Introducción

El desarrollo del problema de la vivienda, el acceso al hábitat y el derecho a la ciudad tiene un extenso alcance y, en las últimas dos décadas, se ha expresado con mayor notoriedad tanto a nivel nacional como a escala local, razón por la cual se considera que la respuesta del Estado no puede ser de carácter aislado o coyuntural, sino que requiere un abordaje integral y sostenido que permita revertir las injusticias espaciales estructurales. Entendiendo el espacio como un producto social de las relaciones de poder, consideramos que dichas injusticias espaciales son el resultado de los distintos procesos de mercantilización mediante los cuales el sistema capitalista logra alcanzar sus objetivos. En este sentido, Topalov (1979) ya advertía que los procesos de urbanización capitalista son ante todo una multitud de procesos privados de apropiación del espacio, donde aquellos sectores que no puedan pertenecer, o producirlo desde una lógica mercantil o rentística (Pirez, 1995), quedan excluidos de poder acceder a un derecho humano básico para el desarrollo de una vida digna. Con el objetivo de generar ganancia y renta diferencial, cada vez más el espacio urbano es producido bajo una lógica de mercantilización, donde la ciudad denominada “formal” se ha encargado de potenciar la vivienda como un bien más en el mercado y ha logrado dejar por sentado en el sentido común de las sociedades que el valor de cambio debiera prevalecer por encima del valor de uso.

Las experiencias de trabajo aquí presentadas tienen un encuadre desde el derecho a la ciudad en tanto buscan reivindicar el valor de uso de las ciudades, materializado en intervenciones territoriales que tienen como meta el acceso justo al hábitat de los grupos desterritorializados de Tandil. Siguiendo esta dirección, Molano Camargo (2016) plantea que “la reestructuración urbana impulsada por el capitalismo financiero y el modelo neoliberal, al tiempo que han llevado a la privatización de los servicios públicos urbanos, han limitado el acceso ciudadano a las decisiones sobre la ciudad” (p. 5). Alessandri Carlos (2014), en sus estudios sobre la segregación socioespacial, alude a que la reproducción del espacio urbano viene a profundizar esa contradicción entre el proceso de producción social del espacio y su apropiación privada, donde la forma predominante de acceso al suelo y a la vivienda es a través del mercado. El derecho a la ciudad, siguiendo este razonamiento, supone reivindicar aquellas otras formas de acceso vinculadas con la intervención estatal o con la informalidad urbana asociadas a los que conocemos como urbanizaciones populares.

En lo que respecta al caso de Argentina, si bien la problemática del acceso a la vivienda viene de larga data, es importante mencionar que, luego de la crisis del año 2001, la actividad económica registró un crecimiento que promovió el desarrollo de las inversiones inmobiliarias y del sector de la construcción. A su vez, las instituciones estatales establecieron escasas regulaciones al funcionamiento del mercado inmobiliario, lo que potenció la dinámica especulativa. Durante el período 2001–2010, la información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y los estudios sobre la evolución del déficit habitacional señalan que el acceso a la propiedad de la vivienda se ha reducido (Putero, 2011).

A nivel local, el problema del acceso a la vivienda y la informalidad urbana también se vieron agudizados. En la ciudad Tandil este proceso tuvo características particulares relacionadas con el auge de proyectos inmobiliarios destinados a edificios en altura, complejos habitacionales de propiedad horizontal, barrios cerrados, cabañas, hoteles, entre otros (Migueltorena, 2019). El perfil que adquirió la producción de la vivienda y las características de las inversiones inmobiliarias estuvieron definidos por algunos atributos intrínsecos a esta ciudad intermedia, que contribuyeron a reforzar su posición como nodo regional en el sudeste bonaerense. En Tandil se ha observado, desde hace dos décadas, una dinámica inmobiliaria sumamente pujante, la cual ha provocado un incremento del 97,59 % de la cantidad de viviendas existentes en el partido entre los años 2001 y 2022. Esta cifra se encuentra muy por encima del crecimiento poblacional, que en ese mismo período representó un 34,65 % (INDEC, 2001, 2022). Sin embargo, el incremento de los precios de los bienes inmuebles, junto con el deterioro del poder adquisitivo que percibió la población trabajadora en los últimos años, han generado una restricción significativa en el acceso al hábitat digno, manifestada a través del aumento del porcentaje de hogares inquilinos, la expansión de la informalidad urbana y el acrecentamiento de los conflictos por ocupaciones colectivas de tierras y/o viviendas. Específicamente, en lo respecta al incremento de hogares inquilinos, los censos nacionales indican que los mismos se elevaron del 15,5 al 29,81 % durante el período comprendido entre los años 2001 y 2022 (INDEC, 2001, 2022).

El crecimiento de la trama urbana de la ciudad hacia los márgenes tuvo su correlato en el desarrollo de nuevos asentamientos precarios y barrios populares, lo cual ocasionó el aumento diferencial en el precio del suelo y de alquileres y eso impactó en el crecimiento del déficit habitacional, proceso que puede ser reconstruido a partir de los datos del Registro Provincial de Villas y Asentamientos Precarios (RPPVAP) y del Relevamiento Nacional de Barrios Populares (RENABAP). El primero de ellos identifica ocho asentamientos (cinco de ellos surgieron luego de 2001 y se establecieron en las zonas periféricas del nor–noroeste de la ciudad), mientras que el segundo constató la existencia de 11 barrios populares (siete ubicados sobre los márgenes del ejido urbano, también en las zonas periféricas del nor–noroeste).

