Ley minera metálica en El Salvador, ¿Una luz de esperanza?

The metallic mining law in El Salvador. A glimmer of hope?

Uno de los principales retos a los que se enfrentan las instituciones públicas de protección ambiental en los países que son ricos en recursos naturales es establecer prioridades de consumo de sus materias primas, sin que con ello se ponga en riesgo el equilibrio ecológico, ni el bienestar de la población. El compromiso del Estado con la sociedad debe quedar patente en la construcción de un proyecto que busque fortalecer la conciencia ambiental y económica, antes que el enriquecimiento de las compañías extractivistas.

En el escenario económico moderno, los países latinoamericanos y africanos se han insertado en el mercado internacional como meros proveedores de recursos naturales y de mano de obra barata para las empresas que utilizan dichos bienes sólo como elementos de cambio debido a las demandas que tienen los países desarrollados y emergentes. Esto se debe principalmente a las limitaciones económicas y a las carencias productivas que les son natas a las naciones subdesarrolladas por los siglos de colonización a los que se vieron sometidas y desde los cuales heredaron modelos de crecimiento basados en el uso y abuso de sus riquezas.

Por lo anterior, desde la publicación del Informe Bruntland (1987) la comunidad internacional ha generado diversas declaraciones y convenios para frenar el uso indiscriminado de los bienes naturales, destacando la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992), la Convención en el Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (1992), el Protocolo de Kyoto, el cual entró en vigor hasta el año 2005 y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático en 2015.

En el núcleo de este movimiento de protección ambiental se encuentra latente la amenaza de que bajo el modelo liberal en el que nos encontramos en la mayoría de los países del mundo, el uso excesivo de bienes naturales conduciría irremediablemente a un planeta en el que no podamos subsistir.

Por otro lado, el acelerado crecimiento económico de varias naciones en los continentes asiático y europeo durante la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas de este siglo han despertado interés por el acaparamiento de las materias primas producidas en África y América Latina, lo que ha generado un incremento de la inversión extranjera dirigida para financiar proyectos de aprovechamiento minero en estas regiones debido, en parte, a la laxitud de su marco normativo. Además, la debilidad económica de varios países que requieren capital para poder costear sus agendas de desarrollo genera condiciones para la realización de tratos desventajosos en los que empresas privadas extraen recursos a cambio de costos mínimos. Esta situación contraviene el interés mundial de proteger los recursos naturales y de favorecer el desarrollo social (Azamar y Azamar, 2016).

A pesar de lo anterior, existen casos de ciertos países que han logrado avances notables en sus formas de protección a la naturaleza, bajo diversas circunstancias. En esta investigación se analiza el caso de un país en Centroamérica, El Salvador, una nación que hasta el año 2016 solamente contaba con dos leyes de protección ambiental para la actividad minera y que en abril de 2017 aprobó la ley que prohíbe el desarrollo de todo tipo de actividad minera metálica en su territorio debido a las presiones de diversos movimientos sociales de rechazo a la minería por los daños ambientales que genera su práctica: el uso excesivo de agua, el mal olor por lo metales que se usan, la contaminación a los ríos por lo que se vierte, entre otros.

Este trabajo se compone de cinco apartados, más la introducción. En la segunda sección se presentan los antecedentes de la historia minera en El Salvador y cuál ha sido el nivel de extracción en el país hasta la década de los ochenta; en el tercer apartado se menciona el tipo de normatividad que rige a esta actividad y sus principales particularidades; en la cuarta sección se estudian las concesiones y los tipos de actividad minera en el país; en el quinto apartado se analiza uno de los casos más importantes de la actividad minera salvadoreña, el proyecto El Dorado; en la sexta sección se estudia la situación social que ha conducido al rechazo de esta actividad extractiva en el país; asimismo, se menciona la violencia que existe contra la población que está en contra de la práctica extractiva. Finalmente, se presentan las conclusiones.

Los primeros procesos de aprovechamiento minero en El Salvador datan del año de 1780, ciento cincuenta años después en comparación con otras colonias como México y Perú, los principales proyectos se registran en la zona norte del país (Ministerio de Economía, 1994).

