundial. Se produjo una masiva salida de capitales, disminuyó la venta de granos en el mercado mundial y se produjo un notable incremento de la desocupación. En esta coyuntura, un nutrido número de grandes propietarios privilegió la cría de ganado vacuno dado que la carne congelada se transformó en el principal rubro de exportación y, en este proceso, fueron expulsados miles de arrendatarios del campo.

La guerra y los agricultores (1914-1922)

El impacto de la Primera Guerra Mundial sobre la producción agrícola fue profundo y duradero, sobre todo para los agricultores de base familiar que no poseían la propiedad de la parcela. Se produjo una caída de la demanda mundial, escasearon las embarcaciones y se evidenció un incremento de los costos de los fletes.¹⁴ Además, las recurrentes variaciones en las cotizaciones de los granos y el incremento en los precios de los insumos agravaron la situación económica de los productores.¹⁵ Estos problemas coyunturales se desplegaron sobre un panorama caracterizado por la reasignación del uso de la tierra hacia la explotación ganadera y la persistencia en las restricciones a las posibilidades de acumular para la mayoría de los arrendatarios.¹⁶

Frente a esta situación, diversos núcleos de chacareros del sur bonaerense reclamaron al gobierno la entrega de semillas para iniciar el próximo ciclo agrícola, la provisión de crédito a menores tasas de interés y exigieron -a los comerciantes- rebajas en el precio de los insumos. Tuvieron dificultades para hacer oír sus pedidos dado que el contexto resultaba muy poco favorable, más aún cuando el incrementó de la demanda de carne congelada y enlatada derivó en la expulsión de miles de agricultores durante los años de la guerra. Para frenar los desalojos, los productores organizaron movimientos de protesta. Entre las principales demandas se exigía la creación de tribunales arbitrales para los conflictos entre propietarios y arrendatarios, una moratoria de un año para el pago de los alquileres de campos en dinero, construcción de galpones para cereales, la constitución de bancos agrícolas, la abolición de los impuestos a los agricultores, legislación sobre contratos agrarios reformando la ley de Prenda Agraria y de Defensa Agrícola y creación de una flota mercante nacional. Se trataba de un programa amplio que interpelaba diversos aspectos de la política de la época y que ampliaba el horizonte de los reclamos acotados que habían caracterizado a la FAA hasta ese momento.¹⁷

En esta coyuntura, el nuevo gobierno encabezado por el radical Hipólito Yrigoyen llevó adelante un cierto número de medidas para intentar contener los reclamos de los agricultores. (GIRBAL DE BLACHA, 1988; GIRBAL DE BLACHA, 1989; SOLBERG, 1975). Impulsó la creación de créditos “especiales” del Banco de la Nación para facilitar la recolección de las cosechas, aunque mayoritariamente no llegaron a manos de los colonos: se requerían demasiados requisitos para acceder a los mismos y tardaban mucho tiempo en efectivizarse. Así, no les dejaba otra alternativa a los agricultores que vender al precio y en el momento que fijaban las grandes casas exportadoras. Lo mismo sucedió con la política de entrega de semillas, que tampoco llegó a las manos del chacarero.¹⁸ El gobierno tampoco avanzó en la resolución de otra recurrente problemática agrícola: la invasión de plagas -particularmente la langosta- que afectaban los sembrados. Para completar este panorama debe tomarse en cuenta la debilidad del impulso que el ejecutivo nacional dio a la efectiva sanción de leyes que tendieran a favorecer a estos sectores, problema que se agravaba por el sistemático freno que impusieron los sectores conservadores en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación a los escasos proyectos presentados por el gobierno (GIRBAL DE BLACHA, 1988). Con el objetivo de generar líneas crediticias un poco más accesibles, flexibilizando las condiciones que permitían acceder a créditos para la adquisición de tierras, el ejecutivo promovió la reforma de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario Nacional. Sin embargo, en principio fueron escasos los efectos de esa medida sobre la situación de los chacareros arrendatarios. Algo similar sucedió con la compra de bolsas para la cosecha triguera.¹⁹