A este respecto, considerando la centralidad de la problemática habitacional en la agenda pública local, desde 2013 al presente hemos consolidado el equipo “Hábitat y Derecho a la Ciudad”, un grupo interdisciplinar que reúne a docentes, investigadorxs, graduadxs y estudiantes de distintas carreras (Antropología, Historia, Geografía, Trabajo Social, Relaciones Internacionales) y que trabaja en conflictos urbanos desde una perspectiva del derecho a la ciudad. Asimismo, hemos participado en el desarrollo de un conjunto de proyectos y programas de extensión universitaria abocados a trabajar sobre la promoción de derechos y el acceso justo al hábitat en Tandil y la región. Esto nos permitió comprender la dimensión habitada y las particularidades que adopta la problemática habitacional en las situaciones de conflictividad urbana en ciudades medias del centro de la provincia de Buenos Aires. A su vez, posibilitó construir una trama de relaciones sociales junto a organizaciones, colegios de profesionales e instituciones públicas en pos de afianzar procesos que garanticen el acceso a derechos fundamentales para las clases subalternas.

El objetivo del artículo es problematizar intervenciones realizadas desde abordajes teórico–metodológicos de extensión crítica en conflictos urbanos por el acceso justo hábitat en la ciudad de Tandil. Con este fin, se abordarán dos experiencias concretas, una sobre un proceso de integración sociourbana en el barrio Tarraubella, y otra en torno a una ocupación colectiva de tierras en el barrio La Movediza.

El texto se estructura en tres apartados. En el primero, se exponen consideraciones teórico–metodológicas para la praxis extensionista desde su sentido crítico; en el segundo, se hace un recorrido histórico de la trayectoria del grupo y, en el tercero, se presentan las dos experiencias concretas de intervención en los mencionados conflictos urbanos. Por último, se comparten algunas reflexiones finales sobre los desafíos, obstáculos y limitaciones de la función social de la universidad y la práctica extensionista en el trabajo interdisciplinario de problemáticas urbanas.

Consideraciones teórico–metodológicas para el trabajo extensionista

Partimos de una definición amplia de la extensión universitaria a los fines de pensar la forma que asume la relación entre la universidad y la sociedad, con ineludibles implicancias ético–políticas, pedagógicas y epistemológicas (Cano, 2014). De este modo, la concretización de esa vinculación exige el posicionamiento sobre diversos aspectos: a) la orientación de la intervención en cuanto a las relaciones de poder en los territorios de trabajo (tanto barriales/comunitarios como universitarios/académicos); b) las formas de entender, planear y desarrollar los procesos de enseñanza–aprendizaje; c) la concepción sobre la construcción de conocimiento, sus sentidos y los métodos para construirlo y validarlo; y d) la relación de articulación integral entre esas dimensiones.

Las experiencias objeto de reflexión se desarrollaron con los criterios de abordaje de la extensión crítica (Tommasino y Cano, 2016; Erreguerena, Nieto y Tommasino; 2020). Por un lado, se concibe la praxis con una vocación transformadora, y para ello se prioriza el trabajo con grupos subalternos, postergados, excluidos, dominados y/o explotados. Además, se plantea como uno de sus objetivos primordiales aportar a su organización y al desarrollo de su autonomía en clave de construcción de poder popular, contemplando la necesidad de articular proyectos político–académicos en donde la función extensionista tendría que cumplir un rol central en el doble juego de la transformación institucional y el cambio social.

Por otro lado, en términos pedagógicos, retomando los principios y orientaciones de la educación popular y los planteos teórico–políticos de Freire (1973; 2005; 2013), se fomenta la construcción de un vínculo educativo “sustantivamente democrático”, en contraposición tanto a las prácticas bancarias dominantes en el ámbito universitario como al posicionamiento espontaneísta, que considera que las masas populares son las poseedoras de la verdad única. En este sentido, se diferencia de la lógica de la manipulación, donde el educador es el portador del conocimiento y lo deposita en el alumno, pero también rechaza la posición basista, donde se desprecia el conocimiento científico y las nociones teóricas en una pose de antiintelectualismo popular para el cual solo importa la práctica. Por el contrario, propone una educación problematizadora, dialógica y liberadora, en donde se considera que todos saben, todos enseñan, todos aprenden, y se habilita la rotación de roles entre educador y educando en clave de diálogo de saberes.

Nociones como “temas generadores”, “círculos de investigación temática” y “círculos de cultura”, formuladas por Freire en el marco de sus propuestas de “posalfabetización”, han sido retomadas por la extensión crítica en la formulación de propuestas metodológicas como los mapeos de problemas, sueños y proyectos (Tommasino y Rodriguez, 2013; Tommasino, Bianchi y Gandolfo, 2020). En consonancia con estas ideas, la extensión crítica articula sus criterios epistemológicos retomando planteos alternativos a la tradicional investigación académica de tintes positivistas. Más allá de la denominación que asuman (investigación participativa, investigación acción, investigación acción participativa, investigación militante, sociopraxis, posalfabetización), estas perspectivas comparten la preocupación común por desarrollar procesos investigativos con eje en la transformación social y con la participación directa de los sujetos involucrados en un plano de horizontalidad que habilite críticamente el diálogo de saberes. Al respecto, proponen la subversión de la relación tradicional entre el investigador como sujeto de conocimiento y los actores sociales como sus objetos de estudio, para fomentar así el desarrollo de una relación sujeto–sujeto, en donde se reconoce y recupera el saber popular y la participación de los colectivos sociales, comprendiendo que la praxis, síntesis dialéctica de la acción y la reflexión, constituye la piedra angular para la transformación social y la construcción de conocimiento (Tommasino y Pérez Sánchez, 2022; Rahman y Fals Borda, 1989).

