Lengua y derechos lingüísticos en Arán: régimen jurídico de la oficialidad del aranés

Language and linguistic rights in Aran: legal regime of the official status of the Aranese language

Nuria Magaldi nmagaldi@uco.es

Universidad de Córdoba, España

1. INTRODUCCIÓN. 2. SIGNIFICADO Y ALCANCE DE LA OFICIALIDAD EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL. 3. LA OFICIALIDAD DEL ARANÉS. 3.1. DEL ARANÉS COMO «HABLA» AL PLENO RECONOCIMIENTO DE SU OFICIALIDAD EN EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CATALUÑA DE 2006. 3.1.1. El Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979 y su desarrollo legislativo. 3.1.2. La declaración de oficialidad en el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006. 3.2. EL DESARROLLO ESTATUTARIO DE LA OFICIALIDAD DEL ARANÉS. 3.2.1. La plena oficialidad del aranés en Arán. 3.2.2. La oficialidad limitada del aranés en Cataluña. 4. EL ARANÉS COMO LENGUA PROPIA DE USO NORMAL Y PREFERENTE. 5. CONCLUSIONES. 6. REFERENCIAS BIBILIOGRÁFICAS.

Una de las cuestiones que más literatura científica ha producido en las (ya más de) cuatro décadas que han transcurrido desde la promulgación de la Constitución española ha sido, probablemente, la regulación que nuestro ordenamiento jurídico hace de la materia lingüística. Este dato no puede extrañar, dada la realidad plurilingüe de nuestro país. La plasmación, en la Constitución y en los correspondientes Estatutos de Autonomía (así como en la normativa de desarrollo de una y otros) de esta realidad plurilingüe genera, como no puede ser de otro modo en el ámbito del derecho, dudas interpretativas, contradicciones normativas o vacíos que hay colmar. A ello hay que sumar, además, que en el debate jurídico en torno a las cuestiones lingüísticas se ocultan, con excesiva frecuencia, los programas políticos e identitarios de quienes siguen sosteniendo la idea romántica e iliberal que identifica nación y lengua.

La producción científica en materia lingüística fue, como es lógico, especialmente abundante –pero no solo²– durante los primeros años de desarrollo del Estado autonómico³ y, aunque nunca decayó completamente, vivió un resurgir importantísimo, en relación con la lengua catalana, coincidiendo con el proceso de elaboración y aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, primero, y con el proceso secesionista catalán, después⁴.

La doctrina, sin embargo, no ha abordado por igual todas las cuestiones lingüísticas que se plantean en nuestro ordenamiento jurídico. Son mayoría, desde un primer momento, los trabajos centrados, en sentido amplio, en el régimen de la doble oficialidad existente en aquellas Comunidades Autónomas con una segunda lengua cooficial, además del castellano. Así, por ejemplo, existen numerosos estudios sobre la regulación del idioma en el que deben y/o pueden dirigirse las Administraciones públicas a los particulares (o viceversa) o sobre el conocimiento de una lengua oficial como requisito de capacidad o mérito para el acceso al empleo público⁵; también en relación con el idioma de la enseñanza, esto es, la regulación de cuál (o cuáles) debe ser la «lengua vehicular y de aprendizaje» en un determinado sistema educativo⁶.

En cambio, son significativamente muchos menos los estudios jurídicos que han abordado la intervención lingüística de los poderes públicos en ámbitos propios de las relaciones o actividades de naturaleza privada. Tal es el caso paradigmático del denominado «mundo socioeconómico», que hace referencia a las relaciones comerciales entre particulares, incluyendo los derechos de los consumidores y usuarios en relación con los productos y servicios ofrecidos por establecimientos privados abiertos al público (paisaje lingüístico, etiquetado, rotulación y cartelería, deber de atención oral o escrita al usuario-cliente, etc.).

El hecho de que la doctrina se haya concentrado, preferentemente, en el estudio de la lengua en el ámbito jurídico-público se explica, seguramente, por la creencia de que es en dicha esfera (la esfera pública) donde primero deben hacerse efectivas las consecuencias de la implantación real de la doble oficialidad. Solo en un segundo momento, cuando los resultados en la esfera pública pueden considerarse alcanzados o, como mínimo, avanzados, surgiría el interés y el estímulo por extender las consecuencias del plurilingüismo al ámbito de las relaciones entre particulares. Siendo esto cierto, también parece haber influido en ello el hecho de que las medidas en este ámbito, especialmente las constrictivas o limitativas de derechos (como sería el caso, por ejemplo, de imponer el etiquetado «como mínimo en catalán»), descansan sobre fundamentos jurídicos menos evidentes y más controvertidos que las medidas lingüísticas en las actividades o relaciones de naturaleza pública o institucional⁷.

