El período de la posguerra italiana se caracteriza por una tasa alta de desempleo y por un subempleo generalizado en la agricultura, especialmente en el sur del país. La destrucción material causada por la guerra y la interrupción de las actividades comerciales, o su reconversión de militares a civiles, impiden una rápida absorción de la mano de obra en todos los sectores. Dos millones de personas están inscritas en la agencia de empleo en 1946 (Besana, 2002). La situación se ve agravada por el regreso de los militares, por la llegada de refugiados de países limítrofes y de prófugos de los territorios sobre los que Italia ha perdido su soberanía como resultado del tratado de paz de 1947.

Italia puede contar con la ayuda de EE. UU. a través del Plan Marshall: sin embargo, el proyecto de desarrollo presentado por Italia a la ECA (Economic Cooperation Administration) no es considerado satisfactorio por los estadounidenses, porque se centra poco en reformas e inversiones y mucho en la posibilidad de aliviar la presión sobre el mercado de trabajo gracias a una reactivación de la emigración masiva (Primiceri, 2016). El primer ministro demócrata cristiano De Gasperi insiste en que Estados Unidos financie la salida del país de la fuerza de trabajo excedente. Italia obtiene 10 millones de dólares de fondos ERP (European Recovery Program) y los destina a estudios y proyectos de colonización en América Latina. La gestión financiera se confía al ICLE (Istituto Nazionale di Credito per il Lavoro all’Estero), una entidad creada en 1923, y la asistencia técnica al IAAI (Istituto Agronomico per l’Africa Italiana), una institución para la colonización de África existente desde 1904 (como Istituto Agricolo Coloniale).

Los Estados Unidos también financian la reconstrucción de la flota mercante italiana y devuelven a Italia dos grandes barcos para el transporte de emigrantes (Conte Grande y Conte Biancamano) (Roncelli, 1987).

Uno de los argumentos utilizados por el gobierno italiano para obtener apoyo en las políticas de incentivación de la emigración consiste en la amenaza para el orden público y la estabilidad democrática que representa la presencia de una gran masa de personas desempleadas, sobre la que puede influir fácilmente la propaganda del Partito Comunista Italiano (desde 1947 en la oposición)[2]. Ningún plan de desarrollo podría evitar esta amenaza a corto plazo, se deben fomentar de todos los modos las expatriaciones. Junto a estas razones coyunturales, se subraya el dato estructural de la sobrepoblación italiana agravada por la reducción del territorio debido a la pérdida de las colonias y de los territorios nacionales cedidos a Yugoslavia, Francia y Grecia. De acuerdo con el gobierno de De Gasperi, había que expatriar entre 1952 y 1957 a 2 millones de trabajadores: la emigración constituía, según Mariano Rumor, una de las principales figuras del partido de la Democrazia Cristiana, el “interés principal” de la política exterior italiana (Incisa di Camerana, 2003).

Acuerdos bilaterales de emigración y adhesión a organismos multilaterales

Italia quiere confiar la solución del problema de los refugiados y los desplazados y la promoción de la emigración económica a instituciones multilaterales. Firma también acuerdos bilaterales con potenciales países de inmigración. Se trata de países de Europa y de América del Sur, destinos tradicionales para los emigrantes italianos. La posibilidad de conducir a los emigrantes a América del Norte está descartada por la política restrictiva (cuotas) de Estados Unidos, que no permitía más de 5.000 llegadas anuales. Los EE. UU. abrirán las fronteras solo para los refugiados de Europa del Este y los 45.000 refugiados del éxodo istriano-dálmata[3] (Escapee Program de 1952 y Refugee Relief Act de 1953). Italia tratará en vano de que los EE. UU. adopten una cuota destinada a los inmigrantes procedentes de países de la OTAN en lugar de la nacional para ampliar las posibilidades de emigración de italianos (Cometti, 1958). El gobierno de Brasil, que también cuenta con un sistema de cuotas, ofrece por su parte facilitaciones para la emigración de refugiados istriano-dálmatas (ACS, MLPS, 464).

En 1947 y 1948 Italia firma dos acuerdos de emigración sucesivos con Argentina, y en 1950 con Brasil.

Italia negocia también con estos países acuerdos comerciales y pagos. Los acuerdos de emigración son complementarios a estos últimos. El tema de las remesas, pero también el del déficit comercial, influyen en las negociaciones de emigración. En el caso de Argentina, la cuota de las importaciones de trigo juega un papel importante en la negociación de la emigración. El tema del desbloqueo de los bienes italianos en Brasil también es un factor a tener en cuenta.

Los acuerdos de emigración distinguen entre la emigración libre (que tiene lugar en caso de llamada de familiares o empresas residentes en el país) y la emigración “beneficiada” o “asistida”, que cuenta con facilitaciones especiales: adelanto de los gastos de viaje y de primer asentamiento, empleo en la industria o en la agricultura (colonización), formación profesional (Barbero y Cacopardo, 1993).

Argentina facilita también una nueva forma de emigración: la de los trabajadores que emigran siguiendo a sus empresas. En 1948 se crea la CONRI (Comisión Nacional de Radicación de Industrias) y a 71 empresas europeas se les permite establecerse en Argentina (el 80% son empresas italianas), con la transferencia de máquinas y técnicos (Bertagna, 2014). En general se trata de empresas del sector de la construcción o mecánicas. A veces los trabajadores italianos se unen en cooperativas para beneficiarse de estas facilidades. Los emprendedores que emigran junto con los trabajadores lo hacen para evitar una quiebra o por miedo a la situación política (especialmente en regiones “rojas”, como Emilia Romagna) (Camera di Commercio e Agricoltura di Bologna, 1949). Esta peculiar forma de emigración es seguida por un número significativo de trabajadores: representan el 28,7% del total de emigrantes italianos en Argentina en 1948, y el 23,5% en 1949.[4]

Italia intenta internacionalizar el problema de la migración más allá de los acuerdos bilaterales: apoya las iniciativas de la Organización Internacional para los Refugiados (OIR) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la emigración económica. Italia no consigue que se atribuya un mandato operativo a la European Migration Commission (EMICO), creada en 1948 y disuelta en 1949 (Romero, 1991). Los Estados Unidos son la orilla financiera necesaria para todos los planes de emigración, pero con el inicio de la Guerra Fría se alejan de las organizaciones internacionales de las que forman parte la URSS y los países comunistas. La OIR finaliza sus actividades en 1951, y la OIT, que en el mismo año convoca una conferencia internacional sobre migración en Nápoles, acusa la falta de apoyo de Estados Unidos a sus proyectos. Italia, que contaba con dar empleo a 1,4 millones de emigrantes (Romero, 1991), sufre una decepción en sus aspiraciones de hacer de la emigración un tema de incumbencia multilateral. Sin embargo, los Estados Unidos lanzan una propuesta alternativa, la creación de una institución intergubernamental europea (abierta solo a los países “libres”) que se encargue tanto de los refugiados como de los emigrantes. En 1951 nace en Bruselas el CIPMME (más tarde CIME).[5] En cuanto a los refugiados, el nuevo organismo tiene la tarea de financiar su transporte a los países de acogida (acogida de la que se ocupa, sustituyendo a la OIR, el recién nacido Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR). En cuanto a los emigrantes, el CIME tiene que ocuparse del transporte de aquellos para los que las facilidades existentes (sobre la base de acuerdos bilaterales) son inadecuadas, o que no tienen medios propios (Bouscaren, 1963).

