Historia del extractivismo del litio en Bolivia El movimiento cívico de Potosí y la defensa de los recursos evaporíticos del Salar de Uyuni (1987-1990)

History of lithium extractivism in Bolivia The civic movement of Potosí and the defense of evaportitic resources

Lo único que me veo obligado a expresar como cristiano, es que por primera vez pude constatar en la conducta del pueblo boliviano, particularmente potosino¹, un rápido crecimiento de su conciencia para oponerse al tradicional saqueo de sus recursos naturales; un convencimiento casi natural e intuitivo de que la producción de estos recursos tiene que generar desarrollo socioeconómico para nuestra región; en otras palabras, el pueblo dijo: “o se explotan estos recursos para lograr el bienestar (elevando su nivel de vida) de sus pobladores, o si no es así se los deja como están, hasta que los bolivianos seamos capaces de lograr este objetivo”.

(Facundo Gómez, presidente de COMCIPO, 1990)

El extractivismo, de acuerdo a Gudynas (2013) es un tipo de extracción de recursos naturales, en gran volumen o alta intensidad, y que están orientados esencialmente a ser exportados como materias primas sin procesar, o con un procesamiento mínimo. Tradicionalmente en Sudamérica ha sido la minería, posteriormente hidrocarburos y evaporiticos, y hoy se está frente al agroextractivismo.

Por su parte, Acemoglu y Robinson (2012) plantean que el fracaso económico y la pobreza se generan por la presencia de instituciones económicas extractivas.² Según Acemoglu (2005) existen dos factores básicos que podrían explicar las causas fundamentales de las diferencias en la prosperidad de los países: la geografía y las instituciones. Este último aspecto parece ser el más razonable para explicar que varios países se hayan sumergido en el extractivismo.

Acemoglu y Robinson (2012) proponen que el inicio del extractivismo es en los patrones de asentamiento de los colonizadores como factor explicativo del tipo de instituciones -de propiedad privada o extractivas- que se crearon en las tierras conquistadas. Las diferencias en la experiencia colonial pueden ser una fuente de diferencias exógenas de las instituciones” (Acemoglu y Robinson, 2012:59). Según Gudynas (2011a) el llamado extractivismo, que incluye la explotación minera y petrolera, tiene una larga historia en América Latina. Podría decirse que el extractivismo es una de las manifestaciones más puras de las ideas convencionales del desarrollismo sudamericano (Gudynas, 2011b:406).

Entonces, por lo mencionado por Gudynas, Acemoglu y Robinson ¿es posible hablar de una historia del extractivismo? ¿Cuáles son orígenes, sus ciclos históricos? En el caso de los recursos evaporíticos como el litio ¿en qué ciclo histórico del extractivismo se manifiesta en el convencional o neoextractivismo? ¿Cuáles fueron los contextos, coyunturas y proyectos de extractivismo? ¿Qué sucedió con la población, que rol y posición asumió?

Según Acemoglu y Robinson (2012) sus raíces en el ciclo colonial que se fue asentando y consolidando como patrón desarrollo en los Estado-nación. Coatsworth (2005) lo sitúa muy posteriormente, en el entorno del ciclo independentista: Latinoamérica no fue subdesarrollada de acuerdo a ninguna medida convencional (como el PIB per cápita) hasta algún momento entre aproximadamente 1750 y 1850. Prados de la Escosura (2005) sugiere que el retardo de América Latina, en relación a otros países, parece ser un producto del siglo XX.

Gudynas (2011a), (2011b) y (2013) para la actualidad distingue dos tipos de extractivismo uno convencional y el neoextractivismo. El convencional se sitúa en los 80 y 90 donde se tiene la presencia del modelo neoliberal y los Estados tienen escaza participación, una transferencia al mercado que se desemboca en una privatización y transnacionalización. De acuerdo a Gudynas (2011b) el papel dominante lo ejercen las empresas privadas, casi siempre transnacionales, y el Estado tiene un rol subsidiario. El neoextractivismo es generado por los gobiernos progresistas en donde el Estado es mucho más activo, con reglas más claras (independientemente si estas sean buenas o no) (Gudynas, 2011a:79).