Lo que, en ningún caso y de forma un tanto sorprendente, ha sido objeto de estudio por parte de la doctrina especializada en materia lingüística ha sido la regulación jurídica del aranés. El aranés es el nombre que recibe la variante del occitano hablada por los habitantes del Valle de Arán (Vall d’Aran, en catalán; Val d’Aran en aranés), un pequeño territorio situado en la vertiente norte de los Pirineos, ubicado en la Comunidad Autónoma de Cataluña y conformando una comarca con el mismo nombre. El aranés es, por su parte, el resultado de la particular evolución de la lengua latina en aquel territorio después de su proceso de romanización, perteneciendo, en términos dialectológicos, a la rama pirenaica de los dialectos gascones, junto con los dialectos de las zonas limítrofes de Comenges, Coserans y Bigòrra (González i Planas, 2001, p. 76).

A pesar de la peculiaridad que supone que en una parte de una Comunidad Autónoma con dos lenguas cooficiales como es Cataluña exista, además, una tercera lengua, distinta de las anteriores y fruto de una evolución histórica de siglos, lo cierto es que, al menos desde la perspectiva jurídica, esta cuestión no ha recibido apenas atención por parte de la doctrina. Esa misma doctrina que, sin embargo, y según hemos señalado supra, ha parecido volcarse en el estudio del plurilingüismo en España. Esta negligencia casi total por estudiar el régimen jurídico del aranés pone en duda esa pretendida vocación plurilingüe, pudiendo explicarse, tal vez, por el sesgo de una comunidad epistémica que parece realizar un esfuerzo constante e intencionado por construir una identidad nacional catalana sobre la base y la hegemonía de dicha lengua sobre cualquier otra.

El presente estudio aspira, por todo ello, a realizar una primera aproximación al régimen jurídico-público del aranés como objeto de estudio individualizado y autónomo; es decir, no subordinado al estudio del régimen jurídico del catalán como objeto principal de análisis. A tal efecto, se expondrá, en primer lugar y de forma sintética, cuál es el modelo lingüístico establecido en la Constitución española y, en particular, cuáles son las consecuencias que, según esta, se derivan de la declaración de una lengua como «lengua oficial» (2). Seguidamente, se procederá a un estudio sistemático y detallado de la declaración de oficialidad del aranés. Para ello, se explicitará cuál ha sido la evolución normativa de dicho reconocimiento, solo alcanzado con la promulgación del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 (3.1), y cómo se ha desarrollado el mandato estatutario de oficialidad del aranés a partir de 2006 (3.2) y el principio de uso preferente del aranés en el ámbito institucional y público (4).

Como es bien conocido, la piedra angular del modelo plurilingüe español es el artículo 3 de la Constitución. Así lo ha expresado el Tribunal Constitucional ya desde sus primeras sentencias, afirmando, por ejemplo, que aquel precepto es «el marco de la regulación del uso de las lenguas», y que establece «las líneas maestras del modelo lingüístico de la Constitución española»⁸.

Este modelo plurilingüe español se asienta, a su vez, sobre el concepto de «oficialidad». Oficialidad, por un lado, de la lengua castellana en todo el territorio español, referido este al conjunto de los poderes públicos españoles, con inclusión de los autonómicos y locales. Y, por otro lado, oficialidad también de las demás lenguas españolas en las respectivas Comunidades Autónomas, con respecto a todos los poderes públicos radicados en su territorio (sin exclusión, por lo tanto, de la Administración estatal y demás instituciones estatales en sentido estricto) y de acuerdo con lo que determinen sus Estatutos. Así lo expresa el mencionado artículo 3, cuyo tenor literal es el siguiente⁹:

«1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y derecho a usarla.

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección».

De esta definición de oficialidad el Tribunal Constitucional dedujo, a su vez, varias consecuencias (Fossas Espadaler, 2008, pp. 66-68). En primer lugar, el Tribunal dejó claro que la oficialidad de una lengua no estaba vinculada a su uso social, del que es totalmente independiente. La oficialidad, en este sentido, significa, ni más ni menos, que el reconocimiento de la lengua oficial como lengua de, entre y con los poderes públicos, así como la plena validez jurídica de su uso frente a ellos, independientemente de su realidad y peso como fenómeno social.