Las condiciones de producción para los chacareros arrendatarios no mejoraron sustancialmente con la finalización de la guerra. A pesar del incremento en los volúmenes de exportación, las dificultades para colocar un porcentaje más elevado de las cosechas en el extranjero y el persistente aumento de los productos importados requeridos para la producción impactaron sobre sus ganancias. Según el diario de alcance nacional, La Prensa, las ganancias de la campaña 1917/18 “no fueron tan buenas como era de desear”, situación que se reiteró en el ciclo 1918/19.²⁰ Para 1920, aunque las cotizaciones del trigo habían mejorado, un significativo porcentaje de los agricultores no pudo sembrar porque no contaba con dinero suficiente para comprar la semilla, o había entregado toda su cosecha sólo para pagar los compromisos contraídos en las campañas anteriores. Además, frente a los incrementos en el precio de los granos, los terratenientes exigieron mayores montos de arrendamiento.²¹ Por lo tanto, una vez más, fueron los grandes acopiadores y las firmas exportadoras quienes pudieron capitalizar la mejoría en la cotización de los cereales.²²

En esta coyuntura, “los chacareros más pobres, más corridos y más modestos” -el estrato más oprimido- asumieron un papel protagónico en las protestas e imprimieron un nuevo tópico a sus reclamos, elevando a primer plano la exigencia de un cambio profundo en el sistema de tenencia de la tierra que les facilitara el acceso a la propiedad de una parcela.²³ El gobierno radical respondió con el envío de la policía que hostigó a los huelguistas e impidió que se pudieran reunir u organizar actos.²⁴ En el despliegue de acciones represivas también participó una fuerza para-estatal oligárquica y conservadora creada a inicios de 1919: la Liga Patriótica Argentina.²⁵

Frente al nuevo clima de hostigamiento, la Federación Agraria buscó ampliar su marco de alianzas hacia un sector de los obreros organizados en la Federación Obrera Regional Argentina de orientación más reformista.²⁶ Sin desconocer los conflictos y fricciones que existían entre ambos sectores sociales, llegaron a establecer pactos y acuerdos entre seccionales de la FAA y gremios de oficios con el fin de atender a las necesidades de ambos sectores y atenuar las posibles disputas (VOLKIND, 2009).²⁷

Finalmente, producto de los sucesivos cambios en la composición de ambas cámaras legislativas (donde el radicalismo alcanzó la mayoría), la presión de los chacareros, el aumento del conflicto social y la preocupación de un sector de la propia oligarquía terrateniente frente a las convulsiones en el ámbito rural, en septiembre de 1921 se sancionó la primera Ley de Arrendamientos Rurales. En dicha legislación, entre otros aspectos, se estipulaba la inembargabilidad de los útiles e implementos de labranza, la obligatoriedad de retribuir al locatario las mejoras efectuadas en las parcelas, un plazo de arrendamiento de 4 años como mínimo, la libertad para escoger proveedores de insumos y servicios, así como compradores para la producción agropecuaria. De este modo, la ley puso de relieve el problema del régimen de tenencia de la tierra que existía en Argentina e implicó un paso importante para los chacareros. Sin embargo, la gran mayoría de los artículos no traspasaron el papel y tuvieron una escasa aplicación efectiva.²⁸ Mirado de conjunto, en virtud de éstas y otras evidencias, puede concluirse que las medidas adoptadas por el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen (1916-1922) implicaron un cambio con respecto a lo sucedido bajo el régimen conservador (1880-1916) aunque fueron escasas y se presentaron en forma desarticulada, por lo que produjeron exiguas mejoras en la situación de los pequeños y medianos agricultores (GIRBAL DE BLACHA, 1988). A su vez, el contexto económico y social que caracterizó la inmediata posguerra tampoco generó marcados beneficios para estos sectores. Por el contrario, en algunas zonas de la región pampeana incrementaron la inestabilidad y precariedad de los chacareros arrendatarios que, tras la crisis ganadera de 1921-22 y la consolidación de la “estancia mixta” se transformaron en la variable de ajuste frente a los vaivenes de las cotizaciones de los granos y las carnes (PALACIO, 2004).

