Colombia ha venido creciendo económica y socialmente, a pesar de que se ha visto inmersa en muchos conflictos y de que la política ha generado una división marcada entre varios sectores de la sociedad. Germán Ayala y Guido Hurtado (2007) afirman, evocando a Marco Palacios, que “Colombia es un país que se debate ‘entre la legitimidad y la violencia’ y que durante años ha permanecido en un conflicto interno, lleno de causas políticas, económicas y sociales” (pp. 7-8).

Así las cosas, es posible señalar que la restitución de tierras es un derecho al que las víctimas del conflicto armado pueden acceder dadas las condiciones que se han señalado en los modelos de justicia transicional. Sin embargo, sumado a las dificultades de orden social, político y económico, el Estado no puede garantizar la correcta ejecución de los mecanismos de reparación de víctimas delimitados por la ley objeto de estudio: i) las víctimas terminan siendo reparadas inadecuadamente por parte del Estado colombiano; ii) las largas esperas y la falta de acompañamiento por parte del Estado son obstáculos que impiden garantizar una reparación integral en los términos de la referida ley; iii) y, finalmente, los recursos dispuestos por parte del Estado colombiano para la reparación de víctimas terminan siendo insuficientes para garantizar una plena satisfacción de derechos, sin contar con los grandes focos de corrupción y los programas legislativos que no respondían a las necesidades imperiosas de las víctimas (Quiroz, 2014).

Ahora bien, en términos generales las diferentes legislaciones que gobiernan las sociedades humanas —unidas por lazos económicos, ideológicos y políticos— son acuerdos establecidos con el fin de construir relaciones estables y justas entre diferentes individuos dentro de un determinado territorio (Sänger, 2015).

En ese orden de ideas, la necesidad de justicia transicional está asociada a la voluntad de construcción de paz. Esto, como se verá más adelante de forma más detallada, implica una serie de consideraciones relacionadas con la construcción de verdad, justicia y reparación ante actos de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Como se ha dicho, la idea central de la justicia transicional es la de llevar a cabo “transformaciones radicales de un orden social y político determinado; que enfrentan la necesidad de equilibrar las exigencias contrapuestas de paz y justicia” (Uprimny y Saffon, 2005, p. 24). De manera análoga, otros autores han señalado que la transición implica la transformación de un estado de guerra en un escenario de equilibrio y reparación por los daños causados a las víctimas. En ese sentido, es necesario considerar que el Estado es el único obligado a cumplir los tratados internacionales y, por ende, el único responsable por las infracciones al derecho internacional humanitario (Torres Ávila, 2012).

En consecuencia, la justicia transicional está relacionada con los mecanismos judiciales enfocados en la superación de las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales propias de contextos de conflicto armado y regímenes dictatoriales (De Gamboa, 2006). Para el caso colombiano, se trata de un conflicto lleno de múltiples matices y luchas por las desigualdades sociales. Debido a la complejidad del conflicto armado, la cual radica en la diversidad de actores e intereses involucrados en las últimas décadas, el Estado colombiano ha implementado mecanismos judiciales que se preocupan por la reparación de las víctimas y la reinserción social, política y cultural de los excombatientes, tanto de las guerrillas como de los grupos paramilitares.

Es apenas lógico que en los últimos años las víctimas se hayan podido hacer visibles a través de su lucha por el reconocimiento de sus derechos a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición (Hübschmann, Thiesing y Dietz, 2017). Es por esto que los gobiernos de turno han implementado diferentes mecanismos de justicia en el Estado colombiano. Desde 2005 se han puesto en práctica instrumentos y mecanismos de justicia transicional con el fin de enfrentar las violaciones de los derechos humanos causadas por el conflicto armado en nuestro país (Guarín y Aldana, 2016).

Luego de más de medio siglo de confrontación y casi cinco años de negociaciones, a finales de 2016 el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos firmó un Acuerdo de Paz con las Farc-EP en el Teatro Colón de Bogotá (CNN Español, 2017). Se dio así fin a la lucha armada con la guerrilla más antigua del mundo. Conviene subrayar que gracias a esto Colombia ha iniciado una etapa de transformación en la historia de su conflicto.

Inicialmente, hay que mencionar que la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las Farc-EP incluye: i) profundas reformas rurales; ii) la lucha contra las economías ilícitas, en particular el narcotráfico; iii) una apertura democrática que brinde amplios espacios de participación política a sectores marginados como campesinos y comunidades negras e indígenas; iv) la reintegración socioeconómica de los excombatientes (Morales, 2017).