En segundo lugar, el Tribunal Constitucional afirmó, también, que de la oficialidad de una lengua se desprende el deber de los poderes públicos de asegurar su conocimiento a los ciudadanos, por lo que las lenguas oficiales «tienen que ser enseñadas en los centros escolares de la Comunidad con la intensidad que permita alcanzar este objetivo, y es de observar en este mismo sentido que tal deber no deriva solo del Estatuto sino de la misma Constitución»¹².

Finalmente, el Tribunal entendió que deriva del concepto de oficialidad el derecho a usar una lengua oficial pero no, en cambio, su deber de conocimiento. Basándose en la redacción del artículo 3.1 CE, que primero declara la oficialidad del castellano y, después, establece el deber de conocerlo y el derecho a usarlo, el Tribunal Constitucional determinó, desde sus primeros pronunciamientos, que de la oficialidad de una lengua no se deriva necesariamente la obligación de su conocimiento por parte de los ciudadanos¹³. Tal deber solo viene establecido en la Constitución y solo para el castellano, de forma expresa y separada de la oficialidad, por lo que no es predicable del resto de lenguas oficiales ni puede, tampoco, establecerse en otra norma distinta, sea cual sea su naturaleza (ordinaria o estatutaria).

En relación con esta última cuestión, ya en los años ochenta el Tribunal Constitucional había dejado meridianamente claro que el deber de conocimiento de una lengua cooficial (en este caso, el gallego), no podía, en ningún caso, imponerse mediante ley autonómica¹⁴. Aunque el Tribunal admitía, ciertamente, que el legislador autonómico ordinario era competente, de acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autonomía, para completar el modelo lingüístico y el régimen de oficialidad de dicha lengua oficial, su potestad legislativa tenía como límite, constitucionalmente establecido, la imposibilidad de imponer tal deber¹⁵. Más abierta parecía, en cambio, la posibilidad de que un deber de este tipo pudiera establecerse directamente en una norma de rango estatutario. De hecho, no fueron pocos los autores que se manifestaron a favor de entender que un deber de conocimiento de la lengua cooficial, en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma y en relación con los ciudadanos residentes en la misma, sí sería admisible en el modelo lingüístico constitucional, siempre y cuando se estableciera en un Estatuto de Autonomía (Milian i Massana, 2007, p. 320; Pla Boix, 2006, p. 271)¹⁶.

En todo caso, la cuestión quedó definitivamente zanjada por el Tribunal Constitucional al resolver el recurso contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 (en adelante, EAC 2006), cuyo artículo 6.2 imponía a los ciudadanos el deber de conocer el catalán. En efecto, en la STC 31/2010, de 28 de junio, el Tribunal rechazó rotundamente que, sobre la base de lo establecido en un Estatuto, pudiera aceptarse la existencia un deber de conocimiento de cualquiera de las lenguas cooficiales¹⁷.

Por el contrario, sí es predicable respecto de las demás lenguas oficiales el derecho de uso que tienen los ciudadanos, es decir, el derecho a elegir la lengua oficial de su preferencia ante las Administraciones públicas. Derecho de uso que, para el Tribunal Constitucional, está estrechamente ligado al carácter de lengua oficial y que deriva directamente de la propia Constitución y del respectivo Estatuto de Autonomía¹⁸. Para el Tribunal, tanto el «derecho a usar la lengua oficial de su elección» como el «derecho a ser atendido en dicha lengua por los poderes públicos» ocupan un lugar destacado en el modelo lingüístico establecido por nuestra Constitución¹⁹.

Cabe afirmar pues, a partir de lo que se acaba de exponer, que en el ordenamiento jurídico español la oficialidad lingüística no implica un deber de conocimiento de la lengua cooficial por parte de los ciudadanos, pero sí un derecho de uso de aquella, por parte de estos, frente a los poderes públicos (frente a todos los poderes públicos) que radiquen en el territorio de su Comunidad Autónoma. A estos poderes públicos corresponde, correlativamente, un «deber de disponibilidad lingüística» frente a aquellos ciudadanos que ejerzan su derecho de uso. La oficialidad comporta, en definitiva, un deber de conocimiento para la Administración pública, puesto que esta debe atender al ciudadano, y debe hacerlo respetando su «derecho de opción lingüística», que sí deriva, según se ha visto, de la oficialidad de la lengua (Vernet i Llobet, 2007, p. 33).

