Introducción Dossier: Minería y otros extractivismos

La megaminería (o minería a gran escala) ha sido, en las últimas décadas, una de las actividades más promocionadas en América Latina por gobiernos y sectores empresarios y, a la vez, una de las más rechazadas y denunciadas por diversos sectores de las poblaciones locales, en muchos casos organizados en colectivos socio-ambientales.

Desde los inicios del siglo XXI, los conflictos por megaminería se han incrementado en América Latina, y han surgido diversas organizaciones y movimientos sociales que resisten a esta actividad, tejiendo entre sí redes de coordinación y acción, que en muchos casos las vinculan con otros colectivos que luchan contra otras actividades extractivas.

La megaminería se ha constituido así en una de las caras más visibles -y cuestionadas- del modelo extractivista, pero no la única. Por ello, si bien en un inicio pensamos un dossier exclusivamente sobre minería, al ir recibiendo contribuciones que abordaban conflictos por extracción de otros recursos naturales, decidimos ampliar la propuesta e incluir abordajes que analizan problemas generados por diversas actividades con una lógica predatoria similar en diferentes regiones del territorio latinoamericano.

Consideramos que nos encontramos en un momento clave para reflexionar sobre las implicancias del extractivismo en América Latina. Antes de fundamentar este postulado, es importante realizar aquí una distinción: cuando hablamos de implicancias del modelo extractivista nos referimos a las consecuencias negativas de aquellas actividades extractivas basadas en una lógica predatoria, ante el conocimiento de que existen actividades extractivas planteadas desde una conciencia de preservación, como la llevada adelante por los seringueiros del Acre, en Brasil, bajo el nombre de reservas extractivistas1. Este tipo de experiencias merecen otro análisis, ya que no son resistidas por las poblaciones locales sino que son llevadas adelante y sostenidas por estas poblaciones.

Desde la década de 2000, América Latina ha experimentado una serie de gobiernos autodenominados o considerados por las poblaciones latinoamericanas como “de tendencias izquierdistas”, denominados “progresistas”. Éstos llevaron adelante reformas que incluyeron un mayor papel del Estado como agente redistribuidor de los ingresos resultantes de la exportación de commodities. Simultáneamente, el aumento de la demanda mundial de los commodities trajo ingresos adicionales e inversiones extranjeras y, conjuntamente, la intensificación de la extracción de recursos que produjo problemas de degradación ambiental y conflictos ambientales más intensos (Fabio de Castro, Barbara Hogenboom y Michiel Baud, 2015). La continuidad de un modelo de desarrollo extractivo fue justificado por estos gobiernos desde la necesidad de contar con inversiones que les permitieran obtener ingresos para sacar de la pobreza y aumentar la calidad de vida de las poblaciones latinoamericanas.

La situación de Latinoamérica responde a un contexto global en el que la economía mundial ha experimentado una gran aceleración en el uso de materiales desde el año 2000, fuertemente relacionada con la transformación industrial y urbana en China, que ha requerido cantidades sin precedentes de hierro, acero, cemento, energía y otros materiales de construcción. Este crecimiento de la demanda material de China ha repercutido en la economía mundial, especialmente en las regiones exportadoras de recursos primarios como América Latina, África y Australia (UNEP, 2016).

En los últimos años, países que habían estado gobernados por estos “progresismos”, pasaron a tener gobiernos claramente identificados con “tendencias derechistas”, y en casos como el brasilero, éstos llegaron al poder vulnerando procesos democráticos. Estos gobiernos ampliaron los beneficios de los grupos de poder económico y político, y aumentaron la criminalización de la protesta social, lo cual implica un difícil escenario para las resistencias sociales, entre ellas, las luchas socioambientales.

Sumado a ello, las regiones exportadoras de materias primas, como Latinoamérica, han visto afectadas sus balanzas comerciales desde alrededor de 2014, por la caída de los precios de los re-cursos naturales (UNEP, 2016) y el consiguiente deterioro de los términos de intercambio para todos los países de la región, particularmente marcado en Venezuela, Colombia y Bolivia (UNCTAD, 2017). Algunos análisis del sector minero prevén un aumento de los precios de algunos minerales para los próximos años (Portal Minero, 2017), mientras que el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostican, luego de un leve repunte de precios en 2017, un período de varios años sin alzas o bajas significativas (BM, 2017; FMI, 2017). Paralelamente, otros bienes naturales se vuelven commodities, puestos en valor en el mercado internacional, como el litio y los hidrocarburos no convencionales, sumando nuevos focos de conflictividad socioambiental.