El presente artículo forma parte del estudio Historia de litio en Bolivia: exploraciones, investigaciones y proyectos extractivistas (1900-1994), trabajo que fue desarrollado en el marco de la investigación ¿Puede el litio impulsar el desarrollo sostenible? del proyecto National Centre of Competence in Research [NCCR] Norte-Sur en América del Sur, y el área económica del Postgrado en Ciencias del Desarrollo [CIDES] de la Universidad Mayor de San Andrés [UMSA], en las gestiones 2013-2014. El estudio fue abordado desde la perspectiva histórica, pues la historia permite estudiar los mecanismos, dinámicas de las modificaciones espontáneas de los acontecimientos en los que intervienen los individuos y el Estado Social. Mientras la historia económica versa sobre el desempeño de las economías en el transcurso de los años. El objetivo de las investigaciones en este campo no sólo es hacer que el pasado económico sea más claro, sino también contribuir a la teoría económica al proporcionar un marco analítico que nos permita entender el cambio económico (North, 1993:1).

Se acudió a la investigación histórica con el fin de reconstruir el contexto y la coyuntura, para ello se recurrió al empleo de la investigación documental para recopilar y recolectar las fuentes de información primarias³ y secundarias⁴ a través de la técnica del fichaje; se realizó entrevistas individuales y grupales;⁵ y se empleó el análisis del discurso para la puesta en escena del texto.

En este sentido, en el trabajo tiene como propósito por un lado, describir y desarrollar lo sucedido con el extractivismo convencional en lo referente al litio en Bolivia. En el periodo de estudio se puso en marcha las bases legales (1982-1984), el contrato por invitación directa (1988-1989) y la licitación pública (1990-1993) para la explotación y extracción del litio como materia prima y que fue adjudicada a un capital transnacional.

Por otro lado, se busca poner en evidencia el surgimiento del movimiento cívico de Potosí que emprendió la defensa de los recursos y la búsqueda de mejores beneficios. A lo que Gudynas (2011b) denomina como los actores que inciden en el debate público, que reclaman y deben gozar de una cobertura en sus derechos, y realmente participan en los procesos de toma decisión. Si la población potosina (urbana y rural), no hubiera hecho una toma de conciencia de lo que se pretendía realizar, hoy se tendría a una empresa trasnacional explotando el litio y no a la Estrategia Nacional de Explotación e Industrialización de los Recursos Evaporíticos, en el marco de la defensa y soberanía de los recursos naturales por parte del Estado boliviano.

En la presidencia de Hernán Siles Suazo, quien llegó al gobierno el 10 de octubre de 1982,⁶ a Siles le toco asumir la responsabilidad de la hiperinflación galopante, la crisis económica generalizada, por lo que tuvo que acortar su mandato y adelantar las elecciones presidenciales. En este Gobierno, se dieron los primeros pasos del extractivismo de los recursos del salar, con estudios, creación de comisiones y complejos por medio de normativas. Asimismo, la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) y la UMSA ORSTOM desarrollaron investigaciones y estudios.

En 1982 se firma un convenio de cooperación técnica con el BID y la JUNAC. Según el Centro de Promoción Minera (CEPROMIN) (1991), fue para el estudio básico de prospección minera de los salares bolivianos. El estudio se inicia en enero de 1983, del cual salen algunos resultados que indican que se debe comenzar la explotación de sales de Potasio, Boro y menor medida el litio, los que por sus ventas generaría unos 113.056 millones de dólares.

En estos mismos años se produce el segundo acercamiento de la LITHCO con la propuesta de organizar una empresa mixta con el Estado boliviano, donde aspiraban a tener el 51% de las acciones y 45% para la empresa boliviana (CEPROMIN, 1991:66). LITHCO proponía realizar un estudio de factibilidad en tres años, para la explotación industrial de litio y Potasio, exigían una concesión de 200 hectáreas, así como la explotación exclusiva de un sector del salar y el derecho de comercializar la producción total⁷ (CEPROMIN, 1991:66). Se infiere que el área específica solicitada por LITHCO es la que está ubicada en Río Grande.

