Nuestros territorios: de garantías y soberanías

En el Boletín Oficial del día 12 de enero de 2017 se publicó el Decreto 29/2017, que llevaba la firma del presidente Mauricio Macri, autorizando la emisión de deuda por US$20.000 millones. Un hecho muy trascendente de por sí, pues esa suma contribuye a engrosar una ya abultada deuda externa. Si tomamos en cuenta sólo el caso del Banco Central, la deuda cuasi fiscal llegó en diciembre del 2015 a 416.000 millones de pesos. El actual gobierno aumentó esa cifra de manera descomunal y hasta el 23 de abril el stock de deuda era de 894.600 millones de pesos. Es decir que esta deuda en solo un año se multiplicó por más de 2, con tasas de interés que comenzaron en el 38,5% y fueron disminuyendo gradualmente, estando en estos momentos en un promedio del 24%. Por otro lado, se conoció que Macri puso a nuestros recursos naturales como garantía. Y eso provocó una cadena de Whatsapp, mails, noticias en los diarios, pues sentimos que nuestro país renunciaba a la inmunidad soberana que posee todo estado de no entregar sus bienes a cambio de deuda externa. Asistiendo a nuestro modo de conocer la realidad, mediante la inteligencia colectiva que somos como integrantes de un colectivo, llegamos al conocimiento de un debate. Lxs que ven en esto un hecho novedoso e inédito y, por ello, vergonzante; y lxs que ven otra vez un hecho que ya tiene antecedentes.1

En primer lugar, ante la gravedad del aumento de la deuda externa, hay que saber que las emisiones que efectúa el presidente fueron debidamente autorizadas en la ley de presupuesto, votada mayoritariamente por el Congreso de la Nación. Los diputados y senadores que aprobaron esa ley son tan responsables del endeudamiento como el presidente. En cuanto a nuestros “recursos naturales” puestos como garantía hay actores con posturas encontradas. Los abogados Eduardo Barcesat (vinculado a Derechos Humanos, Abuelas de Plaza de Mayo, constitucionalista y docente de la UBA), Jorge Cholvis (presidente del Instituto Sampay) y Arístides Corti (especialista en Derecho Tributario) han denunciado a Macri

por haber puesto las riquezas naturales como aval de deuda externa, con la renuncia a la inmunidad soberana del Estado argentino. Esto supone las legislaciones que tienen todos los países para proteger sus bienes ante una situación litigiosa, como la que nosotros tuvimos con los buitres. La decisión del gobierno de Mauricio Macri es verdaderamente grave porque renuncia a esa inmunidad soberana en algunos casos

no en los bienes de dominio público (embajadas, consulados) pero si en los de dominio privado: recursos naturales estratégicos (minerales, hidrocarburíferos). El gobierno está colocando las riquezas estratégicas de la Argentina como garantía de esa deuda (https://www.pagina12.com.ar/34475-denuncian-a-macri-por-abuso-de-garantias).