De cuanto se ha dicho se desprende, con claridad, que el ámbito propio y natural de la «oficialidad», aquel en el que esta aparece dotada de contenido jurídico, es el ámbito jurídico-público: las relaciones intra-administrativas (la lengua interna o de trabajo dentro de una Administración), las relaciones inter-administrativas (la lengua en que se relaciona una Administración con otras Administraciones públicas) y las relaciones ad extra de la Administración con los ciudadanos (la lengua de servicio). Es, por demás, en este contexto en el que se utilizan y entienden, en todo su alcance, los mencionados conceptos de «derecho de opción lingüística» (del ciudadano en relación con los poderes públicos de una Comunidad Autónoma con varias lenguas oficiales) y de «deber de disponibilidad lingüística» (de las Administraciones públicas respecto de los ciudadanos en aquellas Comunidades con más de una lengua oficial).

El modelo plurilingüe español es, además, un modelo incompleto o abierto, por cuanto remite parcialmente la regulación de la oficialidad de las lenguas españolas distintas del castellano a las normas estatutarias (y legales) de cada Comunidad Autónoma. Ello se desprende, con claridad, del artículo 3.2 de la Constitución, cuando afirma que «las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos». Este precepto evidencia el relevante papel que deben desarrollar los Estatutos en relación con las otras lenguas españolas, pues a ellos incumbe la modulación de la cooficialidad. Esta modulación, sin embargo, no puede, en ningún caso, tener tal intensidad que, de hecho, la desnaturalice, puesto que, si así fuera, se vulneraría la Constitución (Milian i Massana, 1990, p. 183). En este sentido, algunos autores han puesto de relieve que la oficialidad de las demás lenguas españolas ya está, de hecho, reconocida en la Constitución, que lo que hace es demorar su efectividad hasta la promulgación y entrada en vigor de los Estatutos correspondientes, los cuales, en consecuencia, contendrían un mandato preceptivo y no una posibilidad de elección (Milian i Massana, 1990, p. 182; Pla Boix, 2005, p. 48)²⁰.

La Constitución española, por lo tanto, no otorga el mismo trato a la oficialidad del castellano que a la oficialidad de las demás lenguas españolas, en el sentido de que son las Comunidades Autónomas quienes deben determinar el alcance de la cooficialidad de acuerdo con sus normas estatutarias y leyes autonómicas. De este modo, la declaración de oficialidad de las lenguas distintas del castellano no comporta siempre y necesariamente los mismos efectos jurídicos, a diferencia de lo que ocurre con la oficialidad del castellano declarada en la Constitución (Fossas Espadaler, 2008, p. 68; Vernet i Llobet, 2007, pp. 33-35). Esta idea es esencial para comprender adecuadamente el régimen de la oficialidad del aranés, tal y como veremos en el siguiente epígrafe.

De lo analizado hasta ahora cabe concluir que la declaración de oficialidad del aranés, efectuada por el artículo 6.5 EAC 2006 y desarrollada por el legislador autonómico ordinario, no plantea problemas jurídico-constitucionales. Por el contrario, su desarrollo legislativo sí merece un juicio más crítico, según hemos visto; sobre todo, por su extensión, extraordinariamente reducida.

Cuestión distinta es, en cambio, la discusión suscitada en torno al uso preferente del aranés, que aparece previsto de forma reiterada en ambas leyes. En efecto, además de desarrollar la declaración estatutaria de la oficialidad del aranés, tanto la Ley 35/2010 como la Ley 1/2015 incorporaron a su articulado el principio del aranés como lengua propia de Arán. Así lo establece el artículo 2.1 de la Ley 35/2010, al afirmar que «el aranés, nombre que recibe la lengua occitana en Arán, es la lengua propia de este territorio». Una redacción muy similar presenta el artículo 8.1 de la Ley 1/2015.

De esta declaración de «lengua propia»⁴⁷, el legislador autonómico deduce, acto seguido, dos importantes características: la preferencia y la normalidad de uso del aranés. Ambos principios aparecen de forma clara y expresa tanto en la Ley 35/2010 como en la posterior Ley 1/2015, si bien están mucho más desarrollados, como es lógico, en la primera.