En marzo de 1984 se constituye la Comisión Interministerial de los Salares, con el propósito de empezar a explotar sales de Potasio, Boro y secundariamente Litio” (CEPROMIN, 1991:66). De acuerdo a Nacif (2012a), debería elaborar los términos de referencia de la licitación pública del Salar de Uyuni, dirigida a gobiernos, a empresas nacionales y extranjeras, e impulsar el demorado Complejo Industrial de Química Básica. El 5 de junio de 1984, esta Comisión entrega su informe al presidente con varias opciones de organización del Complejo, que plantean la propiedad nacional y la búsqueda de asociación con una empresa privada.

El 8 de enero de 1985 se realizó la Reunión para la industrialización del Salar de Uyuni^8, la cual sirvió para plantear la necesidad de una instancia estatal que desarrolle su explotación e industrialización. Según Iñiguez (2007), existió un acuerdo entre diversas organizaciones tanto gubernamentales como de la sociedad civil para llevar a cabo la explotación del litio en el Salar de Uyuni. Varios fueron los actores que plantearon el establecimiento del Complejo Industrial de Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni [CIRESU] como los parlamentarios, ministerios y diversos actores.⁹

El 15 febrero de 1985, mediante la Ley N° 719, se crea CIRESU, en dicha ley se declara como necesidad nacional la exploración, explotación, beneficio y comercialización de los recursos minerales metálicos y no metálicos, yacentes en la Cuenca Evaporítica del Gran Salar de Uyuni, ubicados en el Departamento de Potosí (Gaceta Oficial, 1985). Por lo que CIRESU se constituía en el representante del Estado para llevar a cabo licitaciones, asociaciones y suscripción de contratos, en las fases de exploración, explotación, beneficio y comercialización de los recursos del Gran Salar de Uyuni (Gaceta Oficial, 1985). El directorio de CIRESU quedó conformado por el Poder Ejecutivo, entidades y organizaciones sociales potosinas.

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Fuente: elaboración propia, 2013 en base a Gaceta Oficial, 1985.

La UMSA-ORSTOM en 1983 había concluido la primera fase de sus estudios, que señalaban la presencia de grandes recursos evaporíticos de litio, potasio, boro y magnesio. En febrero de 1984, Oscar Ballivián entrega al Ministerio de Minería el informe: Antecedentes y análisis de acciones para el aprovechamiento de los recursos del Salar de Uyuni. En años posteriores, la UMSA-ORSTOM siguió trabajando en la región con la perforación de pozos. Paralelamente en 1983, la UATF inicia sus estudios sobre los recursos naturales de la cuenca evaporítica realizada conjuntamente con la Universidad Técnica Academia de Minas de Freiberg, de Alemania.

En 1985 asume la presidencia Víctor Paz Estenssoro (1985-1989), puso en marcha la Nueva Política Económica, de primera generación (1983-1993) con el Decreto Supremo 21060, trajo consigo la generación de nuevas medidas políticas y sociales, que se orientaron hacia la estabilización económica con el propósito de contener la hiperinflación.

En cuanto al litio, el Gobierno inicia la segunda etapa del proyecto extractivista. Para CEPROMIN (1991), se caracteriza por no haber continuado la labor realizada hasta 1985, y por una falta de criterios para resolver este problema. El 16 de mayo de 1986 se produce la declaración de reserva fiscal del Gran Salar de Uyuni, con las siguientes coordenadas: latitud y longitud de 13 puntos...2.325.639 hectáreas (23.256 Km2) (Gaceta Oficial, 1986, Decreto Supremo Nº 21260)¹⁰. De acuerdo a Espinoza (2010), fue para garantizar el cumplimiento de los objetivos del CIRESU. Se puede advertir que con esta declaración, CIRESU podía diseñar una estrategia de explotación.

El gobierno movimientista de Paz Estenssoro carecía de una política bien definida respecto al litio, a veces consideraba la licitación y constitución de una empresa mixta, pero luego optaba por la invitación directa. En el caso de las organizaciones sociales, por ejemplo, COMCIPO (gestión de Luis Fernández) mantenía la posición de no entregar los recursos del salar a intereses extranjeros. Si ahora dejamos que nuestras minas sean entregadas a intereses privados querrán también en el futuro consumar su intención de entregar nuestro inmenso Salar de Uyuni (El Siglo, 12 de septiembre de 1986, p.3). Esta perspectiva de defensa de los recursos se fue ampliando en el imaginario colectivo de las organizaciones e ins-tituciones potosinas.

