La resistencia antiminera en Loncopué (Neuquén) Una lectura desde las teorías de los movimientos sociales

Anti-mining resistance in Loncopué (Neuquén) An interpretation from the theories of social movements

La patagónica provincia de Neuquén fue alcanzada por los planes de poblamiento nacional a fines del siglo XIX, producto de la incorporación territorial posterior a la Campaña del Desierto -la “gesta” bélica que resultó en el exterminio y/o desplazamiento de las poblaciones indígenas originarias de la región (Delrio 2005; Curruhuinca y Roux, 1993)- y la construcción de fuertes y destacamentos militares fue la forma en que se plasmó la ocupación real del territorio por parte del Estado. Loncopué, ciudad cabecera del departamento homónimo, está ubicada al Noroeste de la provincia de Neuquén, en la margen noroccidental del río Agrio, a casi 900 msnm. Su nombre proviene del idioma mapuzungum, propio de las poblaciones mapuche del lugar, y significa cabecera, lugar principal o lugar de los caciques. Fundada formalmente en 1915¹, en la actualidad el ejido urbano posee aproximadamente 5000 habitantes, el 70% de los 7000 que pueblan el departamento loncopuense (INDEC, 2012).

Las principales actividades económicas de la zona están circunscriptas al comercio minorista, el empleo público y el turismo (en los cercanos poblados de Caviahue y Copahue²), siendo este último el que mayor consenso y proyección parecen tener. En el ámbito rural se desarrolla la ganadería destinada al consumo local, fundamentalmente ganado caprino y ovino, en un sistema de trashumancia llevado a cabo por pequeños productores, comúnmente llamados crianceros -tanto mapuche como criollos- (Bendini et al., 2005). , junto con la presencia de establecimientos ganaderos de mediana y gran envergadura. Por su parte la agricultura tiene escaso desarrollo, aunque se mantienen algunas plantaciones hortícolas para el consumo familiar y/o un incipiente intercambio local. Un dato relevante es el antecedente en la zona de actividades mineras, de tipo artesanal, que se desarrollaron a lo largo del siglo XX. Este hecho se puede vincular con la circunstancia de que la minería siga resonando en el imaginario local como una actividad “natural” y propia del lugar.

A partir de los años 60 del pasado siglo el departamento de Loncopué fue incluido en el mapa minero provincial por su enorme potencial para la explotación de minerales metalíferos (fundamentalmente de cobre y oro), pero no fue sino hasta medidos de la primera década de los 2000 que se dio un fuerte impulso a la actividad, con la aparición de empresas mineras extranjeras en el escenario local (Mombello, 2011). Con el surgimiento de los planes extractivistas, la población local entró en alerta, dados los antecedentes a nivel regional (la resistencia a la mega-minería en la relativamente cercana ciudad de Esquel) y nacional (con la organización de asambleas de vecinos autoconvocados en contra de la minería a cielo abierto en gran parte de las provincias cordilleranas del país (las localidades de Famatina–Chilecito en La Rioja; Andalgalá y Tinogasta en Catamarca; San Carlos en Mendoza; Jáchal en San Juan, son ejemplos de esto), que tienen lugar unos años antes. El proceso de resistencia y los pormenores de esta lucha son lo que me propongo analizar a continuación, tomando como antecedes los aportes de Mombello (2011), Picasso y Milán (2011) y Wagner (2017).³

El actual patrón de desarrollo a nivel mundial para los países considerados emergentes se enmarca en la lógica de lo que se conoce como modelo de desarrollo extractivo (Gudynas, 2009; Leff, 2005; Svampa y Viale, 2014; Giarracca y Teubal, 2013; entre otros). El extractivismo se caracteriza por la profundización de una lógica de desposesión territorial y de recursos natura-les (bienes comunes) que implica un aumento de la dependencia económica de los países implicados, al tiempo que afecta gravemente a poblaciones históricamente desposeídas y postergadas -campesinos, indígenas, pobladores de zonas marginales a las economías nacionales, entre otros-. Este proceso es caracterizado por Svampa (2012) como la etapa del Consenso de los Commodities, un momento posterior al decenio del Consenso de Washington, donde se da paso al crecimiento económico basado en la exportación de bienes primarios sin valor agregado. Siguiendo esta definición, el extractivismo no sólo representa a las actividades económicas comúnmente consideradas de este modo -hidrocarburos o minería- sino también al agronegocio y los biocombustibles, entre otras. No se trata exclusivamente de la obtención de un producto primario, sino también de la forma en que este se obtiene -con tecnología de punta, escasos controles estatales y fuertes cuestionamientos provenientes de las poblaciones afectadas y organizaciones ambientalistas- y la escala que representa la actividad, entre otros elementos.

El auge de la minería a cielo abierto⁴ se enmarca en este proceso mundial, y afecta en forma particular a los países latinoamericanos que comparten la gran extensión de la Cordillera de los Andes, aunque la lógica alcanza también a otros territorios (Machado Aráoz, 2011). En el caso argentino el proceso se inaugura en 1997 con la primera explotación minera a cielo abierto, la emblemática mina Bajo La Alumbrera, en Catamarca. Este emprendimiento, cuyas derivaciones afectan a cuatro provincias⁵, se considera un caso “ejemplar”, ya que moviliza cantidades cuantiosas de agua, energía y químicos⁶ (Machado Aráoz, 2009). Pero además de generar este con-sumo de gran envergadura para la región, continuamente se suceden rupturas y derrames tóxicos que afectan a las poblaciones circundantes y entorno natural, muchas veces con consecuencias que tardan en evidenciarse⁷.