Italia se adhiere inmediatamente al CIME, aunque no es el organismo supranacional que habría preferido. El Comité está financiado mayoritariamente por EE. UU. con el 48% del presupuesto total (Franghiadis, 2015). Entre los demás participantes se encuentran los países de emigración, de inmigración y los llamados “países simpatizantes” (Bélgica, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Noruega, Suecia, Suiza). Además de Italia, son países de emigración Austria, República Federal de Alemania, Grecia, Países Bajos y España.

Italia, como Austria, era un país de acogida inicial para los refugiados húngaros y yugoslavos: para ellos el embajador Luciano Mascia pide al CIME programas de inmigración no selectiva en países que puedan acogerlos y salvarlos de la “vida estéril y degradante de un campo” (ACS, MLPS, 397, 10/10/1957).[6] En Italia había tres campos donde los refugiados estaban en espera de reasentamiento: Padriciano (Trieste), Capua y Latina (Hein, 2010; Sanfilippo, 2006). Italia, a diferencia de los países nórdicos (Suecia, Noruega, Dinamarca), solicitaba que el transporte y la asistencia a los refugiados no fueran prioritarios y sobre todo no afectasen negativamente a la asistencia a los emigrantes (ACS, MLPS, 400, 11/30/1954).

Los italianos que regresaban de las colonias o de los territorios perdidos por Italia no se consideraban refugiados (de acuerdo con la definición establecida en la Convención de Ginebra de 1951), sino “repatriados” y no podían contar con la ayuda para refugiados del CIME o de la OIR (Ballinger, 2012). Para los refugiados de Trieste se presentó un programa especial del CIME a partir de 1953: estaba dedicado a aquellos que por edad o condiciones de salud no podían acceder a los programas generales para emigrados (Papadoupolos y Kourachanis, 2015).

Dos Ministerios en Italia se ocupan de la gestión de los acuerdos bilaterales y de la participación en el CIME, el Ministero degli Affari Esteri y el recién constituido Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – MLPS (desde 1945). Por diversas razones no se unificarán sus competencias en una entidad única (algunos habían propuesto la reactivación del Commissariato dell’Emigrazione, creado en 1901 y suprimido por el fascismo). Esto dio lugar a la duplicación de tareas y a la ineficiencia (Primiceri, 2016; Cometti, 1958).

El MLPS, del que dependían los Uffici del Lavoro, se ocupaba de todas las operaciones relativas a la emigración que tenían lugar dentro de las fronteras, es decir, la selección, el reclutamiento, la puesta en marcha, el tránsito por los Centri di Emigrazione, salidas, repatriaciones, supervisión e investigaciones (Colucci 2017; Fauri, 2015). También se encargaba de la preparación y aplicación de los acuerdos bilaterales y de las relaciones con el CIME. La documentación del MLPS, que se conserva en el Archivio Centrale dello Stato en Roma, constituye por tanto un buen punto de observación para tratar de comprender cómo afrontaron la última emigración transoceánica los emigrantes, la burocracia italiana y la de los países de América Latina.

La emigración italiana en América Latina

De 1956 a 1960 emigraron a América Latina 880 000 italianos (Roncelli, 1987).

Fueron las políticas del gobierno italiano y de los gobiernos de América Latina las que resultaron atractivas para los emigrantes, junto con la información que les llegaba de los familiares y amigos ya emigrados, y la incertidumbre de la situación económica y política (incluyendo el temor a una nueva guerra en Europa).

Italia, como se ha mencionado, estaba convencida de la urgencia de canalizar al exterior el exceso de mano de obra, lo que mejoraba al mismo tiempo la balanza de pagos gracias a las remesas. Brasil y Argentina, y también Venezuela (el tercer destino más importante en la posguerra), querían utilizar la inmigración como factor productivo para el desarrollo de la industria sustitutiva de las importaciones, de la agricultura y de la minería.

Los trabajadores esperaban alejarse de una situación difícil, progresar económicamente y utilizar las facilitaciones para el viaje y el empleo que ofrecían los gobiernos y las instituciones internacionales.

Los gobiernos a ambas orillas del océano consideraban que no era posible confiar únicamente en la emigración libre como en el pasado, sino que era necesario asistir, seleccionar y canalizar el flujo. Esta visión dirigista es característica de las políticas de migración de la posguerra: en términos numéricos la emigración asistida fue inferior a la libre, pero también esta última fue sometida a un control burocrático que a menudo no era menos estricto que el reservado a la primera.

De 1946 a 1951, según los datos ISTAT emigraron a América Latina 451.092 italianos (de los cuales 346.153 a Argentina, 34.542 a Brasil y 56.337 a Venezuela). De 1952 a 1959 emigraron 399.425 italianos (de los cuales 149.489 a Argentina, 73.407 a Brasil y 163.583 a Venezuela) (Roncelli, 1987). Un número importante de los emigrantes de este último período fue transportado gracias a los programas del CIME: 88 209 a Argentina, 51 948 a Brasil y 31 747 a Venezuela (Bouscaren, 1963).

En comparación con otros países de emigración, Italia fue el país que más se benefició de los programas del CIME: el 66,4% de los emigrantes CIME en América Latina provenía de la península itálica.

Los años 1948-1949 fueron los de mayor emigración, en los años 1950-1954 la meta preferida fue Argentina, y los años 1955-1960 marcaron un descenso gradual de los flujos, con Venezuela como destino preferido.

La emigración de posguerra tiene diferentes características respecto a la anterior: los emigrantes están más cualificados y hay una mayor presencia de familias, como resultado de las políticas selectivas de los países de llegada y de las políticas de reunificación familiar promovidas por el CIME. Con respecto al origen regional, son las regiones del sur las que proporcionan números mayores.

Los países que forman parte del CIME prevén como mecanismo que permite la inmigración la denominada “llamada” por parte del padre de familia, ya residente en el extranjero, que pide que su familia se reúna con él (después de proporcionar ciertas garantías y también un anticipo monetario), o por parte de emprendedores locales que se comprometen a emplear trabajadores con determinadas especializaciones. Los requisitos y los procedimientos de selección en Italia pasan a través del MLPS.

Italia participa en la conferencia de fundación del CIME en Bruselas en 1951. En la conferencia hay representación de los siguientes países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y Venezuela.