En 1987, se realiza el Primer Seminario sobre La explotación del litio y el derecho de propiedad del Salar de Uyuni¹¹. Sus principales resoluciones fueron:

• la constitución del Comité Nacional de Defensa del Salar de Uyuni,¹²

• la oposición a la licitación internacional

• la defensa de la Ley 719

• apoyar la construcción de una planta piloto para extraer carbonato de litio (citado por CEPROMIN, 1991:76).

Como se aprecia la posición de las organizaciones potosinas fue la de un nacionalismo, en el que el Estado debía asumir la explotación de los recursos del salar.

Esta posición fue ratificada en la mesa redonda Los recursos evaporíticos del Salar de Uyuni¹³, que emitió resoluciones de: apoyar y defender la ley 719; continuar con los estudios por las universidades [...] y la explotación de los recursos del Salar deben garantizar el progreso de la región de Uyuni (CEPROMIN, 1991:76). La posición de defensa de los recursos del salar será el fundamento principal para hacer frente a la política privatizadora del gobierno de Paz Estenssoro.

El problema del salar no está aislado de lo que está sucediendo en el resto del país. La intención de privatizar la educación, recortar el presupuesto de las universidades […] tiene como meta inmediata impedir que los bolivianos tengan posibilidades de crear tecnología propia y aplicarla en el aprovechamiento de sus recursos naturales como es el caso del Salar de Uyuni. (El Siglo, 13 de mayo, 1987:1-4)

De este modo, se asienta la oposición de rechazo al extractivismo del litio:

…nos oponemos a la posición oficial de licitar internacionalmente la explotación del salar de Uyuni, porque hemos visto en los hechos que hay entidades bolivianas que pueden aprovechar las riquezas del salar de Uyuni para el beneficio del altiplano sur, Potosí y la nación entera. (El Siglo, 13 de Mayo, 1987:4)

En este mismo escenario, 1987 tras permanentes investigaciones la UMSA-ORSTOM dio a conocer un nuevo cálculo de reservas en Río Grande, las cuales mostraban incrementos en las cifras iníciales de 5.500.000 en 1980 a 9 millones de toneladas de litio; de 110.000.00 en 1980 a 150 millones de toneladas de potasio en 1987; de 3.200.00 a 6 millones de toneladas de boro (Risacher, 1987). También propusieron el diseño de una planta piloto para la extracción del carbonato de litio. En conocimiento de estos trabajos, el Ministerio de Minería y la UMSA firmaron dos convenios en noviembre de 1987, donde se autorizó a la Universidad a construir una planta piloto (CEPROMIN, 1991:67).

Hasta noviembre de 1987 el Gobierno tenía la intención de licitar, posición que cambió en los meses posteriores: se conoce que el Movimiento Nacionalista Revolucionario [MNR] había decidido suspender la licitación internacional para constituir una empresa mixta, porque había decidido negociar directamente con la LITHCO (CEPROMIN, 1991, p. 67). Para Orellana (1995), esta medida obedecía a razones técnicas, de mercado, económicas y geopolíticas que parecían validar tal convocatoria. También se debe mencionar que la posición de las entidades potosinas de oposición a la privatización de los recursos, podría haber generado el cambio de posición del Gobierno. Esto era totalmente posible ya que varias de las organizaciones regionales eran miembros de CIRESU y podían obstaculizar la licitación y privatización de los recursos evaporíticos.

Las negociaciones por invitación directa se iniciaron el 26 de julio de 1988 y el ministro de Minería y Metalurgia, Jaime Villalobos, fue el representante del Estado boliviano. En agosto de ese año se firmó un contrato preliminar entre el Estado y la transnacional norteamericana LITHCO. Orellana (1995) menciona, que este con-trato preliminar produjo fuertes críticas, el ministerio expuso ante una comisión especial de CIRESU y la Comisión de Minería y Metalurgia de la Cámara de Diputados. En ambas comisiones la respuesta de parte del Gobierno fue por motivos técnicos, de mercado, económicos y geopolíticos por los cuales no se continuó con la licitación internacional.¹⁴

Efectivamente en posteriores meses encontraría una fuerte oposición de las entidades regionales potosinas que será a partir de sugerencias de modificación y posteriormente su fundamentación en las normativas legales para oponerse a la firma del contrato por vía directa.