Como contracara del avance de los proyectos extractivistas, en todo el país las poblaciones afectadas se organizan para llevar adelante una desigual resistencia. Esto se encarna en la multiplicación de organizaciones sociales de base que luchan contra las consecuencias de este modelo, cuestionando sus mismos principios, al tiempo que proponen formas “otras” de concebir la relación naturaleza-sociedad. Desde la dimensión de los actores sociales que resisten la implementación del modelo de desarrollo extractivo debe destacarse la presencia creciente de los movimientos sociales y las diversas formas de acción colectiva que proponen (Svampa y Antonelli, 2009; Machado Aráoz, 2009; GER-GEMSAL, 2010, entre otros).

En la Argentina, las primeras manifestaciones populares masivas contra la instalación de empresas mineras tuvieron lugar en la ya mencionada ciudad de Esquel, provincia patagónica de Chubut, a mediados de 2002 (Weinstock, 2006). Allí se constituyó la primera Asamblea de Vecinos Autoconvocados (AVA), una forma de organización popular que se gestó a la luz de las experiencias asamblearias barriales de 2001-2002 en Argentina, en el contexto de la crisis económica que azotó al país⁸. La Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el “No a la Mina”, tal su nombre, representó un hito para la lucha ambientalista en el país, cuyo efecto multiplicador puede rastrearse en muchas de las posteriores organizaciones asamblearias, como es el caso de Famatina y Chilecito (Hadad y Palmisano, 2014 y 2017). La asamblea de Esquel logró frenar un proyecto de explotación aurífera encabezado por la empresa canadiense Meridian Gold sobre el Cordón Esquel -a sólo 5 kilómetros de la ciudad- a partir de un proceso de difusión y movilización que culminó en una consulta popular con masiva participación⁹, constituyéndose en un antecedente insoslayable en la resistencia antiminera (Weinstock, 2006; Svampa et al. 2009).

Paralelamente surgen por aquellos años los primeros intentos de articulación con otras organizaciones ambientalistas de corte popular. En ese sentido, la creación de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) como instancia de intercambio, organización, debate y coordinación de la lucha fue determinante. Establecida en julio de 2006, y funcionando con encuentros periódicos -entre dos y tres por año- en distintos lugares del país, la UAC posibilitó la puesta en común de situaciones y problemáticas similares, generando un espacio de solidaridad y encuentro en un clima fraterno, que las organizaciones valoran positivamente¹⁰. El sentimiento de soledad y aislamiento social pesaba fuertemente entre quienes se comprometían en esta “cruzada”, haciendo de estas escasas posibilidades de diálogo entre pares preocupados por los mismos problemas, un momento privilegiado. Más de un centenar de asambleas y organizaciones que resisten a la materialización de la lógica extractivista en sus territorios participaron y participan de estas reuniones, que ya va por su encuentro número 28¹¹. La asamblea de Loncopué fue una de ellas.

Precisando las características de la organización social en Loncopué, podemos decir que “la asamblea” no es en sí “una” asamblea, ya que está formada por la articulación de dos asambleas de la zona -la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué (AVAL) y la Asamblea de Vecinos Auto-convocados de Campana Mahuida (AVACAM); y otros dos actores colectivos: la Comunidad Mapuche Mellao Morales y la Asociación de Fomento Rural (AFR) “Huecú-Có”. A partir de los testimonios recabados por medio de las entrevistas se puede inferir que muchas veces se habla indistintamente de la asamblea refiriéndose a la AVAL, mientras que otras veces la referencia es a la articulación de todos los actores colectivos mencionados.

El relato de los hechos de los sujetos involucrados coincide en ubicar el 2007 como el año en que comienzan a escucharse rumores acerca de una posible explotación minera en la zona de Loncopué. Las primeras evidencias fueron las explosiones que se escuchaban en el área señalada, la presencia inexplicable de grandes camiones que transportaban diversos materiales, de modernas camionetas con personajes foráneos en la zona, y hasta la aparición de luces sobre los cerros por las noches. Esta situación alertó y generó inquietudes en algunas personas del pueblo, entre ellos el cura párroco del lugar. El Padre José María D’Orfeo, titular de la parroquia Nuestra Señora del Pilar desde hace décadas, junto con otra pobladora del lugar, Viviana Vaca, coordinadora regional de ENDEPA¹² y maestra de escuela especial, fueron quienes en un principio canalizaron estas alarmas y comenzaron a indagar en la zona. El resultado de las averiguaciones fue la constatación de las sospechas: una empresa minera extranjera -la canadiense Golden Peaks-avalada por el ente minero provincial CORMINE (Corporación Minera de Neuquén) se encontraba realizando trabajos de exploración en una mina de oro ubicada en una estancia privada, a escasos kilómetros del pueblo. Este primer intento de ex-plotar la minería en la región -llamado Lonko Proyect- fue suspendido ante la interposición de un recurso de amparo que evidenciaba las irregularidades del mismo: la ausencia de un informe de impacto ambiental y la no realización de una audiencia pública, obligatoria según las leyes que regulan el sector. En diciembre de 2007 la empresa canadiense se retiraba del lugar, pero el pueblo quedaba alertado.