La mayor parte de estas actividades fueron realizadas por empresas extranjeras, primero españolas y luego estadounidenses, concentrándose principalmente en el oro, pero siempre en procesos de baja escala debido a la limitada presencia de este mineral lo que no permitía un gran nivel de inversión (Henríquez, 2008).

En las últimas décadas del siglo XVIII y hasta la primera mitad del siglo XX, es cuando se genera el mayor nivel de actividad y aprovechamiento de los recursos minerales en el país, siendo las compañías estadounidenses las más favorecidas con concesiones de gran tamaño, destacando los Distritos El Divisadero y San Sebastián, en los cuales se encuentran las minas más ricas y productivas del país (Alvarenga, 1994).

De acuerdo con testimonios de algunos mineros de la época e informes históricos sobre las condiciones de vida de las poblaciones en el lugar de explotación, la situación de los trabajadores era paupérrima en comparación a la bonanza económica de los dueños de las compañías mineras. En algunos casos dichas compañías acuñaron su propia moneda y con ella pagaban a los trabajadores, lo que representaba el poder e influencia de las empresas frente al Estado (Alvarenga, 1994).

Las condiciones infrahumanas, despojo territorial -buena parte de las minas fueron apropiadas por compañías extranjeras durante el periodo colonial y se mantuvieron así aún después de la independencia del país en 1811- y la falta de apoyo por parte del Estado provocaron huelgas de los trabajadores que culminaron con el cierre de operaciones y el posterior otorgamiento de estas a los mineros, los cuales no pudieron generar actividad productiva alguna por falta de capital y, por lo tanto, las concesiones fueron revendidas a familias de El Salvador, políticos locales y nuevamente a empresas estadounidenses.

Es hasta el año de 1982 que la limitada capacidad operativa en las pocas minas que seguían funcionando culminó con la huelga de los trabajadores, la cual fue violentamente reprimida por el Estado. Estos conflictos derivaron en el incendio de las compañías por parte de los mineros provocando el cierre definitivo de las operaciones extractivas mineras en El Salvador durante el siglo XX (Maldonado, Martínez y Murcia, 2010).

Cuadro 1. Minas en operación en El Salvador, periodo 1780-1980

Fuente: Adaptada de Maldonado, Martínez y Murcia, (2010, pp. 26-28).

Como se observa en el cuadro 1, únicamente ocho minas mantuvieron actividades parciales o intermitentes en El Salvador durante casi 200 años y aunque los beneficios económicos obtenidos por cada una fueron cuantiosos, las poblaciones involucradas se empobrecieron debido a que en el momento que las empresas extractivas abandonaron los proyectos mineros los daños ambientales provocados dificultaron el aprovechamiento agrícola del territorio (Maldonado, Martínez y Murcia, 2010).

Aunque la mayor parte de la actividad minera culminó en la década de los ochenta¹ del siglo pasado, la alternancia política de los noventa² promovió un cambio al modelo neoliberal en la economía del país tratando de fortalecer las inversiones del exterior hacia las actividades productivas, de forma adicional se aprovechó el incremento en el valor del oro -uno de los principales recursos minerales del país-.

Vale la pena mencionar que la predisposición institucional para la creación de un marco normativo que favorezca la expoliación territorial para el uso y explotación de los recursos minerales en El Salvador parten de una serie de recomendaciones -y casi obligaciones- emanadas desde el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en las cuales se fortalece una imagen de dependencia local de las necesidades internacionales, sin que se presente de alguna forma un esquema de producción local que aproveche las riquezas locales para beneficio del país (Navarro, Torres y Adalberto, 2007).

De acuerdo con Michael Power (2002) un proyecto de nación que crece con base a la explotación minera es producto de un proceso histórico para países como Estados Unidos de América en los que una gran cantidad de minerales disponibles trajo consigo un alto nivel de inversión y creación de empresas locales fuertes.

Sin embargo, la experiencia moderna ha demostrado que en las naciones latinoamericanas los proyectos extractivos han culminado en la creación de mayores dependencias externas, además han generado economías basadas en minerales o petróleo.

