Introducción

Los pueblos originarios[1] de la Argentina han sido incorporados en diferentes marcos legales: pactos internacionales, legislación nacional, provincial y/o local, a partir de la modificación de la Constitución en 1994, llevada a cabo en la ciudad de Santa Fe. Sin embargo, la implementación, aplicabilidad y efectividad de dichas leyes no acompañaron el proceso de crecimiento de las diferentes comunidades en importantes regiones de nuestro país. La toma de decisiones de políticas públicas aplicadas al desarrollo no fue homogénea en las provincias donde habitan los pueblos originarios. En la mayoría de los casos fueron políticas de exclusión de estos o, en su defecto, no fueron contemplados en la agenda. Son muy pocas las provincias que implementaron acciones juntamente con la población originaria.

Según nuestro análisis, el mayor obstáculo para diseñar estas políticas radica en dos aspectos significativos:

1.Desconocimiento de la estructura social, la organización social y las diferentes formas de representatividad de las culturas ancestrales que habitan en suelo argentino.

2. La planificación de políticas públicas es diseñada para un conjunto originario pensado como estructura social homogénea, anulando de este modo tanto las particularidades de la diversidad cultural, como las particularidades al interior de cada grupo. Importar lista

Rosario, ubicada en la provincia de Santa Fe, República Argentina, ha sido pionera en contemplar dentro de sus políticas públicas las problemáticas de los pueblos originarios. Esta ciudad cobija a un número significativo de etnias provenientes en su mayoría de las provincias de Chaco y Formosa. El proceso de movilidad hacia esta ciudad data de la década del 60, registrando mayor concentración a partir de los 80. La relación de los ancianos referentes de las comunidades con el gobierno municipal, data de aquella época. Estas relaciones oscilaron en tensión/distancia y acercamiento/logros. Hacia finales de los 90 comenzó a gestarse un proyecto de creación de una casa dependiente de la Municipalidad, cuyo objetivo era expresar las culturas de los pueblos originarios residentes en la ciudad. Recién en 2013 se logró conformar la Dirección de Pueblos Originarios mediante Ordenanza N° 9119. Esta cuenta con un Consejo de Coordinación y Participación de Políticas Públicas Indígenas de Rosario (CCPPPIR), con 32 referentes de comunidades, el cual era coordinado por un funcionario de la Secretaría de Cultura. A fines del 2016, el ejecutivo decidió designar a quien suscribe como directora, con formación en Antropología y con una larga trayectoria de trabajo en problemáticas y culturas originarias. Esta designación trajo fuertes tensiones del CCPPPIR con el municipio.

Se presentan entonces aquí las tensiones entre los diferentes grupos de consejeros, nuevas alianzas y el restablecimiento de lazos de confianza, analizándolas desde el mecanismo de fusión/fisión desarrollado por E.E. Evans-Pritchard, como principio estructurante de los grupos. A partir de la visualización de esto se presentan las estrategias implementadas por la dirección para dar respuesta a los problemas acuciantes de los habitantes de las comunidades.

En la figura 1 podemos observar la distribución de diferentes pueblos originarios a nivel nacional, siendo la provincia de Santa Fe el foco de este trabajo.

Migraciones internas a la ciudad de Rosario[2]

Desde tiempos ancestrales, en el norte de la provincia de Santa Fe y Chaco habitan los aborígenes mocoví, mientras que en Chaco, Formosa y Salta predominan las etnias qom y pilagá. Estos tres grupos pertenecen a la familia lingüística Guaycurú[3]. Antiguamente, eran etnias en conflicto permanente por pujas territoriales y rivalidades de cacicazgos. Todos tuvieron movilidad a la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

En la década del sesenta comenzaron las migraciones desde Chaco y Formosa a ciudades con mayor densidad poblacional y con mayor desarrollo económico. El factor principal de las migraciones fue la depresión económica vinculada a la falta de trabajo y cierre de los ingenios, sobre todo azucareros, en el Chaco. Los qom llegaron a Rosario y se ubicaron en la periferia de la ciudad (Villa Banana, Bella Vista Oeste, Villa Progreso, Calle Juan José Paso, Las Moras, Villa Urquiza, Barrio Zapato, Nuevo Asentamiento, entre otros) migrando también a grandes urbes en Argentina tales como Buenos Aires, Pacheco, Avellaneda, Quilmes, Bernal Oeste[4].