Un año después, nuevas noticias sobre un proyecto de explotación minera, ahora en el Cerro Tres Puntas, y en este caso de explotación de cobre, llegan al lugar. Nuevamente el pueblo se pone en alerta y se moviliza, comenzando a conformarse una resistencia organizada. A partir de los testimonios de los entrevistados se señala el surgimiento de la asamblea como un hecho tan espontáneo como inesperado. Un posible momento fundante fue el discurso del P. José María en el aniversario del pueblo, allá por octubre de 2008. Allí, frente al gobernador y los funcionarios locales y provinciales, el cura expresó su preocupación por los planes que se estaban disponiendo, conminando a las autoridades a informar a la población y expedirse al respecto. El resultado de la exhortación fue el comienzo de la organización: ante la actitud evasiva de las autoridades, luego de este acto, algunos vecinos comenzaron a acercarse a la parroquia -donde funcionó la asamblea desde los inicios- movilizados por las inquietudes que se escucharon ese día en la plaza central del pueblo. Entre los asistentes se encontraba un abogado con trayectoria propia en el tema, Christian Hendrickse, quien había tenido un rol protagónico en la lucha antiminera de Esquel, y que ahora, instalado el Loncopué desde hacía un año, se avenía a colaborar en el desarrollo de esta disputa. Comenzaba la resistencia.

Luego de que la minera canadiense se retirase del lugar, la que desembarca es una empresa de origen chino, Metallurgic Construction Corporation (MCC), que en este proyecto participa bajo el nombre de Emprendimientos MinerosSA. De mayor magnitud y experiencia, esta empresa opera con una lógica de acción más agresiva, es decir, con menor sensibilidad a las resistencias sociales que se generan en los territorios y con mayor avidez de recursos para exportar a su país, como bien señala Wagner (2017). Las noticias de la presencia de “los chinos”, como los llaman los locales, llegan con la constatación del rol que los funcionarios vernáculos iban a asumir. Un empleado municipal, también dueño de la Radio Arco Iris, los encuentra en la sede municipal, instalados en las oficinas del intendente y dando órdenes a los empleados. La gente del pueblo pide explicaciones y como respuesta, la municipalidad organiza un encuentro con los expertos mineros para responder a sus consultas. De esta y otras reuniones “informativas” van apareciendo las certezas de que las cosas no eran como las in-tentaban explicar los funcionarios y técnicos. Mucha gente comienza a acercarse a la asamblea para informarse e intentar organizarse.

La conformación social de la asamblea es va-riada y no responde a filiaciones políticas, partidarias, religiosas o de otro tipo. Por el contrario, y respondiendo a la lógica que suelen presentar este tipo de organizaciones, la forma asamblearia que adopta la lucha antiminera en el país se caracteriza por intentar que sus participantes se sustraigan de otras identificaciones previas, aunando voluntades en lugar de dividir la lucha (Hadad et al., 2012). Las primeras acciones legales consensuadas fueron guiadas por la voz experta del abogado Hendrickse, a la que se sumó la de la abogada de ENDEPA, Elena Picasso. Ambos fueron conduciendo la estrategia legal, que en el caso de Loncopué, fue de una incidencia fundamental.

Como mencioné anteriormente, la AVAL no era la única organización comprometida con la lucha. Al poco tiempo de crearse la primera, y a partir de la difusión que fue tomando el conflicto, se crea la AVACAM y se suman la comunidad Mellao Morales y la AFR Huecú-Có. En el caso de la AVACAM esta reúne a los pobladores del paraje Campana Mahuida, un caserío distante 15 kilómetros de Loncopué y al pie del cerro señalado por el proyecto minero. Allí mismo, rodeando la montaña, reside la comunidad ma-puche Mellao Morales y tiene sus campos de invernada¹³. Los criadores ganaderos nucleados en la AFR Huecú-Có también se encuentran ubicados allí, en los parajes Cajón de Almaza, Huarenchenque y Cajón del Manzano. Cuando se indaga a los protagonistas por la participación en las reuniones asamblearias, todos señalan a estos actores como su núcleo básico de actuación.

La primera acción judicial llevada a cabo por la asamblea tiene a la comunidad mapuche como epicentro, ya que la medida cautelar¹⁴ que se presenta se sustenta en el derecho indígena. La misma señala que el proyecto Campana Mahuida está viciado de nulidad por violar la normativa que exige la realización de una consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas cuyos territorios estén implicados en cualquier proyecto productivo, de infraestructura o extractivo, llevada a cabo tanto por privados como a través del Estado (Picasso y Milán, 2011). La fundamentación tiene sus raíces en la reforma constitucional que se llevó a cabo en 1994, donde se determina la preexistencia étnica los pueblos indígenas, con todas las implicancias que eso conlleva, entre ellas, el reconocimiento de sus derechos territoriales; y en el texto del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que la Argentina ratifica en 2000. En este caso es relevante el hecho de que los territorios indígenas tienen el carácter de inenajenables, intransmisibles e inembargables, lo cual determina que posean una protección especial de rango superior a las leyes.

