Ignacio Zarragoitía y Jáuregui y la defensa de la Cuba no azucarera

Ignacio Zarragoitía and Jáuregui and the defense of the non-sugar Cuba

Los estudios sobre pensamiento que se han realizado en Cuba, o sobre Cuba —desde afuera de la isla—, han potenciado la arista política, teniendo en cuenta su condición colonial, en tal sentido se ha destacado el papel de algunas figuras que fueron artífices del proyecto de plantación esclavista que, desde el siglo XVIII, tomó cuerpo y se convirtió en un factor predominante en el contexto nacional.

En contraposición, la historiografía vinculada al pensamiento económico no solo es exigua, sino que con cierta frecuencia aparece diluida en temáticas generales que tienen que ver con diversas cuestiones. Entre los ejemplos más significativas se encuentra Historia de la Nación Cubana, en donde se abordan cuestiones relativas a los proyectos económicos. Los análisis económicos, en esta obra, posteriormente fueron enriquecidos por su autor Julio Le Riverend y publicados bajo el título Historia Económica de Cuba, en cuyas páginas aparece una variada información relativa a las instituciones y a las ideas económicas, así como a los grupos sociales (Guerra, 1952a; Le Riverend, 1971). En un título homónimo al anterior, pero de autoría de Heinrich Friedlaënder, se nos revelan aspectos de importancia para comprender las fases de la evolución económica, las condiciones internas de la isla, los organismos económicos que propician los cambios y las principales ideas y proyectos en torno a los problemas de la economía insular. (Friedlaënder, 1978).

En Manual de Historia de Cuba podemos encontrar datos interesantes sobre los diversos proyectos del siglo XIX y de la evolución de la mentalidad de las diversas regiones económicas, así como de los proyectos que se van gestando a partir del vínculo comercial del occidente (Guerra, 1971). Una de las obras generales que toma como centro el azúcar y su influencia cultural en la vida del país es El ingenio: complejo económico social cubano del azúcar, enjundioso por el acopio de la información, por el abordaje de las especificidades económicas regionales y por dar un seguimiento a la expansión y transformación del medio por parte del azúcar. No escapan a Moreno las diferencias de los distintos territorios y la formación de proyectos al margen de lo que occidente aspiraba (1978). Este último aspecto fue ampliado por el autor en otra de sus obras Cuba/España. España/Cuba, a modo de síntesis, Moreno enfatiza en la formación de los grupos de poder desde la larga duración y la gestación de los primeros enfrentamientos (1995).

La obra editada por el Instituto de Historia de Cuba, La colonia: evolución socioeconómica y formación nacional, recoge las manifestaciones del pensamiento desde el mismo surgimiento de la sociedad criolla, así como las influencias de los cambios socioeconómicos vinculados a las relaciones sociales, en la vida cotidiana y en la educación (Instituto de Historia, 1994). Para finalizar, consideramos la enjundiosa obra de Leví Marrero, publicada en diversos tomos —y en buena medida, sobre la base de documentos que muchas veces reproduce—, en la que se recogen cuestiones vinculadas a las ideas y aspiraciones de los criollos como parte de la historia económica y sociocultural, cuestión muy novedosa para el estudio de la vida del hombre (Marrero, 1988; Torres-Cuevas, 2006).

La mayor parte de estas obras de carácter general fueron escritas desde La Habana, por historiadores habaneros. En estas, el departamento centro-oriental aparece diluido en el contexto colonial, salvo en las tres últimas fuentes citadas, que dedican apartados y anexos a demostrar, a partir de las propias fuentes archivísticas e historiográficas, la realidad del departamento centro-oriental. La escasez de obras historiográficas de alcance nacional tratará de ser salvada por las historias regionales, en las cuales, si bien no se toca de manera profunda lo referido al pensamiento, al evaluar la realidad del campo intelectual, ameritan ser tenidas en cuenta.

Entre estas obras destacan, la de José María Callejas (1911), Historia de Santiago de Cuba: representación de la mentalidad criolla y de una generación interesada en cambiar la realidad de una región, que aun cuando fue escrita en 1823 no fue publicada hasta 1911; por su parte, Emilio Bacardí (1908), en sus Crónicas de Santiago de Cuba (1913-1925), pone de manifiesto las influencias del positivismo en las primeras décadas del siglo XX, al recoger, en síntesis, momentos notables del devenir santiaguero. Entre las investigaciones de factura más o menos reciente aparece Olga Portuondo (1986), quien, en su estudio introductorio dedicado a Nicolás Josep de Ribera, realiza un estudio de época y de las condiciones que tenía el departamento centro-oriental, así como, también, de las condiciones en las que florecen inquietudes y aspiraciones que trascienden la perspectiva regional. La misma autora, en su estudio Santiago de Cuba. Desde su fundación hasta la Guerra de los Diez Años, ofrece una visión general del período de 1515 a 1868, con énfasis en los orígenes de la comunidad santiaguera y en la formación de la sociedad criolla, sus afirmaciones y transformaciones a lo largo de los siglos coloniales (Portuondo, 1996).

