Introducción

Han transcurrido casi dos décadas de la celebración de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, efectuada en Durban en el año 2001, y cerca de un lustro de la proclamación del Decenio de los(as) Afrodescendientes en las Américas (2015-2026), declarado por la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Con el lema, ¨Afrodescendientes: reconocimiento, justicia y desarrollo¨, el Decenio Internacional cuenta con un Plan de Acción que debe implementarse en el plazo establecido, con incidencia en estos tres aspectos fundamentales para el ejercicio de una ciudadanía plena de la población afrodescendiente de las Américas. El documento también ratifica el compromiso de los Estados Miembros para combatir el racismo, la discriminación y la intolerancia, y reconoce como estas formas de violencia afectan de manera negativa a las sociedades latinoamericanas.

A nivel nacional las líneas de trabajo están direccionadas en la elaboración e implementación transversal de políticas públicas, medidas legislativas, judiciales y presupuestarias, así como distintos programas sociales, en especial educativos que contemplen el estudio de la esclavitud africana, sus consecuencias y los aportes de los(as) afrodescendientes a la región. Además, se expresan una serie de objetivos para el fortalecimiento de las posibilidades de desarrollo de estas comunidades, su acceso a la justicia y de su reconocimiento social. La perspectiva de género está contemplada en estas acciones ya que la alta incidencia de niveles de pobreza y desigualdad se agudiza en las mujeres negras² del continente.

Todas estas disposiciones realizadas por la ONU dan continuidad y refuerzan los propósitos de la Conferencia Mundial contra el Racismo de 2001.

Durante estas dos décadas, en el marco de estos eventos transnacionales, el escenario regional ha sido atravesado por profundas transformaciones políticas y económicas que han traído aparejadas cambios en las sociedades latinoamericanas contemporáneas.

Entre el año 2002 y el 2012, se registraron mejorías en las condiciones de vida y niveles de bienestar de la población en general. Más de 80 millones de personas lograron salir de la pobreza, y las brechas de desigualdades mostraron un decrecimiento sostenido en varios países de la región³.

El escenario internacional de esos años, se mostró propicio para crear alianzas regionales intergubernamentales de cooperación mutua, a lo que se sumó el compromiso político de los gobiernos que implementaron modelos de gestión encaminados a erradicar el hambre y la pobreza, y garantizar el acceso a oportunidades a los grupos más rezagados. Sin embargo, los años de desventajas acumuladas en estos sectores sociales, impidieron lograr las niveles de igualdad deseados para construir sociedades más justas y equitativas.

Esto se evidencia la población afrodescendiente, cuyo crecimiento fue menor que el de la población reconocida como blanca. Para tratar de solventar estas diferencias, se impulsaron paquetes de medidas en las distintas áreas de desarrollo social con políticas de acción afirmativas para de esta forma facilitar la inserción social del grupo en desventaja⁴.

Con el regreso al poder de gobiernos con tendencias neoliberales, hegemónicamente blancos y patriarcales, se agudizaron la inestabilidad y dependencia externa de las economías latinoamericanas tradicionalmente volátiles.

La endémica informalidad y precariedad laboral, la privatización de servicios de salud, el vaciamiento económico de las instituciones públicas especialmente aquellas vinculadas al desarrollo humano, entre otros retrocesos, conllevaron a que las comunidades afro que habían logrado transicionar hacia fuera de la pobreza, se vieran imposibilitadas de hacer frente a sus limitaciones económicas y retrocedieran hacia condiciones de vida precarias, mientras que se dispararon las cifras de pobreza extrema en aquellas comunidades que ya padecían marcadas carencias económicas.

La ausencia de compromiso de estos Estados con los asuntos relacionados con la realidad socioeconómica de este grupo poblacional, y el poco acompañamiento en la elaboración y promoción de programas sociales para su desarrollo e inserción, ha agudizado en el presente la brecha de desigualdades y las posibilidades de movilidad social de este grupo humano. Esta situación ha propiciado la exacerbación del racismo antinegro, y de prácticas de discriminatorias atendiendo a la clase social, el género, o la pertenencia étnico- racial.