El canto del cisne de la etapa agroexportadora (1922-1930)

Entrada la década de 1920, se reactivó la demanda europea de granos y se produjo un proceso de expansión de la superficie sembrada. Así, la economía argentina comenzó un precario sendero de crecimiento asentado en patrones que poco difirieron con respecto al período anterior. Esto se evidenció frente a los primeros síntomas de la crisis económica mundial. En ese proceso, la política crediticia y las reformas impulsadas por Yrigoyen durante su mandato incidieron en un acceso al crédito más extendido que alcanzó a un acotado porcentaje de los pequeños y medianos agricultores. Así se incrementó el número de propietarios rurales, aunque quedaron sujetos a pagar esas hipotecas a lo largo de varias décadas (ACCOSE, 1935; NEMIROVSKY, 1933; SOLBERG, 1987). Los datos provistos por los anuarios corroboran este fenómeno, aunque el porcentaje mayoritario de las tierras terminaron en manos de los grandes propietarios que, en una carrera especulativa, incentivaron el incremento del precio de este recurso.²⁹

El análisis del Anuario Edelberg de la provincia de Buenos Aires -que informa sobre la nómina de los propietarios de campos con su correspondiente superficie, nombre del establecimiento y estación de ferrocarril más próxima- nos permite introducir una referencia empírica a la realidad efectiva vigente en el régimen de tenencia de la tierra a inicios de la década de 1920.³⁰ Esta fuente permite advertir el elevado índice de concentración de la propiedad que existía en la provincia de Buenos Aires tal como lo corroboró Adela Harispuru luego de analizar minuciosamente los catastros y las mensuras disponibles sobre distribución y adquisición de tierras en los diversos partidos de la provincia de Buenos Aires entre 1880 y 1930 (HARISPURU, 1986). Así, pudo advertir que, luego de cincuenta años de expansión agrícola, un reducido número de grupos familiares había consolidado cuantiosas extensiones: los Anchorena (511.776 ha.), los Pradere (339.916 ha.) o los Luro (328.878 ha.).

A partir de 1927, la caída de la cotización del trigo generó serios problemas económicos para los pequeños y medianos agricultores que comenzaron a tener dificultades para saldar las deudas contraídas por la compra de tierra, insumos, maquinarias o adelantos en efectivo que habían recibido de los almaceneros de ramos generales para la garantizar la cosecha de los granos.³¹ La situación se agudizó en los años siguientes cuando los precios del trigo y maíz se redujeron a la mitad y los productores no pudieron afrontar los créditos hipotecarios y los arrendamientos en alza. Unos resistieron los remates mientras que los otros fueron desalojados y despojados de sus chapas, máquinas, gallinas, chanchos y demás animales, a pesar de que la Ley de Arrendamiento 11.170 prohibía dichos embargos.³²

Las tensiones entre grandes propietarios, almaceneros, productores agrícolas, obreros rurales y los gobiernos local y nacional, se agudizaron frente a los primeros efectos de la crisis. Los pequeños y medianos agricultores, agrupados en la FAA, iniciaron un nuevo ciclo de protestas que tenía como eje el reclamo contra el aumento de los arrendamientos, de las tarifas ferroviarias y del servicio de trilla.³³

La tendencia a la caída de los precios se profundizó en el ciclo agrícola 1929/30. Para un porcentaje significativo de los productores se hizo muy difícil sostener la estructura de costos frente a la disminución de sus ingresos. Los agricultores de diversas localidades iniciaron huelgas y movimientos de protesta en el mes de marzo, momento de negociación de los contratos. Así se registraron concentraciones en diversas localidades santafesinas, bonaerenses y pampeanas.³⁴ La dirección de la FAA organizó congresos y reuniones para fortalecer la estructura interna y contener el malestar. En esas instancias los delegados acordaron gestionar la obtención de semillas, animales de trabajo, forraje, crédito y rebaja de arrendamientos y fletes ferroviarios. El pliego de reivindicaciones incorporaba el reclamo de expropiación de los latifundios de mayores extensiones en función de la ubicación geográfica de los mismos.³⁵ Incluso llegaron a exigir la expropiación de toda la tierra de Sociedades Anónimas cuyo objeto es explotar el trabajo ajeno y de aquellos propietarios que estuvieran radicados total o parcialmente en el exterior.³⁶ Los reclamos tenían, de ese modo, diversos interlocutores: gobiernos provinciales, gobierno nacional, entidades financieras públicas, empresas privadas de transporte y comercialización.