Gracias a la larga historia de emigración y a la experiencia adquirida por Italia en la regulación de los flujos (desde la creación en 1901 del Commissariato Generale dell’Emigrazione), los delegados italianos estaban convencidos de poder ofrecer a los otros países participantes su know-how, y presionaban para que el nuevo organismo se convirtiera en un instrumento permanente. Italia chocaba con los países del norte de Europa y con los Estados Unidos, que querían evitar delegar en un organismo supranacional las cuestiones migratorias y evitar crear instituciones permanentes.

Como declaró el delegado italiano Justo Giusti del Giardino, Italia no quería que el recién nacido Comité fuese una mera “agencia de viajes” (ACS, MLPS, 396, 17/04/1953).

A pesar de los problemas, al final las demandas italianas se pudieron satisfacer parcialmente: se institucionalizó el Comité, sus funciones se ampliaron después del primer año de existencia y su actividad se extendió indefinidamente.[7]

Sin embargo, en 1952 la mayoría de los países participantes ya no parecía muy interesada en la coordinación de los movimientos migratorios (Cohen, 2011). También estaba empezando a ser cuestionado uno de los principales argumentos que Italia había defendido y con el que contaba para la internacionalización del problema: la superpoblación. A pesar de la llegada de refugiados extranjeros (10.000) y el regreso de ciudadanos italianos procedentes de Venecia Julia y Dalmacia (275.000), del norte de África (200.000), del Egeo (25.000), y de Egipto y Túnez (20.000), el país no tenía una densidad de población superior a la del Reino Unido ni una tasa de natalidad más alta que la de Francia, Suiza o Noruega (Bouscaren, 1963). En la Conferencia Internacional sobre Población celebrada en Roma en 1954, los demógrafos desmintieron a los funcionarios de la OIR y del CIME que unían la superpoblación y la necesidad de emigración (Cohen, 2011).

Los problemas de Italia eran estructurales y resolverlos requería inversiones y reformas en lugar de desplazamiento de mano de obra. De forma paralela se desarrollaba una crítica a un pilar teórico fundamental en la base del CIME: la existencia de áreas geográficas vacías, que necesitaban poblarse. Era un supuesto teórico que había permitido que Italia no solo forjase acuerdos bilaterales con los países de América Latina, sino también alianzas dentro del CIME con esos mismos países frente a los países más reacios a financiar y a ampliar las funciones del Comité.

En la conferencia de Bruselas habían participado nueve Estados de América Latina, de los cuales solo tres (Brasil, Bolivia y Chile) habían firmado la resolución constitutiva del Comité, y solo dos (Paraguay y Venezuela) habían entrado inmediatamente en la organización (Tourgeli y Venturas, 2015). La vacilación de los países de América Latina se debía al miedo a la interferencia en su soberanía y al deseo de tener libertad en lo concerniente a políticas migratorias, que en la posguerra eran en casi todas partes de tipo selectivo.

La Argentina peronista se oponía inicialmente a la creación del Comité (no entraría hasta 1953), mientras que Brasil era el país más favorable junto con Venezuela a la cooperación internacional en el ámbito de la migración (Bastos de Ávila, 1964). Entre 1953 y 1959 los países de América Latina participantes en el CIME son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

En la tercera sesión del CIPMME en Washington, el delegado italiano, retomando la intervención del delegado chileno que había hablado a propósito de su país de “tierra sin hombres”, se refería análogamente a Italia como una realidad de “hombres sin tierra” (Papadopoulos y Parsanglou, 2015).

Los países de América Latina, tradicional destino de la emigración italiana, se describían como en el pasado: con grandes espacios vacíos y necesitados de hombres. Según el demógrafo Kingley Davis se trataba de un mito, una ilusión, o al menos una visión ingenua (Bouscaren, 1963). Si para Italia el problema no era una población demasiado numerosa, sino la falta de inversión y de materias primas, la situación no era diferente en América Latina, que no necesitaba más población, sino capital, competencias y tecnología.

Y sin embargo, de una manera ingenua, el documento fundacional del CIME declaraba que mientras en algunos países europeos había un problema de exceso de población, en otros países existía la oportunidad de absorber un aumento “sistemático” de población. Era una especie de teoría de vasos comunicantes que expresaba una confianza excesiva en la capacidad de gestionar desde las altas esferas unos movimientos que hasta entonces habían sido principalmente espontáneos. La necesidad de resolver el problema de una distribución “desequilibrada” de la población mundial y de los recursos fue abordada por un grupo de académicos que acompañó con sus estudios teóricos el trabajo práctico del CIME: el Research Group for European Migration Problems. La OIT y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) también colaboraron con el CIME en la elaboración de documentos, datos estadísticos y encuestas.

La Organización de los Estados Americanos ( OEA) encargó en 1957 un estudio sobre la inmigración en América Latina al sociólogo y demógrafo brasileño Padre Fernando Bastos de Ávila. Este amplio estudio tiene en consideración una serie de variables como los niveles de producción y materias primas, la estimación de la evolución de la población y su composición por sexo y edad, las tasas de natalidad y mortalidad, las migraciones internas y dentro del continente (de un país latinoamericano a otro) que dibujan un escenario latinoamericano diferenciado en cada país y en el que la inmigración europea es un componente cuya utilidad se debe valorar caso por caso. La inmigración no puede significar simplemente “abrir las puertas” para que se considere exitosa (Bastos de Ávila, 1964). En las conclusiones de su trabajo Bastos de Ávila afirmaba que en el futuro los principales países de inmigración tendrían una capacidad limitada para absorber el exceso de población de los países de emigración. Debe tenerse en cuenta que el demógrafo brasileño estimaba en 10 millones los migrantes latinoamericanos internos, y era necesario plantear una programación de este nuevo fenómeno. Además, la inmigración a América Latina ya no era, como en el pasado (hasta la Primera Guerra Mundial), en función del ciclo económico. En particular, en el caso de la emigración italiana, la renta per cápita de Italia a finales de los años cincuenta era igual, si no mayor, que la de los países de inmigración. El país de salida tenía una moneda estable, al contrario que los países de llegada, y salarios urbanos mensuales más altos (72 dólares en Italia, en Argentina 51, en Brasil 37, en Chile 43, y solo en Uruguay 114) (Bastos de Ávila, 1964).

El CIME nació con una gran ambición, convertir “el antiguo caos migratorio en una empresa realizada y concebida técnicamente” (Bastos de Ávila, 1964, p. 237, traducción nuestra). No era una tarea fácil, porque era necesario formar un equipo de funcionarios, realizar estudios, colaborar con otras organizaciones internacionales. Para no limitarse a “mover a los seres humanos de un continente a otro para remediar una demografía desequilibrada” (Bastos de Ávila, 1964, p. 237, traducción nuestra), era necesario tener en cuenta las necesidades de los migrantes y las de los países de llegada y salida.

Una tarea difícil y a menudo infructuosa, como atestiguan los documentos del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale italiano.