En primer lugar, de la «propiedad» del aranés en el territorio de Arán el legislador autonómico deriva la preferencia de uso del aranés en todas las instituciones de Arán, especialmente en «el Consejo General de Arán, la Administración local y las entidades que dependen de ellos, los medios de comunicación públicos, la enseñanza y la toponimia» (artículo 2.3.a de la Ley 35/2010 y 8.1 de la Ley 1/2015).

Esta preferencia se reitera, de forma más detallada, en dos preceptos de la Ley 35/2010, ubicados en el capítulo relativo al «Uso institucional». El primero de ellos regula este uso institucional por lo que refiere a las instituciones y Administraciones públicas en Arán (artículo 5), mientras el segundo lo hace respecto de las instituciones y Administraciones públicas en el resto de Cataluña, pero fuera del territorio de Arán (artículo 6). Se trata, de nuevo, de una regulación diferenciada atendiendo a la ya mencionada modulación del principio de oficialidad que se ha establecido en el ordenamiento jurídico catalán.

Así, el apartado 4 del artículo 5 Ley 35/2010 determina que «en los impresos, formularios y textos administrativos de uso frecuente al alcance del público en Arán, la Generalidad, sin perjuicio de lo establecido por la legislación respecto a las demás lenguas oficiales, debe utilizar el aranés y debe otorgarle una posición preferente». Por su parte, el apartado 7 impone a la Administración General del Estado el uso preferente del aranés, como lengua propia del territorio, si bien matiza que «en los términos que esta [la Administración General del Estado] determine». Finalmente, el artículo 6.5 establece que las instituciones de la Generalidad y los entes locales que ejercen competencias en Arán «deben utilizar preferentemente el aranés en sus relaciones institucionales en Arán». No así los demás entes locales, que también podrán utilizarlo, pero sobre los que no se impone ese uso preferente.

En segundo lugar, de la «propiedad» del aranés en el territorio de Arán el legislador autonómico deriva, también, que el aranés es la lengua «normalmente utilizada por las Administraciones catalanas en sus relaciones con Arán, en la forma determinada por la presente ley» (artículo 2.3.b de la Ley 35/2010 y artículo 8.1.a de la Ley 1/2015)⁴⁸.

Todos estos preceptos fueron objeto de impugnación ante el Tribunal Constitucional por parte del Presidente del Gobierno en lo referente, precisamente, al aranés como lengua de uso preferente⁴⁹. Recurso que fue resuelto por unanimidad en la STC 11/2018, de 11 febrero. Sintéticamente, los recurrentes entendían que la imposición de un uso preferente del aranés vulneraba el artículo 3 de la Constitución y el artículo 6 del EAC 2006, por cuanto rompía el necesario equilibrio de las lenguas oficiales y, con ello, quebraba el modelo plurilingüe establecido en el bloque de la constitucionalidad. Por el contrario, la Generalidad alegaba que se trataba de una medida de protección y fomento, proporcionada y razonable, adoptada por el legislador autonómico en ejercicio legítimo de su competencia de normalización lingüística.

Para resolver adecuadamente la controversia suscitada, lo primero que hizo el Tribunal Constitucional fue tratar de determinar qué es lo que pretendía regular el legislador catalán al adoptar aquella normativa sobre el uso de la lengua aranesa; es decir, cuál era su finalidad. Así, según el Tribunal Constitucional, la regulación de uso de una lengua puede estar relacionada con el estatus de oficialidad de esa lengua (régimen de cooficialidad) o bien con medidas dirigidas a fomentar su uso (normalización lingüística)⁵⁰. Lógicamente, la regulación del estatus de oficialidad solo puede hacerse en relación con lenguas declaradas oficiales, mientras que las medidas de protección y fomento de una lengua pueden ir dirigidas, en principio, a cualquier lengua (incluida la oficial) o modalidad lingüística. Pero es importante destacar, como hace el Tribunal Constitucional, que la Generalidad de Cataluña tiene competencias para la regulación de ambos aspectos, sobre la base de disposiciones constitucionales (artículos 3.2 y 3 y 148.17 CE) y estatutarias (artículos 6.5, 36, 50.1 y 143.2 EAC 2006).