Por otro lado está Alejandro Olmos Gaona, historiador, el hijo de Alejandro Olmos, que empezó con las denuncias e investigaciones sobre la deuda externa allá por 1982, cuando aún estaban los militares, y que siguió hasta que el juez federal Ballestero falló dándole razón, declarando que gran parte de la misma era ilegal e ilegítima y ordenando al Congreso que investigara todo el tema de la deuda, cosa que este nunca hizo. ¿Qué opina Olmos Gaona? Que esto ya ha pasado. La renuncia a la inmunidad soberana del Estado en los decretos firmados por el presidente Macri este año y las exclusiones que contiene, son absolutamente idénticas a las consignadas en el Decreto 319/04 y 1735/04 firmados por el presidente Néstor Kirchner, y al Decreto 563/2010 firmado por la ex presidenta de la Nación, Cristina F. de Kirchner. Además, la renuncia a la inmunidad soberana, se utiliza generalmente, para permitir el sometimiento a otra jurisdicción y la posibilidad de embargo de algunos bienes, es decir de pedir una medida cautelar sobre bienes que la Argentina tenga en el exterior. Las exclusiones fijadas en todos los decretos permiten asegurar que no exista la menor posibilidad de embargar bienes del Estado. Éstos y otros fundamentos se pueden leer en su Facebook. También es importante entender el artículo 124 de la Constitución Nacional de 1994, que determina que los recursos naturales (petróleo, gas, mineros, etc.) no pertenecen al dominio del Estado, sino a las provincias donde los mismos se encuentran y en consecuencia el Estado no puede afectar ni excluir bienes que no le pertenecen, eso significa que no puede disponer sobre ellos, ni embargarlos ni hipotecarlos ni ponerlos como fianza o garantía de nada, porque son de las provincias. Y por eso es muy pertinente el ejemplo que da Alejandro Olmos, pues por eso la Legislatura de Neuquén fue la que tuvo que validar el acuerdo Chevron-YPF en cuanto a los hidrocarburos de Vaca Muerta, porque a dicha provincia corresponde el dominio originario de los yacimientos. Ni la entonces presidenta Cris-tina Fernández de Kirchner, ni el Congreso, tenían potestad sobre los mismos. En sintonía con esta postura, el abogado ambientalista Enrique Viale en su Facebook, en lenguaje coloquial se expresa: Tranqui chicos, esto no es así... según la Constitución Nacional los Recursos Naturales son provinciales, no los puede entregar la Nación (para eso están los gobernadores) y en otro posteo advierte que difundir información falsa e interpretaciones forzadas debilita las luchas populares... en otras palabras, este gobierno está entregando la Argentina pero por otras vías y acciones que quedan opacadas ante estas denuncias infundadas. Ha habido un cruce de notas y opiniones entre Barcesat y Olmos. Barcesat ha publicado notas y ha sido entrevistado en varios medios periodísticos. Olmos denuncia en su Facebook : Aunque mi respuesta fue enviada a muchos medios, nadie la reprodujo, mientras la falsa denuncia (referido a Barcesat) fue publicada por una importante cantidad de medios, y hasta Pagina 12, le dedicó una página entera.

¿Qué opinamos como personas involucradas en movimientos socioambientales al leer esto?

Esto nos permite reconocer qué paradigma está detrás de los términos usados. Lo que los economistas llaman “recursos naturales”, para nosotrxs son bienes comunes. Los bienes comunes no se hallan en venta, no son negociables, precisamente porque son comunes. Tampoco son públicos ni naturales por más que descansen en la naturaleza milenaria y estén al alcance depredador del público. El concepto de público (“total es público”), está virtualmente asociado a que “no es de nadie”, no al concepto de pertenencia de todo un pueblo (su verdadera pero malversada acepción), lo que habilita su uso irresponsable, descuidado, cuando no directamente depredatorio. Entonces preferimos hablar de bienes comunes, no de bienes públicos ni de bienes naturales. Se hallan en la naturaleza y por tanto se los quiere hacer aparecer como opuestos a los objetos artificiales creados por el hombre. Reemplazar la expresión recursos naturales por la de bienes naturales contempla el error de considerarlos propiedad, están ahí, disponibles: naturales por artificiales. Los bienes comunes, en definitiva, trascienden a los bienes particulares. Los reconocemos integrados a ecosistemas y, a su vez, a bioregiones dentro de la gran esfera que nos involucra a todos. Es en este sentido que no debo adueñarme del oxígeno del aire, por ejemplo, cuando estoy obligado a compartirlo. Esta definición que marca el cambio de lenguaje que condice con nuestro horizonte de buen vivir es de nuestro compañero Javier Rodríguez Pardo (fallecido en 2015), pionero de la lucha socioambiental argentina que acompañó el nacimiento de las asambleas mendocinas, en incansables periplos por nuestra provincia.

Este artículo comienza con una controversia sobre un tema de garantías y acciones potenciales, de un país que ha vivido hipotecado desde esas deudas que estudiábamos en los libros de historia, esa Baring Brothers de la época de Rivadavia ¿se acuerdan? y que siguieron otros, continuamente hasta nuestros días. Hoy, agravado por la entrega real de nuestros territorios y de nuestro futuro, que crece y tiene un impacto palpable en nuestro día a día, palpable en cada generación que nace menos soberana que su antecesora.