El proceso de formación nacional en el departamento centro-oriental, fue abordado por Jorge Ibarra Cuesta en algunos de sus estudios, a partir del análisis de las particularidades regionales y teniendo en cuenta los aspectos económicos y demográficos; dentro de estos, resalta su artículo Regionalismo y esclavitud patriarcal en los departamentos oriental y central de Cuba, en el cual se refleja la preocupación de los hacendados por vincularse directamente al mercado europeo e iniciar la introducción de avances tecnológicos (Ibarra, 1986). El autor atiende a la trayectoria de los enfrentamientos entre las comunidades criollas de Cuba (Ibarra, 2005), tesis que fue ampliada, posteriormente, desde perspectivas comparadas con el Caribe, teniendo en cuenta la mentalidad de los distintos sujetos coloniales (Ibarra, 2015).

La necesidad de realizar estudios históricos desde perspectivas regionales fue apuntada por Hernán Venegas, a partir de la realización de varias investigaciones sobre la economía en el departamento central, con énfasis en territorios como Las Villas y Trinidad. (Venegas, 1980, 2006). Este mismo autor aporta un conjunto de ensayos, donde somete a perspectiva histórica las regiones de la isla y las características de la historia que se ha producido, desde la colonia, hasta la revolución, así como los problemas más urgentes que deben ser atendidos por los historiadores (Venegas, 2001).

Los estudios particulares sobre pensamiento económico que se han publicado, casi en su totalidad, han favorecido a personalidades que fueron promotores y/o defensores del mundo de la plantación (Hernández, 1943; Molina, 2007). Uno de ellos es Francisco de Arango y Parreño, de quien se ha escrito sobre su relación con la ideología iluminista, el entorno familiar e intelectual en que se desarrolló y que le facilitaron el éxito, los recorridos realizados por el mundo colonial y capitalista en busca de las mejores prácticas económicas y mecanismos que le permitieran fomentar el proyecto que defendía como portavoz de la plantocracia y teórico de la sociedad plantacionista, así como, acerca de sus análisis sobre el papel de occidente como motor de la economía insular (García, 2005, 2006; Guerra, 1952b; Maestri, 1937; Ponte, 1937; Torres-Cuevas, 2006).

Otro de los proyectos económicos recurridos por parte de los estudiosos es el de José Antonio Saco, quien apostó por nuevas prácticas laborales en la producción de azúcar, a partir del empleo de mano de obra asalariada, y por oponerse al tráfico de esclavos y a la esclavitud. De ahí que todos sus esfuerzos estuvieran encaminados a lograr la superación de las condiciones esclavistas y a proponer la colonización blanca como solución al problema de la mano de obra en Cuba (Figarola, 1921; Moreno, 1960; Ortiz, 1933; Ortiz, 1974; Portuondo, 2005).

Las concepciones de diversificación y de cambio de la estructura de la economía, propuestas por Ramón de la Sagra en las primeras décadas del XIX, también han encontrado eco entre los investigadores. Director del Jardín Botánico de La Habana entre 1824 y 1836, Sagra —cuestionado por los criollos por su adhesión al régimen colonial, que sufragaba sus estudios— basó sus proyectos en el estudio de las condiciones económicas y los sistemas de cultivos en las regiones tropicales, sobre los cuales consideraba, podían fundarse en la rotación alterna de cosechas y en la creación de industrias rurales, entre otras (Aguilera, 2005; Cambrón, Estrade y Lecuyer, 1993; Sánchez, 2008, 2012; Torres-Cuevas, 1984).

La otra figura más recurrida por sus concepciones económicas es la de Francisco Frías y Jaccott (Conde de Pozos Dulces), defensor de la pequeña propiedad y el desarrollo de cultivos que podían servir de base para el fomento de otras industrias —todos, sobre la base del trabajo asalariado—, así como de la separación del sector industrial azucarero del sector agrícola. En lo que respecta a la fabricación de azúcar, planteó la necesidad de formar jóvenes con los conocimientos necesarios para desarrollar la industria y dominar el cultivo desde perspectivas científicas (Bonilla, 1983; Misas, 2010, 2016).

Vale aclarar que todas esas concepciones económicas fueron desarrolladas desde La Habana y bajo el prisma de la defensa del status español en Cuba. En la mayor parte de los casos, se ignora la realidad de la otra parte de la Isla y las aspiraciones de los hacendados ganaderos, sobre quienes descansaba el abastecimiento de ganado, en pie y carne, para cubrir las demandas de la plantación en el occidente.