En el caso de los preceptos impugnados de la Ley 35/2010, el Tribunal Constitucional concluyó que «su objeto no es el fomento, difusión y normalización del aranés», sino su «régimen de cooficialidad», pues su finalidad no es otra que «el desarrollo de su estatuto jurídico en cuanto lengua reconocida por los poderes públicos como medio normal de comunicación en y entre ellos y en su relación con los sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos». La ubicación sistemática de los preceptos cuestionados confirmaría esta hipótesis, pues varios de ellos se integran en el capítulo II, dedicado al «uso institucional» (artículos 5 y 6), mientras en el articulado se incorpora un capítulo específico, el VII, dedicado al «fomento y difusión del occitano, aranés en Arán», que comprende los artículos 21 a 25 y no fueron cuestionados en el recurso planteado⁵¹.

A la vista de todo ello, el Tribunal Constitucional concluyó que el análisis de los preceptos impugnados debía hacerse desde la doctrina constitucional en materia de cooficialidad lingüística. Lo cierto es que este encuadramiento, como veremos seguidamente, facilitó notablemente su tarea, al permitirle recurrir, de forma prácticamente mimética, a los argumentos que ya había utilizado, respecto de la preferencia del catalán, en la STC 31/2010. Recuérdese, en este sentido, que en dicho pronunciamiento se rechazó la posibilidad de que la regulación de la cooficialidad lingüística pudiera incluir la primacía, en el territorio de Cataluña, de una de las lenguas oficiales (el catalán) respecto de la otra (el castellano), ni la postergación o menoscabo de aquel frente a este⁵².

Estas mismas ideas son trasladables, sin especiales esfuerzos interpretativos, a los preceptos impugnados de la Ley 35/2010: igual que no puede atribuirse al catalán la preferencia de uso frente al castellano (lenguas cooficiales en el territorio de Cataluña), no puede atribuirse tampoco una preferencia de uso al aranés frente al catalán y al castellano (los tres cooficiales en Arán). Y esta traslación la hizo el Tribunal Constitucional en la mencionada STC 11/2018, afirmando con contundencia que la cooficialidad debe sujetarse a «un patrón de equilibrio o igualdad entre las lenguas cooficiales, de forma que en ningún caso ha de otorgarse prevalencia o preponderancia a una frente a otra» (FJ 4). Sobre esta base, declaró inconstitucional y nula la imposición de la preferencia de uso del aranés sobre el catalán y el castellano en los ámbitos a que se refiere el artículo 2.3 letra a) Ley 35/2010.

Una declaración de inconstitucionalidad que el Tribunal basó, sencillamente, en que esta prescripción de uso prioritario guarda un «evidente paralelismo» con el artículo 6.1 EAC 2006, ya declarado inconstitucional y nulo en la STC 31/2010⁵³: «lo que la STC 31/2010 razona respecto a la pretensión del legislador estatutario de atribuir el carácter preferente a una lengua cooficial frente a otra es tanto más aplicable a la posición que pretende atribuir al aranés el legislador autonómico en detrimento de las otras dos lenguas cooficiales en Arán, por territorialmente limitada que esa primacía haya sido establecida»⁵⁴. A la vista de la STC 31/2010 y del tenor literal de los preceptos impugnados de la Ley 35/2010, cabe preguntarse, aunque sea de forma retórica, por qué el legislador catalán no procedió a modificarlos antes de su entrada en vigor (la ley se aprobó en octubre de 2010, mientras que la STC 31/2010 se dictó el 28 de junio del mismo año) y evitar, así, la irremediable declaración de inconstitucionalidad.

Por los mismos motivos, el Tribunal Constitucional declaró también inconstitucional y nulo el apartado 4 del artículo 5 Ley 35/2010, en la medida en que otorgaba una posición preferente al aranés en determinados impresos, formularios y textos administrativos al alcance del público en Arán⁵⁵. El Tribunal entendió, de nuevo, que una imposición como esta vulneraba el principio de equilibrio e igualdad de trato de cualquiera de las lenguas oficiales, que prohíbe establecer preferencia respecto de ninguna de ellas.

Por otra parte, el apartado 7 del artículo 5 Ley 25/2010 impone a la Administración General del Estado la obligación de usar preferentemente el aranés, si bien con la matización de que dicha obligación lo será «en los términos que esta determine». Ciertamente, y el Tribunal es consciente de ello, la cooficialidad del aranés en Arán implica, necesariamente, que todas las Administraciones radicadas en ese territorio estén en disposición de atender a los ciudadanos en la lengua oficial que estos elijan. Ahora bien, la imposición del uso preferente del aranés, y además a la Administración General del Estado, vulnera doblemente la Constitución. Por un lado, según se ha dicho más arriba, porque rompe el inexcusable equilibrio entre las (tres) lenguas cooficiales en el territorio. Pero, además, es inconstitucional por cuanto invade la competencia estatal para establecer la regulación concreta del uso del aranés por la propia Administración del Estado⁵⁶, sin que la cláusula «en los términos que esta determine» pueda salvar tal inconstitucionalidad⁵⁷.