No es soberano un Estado que permite el cultivo transgénico de la soja, maíz y algodón, en alrededor del 70% de su superficie. El paquete tecnológico del que depende está en manos de las transnacionales del agronegocio como Monsanto, Bayer, Syngenta, Dow, Dupont, Basf. Venden agrotóxicos (nos negamos a llamar agro-químicos a sus fertilizantes artificiales, sus herbicidas como el tristemente famoso glifosato y sus pesticidas contaminantes), semillas híbridas que no se pueden reproducir y atentan contra la riqueza natural que es la diversidad, asociados a maquinarias infernales que sólo pueden ser utilizados por terratenientes o pooles de siembra (gente que se asocia para sembrar con este sistema) que poseen el dinero para comprarlas, el terreno para hacerlo y combustible subvencionado para accionarlas, y dar, en muchos casos y según el cultivo, poco trabajo desde precario hasta esclavo. Parafraseando a Atahualpa, las contaminaciones son de nosotrxs, las ganancias son de ellxs. Para esto fue necesario el acto más “soberano” de todos: desmontar lo nativo, expulsar campesinxs, amedrentar pueblos originarios. El campo nunca fue nuestro. La formación y consolidación de la nación tuvo que ver con genocidio de los pueblos originarios y el reparto de tierras a manos de los terratenientes. En los últimos tiempos y luego de más de 20 años de transgénicos se ha socializado la contaminación, y las retenciones, que algunxs defienden sin entender el costo ambiental de los ecosistemas, seres humanos incluidos, ahora son inexistentes. Las desocupaciones actuales, graves, crecientes, despiadadas tienen en este combo de descampesinado un punto inicial. La Argentina es un país cuya población es netamente urbana, preocupantemente urbana, desmedidamente urbana. Alrededor del 93% de lxs argentinxs vivimos en las ciudades. Campo contaminado, despoblado, monocultivado: hipoteca de futuro.

No es soberano un estado que permite a las petroleras y mineras contaminen, sequen, saqueen y corrompan nuestros territorios. Petroleras y mineras que han dejado contaminados, salinizados acuíferos enteros, cuando no secados. Ejemplos por doquier: el Carrizal acá, Jáchal, Iglesias en San Juan, Andalgalá, Abra Pampa en el NOA, el mayor polo petrolero de la Argentina, Comodoro Rivadavia, con una gran vulnerabilidad desnudada en las recientes inundaciones. El saqueo es evidente: grandes empresas que se llevan todo, trabajo y bienestar para pocxs, para aquellxs que logran los pocos puestos de trabajo que dan estas actividades capital intensivas (o sea que necesitan de mucha inversión para generar un puesto de trabajo). La corrupción toma varias formas: políticos cómplices, compra de voluntades para lograr la licencia social, redes de trata de personas. Durante el reciente Congreso Latinoamericano sobre Trata de Personas, donde se puso el acento en la situación de las mujeres pobres que migran del norte hacia el sur del país, lxs especialistas advirtieron que las rutas del petróleo, la minería y la soja son los caminos de la trata en Argentina. Y como si todo esto fuera poco, nombramos al fracking (o fractura hidráulica, método de obtención de hidrocarburos no convencional) y la minería del uranio. Territorios devastados, aguas secadas y contaminadas, cuerpos despojados: hipoteca de futuro.

No es soberano un estado que permite que la tierra esté en manos de la especulación inmobiliaria. Según datos estadísticos el déficit habitacional (2016) en la provincia de Mendoza es de alrededor de 135.000 viviendas, representando la mitad a viviendas precarias y la otra mitad al hacinamiento que se computa cuando viven más de dos personas por cuarto. Y los mejores terrenos están en manos de los terratenientes. Cuando las condiciones no son las mejores, se hacen adaptaciones. Muchos countries en la pampa húmeda han debido intervenir tierras inundables para volverlas habitables y posterior-mente lujosas. Lugares de regulación como los humedales son ahora famosos barrios privados. En el caso mendocino, las tierras productivas han cambiado su destino de cultivo en barrios privados. El área metropolitana de Mendoza tiene la mayor cantidad de barrios privados del país, luego del Gran Buenos Aires. El 60 % de estos loteos se construyeron a partir de 2004, según el informe de la Universidad Nacional de Cuyo de 2015 denominado La Década Loteada. También se podría agregar la apropiación absolutamente ilegal y creciente de extensiones de tierra por manos de empresarios mendocinos. La inexistencia de políticas de fortalecimiento de los pequeños productores ha cambiado el mapa de nuestra provincia. Se festeja como un logro que celebridades compren tierras: Bono compra tierras en Tupungato, la mitad de Malargüe es de los malayos y el Valle de Uco es zona cosmopolita donde franceses, españoles, italianos, norteamericanos y griegos invierten en tierras y bodegas, según noticias del diario digital MDZ. Cipayeces men-docinas, digamos, donde el glamour de las bodegas (que merecen un capítulo aparte) y los barrios privados no nos dejan ver el trasfondo de la crisis. La frutilla del postre, que en Mendoza ha tenido impacto mediático debido a la lucha que se está dando en muchos ámbitos, es la subasta pública de tierras del Ejército Argentino en Campo Los Andes, en el Valle de Uco. La política de enajenar el campo sigue. El objetivo no es atraer la gente de vuelta a la tierra. Las 7.216 hectáreas de La Remonta (y no sólo las 4.600 hectáreas contempladas en el proyecto de desarrollo provincial) tienen un precio módico, para que usted, vecina, vecino, saque sus ahorritos e invierta: su precio es desde los 15.000 hasta los 40.000 dólares la hectárea. Todo esto de la mano de la tenencia de tierra irrigada, o sea con derecho a agua, mucha y de la buena. La gente organizada ha logrado problematizar y visibilizar el reclamo, lxs pobladores han comenzado lo legal, también. El tema está abierto y sigue generando efervescencia. Tierra en manos de pocxs, hacinamiento de muchxs, con impermea-bilización de suelos, inundaciones y crecimiento desmedido: hipoteca de futuro.

