Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Artículo 16. 1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 2. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. 3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

Artículo 23. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y completada, si es necesario, por otros medios de protección social.

Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social (Organización de las Naciones Unidas, 1948, p. 1, artículos 10, 16, 23, 25).

En consideración de la familia (y del matrimonio como origen de la misma), los artículos anteriores nos demuestran cómo al individuo se lo sitúa como persona en primer lugar, y a su relación con la sociedad en segundo lugar. El punto es ofrecer el reconocimiento y la defensa desde el Derecho Internacional y asegurar que les sean dadas las garantías a las personas dentro de la legislación interna de cada país.

Artículo 8. Derecho de las trabajadoras a protección. Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de las trabajadoras a protección, las partes contratantes se comprometen:

A garantizar a las mujeres, antes y después del parto, un descanso de una duración total de doce semanas, como mínimo, sea mediante vacaciones pagadas, sea por prestaciones adecuadas de la seguridad social o por subsidios sufragados con fondos públicos.

A considerar como ilegal que un empleador despida a una mujer durante su ausencia por permiso de maternidad o sobre la fecha en que su periodo de preaviso expire y esté ausente.

A garantizar a las madres que críen a sus hijos el tiempo libre suficiente para hacerlo.

A regular el trabajo nocturno de la mujer en empleos industriales.

A prohibir el empleo femenino en trabajos subterráneos de minería o en cualquier otro trabajo que no sea adecuado para la mujer por ser peligroso, penoso e insalubre.

Artículo 16. Derecho de la familia a una protección social, jurídica y económica. Con miras a lograr las condiciones de vida indispensables para un pleno desarrollo de la familia, célula fundamental de la sociedad, las partes contratantes se comprometen a fomentar la protección económica, jurídica y social de la familia, especialmente mediante prestaciones sociales y familiares, disposiciones fiscales, apoyo a la construcción de viviendas adaptadas a las necesidades de las familias, ayudas a los recién casados o por medio de cualesquiera otras medidas adecuadas.

Artículo 17. Derechos de las madres y los niños a una protección social y económica. Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de las madres y los niños a una protección social y económica, las partes contratantes adoptarán cuantas medidas fueren necesarias y adecuadas a ese fin, incluyendo la creación o mantenimiento de instituciones o servicios apropiados (Consejo de Europa, 1961).

Una ley que busque la protección, indemnidad, acato y desarrollo de los derechos humanos debe tener en cuenta que la primera expresión de defensa se desarrolla a través de la familia y las garantías que se le otorguen.

Derecho a la constitución y a la protección de la familia:

Artículo VI. Toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protección para ella.

Derecho de protección a la maternidad y a la infancia.

Artículo VII. Toda mujer en estado de gravidez o lactante, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales (Novena Conferencia Internacional Americana, 1948, p. 1, artículos VI-VII).

Se reconoce el derecho de toda persona a existir y desenvolverse dentro de una familia para que como individuo trascienda hacia su desarrollo pleno familiar.

Artículo 18. 1. La familia será la unidad natural y la base de la sociedad. Esta estará protegida por el Estado, el cual se ocupará de su salud física y moral.

2. El Estado tendrá el deber de asistir a la familia, la cual custodia la moral y los valores tradicionales reconocidos por la comunidad (Organización de la Unidad Africana, 1981, p. 1, artículo 18).

Las políticas que comprendan el respeto por los derechos humanos no pueden eludir a la familia, pues esto violentaría claramente al ser humano y el entorno del mismo. Hoy por hoy, el Derecho Internacional reconoce, en la institución natural de la familia, una unión de individuos con fines de estabilidad y en veras de generar un bienestar absoluto para sus integrantes. El Derecho Internacional entonces estimula de cierta manera a la sociedad a hacer un buen uso de él y salvaguardar un orden establecido que, de ser bien entendido, asegura protección sana y favorable para todos.

Los observatorios brasileros evidencian que, mediante la insistencia y perseverancia en la optimización de sus procesos, basados en las experiencias que han tenido, han logrado que estas instituciones se hallan mantenido funcionando a lo largo del tiempo, demostrando que cuentan con un sólido, comprometido y exigente equipo de trabajo de enfoque unánime en sus objetivos.

En Argentina, las experiencias, de acuerdo al desempeño de la labor realizada, evidencian los siguientes aspectos de mejora:

• Tomar en cuenta el rol de la maternidad y paternidad a partir de los ambientes socio-políticos, médicos y económicos.