Las presentaciones judiciales apuntaron también a invalidar el contrato por incumplimiento de normativas aplicables a proyectos mineros: la obligatoriedad de presentar un informe de impacto ambiental, de adjudicar la explotación minera por medio de una licitación y de realizar una audiencia pública informando a las poblaciones acerca de la misma. Todos estos aspectos desencadenaron una rápida respuesta del gobierno, que se lanzó a cumplimentar -de forma torpe y descuidada- los requisitos mencionados. El llamado a audiencia pública se fijó para enero de 2009, siendo suspendido por la interposición de medidas cautelares a las que el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén dio lugar. Otra audiencia fue fijada para mediados de año y nuevamente suspendida, hasta la que finalmente parecía ser “la vencida”, programada para el 30 de septiembre de 2009.

A partir de allí la movilización cobró nuevos bríos, marcando el punto más alto de la participación popular de resistencia y promoviendo todo tipo de acciones para evitar el avance minero. Las medidas fueron desde la difusión de las implicancias de la minería cielo abierto -muchas veces desmontando las ideas acerca de la minería que se tenía en el lugar, signada por la modalidad tradicional y artesanal de los pirquineros- hasta la organización de marchas, volanteadas y cortes de ruta. Cuenta la asambleísta Viviana Vaca que cuando ya preveían que la audiencia pública se realizaría, y ante la cercanía de la fecha señalada, decidieron que una semana antes saldrían a las calles y volverían a manifestarse. Los cortes de ruta se llevaron a cabo desde el 22 de septiembre en el acceso principal al pueblo -sobre el puente de la Ruta 21- y en el paraje Huarenchenque, sobre la Ruta 10, un camino de ripio donde la comunidad mapuche hacía lo propio. El corte del paso tenía la peculiaridad de ser informativo, dando folletos y explicaciones a cada vehículo que se acercaba, para luego dejarlos pasar, excepción hecha a los funcionarios de gobierno y empleados de la minera, que eran demorados unas horas a la vera del camino.

Ante la inminencia de la audiencia pública, la asamblea se decide a intentar impedirla, sitiando el gimnasio municipal donde se llevaría a partir del día 29. Mas esta acción no fue necesaria, ya que a horas de iniciar el sitio, algunos integrantes de la asamblea -que se habían trasladado ex profeso a Neuquén para seguir de cerca la cuestión judicial- les comunican al resto de los pobladores que esperaban en el pueblo, que el Tribunal Superior de Justicia había dado lugar a la medida de no innovar en el caso de la causa iniciada por la comunidad Mellao Morales contra Emprendimientos Mineros SA, enviando el caso nuevamente al Tribunal de Primera Instancia. Esto implicaba que quedaba suspendida cualquier acción sobre el territorio hasta tanto no se resolviera la legalidad del contrato minero. Ese día el pueblo festejó, aunque con el tiempo la medida fue apelada por el estado provincial y recién en 2011 el Tribunal volvió a fallar a favor de la comunidad mapuche, alegando la necesidad de respetar el derecho indígena.

El triunfo de la voluntad mayoritaria del pueblo de Loncopué no supuso el fin de la organización popular. Corría el año 2011 cuando algunos integrantes de la asamblea se proponen intentar una acción superadora. Ahora aspirarían a lograr la sanción de una ordenanza por iniciativa popular que prohibiera la minería contaminante en el ejido municipal, un área de aproximadamente 8.000 hectáreas. Para ello fue presentado un anteproyecto, que avalado por más del 15% de firmas necesarias -se llegó a alrededor del 24% del padrón electoral- debía ser tratado por el Consejo Deliberante. Este último, desconociendo quizás las implicancias de votar en su contra, o bien subestimándolas, rechaza por seis votos contra uno la sanción de la nueva reglamentación. Así se pasó automáticamente a la obligación de llamar a un referéndum de carácter vinculante para que dirima la cuestión.

De este modo, luego de la contienda electoral de octubre del mismo año, las nuevas autoridades electas se ven en el compromiso de convocar a la consulta, habida cuenta de sus promesas pre-electorales. La celebración de esta instancia plebiscitaria fue desde un principio fuertemente resistida por las autoridades provinciales, quienes acuden a la justicia en varias oportunidades intentando declarar la ilegitimidad de la misma. La semana previa a la fecha señalada para la realización de la misma, el Superior Tribunal de la provincia falla dos veces en contra de CORMINE y a favor de la realización del referéndum, permitiendo que el 3 de junio de 2012 se lleve a cabo, finalmente, la consulta popular¹⁵.

El resultado fue inapelable. Según datos de la AVAL, el 84,5% del padrón habilitado para votar -unas 3600 personas- se pronunció a favor del sí a la ordenanza antiminera¹⁶. Y fue el corolario de un largo proceso de movilización, donde Loncopué pudo expresar su convicción de no dar licencia social a la actividad minera en este territorio. El valor de la ordenanza, señala Viviana Vaca, es ante todo de un fuerte carácter simbólico. De hecho, el propio Cerro Tres Puntas queda fuera de la circunscripción de la misma, y aunque este se encuentra de algún modo protegido por estar en territorio indígena, el alcance de la declamación popular figurativamente lo implica e incluye. Loncopué hizo historia ese día, aunque la lucha no termina.