El 30 de enero de 1989 se firmó una carta de intenciones entre el Gobierno y LITHCO. De acuerdo al Centro de Documentación e Información [CEDOIN] (1993), durante seis meses se realizan siete reuniones de negociación, con asesoramiento de las consultoras Whitney y Whitney y Commodities Research Unit, hasta la redacción de un proyecto de contrato. La inversión de LITHCO sería de 40 millones de dólares americanos, de los cuales seis se destinarían para exploración y 34 para la instalación de una planta con capacidad para producir 7.000 toneladas de carbonato de litio anuales. En base al informe de la Cámara de Diputados y la carta de intenciones recién se hicieron públicas estas negociaciones, en enero de 1989.

En este periodo se ha visto cómo el Gobierno fue cambiando de punto de vista, de la licitación internacional a la invitación directa, por cuestiones geopolíticas, de mercado y económicas. Pero estos cambios también se dieron por la fuerte defensa de los recursos del salar por parte de las organizaciones potosinas, su oposición a la licitación internacional y la explotación por parte de una empresa extranjera. Probablemente estas posiciones hayan ocasionado que el Gobierno negocie a puertas cerradas.

En la presidencia de Jaime Paz Zamora (1989-1993)¹⁵ se puso en marcha los ejes trazados del Consenso de Washington. Se mantuvieron las líneas básicas de la política económica neoliberal: apertura comercial, libre movilidad de capitales, desprotección laboral y social.

En cuanto al tema del litio, las negociaciones se realizaron sin la participación de los actores y sectores sociales regionales y nacionales. Esta actitud género que en varias organizaciones como la COD, la UATF y la Federación Sindical Departamental de Trabajadores Mineros [FDTM], en una declaración conjunta adviertan sobre los posibles riegos: [se] hace un llamado de alerta sobre la posible explotación de los recursos evaporíticos del Salar de Uyuni por una empresa norteamericana en condiciones desfavorables para el país (El Siglo, 1 de noviembre de 1989, p.3). Lo que a larga se fue constituyendo en el argumento principal del movimiento cívico potosino.

El 9 de febrero se lleva a cabo una cumbre de los representantes regionales ante el directorio de CIRESU, en la cual se aprobó una resolución unánime que solicitaba la modificación sustancial del contrato por considerarlo ilegal, inconstitucional y lesivo a los intereses de la nación (El Siglo, 12 de febrero de 1990, p.6; CEDOIN, 1993:8). En caso de no ser aceptadas las modificaciones se rechazaría la firma de contrato.

El 12 de febrero se realizó la reunión del directorio de CIRESU, en la que el ministro de Minería presentó un proyecto de resolución para que la brigada parlamentaria potosina defina si el contrato era legal o ilegal. ¿Qué interés tenía el Gobierno de trasladar la discusión jurídica a instancias legislativas? Una de las razones era que en la brigada se podría obtener la aprobación sin mucha demora, puesto que el Gobierno debía acelerar la respuesta de aceptación del contrato hasta la primera semana de marzo. Por disposición del ministro de Minería se suspendió la reunión has-ta que la brigada parlamentaria se pronuncie. Este aspecto detonó el inicio de las movilizaciones en Potosí, por ejemplo, el 14 de febrero se realizó una marcha en defensa del litio, convocada por COMCIPO y la COD.

La brigada parlamentaria de Potosí devolvió el borrador de contrato el 15 de febrero, ratificando la Ley 719, por ende, se dotaba de plenas facultades al directorio de CIRESU para definir los términos de contrato de exploración y explotación del litio (El Siglo, 16 de febrero, 1990, p.4). El conflicto empezó a masificarse, pero el Gobierno mantuvo su postura de aprobar el contrato.