A su vez, puede señalarse que los procesos de reparación comienzan en Colombia con la Ley 782 de 2002, en donde se contemplan todas las disposiciones necesarias para iniciar y facilitar negociaciones, diálogos y acuerdos con los grupos armados ilegales que operan en el país. Esta ley se basa en el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, así como en acciones de cese al fuego y reintegración de los actores involucrados. Bajo su égida cualquier proceso de paz está dirigido por el presidente de turno. Además, cabe mencionar que se implantó para acompañar el proceso de paz con grupos paramilitares durante el segundo mandato del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez.

Algo semejante sucede con la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, la cual reglamenta todo lo concerniente al proceso de desmovilización y reintegración de los miembros de los grupos al margen de la ley. La ley en mención facilita los procesos de paz al garantizar los derechos de las víctimas a la reparación integral, es decir, a la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y no repetición.

De igual manera, los decretos 315 de 2007 y 3011 de 2013 potencializan los alcances de la Ley de Justicia y Paz y la Ley 782/02. El primero garantiza la intervención de las víctimas en el proceso investigativo: ellas o sus apoderados podrán rendir versiones libres o proveer información para el esclarecimiento de los hechos, entre otras cosas. El segundo señala que las entidades encargadas de las reclamaciones sobre bienes de víctimas serán las comisiones regionales para restitución de bienes, las cuales estarán coordinadas por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Así mismo, sostiene la existencia de un acuerdo humanitario en el momento en que algún grupo armado ilegal libere personas que han sido secuestradas. Al mismo tiempo, el alto comisionado para la Paz o el presidente de la República podrán suspender las penas o aplicar penas alternativas a los implicados, solo si estos se comprometen a brindar garantías de no repetición.

Hay que mencionar además que la Ley 1424 de 2010 garantiza a las víctimas del conflicto el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, al tiempo que promueve la reintegración a la sociedad de personas que hicieron parte de grupos al margen de la ley. Esto último siempre y cuando se las acuse de delitos como concierto para delinquir simple o agravado, porte ilegal de armas o uso ilegal de equipo de comunicación, uniformes e insignias. Por otro lado, dicha ley crea el Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación, que propone la reconciliación a través de aportes testimoniales tanto del Gobierno como de los grupos armados para la construcción de la verdad histórica.

De forma similar, en el marco de la implementación de la justicia transicional en Colombia se establece la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. El Decreto 3011 de 2013, por su parte, establece la creación del Registro Único de Víctimas, que promueve el trato digno a los afectados brindando garantías a sus derechos, y la Red Nacional de Información (RNI), que busca facilitar el manejo de la información por parte de las entidades involucradas. Por otro lado, el Decreto 4829 de 2011 señala que la Unidad Administrativa Especial de Gestión y Restitución de Tierras Despojadas se encargará de administrar los predios de las personas afectadas por el conflicto para proceder a su restitución.

Por último, es fundamental mencionar que el Marco Jurídico para la Paz⁶ —Acto Legislativo 01 de 2012— establece medidas encaminadas a la implementación de la justicia transicional en Colombia. Para cumplir con sus objetivos propone: i) la priorización de los delitos para que la rama judicial pueda seleccionar los casos según su importancia; ii) dar la posibilidad al Gobierno Nacional de presentar ante el Congreso de la República proyectos de ley para priorizar los casos a juzgar; iii) que el legislador pueda permitir la renuncia a la persecución penal cuando los casos no sean priorizados ni seleccionados; iv) permitir que los desmovilizados accedan a cargos de elección popular, siempre y cuando el Gobierno así lo decida. De igual manera, no se pueden dejar a un lado los Acuerdos de Paz de La Habana, los cuales buscan el fortalecimiento de la democracia y la consolidación de una paz estable y duradera.

Como resaltan algunos columnistas y académicos, el Gobierno Nacional y sus negociadores, el grupo guerrillero de las Farc-EP y sus combatientes, y la comunidad internacional, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, más que un simple pacto de dejación de armas, propenden a una transformación profunda de la organización política y social con el propósito último de integrar a todos los territorios bajo un solo proyecto de nación y devolver al Estado el monopolio legítimo de las armas y la soberanía del territorio (Mesa de Conversaciones, 2017; Cancillería de la República de Colombia, 2016).

Respecto al tema en estudio es importante señalar que en la mesa de La Habana se acordó un punto dedicado a los derechos de las víctimas del conflicto armado basado en los cuatro ejes de la justicia transicional. Es por ello que el corazón del modelo de la Justicia Especial para la Paz es la participación de las víctimas. Su objetivo primordial es que las víctimas sean reparadas y se conozca la verdad de lo que pasó en la guerra bajo un principio: repararse el daño causado y restaurarse cuando sea posible. Hay que mencionar además que este sistema judicial tiene cinco órganos encabezados por un Tribunal para la Paz compuesto por veinte magistrados que tendrán la última palabra en cuanto a las sanciones que recibirán los culpables de delitos graves (El Tiempo, 2016).