Los funcionarios del CIME habían acuñado una nueva categoría de migrante junto a la de Displaced Persons relativa a la tragedia de la guerra, las Desinherited Persons, que había que situar en países distintos a los de origen (Marks, 1957).

A nivel internacional, tanto Italia como América Latina eran áreas clave para los Estados Unidos, ya que eran países fronterizos en la lucha contra el comunismo, una lucha que se desarrollaba no solo en términos de defensa militar, sino también en el plano del desarrollo económico, en base a la doctrina Truman (punto 4 del discurso de 1949) (Damilakou y Venturas 2015; Maccari-Clayton, 2004).

La gestión de las migraciones, el desarrollo y la defensa del “mundo libre” son por tanto fundamentos teóricos clave de la acción del CIME (Damilakou y Venturas, 2015).

Los programas del CIME para la colonización y la reunificación familiar

Hugh Gibson, el primer director general del CIME, era un diplomático con un gran conocimiento de América Latina (entre otras cosas había sido embajador en Brasil entre 1933 y 1937), e inmediatamente después de su nombramiento había realizado un largo viaje por el subcontinente para identificar posibles destinos para los migrantes europeos (Tourgeli y Venturas, 2015).

Ya se habían realizado viajes para verificar la posibilidad de colonización entre 1950 y 1952 por parte de los técnicos del IAAI gracias a los 10 millones de dólares asignados por la ECA a Italia y transferidos al ICLE. Estas “misiones” dieron vida a empresas de colonización en Brasil, Chile y Costa Rica. En todos estos asentamientos agrícolas los emigrantes se enfrentaron a grandes dificultades y muchos abandonaron la parcela de terreno asignada. A pesar de estos fracasos y de las fuertes críticas en Italia a la actividad del IAAI y del ICLE, el experimento no fue interrumpido y la transferencia de los agricultores a estas y a otras áreas de América del Sur se incluyó en los planes del CIME, que en 1953 organizó en Florencia una reunión de expertos (Scarzanella, 2015). Las empresas de colonización, como la de Costa Rica, se aprovecharon del acuerdo entre el país de llegada y el CIME para facilitar nuevas llegadas de agricultores: el CIME pagaba el viaje a Panamá (ACS, MLPS 476, 1/1955).

Para Italia, el programa de colonización constituía una de las principales razones para apoyar al CIME: en las reuniones de los técnicos y en las sesiones del Comité los representantes italianos podían jactarse de la experiencia adquirida en la colonización interna y en la de África entre las dos guerras, y de la posibilidad de replicar los éxitos de los siglos XIX y XX en América Latina. Sin embargo, tanto el contexto italiano y africano de los años treinta como el de años anteriores de Argentina y Brasil eran completamente diferentes respecto al de los años cincuenta. Esto explica el fracaso de muchos proyectos: los técnicos cometieron errores de evaluación y los agricultores no pudieron adaptarse a las míseras ganancias y a las duras condiciones de vida y trabajo en las zonas de la última frontera latinoamericana. Todo esto provocó sufrimiento y decepción en los emigrantes, y gastos para los gobiernos involucrados y para el CIME. Un creciente número de repatriaciones, resultado de este fracaso, contradecía el objetivo para el que nació el Comité: apoyar y aumentar la emigración a los países de la otra orilla del océano.

El papel preponderante de Italia en la colonización atraía críticas de la oposición política interna, y también de las autoridades de los países de inmigración y de los funcionarios del CIME. Como reacción a estas críticas, la tentación por parte de algunos funcionarios italianos de estigmatizar a los propios emigrantes era fuerte. Las familias que dejaban las colonias protestaban y pedían regresar a Italia: en las listas de retorno se les describía como “unidades un poco turbulentas” y a sus componentes como “perezosos y tendentes al vagabundeo” (ACS, MLPS, 464, 19/01/1953). Algunos observadores más comprensivos con los agricultores señalaban que las casas de las fazendas brasileñas eran de barro y sin ventanas, que los propietarios eran tiránicos, el clima oprimente y que las enfermedades diezmaban a mujeres y niños. De aquí a culpar a los gobiernos latinoamericanos del fracaso bastaba poco y con frecuencia ocurrió. En los informes de los cónsules y funcionarios del MLPS o del CIME se hacía referencia a la falta de control en las zonas rurales y a la violencia de la policía o de los propietarios locales. La falta de adaptación de los colonos estaba por ello plenamente justificada.

Italia siguió apoyando los programas de colonización del CIME, pero con más cautela respecto al entusiasmo inicial. El Comité tenía que ser solo un intermediario que colaboraba en la realización de proyectos y tenía que buscar financiación en los bancos internacionales y en las instituciones norteamericanas, como la International Cooperation Administration, dando prioridad a empresas de colonización más fiables, como las estadounidenses o las holandesas. Además, el CIME comenzó a hablar de colonización mixta (no solo con colonos europeos, sino también locales). Se trataba de evitar no solo tensiones y reivindicaciones (como había ocurrido por ejemplo en Chile o Brasil entre italianos y nativos), sino de tomar conciencia de la realidad, los territorios por colonizar no estaban vacíos, sino habitados por personas que también aspiraban a la tierra y a las propiedades y no querían ser relegadas al papel de peones temporales al servicio de los agricultores europeos. Durante los años cincuenta tuvieron lugar fenómenos de migración interna en los países latinoamericanos, lo que demostraba una disponibilidad local de mano de obra que hacía innecesaria la inmigración agrícola europea.

La respuesta del CIME a esta nueva situación fue potenciar otros dos programas, fuertemente apoyados por Italia: el programa de reunificación familiar y el de formación profesional.