Como consecuencia de este abandono institucional, pero principalmente por el racismo secular y las opresiones sistemáticas que ha experimentado este grupo social desfavorecido producto de la esclavitud trasatlántica africana y el colonialismo, hoy la población afrodescendiente en Latinoamérica continúa registrando muy bajos niveles de acceso a indicadores básicos como la educación, la salud y el empleo. Este hecho la ubica entre las comunidades con más elevados índices de pobreza intergeneracional no solo económica sino también simbólica, de tipo subjetivo, dada por las deficientes condiciones de vida y bajos niveles de bienestar de este segmento poblacional, lo que les impide el ejercicio absoluto de su ciudadanía.

Panorama afrodescendiente en números

Según informe del Banco Mundial sobre afrodescendientes en el 2018, en el 2015 alrededor de 133 millones de personas se autopercibieron como tal en la región lo que representa un aproximado del 24% de su población total. Las mayores concentraciones se encuentran distribuidas en Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador México y Cuba (Banco Mundial, 2018, p.16).

Estas cifras son considerables si se tiene en cuenta las dificultades que supone cuantificar a esta población, y la escasez de datos confiables en las estadísticas sociales de mostrado reticentes en incluir la variable afrodescendiente como categoría identitaria étnico- racial en los formularios censales, así como elaborar campañas de sensibilización efectivas entre los ciudadanos/as, lo que da cuenta del no reconocimiento estatal de la plurietnicidad y multiculturalidad de los países de la región.

Estas irregularidades son las causas principales por las que en algunos países, no se haya implementado un marco legal y políticas públicas con perspectiva étnico-racial, lo que reproduce la marginalización y exclusión de este grupo humano.

En los últimos años, instituciones y organismos internacionales como el Banco Mundial (BM), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), han mostrado cifras que reflejan como se comportan los indicadores básicos de este grupo poblacional en algunos países de la región.

En el ámbito laboral, se observa que en el momento de acceder al mercado laboral, la tasa de personas afrodescendientes desempleadas es casi el doble que la de personas que no lo son5, con un 13% y 6% respectivamente. Por otro lado, existen más personas afros que ocupan puestos poco calificados, 75% a diferencia de un 69% para personas no afros (Banco Mundial, 2018, p. 78).

Las disparidades más dramáticas se aprecian en los montos salariales entre unos grupos y otros. Según los datos ofrecidos por los países que se han estudiado, Brasil en el año 2015 mostró un 16% y Uruguay un 11%, reportando los niveles más elevados de ingresos desiguales en desmedro para los (as) afrodescendientes. Es destacable mencionar que estas distancias remunerativas se presenta entre trabajadores(as) con el mismo nivel educacional, años de experiencia en la actividad, edad, sexo, género, estado civil, área profesional y tareas a realizar (Banco Mundial, 2018, p. 80).

Un dato interesante es la desproporción entre los ingresos y el nivel educativo de las personas afrodescendientes. Aquellos(as) que tienen grados universitarios, o que ocupan puestos de gran calificación profesional o de liderazgo, suelen percibir sueldos menores que sus pares blancos(as). Esta particularidad se da en buena parte de los países pero con distintos grados de impacto. En Panamá, por ejemplo, se expresa en un 11% de los empleados (as) afros, mientras que en Brasil ronda un 40% (Banco Mundial, 2018).

Dichas prácticas en el ámbito laboral, evidencian como el color de la piel condiciona pensamientos y actitudes en la toma de decisiones sobre la distribución de los ingresos de los empleados(as), al tiempo que reproduce discriminaciones laborales y desventajas económicas entre estos(as).

Con relación al acceso a la educación, a nivel regional, la población afrodescendiente tiene menos nivel de educación que la población que no pertenece a ese grupo. En los hogares de personas afrodescendientes, el 64% de sus integrantes han completado la primaria frente a un 83% de los hogares que no lo son. En la educación secundaria, la diferencia es de un 30% frente a un 46% respectivamente, y en la terciaria solo un 5% ha logrado completarla frente a un 14% de personas no afros (Banco Mundial, 2018, p. 86).

En el contexto suramericano, si bien ha habido un decrecimiento de la deserción escolar con relación a otros períodos, para 2015 países como Brasil, Ecuador y Perú, marcaban un 15% menor de probabilidades que un estudiante afrodescendiente de secundaria pudiera completar este grado. En Uruguay esta variable aumentó en comparación con períodos anteriores con un 24% de posibilidad de abandono escolar para ese mismo año (Banco Mundial, 2018, p. 88).