Desde mi primer acercamiento al caso, uno de mis principales intereses radicó en poner el acento en la forma organizativa que lleva a cabo el proceso de resistencia, dadas sus peculiaridades y riquezas. La AVAL conjuntamente con la AVACAM, la comunidad Mellao Morales y la AFR “Huecú-Có” son las protagonistas de una acción colectiva que trasciende su ámbito local de influencia y se irradia a los confines del país. Algunas de sus características son las que propongo profundizar aquí, particularmente desde el abordaje que posibilitan las teorías de los movimientos sociales.

Las teorías de la acción colectiva y los movimientos sociales tienen escritas miles de páginas haciendo una tarea ardua el aprehender sus fundamentos y las diferentes perspectivas existentes. Un rápido y no exhaustivo recorrido por las principales corrientes de pensamiento nos ubica en un escenario comprendido por teorizaciones que van desde el predominio del abordaje estructural hasta aquellos que ponen el acento en la subjetividad colectiva para explicar la acción política de las organizaciones. En diversos puntos intermedios existen numerosos enfoques que intentan tomar lo mejor de cada perspectiva en una -no siempre exitosa- propuesta superadora.

Siguiendo a Ibarra y Tejerina (1998); Laraña y Gusfield (1994); y McAdam, McCarthy y Zald (1999), quienes proponen una serie de compilaciones ya clásicas acerca de estos temas, el primer enfoque de relevancia y con carácter de corpus conceptual, es el de la teoría de la movilización de recursos, que utiliza el concepto de recursos para la movilización como eje central del análisis, y tiene como principales exponentes a Zald, McCarthy y Jenkins¹⁷. En segundo lugar se encuentra el enfoque denominado comúnmente del proceso político, que es desarrollado fundamentalmente por Tilly, McAdam, Tarrow, Kriesi y Della Porta, y representa la aparición del Estado en el horizonte explicativo de los movimientos socia-les. Este enfoque es el basamento de un concepto ampliamente difundido que se conoce con el nombre de estructura de oportunidades políticas (EOP). En tercer término aparece la perspectiva que se engloba bajo el nombre de escuela de los Nuevos Movimientos Sociales (NMS) y se ha desarrollado fundamentalmente en Europa, a través de las teorizaciones de Melucci, Touraine, Habermas, Offe e Inglehart, entre otros. En ella se prioriza la noción de identidad colectiva y se apunta a dilucidar el porqué del surgimiento de un movimiento social y las variables explicativas internas del movimiento, que se ubicarían en la construcción identitaria. Por último el enfoque conocido como frame analysis, también llamado del proceso de enmarcado, que se origina en la tradición norteamericana contemporáneamente a la escuela de los NMS y se centra en los aspectos culturales e ideológicos de los movimientos, siendo algunos de sus exponentes: Gansom, Fireman, Snow, Rochford, entre otros. Ante este escenario general, tomaré algunos elementos de las mismas para proponer una interpretación de la acción organizativa en Loncopué.

Una primera caracterización de la acción llevada a cabo por la articulación de asambleas y otros actores colectivos que se constituyó en antagonista al proyecto minero me permite ubicarla en lo que Melucci (1994) conceptualiza como acción colectiva. La misma se considera

el resultado de intenciones, recursos y límites, una orientación intencional construida mediante relaciones sociales desarrolladas en un sistema de oportunidades y obligaciones. No puede, por tanto, considerarse exclusivamente como el efecto de las precondiciones estructurales o como la expresión de valores y creencias. Los individuos [...] definen en términos cognoscitivos el campo de posibilidades y límites que perciben, mientras que, al mismo tiempo, activan sus relaciones como forma de dotar de sentido a su “estar juntos” y a los objetivos que persiguen. (p. 157)

Desde esta perspectiva se pretende problematizar un aspecto de la acción social que en los enfoques estructuralistas se da por sentado, esto es, la existencia de un sujeto colectivo relativamente unificado que decodifica, interpreta, decide y actúa de acuerdo a sus intereses colectivos. Así, la constitución del propio sujeto colectivo es un elemento a explicar, partiendo del supuesto de que las condiciones estructurales que rodean la acción pueden generar un ámbito propicio para la misma, pero ni cada vez que hay un ámbito favorable se genera una acción colectiva, ni todas las acciones colectivas se dan en ámbitos propicios. El caso de Loncopué sería un ejemplo de esto último, ya que a simple vista no se encuentran elementos contextuales -políticos, sociales, culturales y/o económicos- que puedan propiciar acciones de este tipo. Por el contrario, toda la saga de acciones intimidatorias que llevan a cabo la empresa minera estatal (CORMINE), los funcionarios del municipio y demás autoridades provinciales a lo largo del proceso muestran que el escenario en el que la acción colectiva se lleva a cabo tiende a desincentivarla. En los términos de Tarrow (1997), no se estaría ante un momento de oportunidad política para llevar a cabo acciones de este tipo.