• Involucrar equipos de investigación formados por universitarios y anudar relaciones con centros de acopio de información o investigadores enfocados en temas específicos que atañan a las familias, a fin de nutrir el trabajo de recopilación de la información a través de fuentes primarias y secundarias a nivel local, zonal, regional, urbano y por estratos.

• Además de involucrar al Estado, vincular también otras instituciones no gubernamentales y entes académicos con el objetivo de enriquecer el proceso, estableciendo indicadores de análisis del entorno que partan del cumplimiento de los derechos y que den paso a consolidar una eficiente estrategia de divulgación de la información.

• Determinar las metodologías funcionales y de acción del observatorio de familia.

• Robustecer el método de análisis de los indicadores empleados por el observatorio de familia y la política pública, realizando el constante control a la condición de violencia de género a fin de mitigar dicha situación.

Las familias chilenas, a lo largo de su territorio y de sus micro territorios, cuentan con diferentes características a nivel social, cultural, económico y de población que sus integrantes vivencian tanto de manera individual como colectiva; por tanto, de acuerdo al desempeño que hasta el momento han tenido los observatorios frente a la atención de las distintas problemáticas que se presentan, se pueden evidenciar las siguientes necesidades:

• Normalizar y generalizar las herramientas y metodologías empleadas para la recopilación de información, con el objetivo de acceder de manera ágil, eficiente y oportuna a esta y obtener los resultados reales de la situación de las familias.

• Definir un sistema sólido de información como herramienta que admita a los distintos entes gubernamentales y a otros partícipes que trabajan en esta misma línea, y que permita formular ideas, planes y proyectos que promuevan el óptimo desarrollo e incentiven la calidad de vida de las familias.

• Ampliar la creación de estrategias a nivel logístico que generen y faciliten la organización de estos servicios fortaleciendo su implementación.

• Estructurar soluciones y sugerencias dirigidas a la oportuna generación de políticas públicas y legislaciones respaldadas a través de la presentación de informes que evidencien su necesidad.

• Establecer alianzas con entidades interdisciplinarias y empresas privadas, cuyo rol social se vea identificado con el objetivo de los observatorios de familia, a fin de adquirir cooperación en la financiación del proyecto y garantizar el funcionamiento de los demás proyectos que se desprendan del mismo.

• Dar origen a un acercamiento más objetivo e igualitario a los servicios y beneficios que le otorga el Estado a la sociedad, y que estos se rijan o fundamenten en los derechos humanos con el objeto de incentivar la cultura hacia la dignidad y el respeto por la humanidad en torno a la puesta en práctica de la democracia.

• Consolidarse como espacio educativo en el que se promueva la formación de nuevos representantes sociales (Estado, sociedad y familia) y se incentiven las prácticas democráticas enfocadas a lograr la sana convivencia y la paz que merece la sociedad.

El análisis para Centroamérica lo enfocaremos de manera especial en la ciudad de México, debido a que en la actualidad es en esta ciudad en la que funcionan la mayoría de observatorios de familia que nos pueden dar una guía precisa de cómo ha resultado el desarrollo de su labor frente a las diferentes problemáticas en el ámbito familiar que han debido ser afrontadas por este país. De los observatorios mexicanos podemos destacar su atención especial y dedicada a dos escenarios en particular: primero, a la violencia de género; segundo, a la condición de amenaza que afecta el ciclo de desarrollo normal de la niñez y la adolescencia. De acuerdo a lo anterior, las siguientes son algunas consideraciones que han puesto en práctica los observatorios de familia mexicanos y que les ha permitido obtener resultados satisfactorios durante el desarrollo de su labor:

• La familia mexicana se caracteriza a partir de sus derechos, con la finalidad de lograr el alcance de estudio, diseño, adaptación de políticas y planteamientos a nivel social. Se desarrolla un análisis de información y se generan indicadores sistemáticos que permitan realizar el seguimiento integral a los progresos y posibles retrocesos en este ámbito, suministrando información verídica que permita, a su vez, adelantarse a la exigencia de justicia frente al cumplimiento de los derechos humanos.

• Los observatorios de familia mexicanos involucran en su proceso a redes interinstitucionales y transectoriales con el fin de robustecer la información y favorecer el control del cumplimiento de los derechos en las familias.