Los movimientos migratorios a la ciudad de Rosario continuaron hasta el presente de forma ininterrumpida. Las décadas del 80 y del ’90 presentaron el índice más alto de movilidad a esta ciudad. Si bien en ella la población qom y mocoví son mayoría, según un censo realizado en el 2014, que arroja un número de 6400 personas aproximadamente, se han detectado otras etnias minoritarias. La ciudad de Rosario está dividida en seis distritos que funcionan como mini municipios. En tres de ellos habitan las poblaciones originarias: Distritos Norte, Noroeste y Oeste. Estos tienen varios barrios (ver figura 2) y cada uno de ellos han sido conformados por viviendas (aproximadamente 1200 viviendas) construidas con planes del Estado, así como escuelas (primarias y secundarias), Centros de Convivencia Barrial (CCB), destacamentos policiales, centros de salud y centros culturales. Poseen agua potable, pavimentación, servicio de recolección de basura domiciliaria, transporte urbano de pasajeros y en algunos barrios hay cloacas y servicios de luz eléctrica segura, mientras que las zonas de asentamientos irregulares a la traza urbana carecen de ellos.

Figura 1.
Distribución de los pueblos originarios en la República Argentina.
Fuente: INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), Gobierno Nacional, 2015.

Figura 2
Distritos donde habitan los pueblos originarios en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina.
Fuente: Grupo GLADERPO. Congreso de la Sociedad Argentina de Reumatología, Mar del Plata 2009.

Es importante resaltar que entre estos grupos (y otros observados) se mantienen activas las redes de intercambio con su zona de origen, principio estructurante de estos segmentos. Esta no se trata exclusivamente de una mera transacción económica, entendiendo por economía “el proceso de aprovisionamiento de la sociedad” (Sahlins, M. 1974, p. 203), sino de un sistema de intercambio basado en reciprocidades.

Lévi-Strauss (1985) sostiene que:

"Las mercaderías no son sólo bienes económicos sino vehículos e instrumentos de realidades de otro orden: potencia, poder, simpatía, status, emoción; y el juego sabio de los intercambios (…) consiste en un conjunto complejo de maniobras, conscientes o inconscientes, para ganar seguridades y precaverse contra riesgos, en el doble terreno de las alianzas y de las rivalidades" (p. 93)

De la manera como se sostienen las relaciones de reciprocidad, también se mantienen las relaciones de antagonismo, aunque estas no son tan radicales: fluctúan en tipos de relaciones y en grados dentro de esas relaciones, acentuándose en los años de elecciones democráticas.

Marco jurídico y formas de organización estatal

A partir de la apertura democrática en 1983, comenzaron a aparecer paulatinamente en las agendas políticas los problemas de las minorías y entre ellas los pueblos originarios. En el año 1985, con la Ley N°23302, se creó en el Estado nación el “Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)” como órgano de representatividad de los grupos originarios dentro de la planificación de políticas públicas. Su reglamentación rigió a partir de 1989 mediante el Decreto N°155 y su objetivo consiste en garantizar todos los derechos consagrados constitucionalmente, referenciando el Art. 75. Inc. 17 de la Constitución Nacional. Este organismo asegura la defensa y el desarrollo de los aborígenes, así como contribuye a su desarrollo económico, al acceso a la propiedad de la tierra, al fomento de sus actividades respetando sus propios valores, etc. Además, estimula la enseñanza de la lengua materna a través de la educación bilingüe, en coordinación con el Ministerio de Educación de la Nación, y el derecho a la salud mediante el Decreto N°410/06.

