La Reforma Universitaria Cordobesa de 1918: Contextos y Protagonistas

Durante las décadas de 1920 y 1930 tuvieron activo protagonismo en diversos países de América Latina, en especial en Argentina, Chile, Perú, Cuba y México, un conjunto de dinámicos movimientos estudiantiles (Marsiske, 1989; Portantiero, 1978). Aunque medianamente diferentes en sus características distintivas y en sus demandas y objetivos, tales movimientos compartían dos significativos rasgos de identidad. En primer lugar, sus integrantes se asumían a sí mismos como parte de un movimiento continental latinoamericano. En segundo lugar, reconocían un común punto de partida en los sucesos de la reforma universitaria cordobesa de 1918.

Es cuestionable cualquier pretensión de establecer, en función de tales asunciones en materia de identidades colectivas, relaciones causales entre los acontecimientos de 1918 y la gestación de movimientos estudiantiles, muchos de ellos preexistentes a los sucesos cordobeses, en diferentes latitudes del continente. Tales acontecimientos, sin embargo, fueron apropiados como un mito fundacional que otorgaba un sentido de “nosotros” a gran parte del activismo estudiantil de la época. Cabe preguntar, entonces, por qué la reforma universitaria de 1918 adquirió esa condición de mito de origen.

Nuestra respuesta aproximativa es que, sin presuponer necesariamente por ello relaciones de causalidad, la propia fortaleza del acontecimiento contribuyó a su funcionalidad como mito de origen. En efecto, la ciudad de Córdoba era la capital de una provincia interior en la Argentina, que hacia 1918 tenía apenas unos ciento treinta mil habitantes. Su universidad, controlada por grupos de notables, mayoritariamente con militancia en entidades confesionales, contaba sólo con tres facultades que otorgaban los títulos profesionales de abogado, médico e ingeniero. Si bien no estaba exenta de la emergencia de conflictos en su seno, hasta ese momento las disputas universitarias, en especial entre clericales y laicistas, estaban en gran medida restringidas al mundo de las élites.

En ese contexto tuvo inicio, a principios de 1918, un movimiento de protesta estudiantil animado por una reivindicación de carácter gremial: la supresión del internado del Hospital de Clínicas que afectaba a los estudiantes de la carrera de medicina. La oclusión de espacios para canalizar esas modestas demandas gremiales, tanto en lo relativo a la naturaleza de las reivindicaciones como al carácter de los métodos de protesta adoptados, fueron radicalizando al movimiento. Las demandas se deslizaron desde una reivindicación eminentemente gremial hacia el reclamo por modificar el control y la naturaleza del gobierno universitario, entonces en manos de camarillas que reunían la doble condición de notabiliares y clericales (véase Marsiske, 1989; y Portantiero, 1978). En la coyuntura de 1918, tales camarillas controlaban, desde 1916, el gobierno provincial en manos de la Unión Cívica Radical, también gobernante a escala nacional; y desde 1909 la administración municipal capitalina, en manos de una agrupación comunal patrocinada inicialmente por la Cámara de Comercio local.

La disputa por el rectorado contribuyó a la radicalización de las formas de lucha del movimiento estudiantil, que en el mes de junio, tras la asamblea de profesores que designaba como rector al médico clerical Antonio Nores, recurrió a la toma de las instalaciones universitarias, incluso confrontando con éxito con las fuerzas policiales por el control territorial del rectorado. A continuación los estudiantes procedieron a designarse a sí mismos como autoridades universitarias – decanos de las facultades y rector –; se hicieron cargo de funciones docentes, incluso de la toma de exámenes; y derribaron estatuas de figuras universitarias vinculadas con el clericalismo cordobés. Esa radicalización de las formas de lucha que escandalizaba a la conservadora sociedad cordobesa no fue obstáculo para que las autoridades educativas enviadas por el gobierno nacional, aliado político de la camarilla universitaria cuestionada, intervinieran en favor de las demandas estudiantiles (véase Marsiske, 1989; y Portantiero, 1978).