La verdad que encierra esta situación de extractivismo intensivo que tiende a repetirse en América Latina (Azamar, 2017) es que la explotación minera no puede activar o sostenerse como un motor de desarrollo social, ambiental o económico debido a la falta de infraestructura productiva, fortaleza institucional e independencia de la injerencia externa.

Adicionalmente, el sector minero se ha mostrado como una fuente de conflictos socioambientales que exponen continuamente los altos niveles de corrupción que permean en las instituciones públicas encargadas de proteger el bienestar de la población (Power, 2002).

En países como El Salvador, el no contar con una posición económica solvente y fuerte, así como la ausencia de un plan de desarrollo económico interno de largo plazo ha derivado en la permisividad de presiones externas hacia su propio modelo de desarrollo generando un mayor número de megaproyectos extractivos que están principalmente basados en la adquisición de maquinaria extranjera, personal foráneo y re-cursos económicos externos.

Esta situación la comparten varias de las naciones en la región, la cual deviene de la constante necesidad del sistema económico capitalista por extraer y utilizar recursos naturales de forma continua para mantener la producción en un nivel invariable ya que de esta forma se atiende la demanda de los países desarrollados.

Consecuentemente se promueve la creación de regulaciones basadas en la promoción y atracción de recursos foráneos para la extracción y explotación de los bienes naturales. Se trata de un esquema que transmite inestabilidades de los países del norte a través de presiones económicas hacia las naciones del sur, creando normatividades permisivas que vulneran a la sociedad, generando principalmente altos niveles de inequidad y pobreza entre las comunidades más vulnerables (Selva, 2011).

En esencia, la relevancia de un proceso regulador de la minería en El Salvador responde principalmente a la necesidad que tiene el Estado para legitimar legalmente una práctica que es dañina social, ambiental y económicamente.

El Salvador -a diferencia de la mayoría de los países que son sus vecinos en América Latina-, no posee un territorio provisto de grandes depósitos minerales ya que la mayor parte de estos son forestales o agrícolas. Además, la biodiversidad de la nación es menor que en otros países de la región debido a la pequeña extensión del país y a su situación geográfica (Arenal, 2006), por lo que algunos de los territorios que presentan cualidades de riqueza natural y animal han sido designadas áreas naturales protegidas (ANP) por parte del Estado. Hasta el año 2016 se habían designado 126 áreas con dicha calidad de protección ambiental, lo que representa el 4.6% de su territorio.

Por otro lado, aunque el país posee depósitos mineros exiguos, la mayoría son de metales preciosos -oro y plata- por lo que se cuenta con 29 proyectos mineros en la nación, los cuales se ubican principalmente hacia la zona norte (Arenal, 2006). Dichos proyectos están cerca de la frontera con Honduras y Guatemala donde buena parte de la población se encuentra marginada y con altos niveles de pobreza: de los 14 Departamentos que integran al país estos se componen por 262 municipios donde al menos el 50% de ellos está en situación de pobreza (FISDL, 2005).

De acuerdo con datos del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL, 2005) la mayor parte de las vetas de oro atraviesan 100 municipios en el norte del país, de aproximadamente 130 que existen en esa zona, estos lugares se pueden caracterizar como los más pobres de la nación. Los ingresos mensuales promedio en el país en 2005 eran de 246 dólares, mientras que el ingreso promedio de estos municipios era aproximadamente del 30% de esta cantidad, ya que al menos 52 de estas zonas tienen valores inferiores al 30% y solamente 17 municipios tiene valores superiores al 40%.

Por otra parte, del total de los 100 municipios que son afectados por la minería, en promedio el 33% de sus habitantes se encuentran en extrema pobreza. La descripción más precisa indica que 35 de estas 100 poblaciones, tienen más de 40% de su población con dificultades económicas muy graves llegando hasta 60% en al menos 10 municipios (FISDL, 2005).

Además, en estos mismos lugares en donde se concentran las minas son Áreas Naturales Protegidas (ANP) que corresponden al Corredor Biológico Mesoamericano³, las cuales están protegidas por la Ley de Medio Ambiente de 1998⁴.