El programa de reunificación familiar (la llamada “emigración suplementaria”) resultó ser el más exitoso y de él se benefició principalmente Italia. Para el CIME fue un éxito que podía exhibir en sus estadísticas para convencer a los países indecisos de la oportunidad de seguir financiando el Comité. Solo en 1954 fueron 44.606 los familiares asistidos: 28 821 en Argentina, 11.329 en Brasil y 4 880 en Venezuela (Scarzanella, 2015). Los números mostraban el buen funcionamiento del programa, pero había muchos problemas. El CIME era solo un “catalizador” que hacía de intermediario entre países soberanos con sus propias reglas y con acuerdos recíprocos. Los defectos y los retrasos de las burocracias latinoamericanas se sumaban a los de la burocracia italiana. Una larga lista de documentos acompañaba a cada familiar emigrante, que tenía que considerarse idóneo desde el punto de vista médico tras pasar por varias pruebas. Además de obtener todos los certificados necesarios, yendo desde su pueblo de origen a los centros de emigración de Génova y Nápoles, era necesario entonces volver a casa y esperar la decisión final del país de llegada, que concedía el permiso de desembarco. También los colonos habían tenido que pasar por este proceso, perfecto testimonio de una nueva era de emigración controlada y regulada. Es la época de los pasaportes, de los certificados penales, de los de buena conducta y buen estado de salud, de los visados, de los permisos de desembarco, de los actos de llamada, de los contratos de trabajo, de todos aquellos documentos que hacen posible la emigración asistida (o no) y legal (Parsanoglou y Tsitselikis, 2015). Los documentos del MLPS prueban la lentitud del proceso de producción de estos papeles y muestran que las personas que querían unirse al familiar que los había “llamado” tenían que esperar un promedio de seis meses. Faltaban procedimientos estándar, había diferencias en los criterios adoptados en Italia entre diferentes administraciones locales y centrales y en los países de inmigración, y entre los cónsules latinoamericanos en Italia y los centros de inmigración de los respectivos países. Ciertos factores obligaban a muchas personas a abandonar, como la solicitud de documentos adicionales, además del pasaporte (el “cupón amarillo” en Brasil), las pruebas médicas caras (rayos X, Wasserman, análisis de orina, etc.), la pretensión (rechazada por los funcionarios italianos) de certificados no solo de moralidad, sino de ideas políticas “aceptables”, o las normas aduaneras que hacían que el transporte de bienes personales resultara oneroso (en Brasil, existía una solicitud de pago para la importación de seda, lino, queso, aceite). Cuando algunos familiares eran considerados no idóneos y “descartados”, el cabeza de familia tenía que presentar una solicitud de revisión y los tiempos se prolongaban. Respecto a la declaración de pertenencia a partidos políticos que Venezuela pretendía requerir, el MLPS señalaba que no se podía exigir a un ciudadano italiano. El emigrante podía dejar en blanco ese punto en el formulario y luego declarar directamente a la Comisión venezolana: un triste escamoteo (ACS, MLPS, 449, 23/12/1952). También Uruguay solicitaba entre los documentos de emigración la compilación de “un formulario del certificado político-social” (ACS, MLPS, 450, 02/08/1954).

Un problema adicional era el hecho de que, inicialmente, el padre de familia a veces declaraba ser soltero para poder ser seleccionado más fácilmente por el país anfitrión (como ocurrió en Argentina y Venezuela), y después se encontraba en la situación de no poder reclamar a su esposa e hijos (ACS, MLPS, 460).

La inscripción en los pasaportes de los emigrantes de otros menores no miembros de la familia, en el espacio reservado a los hijos, era también el resultado de equivocaciones por parte de algunas jefaturas de policía italiana, lo que acarreaba problemas durante el desembarco (ACS, MLPS, 464).

En el caso de la inmigración italiana en Brasil, 1/5 de los “llamados” renunciaba debido a las dificultades burocráticas, o viajaba por su cuenta sin beneficiarse del viaje pagado por el CIME. Era relativamente más fácil emigrar “espontáneamente”, pero el viaje pagado (en su totalidad o en parte, como se comenzó a requerir después de la segunda mitad de los años 50) representaba un incentivo para que las esposas, los hijos y los familiares directos entraran en el programa, sobre todo cuando los países de destino (como Argentina y Colombia) por razones económicas pusieron límites de envío de dinero a aquellos que ya habían emigrado, ya fuera para apoyar a la familia en el país de origen o para pagarles el viaje. Las protestas de los emigrados a Venezuela y Brasil por los retrasos burocráticos y porque la familia no llegaba eran frecuentes y ruidosas. Pero a veces las demoras se debían a la resistencia de algunos familiares a dejar Italia y a reunirse con su familiar emigrado (ACS, MLPS, 464).

En noviembre de 1952 el embajador Giusti informó al MLPS de las preocupaciones por la “dificultad de localizar a un número suficiente de emigrantes para las operaciones CIME”; era por lo tanto necesario acelerar las prácticas de entrega de documentos y extender los beneficios a todos los que demostrasen “incapacidad de pagar los gastos de viaje” (ACS, MLPS, 464, 28/11/1952).

Sin embargo, dos años más tarde, entre 50.000 y 70.000 familias italianas todavía estaban esperando poder embarcarse en los viajes del CIME (especialmente a Argentina), ya que el proceso burocrático que les concernía aún no se había completado (Tourgeli y Venturas, 2015).

Para fomentar aún más la emigración y aumentar el saldo migratorio del Comité, se adoptó también un “Programa para personas dependientes”. Se trataba de familiares de segundo grado hasta ese momento excluidos de las facilitaciones. A mediados de los años cincuenta algunos países latinoamericanos como Uruguay atacaron este programa, bien visto, al contrario, por Italia. En una situación de desempleo generalizado, la llegada de nuevos inmigrantes en edad de trabajar (cuñados, primos, tíos) podía convertirse en competencia para la mano de obra local, sin tener en cuenta que a Montevideo llegaban emigrantes ilegales italianos (y españoles) desde Brasil para trabajar en la industria de la construcción (ACS, MLPS, 450). Uruguay endureció los criterios para permitir la “llamada”: el padre de familia debía ejercer una no especificada “actividad útil para la República” (ACS, MLPS, 450, 02/08/1954). Brasil a su vez endureció los criterios sanitarios, cerrando el paso a los parientes de cualquier grado que pudieran “poner en peligro la salud pública y la eugenesia del país” (ACS, MLPS, 464, 29/01/1954).

En Italia se veía con creciente preocupación el fenómeno de los retornos. En 1951, debido a la crisis económica en Argentina, las oficinas provinciales de empleo tenían que encargarse de un gran número de emigrantes que regresaban (ACS, MLPS, 460).

En Brasil la situación no era mejor: el prefecto de Rovigo señalaba la difícil situación de las familias de agricultores retornadas, a las que había que buscar un alojamiento, pues habían vendido todo en el momento de marcharse. La situación se consideraba grave también políticamente por los ataques de la prensa comunista al gobierno (L'Unità titulaba: “Vuelven estando en la miseria los emigrados hace meses a Brasil desde Polesine”) (ACS, MLPS, 464, 10/02/1953).

En Venezuela el porcentaje de retornos en 1952 había llegado al 48,40%, pero, como señalaba el embajador de Italia en Caracas, “un movimiento de tan gran importancia” inevitablemente tenía “su porcentaje de vencidos” (ACS, MLPS, 449, 16/02/1954).

Algunos repatriados volvían a solicitar la expatriación al CIME. Es el caso de los llamados “antiguos residentes” italianos en Argentina, que regresaron en el peor momento de la crisis y luego quisieron volver a emigrar: según el embajador italiano Giustino Arpesani, eran juzgados por la Dirección Nacional de Inmigración argentina como “malos emigrantes” (ACS, MLPS, 450, 20/05/1954). También en Venezuela el MLPS señalaba el fenómeno de los que tentaban la expatriación por segunda vez, gracias al viaje pagado por el CIME.