Estas disparidades en estos indicadores de desarrollo y la falta de reconocimiento de los(as) afrodescendientes como comunidades en valor, constituyen barreras de tipo objetivas y subjetivas que impiden la actuación social de estas personas como sujetos de derechos, con capacidad para intervenir en su entorno social en igualdad de condiciones y desarrollar su potencial creativo para construir una vida digna.

Mujeres de ¨Améfrica⁶¨. Las brechas en cifras

En el apartado dedicado a las personas afrodescendientes en el Plan de Acción de la Conferencia de Durban, la ONU ¨pide a los Estados que refuercen las medidas y políticas públicas a favor de las mujeres y los jóvenes afrodescendientes, teniendo presente que el racismo los afecta más profundamente, poniéndolos en situación de mayor marginación y desventaja¨(art.9). (ONU, 2002)

En otros de sus artículos, exhorta a los gobiernos a incluir la perspectiva de género en todas las acciones encaminadas a combatir la discriminación racial y la xenofobia. Estas sugerencias atienden a la realidad que vive un sector importante de mujeres a nivel mundial, que en el contexto latinoamericano engloba a las indígenas, las afrodescendientes y las africanas que residen en esos países.

A lo largo de la historia de la mujer negra en el continente, una de las principales causas de las diversas formas de violencia que ha experimentado están fuertemente ancladas a su color de piel y rasgos físicos. Su corporalidad no blanca, y los discursos e imaginarios que se han construido a partir de ella, han naturalizado modos de hacer y actitudes discriminatorias basadas en su origen y pertenencia racial. Estas construcciones sociales hunden sus raíces en el período de la esclavitud y el colonialismo, en el cual las personas negras fueron despojadas de su humanidad y concebidas como objetos incapaces de pensar y ascender socialmente. Muchas de estas mujeres fueron utilizadas como instrumentos sexuales o destinadas a la servidumbre.

Estas prácticas e imaginarios perduran en la mentalidad social de los países latinoamericanos, enmarcando a las mujeres negras en estereotipos, funciones y modos de hacer preestablecidos atendiendo a su fenotipo. Es común que sean representadas en los medios de comunicación con una imagen hipersexualizada de sus cuerpos, como empleadas domésticas, trabajadoras sexuales, delinquiendo o exotizadas en su gestualidad y estética.

Además, el racismo estructural instalado en el plano institucional y a todos los niveles, es el principal impedimento que dificulta el desarrollo del potencial de las mujeres negras como seres sociales habilitadas para construir un proyecto de vida basado en la realización personal y contribución a la sociedad.

Los estudios demográficos y estadísticos que permiten determinar con exactitud las condiciones de vida y el desarrollo a nivel social de las mujeres negras en la región son escasos. La insuficiente información censal y de los indicadores más importantes, obstaculiza la elaboración de políticas de acción afirmativas que posibiliten visibilizar su presencia en el entramado social, y mejorar los niveles de bienestar de este grupo humano.

De forma general, en investigaciones sobre calidad de vida, acceso a recursos y movilidad social, se conoce que entre los sectores que arrojan los porcentajes más bajos, se encuentran las personas afrodescendientes y dentro de estas las mujeres, que según las cifras, se ubican por debajo en relación al grupo poblacional no afro.

Es debido a esto que para el análisis y desarticulación del engranaje estructural de la pobreza y todo tipo de inequidades, es imprescindible hacerlo con un enfoque interseccional teniendo en cuenta el género y la categoría étnico-racial.

Uno de los indicadores principales para acortar desigualdades es el empleo. El trabajo constituye la forma principal de autonomía económica para las mujeres negras, lo que les brinda la posibilidad de participar exitosamente en la vida social.

En la región, el acceso al trabajo está atravesado por importantes brechas étnico- raciales y de género. Siendo así, es de suponer que las mujeres afro no tienen los mejores beneficios en cuanto a la calidad del empleo, la protección laboral y los derechos laborales.