No es temerario afirmar que esas conquistas contribuyeron de modo significativo a marcar, no sin marchas y contramarchas a lo largo del proceso, la estructura y fisonomía de las universidades argentinas en el largo plazo, en especial en lo relativo al destacado lugar ocupado por el estudiantado en los procesos institucionales de toma de decisiones. Es posible apreciar, asimismo, que el éxito de radicalizadas formas de lucha en un contexto hasta entonces muy poco permeable a las transformaciones, constituye una variable decisiva para entender el rescate posterior que actores universitarios de otras latitudes hicieron de los sucesos cordobeses. En resumidas cuentas, la relevancia del acontecimiento y las consecuencias posteriores de las conquistas alcanzadas, explica su construcción como mito fundacional.

En función de esa relevancia, nuestro objetivo en este artículo es contribuir a explicar, en un primer momento, las condiciones de posibilidad del movimiento de 1918, a partir del análisis del contexto social, político y cultural cordobés en vísperas de la reforma. En un segundo momento procuraremos rescatar esos procesos contextuales para explicar los clivajes que dividían aguas en la coyuntura de 1918 y, en consecuencia, visualizar a aliados y antagonistas de los reformistas cordobeses.

La ciudad de Córdoba, alrededor de la cual se articulaba un amplio espacio rural, había sido fundada en el último tercio del siglo XVI. Durante la colonia formaba parte del espacio potosino, pues se ubicaba en la ruta de abastecimiento de mulas para la minería de la plata alto peruana. Tras la desarticulación del espacio alto peruano que siguió a la independencia, Córdoba y su economía ganadera se vincularon principalmente con el Litoral y Buenos Aires hacia el este, y con la región de Cuyo hacia el oeste. Con una base productiva rural, tanto agropecuaria como artesanal, Córdoba era, además, la más temprana ciudad universitaria en el territorio en el cual posteriormente se construiría el estado argentino. Aunque su origen universitario, que se remonta a principios del siglo XVII, estuvo vinculado con la formación de sacerdotes, desde fines del siglo XVIII en Córdoba se estudiaba la carrera de derecho, y desde el último tercio del siglo XIX también las de medicina e ingeniería.

Las élites cordobesas, mayoritariamente radicadas en la capital provincial, reconocían tres fuentes de poder principales. Dos de ellas, la propiedad rural y el ejercicio del comercio, no diferenciaban al patriciado local del existente en otras provincias argentinas. La tercera, el ejercicio de profesiones universitarias y de la docencia, constituían, en cambio, una particularidad cordobesa. Se trataba, asimismo, de un patriciado de origen colonial, pero medianamente abierto, aunque a través de mecanismos de cooptación desde adentro, a la admisión de nuevos miembros en su seno, en especial cuando se presentaban procesos previos de enriquecimiento familiar. Entre los numerosos casos que podrían citarse de estos mecanismos, el propio Antonio Nores, candidato a rector patrocinado por los sectores clericales en 1918, era hijo de un empresario español, al igual que su hermano político Enrique Martínez, principal voz opuesta a las reivindicaciones reformistas en el congreso de la nación en esas circunstancias.

En el último tercio del siglo XIX, Córdoba completó su proceso de inserción en la economía atlántica al incorporarse el sur y el este provincial a la agro-exportadora región pampeano litoraleña, en acelerado crecimiento económico al compás de la expansión de las exportaciones de cereales y carnes. En algunos casos se trataba de áreas de antigua ocupación pero escaso poblamiento, y en otros de territorios arrebatados a poblaciones originarias en la denominada “campaña del desierto” de 1879. La ciudad de Córdoba se benefició de ese auge productivo al convertirse en uno de los polos de atracción de estas nuevas áreas, y sus élites, aunque coexistían en su operatoria en las áreas nuevas con empresarios de otras provincias pampeanas, experimentaron significativos procesos de acumulación económica.