Sin embargo, desde la perspectiva melucciana, es a partir del posicionamiento identitario que se van definiendo los alcances del movimiento, sus objetivos y estrategias de lucha, y que en este caso, se decide actuar, más allá de las adversidades. La lectura que hace la asamblea de Loncopué acerca de sus expectativas de logro proviene de su forma particular de interpretar el contexto en el que se inserta. Y esta visión particular se nutre de los elementos que constituyen la identidad colectiva. Melucci (1994) lo define de la siguiente manera:

La identidad colectiva es una definición interactiva y compartida, producida por varios individuos y que concierne a las orientaciones de acción y al ámbito de oportunidades y restricciones en el que tiene lugar la acción: por “interactiva y compartida” entiendo una definición que debe concebirse como un proceso, porque se construye y negocia a través de la activación repetida de las relaciones que unen a los individuos. (p. 172)

A partir de la puesta en común de las individualidades -conflictiva o pacíficamente- se va acordando el carácter del movimiento y se van negociando y discutiendo las distintas posturas que luego permitirán alcanzar el consenso necesario para la acción.

Tomando como punto de partida este modelo conceptual según el cual se define la acción colectiva de Loncopué como parte de un movimiento social, podemos ir desgranado algunas características de la organización social antiminera que allí se conformó. En primer término menciono lo que la teorización del enfoque del proceso de enmarcado denomina marcos de interpretación, que son orientaciones mentales que organizan la percepción y la interpretación (Rivas, 1998: 181), las cuales están presentes en los procesos de enmarcado que los movimientos sociales realizan como forma de aprehender los elementos que componen el escenario que los rodea y sus posibilidades de acción y organización. Desde esta perspectiva los movimientos sociales serían los encargados de generar los marcos interpretativos, ya que asignan significado, e interpretan los acontecimientos y situaciones sociales relevantes con la finalidad de movilizar a sus militantes y simpatizantes, ganar el apoyo del público y desmovilizar a sus antagonistas (Rivas, 1998: 194).

El marco interpretativo que llevó a la población loncopuense a oponerse casi desde un inicio a la actividad minera tuvo, a mi entender, una fuerte inspiración en las acciones de resistencia llevadas a cabo en la cercana ciudad de Esquel. Probablemente por ser un caso ulterior a los más resonantes del país -el mismo Esquel, junto con los de Famatina, Andalgalá y Tinogasta, para la minería, pero también al caso de Gualeguaychú (Entre Ríos) como una de las primeras manifestaciones asamblearias ambientalistas del país¹⁸- rápidamente se valió de la trayectoria de estos para tener claridad ante el panorama que se avecinaba. Como señalan varios de los entrevistados, cuando comienza a hablarse de minería a cielo abierto como una posibilidad de actividad económica para la zona, la mayoría ya había oído hablar de esta problemática y tenían nociones bastante precisas sobre lo que implicaba. Para ese entonces, allá por 2007/2008, ya habían comenzado a resonar otros casos y otras luchas de latitudes cercanas. Los testimonios refieren a un conocimiento muy elemental de las implicancias de la minería a gran escala, pero también a una inequívoca percepción de que se trataba de algo nocivo para la población.

Retomando el argumento, la noción de marcos prioriza la dimensión simbólico-discursiva de los movimientos sociales para la comprensión de la acción colectiva, lo cual está presente aquí, donde el discurso antiminero y algunas de sus principales consignas -el agua vale más que el oro; no pasarán; no a la mina- se presentan tempranamente y gana adhesiones locales, que inmediatamente resuenan a nivel regional y nacional.

En muchos de los conflictos socioambientales estudiados encontramos que una parte de la población, generalmente minoritaria, apoya las iniciativas de producción minera, movidos principalmente por las posibilidades de mayores y mejores fuentes de trabajo, progresos materiales o el deseo de no quedar excluidos de las promesas del desarrollo, en territorios que presentan situaciones de marginalidad estructurales y carencias de todo tipo. En el caso de Loncopué fue notoria la circunstancia que se dio en la comunidad mapuche Mellao Morales, donde algunos pobladores encabezados por la Inal Lonko (segunda lonko) de la comunidad, allá por 2008, se mostraban dispuestos a considerar positivamente la propuesta de la empresa minera. Más allá de sus razones, este hecho no es aislado. Precisamente en torno a estas problemáticas se ponen en juego las múltiples estrategias empresariales y estatales para construir consensos, valiéndose de todo tipo de recursos y propuestas espurias y de las dificultades de los pobladores para acceder a la información, que justamente les impide recurrir a marcos de interpretación previamente constituidos que clarifiquen el escenario. La conformación de la praxis y el discurso de los movimientos sociales apunta precisamente a la construcción y afianzamiento de estos marcos de inteligibilidad, proceso que genera una creciente identificación de los sujetos que lo componen.