Tenemos varias “hipotecas” más que inventariar: la ley de hidrocarburos de 2014 (hecha a la medida de las multinacionales, no para generar soberanía energética); una nueva ley de semillas, que pretende privatizar la vida y a las que los movimientos ambientales hemos logrado retrasar; la ley de humedales, de protección ambiental, que tiene media sanción y que el lobby sojero quiere modificar, los próximos posibles acuerdos mineros que pretenden poner el cartel de liquidación en nuestros territorios; los tratados internacionales de libre comercio como el TPP (sigla en inglés que significa Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica) y que busca rebajar las barreras comerciales, establecer un marco común de propiedad intelectual, reforzar los estándares de derecho del trabajo y derecho ambiental, y establecer un mecanismo de arbitraje de diferencias inversor-estado. O sea, ablandar las leyes que no estén hechas a medida de las corporaciones, más aún en estas épocas de ajuste y desocupación. ¿Soberanía? Bien, gracias…

Los movimientos socioambientales pretendemos empoderarnos y ser lxs reales garantes de soberanía de los pueblos. Lograr habitantes conscientes en cada territorio. Gente amigada con la Pacha, que se sienta parte de ella, sin miedo a la criminalización de la protesta. Es necesario re-conocer las acciones que están en manos de los gobiernos y el poder y las acciones que están en nuestras manos. Debemos asumir nuestra condición de sujetos políticos y de transformación. Si hay leyes que nos favorezcan, defenderlas, para ampliar los horizontes de lucha. Si hay leyes y retrocesos de reconocimiento de derechos, como la reciente y nefasta 2x1 a genocidas, coordinar acciones, re-aprender, exigir, dinamizar, hacer docencia de lo que ello significa, sabiendo que las leyes son una herramienta de crecimiento, nunca el techo de los objetivos. No luchamos por una ley, sino que luchamos para que una ley nos permita seguir nuestros objetivos de lograr, al decir del zapatismo, un mundo en el que quepan muchos mundos. Nuestras banderas que son la autodeterminación de los pueblos, la soberanía alimentaria, el buen vivir con premisas como la autogestión, la solidaridad, la horizontalidad, son la respuesta a la enajenación de los territorios-cuerpos y del futuro NO se predican: se ponen en práctica. Es el modo que nos hacemos soberanxs de nuestra vida diaria, de nuestras prácticas cotidianas reformuladas a la medida humana, no a la de las grandes corporaciones. La lucha es en la calles, como lo venimos haciendo desde hace 10 años, enredadxs con asambleas nacionales y vecinas, que somos una en la gran Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) y nuestra Regional Cuyo NOA de la UAC. Aprendiendo la transición con los movimientos permaculturales, agroecológicos, campesinos, de pueblos originarios, de los que nos sentimos her-manos pues todos buscamos eso de lo que hablamos: la soberanía y el buen vivir. Valoramos a colectivos hermanos como la COMECUCO y en ella La Mosquitera como hermanos en la lucha. La comunicación vecinal no es alternativa, es la comunicación real, la que no está mediada por intereses de las corporaciones mediáticas, la que muestra las contradicciones y las voces diversas que habitan los barrios. ¡Esto es soberanía comunicacional barrial!