Por último, cabe destacar que la extensión crítica, en busca de otorgarle una unidad de sentido a todas estas ideas, construyó la noción de la integralidad, que refiere a la articulación de las funciones universitarias (docencia, investigación y extensión), de los saberes (populares y académicos), de las disciplinas científicas y de los actores participantes (organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, equipos universitarios, colectivos, referentes, etc.). Bajo esta idea se condensó un planteo con horizonte transformador de los formatos institucionales, cuestionando las relaciones de saber–poder y buscando habilitar nuevas formas de enseñanza–aprendizaje que permitan impulsar nuevas agendas de investigación y formación (Tommasino y Rodríguez, 2013; Cano y Castro, 2016).

En conformidad de los criterios y fundamentos aquí planteados, como equipo de “Hábitat y Derecho a la Ciudad” fuimos construyendo una concepción metodológica del trabajo extensionista (Jara, 1995) que partió de combinar el interés por conocer la realidad social con la voluntad de buscar transformarla de manera colectiva, en un sentido popular y emancipatorio. Para ello se hizo especial hincapié en la dimensión histórica y en el reconocimiento de la capacidad de agencia de los distintos grupos sociales en la construcción de esa realidad, entendida en su continuo movimiento, como la articulación contradictoria de múltiples relaciones. De aquí la necesidad de visibilizar las redes que componen el territorio, buscando romper con las dinámicas de abordaje aisladas y fragmentadas y propiciando estrategias de intervención articuladas integralmente de manera multiactoral, intersectorial, interinstitucional e inter/transdisciplinarias.

La perspectiva de redes (Najmanovich, 2012), resultó fundamental para comprender el dinamismo, la fluidez, la irregularidad, la heterogeneidad, la complejidad, la interacción y la multidimensionalidad de los procesos sociales en los cuales se intervino desde la Universidad. Además, hizo factible reformular los modelos tradicionales centrados en las relaciones formales y jerárquicas, para pensar intervenciones desde un ámbito heterárquico (como el de las redes) de una forma más interactiva, flexible y con una continua retroalimentación. En esta clave, la construcción de mesas y redes para intervenir en situaciones particulares puede ser productiva para la concretización de acciones, en tanto estas permiten operar de manera rápida sobre las contingencias, habilitando la articulación democrática y el apoyo recíproco entre las distintas organizaciones, instituciones y grupos que componen la red.

La conformación de equipos para la intervención no es un trabajo sencillo: requiere tomar atención sobre algunos aspectos relevantes para su funcionamiento y para alcanzar los objetivos que se propongan. Tal como señalan Del Cueto y Fernández (1985), los grupos son: “espacios tácticos donde se da la producción de efectos singulares e inéditos” (p. 16). Esto habla de su carácter efímero, comprendiendo que no son islas, sino que se encuentran dentro de un entramado mayor, puesto que están atravesados por múltiples inscripciones que generan situaciones particulares. De este modo, para constituir un agrupamiento se necesitan algunas condiciones: un tiempo, un espacio, un número de personas y un objetivo común. Muchas veces se considera que la tarea que reúne a una serie de personas es la razón suficiente para la conformación de un grupo, sin embargo, esa acción común a realizar es meramente convocante del grupo, pero no estructurante de su existencia. Tal como sostienen las autoras: “un grupo se estructura como tal, más que por su tarea, cuando va consolidando un conglomerado de representaciones imaginarias comunes” (Del Cueto y Fernández, 1985, p. 23). Atento a ello, tiene un papel fundamental la conformación de una “ilusión grupal”, en tanto deseo común que busca ser alcanzado, que podrá generar la fuerza necesaria para lograr los objetivos que se plantean, superar las adversidades y construir un sentido de pertenencia común. Al mismo tiempo, tener en cuenta que los grupos son efímeros sirve para comprender que muchas veces esas “representaciones imaginarias comunes” que los estructuran pueden desvanecerse y poner en riesgo su existencia misma. Esta última consideración resultó fundamental a la hora de pensar los abordajes desde equipos de articulación intersectoriales, multiactorales, interinstitucionales e interdisciplinarios.

Partir desde una perspectiva de integralidad que comprenda la realidad desde su complejidad y fluidez, sin sectorizar las intervenciones, en su acepción amplia, no como mera articulación de funciones universitarias, sino, además, como base sobre la que construir esa grupalidad (porque, cuando se dispersa esa mirada de totalidad y se impone el particularismo de cada actor, se corre el riesgo de que el imaginario común se disipe y, por ende, el grupo se disperse sin alcanzar los objetivos planteados en la intervención).

En consonancia, según las condiciones concretas de cada escenario, la fluidez de los cambios y las particularidades de la interacción compleja que constituye cada territorio, no se pensó en abordajes metodológicos como una serie de reglas formalizadas de intervención extensionista. En cambio, se buscó articular los métodos, técnicas y procedimientos de manera coherente conforme a las necesidades e intereses de los actores intervinientes en el contexto concreto en que se desarrolló cada experiencia. En algunos casos pudieron establecerse estrategias metodológicas que combinaron técnicas de investigación más tradicionales (encuestas, entrevistas, observación participante) con otras de carácter participativo (cartografía social, mapeo de problemas, mapeo de actores). La potencia de esta hibridación fue muy útil para las experiencias extensionistas ya que su punto de partida estuvo orientado por la praxis colectiva en clave de cambio social.