Justamente en referencia a la identificación del movimiento cabe detenerse en las nociones de identidad colectiva que subyacen al análisis, y a su contenido en el caso que me ocupa. Volviendo a Melucci, la identidad colectiva se conforma en el entrelazamiento de tres dimensiones: en primer lugar, tiene lugar un proceso de construcción cognoscitiva de los fines, medios y ámbitos de la acción; en segundo lugar, se lleva a cabo a partir de la relación entre actores que se comunican, interactúan, negocian y deciden en torno a la acción colectiva; y por último, representa una inversión emocional para los individuos, que les permite reconocerse como grupo (Melucci, 1994; Tejerina, 1998). El modelo teórico propuesto por el autor afirma que los individuos necesitan de la instancia colectiva de definición de medios y fines, de posibilidades y obstáculos, de “amigos y enemigos”, para dar el salto a la acción. Y esto implica, necesariamente, un inversión emocional que explicaría su fortaleza y la persistencia de la acción colectiva en el tiempo, muchas veces aún después de alcanzados los primitivos objetivos que se plantearon, como se dio en el caso de Loncopué. Recapitulando,

la identidad colectiva es [...] un proceso, a través del cual los actores producen las estructuras cognoscitivas comunes que les permiten valorar el ambiente y calcular los costes y beneficios de la acción; las definiciones que formulan son, por un lado, el resultado de las interacciones negociadas y de las relaciones de influencia y, por el otro, el fruto del reconocimiento emocional. [...] En este sentido, la acción colectiva nunca se basa exclusivamente en el cálculo de costes y beneficios y una identidad colectiva nunca es enteramente negociable. (1994: 173).

La indagación en las entrevistas acerca de la identidad colectiva de la asamblea de Loncopué dio como resultado la referencia constante a una suerte de identidad nacional, en contra de la figura extranjera con que identificaban a la empresa minera, “los chinos”. Uno de los principales elementos de la identidad como mecanismo constructor de subjetividad es la de responder a la diferenciación con un “otro”, presentado de este modo a los fines de la autoafirmación. Como señala Hall (2003),

las identidades se construyen a través de la diferencia, no al margen de ella. [...] Sólo puede construirse a través de la relación con el Otro, la relación con lo que él no es, con lo que justamente le falta [...] las identidades pueden funcionar como puntos de identificación y adhesión sólo debido a su capacidad de excluir, de omitir, de dejar “afuera”. (pp. 18-19)

Esta caracterización podría responder, al decir de Mombello (2011), a la imagen de la extranjerización de las tierras y los recursos, que es muy recurrente en la región patagónica, donde en los años 90 se suceden múltiples y resonantes casos¹⁹. Por otro lado, también responderían a las recientes experiencias de privatización de empresas -el caso de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), productora estatal de gas y petróleo que pasó a capitales españoles, fue paradigmático en la provincia de Neuquén²⁰- que identificó la extranjería con la pérdida de empleos y pauperización de la población. Estos elementos se traducen en la certeza de que nada bueno puede venir de una empresa que por ser foránea no cuidará de los intereses de los pobladores locales. Con distinto grado de énfasis, muchos pobladores se identificaron con la retórica nacionalista como argumento relevante en la oposición a la minería.

Naturalmente no es la única trama discursiva presente: la defensa de la naturaleza y las formas de vida vernáculas asociadas a la misma, también están presentes. Dada las características geográficas de la región, el agua es un bien preciado y valorado como dador de vida, por lo que su uso desmedido -claramente adjudicado a la actividad minera en gran escala- fue otro elemento aglutinador de discursos y sentidos. Esto estuvo aún más presente en los entrevistados que provenían de la zona rural, cercanos al cerro en cuestión, quienes tienen un vínculo más directo con el territorio. Allí los bienes naturales se vivencian como un poder omnipresente, incluyendo al no tan lejano volcán Copahue²¹, activo y humeante, que les recuerda el carácter indómito de ese poder.

Siguiendo con el análisis de los elementos relevantes de la organización asamblearia, quisiera destacar otros dos aspectos, ambos analizados desde la teoría de la movilización de recursos. El primero de ellos se refiere al marcado liderazgo de algunos integrantes de asamblea, que se constituyeron en referentes ineludibles del proceso de lucha. Este es un hecho llamativo sobre todo si se lo compara con otras asambleas, dado que en la mayoría de estas la horizontalidad de los vínculos y la ausencia de instancias de representatividad que se establecen al interior, se muestran como características salientes (Hadad et al., 2012). En este caso el liderazgo responde a los vínculos previamente construidos con el entramado social en el que están insertos. Como señala Mombello (2011), el hecho de que, por ejemplo, los comunicados de la asamblea estén firmados con nombre y apellido por un representante de la misma es un acto diferenciador, justamente porque en otros espacios se evita escrupulosamente que esto suceda, en pos de cuidar la forma asamblearia, que tiene por definición un carácter altamente consensual. Indudablemente esta característica ha influido en la estrategia seguida, en tanto posiblemente haya posibilitado una mayor homogeneidad en las decisiones tomadas y un alto grado de coherencia en cada medida adoptada. Es destacable que el liderazgo se establece como consecuencia de un prestigio previamente ganado y de la existencia de un fuerte vínculo de confianza con la población loncopuense y de los parajes aledaños movilizados durante el conflicto. Ya lo señalaba una de las referentes, Viviana Vaca: la gente nos conoce, sabe que no íbamos a buscar nada a cambio, íbamos a contarles lo que estaba pasando, porque los conocemos, ellos nos conocen, eso fue muy importante. Este liderazgo no parece ser disputado por otros actores, por el contrario, todos los entrevistados coinciden en valorar positivamente el mismo, al tiempo que hay quienes sostienen que de otra forma la lucha no hubiera sido posible.