El programa del CIME para trabajadores especializados

El embajador Justo Giusti del Giardino había mantenido en las primeras reuniones del CIME que la llamada de trabajadores con contrato de trabajo debía entenderse de manera flexible: los que llegaban con un título podrían más tarde cambiar de trabajo. Los países de destino se quejaban al CIME de la llegada de emigrantes que no respondían a las características certificadas en sus documentos: en general eran trabajadores no especializados que decían poseer un título de especialización. El mismo Giusti del Giardino, que se convirtió en embajador en Caracas en 1957, transmitía las quejas de las autoridades de Venezuela, pero sostenía que “los trabajadores no se solicitan como si fueran piezas de recambio o una mercancía cualquiera” (ACS, MLPS, 449, 10/08/1957).

Italia acompañaba una posición de principio, que se oponía a la rígida selectividad de los países receptores, con la petición de que el CIME organizase cursos profesionales para preparar a los emigrantes de acuerdo con las demandas del mercado latinoamericano. Se trataba por un lado de comprobar las características de la demanda de trabajo y armonizarla con la oferta, y por otro de formar a los trabajadores. Era necesario abordar la cuestión de los contratos de trabajo falsos y de las declaraciones y certificados falsos: según el director del Patronato italiano de asistencia en Venezuela, en 1957 el 98% de los trabajadores italianos especializados eran “falsos” y eran tristemente conocidos como “los graduados en la Guaira” –la Guaira era el puerto de desembarco– (ACS, MLPS, 449, 26/10/1957). Existía un “escandaloso comercio” de actos de llamada y de contratos laborales, que había llegado a oídos del Consulado de Caracas: entre 1951 y 1952 se recogieron 366 denuncias (ACS, MLPS, 449, 16/02/1954). A veces sucedía en Uruguay que quien realizaba la “llamada” ofrecía a los posibles emigrantes contratos de trabajo con el previo acuerdo de que no se llevarían a cabo (ACS, MLPS, 450).

Cuando en los años veinte los Estados Unidos adoptaron una política migratoria selectiva basada en los conocimientos profesionales y culturales de los migrantes (Literacy Test), el Commissariato Generale dell'Emigrazione italiano y su comisario general, Giuseppe De Michelis, reaccionaron promoviendo las escuelas nocturnas y los cursos profesionales para emigrantes: mecánica, construcción, agricultura (Cometti, 1958). De Michelis también promovió la creación del INCILE (Istituto Nazionale per la Colonizzazione e le Imprese di Lavoro all’Estero), que más tarde se convirtió en el ICLE, el instituto que tenía que financiar la emigración y que, como hemos visto, gestionó los fondos norteamericanos para la colonización en la segunda posguerra (Ostuni, 1990).

Esta política se retomó en el ámbito del CIME: en 1953 el gobierno italiano realizó un primer experimento de “curso piloto” para trabajadores de la construcción que iban a emigrar a Brasil. Fueron 600 los trabajadores interesados, de los cuales solo 289 se consideraron idóneos al final del curso, y de estos, 55 renunciaron a irse. El gobierno italiano quería evitar críticas por parte de los países receptores con la promoción de este tipo de cursos, pero no faltaron las polémicas internas: el periódico Paese Sera, en contra del gobierno, criticó el gasto de 200 millones de liras para instruir a 600 trabajadores y retribuir a 4 instructores brasileños y escribió con ironía que “tenían que enseñar a los instructores italianos cómo se deben construir casas” (ACS, MLPS, 464, 14/10/1953). Nacido bajo el acuerdo tripartito Italia-Brasil-CIME de 1953, este curso (curso “Corcovado”) también había sido criticado por la Embajada de Italia en Río, porque la concesión de pensión completa y alojamiento a los participantes les había dado “un falso concepto de la vida que tendrían que afrontar, acostumbrándose demasiado a confiar en la protección de la autoridad” (ACS, MLPS, 464, 04/06/1954). Para el futuro se preveía una colaboración de los técnicos del SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) y la utilización como sedes de las escuelas técnicas italianas o de los centros de formación de industrias como Fiat y Olivetti.

Desde 1954 comenzaron a ponerse en marcha un centenar de cursos de capacitación en diversas ciudades italianas con un total de 2.000 participantes, y se abrió una escuela-internado en Messina para 100 trabajadores. En 1960 el CIME creó un centro de formación en Salerno para 120 alumnos destinados a emigrar a Argentina, Brasil, Chile y Colombia (Pesci, 1958). Todos estos cursos debían garantizar lo que se llamó “idoneidad migratoria”, que se dividía en “idoneidad productiva” (capacidad profesional), “idoneidad de asimilación” (capacidad de integrarse en el nuevo país) e “idoneidad psicológica” (capacidad de hacer frente a las dificultades del nuevo entorno). Por último, el CIME lanzó en 1964 un nuevo programa de “emigración selectiva” a América Latina para trasladar a los trabajadores especializados. De 1964 a 1975 fueron 16 681 los europeos que se beneficiaron de él, pero solo el 27% pertenecía a la categoría de los muy especializados. En el ámbito de este programa emigraron también docentes universitarios. Los modestos resultados de esta política se deben a la “brecha en los niveles de vida en Europa y América Latina y a la competencia internacional por la mano de obra especializada” (Damilakou y Venturas, 2015, p. 307, traducción nuestra). Australia y Canadá ofrecían mejores salarios. El CIME, para fomentar la emigración de técnicos y profesionales, se hacía cargo, además de los gastos de viaje, de un seguro de salud y de una integración del salario y de anticipos de sueldo para la mudanza y la instalación (OIT, 1975). Estos incentivos servían para atraer a la otra orilla del océano a una mano de obra muy requerida en Italia, donde había comenzado el llamado “milagro económico”, o en los países europeos cercanos como Francia y Alemania. En Europa los trabajadores podían disfrutar de los derechos y el bienestar que en América Latina no siempre estaban garantizados. El CIME (en colaboración con otras organizaciones internacionales, Comisión Económica para América Latina [CEPAL], Organización de los Estados Americanos [OEA], Banco Interamericano de Desarrollo [BID], Organización Internacional del Trabajo [OIT]) también comenzó a ocuparse del “retorno de talentos” latinoamericanos emigrados a Europa o Estados Unidos por razones políticas o económicas (brain drain) desde mediados de los años cincuenta (CEPAL, 1975). Este flujo de retorno se cruzó con el de los refugiados que huían de las dictaduras de los años setenta, que el CIME ayudaba a reubicar en otros países (tanto en América Latina como en Europa). En el caso de Chile, un papel importante fue el del director de la oficina del CIME, Roberto Kozak, que ayudó a salir del país entre 1973 y 1989 a 35 000 refugiados a través de las embajadas de varios países en Santiago (el CIME se hizo cargo después del regreso de los exiliados - 50 000 - entre 1983 y 1993) (OIM Chile, 2016).