Es en el año 2008, conforme al Art. 5 de la ley antes mencionada, que se crea el Consejo de Coordinación con el fin de consolidar los mecanismos de participación de las diferentes comunidades. Además, se crea el Consejo Asesor como órgano consultor del INAI, reformulándose el ya existente Consejo de Participación Indígena (CPI), y se le otorga voz a sus representantes con el fin de valorar sus derechos. Este Consejo tiene hoy 30 integrantes elegidos bajo la representatividad de cada pueblo de las regiones Noroeste, Litoral, Centro y Sur del país: Atacama, Chané, Charrúa, Chorote, Chulupí, Diaguita-Calchaquí, Guaraní, Huarpe, Kolla, Lule Vilela, Lules, Mapuche, Mbya Guaraní, Mocoví, Ocloya, Omaguaca, Pilagá, Ranquel, Selk´Nam, Tapieté, Tehuelche, Tilián, Qom[5], Tonokoté y Wichí; seis representantes gubernamentales de los Ministerios de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Ministerio del Interior, Ministerio de Economía, y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; quien preside el INAI es un miembro político no originario designado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (INAI). Respecto a las provincias argentinas adheridas a esta ley, hay catorce representantes: la reglamentación y organización es atributo de cada una de ellas. Nos detendremos aquí en lo concerniente a la provincia de Santa Fe (Valdata, 2015).

La provincia de Santa Fe creó el Instituto de Pueblos Aborígenes Santafecino (IPAS) mediante la Ley N°11.078 en el año 1993, aunque su reglamentación se realizó en el año 2005, habiendo transcurrido 12 años. Finalmente, se puso en real funcionamiento en el año 2009 cuando se produjo el cambio de color político en la gestión provincial después de 24 años de gobernar el mismo partido político coincidente con el gobierno nacional. El IPAS depende del Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe[6]. En el año 2011 se consolidó el Instituto por medio de asamblea de Comunidades Aborígenes de Santa Fe, con cinco representantes consejeros electos. El presidente es designado por el gobernador de la provincia, aunque siempre es un miembro originario postulado por las diferentes comunidades. Su desempeño en esta función dura un período de tres años.

Desde el 2009 hasta su puesta en funcionamiento se han realizado foros que han potenciado la incorporación de la perspectiva aborigen al plan estratégico provincial. Entre las funciones que este último deberá cumplir, según Ley N° 11078 y el funcionamiento del IPAS, se pueden mencionar entre las más importantes:

- Fortalecer el diálogo intercultural entre los gestores políticos.

- Relacionar los ministerios, áreas y programas de gobierno provincial con las comunidades de pueblos originarios y organizaciones que trabajan temáticas afines.

- Fortalecer la cultura de cada comunidad: lengua, identidad, formas de vida y manifestaciones culturales.

- Defender la vida de las comunidades indígenas santafesinas garantizando el acceso a sus derechos a través del órgano de gobierno.

- Vincular a otras comunidades, armar agenda de trabajo, crear acciones desde el gobierno hacia las comunidades.

Uno de los aspectos más significativos de la gestión de gobierno provincial fue el otorgamiento de tierras. A partir del año 2008, y en el marco de la “Reparación histórica con los pueblos originarios”, el gobierno de la provincia de Santa Fe, mediante la Ley N°12086, autorizó al poder ejecutivo provincial restituir un conjunto de tierras e islas fiscales de la provincia a las comunidades originarias. Para ello, el gobierno provincial creó la Comisión de Adjudicación de Tierras en la que intervinieron los Ministerios de Gobierno y Reforma del Estado, Desarrollo Social, Justicia y Derechos Humanos, Educación, Salud, Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, y también la Organización de Comunidades Aborígenes de Santa Fe (OCASTAFE) y el IPAS. Se creó además el Registro Especial de Comunidades Aborígenes (RECA) para que las comunidades fueran reconocidas como personas jurídicas de Derecho Público en los términos del Art. 33, primer párrafo del Código Civil de la República Argentina, condición necesaria para la escrituración comunitaria de las tierras, mediante la reglamentación del Art. 7 de la Ley N°11078, Decreto N°1175 del 19 de junio de 2009. Estas tierras adjudicadas no podrían ser vendidas, ni dadas en garantía y no podrían ser explotadas, usadas o alquiladas por personas que no fueran aborígenes; además eran inembargables y su inscripción era imprescriptible. Desde el año 2011 hasta el 2013 se restituyeron 6354 ha a comunidades registradas en el RECA en OCASTAFE, como parte del Plan Estratégico Provincial en Santa Fe. En la actualidad superan las 11000 ha.