• Fortalecen escenarios destinados a que los miembros de la comunidad sepan qué entidades se encuentran en alianza con el gobierno trabajando en el objetivo de los observatorios, y puedan participar como veedores frente al cumplimiento de su labor.

• Un observatorio se constituye como entidad colectiva, no unipersonal, que puede estar formada por individuos o entidades organizacionales de diversa naturaleza o especialidad.

• Un observatorio puede observar una política o proceso supervisado y realizado tanto por un ente público como por uno privado.

• Los observatorios de familia se definen como un equipo formado por individuos que deciden reunirse en un espacio previamente escogido por ellos, con el objetivo de realizar el seguimiento, análisis e incidencia en las políticas dirigidas a la familia.

• Sus actividades primordiales son la producción de dictámenes, la elaboración de reportes e informes y la divulgación de los resultados obtenidos (tecnológicos o tradicionales).

• Los observatorios de familia pueden realizar su labor en diferentes ámbitos a nivel geográfico: nación, región, estado o municipio.

Dentro de las enseñanzas que podemos destacar del desempeño de los observatorios españoles, podemos resaltar que realizan de manera cuidadosa el proceso de enfoque y diseño de sus observatorios. Lo anterior, teniendo en cuenta que en España la mayor parte de sus adelantos se han desarrollado en Madrid y han sido generados y patrocinados por el propio estado español. Otros aportes que sin duda contribuyen al mejoramiento de la imagen de estas instituciones y que bien podrían ser acogidos para los observatorios colombianos son:

• La relevancia que tiene integrar, en la consolidación del equipo que hará parte del observatorio, a delegados de grupos u organizaciones sociales que se encuentren interesados e identificados con el marco de la familia, haciéndolos sentir así, como partícipes en la protección de la calidad de vida de las familias y en el control que se realiza a las políticas generadas para garantizarla.

• Teniendo en cuenta que como función del observatorio también se encuentra estipulado el originar herramientas de control a los planteamientos relacionados con la familia, con la infancia y con la adolescencia, se hace necesario involucrar elementos veedores a la constitución, seguimiento y análisis de las políticas que se propongan en esta línea para garantizar su objetividad y transparencia.

• Integrar al equipo de trabajo profesionales de diversas áreas (salud, orientación social, educación) en el ámbito de familia, con el objetivo de concebir espacios de participación que incluyan la instrucción de estudios especializados acerca de entornos que vendrían en ventaja o desventaja para la calidad de vida de las familias.

• Que hagan parte de los observatorios de familia los actores cabeza de las distintas secretarías del distrito que trabajan en pro del bienestar familiar, del mismo modo que las instituciones universitarias de índole pública o privada que a partir de su pensum desglosan temas que atañen al desarrollo de las familias.

• Las políticas públicas deben estar directamente relacionadas con el objetivo por el cual fue instituido cada observatorio en Colombia, que finalmente es optimizar la calidad de vida en general de las familias dentro del territorio nacional (Arriagada, 2001).

En este apartado se expondrá el estudio sobre los observatorios en Bogotá, tanto aquellos de carácter estatal, como los que son instituciones privadas.

Corresponden a los dirigidos por entidades de control estatal. Algunos contemplan de manera esencial el tema de la familia y otros atienden a grupos en la población que directa o indirectamente tienen relación con la familia o con las políticas planteadas a fin de optimizar su situación. El tiempo de establecimiento de los observatorios a nivel estatal que se relacionan con grupos poblacionales va de 1 a 11 años y se constituyen como respuesta a la Ley 1361 de 2009. Solo el Observatorio de la niñez del ICBF, que es sin duda el más destacado, se fundó en el año 2000 bajo decisión propia de la institución, con el fin de atender las exigencias de la infancia y de la familia. Y es precisamente el ICBF el que registra la mayor cantidad de antecedentes históricos: parte de su propuesta estratégica de fundar los observatorios de familia a nivel nacional (información que se omite en la página del ICBF), pero da una visión de su progreso al evidenciar su cambio de nombre, pero no sus objetivos ni intereses de acción que alineados en temas comunes son:

• Hacerse partícipe en la generación y seguimiento de políticas públicas, programas y proyectos de la administración departamental, promoviendo medidas que incentiven el trato igualitario y la optimización de la calidad de vida de las familias.

• Aunar a la comunidad y a los grupos que la conforman, como miembros activos en la generación de ideas y de estrategias preventivas frente a las problemáticas por atender.