El auge económico generó el surgimiento de nuevos sujetos sociales, tanto en las regiones geográficas en expansión productiva como en la ciudad de Córdoba. En el sur y el este provincial emergieron medianos empresarios, a la vez que diferentes profesionales, especialmente médicos pero también abogados, se fueron radicando en poblaciones en rápido crecimiento demográfico, siendo los estudios superiores en la Universidad de Córdoba el destino para muchos hijos de estos nuevos sujetos. La capital provincial, en tanto, experimentaba cambios significativos tanto en su fisonomía como en su estructura social y demográfica. Sólo considerando los datos del Censo Municipal de 1906 y del Censo Nacional de 1914, es posible apreciar que en sólo ocho años, la ciudad de Córdoba pasaba de una población de 95 mil habitantes, a una población de más de 130 mil. También se conformaban barrios alrededor del centro de la ciudad, y en muchos de ellos se instalaban establecimientos fabriles que producían cal, cemento, harinas, calzado, cervezas, carruajes, entre otros bienes.

Todo ello tenía consecuencias sociales, algunas de las cuales repercutían en la dinámica universitaria. La expansión de los sectores medios era causa de un considerable crecimiento de la matrícula universitaria durante las dos primeras décadas del siglo XX. En tanto, los nuevos barrios eran el escenario para el surgimiento de una clase obrera en incipiente proceso de organización, llamada a tener un relevante protagonismo a fines de la década de 1910. La ampliación de la matrícula generó nuevas necesidades y, en consecuencia, nuevas demandas estudiantiles. En ese contexto se enmarcan las reacciones estudiantiles al cierre del internado del Hospital de Clínicas a principios de 1918. Si bien muchos reformistas pertenecían a familias patricias de Córdoba, en el trasfondo de la reforma también hay que ubicar la incorporación de nuevos grupos sociales a la universidad.

También el surgimiento de una clase obrera en la ciudad de Córdoba tuvo implicancias decisivas sobre el contexto que enmarca los acontecimientos de 1918. La dislocación del comercio y las finanzas internacionales con motivo del estallido de la primera guerra mundial en 1914, generó una severa crisis económica en diversos países del Cono Sur, como Brasil, Argentina, Chile y Perú, altamente dependientes de sus exportaciones primarias y de las inversiones canalizadas por las instituciones bancarias radicadas en los países industrializados. A la crisis económica siguió la crisis social, manifestaba principalmente en desempleo y carestía de la vida. Aunque con algún retardo cronológico, esa crisis social tuvo como consecuencia un ciclo de protesta obrera en los cuatro países mencionados, el cual se extendió aproximadamente entre los años 1917 y 1922 (véase Albert, 1988). Los trabajadores cordobeses animaron enconadas huelgas en esta etapa, y en ese cometido tuvieron permanente coordinación de acciones con el activismo estudiantil (véase Moyano y Chabrando, 2015). Es significativo, al respecto, el caso de la huelga de los empleados del Corralón de Limpieza Municipal durante varios meses en 1917, dado que la magnitud de esta protesta generó la renuncia del intendente de la Ciudad de Córdoba, el abogado Henoch Aguiar, quien además era docente universitario alineado con los sectores clericales. Si bien el sujeto protagónico de la Reforma Universitaria fueron los estudiantes, esta se explica en el marco de un ciclo de protesta obrera en marcha en todo el Cono Sur, al cual los trabajadores cordobeses no fueron ajenos.

La sanción de la reforma electoral que en 1912 garantizaba el carácter secreto del sufragio, estipulaba su obligatoriedad, y adoptaba los padrones militares como registro de votantes, implicó el tránsito desde un régimen oligárquico, instaurado en Argentina hacia 1880, hacia un orden político más cercano a la democracia universal. En 1916, las primeras elecciones presidenciales efectuadas tras la sanción de la reforma electoral, permitieron el acceso a la primera magistratura argentina de Hipólito Yrigoyen, líder de la Unión Cívica Radical, principal fuerza política que había impugnado la legitimidad del orden oligárquico, desplazando de la administración federal a los grupos gobernantes del orden oligárquico. Ese resultado había sido precedido por pocos meses por la victoria del radicalismo en las elecciones gubernativas de la provincia de Córdoba.