Las políticas públicas que se aplican en El Salvador para la regulación de proyectos mineros se rigen principalmente por la Ley de Minería de 1996⁵, la cual tiene como principal objetivo favorecer las condiciones para el desarrollo de la inversión en este sector⁶ (Arenal, 2006).

Asimismo, la Institución pública representante de los intereses del Estado y que regula dicha actividad es la Dirección General de Hidrocarburos y Minas (DGHM) cuya función es otorgar concesiones para la explotación minera basada generalmente en el interés público⁷ como lo señala el artículo 117º de la Constitución de la República de El Salvador de 1983.

Con la finalidad de entender cuál es ese interés, se menciona la definición clásica del derecho minero de Balboa (1902):

La explotación de sustancias minerales se presenta como una cuestión de interés público y social y de derecho positivo. De interés público y social porque interesa a todos que la actividad minera, provea de materias primas indispensables a infinidad de aplicaciones industriales y en tal aplicación el recurso humano tenga garantías sociales tan firmes y sagradas como los derechos mismos de la personalidad; del derecho positivo, porque la facultad de explotar, entrañando la idea de la vinculación estrecha del trabajo con la tierra, que es la más elevada manifestación de la propiedad, su fuerza específica; da existencia a un conjunto complejo de relaciones y actos jurídicos regidos por la ley, expresión del derecho que garantiza y reconoce el poder de gozar y disponer de las sustancias que son objeto de la industria minera. (p.3)

Dado que los minerales, gases e hidrocarburos constituyen bienes de interés público, la regulación por parte del Estado para su explotación debería coincidir con el interés social y apuntar a un mayor nivel de preservación de la naturaleza y del mejoramiento de la calidad de vida para la población. Sin embargo, en El Salvador los proyectos mineros y las condiciones para la explotación de estos bienes eran determinadas por intereses ajenos a los sociales, ya que como sucedió con la reforma a la Ley Minera (2001) se redujo la cantidad de regalías que las empresas mineras tenían que otorgar al Estado por sus ganancias pasando de 4% a 2% y en algunos casos solamente a 1%. Esto se observa en los artículos 64 y 65 de la misma Ley.

Art. 64º.- Se entiende por Regalía, el pago de un porcentaje en dinero que el Titular de la concesión minera debe efectuar al Estado y a la Alcaldía Municipal respectiva en compensación por la explotación y aprovechamiento de las sustancias mineras. […]

Art. 65º.- El porcentaje a que se refiere el Artículo anterior, se establecerá en la forma siguiente:

Al Estado, cuando se trate de minerales metálicos, el uno ciento (1%);

A las Municipalidades, ya sea que se trate de minerales metálicos, no metálicos o canteras, lo que señalen las respectivas leyes de impuestos municipales, del Municipio cuya jurisdicción corresponda la explotación de minerales, no debiendo exceder este del uno por ciento (1%).

Como se observa en el artículo 65º (cuyo texto original marcaba 4% total) la cantidad de regalías que obtendría el Estado al facilitar el aprovechamiento minero (solamente las municipalidades tendrían beneficios) es tan pequeña que el impacto que este ingreso generaría en políticas públicas difícilmente se vería reflejado en el bienestar de la población.

En este sentido la DGHM y la administración pública en El Salvador, son instituciones cuyo deber es regular la actividad minera en el país, pero en cambio han generado condiciones de beneficio únicamente en el sentido económico⁸ y para los intereses empresariales, ya que la reforma realizada a la Ley Minera disminuyó la carga fiscal a las industrias de este sector, además mejoró las condiciones de inversión en el país para este tipo de actividades.

La promoción a la minería en territorio salvadoreño se basa en la pobreza económica de la nación y esto justifica el daño socioambiental, ya que se piensa que a través del extractivismo minero se fortalecerá al país (Strasser, 2004).

El problema con el supuesto de beneficios económicos para el Estado por parte de la minería es que esta actividad dificulta el surgimiento de cadenas de valor productivas locales, pues margina a las poblaciones mineras mediante economías de enclave y fortalece climas de desigualdad entre la población afectada por la minería empobrecida generalmente por estos proyectos y el resto de habitantes del país (Azamar, 2016).