• Transformar la cultura de indiferencia, desigualdad e injusticia, a través de la cooperación de los representantes municipales, estatales y de la sociedad civil.

• Investigar, analizar y consolidar la información que genere el conocimiento real de la situación de las familias y, por supuesto, de los niños, niñas y adolescentes que hacen parte de ella, para luego transmitirla a nivel cualitativo y cuantitativo de manera clara.

• Mantener actualizada la información sobre la realidad que vivencian las familias y los miembros o grupos poblacionales que la componen.

• Trabajar de manera solidaria entre departamentos y municipios, a nivel nacional, en la observación y análisis a la gestión pública frente al tema familiar.

• Constituir el trabajo de búsqueda de la información sobre la familia, la niñez, la adolescencia, la mujer y las políticas públicas a nivel interinstitucional y en red, de manera que se logren involucrar entes privados, públicos e incluso internacionales que generen ideas y con el fin de erradicar los focos de vulneración a los derechos.

• Denunciar la violación de los derechos y hacer mención de las señales de riesgo que atentan contra la integridad de la familia.

• Analizar, en igualdad de importancia, las problemáticas asociadas a la familia (maltrato infantil, violencia intrafamiliar, abuso sexual, etc.) que lastiman de manera directa a los grupos poblacionales de la primera infancia, niñez, y adolescencia que la componen (Universidad de la Salle, 2013, pp. 33-34). En los años 2000 y 2007 surgen como iniciativa del ICBF los observatorios de familia, que permitieron establecer de manera firme las investigaciones y actuaciones frente a los factores de riesgo y a los problemas que afectan directamente a la infancia, adolescencia y por tanto a la familia. Es importante mencionar que desde el año 2007 a nuestros días, no se tiene conocimiento acerca de los cambios administrativos ni de otra índole al interior del ICBF, en relación al desarrollo de los observatorios; solo se conoce que, a partir del año 2012, el mismo ICBF cuenta con el nuevo Observatorio del bienestar de la niñez.

En el ámbito legal, es importante mencionar que cada aspecto tenido en cuenta para los observatorios cubre las necesidades imprescindibles estimadas en el Plan Nacional "Prosperidad para todos" generado entre los años 2010 a 2014, de acuerdo a los registros documentales del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) y a las sugerencias de las entidades internacionales.

En cuanto a las herramientas empleadas para sus investigaciones, los observatorios recurren a métodos cualitativos como síntesis de estudios, literaturas, observación de contextos, entrevistas, valoración de proyectos, programas y políticas nacionales e internacionales; y métodos cuantitativos como el establecimiento de indicadores, estudio estadístico de la información y patrones que evidencian los factores de riesgo (Ballesteros, 2013, pp. 21-22).

Debido al poco tiempo de establecimiento de los observatorios, la información en relación a las líneas de acción no se encuentra documentada, pero se puede concluir que enfocan sus esfuerzos principalmente a:

• Efectuar la estimación y valoración de políticas públicas dirigidas a regular el tema de familia y hacer seguimiento al cumplimiento de los derechos que la protegen.

• Observar de manera cercana el acatamiento de normas a nivel de departamento, nación e incluso a nivel internacional; además de los asuntos en materia de progreso sectorial y los planes, propuestas y labores realizadas por otras organizaciones del Estado.

• Realizar una labor cooperativa e interactiva que permita conocer las diferentes problemáticas sociales al interior de las familias.

Frente a la interacción de los observatorios de carácter estatal mediante las instituciones igualmente estatales, se pretende el trabajo articulado en pro de la evolución de la calidad de vida de las familias y de los grupos poblacionales que las conforman.

El observatorio que más se relaciona con organizaciones privadas es el ICBF (organizaciones académicas, organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales), en el caso de otros observatorios estatales se concluye que la interacción con entes privados se busca con el objeto de obtener un aporte en el compendio de la información por parte de las entidades públicas. Un ejemplo de esta relación es la que mantiene el observatorio del DNP (Departamento Nacional de Planeación) con la Presidencia de la República, el Ministerio de Educación y la UNAL.

Las funciones de los observatorios no son explícitas en la mayoría de ellos, pero se pueden generalizar las siguientes:

• Informar a la ciudadanía acerca de la dimensión real de los problemas en la niñez, adolescencia, familia y sobre los demás grupos poblacionales en relación con ella, así como sobre los desafíos a los que se enfrenta el Estado y la sociedad en la búsqueda de su solución.