A nivel local, la municipalidad de Rosario en el año 2013 creó mediante ordenanza N°9119 la Dirección de Pueblos Originarios, dependiente de la Secretaría General de la municipalidad. Su objetivo es promover la construcción de ciudadanía plena para quienes se autodefinen como integrantes de pueblos originarios, respetando su cosmovisión, su riqueza étnica y su cultura ancestral. Esta Dirección funcionó sin director por el período de tres años: solo contaba con un coordinador, dependiente de la Secretaría de Cultura de la municipalidad de Rosario y un Consejo de Coordinación y Participación de Políticas Públicas Indígenas (CCPPPIR), representante de las comunidades originarias, incluidos los jóvenes (varios de ellos empleados municipales y provinciales), y con representantes de diferentes secretarías municipales: Gobierno, General, Cultura y Educación, Desarrollo Social, Salud Pública, Producción e Instituto de la Mujer. En este cuerpo se incluían dos concejales del Concejo Deliberante de Rosario. El modo de funcionamiento consistía en una plenaria mensual donde se exponía lo que cada comisión de trabajo en modo asambleario había realizado, lo que se reducía a reclamos permanentes con resoluciones tardías. Las dificultades se centraban en la falta de seguimiento de esos reclamos y la efectiva concreción de los trabajos de parte de las secretarías correspondientes.

A mediados del año 2016, el CCPPPIR comenzó a manifestarse con notas en la prensa local y en las redes sociales en contra del gobierno municipal, reclamando presupuesto propio y proponiendo crear la figura de director. Quien había sido hasta ese momento coordinador fue trasladado a la gestión provincial, dificultándose aún más las instancias de resolución de problemas. Visualizada tal inconsistencia, se decidió realizar una plenaria en la que se ofrecería una oficina de funcionamiento con un presupuesto básico y la posibilidad de que allí se reuniera el CCPPPIR cuando lo dispusiera. El día acordado para la plenaria donde los recibiría la intendenta municipal, Dra. Mónica Fein, y donde se transmitirían estas novedades y se les entregaría la llave de la oficina, fue truncado por una publicación en el diario local realizada desde el CCPPPIR, que repudiaba todo accionar del Estado municipal. Esto trajo aparejado una fuerte reacción del ejecutivo, dando marcha atrás sobre lo que se había resuelto.

La consecuencia fue la toma violenta de la oficina de la Coordinación de Derechos Humanos durante un día, por parte del CCPPPIR y otros actores que otrora habían sido excluidos por ellos mismos. Allí funciona actualmente la Dirección de Pueblos Originarios (DPO). Ante esta posesión simbólica, el ejecutivo asumió una serie de compromisos de cumplimiento inmediato, entre ellos la designación del cargo de director, al que aspiraban muchos de ellos.

El ejecutivo y algunos de los miembros que representábamos a las diferentes secretarías participamos del diseño para el funcionamiento de esta “nueva etapa”. En las propuestas del ejecutivo para el cargo de director se encontraba una médica originaria (quechua), actual directora de epidemiología de la Secretaría de Salud Pública y yo, quien cumplía funciones como antropóloga en la municipalidad, desde el año 1999. Ambas demostramos larga trayectoria en el trabajo con población originaria, sin embargo, la médica no aceptó, pues consideró que se debía tener una mirada más amplia sobre el particular y consideró que su mirada se restringía a la salud, por lo cual apoyó mi designación.

Cuando se presentó esta opción en la plenaria, rápidamente se opusieron a que fuese un rokshe (en lengua qom significa no originario) quien ocupase el cargo de director. La decisión del ejecutivo fue innegociable: o se aceptaba esta opción o no habría designación alguna.