Asimismo, si se considera la investigación realizada por Erzinger (2008) en varios departamentos mineros de El Salvador, se observa que esta actividad ha tenido efectos perniciosos en la tierra y en la salud de los pobladores que no pueden alimentarse correctamente porque se han secado los ríos y las tierras ya que han sido envenenadas con los químicos que se utilizan para esta actividad. Estos efectos negativos contravienen el interés social que debería promover el Estado.

Por otra parte, la minería por sus impactos transgrede los acuerdos internacionales que ha firmado El Salvador para proteger el derecho a la vida digna en el país, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 3º, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 4º, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 10º, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 6º y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 1º.

Adicionalmente, El Salvador también está suscrito a tratados internacionales para la protección de la naturaleza como los Estatutos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales y la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo.

Como se observa, las condiciones de explotación minera que históricamente se presentaron en El Salvador hasta el año de 1980 no corresponden con los actuales intereses que ha ratificado el país, en este sentido, si bien, la Ley Minera de 1996 y la reforma que se hizo en 2001 buscan generar un impulso en esta actividad, por lo que tenderían a toparse con varios muros normativos que le impedirían un desarrollo abusivo o dañino a la mayoría de estos proyectos. Las concesiones realizadas a partir de esta reforma han tenido diferentes grados de desarrollo por lo cual es importante precisar la situación actual de estas actividades.

Desde el año 1995 y hasta el año 2005 se concesionaron 29 permisos para exploración y aprovechamiento sumando casi 897,47 km² de espacio para este tipo de actividades, lo que equivale a 3,3% del total del territorio de El Salvador en apenas 10 años, ocupando sobre todo zonas consideradas como ANP y espacios de comunidades agrícolas con altos niveles de marginación social (Arenal, 2006).

Todos los permisos otorgados se ubican en siete distritos del país: Metapán; El Paisnal; San Isidro Cabañas; Chapeltique; Potonico, Cancasque; Jocoro, El Divisadero y Santa Rosa de Lima. En la mayoría de estos distritos ya se había presentado actividad minera en el pasado (véase cuadro 1).

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Cuadro 2. Proyectos mineros metálicos en El Salvador

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Economía de El Salvador (varios años). ND: Información No disponible

*Nota: Son proyectos que se encontraban en fase de exploración, por ello no cuentan datos de reservas.

**Nota: Posibles reservas estimadas.

Como se observa en el cuadro 2, la mayor parte de los proyectos mineros metálicos ha sido financiada con capital de origen extranjero, aunque también es notoria la participación del capital salvadoreño; asimismo, casi todos los proyectos se dedican a extraer oro y plata. De acuerdo con los datos del Ministerio de Economía, estos proyectos representan poco menos del 50% del total potencial minero en el país, por lo que puede resultar de especial interés para las empresas extranjeras obtener concesiones sobre el territorio restante por el bajo nivel de regalías que se pagarían al Estado.

No obstante, a partir de la primera década de este siglo por decreto presidencial se han anulado las 29 concesiones otorgadas en el país hasta el año 2006, lo que ha beneficiado a la población y al medio ambiente.

Del total de los permisos que se habían facilitado, destacan tres proyectos por su avanzado nivel de exploración y posibilidad de emprender explotación en caso de que no se hubiera revocado su concesión: El Dorado, El Zapote y San Sebastián. En la siguiente sección se analiza brevemente el caso de El Dorado, por ser el proyecto en etapa de explotación con mayor extensión en concesión, y por contar con las mayores reservas de oro y plata comprobadas para el país.

En el departamento Cabañas se encuentra una de las vetas metálicas más grandes del país, El Dorado, con 75 km², proyecto concesionado a la compañía Pacific Rim El Salvador, de origen canadiense, la cual se interesó en comenzar un proyecto de explotación en esta zona y que se ubica a menos de 100 kilómetros del centro del país.

Cabe señalar que el departamento Cabañas es uno de los lugares con mayor nivel de desempleo, irregularidades económicas, incidencias de delitos y falta de acceso a servicios básicos en El Salvador. Sus principales actividades económicas son el comercio informal y la agricultura de subsistencia.