Paralelamente, otra de las cuestiones a tener en cuenta con relación a las prácticas extensionistas tiene que ver con la producción de contenidos en el marco de las acciones realizadas y sus implicancias metodológicas y epistemológicas. Considerando la noción de “devolución sistemática” (Fals Borda, 1988), los resultados de la co–construcción de conocimientos desarrollada en el marco de las experiencias extensionistas deben ser expuestos públicamente teniendo en cuenta los ámbitos y objetivos que los movilizaron. En este sentido, el primero de los públicos que se tiene que tener en cuenta es el compuesto por los actores participantes y la comunidad en la que se insertó la experiencia, para lo cual son útiles las prácticas de comunicación popular con lenguajes y medios de alcance cotidiano. Otro de los ámbitos a tener en cuenta tiene que ver con la “opinión pública”, campo donde intervenir como universidad para problematizar algunas de las dimensiones abordadas en el trabajo, siendo posible realizar notas de opinión, entrevistas o columnas en medios de comunicación masivos. Tampoco debe relegarse la discusión al espacio académico y, para ello, son relevantes la participación en jornadas, la redacción de artículos, ponencias y contenidos educativos. Por último, cabe mencionar la importancia de que estas experiencias puedan aportar tanto a los reclamos de acceso a derechos, como en cuanto a la construcción de políticas públicas y, en este caso, la comunicación de los resultados con el formato de informe técnico fue un insumo valioso para jerarquizar la información construida.

Hacia una genealogía de la trayectoria del equipo extensionista

En el desarrollo del trabajo extensionista desde una perspectiva crítica, tuvimos como horizonte la construcción colectiva de conocimiento para la transformación de la problemática habitacional en Tandil, aspecto que puede verse reflejado en nuestra trayectoria.

Como equipo extensionista desarrollamos distintos proyectos, programas y acciones con relación a la problemática del acceso justo al hábitat y la integración sociourbana de los barrios populares en la región del centro de la provincia de Buenos Aires. No obstante, el equipo tuvo su origen en 2013, cuando en la localidad de Tandil se conformó la “Asamblea por tierra y vivienda” a partir de un conflicto de ocupación colectiva generado por el desalojo de familias en el barrio Plan Federal de La Movediza. Este espacio colectivo tenía como objetivo ayudar a garantizar los derechos de las personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad habitacional y amenazadas por desalojos. Desde entonces se propuso luchar por el acceso a la vivienda digna y el derecho a la ciudad, estableciéndose como prioridad el conocimiento y promoción de las herramientas de Acceso Justo al Hábitat (Ley provincial 14449). Dentro de las actividades que impulsó la Asamblea, se destacó la realización del 1° Foro de Acceso al Hábitat en septiembre de 2014. En esta instancia se realizó un diagnóstico de lo que ocurría en la ciudad con respecto al tema y se propusieron distintas formas de interpelar al Estado para la implementación de algunos programas contemplados dentro de la ley.

Sobre la base de los resultados de esta primera experiencia, y pretendiendo dar continuidad a los debates que allí surgieron, el equipo presentó el Proyecto de Voluntariado Universitario “II Foro de Acceso al Hábitat”, aprobado y financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación. Como estrategia para potenciar el trabajo colectivo interdisciplinario se generaron distintas jornadas con actores y organizaciones sociales locales y provinciales (Mujeres sin Techo, Asociación Civil Docentes de Tandil por la Promoción Cultural y la Solidaridad, Patria Grande, Asociación Civil Madre Tierra, Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires —FOTIVBA—). Allí se trabajó sobre la potencialidad y viabilidad de las diferentes herramientas que ofrecía la Ley 14449, poniendo énfasis en las experiencias alternativas de acceso al suelo y producción del hábitat desarrolladas por organizaciones sociales y actores de la sociedad civil en la ciudad. Como producto de este trabajo se publicó la revista Hábitat en Tandil ¹, que recuperó en clave de comunicación popular las distintas aristas abordadas.

Durante 2018 y 2019, la experiencia tuvo su continuidad con el desarrollo del Proyecto de Extensión de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires (UNICEN) “Hábitat y derecho a la ciudad: metodologías participativas, diagnóstico de problemas y articulación territorial”, con anclaje en los barrios de Villa Gaucho, Palermo y Selvetti de la ciudad Tandil. En esta oportunidad, se trabajó con la Mesa Barrial integrada por instituciones y organizaciones sociales para la construcción de un diagnóstico participativo sobre las condiciones de acceso al hábitat en el territorio de referencia. Específicamente, se co–construyó una encuesta con las instituciones educativas de los distintos niveles (Primaria N° 32, Secundaria Nº 14 y el Jardín de Infantes N° 926), elaborada con la participación de estudiantes y las comunidades educativas de dichas instituciones. Este instrumento buscó relevar los principales problemas y preocupaciones vinculadas con el hábitat y el derecho a la ciudad de las personas del lugar y sus resultados fueron presentados en el festival “Así vive la barriada”. Además, se trabajó en la publicación del segundo número de la revista Hábitat en Tandil (2019) y del Informe Técnico “Acceso al hábitat en Villa Gaucho, Palermo y Selvetti” (2019), exclusivamente dedicados a la difusión de los resultados de este proyecto.