El 19 de febrero los representantes de LITHCO hicieron conocer su aceptación a la solicitud del Gobierno, de postergar la firma hasta el 7 de marzo, la cual se amplió hasta el 30 de abril. En reunión de directorio de CIRESU, el 12 de marzo se aprueba en grande el contrato con varias observaciones. La comisión negociadora se encargaría de completar y modificar estas observaciones.²³ En días posteriores se presentó el informe de Conclusiones de la Comisión Nacional de CIRESU que fundamentaba la invitación directa:

1. Se justifica la no convocatoria a licitación pública internacional; 2. Mientras el contrato no haya sido sancionado por el poder Legislativo y promulgado por el Ejecutivo, no tiene vigencia y por lo tanto no surte efectos jurídico legales, por lo cual no contraviene ninguna norma legal en actual vigencia; 3. Existe la necesidad de llevar adelante una ronda adicional de conversaciones con la LITHCO para pulir y corregir el documento final del contrato. (El Siglo, 23 de marzo de 1990, p.7)

De ese modo se dio luz verde al contrato y se procedió a la conformación del equipo negociador sobre la base de los contenidos y términos del informe. El 9 de abril, el ministro Soriano y el presidente de LITHCO, Harold Andrews, firmaron un acuerdo para que el contrato sea presentado al directorio de CIRESU y al Consejo Nacional de Economía y Planificación [CONEPLAN] (CEDOIN, 1993:8).

El 12 de abril CIRESU sancionó en detalle el informe de la comisión negociadora y el 16 de abril CONEPLAN aprobó los términos del contrato. Frente a la estrategia del Gobierno central, a COMCIPO le quedaban dos alternativas, una de ellas plantear las modificaciones de fondo en la brigada parlamentaria potosina, y la otra, las movilizaciones de rechazo de aprobación del contrato. Ante este escenario, las organizaciones potosinas aglutinadas en COMCIPO decidieron realizar el 20 de abril un paro cívico:

El pueblo potosino está plenamente consciente de que el litio es uno de los últimos recursos naturales que le queda y que nuestro futuro está ligado al tratamiento que se le brinde a este metal, para lograr una producción en mejores condiciones de beneficio regional y nacional (El Siglo, 23 de abril, 1990, p.5).

El 23 de abril se produce la marcha cívica de la potosinidad en defensa de los recursos del salar y demandando al Congreso Nacional rechace el contrato con la LITHCO.

Si el congreso no hace prevalecer el ordenamiento jurídico vigente en el país [...] se tomarán otras medidas de presión sin descartar inclusive la huelga general e indefinida por considerar que el contrato es lesivo a los intereses regionales, departamentales y nacionales (declaraciones de Gómez, en El Siglo, 23 de abril, 1990, p.5).

Así, las organizaciones potosinas decidieron continuar con las movilizaciones para la defensa de los recursos, en busca de mejores beneficios para la región y la nación boliviana.

La huelga se fue constituyendo en uno de los últimos recursos de la dirigencia potosina para frenar la aprobación del contrato. Según Salamanca, se decidió hacerla en La Paz para que el país asuma conciencia de defensa de los recursos evaporíticos del salar de Uyuni (Conversatorio, julio 2013). Como menciona Claros (2013), había que enfrentarlo políticamente con una huelga de hambre. Esta huelga contó con la participación de varias entidades locales y provinciales, como los comités cívicos de Nor Lípez, Antonio Quijarro y Daniel Campos²⁴; representantes de varias organizaciones sociales, FRUTCAS, Federación de Juntas Vecinales [FEJUVE] Potosí, Federación de Maestros, de Transportistas y comerciantes, entre otros.

La huelga se desarrolló en dos lugares y se iniciaron en días diferentes. De acuerdo, a Gómez (1990) hubo una huelga general de ocho días y otra de los dirigentes de nueve días en la ciudad de La Paz con dos piquetes. La delegación para la huelga de hambre en la ciudad de La Paz, partió el 24 de abril con 35 dirigentes cívicos y laborales. Se tenía previsto que el miércoles 25 se realizarían entrevistas y reuniones con la brigada parlamentaria potosina y de otros departamentos, con el fin de hacer conocer las observaciones al contrato, en caso de no lograr se instalaría el piquete de huelga de hambre. Ese ese mismo día, el Gobierno negoció con la brigada parlamentaria potosina oficialista los ingresos para la región.