Esto coincide con un endurecimiento de la represión a la protesta social, que implica una fuerte regresión de los derechos sociales. Se reducen así los canales democráticos que muchas poblaciones utilizaron para alzar su voz y hacer valer sus derechos al territorio ante la avanzada de empresas y gobiernos. En palabras de Boaventura de Sousa Santos, estamos en un momento de democracia de baja intensidad, es decir, asistimos a distorsiones cada vez más grotescas de los procesos democráticos reales (Machado, 2016).

Con la intención de reflexionar sobre estos procesos, en un momento de excesiva complejidad de estas problemáticas y conflictos, reunimos en este dossier diversos aportes sobre las implicancias de las extracciones destructivas (Bassey, 2012), que sufren nuestras poblaciones.

La sanción de legislación prohibitiva a la actividad minera ha sido uno de los éxitos de las movilizaciones sociales que rechazaron estos proyectos. En El Salvador, desde 2009 se ha impulsado un importante debate legislativo sobre la prohibición de proyectos mineros metálicos, hasta que en 2017 este país sancionó una ley que prohíbe la minería metálica. Aleida Azamar Alonso y Sergio Elías Uribe Sierra indagan en cómo la sociedad salvadoreña logró esta prohibición, a través de la presión social de diferentes grupos (organizaciones civiles, sociedades ecológicas y ambientalistas, Organizaciones No Gubernamentales, iglesia católica, Universidades), en lo que consideran un movimiento sin precedentes en la región.

La participación de la iglesia (principalmente católica) es otro tema de creciente interés para el análisis de los conflictos por actividades extractivas. Si bien el caso salvadoreño muestra la importancia de su implicación para el logro de la ley que prohibió la minería metálica, Helber Mauricio Bernal Moreno nos muestra cómo, en el caso de Guasca, en Colombia, la religión católica es empleada por los promotores del proyecto de tendido eléctrico de alta tensión Nueva Esperanza, con el fin de persuadir a los habitantes para que no presenten oposición a la realización del proyecto. Bernal Moreno afirma que es de vital importancia reconocer la incidencia que puede tener la iglesia católica en las dinámicas socioeconómicas de un lugar, ya que aún posee una gran legitimidad social y tiene la capacidad de incidir en la vida cotidiana de las personas.

Los derrames de lixiviados de empresas mineras vienen siendo un creciente foco de conflicto entre empresas y poblaciones locales, donde el rol de los estados suele ser muy cuestionado. María Fernanda Ibarra Barreras y José Luis Moreno Vázquez abordan los principales acontecimientos en torno a un derrame de lixiviados de cobre en un río en Sonora, México. Se analiza la estrategia gubernamental y empresarial para resarcir los daños, la ausencia de transparencia en el acceso a la información pública, la legislación mexicana y la aplicación de esta normativa, mostrando la carencia de mecanismos jurídicos idóneos para que la población afectada pueda ejercer su derecho de acceso a la justicia ambiental.

Estamos en un momento clave para reflexionar sobre los cambios y continuidades que presentan los diferentes gobiernos en relación a las políticas extractivistas. Lucas Henrique Pinto aborda el caso de Brasil, afirmando que, si bien las fases de crecimiento económico extractivo en Brasil, durante el reformismo débil llevado adelante por el Partido de los Trabajadores (PT), garantizaron una relativa disminución de la pobreza monetaria estacional, no disminuyeron las desigualdades sociales, evidentes en la concentración de tierra y riqueza, basada en el despojo de los recursos naturales durante un momento de precios extraordinarios. Así, el extractivismo, la urbanización de la cuestión agraria y el sub-proletariado constituyen dilemas de la no realiza-ción de una reforma agraria en Brasil.

Weimar Giovanni Iño Daza indaga en la historia extractivista del litio en Bolivia y nos muestra un caso de movilización popular en el cual se luchó para conseguir mejores beneficios de la actividad extractiva. Su investigación busca poner en evidencia el surgimiento del movimiento cívico de Potosí, que emprendió la defensa de los recursos evaporíticos del Salar de Uyuni, y la búsqueda de mejores beneficios, durante el periodo 1987-1990. Las organizaciones potosinas se opusieron a la “invitación directa” y a partir de huelgas en La Paz y Potosí, promovieron una licitación internacional en la cual las instituciones y organizaciones sociales potosinas cobraron protagonismo. Esta movilización del pueblo poto-sino permitió el desarrollo de un proyecto estatal.

Por su parte, Ángela García Viniegra analiza el extractivismo en Argentina y España con el fin de comparar cómo se encuentran las poblaciones de dos pueblos, Uspallata (Mendoza, Argentina) y Aznalcóllar (Sevilla, España) ante la llegada de las empresas mineras. Mientras en Aznalcóllar, un pueblo con una larga tradición minera sufre un vertido por la rotura de un dique de cola, pero continúa reivindicando la apertura de la mina ante la falta de empleo y conocimientos en otro sector económico, la población de Uspallata decide oponerse al proyecto minero metalífero, considerando al agua como un elemento esencial.