Además, entre los Acuerdos de La Habana la reforma rural integral sienta las bases para la transformación estructural del campo, crea condiciones de bienestar para la población rural —hombres y mujeres— y de esa manera contribuye a la construcción de una paz estable y duradera (Mesa de Conversaciones, 2017).

Hay que mencionar además que, como ha señalado la Unidad de Víctimas y Restitución de Tierras, el despojo de la tierra es uno de los peores efectos del conflicto armado y la restitución se ocupa de revertirlo para hacer posible la paz, reparar a las víctimas e impedir que la violencia vuelva a ser usada para adquirir la propiedad de la tierra. Por cierto, se debe tener en cuenta el derecho a la igualdad frente a la representación judicial efectuada por la Unidad de Restitución de Tierras. Además, deben existir elementos probatorios que sustenten ante la unidad o ante la autoridad judicial correspondiente la solicitud de restitución de predios.

Es preciso anotar que el hecho de que tales solicitudes sean el resultado de un proceso fundamentado de investigación permite a la Unidad de Tierras determinar la viabilidad de la inscripción del predio objeto de despojo o abandono. Es esa misma línea, es importante determinar los mecanismos necesarios para que las víctimas del despojo efectivamente reciban la reparación integral a la cual tienen derecho. En tal sentido, la Sentencia T-458/2018 de la Corte Constitucional ha señalado el derecho a obtener una reparación de carácter integral.

Lo anterior significa que su alcance excede la visión meramente económica de la participación de las víctimas dentro de los procesos contra los responsables del daño. En cambio, debe abarcar todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima a nivel individual y comunitario. En el plano individual la Corte Constitucional ha sostenido que las medidas de reparación se extienden a: i) la reposición de la situación a su estado original; ii) la indemnización o reparación del daño mediante un equivalente en dinero; iii) y la satisfacción o reparación moral. En el plano colectivo las víctimas de violaciones de derechos humanos o de otros delitos cometidos por los grupos armados ilegales tienen derecho a una reparación “comunitaria”. Este tipo de reparación exige por parte del Estado la implementación de medidas económicas y simbólicas de satisfacción colectiva, garantías de no repetición y acciones orientadas a la reconstrucción sicosocial de las poblaciones afectadas por la violencia.

A su vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha insistido en que las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, proporcional, integral y eficaz respecto al daño sufrido. Agrega que la reparación se concreta por medio de la restitución íntegra o plena, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción de alcance colectivo y las garantías de no repetición. Habría que decir también que para la CIDH la adecuada reparación a las víctimas se debe hacer en relación con los daños materiales e inmateriales y se concreta con medidas tanto individuales como colectivas encaminadas a restablecer a la víctima en su dignidad por el grave daño ocasionado (Zambrano Ramón, 2016, pp. 125-126). Por su parte, el Consejo de Estado, máximo órgano colombiano de lo contencioso administrativo (Sentencia, 30 de junio de 2011), ha señalado que la reparación integral de las víctimas no se reduce a la indemnización de carácter económico, sino que abarca la materialización de la acción estatal en términos de reparación integral.

Por otro lado, el derecho de las víctimas a la reparación integral implica que el Estado debe reconocer y responder ante violaciones a los derechos humanos en los casos en los que la acción o inacción oficial implique su responsabilidad (Portilla y Correa, 2015). De esta forma, los Estados, según el derecho internacional o ius cogens, adquieren la obligación de brindar reparaciones a quienes se compruebe fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Estas reparaciones pueden asumir la forma de ayuda material, asistencia sicosocial o medidas simbólicas (Zambrano Ramón, 2016, p. 124). Cabe destacar que la reparación parte de la idea de restablecer la dignidad de toda persona que ha sido objeto de violación de un derecho humano, independientemente del autor de tal violación (Bolívar Jaime, 2012, p. 11).

Si bien la reparación, al igual que todos los elementos relacionados con la justicia transicional, no tiene características estandarizadas, es posible mencionar algunos mínimos que debe cumplir. En primera medida es importante tener en cuenta que, además de la compensación económica, un programa de reparación debe comprender otras medidas que estén en concordancia con los principios básicos del derecho de las víctimas a obtener reparaciones, establecidos por la Asamblea General de la ONU en 2005: i) restitución orientada a restablecer la situación original de la víctima; ii) rehabilitación mediante atención sicológica y servicios legales; iii) indemnización o compensación económica satisfactoria que contemple la búsqueda de la verdad y de los desaparecidos, disculpas públicas, sanciones judiciales y administrativas, entre otras medidas; iv) garantías de no repetición, como la seguridad de las comunidades y el entrenamiento de las fuerzas oficiales en derechos humanos (Asamblea General de la ONU, 2005).