A inicios del mes de agosto, el gobierno nacional parecía hacerse eco de los reclamos de los agricultores. Estos fueron recibidos por funcionarios nacionales quienes comprometieron su intervención.³⁷ Sin embargo, el intercambio epistolar y el intento por incidir en la situación quedaron truncos tras el derrocamiento de Yrigoyen en septiembre de 1930. Así los pequeños y medianos agricultores debían afrontar una compleja situación en una coyuntura muy adversa donde el espejismo generado por algunas medidas gubernamentales se desvanecía frente al impacto de la crisis económica mundial.

Conclusión

Entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, Argentina se transformó en un país capitalista dependiente cuya estructura económica giró en torno a la producción agropecuaria. En este período, se produjo un crecimiento acelerado de la superficie sembrada, se multiplicaron las explotaciones y se incrementó notablemente la fuerza de trabajo dedicada al cultivo de la tierra. Así, el país se posicionó como uno de los principales exportadores de granos a escala mundial, situación que llevó a algunos testigos de la época a caracterizarlo como el “granero del mundo”. Sin embargo, las divisas que ingresaron al país no generaron el “efecto derrame” sino que se concentraron en manos de los terratenientes, la gran burguesía local y el capital extranjero.

En el otro extremo de la estructura social, las familias chacareras y los trabajadores asalariados, principales responsables de las cosechas récord, sólo obtuvieron un ínfimo porcentaje de esa riqueza. Con el correr de los años y el trabajo de los propios agricultores, se produjo un proceso de valorización de la tierra que se aceleró con la posterior especulación. Esta dinámica impactó en la elevación de los precios y la posibilidad de los productores de comprar una parcela se transformó en un anhelo cada vez más lejano. El patrón de distribución de la propiedad -si bien había sufrido ciertos desgajamientos producto de la compra-venta y de la partición por herencia-, mantuvo en lo esencial una marcada concentración que reconoce patrones históricos.

El porcentaje mayoritario de los chacareros tuvo que arrendar o negociar contratos de aparecería. Así quedó expuesto a una serie de dificultades que afectaron sus posibilidades de capitalización: el articulado de los contratos, el sistema de crédito informal provisto por los almacenes de ramos generales que se aprovechaban de la carencia de garantías inmuebles y las imposiciones de las empresas ferroviarias y de las compañías comercializadoras de granos. También sufrieron el impacto negativo que regularmente provocaban en sus ingresos las inclemencias climáticas, las plagas y los cambiantes sucesos mundiales que impactaban en la cotización de los granos, que si bien alcanzaban al conjunto de los productores agrícolas incidían en mayor medida entre quienes carecían de respaldo financiero.

Para enfrentar estas condiciones protagonizaron múltiples medidas de lucha y conformaron organizaciones como la Federación Agraria Argentina que les permitió articular demandas, efectivizar protestas y visibilizar sus reclamos. Los conflictos que llevaron adelante lograron un cierto número de conquistas: rebaja de arrendamiento, frenos temporales a los desalojos y sanción de la primera Ley de Arrendamiento. Incluso, durante la década de 1920, un porcentaje accedió a la compra de una parcela a través de un crédito hipotecario. Sin embargo, el impacto de los primeros síntomas de la crisis económica mundial evidenció la persistencia de una estructura agraria caracterizada por la propiedad latifundista de la tierra: la mayoría de los pequeños y medianos productores endeudados no pudo afrontar el pago del crédito y se inició un proceso de liquidación de dichas propiedades por parte de los particulares y las entidades bancarias.

De este modo, sin perjuicio de reconocer los casos exitosos, el camino de progreso social no estuvo abierto para la mayoría de los titulares de las explotaciones agrícolas, para quienes resultó muy esquiva la posibilidad de acceder a la propiedad de la tierra y al circuito de crédito formal, lo que impactó directamente en sus condiciones de vida y trabajo. Esta problemática dejó sus huellas profundas en las localidades rurales pampeanas y, bajo otras condiciones y con características diferentes, se mantiene vigente hasta el presente.

Referencias Bibliográficas

ACCOSE, Domingo. El crédito agrario en la República Argentina. Buenos Aires: Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, 1935.

ANSALDI, Waldo (comp.). Conflictos obreros rurales pampeanos (1900-1937). Buenos Aires: CEAL, 1993.

ANSALDI, Waldo. “Hipótesis sobre los conflictos agrarios pampeanos”. En Ruralia, nº 2, junio de 1991.