El resto de los artículos hacen foco especialmente en Argentina, desde diversas perspectivas teóricas y analizando diferentes estudios de caso, lo que nos permite un recorrido por la variedad de problemáticas, conflictos y luchas ambientales, principalmente en relación a proyectos de megaminería.

Candela de la Vega propone un análisis de base clasista de la emergencia y desarrollo de colectivos ambientalistas, destacando la importancia del aporte de este análisis a la investigación sobre procesos más amplios de transformación social, en este caso, de constitución de sujetos políticos en Argentina en los últimos 15 años. Para ello, indaga en los nuevos sentidos que emergen en las luchas ambientales y en las articulaciones y redes entabladas por estas organizaciones, invitando a asumir el desafío de revisar críticamente los pre-supuestos desde los que encaramos la tarea de conocer.

Sebastián Gómez Lende nos muestra mediante ejemplos empíricos la íntima relación entre el boom metalífero argentino y el actual ciclo de acumulación por desposesión. Las dimensiones territorial, económica, laboral, política y ambiental del saqueo quedan imbricadas en un continuum de prácticas solapadas regidas por una misma racionalidad. Bajo esta racionalidad se fundamentan la privatización de tierras y la extranjerización de recursos estratégicos que producen nuevos cercamientos jurídico-territoriales, orientados a poner fin a los regímenes de propiedad colectiva y/o estatal, entre otros aspectos.

Margarita Moscheni y Delia De la Torre analizan las últimas tres décadas de políticas estatales mineras en Argentina, destacando que el Estado asume un rol estratégico en la configuración del modelo extractivista. Muestran así las características y tensiones generadas entre el nivel nacional-internacional y los territorios provinciales. Las autoras analizan cómo las políticas estatales no han logrado contrarrestar los impactos de la actividad, en algunos casos, y en otros sostienen los patrones de dominación política de nuevos agentes que irrumpen en los territorios.

Los artículos de Gisela Hadad, Horacio Machado Aráoz y Leonardo Javier Rossi, José Casas y José María Carelli y Gerardo Larreta et al., nos llevan a diferentes geografías del conflicto por megaminería en Argentina. Por un lado, Gisela Hadad relata un caso de rechazo a la actividad minera metalífera: Loncopué. En esta localidad de la provincia de Neuquén, se llevó adelante una lucha conjunta entre dos asambleas vecinales, una comunidad indígena y una organización campesina, articuladas en la oposición a un proyecto minero en su territorio. Esta resistencia impulsó un referéndum popular sobre la posibilidad de prohibir la minería a gran escala en el lugar. Gisela Hadad analiza estos hechos, sus alcances e implicancias desde las teorías de los movimientos sociales.

El resto de los artículos nos llevan a territorios provinciales donde la actividad minera ha contado con el aval del gobierno provincial y en los que existen proyectos mineros en funcionamiento: Catamarca y San Juan. En estos textos encontramos huellas de las consecuencias de estas extracciones destructivas.

Horacio Machado Aráoz y Leonardo Javier Rossi analizan el extractivismo minero y la fractura sociometabólica en el caso de Minera Alumbrera Ltd., en Catamarca, a veinte años del inicio de su explotación. Basándose en el concepto de fractura sociometabólica, los autores analizan y dan cuenta de los efectos ecosistémicos y socio-ambientales inherentes a la dinámica de la acumulación capitalista. Para ello, evidencian la compleja trama de operaciones que se ponen en juego a partir del avance de la frontera del capital megaminero, perdiéndose el entramado cultural vinculado a producción, intercambio y consumo autónomo de alimentos, y al necesario uso sostenible de la naturaleza. Evidencian las tensiones entre tiempos distintos, y la desembo-cadura en una dependencia estructural extrema por parte de la población local.

José Casas y José María Carelli analizan la Asamblea Jáchal no se toca, como parte de los grupos y actores sociales que entran en juego en la correlación de fuerzas durante el conflicto y que develan los cambios producidos en la estructura provincial. Destacan cómo los derrames de solución cianurada junto con la lucha de los jachalleros, expresada en esta asamblea, develaron la estructura dominante constituida entre el poder trasnacional megaminero y el poder político, comprendiendo también a diversos sectores y grupos sociales que adherían al grupo dominante.