En coherencia con lo anterior la Corte Constitucional colombiana ha advertido que la reparación no solo debe adoptar características de la justicia distributiva, sino que también precisa contemplar medidas de justicia restaurativa que incluyan la restitución plena de la víctima a su estado anterior a la violación (Zambrano Ramón, 2016, pp. 125-126). Hasta el momento se entiende que la reparación debe ir más allá de lo económico y contemplar diversos factores de la vida de las víctimas.

Con base en lo anterior es posible restablecer en términos legales y progresivamente los derechos de las víctimas, de modo que, se les pueda garantizar un nuevo proyecto de vida en un marco que impida su exposición a nuevos actos de despojo o desplazamiento, por ejemplo, mediante la efectiva protección jurídica de los derechos de dominio o posesión. Ello incluye garantizar la protección física y la integridad de las víctimas bajo nuevas condiciones de vida y de protección de sus derechos.

En este punto se debe agregar que los estándares internacionales y la jurisprudencia interamericana de la CIDH han señalado que para llevar a buen término un proceso de reparación de víctimas —que en lo posible restablezca la situación del afectado al punto previo del perjuicio o al menos pueda atenuar al máximo las secuelas de los escenarios de conflicto— es necesaria una restitución integral. Lo que implica, a grandes rasgos, un acompañamiento a la víctima para enfrentar los daños sufridos en sus derechos fundamentales y las garantías para su reintegración social (Beristain, 2008, p. 11; Bolívar Jaime, 2012).

Por otra parte, se entiende que la reparación ante graves violaciones de derechos humanos es reconocida como deber de los Estados de respetar y hacer respetar tales derechos (Garzón, 2013). Es decir, este deber es una consecuencia del incumplimiento por parte del Estado en cuestión de los compromisos estipulados en los tratados internacionales sobre los DD. HH. (Castro, 2009, p. 71). Así mismo, los tratados para la protección de derechos humanos solo ofrecen recomendaciones generales en cuanto a la conformación de mecanismos convencionales de reparación a las víctimas. La elaboración de mecanismos extraconvencionales más específicos, que precisen el contenido de los modelos de reparación, es competencia del Estado involucrado en los sucesos de violación de derechos humanos y depende de tomar en cuenta las recomendaciones de grupos de expertos independientes (Lefkaditis y Ordóñez, 2014, pp. 25-26).

En ese orden de ideas, y a partir de conclusiones elaboradas por investigadores en temas de justicia transicional como Ernesto Kiza (2010), se han identificado retos en la elaboración de estos mecanismos extraconvencionales de reparaciones masivas.

Tales reflexiones desembocan en una serie de dimensiones que dan cuenta de la complejidad al momento de seleccionar buenas prácticas de reparación. Kiza (2010) advierte sobre la necesidad de entender las indemnizaciones solo como un aspecto del modelo de reparación a construir que debe ir acompañado de procesos de reparación simbólica, investigaciones sobre las necesidades de las víctimas y la elaboración de una definición técnica del término víctima con el propósito de evitar politizaciones en el proceso y lograr que las partes perjudicadas y victimizadas contribuyan a poner fin al conflicto (pp. 18-20).

Por esta razón se han sugerido una serie de características que deben cumplir los modelos de reparación de víctimas en cuanto a accesibilidad, amplitud de los tipos de crímenes a tener en cuenta, determinación de estándares probatorios, finalidad de las reparaciones y cuestiones de munificencia. Estos aspectos cobran relevancia en tanto, como algunos investigadores señalan, un modelo de reparación masivo con altos estándares probatorios puede dificultar tanto la accesibilidad como la amplitud de la reparación, mientras que uno con bajos estándares probatorios puede facilitar la falsificación de la calidad de víctima. En consecuencia, este tipo de problemas de carácter técnico muestra lo difícil que es elaborar un mecanismo de reparación masivo extraconvencional.

El activista y político colombiano Pablo de Greiff (2005) ha agrupado en siete dimensiones las características de un adecuado modelo de compensación con el fin de facilitar la elaboración de herramientas integrales y efectivas de reparación masiva, así como garantizar la satisfacción plena y las garantías de no repetición ni revictimización: i) alcance, ii) cobertura, iii) amplitud, iv) complejidad, v) integridad o coherencia, vi) finalidad, vii) munificencia. Si se articulan estas características los Estados que han sufrido las consecuencias de un conflicto armando podrán otorgar eficientemente reparaciones integrales a las víctimas de este.