Entre 2020 y 2021 se concretó el tercer proyecto extensionista impulsado por el equipo, denominado “Derecho a la ciudad y metodologías participativas”, aprobado y financiado por la Secretaría de Extensión UNICEN. El mismo tuvo la particularidad de extenderse durante casi todo el período de la pandemia de COVID–19, obligando a que muchas de las actividades debieran realizarse en formato virtual. Entre las cuestiones centrales que abordó este proyecto, se destacaron las acciones realizadas en el marco de un conflicto socioterritorial en Villa Gaucho, Palermo y Selvetti, iniciado cuando el predio del Centro Social y Deportivo Limache dejó de funcionar como espacio deportivo y cultural bajo la órbita del Estado municipal, pasó a ser gestionado por la Iglesia La Roca y quedaron sin lugar para funcionar las actividades que allí se llevaban a cabo. Frente a esta situación, se acompañó el reclamo de reapertura del Limache impulsado por la Mesa Barrial con la presentación de un Informe Técnico ante las autoridades municipales donde se mostraba la centralidad que este espacio revestía en la vida barrial por su función de integración, disfrute, encuentro e identidad. También se acompañó la presentación de un proyecto de ordenanza para la relocalización de las actividades que allí se desarrollaban. Asimismo, resultó relevante la intervención efectuada frente a una orden de desalojo que se dictó en plena vigencia de la cuarentena sobre una ocupación colectiva que se había producido en un predio en litigio del barrio Palermo. En este caso puntual, se realizó un informe dirigido al juez interviniente con el objetivo de resolver el conflicto a través de una mediación y evitar el desalojo compulsivo de las personas ocupantes que se encontraban en situación de vulneración de derechos. Esta experiencia implicó el inicio de la vinculación con la Defensoría Departamental de Azul y la Defensoría del Pueblo de Tandil, lazos de fundamental importancia para ampliar el equipo y su escala de acción.

A finales de 2021 esta experiencia de articulación en conflictos judicializados se tradujo en la conformación del Programa Integral de Extensión UNICEN “Acceso Justo al Hábitat en la región del centro de la Provincia de Buenos Aires”, una propuesta desarrollada durante 2022 y 2023, con un alcance geográfico mayor a Tandil (incluyendo ciudades y áreas rurales de los municipios de Azul y Olavarría). La conformación del mencionado equipo fue fruto del trabajo sostenido en el tiempo y de la construcción de redes entre distintos actores sociales que venían trabajando en problemáticas vinculadas a la producción del espacio urbano, en la promoción del derecho a la vivienda y a un hábitat digno. A su vez, la ampliación del grupo motor requirió hacer un gran esfuerzo para intentar converger en un mismo paradigma de intervención. Concretamente, se incorporaron docentes, graduadxs y estudiantes de las facultades de Ciencias Humanas, Ciencias Sociales, Derecho e Ingeniería (UNICEN), también representantes de la Defensoría del Pueblo de Tandil, Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Defensoría Departamental de Azul, Colegio de Abogados, Colegio de Arquitectos, Colegio de Asistentes y Trabajadores Sociales e integrantes de diversas organizaciones sociales y asociaciones civiles copartícipes.

En el siguiente apartado se recuperan las intervenciones realizadas en dos conflictos por la disputa del espacio urbano y el derecho a la ciudad desarrollados en Tandil: Tarraubella y La Movediza. La primera experiencia, fruto del trabajo mancomunado y el fortalecimiento de las redes institucionales y comunitarias, logró avanzar en un plan integral de obras con financiamiento de la Subsecretaría de Hábitat de la provincia de Buenos Aires y ejecución a cargo de la Cooperativa de Construcción del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Tandil. La segunda experiencia refiere a distintas acciones que se fueron desarrollando en territorio en conjunto con las Defensorías y ocupantes de un predio en un conflicto judicializado con orden de desalojo. Estos casos destacan la importancia de la construcción de redes en conflictos urbanos, así como la trascendencia de la articulación con instituciones para promover el acceso a derechos a través del desarrollo efectivo de políticas públicas; sobre ello profundizamos a continuación.

Una experiencia de trabajo en materia de acceso al hábitat: los casos de Tarraubella y La Movediza en Tandil

El presente apartado recupera el trabajo que se viene realizando en el marco de dos conflictos urbanos que se constituyeron como casos paradigmáticos en la actualidad de Tandil respecto de la implementación de políticas de hábitat en asentamientos y barrios populares.

Considerando que la realidad social de los territorios se comporta de una manera dinámica y cambiante, la (in)materialidad reflejada en el (in)acceso a la vivienda, o el acceso desde la informalidad urbana, nos obligó a tener que ir planificando distintas estrategias de acción constantemente, sobre la base de las demandas emergentes.

El primer caso tiene que ver con acciones desarrolladas en el barrio Tarraubella, emplazado en la zona norte de la ciudad de Tandil (en la calle Lavalle al 1700). Tiene la particularidad de ser un barrio que se formó mediante la modalidad de ocupación alrededor de un complejo habitacional en altura, hacia finales de los años noventa, cuya empresa constructora (Tarraubella, de ahí su denominación) no pudo finalizar la obra y presentó la quiebra, por lo que el edificio quedó abandonado. Sin embargo, con el devenir de los años fue ocupado. Allí se trabajó en conjunto con distintas instituciones (Centro Comunitario Villa Aguirre, dependiente de Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat del Municipio de Tandil, Centro de Salud Comunitaria Villa Aguirre, Defensoría del Pueblo de Tandil, Defensoría Departamental de Azul, Mesa Barrial de Villa Aguirre y San Cayetano, Comisión vecinal de pobladores/as del barrio Tarraubella y Programa de Extensión UNICEN) y se retomó el Régimen de Integración Socio Urbana de Villas y Asentamientos Precarios de la Ley de Acceso Justo al Hábitat 14449. Posteriormente, se presentó ante la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, la solicitud de inscripción del barrio Tarraubella² en el RPPVAP en pos de lograr acceder a recursos que permitieran avanzar en el proceso de integración sociourbana. Cabe aclarar que, además, el barrio fue inscripto en el RENABAP (Ley nacional 27453), pero solo incluyó una parte del territorio en cuestión debido a la limitación de que este no contemplaba conjuntos de viviendas sociales construidas por el Estado sin regularidad dominial ni acceso formal a los servicios básicos (como, por ejemplo, conventillos, Wedificios ocupados, hoteles y pensiones familiares).