• Conocer la realidad social para poder ofrecer una información verídica, además de evidenciar la postura de acato o violación de los derechos a fin de respaldar la toma de decisiones frente al establecimiento de planteamientos, proyectos y políticas públicas, e identificar los recursos y servicios a emplear para cubrir las necesidades de mejora.

• Acordar una metodología de trabajo y análisis de la información de la familia, niñez, adolescencia y género, sin descuidar el control a las políticas públicas.

• Hallar soluciones de acuerdo a los rasgos propios de cada población, a fin de generar políticas y anudar la cooperación de representantes sociales en su perfeccionamiento.

Frente a las metodologías de comunicación empleadas por los observatorios estatales, se destacan la elaboración de boletines, publicaciones, el desarrollo de mesas de internas e interinstitucionales, conservatorios, foros y otros espacios especializados, con auspicio de los avances tecnológicos (Universidad de la Salle, 2013).

Son aquellos que contemplan grupos poblacionales que conciernen directa e indirectamente a la familia o a las políticas especiales que han sido instauradas para atenderlas, entre los cuales se destaca el Observatorio de la Universidad Javeriana u Observatorio Javeriano de Juventud.

Como antecedentes de estos observatorios, de acuerdo a lo documentado, podemos deducir que su tiempo de constitución es impreciso: dos de estos observatorios se fundaron hace aproximadamente entre unos 6 a 10 años, otros llevan entre 10 y 24 años funcionando y otros no registran tiempo de establecimiento.

Los observatorios de perfil privado fueron fundados por una decisión exclusiva en amparo de los derechos de la mujer y de la juventud, o por el afán de averiguar y tener conocimiento de la realidad en cada región del país, ya que no se tenía información concreta de las mismas. Los objetivos de estos observatorios son:

• Informar acerca de la violación de derechos y amenazas de riesgo para la toma de decisiones encaminadas a perfeccionar los mecanismos de protección a la población y sus familias.

• Han querido incurrir en la formulación de políticas públicas dirigidas a la familia y a los diferentes grupos de la población que se relacionan con ella (infancia, adolescencia, juventud, mujeres), sin lograr definir el cómo realizarlo.

• Producir, apoyados en organizaciones académicas, un conocimiento verídico de la realidad vivencial de la población colombiana, tomando como base la captación, estudio y análisis de información.

• Articular la participación de la comunidad internacional y de los grupos de la población, en los escenarios de defensa de los derechos humanos.

• Generar conciencia en pro del respeto y acato a los derechos de la familia.

• Orientar esfuerzos a la intención de aportar en la formación de profesionales en el conocimiento de los derechos de la población para que promulguen su respeto.

• Definir el trabajo cooperativo a nivel interinstitucional facilitando la generación de mecanismos de acción para las entidades nacionales e internacionales.

Los fundamentos en los que se basan los observatorios se encuentran en legislaciones o normas nacionales e internacionales dirigidas a la protección de los derechos humanos con enfoque de género, etnia, identidad y otros que han generado discriminación a diferentes grupos poblacionales. Algunas de estas legislaciones son la Ley 127/2010 o Ley de infancia y adolescencia y la ya mencionada Resolución 1325/2000 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

La metodología empleada por la mayoría de observatorios se basa en el seguimiento de las problemáticas a nivel de departamento, municipio y localidad, de acuerdo a lo resuelto por el Consejo de Seguridad en relación a la paz, la seguridad y la mujer. Generalmente, los observatorios privados no citan vínculos con instituciones estatales; sin embargo, sí tienen interacción en el planteamiento de políticas, debido a su interés en la creación e implementación de las mismas en territorios afectados.

En cuanto a su relación con organizaciones no gubernamentales, organizaciones académicas e internacionales, se mantienen estrechas relaciones por su mutuo interés en la problemática de las comunidades; mientras que su incidencia en las políticas públicas se precisa en suministrar la información necesaria para adaptar dichas políticas a las poblaciones y servir de veedores de su cumplimiento a fin de plantear mecanismos de acción más afines a cada población (escritos de análisis o aclaraciones, documentos creados para cursos, registros de reuniones u otros encuentros organizados por el observatorio) (Universidad de la Salle, 2013).