AZCUY AMEGHINO, Eduardo. El capitalismo agrario pampeano. Teoría, problemas y argumentos. Buenos Aires: Imago Mundi, 2021.

BONAUDO, Marta y GODOY, Cristina. Una corporación y su inserción en el proyecto agroexportador: la Federación Agraria (1912-1933). En Anuario, nº 11. Escuela de Historia, UNR, 1985.

CILLEY VERNET, José. Los cereales trillados en la provincia de Buenos Aires en la cosecha 1895-1896. La Plata: Talleres de publicaciones del Museo, 1896.

COQUIDE, Eugene. Los problemas agrarios después de la guerra. Revista de Ciencias Económicas, Nº 56, 1918.

CORTÉS CONDE, Roberto. El progreso argentino, 1880-1914. Buenos Aires: Sudamericana, 1979.

GIRBAL DE BLACHA, Noemí. Los centros agrícolas en la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires: Fundación para la educación, la ciencia y la cultura, 1980.

______________. Historia de la agricultura argentina a fines del siglo XIX (1890-1900). Buenos Aires: Fundación para la educación, la ciencia y la cultura, 1982.

______________. Estado, chacareros y terratenientes (1916-1930). Buenos Aires: CEAL, 1988.

______________. Política de tierras (1916-1930). ¿Reforma, orden o reparación agraria?, Buenos Aires: CEAL, 1989.

GIROLA, Carlos. Estudio sobre el cultivo del trigo en la provincia de Buenos Aires y los trigos del sud de la misma. Cosecha 1902-1903. Buenos Aires, 1904.

GRAVIL, Roger. The Anglo-Argentine Connection, 1900-1939. Boulder & London: Westview Press, 1985.

GRELA, Placido. El grito de Alcorta. Historia de la rebelión campesina de 1912. Rosario: Tierra Nuestra, 1958.

HARISPURU, Adela. Familia y gran propiedad rural en la provincia de Buenos Aires (1880-1930). Universidad Nacional de la Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 1986, (tesis doctoral inédita).

JUSTO, Juan B. La política económica que conviene al país en las actuales circunstancias. Revista de Ciencias Económicas, Nº 55, 1918.

LAHITTE, Emilio. Informes y estudios de la Dirección de Economía rural y estadística. Buenos Aires, 1916.

MCGEE DEUTSCH, Sandra: Contrarrevolución en la Argentina, 1900-1932. La Liga Patriótica Argentina, Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 2003.

MIATELLO, Hugo. Investigación agrícola en la provincia de Santa Fe. Buenos Aires: Compañía Sudamericana de Billetes, 1904.

MIGUEZ, Eduardo. Historia económica de la Argentina. De la conquista a la crisis de 1930. Buenos Aires: Sudamericana, 2008.

NEMIROVSKY, Lázaro. Estructura económica y orientación política de la agricultura en la República Argentina. Buenos Aires: Jesús Menéndez, 1933.

PALACIO, Juan Manuel. La paz del trigo. Cultura legal y sociedad local en el desarrollo agropecuario pampeano, 1890-1945. Buenos Aires: Edhasa, 2004.

SOLBERG, Carl. Descontento rural y política agraria en la Argentina, 1912-1930. En Jiménez Zapiola, Marcos (comp.). El régimen oligárquico. Buenos Aires: Amorrortu, 1975.

SOLBERG, Carl. The prairiers and the pampas. Agrarian policy in Canadá and Argentina, 1880-1930. Stanford: Standord University Press, 1987.

VAZQUEZ-PRESEDO, Vicente. Estadísticas históricas Argentinas (comparadas). Primera parte 1875-1914. Buenos Aires: Ediciones Macchi, 1971.

VOLKIND, Pablo. El acuerdo de 1920 entre la Federación Agraria Argentina y la Federación Obrera Regional Argentina (IX Congreso): alcances y límites en el marco de la conflictividad de la época. Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios, 31, 2009.

VOLKIND, Pablo y BARLARO, Renata. Las empresas exportadoras de granos en argentina durante la etapa agroexportadora (1880-1914): indagaciones y problemas. Documentos del CIEA, Nº 11, Buenos Aires: Facultad de Ciencias Económicas, 2016.

Notas