Ante las transformaciones que experimentaba el sistema político en su conjunto, las perspectivas clásicas sobre la reforma universitaria han insistido con acierto en el contraste entre aquella situación y las inercias que afectaban la dinámica de algunas instancias estatales, todavía en manos de redes de notables (véase Diaz Castillo, 1971; Portantiero, 1978). En el caso de Córdoba, la universidad y la administración de justicia destacaban entre estas instancias estatales renuentes a admitir las transformaciones implicadas en el carácter competitivo del nuevo régimen político. Si bien consideramos correcta esta interpretación, es preciso complementarla con un análisis más detenido sobre la coyuntura política cordobesa en los años previos a la reforma universitaria. Y esa coyuntura se caracterizaba, principalmente, por la reciente concentración del control de las principales instancias estatales – el gobierno provincial, el municipio capitalino y la universidad – en manos de una reducida camarilla de notables con militancia en entidades confesionales y asunción de posiciones ideológicas de corte clerical.

Esta situación coyuntural contrastaba incluso con la realidad del régimen oligárquico anterior a 1912, el cual había distado mucho de ser monolítico ni omnipotente. Si bien los grupos gobernantes del orden oligárquico tenían capacidad de controlar su propia sucesión, principalmente a partir de la manipulación electoral, la supervivencia de ese orden dependía de las posibilidades de compatibilizar la distribución de beneficios entre un número más o menos amplio de camarillas particularistas. Además, en las alianzas oficialistas cordobesas anteriores a 1912, convivían dirigentes laicistas y clericales, en algunos casos integrando grupos internos con políticos de ambas orientaciones, mientras que otras camarillas, especialmente en el caso de muchos clericales, se conformaban predominantemente por unos o por otros.

El proceso de concentración del control de instancias estatales en camarillas pequeñas, y de orientación clerical, había tenido inicio con el triunfo en los comicios municipales de la ciudad de Córdoba en 1909, de una lista patrocinada por la Cámara de Comercio, que había encumbrado en el control de la comuna capitalina, hasta marzo de 1918, a un conjunto de dirigentes clericales a partir de la común militancia confesional de muchos comerciantes españoles y profesionales argentinos, algunos de ellos también hijos de los primeros. La victoria en el municipio permitió la proyección sobre espacios provinciales de muchos de tales profesionales, a partir de la integración de alianzas gobernantes en los años inmediatamente previos a la reforma electoral de 1912. Destacan aquí los casos del empresario católico español Rogelio Martínez, presidente del Concejo Deliberante capitalino y varias veces intendente interino; de sus hijos, médicos y abogados, con participación en alianzas oficialistas antes de 1912, y en el radicalismo tras la reforma electoral, al punto de que uno de ellos, Enrique Martínez, llegó a ser vicepresidente de la nación durante el segundo gobierno de Yrigoyen entre 1928 y 1930; y de su yerno, Antonio Nores, candidato a rector clerical en 1928, quien si bien no llegó a actuar en el radicalismo, tuvo participación conjunta con los futuros radicales clericales en varias iniciativas políticas anteriores a 1912.

Ese conjunto de dirigentes confesionales con protagonismo en el municipio capitalino y en alianzas oficialistas provinciales antes de la reforma electoral, se incorporó al radicalismo ante las elecciones gubernativas de 1912, logrando imponer los principales candidatos a cargos ejecutivos. Alejados del radicalismo tras una ajustada derrota electoral, se reincorporaron nuevamente a ese partido ante los comicios gubernativos de fines de 1915, logrando una vez más las candidaturas a gobernador y vicegobernador, en esta ocasión triunfantes, también por escaso margen (Vidal, 1995, 32). La paridad de los resultados en ambos comicios, potenció las posibilidades de las camarillas clericales de imponer condiciones dentro del radicalismo, dadas las necesidades del yrigoyenismo de conquistar gobiernos provinciales en su disputa con las agrupaciones políticas que reunían a la mayoría de los grupos gobernantes del régimen oligárquico, conocidos genéricamente como “conservadores” en todo el país luego de 1912, independientemente de que en su interior también revistaban dirigentes de ideología liberal y laicista.

Se trataba de una situación sin precedentes durante las últimas décadas, en la cual un segmento reducido de las élites locales se encontraba al frente del gobierno provincial, el municipio capitalino y la universidad. Además, el grupo en cuestión contaba con el apoyo del gobierno nacional a cargo de Yrigoyen. Ese apoyo se mantuvo incluso ante una temprana ruptura en las filas del radicalismo provincial poco después de asumir el gobierno, cuando se alejaron del oficialismo local muchos grupos radicales que revistaban en las filas partidarias desde las épocas de impugnación al régimen oligárquico (Vidal, 1995, 45-50), pues el yrigoyenismo contaba sólo con tres gobiernos provinciales – Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba – de un total de catorce, y no podía permitirse enajenarse la adhesión de uno de ellos.