Por todo ello, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional y nula la palabra «preferentemente» en dicho precepto, así como también, por idénticos motivos, el mismo término en el artículo 6.5 Ley 35/2010. Recuérdese que dicho precepto imponía el uso preferente del aranés a las instituciones de la Generalidad fuera de Arán, así como a los entes locales que ejercen competencias en Arán. Lógicamente, si no cabe imponer esa preferencia a los entes públicos radicados en el territorio de Arán, menos aún cabrá hacerlo respecto de quienes estén radicados en Cataluña, pero fuera de Arán, por más que puedan, en su caso, ejercer competencias en el territorio aranés.

Una lectura detallada de la STC 11/2018 pone de relieve el importante esfuerzo argumentativo realizado tanto por los Abogados de la Generalidad como por los letrados del Parlamento catalán, para tratar de centrar la discusión jurídico-constitucional en unos términos distintos a los planteados por el Abogado del Estado (y que fueron los que, finalmente, acogió el Tribunal). Así, buena parte de las alegaciones presentadas estaba destinada a justificar que la regulación sobre la preferencia del aranés no pretendía desarrollar la cooficialidad del aranés ni fijar su alcance, sino regular medidas de normalización lingüística. Es decir, medidas encaminadas a destacar y resaltar el uso del aranés, lengua históricamente desfavorecida y en declive, a fin de garantizar su uso por los poderes públicos, y alcanzar la igualdad real con las restantes lenguas oficiales del territorio, pero sin excluirlas.

De este modo, trataban de evitar la aplicación de la doctrina constitucional sobre la preferencia de uso de una lengua oficial sobre otra u otras lenguas oficiales. Aceptar que los preceptos impugnados se movían en el ámbito de la regulación de la cooficialidad suponía admitir la aplicación quasi automática de lo señalado en la STC 31/2010 respecto de la preferencia del catalán sobre el castellano, como finalmente ocurrió. Trasladar el debate jurídico, en cambio, al ámbito de las medidas de protección y fomento de la lengua propia, esto es, de la normalización lingüística, podía ofrecerles, quizás, mayores opciones. De ahí los denodados esfuerzos por justificar la diferencia donde, en realidad, no la había⁵⁸.

Es cierto, y así ha sido aceptado por el Tribunal Constitucional en ocasiones anteriores, que el legislador autonómico es competente para adoptar medidas de política lingüística tendentes a corregir situaciones históricas de desequilibrio de una de las lenguas oficiales respecto de la otra, en caso de existir⁵⁹. Se trataría, en este sentido, de medidas de discriminación positiva adoptadas en el marco de la normalización lingüística, con el objetivo de favorecer a la lengua en declive y en una situación desfavorecida.

La posibilidad de adoptar tales medidas no es, sin embargo, enteramente disponible para el legislador autonómico. Según el Tribunal Constitucional, la potestad legislativa tiene, en esta materia, como límite «la necesaria preservación de la garantía de uso normal de las lenguas cooficiales y la prohibición de medidas excluyentes, peyorativas o desproporcionadas que impliquen un desequilibrio para alguna de las lenguas oficiales»⁶⁰. Dicho en otras palabras: no es posible adoptar una medida destinada a garantizar el respeto y la protección de una lengua cooficial que suponga un uso prioritario de esta en detrimento de la otra lengua cooficial (u otras lenguas cooficiales), por más que aquella lengua cooficial que se busque fomentar sea la lengua «propia» del territorio. Una regulación de este tipo está constitucionalmente vedada, por afectar a la esencia de la ordenación del plurilingüismo garantizado en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía y, en particular, el principio de equilibrio e igualdad entre todas las lenguas oficiales⁶¹. En consecuencia, incluso si la regulación adoptada por el legislador catalán en la Ley 35/2010 hubiera podido encuadrarse en el marco de la normalización lingüística, el juicio de constitucionalidad al respecto habría sido negativo.