Esta experiencia se constituyó como una de las únicas instancias de aplicación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat en asentamientos de la ciudad de Tandil y, como resultado del trabajo interdisciplinario, interinstitucional e intersectorial, se consolidó en la construcción de autonomía, organización y poder popular. Algunos datos relevados a partir de metodologías participativas implementadas en distintos talleres de mapeos colaborativos, impulsados desde el equipo extensionista, permitieron identificar demandas de la población afectada. Entre las más urgentes estaban la provisión de agua, el saneamiento de pozos y la conexión a cloacas, la reparación de techos, la apertura de pasajes y calles de acceso al predio y la conexión a la red eléctrica. Estas problemáticas fueron abordadas interinstitucionalmente, trabajando sobre el diseño de un Plan Integral de Obras de mejoramiento habitacional y urbanización financiado por la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad del Gobierno provincial. Las obras se iniciaron en agosto de 2023 y continúan actualmente, lo cual marca un hito en la ciudad. Por un lado, porque constituyen la primera intervención de política pública provincial en un asentamiento precario registrado por la Ley 14449 y, por otro lado, porque fueron realizadas por una Cooperativa perteneciente a un movimiento social vinculado a la economía popular como el MTE.

El segundo caso corresponde a una ocupación colectiva de tierras en el barrio La Movediza, ubicado en la zona noroeste de la ciudad de Tandil, con la particularidad de que es periférico y cuenta con suelo urbanizable, de poca valorización inmobiliaria. En esta experiencia se intervino con el objetivo de acompañar el desarrollo de estrategias de litigio del Ministerio Público de la Defensa en busca de lograr la protección del derecho a la vivienda en situaciones de desalojo forzoso dispuesto judicialmente, buscando, además, evitar la criminalización de conflictos, la estigmatización y la vulneración de derechos.

El conflicto fue generado a raíz de la ocupación colectiva de un predio por más de un centenar de familias, lo cual comenzó en febrero de 2023. A partir de la denuncia penal por delitos de usurpación presentada por un particular damnificado, se dio intervención a la Defensa Pública y, subsecuentemente, al equipo extensionista. Desde el Programa, una de las primeras estrategias adoptadas fue la de potenciar acciones de promoción de derechos en materia de acceso justo al hábitat, solicitando al juez interviniente en la causa la implementación del “Protocolo de actuación judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad”³. A su vez, se contribuyó con la construcción de datos para una comprensión estructural e histórica del problema del acceso al hábitat en Tandil, entendiendo la gravedad de la situación a la que estaban expuestas las distintas unidades familiares asentadas en el predio (más de un centenar de familias con presencia de menores de edad, personas con problemas de salud y discapacidad). La participación en territorio requirió el desarrollo de acciones que fueron desde un relevamiento sobre las condiciones socioeconómicas en las que vivían las familias residentes hasta la realización de jornadas de promoción de derechos (específicamente, sobre inscripción en Registro Único de Demanda Habitacional) y asambleas con pobladores en conjunto con las Defensorías para socializar información sobre el proceso judicial.

Un elemento a destacar fue la construcción de redes para la promoción de derechos en conflictos que están en litigio judicial. Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires se establecieron vinculaciones con las Secretaría de Integración Socio Urbanas, las que finalmente tomaron la decisión política de incorporar el predio ocupado al RENABAP como una ampliación del barrio ya registrado, La Movediza I. Para ello fue fundamental la articulación con instituciones como la Secretaría de Integración Sociourbana de Nación (SISU), que posibilitó, a principios de enero de 2024, la realización de un censo casa por casa a todas las unidades familiares con la finalidad de tramitar el certificado de vivienda, cuya posesión, en el marco de la Ley 27453, impediría que se haga efectivo cualquier desalojo por un plazo de 10 años.

Otro de los aspectos fundamentales en torno al trabajo desarrollado en esta experiencia se vinculó con la presencia en distintos medios de comunicación de la ciudad, práctica adoptada como manera de disputar y combatir los mensajes de estigmatización que surgen alrededor de esta problemática en el ámbito público. En virtud del tamaño de la ocupación y la cantidad de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad habitando en el predio, sumados a que se trató de un conflicto judicializado y con una orden de desalojo, fue necesario tener mucho cuidado respecto de la información que se solicitaba a las familias, así como sobre el modo de socializarla. Este posicionamiento requirió un análisis exhaustivo de nuestra práctica, de modo de tener presente que cualquier cosa dicha en un momento inadecuado podía llegar a ser perjudicial o reforzar mensajes de estigmatización de la población ocupante. En este sentido, consideramos que dar la discusión en el ámbito público sobre problemáticas que afectan el derecho a la propiedad privada implicó una decisión política: dar a conocer una realidad compleja, dinámica y cambiante, que responde a un fenómeno histórico y estructural de la ciudad capitalista, como también es resultante de la falta de ejecución de políticas públicas urbanas destinadas a garantizar el acceso al derecho a la vivienda, la ciudad y acceso justo al hábitat. Si bien esta tensión estuvo presente en nuestra praxis extensionista, nos permitió desarrollar algunas reflexiones sobre el trabajo desde paradigmas críticos, atendiendo principalmente a aquellas dificultades, obstáculos y limitaciones encontrados al interior de la institución universitaria, así como en la articulación con distintas organizaciones de la sociedad civil.

Reflexiones finales

La noción de extensión y la forma de intervención sobre la realidad que actualmente sostiene nuestro equipo constituyen el resultado de una serie de lecturas, reflexiones, experiencias y sentipensares que se han ido forjando sobre la praxis y en diálogo con aquellos grupos, organizaciones e instituciones con quienes articulamos en cada una de las instancias.