Esa concentración en el control de las principales instancias estatales en la coyuntura de 1918 distaba de ser sinónimo de una situación de fortaleza, pero multiplicaba las tensiones en el espacio local. En el caso del municipio capitalino, ya en las elecciones de renovación parcial de ediles en marzo de 1917, había obtenido un significativo caudal de sufragios – 1000 contra 1200 del oficialismo – una lista opositora, la Unión Comunal, apoyada por grupos de estudiantes laicistas. Unos meses después estallaba el mencionado conflicto con los peones de limpieza que conducía a la renuncia del intendente, y en las elecciones de intendente efectuadas en marzo de 1918, ya con el conflicto universitario transitando sus primeros tramos, la Unión Comunal desplazaba al oficialismo local del gobierno municipal.

En el escenario provincial, la división del radicalismo tuvo como consecuencia una derrota electoral del oficialismo en los comicios de renovación parcial de escaños legislativos – senadores y diputados – de 1917. Esa debilidad parlamentaria produjo la renuncia a su cargo del gobernador Eufrasio Loza, sucedido por su vicegobernador Julio Borda, y posteriormente una intervención federal al poder legislativo provincial con el objetivo de mejorar la representación oficialista al impedir la incorporación a las cámaras de varios candidatos opositores electos. Aunque exitosa, esa maniobra ponía de manifiesto la fragilidad del ejecutivo provincial, cuyo mandato expiraba a finales de 1918, por lo cual el yrigoyenismo, gobernante a nivel nacional, empezaba a revisar sus compromisos locales.

Ese contexto de debilitamiento de las camarillas clericales en distintas instancias de poder, contribuye a ubicar la posición de algunos miembros del gobierno nacional ante los sucesos de la reforma. La toma de partido de las autoridades del Ministerio de Educación de la nación en apoyo a las demandas reformistas, no presupone necesariamente una posición monolítica del gobierno nacional ante el antagonismo que atravesaba los claustros universitarios cordobeses. Sin embargo, la escalada del conflicto universitario en 1918 contribuyó a modificar las alianzas del yrigoyenismo, y ello actuaba en confluencia con dos cuestiones insoslayables. En primer lugar, la pérdida de terreno de los clericales cordobeses, hasta entonces sus principales aliados locales, quienes además se aproximaban al final de su mandato al frente del gobierno provincial. En segundo lugar, si la universidad era un espacio estatal poco permeable a reflejar las transformaciones que experimentaba el conjunto del sistema político, el conflicto proporcionaba a las autoridades federales la oportunidad de ejercer una incidencia que hasta entonces no tenían en tales instancias. En esta última cuestión también cabe prestar atención a la aspiración del nuevo oficialismo nacional por establecer solidaridades de base clientelar en algunos espacios estatales hasta entonces controlados por redes de notables que no sólo actuaban con autonomía del poder político, sino que, además, no habían visto erosionado ese control por el carácter competitivo del nuevo régimen político.

El discurso de los reformistas combinaba, en un particular maridaje, una defensa del saber científico con muchas influencias del positivismo decimonónico; y los cuestionamientos a la confianza, también con influencias positivistas, en el progreso material que había caracterizado a las generaciones anteriores. Las apelaciones al latinoamericanismo se relacionaban en gran medida con esta segunda cuestión. La explicación de esta especial combinación guarda relación principalmente con tres cuestiones. En primer lugar, el peso de las camarillas clericales en la Universidad de Córdoba. En segundo lugar, la influencia de los intelectuales de la generación del novecientos sobre los estudiantes. En tercer lugar, la importancia que estos pensadores daban a América Latina en sus construcciones intelectuales.