Por otro lado, el único río que atraviesa el área de extracción minera es el más importante en la nación -río Lempa- y éste es su principal fuente hídrica, por lo que ponerlo en riesgo de contaminación supone uno de los efectos negativos más grandes por parte de la minería (Arenal, 2006).

La compañía Pacific Rim obtuvo la licencia de exploración y explotación para El Dorado, la cual es una de las minas de oro y plata más baratas en el mundo⁹ de acuerdo con los propios datos de la empresa, teniendo un ingreso de 191 millones de dólares y gastos por 9 millones de dólares aproximadamente durante los 6 años en que fue proyectada la vida útil de la mina¹⁰ (Hinds, 2007).

Para la empresa. los costos de operación y los pagos que realizaría al Estado por los derechos de extracción y mantenimiento serían de 6,3 millones de dólares en total, adicional tendría que abonar al municipio 450 mil dólares al año durante la vida útil del proyecto. La suma de ambos gastos sería de 9,1 millones de dólares por pagos al Estado y a sus instituciones (Hinds, 2007).

La mina generaría 150 empleos temporales en el primer año, 148 en los siguientes cuatro años y 60 en el sexto año. Estos empleos son de baja calificación y de alto riesgo ya que son exclusivamente para los trabajadores mineros y extractores de los recursos que no requieren ningún tipo de preparación especializada. Por lo que se pueden perder vidas por el potencial peligro de este tipo de actividades (Arenal, 2006).

De acuerdo con Moran (2005) los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) utilizados para aprobar el desarrollo del proyecto minero fueron manipulados para evitar que la población se enterara de todos los riesgos que genera una actividad de este tipo, además del desgaste hídrico que provoca de forma irremediable por toda el agua que es necesaria para dicha práctica.

Por otra parte, desde el Estado no se ha creado un protocolo para enfrentar las posibles consecuencias de largo plazo ya que todos los gastos de operación están calculados para los años de servicio de la mina y no para eventualidades futuras o para las enfermedades o accidentes que se puedan ocasionar con los habitantes, animales o la vegetación. Entre ellos es importante mencionar que durante un año Pacific Rim utilizaría 720 toneladas de cianuro (OCMAL y CIECOM, 2011, p.38), sólo para este proyecto, por lo que sería imposible utilizar el agua para la vida.

Debido a la suma de riesgos y a la falta de simetría entre los beneficios económicos de la población y los que obtiene la empresa, el proyecto minero ha despertado mayor conciencia social entre la sociedad, generando presión suficiente para que el Estado revocara los permisos de explotación concedidos a la empresa Pacific Rim en El Dorado y a todas las otras compañías que de igual forma tenían concesiones en el país.

Como ya se mencionó, para aprobar la mina El Dorado, se falseó información de su EIA, lo cual se dio a conocer en el año 2004. Dado que este instrumento es el más importante para la comunicación entre la población y la empresa, influyó en la pérdida de confianza hacia esta actividad, pero, por otro lado, ayudó a impulsar un proyecto nacional de rechazo a la minería metálica.

Dicho proyecto en contra de la minería en El Salvador fue apoyado por organizaciones civiles, sociedades ecológicas y ambientalistas, ONG, la iglesia católica y universidades, en un movimiento sin precedentes en la región para plantear una firme oposición a la práctica minera (McKinley, 2016). La mayor parte de las actividades realizadas por el conjunto de organizaciones e instituciones convocó a marchas de disconformidad, plantones en instalaciones mineras e instituciones de gobierno, pláticas públicas, campañas de concientización en universidades e iglesias y asesoramiento legal a las poblaciones afectadas por las labores de exploración minera (McKinley, 2016).

Como resultado de todos estos esfuerzos se logró mayor concientización en la población, por ello en el año 2007, a través de sondeos y encuestas en todo el país, se rechazó con 70% la práctica minera y se consideró que no beneficiaba a la nación (McKinley, 2016). Las campañas de conciencia y educación han fortalecido la base de la lucha ya que en el año 2015 se realizó una nueva encuesta en El Salvador, la cual arrojó como resultado que 80% de la población apoyaba una medida de prohibición absoluta de la minería metálica (McKinley, 2016). La labor conjunta de todos estos frentes de lucha ha facilitado la unificación de casi toda la población civil para oponerse a esta práctica extractiva.