El segundo elemento a destacar se refiere a la presencia de abogados locales -o que trabajaban con poblaciones de la zona- especializados en derecho indígena y derecho ambiental. Por la celeridad con que actuaron y la constancia que mantuvieron a lo largo del tiempo, sumado al hecho de poseer un conocimiento específico determinante en este caso, podría decirse que fueron un elemento facilitador de la acción colectiva. A lo largo del proceso la acción judicial se mantuvo en paralelo a la acción directa, ambas se articularon en pos del objetivo, y fueron priorizadas alternativamente de acuerdo a la coyuntura en que se encontraba la asamblea. Aunque como señaló el Padre D’Orfeo, siempre fueron conscientes de que lo legal sirve, pero si no tenés la movilización, no pasa nada.

Estas dos características presentes en la organización de la acción colectiva de Loncopué -el liderazgo y la presencia de actores que cuentan con un capital técnico específico y acorde a las necesidades (como son los abogados especia-listas)- representan recursos que han sido movilizados para la consecución de los fines propuestos. El enfoque de la movilización de recursos señala precisamente que la existencia de este tipo de factores es explicativa de la posibilidad de existencia de la acción colectiva. Para estas teorías, cuyo trasfondo es la afirmación de la racionalidad de los actores frente a otras posturas basadas en la irracionalidad de los mismos²², la existencia de recursos que puedan ser utilizados por la incipiente organización es condición de posibilidad de la misma.

Para finalizar, quisiera destacar el rol jugado por la institucionalidad eclesiástica, representada en la figura del cura párroco del pueblo, a lo largo del conflicto. Aunque por momentos podría decirse que la participación protagónica del P. José María trascendía su rol religioso específico en el marco de este entramado social, y que su compromiso parecía también emanar de su condición de ciudadano damnificado por la amenaza latente de la minería, su figura es ampliamente reconocida en toda la zona como referente de la presencia de la Iglesia católica en el lugar. En diálogo con distintos miembros de la asamblea fue destacada su presencia y en ningún momento puesto en duda su compromiso con la causa y con la gente, hecho que a los neuquinos puede parecerles natural, pero no necesariamente es así en otras geografías. En este sentido es insoslayable el legado de Don Jaime de Nevares, obispo de la Diócesis de Neuquén (1961-1995)²³, para comprender en su verdadera magnitud esta cercanía con las causas populares. Cito a Mombello (2011)

Recreando las múltiples marchas contra el terrorismo de Estado y sus consecuencias encabezadas por de Nevares y los familiares afectados, las marchas de protesta contra el proyecto minero se encolumnan detrás del sacerdote ladeado por las Madres de Plaza de Mayo y los dirigentes históricos de los organismos de derechos humanos de la provincia. Para el conjunto de los actores, esta manera de construir la escena de la protesta nada tiene de llamativo: cuando se desata un conflicto en Neuquén el lugar del referente religioso y de los organismos de derechos humanos es “naturalmente” ese. (2011: 266).

En su testimonio, el P. José María apunta a la no escisión de su compromiso de fe con la causa del pueblo, dado que interpreta que esa es la forma de transitar su religiosidad. Al mismo tiempo asegura que no actúa a título personal, sino acompañado por la institución eclesiástica, que en su jurisdicción encarna el obispado de Neuquén. Ensayando una interpretación, podría decirse que actúa en su doble rol de vecino prominente de Loncopué -preocupado y movilizado por el devenir de su pueblo- y como sacerdote y representante de la Iglesia. Su particular posición le permite contar con la confianza de los pobladores -mapuche y criollos- y le otorga el estatus privilegiado -en términos de rol diferenciado, no de ventajas- de referente de la resistencia en este conflicto. El rol de liderazgo naturalmente asumido proviene de una larga trayectoria de permanencia y trabajo en el lugar, y en este caso, devino en una de las claves para pensar la organización exitosa de la asamblea.

Sin entrar en una ponderación del peso que cada una de las teorías de los movimientos sociales podría tener en este análisis -y reconociendo las enormes dificultades que existen al intentar una aproximación superadora que permita compatibilizar las mismas- he propuesto una aproximación que retoma elementos de varias de ellas para comenzar a pensar la acción de una organización colectiva en forma integral.

Este trabajo pretende ser un primer análisis de un caso que posee múltiples dimensiones en las que profundizar. He intentado aquí echar luz sobre las características de la organización asamblearia que llevó adelante la resistencia antiminera en Loncopué, fundamentalmente en sus aspectos organizativos, a partir de la puesta en juego de un corpus teórico vasto y complejo, como es el de las teorías de los movimientos sociales. Queda pendiente la posibilidad de profundizar en esta línea y analizar también otros elementos, como las acciones directas que se llevaron a cabo -particularmente las marchas en Loncopué y Neuquén, las “panfleteadas” y los cortes de ruta-, los discursos que se construyeron -en su carácter de dadores de sentido y constructores de la realidad-, los actores con que se articularon y los vínculos institucionales, entre otros.

En este sentido, y refiriéndome específicamente a la articulación interna de la asamblea, es de mi mayor interés el dar cuenta del entramado de vínculos que se suscitaron entre las cuatro organizaciones identificables como protagonistas en el conflicto: la AVAL, la AVACAM, la comunidad Mellao Morales y la AFR “Huecú-Có”. Para ello se requiere un abordaje que se nutra de la perspectiva del actor (Long, 1992) y priorice las fuentes testimoniales de primera mano para su análisis, aspectos que espero desarrollar en un futuro trabajo.