La nueva política de selectividad se acompañó de una revisión teórica del papel de la emigración europea en América Latina. Ya no se trataba de llevar el exceso de población europea a un continente poco poblado, sino de llevar trabajadores y agricultores cualificados que contribuyesen al “desarrollo” del subcontinente. El tema del desarrollo se hizo fundamental. Al no poderse formar rápidamente la fuerza de trabajo ideal allí para promover el “despegue” de las economías latinoamericanas, era necesario importarla. Se comenzó a observar el fenómeno de la migración en términos de recursos humanos y de transferencia de tecnologías. Los gobiernos latinoamericanos (Bolivia, Argentina, Honduras y Paraguay) en los primeros años setenta modificaron sus leyes migratorias para favorecer la emigración especializada (Torrado, 1979). Los objetivos de la colonización cambiaron: se necesitaban agricultores expertos que introdujeran técnicas modernas y nuevos cultivos. El CIME creó en 1954 una granja-escuela en Argentina, en Santa Catalina (Lomas de Zamora), para 20 inmigrantes italianos que serían destinados a un asentamiento cercano. La mano de obra agrícola no especializada podía entonces provenir de los países latinoamericanos, la migración intercontinental debía servir para mejorar el capital humano (Maselli, 1976). La Ley General de Colonización argentina de 1955 reservaba un 25% de las parcelas a agricultores extranjeros. Después el CIME firmaría en 1961 un acuerdo con el Consejo Agrario Nacional para crear un centro de formación para agricultores europeos en Choele-Choel, agricultores que tenían que contribuir al desarrollo de la agricultura argentina sin competir con el trabajo nacional (Pacecca, 2001).

Las dificultades de los tres programas del CIME (colonización, reunificación familiar y formación profesional), según los representantes italianos, podían ser resueltas mediante el desarrollo de servicios de información para los emigrantes y sobre todo con la creación de “servicios técnicos” (centros de trabajo con personal especializado formado por el CIME), con la normalización y con la unificación de los procedimientos administrativos. Para la formación de los trabajadores de los servicios de emigración, de los que carecía América Latina, se organizó un curso de formación que se celebró en 1963 en varios lugares: Argentina, España, Italia, Australia (El primer curso..., 1963).

Al final de los años cincuenta los gastos del CIME para la formación de trabajadores y funcionarios representaban una parte creciente del presupuesto, a expensas de los gastos de transporte. Este movimiento de fondos fue criticado por países como Australia y Canadá, que contaban con servicios de inmigración eficientes: no necesitaban cursos de formación, sino que tenían costes de transporte más altos en comparación con los países de América Latina.

Las diferencias entre Australia y América Latina (e Italia y España) respecto al presupuesto del CIME y a la política de transportes no eran nuevas. Dentro del Comité se había creado un Subcomité de transporte que debía resolver diversas cuestiones. El CIME utilizaba barcos de diferentes empresas privadas para el transporte de colonos, trabajadores, familias y técnicos (habían utilizado inicialmente los de la OIR, que eran barcos militares adaptados al transporte de civiles). El transporte de emigrantes era un negocio lucrativo para las empresas: clientela asegurada, nuevas rutas y pocos riesgos (Limnios-Sekeris, 2015). En Italia se vieron favorecidas por esta oportunidad antiguas y nuevas empresas, como Achille Lauro. La ruta hacia Australia era la más desfavorecida por los costes y la distancia y por la competencia del transporte aéreo (a cuyo uso se oponía Italia).

Italia defendió en el Comité dos puntos: (1) la inadmisibilidad de los controles del CIME (propuestos en 1960) sobre la seguridad de los buques y las condiciones de viaje, a través de inspecciones apropiadas. Con el apoyo de otros países interesados en el tráfico migratorio (España, Grecia, Francia) argumentaba que los controles eran responsabilidad de los gobiernos nacionales; (2) el uso de servicios de empresas comerciales y no de chárteres, que competían con la marina nacional; (3) la necesidad de que el CIME no tratase directamente con las empresas, sino con el Ministerio italiano de la Marina, con el fin de controlar los fletes y mantenerlos al nivel de los del Atlántico Norte y el Pacífico.

Las rutas hacia América del Sur estaban asignadas principalmente a empresas italianas, solo la Flota Mercante de Argentina competía con las empresas Italia, Costa, Lauro, Sidarma, etc. Entre 1955 y 1957, Italia se adjudicó aproximadamente el 31% del tráfico y Argentina alrededor del 7% (Limnios-Sekeris, 2015). La compañía argentina Dodero ofrecía una rápida gestión de las prácticas burocráticas (permiso de desembarco, exención de visados y exámenes médicos), lo que sin duda atraería a los emigrantes por encima del precio, compitiendo con las ofertas de las empresas italianas, como denunciaba el Ministero della Marina Mercantile italiano (ACS, MLPS, 460; Capuzzi, 2006). Las empresas italianas también habían ejercido presión sobre las autoridades del puerto de Génova en 1950 para que por razones de seguridad se bloqueara un transporte gratuito de emigrantes a Brasil con un buque militar brasileño (ACS, MLPS, 464).

Conclusión: burócratas y emigrantes

Los documentos de archivo nos permiten comprender la mentalidad de los funcionarios del CIME, del MLPS, de los diplomáticos y de los migrantes.

Encontramos antiguos estereotipos y prejuicios:

(1) La idea de que la buena o mala calidad del migrante está relacionada con el país de origen. Los italianos del norte se consideran preferibles a los del sur. La idea de que en cualquier caso el colono europeo es mejor que el agricultor latinoamericano, los blancos son mejores que los indios y la religión católica es preferible a las otras (por ello el certificado de bautismo es uno de los documentos necesarios para emigrar). En la reunión del CIME de octubre de 1957 el embajador italiano Luciano Mascia declaró que, aunque las perspectivas demográficas y económicas de los países latinoamericanos hacían prever una inmigración europea más pequeña, era sin embargo necesario “fortalecer su población de elementos blancos y cristianos” (ACS, MLPS, 397, 10/10/1957).

En Argentina: hasta 1947 la Dirección General de Migraciones (bajo la dirección de Santiago Peralta) promovió una “línea eugenésica”, pero más tarde, con la prevalencia en el peronismo de la “línea económica”, se abandonaron los criterios “raciales” a favor de una selección o exclusión por razones ideológicas y sanitarias. Los nuevos cuerpos: la Delegación Argentina de Inmigración en Europa (DAIE) y la Comisión de Recepción y Encauzamiento de Inmigrantes (CREI), que dependían de la institución central de la política económica peronista, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), hicieron los criterios más flexibles para la selección en lo que respecta a las profesiones y también los de la “llamada” (independientemente del grado de parentesco). Los criterios étnicos fueron finalmente eliminados con la centralización de la política migratoria en 1949 (creación de la Dirección Nacional de Migraciones y del Ministerio de Asuntos Técnicos, que también promovieron la inmigración temporal de trabajadores estacionales de los países vecinos [Galante, 2008]).