Las camarillas clericales controlaban la universidad y daban su impronta a gran parte de los contenidos de la enseñanza. Asimismo, la mencionada concentración del control de instancias estatales por parte de estas camarillas en la coyuntura previa a la reforma, reinstaló en el centro de la escena los antagonismos que, desde hacia varias décadas, enfrentaban a las élites clericales y laicistas, aunque ahora en un contexto social y político que abría canales a la participación de grupos ajenos a las redes de notables.

El peso de los grupos clericales en los claustros universitarios cordobeses había sido objeto, desde el último tercio del siglo XIX, de tempranos desafíos, incluso procedentes del gobierno nacional. Entre tales intentos destaca la creación de la Academia Nacional de Ciencias con sede en Córdoba, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874), pues la radicación de científicos alemanes, muchos de ellos creacionistas pero protestantes, pretendía introducir una cuña al poder de los académicos católicos. En la década de 1880 la disputa en torno a las relaciones entre Estado e Iglesia había adquirido centralidad en Argentina en general y en particular en Córdoba, cuna de los principales dirigentes laicistas comandados por Miguel Juárez Celman, presidente argentino entre 1886 y 1890. En la universidad esa centralidad se veía reforzada por la presentación de varias tesis doctorales de clara orientación laicista, las cuales generaron enconadas polémicas. Entre ellas destacaba la tesis del futuro gobernador Ramón J. Cárcano, defendida en 1884 y apadrinada por el propio Juárez Celman que acababa de concluir su mandato como primer mandatario provincial, la cual postulaba la necesidad de simplificar las clasificaciones de los hijos nacidos fuera del matrimonio. Tras la revolución que en 1890 terminó con la presidencia de Juárez Celman, los antagonismos entre clericales y laicistas perdieron centralidad como principal divisoria de aguas entre las élites.

Tales diferencias sobrevivieron, sin embargo, en la discusión de asuntos puntuales, como los debates parlamentarios en torno al otorgamiento de subsidios educativos o benéficos, o bien en algunos ámbitos específicos. Uno de esos ámbitos era la universidad de Córdoba, en cuyo cuerpo docente había una mayoría de clericales, pero también profesores liberales pertenecientes al patriciado cordobés, pues en el reclutamiento social no había diferencias al interior del profesorado. Es significativo el caso del abogado Enrique Martínez Paz, candidato a rector de los reformistas en 1918. Además de tratarse de un docente en ejercicio, requisito indispensable para poder ser postulado para ocupar el cargo de rector, Martínez Paz había sido concejal oficialista antes de 1912, y era yerno de un gobernador de fines del siglo XIX.

Pero el acceso, de la mano del radicalismo, de las camarillas clericales al gobierno provincial, reinstaló en el centro de la escena cordobesa los antagonismos en torno a las relaciones entre Estado e Iglesia. A pesar de que la posición de poder del nuevo oficialismo adolecía de diversas fragilidades, analizadas en un apartado anterior, este llevó adelante una agenda poco permeable a la negociación con sus adversarios ideológicos. Medidas de gobierno como el establecimiento de mecanismos de censura en bibliotecas públicas, la imposición de la obligación de concurrir a actos religiosos a alumnos de las escuelas, o la prohibición del uso de instalaciones públicas para eventos de corte laicista (véase Marsiske, 1989; y Portantiero, 1978), contribuyeron a esa nueva centralidad de los antagonismos entre clericales y liberales en la política cordobesa.

Dada la confluencia entre esa recobrada centralidad en la política provincial de los antagonismos ideológicos entre clericales y laicistas; la pervivencia de esa centralidad, con preeminencia de los grupos clericales, dentro de la universidad; y la incidencia de esa preeminencia sobre los contenidos de la enseñanza; la defensa del cientificismo por parte de los estudiantes reformistas constituía un argumento útil para la confrontación con sus adversarios. Pero esa defensa coexistía con la influencia que sobre los estudiantes ejercían las críticas al materialismo y al cientificismo positivista, críticas procedentes de la generación del novecientos, en especial del Ariel del escritor uruguayo José Rodó, pero reforzadas con la crisis de valores que el impacto cultural de la primera guerra mundial traía aparejada. De este modo, la coexistencia de principios en tensión en el discurso reformista se explica por la confluencia de fuentes diversas en el proceso de construcción de las identidades de los grupos estudiantiles, algunas de ellas a partir de una clave local relacionada con la definición de los antagonistas al interior de los claustros universitarios, y otras en función de paradigmas intelectuales a escala continental que impactaban sobre tales construcciones de identidades.