Si bien no se puede afirmar que el comportamiento del mercado de trabajo en la región es homogéneo, la distribución genérica y racial del mismo, apunta a una sobrerrepresentación de mujeres afro en unos empleos más que en otros, especialmente en los precarizados y reproductivos como lo es el doméstico remunerado, lo que refleja el encasillamiento social de estas mujeres en puestos de servicios. También están en mayoría en trabajos manuales, mientras que en puestos directivos, administrativos, y de profesiones técnicas se aprecia una mayor representatividad de mujeres blancas⁷.

Con relación a las brechas salariales en el mercado laboral, las cifras muestran que aún teniendo el nivel más alto de la educación terciaria, las afrodescendientes ganan por hora un equivalente al 58% de los ingresos que reciben los hombres blancos, un 73 % los hombres negros, y 75% las mujeres blancas. Estas diferencias en los ingresos percibidos reflejan el androcentrismo, sexismo y racismo que rigen las políticas de empleabilidad de mayoría de las empresas ⁸.

En cuanto a la educación, según el estudio realizado por la CEPAL(2018), la asistencia escolar entre mujeres adolescentes afrodescendientes entre 12 y 17 años es menor, con relación a aquellas que no lo son, siendo Uruguay, Ecuador y Venezuela los que registran las mayores diferencias⁹.

La deserción escolar es otro de los factores que influyen en el desarrollo educativo de estas mujeres. Si bien las diferencias entre ellas y los hombres que abandonan la escuela no son significativas, no sucede lo mismo sobre las causas que lo motivan, siendo las más comunes el embarazo precoz y la maternidad adolescente. En este aspecto, además del factor racial y de género se suma el embarazo, lo que sin dudas dificulta la integración de estas jóvenes a espacios de acción ciudadana y desarrollo social lo que reproduce el círculo de la pobreza intergeneracional¹⁰.

En la educación superior, se observó que en general las mujeres asisten más a la universidad, no obstante las separa la brecha racial con desventaja para las afrodescendientes. Nuevamente Ecuador y Uruguay(2011) mostraron las disparidades más profundas. El primero en el año 2010 presentó un 12,5% de jóvenes afro en las universidades frente a un 27,2% de sus pares blancas, mientras que el segundo exhibió un 8,1% frente 25,7%, respectivamente en el año 2011. Por su parte, Brasil en 2010 mostró un 10% para mujeres afro y 22,9% para las que no lo son..

La salud es otra de las variables que tiene un impacto considerable en las mujeres ya que involucra al cuerpo, su cuidado y autonomía sobre este. Los derechos sexuales y reproductivos de los cuales deben hacer uso las mujeres, son sistemáticamente violados por un sistema patriarcal que ordena y asigna roles de subordinación a los cuerpos femeninos deslegitimando cualquier decisión sobre estos que no se amolde a las estructuras de ordenamiento genérico socialmente establecidas.

El vínculo de las mujeres negras con sus cuerpos ha transitado diversos y complejos procesos de (re)construcción y reconocimiento identitarios como espacio de pertenencia y soberanía. Durante el pasado colonial, las corporalidades de las mujeres africanas esclavizadas fueron concebidas como territorio público, objetualizado, de uso y desecho, al cual era posible acceder sin consentimiento, considerados no afectivos y centro de las proyecciones sexuales y exotificadoras de la hegemonía eurocéntrica colonial. En torno a ese cuerpo negro se han construido estereotipos, ejercido discriminaciones y naturalizado violencias objetivas y simbólicas, que condiciona los modos en que las mujeres afro pueden ejercer su derecho básico a la salud.

La ausencia de datos desagregados por sexo y pertenencia racial en las investigaciones de este indicador, dificulta el conocimiento acerca de la incidencia de determinadas enfermedades, del comportamiento de variables relacionadas con la gestación, el embarazo, y la salud mental, así como las formas en que se interrelacionan las afros y las instituciones de salud atendiendo a su posibilidades de acceso a las mismas.

Se conoce acerca de la universalización de la salud y el derecho de las personas a acceder a esta, pero la experiencia cotidiana indica que las personas afrodescendientes tienen menos oportunidades de recibir un servicio de calidad.

Una de las demandas urgentes de los movimientos afrofeministas de la región, es en relación a los derechos sexuales y reproductivos y la vida libre de violencia de las afros, como condición para el disfrute de una ciudadanía plena.