(2) El rol subordinado de las mujeres. Aunque cambiara la composición por género de la emigración post bélica gracias al programa de reunificación del CIME, con un incremento significativo de la proporción femenina, el prejuicio hacia las mujeres sigue siendo igual que en épocas anteriores. Las mujeres no pueden emigrar solas, a menos que se contraten en el servicio doméstico y se compruebe su moralidad. Venezuela requiere al CIME en 1953 el envío de 500 mujeres italianas para el servicio doméstico, como había hecho Canadá, con una preferencia por las de Venecia Julia. Se excluyen las solteras menores de 30 años. Son solo 71 las que se embarcan entre 1953 y 1954 con la flota Lauro. Se les hicieron controles sobre su moralidad a través de una asociación religiosa, la Asociación Internacional de Protección de las Jóvenes (ACS, MLPS, 449). Para las clases medias latinoamericanas las mujeres de servicio doméstico blancas son evidentemente un símbolo de estatus, pero no sirven solteras ni demasiado jóvenes (¿tal vez para evitar el acoso de los hombres de la casa?). A Brasil también le interesa seleccionar a 30 mujeres italianas “para importar” para el servicio doméstico gracias a los esfuerzos de Mons. Helder Camara y de algunas asociaciones católicas (ACS, MLPS, 464).

El programa del CIME “para mujeres solteras” considera países de destino también Australia y Nueva Zelanda, y países de origen, además de Italia, también Grecia, Alemania, Austria y España (Papadopoulos y Kourachanis, 2015).

Las mujeres no pueden desempeñar el papel de cabeza de familia, emigrar primero y llamar a su esposo e hijos. Deben desempeñar básicamente el papel de esposas y madres. En 1953 el consulado brasileño de Milán niega el visado a una mujer que quería irse sola con uno de sus hijos con la idea de que más tarde se reunieran con ellos su marido y su segundo hijo (ACS, MLPS, 464).

En Venezuela el examen médico analiza la fertilidad de la mujer: las reglas de entrada establecen la verificación de que no existan en su aparato genital “alteraciones que puedan impedir la procreación” (ACS, MLPS, 449, 01/07/1952).

Aunque la burocracia de la emigración a ambos lados del océano comparte viejas ideas sobre género y raza, los migrantes, al contrario, a menudo revelan una nueva mentalidad respecto al pasado.

La experiencia de la colonización interna italiana (saneamiento integral de los terrenos) y en las colonias africanas en los años treinta, y la emigración organizada de trabajadores a Alemania en los años cuarenta, dio a los emigrantes expectativas de formar parte de proyectos bien organizados, de traslados seguros: ya no pensaban que iban a la aventura como a principios de siglo. Un ejemplo aparentemente curioso: la embajada italiana de Santiago de Chile lamenta (como “falta de preparación psicológica”) el hecho de que muchos emigrantes ya no lleven consigo el colchón y la vajilla (ACS, MLPS, 466, 09/01/1956). Quien emigra en la posguerra estaba convencido de que sería recibido y acogido a su llegada, trasladado al lugar de trabajo, y de que recibiría alojamiento y servicios para él y su familia. Cuando todas estas expectativas resultan ser ilusorias (sobre todo en el caso de la emigración agrícola) los emigrantes se organizan, protestan, intentan de forma independiente resolver los problemas o se dirigen al consulado para ser repatriados.

En 1952 un grupo de trabajadores asignados a una fazenda de Guatapará (Ribeirão Preto), propiedad de un italiano, después de solo diez días de haber llegado se puso en huelga, decidido a regresar a Italia por las “falsas promesas”, el clima poco saludable, los salarios inadecuados y las condiciones de trabajo penosas (ACS, MLPS, 464, 04/10/1952).

En 1953 otro grupo de colonos “descontentos” se dirige a la Hospedaria de Imigrantes y solicita la repatriación (no la reubicación en otras partes de Brasil), de lo contrario amenaza “con hacer como en Australia, echar abajo las puertas de la Hospedaria y marchar hacia la ciudad” (ACS, MLPS, 464, 24/11/52).

Los que logran regresar, como 250 emigrados a Brasil, pretenden denunciar por estafa a la oficina provincial de trabajo italiana que se había ocupado de su expediente (ACS, MLPS, 464).

Un grupo de trabajadores especializados de Trieste que desembarcaron en Chile, al no contar con ninguna ayuda por parte del CIME para la vivienda y el trabajo, decide moverse autónomamente, alquilar y compartir una casa y buscar trabajo en la fábrica Philips (ACS, MLPS, 466). Debemos tener en cuenta que las personas provenientes de Trieste a menudo habían trabajado en astilleros e industrias y tenían altas expectativas salariales. Un funcionario del CIME, comentando la historia de los trabajadores de Trieste, señalaba que “la emigración sigue siendo una empresa en la que el espíritu de adaptación y la iniciativa personal son los únicos y más eficaces factores de éxito” (ACS, MLPS, 466, 19/04/56).

Por su parte, el embajador Luciano Mascia reconoció en la reunión del CIME de octubre de 1957 que la política migratoria italiana, más que a un mayor número de expatriados, tendía a una reducción del número de repatriados, “tristes cohortes de desilusionados y rechazados” (ACS, MLPS, 397, 10/10/1957, traducción nuestra).

Los nuevos emigrantes buscan salarios más altos y mejores condiciones de vida que en Italia y son muy conscientes de sus derechos. Los sindicatos juegan un papel importante: Estados Unidos había tratado de excluirlos de la gestión de la emigración europea, despojando a la OIT de las tareas de coordinación y confiándolas al CIME. Los representantes italianos en el CIME, teniendo en cuenta la situación interna, en la que los sindicatos vinculados a los partidos de izquierda criticaban al gobierno por la política migratoria, esperan la participación (como organizaciones no gubernamentales) de los sindicatos católicos del trabajo, y piden repetidamente que el Comité se ocupe de la armonización de las leyes de asistencia y protección del trabajo en los países de salida y de llegada.

Son los sindicatos italianos, en particular la CGIL[8], los que presionan por la erogación de los subsidios a los que regresaban, a veces incluso sin nada, pues todo se lo quedaba el propietario de la fazenda como pago por las deudas contraídas (ACS, MLPS 464).

La emigración sigue siendo a nivel individual un proyecto de cambio radical de vida, un cambio que la burocracia a menudo no entiende, preocupada en cambio por contabilizar colonos, trabajadores y familias en sus estadísticas, y de hacer funcionar de manera eficiente la “industria de la emigración”. Puedo citar un caso extraño: Giuseppe Capuzzo (hay un dossier a su nombre en el Archivo del MLPS) era en Italia un trabajador mecánico especializado y como tal había emigrado, pero una vez en Brasil optó por cambiar de profesión, se convirtió en cantante de night club, con gran desconcierto de los funcionarios del CIME (ACS, MLPS, 464).

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