Ya habiendo contemplado las características fundamentales de los observatorios de familia colombianos, es importante ahondar en lo que ofrecen estas mismas instituciones en la ciudad de Bogotá, haciendo claridad, en primera instancia, en el hecho que en nuestra ciudad se ha logrado avanzar en la comprensión de la información adquirida, gracias a que se ha trabajado sobre indicadores socioeconómicos, demográficos y de territorio a nivel macro y micro; aunque el estudio de las circunstancias económicas solo ha llegado a efectuarse a nivel regional. En los observatorios de Bogotá se han podido evaluar los hogares y a quienes los conforman, con base en los resultados proyectados por el DANE en su encuesta de aspectos sociodemográficos, que a su vez es complementada con la adquirida del observatorio que funciona en el ámbito rural (Galvis, 2012).

Los observatorios de familia en nuestra ciudad tienen como finalidad trabajar en beneficio de la igualdad en la calidad de vida y salud de las familias, dirigiendo el desarrollo de su labor a los distintos grupos poblacionales; no obstante, esto continúa siendo tan solo el ideal de lo que sería trabajar con la coadyuva de las distintas secretarías del distrito, con el fin de constituir, con base en las necesidades evidenciadas, las políticas públicas que respalden dicha igualdad.

Se hace necesario mencionar que en Bogotá el observatorio con menor tiempo de funcionamiento es el de Mujer y Género, que, a partir de la Secretaría Distrital de la Mujer, establece cuatro labores fundamentales: 1) control a la política pública de mujer e igualdad de género, tomando como referente el estudio minucioso de la situación de la mujer en la ciudad; 2) el derecho al respaldo de la justicia y erradicación de la violencia en la familia; 3) espacios de participación; 4) casas de igualdad que la involucren; este es sin duda el gran reto de participación y desarrollo de la mujer en condición de igualdad frente a la población.

Los observatorios de familia de la ciudad han sido constituidos con pretensiones definidas que no han logrado llevarse a la realidad y han estado enmarcados en un diseño y aparente desarrollo que realmente permanece cargado de dudas, eventualidades y emergencias sin atender de manera efectiva. Por estas razones, los observatorios han llegado a considerarse como una iniciativa que existe, sin haber logrado institucionalizarse ni haber alcanzado el logro de los objetivos fundamentales por los cuales se propuso su fundación.

Una de las problemáticas fundamentales en la gestión de los observatorios de familia a nivel Bogotá, es la insuficiencia en la información suministrada a la población. Existe la normativa, los medios de acceso, e incluso las herramientas tecnológicas (página web, chat), pero la divulgación de su existencia y la promoción de su labor ha sido prácticamente silenciosa, del mismo modo que su desempeño frente a las diversas contingencias que día a día empañan el buen desarrollo y la calidad de vida de las familias.

En la tabla 1 se registran algunos de los documentos que son producto del análisis de datos obtenido en el observatorio de familia en Bogotá:

Tabla 1
Propuesta del diseño de los observatorios de familia.

Fuente: adaptado del "Foro nuevas ciudadanías", Secretaría de Planeación (2013).

Los observatorios de familia tienen dos fines fundamentales: el primero es el de conocer y examinar con detenimiento las metodologías o herramientas, las relaciones o vínculos y los diversos escenarios que vivencian las familias colombianas, con el ánimo de apoyar la estructuración y mejora continua de las políticas y metodologías empleadas para fortalecerlas y protegerlas. El segundo se constituye en proveer información a través de investigaciones realizadas, publicaciones y mediante la articulación de información que puedan proveer las diferentes entidades y espacios participación ciudadana dedicados al desarrollo de algún tema que atañe a la familia (Departamento Nacional de Planeación, 2016, p. 3).

Desde la perspectiva social, la familia es el pilar influyente en el desarrollo íntegro de todos sus miembros, en especial el de la niñez. Es en la familia donde se cultivan los ejemplos culturales y las formas de vivir la vida que posibilitan la realización personal y social, y por ende, donde son evidentes las condiciones sociales, culturales, políticas y económicas predominantes en nuestro entorno. El marco normativo que a continuación se enuncia de manera breve, contempla las bases legales, enfoques y referentes conceptuales encaminadas al progreso y amparo de la familia.