La huelga se instaló el 26 de abril en la Casa Social del Maestro demandando al Congreso Nacional el rechazo del contrato. El jueves 26 a las 23:15 fueron desalojados por órdenes del ministro del Interior y trasladados al hotel Crillón. De acuerdo a Salamanca (2013), pese a esta situación decidieron continuar la huelga:

bajamos al lobby… y allí continuamos la huelga de hambre… Al día siguiente… pudimos convencer a la Federación de la Prensa de La Paz de que nos acoja… llevamos a Facundo y a unas tres o cuatro personas en el primer viaje. En un segundo viaje a otras y se instaló el piquete de huelga de hambre…Pero cuando volvimos a recoger a otro grupo… ya no nos dejaron salir porque el hotel estaba totalmente rodeado… ahí nos dividimos, Facundo presidía el piquete de huelga de hambre en la Federación de la prensa, yo presidía el piquete de huelga de hambre en el Hotel Ritz (Crillón).

Con la intervención policial el Gobierno dejó en claro que la presencia de los dirigentes y la huelga de hambre incomodaban la aprobación del contrato. Al conocerse en Potosí que en La Paz los dirigentes fueron reprimidos e intervenidos, el 27 de abril COMCIPO decretaba la huelga general e indefinida en todo el departamento en contra del contrato y de la represión policial contra los huelguistas (CEDOIN, 1993:8). Así se inicia la huelga en Potosí que duraría ocho días, acompañada por el paro indefinido.

El 22 de abril de 1990 se realizó un Cabildo Abierto en Uyuni que resolvió: apoyar la firma del contrato con la LITHCO (El Siglo, 30 de abril, 1990, p.4). Los representantes de este cabildo -a fines al gobierno- llegaron a La Paz para reunirse con autoridades nacionales y hacerles conocer la decisión tomada.

Los dirigentes cívicos en huelga solicitaron a las bancadas de oposición dejar el tratamiento del contrato para la próxima legislatura a iniciarse en agosto. Asimismo, las organizaciones de Potosí decidieron que ante la negativa del Gobierno de suspender la aprobación del contrato, Potosí declararía su federalismo (Conversatorio, julio 2013).²⁵ Frente a este escenario, la estrategia política oficialista fue la aprobación inmediata del contrato en instancias legislativas.

El 3 de mayo la oposición parlamentaria aceptó la modificación del orden del día, para viabilizar la consideración del contrato en la Cámara de Diputados, con el propósito de aprobarlo. El partido Movimiento Bolivia Libre (MBL), se opuso a su tratamiento, porque fue introducido en el temario de la cámara baja de contrabando…no consignaba el tratamiento del mismo (El Siglo, viernes, 4 de mayo, 1990, p.5), posición que fue apoyada por el MNR.

Muy a pesar mío, he decidido desestimar, en este caso, la vía del contrato directo e instruir a las instituciones pertinentes, que procedan a la convocatoria de una licitación internacional para la explotación de los recursos evaporíticos del Salar de Uyuni (Paz Zamora, citado por Torres, 1990).

Con estas declaraciones y por la fuerte presión potosina el 4 de mayo se anuló la invitación directa y se ordenó licitar la explotación del litio. Esta decisión gubernamental fue celebrada por la región cuyas organizaciones proclamaron a Potosí capital de la Dignidad Nacional (CEPROMIN, 1991:77; Iñiguez, 2007:114). La huelga general se levantó por decisión del Consejo Consultivo con las siguientes resoluciones:

1. Levantar la huelga general e indefinida y la huelga de hambre instalada en nuestra ciudad y en el interior del país; 2. Declarar el Día de la Potosinidad con abanderamiento de toda la ciudad el día lunes 7 de mayo, 3. Expresar la más calurosa felicitación al pueblo potosino en su conjunto, por su ejemplar y firme conducta cívica. Nuestro agradecimiento a quienes desde la prensa local y nacional se identificaron solidaria-mente con el movimiento cívico potosinista; 4. Declarar Capital de la Dignidad Nacional a la ciudad de Potosí... (El Siglo, 7 de mayo, 1990, p.4)

Para Gómez se había logrado que el presidente de la República desestimara la suscripción directa del contrato con la LITHCO (1990:2). Esta anulación de la invitación directa se fue gestando en un ciclo de movilizaciones, debates y posiciones unificadas alrededor de COMCIPO y otros Comités Cívicos de las provincias de Campos y Quijarro, como también FRUTCAS, en la única dirección de anulación del contrato y la convocatoria a licitación internacional pública.