En relación con esta segunda fuente es necesario contextualizar las apelaciones al latinoamericanismo por parte de los estudiantes cordobeses. Ya Rodó en 1900, en su obra de amplia circulación en los círculos universitarios del continente, ubicaba a América Latina y a sus generaciones juveniles, como la reserva de los valores espirituales de la latinidad, opuestos al materialismo cosmopolita de las potencias anglosajonas. Esa apelación espiritualista a la misión del continente latinoamericano formulada por Rodo encontró una reformulación en los escritos de Manuel Ugarte, ensayista argentino que en la década de 1910 dictaba conferencias organizadas por grupos estudiantiles en diferentes capitales hispanoamericanas, y además publicaba artículos periodísticos en distintos países de la región. Retomando los aportes de Rodó sobre el papel de las juventudes latinoamericanas, Ugarte ponía el eje de su construcción intelectual en las críticas al imperialismo económico y al intervencionismo militar norteamericano.

Una lectura atenta del Manifiesto Liminar, principal documento de los reformistas cordobeses, permite conjeturar que la percepción de formar parte de un movimiento a escala latinoamericana, más que una consecuencia de los sucesos de 1918 es un componente preexistente. En efecto, las apelaciones a América del Sur, presentes al principio y al final en el texto citado, no guardan relación con la línea argumental del mismo, concentrada en la denuncia a las camarillas que controlaban el gobierno universitario. Es posible sugerir que tales apelaciones procuraban rescatar valores ya legitimados entre los destinatarios del discurso a los efectos de reafirmar pertenencias y reforzar el proceso de construcción de un “nosotros” entre los estudiantes cordobeses.

Los sucesos de la reforma universitaria cordobesa de 1918 pueden ser explicados a partir del reconocimiento de un conjunto de procesos convergentes, algunos de ellos con incidencia directa y otros con influencia tangencial. En primer lugar, las disputas entre clericales y liberales, que se remontaban a las décadas de 1870 y 1880 tanto dentro de los claustros universitarios como en el contexto provincial, en el primer caso habían conservado una capacidad de dividir aguas que habían perdido en el segundo. Cuando ese antagonismo cobró nueva centralidad a escala provincial tras el triunfo radical de 1915, el orden político ya no era un régimen oligárquico notabiliar y la expansión de la matrícula universitaria había ampliado el origen social del estudiantado, en décadas anteriores restringido a miembros del patriciado tanto local como de otras provincias argentinas.

En una universidad donde la composición del profesorado reconocía un carácter mayoritariamente confesional en materia ideológica, y exclusivamente notabiliar en su extracción social, en los sucesos de la reforma de 1918 coexistieron inercias y rupturas. La necesidad de recurrir a un integrante laicista del patriciado local, Enrique Martínez Paz, como candidato a rector, constituye un llamado de atención sobre los condicionamientos del proceso. En contrapartida, el éxito de radicalizados métodos de lucha para alcanzar respuestas favorables a demandas en gran medida rupturistas con la universidad preexistente, pone de manifiesto la amplitud de las transformaciones en curso.

En segundo lugar, el sistema político se había transformado con la nueva legislación electoral y con la llegada del radicalismo a la presidencia de la nación, pero por necesidades políticas del nuevo oficialismo nacional, en disputa con las alianzas “conservadoras” que agrupaban a la mayoría de los grupos gobernantes del régimen oligárquico, aquel cedió la gobernación provincial a camarillas del antíguo régimen que alcanzaron una alta concentración de instancias estatales – gobierno provincial, municipio capitalino, universidad – bajo su control, situación que no tenía precedentes, ni siquiera antes de 1912. Pero los reformistas fueron apoyados por sectores de ese mismo gobierno nacional, aunque éste fuera aliado de las camarillas cordobesas clericales, gobernantes en la provincia. Las tensiones entre lógicas diferentes en torno al control de instancias estatales, sujetas a la competencia abierta en un caso, y atadas a redes de notables en el otro, pueden contribuir a explicar esta apuesta de funcionarios federales por apoyar las demandas reformistas, aunque ello también fue posible por una coyuntura de progresivo deterioro de las posiciones del oficialismo provincial en manos de los radicales clericales.