Demandan a los Estados medidas concretas y efectivas para la erradicación de la discriminación género y racial en los centros médicos, y del racismo institucional que los estructura, uno de los principales obstáculos para la realización de estos derechos.

Las diferencias más dramáticas se aprecian en la mortalidad materna. Sus causas casi siempre son evitables, y está dada por algunos factores objetivos como el nivel socioeconómico, el desarrollo del país, la calidad de los servicios de salud y la condición médica de la madre.

Aunque las cifras indican que las defunciones maternas han ido disminuyendo desde años anteriores, el número de fallecidas en países suramericanos aún muestra diferencias alarmantes entre las mujeres negras y mujeres blancas

Según los datos de la CEPAL (2018) extraídos de la base de datos de estadísticas vitales de Ecuador y Colombia en el período de 2010-2013, y del Ministerio de Salud de Brasil en el 2011, Ecuador mostró las brechas más marcadas con un 272,5 por cada cien mil nacidos vivos frente a un 69,1 de la población total (población blanca), le sigue Colombia con 152,9 por cada cien mil nacidos vivos y un 66,5 del total de la población, en tercer lugar se ubica Brasil con 68,8 por cada mil nacidos vivos y 50,6 de la población total¹¹.

La poca existencia de centros de salud que brinden asesorías sobre educación sexual y contención emocional a estas jóvenes, es una muestra de la desprotección social, la falta de interés estatal y de cómo opera el racismo institucional hacia este grupo poblacional.

Un tema crítico que atraviesa a las mujeres latinoamericanas, y se ha convertido en una demanda de los movimientos feministas de la región es la violencia que se ejerce sobre ellas por el hecho de ser mujeres. La violencia de género da cuenta de la existencia de una cultura patriarcal que establece desiguales relaciones de poder entre hombres y mujeres, y relega a estas últimas a un lugar de subordinación y obediencia en espacios públicos y privado que le imposibilita el disfruta de una vida libre de violencia.

Esta situación se agudiza por factores como la clase social y la raza, lo que ubica a las mujeres afrodescendientes con mayores grados de vulnerabilidad ante los actos violentos de género a lo cual se añade el componente racial, y los estereotipos que se han construido alrededor de este.

El estudio de la CEPAL(2018) presenta que en el 2013 los actos de violencia en los ámbitos laboral, social y educativo, se dan en mayor número en mujeres afrodescendientes, siendo el educativo el espacio social donde se registran las mayores brechas, con un 16% para mujeres afro y 7,5% para las que no lo son (CEPAL, 2018, p.65).

Brasil presenta cifras alarmantes de homicidios de mujeres negras. En el período 2003-2013, las cifras revelan que mientras los números de muertes de mujeres blancas disminuyó un 10% para las mujeres afro tuvo un alza del 54,2% (CEPAL, 2018, p.66).

Más allá de las causas de los actos violentos que son de tipo multicausal, el estudio señala como agravante el proceso que conlleva la denuncia de estos actos. La mayoría de las veces es un camino largo, que demanda tiempo y recursos económicos que en la mayoría de las ocasiones las personas allegadas a la víctima no pueden afrontar. En otros, la mujer es revictimizada quedando aún más vulnerados sus derechos. A todas estas situaciones hay que añadir el racismo institucional que estructura al ámbito judicial que propicia la impunidad de un número considerable de estos casos.

El carácter interseccional que va anudando la matriz de opresión que impacta a las mujeres negras, es lo que explica por qué se encuentran en los peldaños más bajos en relación a variables que indican bienestar, progreso, ascensión social, salarios dignos y empleos decentes, y más elevados en aquellas vinculadas con la pobreza, defunciones por causas evitables, precariedad laboral, o nivel de acceso a servicios de salud.

El análisis interseccional además, pone de relieve la urgencia de elaborar políticas públicas para mujeres negras partiendo del componente étnico-racial, lo que sería un buen comienzo para la reflexión crítica a nivel institucional acerca de las causas y construcción histórica del racismo, y cómo este opera para mantener a un segmento poblaciona

El análisis interseccional además, pone de relieve la urgencia de elaborar políticas públicas para mujeres negras partiendo del componente étnico-racial, lo que sería un buen comienzo para la reflexión crítica a nivel institucional acerca de las causas y construcción histórica del racismo, y cómo este opera para mantener a un segmento poblacional limitado en la realización de sus derechos humanos.