Por su parte, Gerardo Larreta, Valeria Sánchez, Marcela Donoso y Marcela Ruarte realizan un análisis histórico del conflicto entre la Asamblea Jáchal No se toca y el modelo megaminero en la provincia de San Juan, expresado en la mina Veladero. Para ello, destacan los acontecimientos ocultados y las estrategias de desinformación utilizadas por los dispositivos de poder en favor de autoridades y empresa. En contraposición, los relatos de los grupos resistentes y la población afectada es puesta en valor a partir de Los Yarcos como figura de identificación de resistencias.

Contamos también con los aportes de autores invitados, Mirta Antonelli y Eduardo Gudynas. Mirta Antonelli aborda el proceso nacional y específicamente el de San Juan, núcleo duro del modelo megaminero en Argentina, como narrativa autoritaria, binaria y monocultural. Desde la biopolítica y la mirada crítica del análisis del discurso y de la sociosemiótica, analiza las estrategias usadas para producir geografías dispensables. Mirta Antonelli nos muestra las violencias múltiples del dispositivo de alianza Estado-empresas, cuyo corazón mismo ha sido hendido por el desastre de Veladero, al rasgar la profecía perversa del “desarrollo por la minería sustentable y responsable”, y comprometer la credibilidad del Anuncio férreamente sostenido: el destino minero como “redención de un pueblo postergado”.

Por su parte, Eduardo Gudynas nos muestra recientes casos que involucran distintos tipos de corrupción en emprendimientos extractivistas, en diferentes países sudamericanos y en variedades de extractivismos (minero, hidrocarburos, agro, forestal, pesquero, etc.). Una corrupción que no se limita a los enclaves, sino que afecta sus cuencas de soporte y redes de conexión. Las prácticas corruptas varían desde los sobornos y otros pagos irregulares, hasta el clientelismo y la obstrucción de la justicia, entre muchas otras. Estos procesos debilitan, limitan o impiden la visibilización y gestión de los impactos sociales y ambientales, evitan la penalización de quienes causan el daño y naturalizan la violación de derechos de las personas y la naturaleza.

Dedicamos este trabajo colectivo a dos personas que, por muy diferentes motivos, no están hoy entre nosotros: Héctor Alimonda y Santiago Maldonado.

Héctor Alimonda fue un sociólogo argentino al que la última dictadura militar argentina (1976-1983) obligó a abandonar el país. Radicado en Brasil, llevó adelante un intenso trabajo para propiciar el debate sobre la ecología política latinoamericana, desde el ferviente convencimiento de la continuidad de un camino de pensamiento crítico latino-americano nacido al fulgor de las luchas sociales en el marco de nuestra historia colonial. Muchas y muchos de nosotros fuimos sus colegas, alumnxs, amigxs, dirigió y/o evaluó nuestras tesis y, principalmente, nos atrajo hacia el intenso camino del pensamiento crítico latinoamericano, siempre caminando junto a los movimientos sociales de nuestros territorios. Querido Héctor, consideramos que este dossier constituye una huella más de tu apasionada impronta en nuestras trayectorias de vida e investigación.

Santiago Maldonado es un joven argentino “desaparecido” en el marco de la represión sufrida por la comunidad mapuche Lof en resistencia Cushamen en la provincia de Chubut, Argentina. Santiago se encontraba acompañando a esta comunidad en su reclamo por el territorio, parte de las casi un millón de hectáreas compradas en la década de los 90 por el empresario Benetton, el mayor terrateniente de la Patagonia Argentina. La causa judicial en la que derivó este caso está caratulada como desaparición forzada y las voces de los testigos apuntan a Gendarmería Nacional Argentina como la fuerza estatal implicada en la desaparición de Santiago. Afirmamos que su ausencia no constituye un hecho aislado, sino un terrible ejemplo de la violencia creciente con la cual se avanza sobre territorios codiciados por el gran capital debido a su dotación de recursos naturales, y en los que estas comunidades indígenas en resistencia constituyen un estorbo para los grupos de poder decididos a contar con los commodities que interesen según su valor en las bolsas comerciales a nivel internacional. En palabras de Diana Lenton (2017), la desaparición de Santiago constituye una represión de la solidaridad, que se suma a la represión de la protesta y del discurso público, es decir, un ataque a los apoyos a estas luchas. Ello ocurre en un contexto en el cual, como muestran algunos artículos aquí reunidos, se evidencia un aumento de las redes entre diversas organizaciones y movimientos reunidos en la resistencia a las actividades extractivas, que han constituido importantes frentes de oposición a la imposición de proyectos “de desarrollo” no con-sensuados con las poblaciones locales.

Es tiempo de repensarnos, de reflexionar sobre los procesos transitados y generar espacios de intercambios para seguir nutriendo la construcción de un mundo más justo. Esperamos que cada artículo sea una nueva puerta que se abre al sentir, al juego de saberes y a la reflexión compartida.