No es un dato menor que el origen del grupo esté vinculado con la participación de sus integrantes en la “Asamblea por tierra y vivienda” debido a que, desde el inicio, existió un fuerte compromiso social y un claro posicionamiento en favor de intervenir en los problemas y conflictos relacionados con el hábitat para garantizar derechos de las personas desterritorializadas. En este sentido, uno de los objetivos que intentamos sostener a lo largo de todos estos años fue el de interpelar y poner en debate el actual modelo de producción del espacio urbano, que prioriza fuertemente los beneficios de los capitales inmobiliarios por sobre el acceso a los bienes comunes, impidiendo que una proporción cada vez más amplia de las clases subalternas pueden acceder a una vivienda digna y a los beneficios que brinda la vida en la ciudad.

En línea con lo que plantean Tomassino y Cano (2016a y 2016b), el equipo extensionista guio sus acciones desde la perspectiva del derecho a la ciudad sosteniendo la premisa de que era necesario discutir y promover políticas públicas tendientes a garantizar el acceso a los bienes básicos urbanos y a intervenir sobre el mercado inmobiliario para evitar que los procesos especulativos continúen agudizando la desigualdad social imperante.

Tampoco se eludieron los debates atinentes a la función social de la universidad, en cuanto a la utilidad que poseería el conocimiento coproducido en nuestras actividades y a qué destinatarios podrían hacer uso del mismo. Respecto de esta cuestión, consideramos que nuestras intervenciones no podían reducirse a un mero asesoramiento técnico sobre cómo resolver problemas ligados al hábitat, sino que, por el contrario, debíamos contribuir a generar herramientas que permitieran fortalecer a las clases subalternas frente a los procesos de demanda, lucha colectiva y negociación entablados con diferentes organismos e instituciones del Estado.

La dimensión política de nuestras acciones en territorio no solo requiere tener en cuenta la trayectoria de participación de aquellos sujetos sociales con los cuales co–construimos una agenda de trabajo orientada a atender las múltiples problemáticas que presenta el acceso al hábitat en un sentido amplio, sino que también es vivenciada al interior de la Universidad. En tanto, si bien se ha registrado un avance de la extensión crítica como perspectiva para problematizar el modo de vinculación de la universidad con la sociedad (atendiendo a que este no resulte jerárquico, unidireccional y extractivista), las formalidades, temporalidades y burocratización asumidas por la presentación e implementación de proyectos, no logra generar condiciones de posibilidad para que efectivamente se superen las intervenciones realizadas con una mirada meramente técnica, instrumental y —pretendidamente— apolítica.

A los fines de abordar estas tensiones, y teniendo en cuenta el conjunto de metodologías con las cuales trabajamos, nos orientamos a la territorialización, priorizando el compromiso asumido con variados colectivos sociales abocados a garantizar el derecho a la vivienda, a la ciudad y a un hábitat digno. Entendemos que el compromiso no solo se da en términos éticos, morales y/o políticos, sino también con aquellas causas que persiguen una transformación social. Siguiendo con los planteos de Trentini y Wolanski (2018), cuando se analizan las fronteras entre investigación y activismo, así como entre el “hacer” y “pensar” que se producen cuando nos relacionamos con organizaciones sociales, debemos considerar tres elementos: el posicionamiento político, la definición y construcción colectiva de la investigación y el impacto esperado en la vida de las personas. Nuestra experiencia de trabajo nos permite coincidir con las autoras, al tiempo que nos exige asumir un posicionamiento político que acompañe las demandas y las luchas por el acceso al hábitat y la ciudad, sin que ello nos impida tener una agenda de trabajo propia al interior de la Universidad. De esta manera, planteamos distinguir entre los objetivos que persiguen los proyectos de extensión y sus vínculos y los objetivos de acción de las organizaciones copartícipes con quienes trabajamos, no para establecer una disociación, sino para posibilitar un mejor entendimiento de las problemáticas abordadas, así como la construcción estratégica de acciones en pos de generar transformaciones sociales. El trabajo que desarrollamos en calidad de extensionistas, docentes e investigadores, tiene como horizonte generar impactos en las condiciones de vida, teniendo presente que la utilidad de nuestras acciones no puede establecerse de manera apriorística, sino que justamente se define en el devenir de las vinculaciones que construimos. Así, cobran importancia tanto las demandas y requerimientos de los sectores subalternizados como los conflictos que emergen en la arena pública y que nos obligan a posicionarnos como Universidad; situándose ambos aspectos en las condiciones de posibilidad generadas por los contextos sociopolíticos más amplios, que intervienen en la implementación de políticas públicas y programas puntuales.

De este modo, entendemos que esta praxis contiene elementos instituyentes que tensionan las formas instituidas para la validación de nuestra producción de conocimiento por parte de la Universidad y de los organismos científicos. En consonancia, el equipo ha buscado combinar un interés por conocer la realidad social, con la voluntad de querer transformarla de manera colectiva en un sentido popular y emancipatorio, entendiendo la vinculación entre la universidad y la sociedad desde una mirada crítica, atenta a las relaciones de poder existentes en los territorios, tanto como a las concepciones sobre la construcción del conocimiento, sus sentidos, sus métodos para construirlos y validarlos.

Los dos casos paradigmáticos que recuperamos constituyen experiencias donde se abordan conflictos por el acceso justo al hábitat que ponen en tensión la producción del espacio urbano bajo los denominados mecanismos formales (lógicas del mercado y del Estado). El caso de Tarraubella se consolidó como una de las pocas experiencias de acceso al hábitat en asentamientos oficialmente registrados, fue resultado del trabajo colectivo y comunitario y propició el inicio de un plan integral de obras para la integración sociourbana del barrio. Por su parte, el caso de la ocupación colectiva de La Movediza I reflejó claramente la disputa por suelo urbano ante un conflicto judicializado con orden de desalojo y donde nuestras intervenciones giraron en torno al acompañamiento de las familias asentadas mediante la realización de distintas jornadas de promoción de derechos, relevamientos de datos específicos para anexar en la causa, participación en reuniones y asambleas con las defensorías públicas, y disputas en el ámbito de la opinión pública mediante la aparición en distintos medios de comunicación de la ciudad.