Un último apunte en relación con la Ley 1/2015, cuyo artículo 8.1, según hemos señalado supra, establece también el uso preferente del aranés en las Administraciones públicas en Arán. Ciertamente, la ley no ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional, pero parece evidente que, en el caso de que algún juez o tribunal se viera en la tesitura de aplicar dicho precepto, este tendría que plantear una cuestión de inconstitucionalidad cuyo resultado, presumiblemente, sería el mismo que el recurso contra los preceptos declarados inconstitucionales por la STC 11/2018.

Como hemos podido comprobar en este estudio, el idioma aranés ha debido recorrer un largo camino hasta su consagración como lengua oficial en aquella parte del territorio español donde es lengua propia (el Valle de Arán). En efecto, a pesar de que era competencia y responsabilidad del legislador estatutario proceder, en su caso, a su declaración de oficialidad, lo cierto es que el EAC 1979 únicamente le otorgó la consideración de «habla» objeto de enseñanza y especial respeto y protección. Los motivos de esta ausencia no están claros, pero sí lo está que fue querida y buscada, puesto que ninguna de las enmiendas solicitando la inclusión del aranés como lengua oficial en el EAC 1979 fue aceptada.

Para paliar esta situación, el legislador catalán ordinario declaró el aranés oficial en Arán mediante la Ley 16/1990, de 13 de julio, sobre el régimen especial del Valle de Arán. Algunos autores dudaron en ese momento sobre la constitucionalidad de tal declaración, puesto que no era el legislador estatutario quien la realizaba, sino el ordinario. Tales dudas estaban, en nuestra opinión, plenamente fundadas, por cuanto se trataba de una clara vulneración de la reserva estatutaria del artículo 3.2 de la Constitución; algo que se ha visto confirmado recientemente por el Tribunal Constitucional, si bien respecto del bable en el territorio de la Comunidad Autónoma asturiana.

El EAC 2006 sí incorporó una expresa y clara declaración de oficialidad del aranés en su artículo 6.5. Dos son las cuestiones que deben destacarse de dicha declaración, según hemos analizado en páginas anteriores. Por un lado, es importante señalar que la declaración estatutaria del aranés como lengua oficial supone su plena incorporación al ámbito de protección de la CERLRM, en el sentido de que, ahora sí, goza del máximo nivel de protección ofrecido por este convenio internacional. Vale la pena recordar que el instrumento de ratificación utilizado por España deja en manos de los correspondientes Estatutos de Autonomía la determinación de las lenguas regionales o minoritarias españolas que gozan de la máxima protección de la Carta. Fue, por lo tanto, el legislador estatutario quien privó al aranés de esa máxima protección hasta el año 2006.

Por otro lado, debe destacarse la innovación que supone la declaración de oficialidad del aranés en el EAC 2006. Y es que, como ya hemos analizado, se trata de una declaración de oficialidad con una doble dimensión. En primer lugar, es una declaración de oficialidad plena del aranés en el territorio de Arán, con las consecuencias ineludibles que tal declaración tiene en el ámbito jurídico-público, en relación con los derechos que otorga a los ciudadanos frente a los poderes públicos radicados en dicho territorio y los deberes que, consecuentemente, genera en esos mismos poderes públicos. Pero es, también, una declaración de oficialidad extraterritorial, es decir, más allá del dominio lingüístico del aranés. Recuérdese que, tal y como determina el EAC 2006, el aranés es también oficial en todo el territorio de Cataluña, si bien dicha oficialidad quedó sujeta al posterior desarrollo legislativo que, según hemos indicado, ha sido, hasta ahora, más bien modesto y restrictivo.

Por último, la reciente doctrina del Tribunal Constitucional en relación con la preferencia del aranés, establecida por el legislador catalán en la Ley 35/2010 (y, también, en la posterior Ley 1/2015, aunque la constitucionalidad de esta última no ha sido cuestionada) ha confirmado lo que ya señalara, con anterioridad, en la STC 31/2010: que nuestro modelo lingüístico se basa en el equilibrio o igualdad entre las lenguas cooficiales, sin que pueda otorgarse prevalencia o preponderancia a una frente a otra u otras. Lo cierto es que imponer la preferencia de una determinada lengua oficial, lejos de mejorar o perfeccionar nuestro modelo plurilingüe, parece, más bien, una medida orientada a conseguir la hegemonía de aquella lengua preferente sobre cualquier otra.