Luego de una larga sesión deliberativa, se llegó a un acuerdo, aunque bajo algunas cláusulas:

1. Se debía trasladar a la DPO el personal originario que trabajaba en diferentes dependencias del estado municipal (4 qom y 1 kolla).

2. Incorporar dos empleados de la etnia mocoví y mapuche.

3. Reglamentar la Dirección.

4. Conformar una “mesa chica” en la que se designaran seis representantes del mismo CCPPPIR para “auditar” a la Dirección.

Por medio del Decreto N°624/2017 se conformó este cargo con el fin de articular Población/CCPPPIR/EstadoMunicipal/Provincial/Nacional, dándose lugar a lo solicitado. A partir de la conformación de la DPO comenzaron a aparecer actores que no habían sido aceptados en la inclusión del CCPPPIR. Del mismo modo, comenzaron a hacerse visibles las negociaciones sindicales y la participación de no originarios, y empezaron nuevamente a ponerse de manifiesto las tensiones intraétnicas.

Discusión

Relaciones de tensión intra e interétnicas

Pese a todas las intervenciones institucionales del Estado, tal como lo hemos presentado más arriba, en la ciudad de Rosario la violencia se torna cada vez más profunda: su grado de vinculación con la droga, la delincuencia, la lucha por el poder de dominación territorial, sumados a la no intervención familiar o la protección de la familia en los casos de violencia, más la ausencia o connivencia con el poder policial, tornan a los barrios donde habitan como zonas inseguras donde solo parece reinar el caos. Uno de los puntos que más preocupa a los directivos de las instituciones y al propio Estado es la destrucción y los saqueos sistemáticos y permanentes de los edificios que fueron planificados para “mejorar su calidad de vida” (Centro de Salud, SUM, escuelas, centros de atención a los niños y jóvenes (CCB), tanque de aprovisionamiento de agua (POI), instituciones comunitarias y demás instituciones enunciadas más arriba). Es de público conocimiento que los mayores detractores de estas instituciones son niños y jóvenes que habitan en el barrio, cuyas edades oscilan entre los 10 y los 17 años. Cuando estas familias o los referentes comunitarios del barrio (muchos de ellos tíos o abuelos de los niños) son interpelados en las asambleas barriales o en las reuniones de las organizaciones, niegan todo tipo de participación de los niños o jóvenes o en su defecto callan. Nunca se ha escuchado una denuncia sobre el particular o un intento de solución a estos problemas, mientras que lo que prima es apelar a ser considerado “discriminado” o al reclamo unipersonal de puestos de trabajo en el Estado. En este sentido, se visibilizan varios conflictos: a menudo se vuelca la culpa a sectores no originarios; “son los rokshe de allá atrás”, dicen haciendo referencia a una zona del barrio donde habitan criollos o no originarios.

Esta tensión interétnica se pone de evidencia en las siguientes relaciones de oposición, que serán representadas por el signo /:originarios/Estado (todos los estamentos) originarios/no originarios.

Mientras tanto, las oposiciones entre las fisiones intraétnicas se manifiestan en: referentes originarios comunitarios legitimados/referentes comunitarios originarios no legitimados y entre los referentes de los diferentes barrios:

originarios qom/originarios mocoví

originarios qom/originarios kolla (minoría)

originarios kolla/originarios mapuches

Es importante resaltar que estas oposiciones se dan en diferentes grados de amplitud y que muchas se contienen unas a otras. Explicamos estas tensiones mediante un mecanismo de fusión y fisión entre las oposiciones, analizadas por el antropólogo Británico E. Evans-Pritchard (1977) en su estudio de las sociedades segmentarias de África en el Sudán nilótico:

"(...) cada segmento está segmentado a su vez, y existe oposición entre sus partes. Los miembros de cada segmento se unen para la guerra contra los segmentos adyacentes del mismo orden y se unen con dichos segmentos adyacentes contra secciones mayores2. (p. 164)

Siguiendo a Pritchard, podemos modelizarlo en la figura 3 con el siguiente diagrama:

Figura 3.
Mecanismos de fusión y fisión.
Fuente: E. Evans Pritchard (1977) Los Nuer (p. 165)

Este diagrama nos permite reflexionar sobre los encuentros y desencuentros de los grupos en su relación entre los diferentes grupos étnicos, los no-originarios y con el Estado. El funcionamiento de este mecanismo se manifiesta sobre todo en las luchas de poder, en la representatividad ante el Estado, en la participación en partidos políticos, en la lucha por los puestos de trabajo, y en los problemas vinculados a la destrucción y robo de las instituciones. Hemos observado que este mecanismo no es privativo en las relaciones intraétnicas, pues los representantes, legitimados o no, tienen una búsqueda de intereses personales más que comunitarios; y la fusión o las alianzas cuando se enfrentan a un poder político no originario revitalizan el modelo arriba esbozado. Ejemplifiquemos con una de las situaciones de violencia más extremas producidas en los últimos tiempos:

El día 2 de abril se desató un hecho de represión policial sobre algunos actores de uno de los barrios ubicados en el oeste. Dicho hecho fue considerado por el propio Estado (municipal-provincial y nacional) y por todas las partes intervinientes, como un hecho de violencia institucional. La DPO acompañó a las víctimas en todas las instancias legales, personales y comunitarias. No obstante, comenzaron a aparecer exlíderes que no habían sido aceptados oportunamente por el CCPPPIR y que habían comenzado a resurgir en la toma de la actual DPO. Se empezaron a realizar reuniones en un Centro Comunitario de uno de los exlíderes mocoví más juzgados por la población y los referentes, acusado de varios actos delictivos, pero quien poseía mucha competencia lingüística y postulado para cargos políticos de movimientos piqueteros en años anteriores. Se conformó allí una Comisión de Derechos Humanos en la que participaron el CCPPPIR, los sindicatos, las organizaciones de DDHH y particulares disidentes con el color político del Estado provincial y municipal. Nunca estuvo claro qué objetivos perseguía esta comisión, pero a los pocos días de conformarse comenzaron las diferencias y las tensiones:

1. En primer lugar, podemos decir que todas las partes se fusionaron en contra del Estado provincial (represión policial) y, por ser del mismo color político, también contra el Estado municipal, evidenciándose en la mayor separación en el diagrama de la figura 3: Importar lista

A: (Estado)/B: (CCPPPIR, Sindicatos, Ex-Líderes, etc.) Oposición A/B.

2. En B estaban los originarios y los no originarios luchando por “la causa”. Prontamente esta alianza comenzó a tener su fractura. Algunos miembros del CCPPPIR cuestionaron la ausencia de la DPO (la cual no había sido invitada a participar), poniendo en jaque la participación de muchos integrantes que no respondían a los intereses originarios, sino políticos (agrupaciones políticas, sindicales, etc.). Se expresa en la división de B en X/Y.

3. X representa a los no originarios que tampoco son el Estado o que no se reconocen como tal (agrupaciones políticas, sindicales, pero también docentes, médicos, empleados del Estado, aunque disidentes). Entre ellos se da una división entre los que pertenecen a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los que persiguen fines políticos partidarios. Se expresa en la división X1/X2.

4. Del mismo modo, en Y se expresa una doble división: entre los representantes originarios que pertenecen al CCPPPPIR y el resto que no es considerado representante, aunque sí es originario. Expresado en Y1 y Y2. Comienza así la deslegitimación de este último segmento que a su vez se segmenta en diferentes etnias: Y2 se divide en z1 (qom) y z2 (mocoví), quienes traen conflictos ancestrales y están permanentemente en disputas de poder y legitimidad. A un mes y medio de los hechos, cuando todo parecía indicar que se había consolidado una comisión política paralela a la injerencia que la DPO tendría en las comunidades y en el accionar conjunto con el CCPPPIR, todo se derrumbó. Fueron los mismos actores del CCPPPIR (Y1 del diagrama) quienes generaron reuniones y estrategias entre los grupos para dejar en claro que las resoluciones sobre las poblaciones y el accionar con el Estado encuentran su sostén en la DPO y no en comisiones sin ninguna validez representacional, sobre todo por algunos reclamos que comenzaron a caer sobre ellos mismos y que nunca habían sido realizados o gestionados ante la DPO, por ejemplo, reparaciones económicas, subsidios, protección a las víctimas, etc. De este modo, volvió a cobrar relevancia su rol como representante comunitario, opacado por tantos actores eventuales. Importar lista

La comisión de DDHH ha dejado de reunirse y ha emprendido nuevamente la fisión entre cada uno de los segmentos menores: z1 y z2, Y1 y Y2, y así sucesivamente.