En tercer lugar, los sucesos de la reforma tuvieron como principal sujeto a los estudiantes, muchos de ellos pertenecientes a las clases medias emergentes, y otros de ellos integrantes de familias patricias, aunque muchas veces en confrontación con otros miembros de tales familias. Pero la ubicación de ese actor protagónico en el interior de los claustros universitarios no debe ocluir la visualización de que tales sucesos tuvieron lugar en el marco de un ciclo de protesta obrera, y de que los universitarios articularon diversas acciones con las incipientes organizaciones sindicales.

En cuarto lugar, la reforma universitaria cordobesa también se explica por la confluencia de procesos culturales diversos. Uno de ellos, restringido a lo local, estuvo centrado en la tensión por los contenidos de la enseñanza en manos de un profesorado confesional, desafiado por el positivismo en un pasado no tan lejano. El segundo, en relación con el contexto latinoamericano, guardaba relación con las críticas al positivismo procedentes de la generación del novecientos. La heterogénea mixtura de argumentos en tensión en el discurso reformista, obedecía también a esta convergencia de procesos.

Las consecuencias de esa articulación compleja de procesos convergentes en el contexto en que tuvo lugar la reforma universitaria, constituyen una advertencia contra los deslizamientos, comunes en los relatos clásicos sobre los sucesos, entre clases medias, radicalismo y laicismo por un lado, y entre patriciado, agrupaciones políticas conservadoras e ideología clerical por el otro. Una vez más revisten utilidad los ejemplos de Enrique Martínez y Enrique Martínez Paz. El primero, hijo de un acaudalado comerciante español, era militante clerical y tenía pasada actuación en agrupaciones oficialistas durante los últimos años del régimen oligárquico, aunque en la segunda década del siglo XX se incorporó al radicalismo, llegando a ser vicepresidente de Hipólito Yrigoyen entre 1928 y 1930. El segundo era abogado, alineado en el liberalismo, concejal capitalino oficialista durante el régimen oligárquico y yerno de un gobernador cordobés anterior a 1912. Durante los acontecimientos de 1918, Enrique Martínez fue, en su desempeño como diputado, la principal voz opuesta a los reformistas en el Congreso nacional (Aguiar de Zapiola, 1994, 150-166), mientras que Enrique Martínez Paz fue el candidato a rector patrocinado por los estudiantes reformistas.

La reforma universitaria tuvo lugar en un escenario de convergencia de clivajes, algunos de ellos específicos del conflicto universitario, y otros contextuales al mismo. Entre los primeros destacan la fractura que enfrentaba a clericales y laicistas con sus consecuencias sobre los contenidos de la enseñanza; y la impugnación a un gobierno universitario en manos exclusivas del patriciado local.

Entre los segundos son relevantes, en primer lugar, las fracturas entre los grupos radicales que habían impugnado al régimen oligárquico anterior a 1912 y los grupos que habían formado parte de los elencos gobernantes en ese régimen, incluidas las camarillas que luego de la reforma electoral se incorporaron al radicalismo. En segundo lugar, un clivaje social en el marco de un ciclo de protesta obrera.

En función de esa convergencia de clivajes, los reformistas cordobeses tuvieron antagonistas y aliados. Entre los primeros destacaban, en primer lugar, las camarillas universitarias que reunión la doble condición de ser notabiliares y clericales. En segundo lugar, el oficialismo provincial, en muchos casos integrado por las mismas personas que el oficialismo universitario. En tercer lugar, representantes parlamentarios, tanto conservadores como radicales, que en el Congreso Nacional descalificaban la protesta estudiantil.

Entre los aliados del movimiento destacaban, en primer lugar, el profesorado liberal, aun cuando tuviera un origen notabiliar. En segundo lugar, funcionarios del gobierno nacional, incluso cuando éste era aliado del oficialismo provincial. En tercer lugar, parlamentarios laicistas de ambos partidos que apoyaron las demandas en el Congreso nacional. Finalmente, la clase obrera en incipiente proceso de organización.