¨Mujeres, negras, vivas por la lucha. Mujeres, negras, que su voz se escucha¨

La consigna que acompañó al bloque de las mujeres afrodescendientes en Argentina en la marcha por el Día de la Mujer en 2018, sintetiza la postura militante de las mujeres negras en Latinoamérica.

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Bloque de las mujeres afro en la Marcha por el Día de la Mujer. Argentina
Trabajo de campo de Lisset González Batista marzo de 2018.

Con agendas de trabajo contextualizadas en el marco de sus realidades territoriales, confluyen en su postura política y motivos de lucha en contra del racismo, el sexismo, la violencia de género y las desigualdades socioeconómicas que por demasiado tiempo ha pesado sobre sus cuerpos. Demandan su visibilidad en los censos y las estadísticas nacionales de las cuales han sido excluídas, el reconocimiento de su herencia cultural e identidades negras en espacios públicos, y su aporte en la conformación y desarrollo de las sociedades latinoamericanas a lo largo de la historia del continente.

A partir de la celebración de la Conferencia de Durban de 2001, se dio un escenario propicio para la creación de agrupaciones afromilitantes en la región.

Esta efervescencia política entre actores afro de la sociedad civil y la coexistencia con otras organizaciones que reivindicaban otras luchas sociales, motivaron a las mujeres a crear su propia agenda de trabajo centrada en cuestiones específicas como la violencia de género y mayores índices de pobreza y exclusión social. Además, al interior del movimiento negro, existen manifestaciones de machismo entre sus integrantes hombres que han sido motivo de diferencias internas que catalizaron la separación de las mujeres y su necesidad de construir espacios por y para ellas.

El movimiento de mujeres afrolatinoamericanas ha ido fortaleciéndose con el tiempo, y esto se ve reflejado en su posicionamiento como agentes transformadoras de la sociedad, sumando intenciones colectivas con otras organizaciones militantes con las que comparten opresiones, como son la violencia de género, la invisibilización social e institucional, el racismo, y las desigualdades sociales. Asimismo, las agrupaciones de mujeres negras han amplificado sus agendas y discursos políticos a nivel regional, mediante el tejido de redes de cooperación con otras agrupaciones afroactivistas internacionales, con el fin de generar sinergias e intercambios de experiencias, y encontrar soluciones a problemáticas comunes, mientras que a nivel nacional, las acciones están encaminadas al trazado de estrategias para la acción social en espacios institucionales, y la incidencia en las comunidades precarizadas con presencia de población afrodescendiente.

Estas acciones en el marco del Decenio Internacional, propicia la elaboración de proyectos emancipadores que sean más democráticos y socialmente justos, que apuesten a eliminar las brechas socioeconómicas que persisten en los países latinoamericanos.

Dos de los eventos más importantes que han tenido lugar en los últimos años, fueron la I Cumbre Mundial de Afrodescendientes celebrada por la Organización de Desarrollo Comunitaria (ODECO) en La Ceiba (Honduras) en 2011, y la I Cumbre de Mujeres Lideresas Afrodescendientes en las Américas, en Managua (Nicaragua) en 2015.

El evento que tuvo lugar en La Ceiba fue uno de los más importantes de ese año en la región. En él se recogieron las demandas globales de los movimientos afrodescendientes en Las Américas, entre las que se encontraban, la creación por parte de las Naciones Unidas de un Fondo de Desarrollo de los(as) Afrodescendientes, el establecimiento de un Foro Permanente de Asuntos Afrodescendientes en los principales organismos internacionales, y concebir un Indice de Desarrollo Humano con perspectiva étnico-racial (SÁNCHEZ, VALENCIA, 2018, p.198).

Por su parte, en la Cumbre de Lideresas Afrodescendientes de las Américas, la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD) presentó su Plataforma Política ante las autoridades presentes en el encuentro.