La magnitud de ambos conflictos nos interpela acerca de en qué medida nuestras acciones desde la Universidad pueden contribuir realmente en generar procesos de transformación social, sobre todo en el caso de La Movediza que, al estar judicializado y con orden de desalojo, no dejó mucho margen de acción. Sin embargo, creemos fervientemente que pensar nuestras intervenciones desde la subversión de esa relación tradicional, a través de procesos de Investigación Acción Participativa, permitió contribuir a instancias de organización colectiva y de construcción de autonomía en clave de poder popular. En este sentido, el carácter de la planificación de nuestra labor requirió ser flexible y adaptarse a las realidades que emergen de los distintos puntos de extensión territorial, en los contextos situados donde se prioriza trabajar con aquellos grupos subalternos, postergados, excluidos, dominados y desterritorializados. Fue la articulación integral de las dimensiones desde la perspectiva de la totalidad sobre la que se pudo construir ciertos procesos de ilusión grupal que prefiguraron las demandas, en tanto deseo común que busca ser alcanzado. Sin embargo, trabajar desde un enfoque crítico y con problemáticas que afectan intereses de sectores de poder no está exento de obstáculos, dificultades y limitaciones.

Una de las limitaciones con las que tuvimos que lidiar al enfocar nuestro trabajo bajo el paradigma de la extensión crítica tuvo que ver con lo que pasa al interior de nuestra institución de origen, donde muchas veces trabajar con temas sensibles para la sociedad tandilense hizo que no tengamos el apoyo necesario por parte de las autoridades. Si bien el equipo extensionista desarrolló un trabajo prolongado y sostenido en el tiempo, con clara ascendencia en procesos de reivindicación del derecho a la ciudad y acceso justo al hábitat, sabemos que este tipo de intervenciones se contrapone con los intereses de sectores dominantes que actualmente se benefician de las desigualdades existentes en el proceso de producción del espacio urbano, y ello, de una u otra manera, se termina reflejando en instancias de decisión de las instituciones públicas.

Entonces, se presentan algunos elementos para poder reflexionar sobre cuáles son los desafíos para la extensión universitaria al intervenir en problemáticas urbanas que afectan intereses que, desde nuestro ámbito institucional, no se está dispuesto a poner en tensión o discusión, haciéndonos repensar: ¿cuál sería realmente la función social de la universidad en estos temas? Pero, por sobre todas las cosas, nos interpela en el debate en torno a: ¿en qué medida nuestro trabajo puede contribuir a la transformación social si desde nuestra propia institución de base no tenemos garantizado el apoyo en estas intervenciones? A su vez, en un contexto como el actual, de desfinanciamiento de las instituciones públicas y desmembramiento del tejido social, cuando no contamos con la seguridad mínima de la continuidad de proyectos y programas, nos preguntamos: ¿cuál es la relación que guarda la universidad con los territorios donde tiene anclaje la extensión? Si bien estos interrogantes se ven renovados en la coyuntura, nos movilizan a analizar cómo los procesos de co–construcción colectiva de conocimiento entre distintos colectivos de la sociedad civil permiten el desarrollo de instancias propicias para el diálogo de saberes, para la construcción de conocimientos situados desde los distintos territorios, de datos que legitiman demandas, y la visibilización de la complejidad que hace a la problemática del acceso justo al hábitat en una ciudad intermedia del interior bonaerense, como es el caso de Tandil.

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Contribución del autor/a (CRediT)

Conceptualización: Righetti, M. Investigación: Lanusse, L., Righetti, M., Valente Ezcurra, D. y Girado, A. Metodología: Lanusse, L., Righetti, M., Valente Ezcurra, D. y Girado, A. Administración del proyecto: Girado, A. Redacción – borrador original: Lanusse, L., Righetti, M., Valente Ezcurra, D. y Girado, A. Redacción – revisión y edición: Lanusse, L., Righetti, M., Valente Ezcurra, D. y Girado, A.

Biografía del autor/a

Lautaro Lanusse: Profesor de Geografía por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Becario doctoral, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas. Doctorando en Geografía por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata.

Marcelo Righetti: Licenciado en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Diplomado Superior en Extensión e Integralidad en las Universidades Nacionales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Co-coordinador del Programa de Extensión Observatorio Social de la Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Dana Valente Ezcurra: Profesora y licenciada en Historia, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Magíster en Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Doctora en Ciencias Sociales, Universidad Nacional de La Plata. Coordinadora del Programa de Extensión Observatorio Social de la Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Becaria Postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

Agustina Girado: Licenciada en Antropología Social, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Doctora en Antropología, Universidad de Buenos Aires. Diplomada Superior en Conflictos Ambientales y Planificación Participativa, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Investigadora Asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Profesora adjunta del Departamento de Antropología Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Notas

Información adicional

Para citación de este artículo: Lanusse, L., Righetti, M., Valente Ezcurra, D. y Girado, A. (2025). Reflexiones en torno a experiencias de extensión crítica sobre acceso al hábitat en la ciudad de Tandil. +E: Revista de Extensión Universitaria, 15(22), e.0009. doi: 10.14409/extension.2025.22.Ene-Jun.e0009

Información adicional

redalyc-journal-id: 5641