Si bien, las luchas sociales contra esta actividad han sido largas e incesantes, el triunfo de la población en este proceso viene de la mano con una propuesta realizada por el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, para prohibir cualquier tipo de actividad minera metálica en el territorio de El Salvador, pues la contaminación ya provocada y los riesgos futuros condenaban a la población a una crisis social y ambiental sin precedentes.

La propuesta de ley fue presentada en febrero del año 2017 y cuando se discutió en la Asamblea Legislativa en marzo del mismo año fue respalda-da por casi todos los representantes de los partidos políticos ya que estaban presionados por la sociedad: los votos fueron 70 de un total de 84 (McKinley, 2016).

En América Latina esta ley ha sido la primera de este estilo y con estas características -que prohíbe la extracción de minerales metálicos11-, y a pesar de que aún es pronto para ver su influencia en el panorama minero de la región, es importante reconocer que todo el camino recorrido por la población y los frentes de lucha sociales en contra de esta actividad, han favorecido la discusión de proyectos de ley para reducir la flexibilidad de los proyectos mineros en otros países de Latinoamérica donde para las empresas es fácil impulsar este tipo de actividades sin mediar el daño socioambiental ocasionado (McKinley, 2016).

El Salvador se caracteriza por un alto grado de pobreza y marginación social, además de que gran parte de los habitantes son vulnerables en sus necesidades más básicas. Sin embargo, ante la falta de trabajo y las dificultades económicas, la mayor parte de la población admite que rechazaría trabajos en las minas.

Cabe destacar que El Salvador es una nación particularmente religiosa, en donde al menos el 90% de sus habitantes profesa algún tipo de fe y 50% de la población se ha declarado católica: por esa razón la participación de la iglesia ha sido clave para fomentar un mayor nivel de apoyo en el movimiento contra la minería metálica en el país. El papel del arzobispo José Luis Escobar ha sido fundamental para dar visibilidad y liderazgo al movimiento debido a que encabezó varias de las marchas y mesas públicas en donde se trató el problema minero, lo que le dio mayor impulso a la oposición social.

Los habitantes han luchado y rechazado la extracción minera, principalmente metálica, por lo que se ha marcado una forma de presión que ha fortalecido el reconocimiento del bienestar social y ecológico por encima de los posibles beneficios económicos.

Para los habitantes de El Salvador la historia ha demostrado que los modelos extractivos no han traído ningún bienestar: por el contrario, además existe falta de sensibilidad a las necesidades sociales por parte de las empresas mineras.

El rechazo por parte de la población y la aprobación de la ley que prohíbe la actividad minera metálica en el país demuestra que los principios de equidad y la importancia de la ecología son una opción viable ante el paradigma neoliberal extractivista en América Latina. Además de que se aboga nuevamente en la región por la lucha de sí alagua y a la vida, no al oro y a la mina, ya que el agua es un recurso que está en riesgo en este país y en el mundo, pero ellos han entendido la importancia que requiere para todos los ciudadanos.

Por otro lado, cabe destacar la particular influencia que ha tenido el caso salvadoreño en los países vecinos, principalmente en Honduras. Desde hace varios años el cura Ismael Moreno Coto, Berta Cáceres y Salvador Zúñiga -líderes ecologistas y protectores de los derechos civiles- se opusieron de manera continua y contundente a la posición política del país para emprender proyectos de explotación minera e hidroeléctrica en las zonas marginadas de la nación. Su lucha llevó al asesinato de Berta Cáceres, esta tragedia ha dado visibilidad al problema extractivo en el país y ha fortalecido la unidad social ante el embate de la administración pública como garante de la expansión del capital minero.

Las elecciones presidenciales del año 2017 en Honduras están marcadas por el debate minero y la protección civil, destacando la particular importancia del caso salvadoreño y su prohibición a la minería metálica.