Organizado en 17 ejes temáticos y 71 demandas, el documento sintetiza las problemáticas centrales del movimiento negro latinoamericano, poniendo énfasis en las mujeres afrodescendientes. La primera petición expresa:

¨Que los Estados, de manera consecuente con la Declaración y Plan de Acción de la III Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia e instrumentos internacionales vinculantes, combatan el racismo y todas las formas de discriminación racial adoptando las medidas de acción afirmativas y de reparación necesarias para abolir este flagelo de la humanidad, garantizando el pleno disfrute de los derechos humanos de los hombres y mujeres afrodescendientes¨ (RMAAD, 2015, p.36)

A partir de esta declaración, las dirigentes afrodescendientes demandaron a los Estados y a las instituciones gubernamentales, la materialización del lema del Decenio y la ejecución de su Plan de Acción, por medio de acciones concretas que se vieran reflejadas en la reducción de las brechas sociales, en mejor calidad de vida y desarrollo humano de las personas afrodescendientes.

Los principales reclamos estuvieron relacionados con el acceso al empleo en igualdad de condiciones. La necesidad de una educación inclusiva, antirracista, basada en la igualdad social de género, y que visibilice la cultura e historia afro. El acceso a la salud, y generar estadísticas desagregadas por género y variable étnico-racial. La promoción de la representatividad positiva de las mujeres afro en los medios de comunicación. Hacer frente a todas las formas de violencia de género y racial en ámbitos públicos y privados, y por último, la visibilización de la mujer afrodescendiente en espacios de participación política y toma de decisiones.

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Primera Cumbre de Lideresas Afrodescendientes de las Américas. Managua 2015.
Cortesía: www.ipscuba.net,(2015)

Además de estos requerimientos, las agrupaciones afromilitantes de varios países también consideran importante, el fortalecimiento de la capacitación de los funcionarios públicos en materia étnico-racial, ya que son estos los agentes que intervienen en el curso de las políticas públicas. La elaboración de una agenda internacional, en la cual la OEA exponga en eventos y conferencias intergubernamentales la temática de los(as) afrodescendientes, para de esta forma generar en estas instancias debates constructivos acerca de estas cuestiones. Por último, resaltar la importancia de los encuentros regionales como forma de intercambio con otras organizaciones, articular demandas en conjunto, realizar diagnósticos y compartir agendas y experiencias de trabajo.

nacionales y a nivel internacional, es la fortaleza principal con la que cuentan para el logro de los objetivos propuestos en el Decenio, ante un Estado que de manera general ha hecho silencio ante la violencia racial, la marginalización, la xenofobia, y la

Como se había planteado en las primeras líneas de este trabajo, el contexto político latinoamericano cuando se declara el Decenio Afrodescendiente no era el más propicio para impulsar mejoras para los(as) afrodescendientes. Es ante estas circunstancias, que las agrupaciones de mujeres afro activistas redoblan su compromiso político y social, por una causa en las que ellas son un eslabón fundamental para impulsar sus agendas políticas en instancias de poder, y generar las transformaciones necesarias para el respeto de los derechos sociales de las personas afrodescendientes. El trabajo en conjunto con otras organizaciones afro nacionales y a nivel internacional, es la fortaleza principal con la que cuentan para el logro de los objetivos propuestos en el Decenio, ante un Estado que de manera general ha hecho silencio ante la violencia racial, la marginalización, la xenofobia, y la falta de oportunidades de la población negra en Latinoamérica.

El espectro de acción y representación de estas mujeres dan cuenta de su empuje en las luchas sociales, no solo en espacios institucionales, sino también reclamando garantías ciudadanas en las calles. Sus cuerpos están presente en las marchas sociales reivindicando junto con otros colectivos, sus derechos sexuales y reproductivos, el derecho al espacio territorial, promoviendo acciones de educación en sus comunidades, produciendo conocimiento y socializándolo, construyendo espacios autogestionados de reflexión social siempre con enfoque étnico-racial y de género.

Un grupo importante de jóvenes han irrumpido dentro de las filas del feminismo blanco hegemónico latinoamericano, interpelando sus bases fundacionales y deconstruyendo la idea de un feminismo único, monolítico, poco inclusivo y que se resiste a (re) pensarse desde una perspectiva antirracista. En este sentido los feminismos negros de la región legitiman la pluralidad de sus voces, atendiendo a los contextos e historias en que estos se han ido conformando, y en la que se legitima una identidad propia y particular a partir de la cual se autopercibe y se está en el mundo.