Si bien se logró la anulación de la invitación directa, la licitación internacional también generaría nuevos debates a nivel regional, departamental y en el gobierno central, por las posiciones que se asumirían frente a la nueva propuesta extractivista del litio por parte de la LITHCO. Las cuales se darían en otro escenario, el cual se inicia con la elaboración de los Términos de Referencia (TDR) que fue encomendada a la comisión de licitación a cargo de la UATF, la cual se adjudicaría la Food Machinery Chemical Corporation [FMC LITHCO].

A partir de ello, el contrato a ser firmado tuvo que recorrer un largo camino de varios meses en donde se realizaron debates para mejorar la propuesta. La ansiada firma del contrato se realizaría en febrero de 1992, pero de acuerdo a las nuevas clausulas introducidas para tener validez tenía que producirse su aprobación en el parlamento, este daría margen a nuevas modificaciones realizadas en el poder Legislativo, la cual generaría una crónica de una negativa anunciada de parte de la FMC LITHCO que tendrá su final en enero de 1993.

Una de las primeras reflexiones es la cuestión conceptual del extractivismo, por un lado, la extracción de recursos naturales en grandes cantidades para ser exportados como materia prima; por otro lado, la presencia de instituciones económicas extractivistas. Asimismo, a nivel general se puede hablar del extractivismo minero, hidrocarburifero, evaporítico y agrario.

En lo referido a la historia del extractivismo pueden establecerse su presencia como ciclos históricos que tienen una raíz colonial, su asentamiento en el período republicano y en el siglo XX su expansión como parte del desarrollo. En tiempos más contemporáneos se tienen dos tipos de extractivismo: uno es el convencional presente en los años 80 y 90 en donde se tiene al mercado como el máximo participante en la privatización y transnacionalización; el otro es el neoextractivismo que se manifiesta en gobiernos progresistas del siglo XXI.

En el caso de los recursos evaporíticos como el litio su ciclo histórico se manifiesta en el extractivismo convencional, en donde se tiene un escenario de apertura hacia el mercado con proyectos extractivistas de recursos naturales, como el litio del Salar de Uyuni. Para ello se ha ofrecido una descripción detallada de contexto y coyuntura como lo sucedido con las bases legales para su explotación (1982-1984), el contrato por invitación directa (1988-1989) y la licitación pública (1990-1993), son momentos que evidencian las intenciones de explotación y extracción del litio por parte de la empresa transnacional LITHCO para su exportación como materia prima.

En cuanto a la participación ciudadana en las instancias de decisión y que inciden en el deba-te público, el movimiento cívico de Potosí es una muestra de la acción ciudadana de defensa de los recursos evaporíticos como el litio frente al proyecto extractivista estatal. Su principal característica es haber generado una unidad regional del departamento de Potosí por medio de mecanismos de participación, de adhesión y filiación colectiva, como COMCIPO y los Comités Cívicos Provinciales.

También se ha evidenciado las estrategias empleadas para generar debate público, que fue mediante su cuestionamiento al proyecto extractivista estatal. Por un lado, los beneficios para la región potosina y el Estado, la denuncia del incumplimiento de las leyes, por ejemplo, la falta de participación de la entidades del directorio de CIRESU y de los actores sociales de las regiones en la elaboración del contrato, la omisión de la Ley Nº 719 que asignaba a CIRESU la tuición para llamar a licitación pública internacional. Por otro lado, a través de la acción social como movilizaciones, paros y huelgas.

Estas acciones y medidas empleadas lograron la anulación de la invitación directa a la empresa transnacional LITHCO y se realice una licitación internacional, en donde las instituciones y organizaciones sociales potosinas cobraron protagonismo en la elaboración de los TDR’s de licitación internacional. La movilización del pueblo potosino de defensa de los recursos evaporiticos como el litio, permite que hoy se desarrolle un proyecto estatal. Como lo manifestaron en 1990 o se explotan estos recursos para lograr el bienestar de sus pobladores, o si no es así se los deja como están, hasta que los bolivianos seamos capaces de lograr este objetivo (citado por Gómez, 1990:2).

Para finalizar se debe mencionar que la perspectiva histórica contribuye a comprender los sucesos anteriores y recientes del extractivismo y cómo se va ampliando de la extracción de recursos naturales como la minería, hidrocarburos y evaporíticos hasta el agroextractivismo; y como se siguen con instituciones económicas extractivistas, como lo sucedido con el contexto boliviano.