En primer lugar, nuestra Constitución de 1886 no define de manera clara y precisa a la institución familiar, se dirige a ella solo en los artículos 23 y 50 citados en el título II, en los cuales se menciona la reglamentación de los derechos civiles y garantías: el artículo 23 cita escasamente que "nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente [...]", y el artículo 50 hizo referencia a ella en el estado civil de su conformación, mencionando que "las leyes determinarán lo relativo al estado civil y consiguientes derechos y deberes" (Constitución Política de Colombia, 1886, p. 1, artículos 23, 50).

Pese a que nuestra Constitución de 1886 no tuvo en cuenta una regulación explícita frente a la familia, nuestro Código Civil (Ley 84 del 26 de mayo de 1873) acogido posteriormente como el Código de la Unión según la Ley 57 de 1887 en su título X, artículo 874, sí precisa la conformación familiar mencionando que esta se constituye por la mujer y los hijos que ya existen al momento de su fundación y por aquellos que vienen después; menciona además que también cobija como familia a todos aquellos que a la fecha vivan con "el habitador" y sean mantenidos por el mismo, haciendo uso de su derecho al disfrute de una habitación y del uso de la misma (Consejo Nacional Legislativo, 1887).

Posteriormente, en la Constitución de 1991, este panorama cambió de manera radical: la familia es definida y protegida sin distinción alguna de su origen sea matrimonial o extramatrimonial dependiendo del hombre o mujer que conforman la pareja; o de adopción en lo que atañe o corresponde a sus hijos. Es en esta, nuestra actual Constitución, que se define a la familia como un núcleo fundamental de la sociedad a la cual la dignidad, honra e intimidad no le pueden ser violadas; determina al patrimonio familiar como inembargable, establece que las relaciones familiares deben fundamentarse en la igualdad total de derechos al interior de la pareja y que el respeto debe ser mutuo entre quienes la conforman (Constitución Política de Colombia, 1991).

Este hito fundamental que marcó la Constitución de 1991 en relación a la protección y al afán de hacer cumplir los derechos humanos de los niños, de las niñas y de los adolescentes, así como en general de la familia en Colombia, fue lo que precisó a través de nuestra nueva Constitución Política el nuevo marco legislativo a nivel político y jurídico, que permitió reconocer a nuestra nación como un Estado social de derecho, y mediante la cual, en defensa de muchos de los derechos de los colombianos y la estimación de los deberes que estamos obligados a acatar, se refiere a la institución familiar citada en sus artículos 5, 42 y 44 como institución o pilar fundamental de la sociedad y en el desarrollo de la niñez, definiéndola en estos dos ámbitos de la siguiente manera:

Sin discriminación de ningún tipo, se acoge a la familia como institución básica de la sociedad (artículo 5).

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla [...] (artículo 42, primera parte).

[La familia como derecho de la niñez] [...]. A tener una familia, y no ser separado de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión [...], [y así mismo menciona en otra parte el mismo artículo]: la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos [...] (Constitución Política de Colombia, 1991, artículo 44).

Por otra parte, la Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006 llamada Código de la infancia y la adolescencia fue creado con la finalidad de garantizar el derecho que tienen los niños, las niñas y los adolescentes de crecer al interior de una familia y de una comunidad en donde se desarrollen, rodeados de un entorno de amor, comprensión y felicidad (artículo 1). Aún más interesante que el fundamento de esta legislación, es la sanción que esta ley infiere frente a la responsabilidad de las autoridades de hacer que su aplicación se haga efectiva como garantía del cumplimiento de los derechos en los infantes y de la responsabilidad compartida que tiene la familia y la sociedad con el mismo fin (Congreso de Colombia, 2006).

Así mismo, la Política Pública y Social de Primera Infancia - CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) no 109 (Departamento Nacional de Planeación, 2007), ha sido encaminada a favorecer a los niños menores de 6 años en cuanto a su educación, salud, nutrición, desarrollo social y desarrollo económico. Su enfoque va dirigido al Plan Nacional de Desarrollo y soporta su jurisprudencia en las obligaciones acogidas en la Convención internacional sobre los derechos de los niños, buscando fundamentalmente privilegiar la protección estatal de la familia y comprometerla de manera cooperativa con el deber de impulsar la equidad de derechos y la articulación de labores productivas que armonicen su rol, en conjunto con el Estado y la sociedad.

Enfocándonos directamente en la constitución de los observatorios de familia, es importante mencionar la Ley 1361 del 3 de diciembre de 2009 o Ley de protección integral a la familia, que respalda a esta institución con la definición de núcleo fundamental de la sociedad, constituida a través de vínculos generados de manera natural o mediante la intervención jurídica, pero siempre fundamentada en la común y libre decisión que toma un hombre y una mujer para contraer matrimonio o unirse y conformarla a voluntad (Congreso de Colombia, 2009, p. 1, artículo 2).