Son las mujeres negras las que han puesto en la agenda de discusión lo que supone el privilegio hegemónico blanco, y sus efectos en las sociedades latinoamericanas contemporáneas. Asimismo, han interiorizado cómo operan las relaciones asimétricas de poder y el racismo en la discusión teórico-política sobre los feminismos decoloniales y desde ahí se posicionan, nombrando un feminismo negro que reivindica y denuncia las huellas actuales del colonialismo.

El Decenio de los Afrodescendientes en las Américas se presenta como una oportunidad de reparación histórica, y legitimación de derechos sociales y civiles para la población afrodescendiente del continente americano. Esta década constituye un espacio temporal de reconocimiento y participación política a nivel nacional y regional en el cual se debaten problemas, se piensan soluciones, se fortalecen redes de intercambio colectivo, se elaboran estrategias de acción social, y se negocian posiciones en espacios de poder gubernamental, y más allá de las fronteras nacionales.

La ejecución de su Plan de Acción sería una forma de lucha contra la colonización del poder y del saber construida por una hegemonía blanca eurocéntrica, que al día de hoy perpetua privilegios, reproduce desigualdades, posterga derechos básicos y coarta ciudadanías en las sociedades democráticas de Latinoamérica.

Consideraciones finales

El marco del Decenio Internacional de los(as) Afrodescendientes en el contexto actual se presenta complejo para las personas afro en Latinoamérica.

Si bien en los primeros años del presente siglo, un segmento considerable de este grupo poblacional logró transicionar hacia afuera de la pobreza, gracias a políticas de acción afirmativas y programas sociales impulsados por los Estados, la mala redistribución de los ingresos, sumado a las desventajas seculares de esta población en la sociedad, los hizo retroceder a condiciones de alta vulnerabilidad a la pobreza y pobreza extrema. Esta regresión tuvo lugar cuando asumen el poder gobiernos de corte neoliberal cuyos discursos políticos legitimadores de la supremacía blanca, exacerbaron nacionalismos, la radicalización del racismo, y los relatos de odio especialmente hacia los desventajados y excluidos de la sociedad, de la cual las personas afrodescendientes forman parte, y para las que el acceso a indicadores básicos como el empleo, la educación y la salud, se vio seriamente afectado especialmente en las mujeres.

En medio de este contexto polarizado, de profundas crisis económicas y sociales, y frente a la desprotección de buena parte de los Estados nacionales, las organizaciones de mujeres afrodescendientes ratificaron su compromiso político en la lucha antirracista, para el logro de las garantías ciudadanas y el reconocimiento social y cultural de un grupo humano que constituye el 24% de la población total en Latinoamérica.

Impulsadas por la III Conferencia contra el Racismo en Durban 2001 y la declaración mujeres negras reclaman a los Estados el cumplimiento del compromiso contraído para la ejecución de su Plan de Acción, que ante las circunstancias actuales amenaza con diluirse en un reconocimiento simbólico, desconectado del compromiso político y acción social que precisan estas comunidades.

En este tiempo, las mujeres negras continúan gestionando alianzas estratégicas con instituciones y espacios gubernamentales para generar acciones concretas que impacten en la calidad de vida de estas comunidades, principalmente de las mujeres, que han sido las invisibilizadas en la elaboración de políticas de acción afirmativas, programas sociales y leyes que contemplen la perspectiva interseccional y de género. A nivel internacional, su agenda política contempla promover sinergias con organizaciones transnacionales y promover la visibilización y movilización regional de los(as) afrodescendientes en el continente.

El Decenio constituye un plazo para restaurar derechos y dignidades a personas que por siglos fueron desplazadas a las márgenes de la sociedad, y acumularon desigualdades generacionales que les ha impedido posicionarse como verdaderos sujetos de derechos, con iguales oportunidades y condiciones para su desarrollo en sociedad y como ser humano. A pesar del escenario en el que transcurre, se presenta como una oportunidad de afianzar las alianzas creadas y abrir nuevos espacios de lucha colectiva con otros movimientos afrodiaspóricos globales que trasciendan su espacio temporal para dar continuidad al proyecto político emancipatorio afrodescendiente latinoamericano.

Referencias

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Notas