Esta vuelta atrás ha legitimado el accionar de la DPO que, al ser cuestionada o quedar por fuera de las decisiones colectivas, perjudica el propio reconocimiento de los miembros del CCPPPIR, pues son ellos los que comienzan a dar cuenta de lo actuado por la DPO, de la toma de decisiones, de lo organizacional, de la propia participación y legitimación de sus cargos y de la posibilidad concreta de dar soluciones a sus problemas, posicionándose nuevamente como “los referentes”.

Algunas consideraciones finales

Si bien hemos planteado nuestro análisis en torno a las interrelaciones que los grupos tienen con el Estado y entre sí, ha sido necesario caracterizar las instancias de conformación de los diferentes estamentos para poder entender lo referido a las fusiones y las relaciones antagónicas. La antropología en la Argentina ha centrado el análisis sobre las comunidades originarias en las relaciones interétnicas (Vázquez, 2000), sobre todo en términos de dominación y subordinación, como si fuesen los únicos factores que entran en oposición con estos grupos. Desde nuestra mirada como gestores del Estado, pero con el fin de mejorar la calidad de vida de la población, se torna indispensable poder conocer cada uno de los componentes de este sistema de relaciones (Lévi-Strauss, 1987), considerando que es el único modo de poder contribuir analíticamente con políticas de Estado que redunden en todo el conjunto social y no en algunos segmentos de este tejido; de buscar que la posibilidad de conocer las tensiones permita planificar, para optimizar los modos de convivencia; y se generen estrategias de inclusión por medio de sus acuerdos y su consenso, y el acceso a la distribución de los bienes.

Para cerrar, si bien nuestro accionar es desde el Estado, nuestra formación permite generar políticas públicas acordes a las necesidades de los pueblos, tener pleno conocimiento de su cultura, planificar políticas juntamente con los pueblos originarios, ejecutarlas y darlas a conocer: esa es nuestra tarea.

Agradecimientos

Agradecemos en esta instancia a quienes hicieron posible esta presentación: a Daniel Velandia por sus cálidos comentarios y por haber tomado esta iniciativa, a Claudia Cáceres por sus aportes en el V ALA y a los demás expositores con quienes compartimos los desafíos de la gestión. También, a los funcionarios de la Municipalidad de Rosario por su confianza en la tarea encomendada, y a mis colegas y compañeros de la vida de CEAPROS.

Referencias

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Evans-Pritchard, E. (1977) Los Nuer. Editorial Anagrama, Barcelona.

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Lévi-Strauss, C. (1985). Las estructuras elementales del parentesco. México: Editorial Artemisa.

_____. (1987)Antropología estructural, Buenos Aires: Editorial Paidos, Studio.

Sahlins, M. (1974). La Economía en la Edad de Piedra. Madrid. AKAL.

Terán, B. (1994). Lo que cuentan los tobas. Buenos Aires: Ediciones del Sol.

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Ley 12086. Argentina (3 de junio de 2003). Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, Santa Fe. Ley 12086, por la cual se autoriza al Poder Ejecutivo a restituir bajo la forma jurídica de adjudicación que corresponda a las Comunidades Aborígenes nucleadas por la Organización de Comunidades Aborígenes de Santa Fe OCASTAFE y otras comunidades de la Provincia lotes fiscales y parcelas de islas fiscales propiedad del Superior Gobierno de la Provincia dentro de las enumeradas en el Anexo I y II. Boletin Oficial 03/06/03.

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Notas