Esta ley aboga por promover el progreso a nivel integral de la familia, teniendo en cuenta que es el núcleo esencial de la sociedad y que se enmarca en los principios de derecho, equidad, universalidad y participación que buscan precisar la forma en la que se quiere fortalecer y preservar la institución familiar. Fue creada en primera instancia con la finalidad de formular una política pública que estuviese encaminada a que el Estado y la sociedad promulgaran la generación de espacios de meditación e intercomunicación entre quienes conforman la familia, a fin de lograr su fortalecimiento a nivel general, reduciendo los factores de riesgos que amenazan su integridad (artículo 11); y con el fin de intervenir y aportar de manera favorable en los aspectos que contribuyen a nivel integral en el desarrollo benévolo de las familias y que obedecen a los derechos de salud, vivienda, educación, productividad, cultura, recreación y deporte (artículo 12). Sin embargo, pese a que esta legislación se encuentra vigente, en Colombia no pasa de ser un documento más sin práctica que menciona la creación del Observatorio de Política de Familia, que permitiría: "[...] conocer la estructura, necesidades, factores de riesgo, dinámicas familiares y calidad de vida, a fin de hacer el seguimiento a las políticas sociales encaminadas al fortalecimiento y protección de la familia [...]" (Congreso de la República, 2009, p. 1, artículo 9); a pesar de lo anterior, no se percibe resultado alguno de su funcionamiento.

En línea con nuestra Constitución y la demás legislación citada anteriormente, la Corte Constitucional, en ejercicio de labor jurídica y bajo aprobación de las sesiones de la sala plena, ha emitido la ponencia para segundo debate al Proyecto de Ley número 209 de 2008, Cámara 059 de 2007 Senado, y algunas sentencias que se describirán a continuación y que buscan respaldar el concepto, los derechos y deberes de las familias colombianas. Son estos documentos jurídicos:

Ponencia para segundo debate al Proyecto de Ley número 209 de 2008, Cámara 059 de 2007 Senado (Proyecto de Ley 209 de 2008, 2009), por medio de la cual se crea la Ley de protección integral a la familia, cuyos autores son la senadora Claudia Rodríguez de Castellanos y el representante Luis Felipe Barrios y que tiene por objeto fortalecer y garantizar el desarrollo integral de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y establecer parámetros para la elaboración de una política pública para la familia. En esta ponencia se declara el 15 de mayo de cada año como el Día Nacional de la Familia y se establece la creación del Observatorio de Política de la Familia que permita conocer la estructura, necesidades, factores de riesgos, dinámicas y calidad social orientadas a su fortalecimiento y protección, así como el re direccionamiento de los recursos y acciones que mejoren su condición.

Sentencia T 278 de 1994, que define a la familia como:

[...] Primera institución social, que concilia las exigencias de la naturaleza con los imperativos de la razón social. La familia es anterior a la sociedad y al Estado, entidades que están instituidas en primer lugar para servir al bienestar de la familia, del cual dependen las condiciones de la sociedad y del Estado. Nadie puede reemplazar a los padres en el cumplimiento del primer deber ante los hijos, deber que dicta antes el amor que la obligación [...] (Corte Constitucional, 1994, p. 1).

Sentencia C 271 de 2003, en la que se considera familia como:

[...] Una comunidad de personas emparentadas entre sí por vínculos naturales o jurídicos, que funda su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, y que se caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus integrantes más próximos [...] (Corte Constitucional, 2003, p. 1).

Sentencia C 577 de 2011, para la cual la institución familiar es un organismo que debe gozar de la protección del Estado:

[...] Siendo la familia el núcleo fundamental de la sociedad, los distintos Estados han advertido la necesidad de dotarla de un sustrato material que le permitiera satisfacer sus necesidades básicas para que pueda surgir y desarrollarse sin traumatismos [y, de igual modo] han advertido la necesidad de brindarle una protección jurídica preferente [una de cuyas formas es el amparo de su patrimonio, mientras que otras consisten en el establecimiento de], la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, [en la consideración especial de los niños] como titulares de derechos fundamentales [...] (Corte Constitucional, 2011, p. 1).