Estos precedentes han sido tenidos en cuenta al analizar la figura de Ignacio Zarragoitía y Jáuregui. El presente trabajo se encamina a explicar los aspectos fundamentales de su pensamiento, a través de la revisión de un informe enviado al Real Consulado de Agricultura, Industria y Comercio y Junta de Fomento, donde se analiza la situación que presenta la región centro-oriental, así como de la correspondencia enviada a los reyes de España con propuestas de proyectos económicos para la parte oriental de Cuba. Sus puntos de vista permiten formarnos una idea sobre el modelo económico al que aspiraban los hacendados ganaderos del este de la isla —en contraposición al modelo azucarero— y sobre el interés de la élite de aquel territorio por construir una sociedad alternativa, propia, asentada en la ganadería y la pequeña agricultura, diferente de la generada por el azúcar.

Jáuregui representa, dentro del pensamiento económico de su época, la defensa de un proyecto no plantacionista que merece ser atendido por lo que pudo representar para la época. Sus planteamientos y aspiraciones, que se encaminan a lograr un desarrollo en el este de la isla, contribuyen a reforzar la idea sobre la presencia de modelos agrarios contrapuestos, enunciados posteriormente por historiadores como Juan Pérez de la Riva y Heinrich Friedlaënder, quienes aluden al desarrollo diferenciado de dos regiones: la Cuba A, que se corresponde con el occidente: La Habana, Matanzas y Cárdenas, donde se concentraban los mayores porcentajes de la riqueza nacional, la población y el comercio, y predominaba la plantación esclavista; y una Cuba B, que abarcaba la zona centro-oriental y se caracterizaba por un bajo nivel de desarrollo y por la ganadería, como actividad fundamental (Friedlaënder, 1978; Moreno, 1978; Pérez de la Riva, 1975).

A inicios del XIX, Inglaterra y otras potencias europeas tomaron medidas que estrecharon el bloqueo económico, lo que contribuyó a que languideciera el comercio marítimo español, incluyendo el que sostenían con las colonias; Cuba quedó prácticamente aislada de los habituales consumidores de sus productos, con un considerable descenso de las actividades económicas de efectos bastante nefastos para su actividad comercial (Friedlaënder, 1978; Le Riverend, 1942).

Para las regiones del este, esas medidas fueron doblemente desfavorables, al privarlas de las pocas salidas que tenían sus producciones a través del mercado de La Habana. La situación se agravó aún más tras la decisión de los Estados Unidos de poner en práctica la ley de embargo en 1807, ante los riesgos de registros y amenazas para la marina; la medida paralizó el comercio oceánico de la flota nacional más numerosa de los países neutrales y cerró la vía de escape de muchos hacendados del departamento del centro de la isla, para exportar carne salada, cuero y madera, entre otras producciones (Le Riverend, 1971).

Desde Cuba, tampoco se adoptaron medidas que favorecieran el intercambio. En 1807, el Gobernador y Capitán General Salvador Muro Salazar, Marqués de Someruelos, dispuso regular el tráfico mercantil internacional que, en la práctica, prohibía el comercio con Estados Unidos, lo que limitó el intercambio y cortó las pocas posibilidades de exportación que podían quedar: única vía que permitía a los territorios del interior dar salida a sus producciones, a través de embarcaciones que llegaban a los puertos y embarcaderos (Franco, 1977). Someruelos, además, obligó a los territorios del este a abastecer de carne a las guarniciones distribuidas en todo el territorio nacional, cada vez más numerosas, a precios bajos, sin tener en cuenta que el ganado era el producto básico de aquella región, del cual percibían los principales ingresos.

Todas estas regulaciones —tanto las externas como las internas— incidieron en la parte centro oriental, cuyos territorios precisaron de una reorganización de la ganadería para un mejor aprovechamiento del suelo en las unidades productivas que, por cierto, habían dado muestras de disminución en los niveles de aprovechamiento productivo, motivadas, entre otras razones, por la desatención y desinterés de los productores.

De manera paralela, los principales centros de la región sufrían cambios, desde el punto de vista agrario, en cuanto a usos y dominios del suelo. En territorios de Puerto Príncipe, las tierras se transformaron en potreros para la cría y ceba de ganado, mientras, en Sancti Spíritus tomaban fuerza las vegas y estancias, fundamentalmente para tabaco; en Bayamo predominaba el sitio de labor[2] y en Santiago de Cuba, el sitio de crianza[3].

Estos problemas no eran totalmente nuevos. La certeza de esta afirmación se refleja en los informes y memoriales presentados anteriormente, por personalidades del territorio con funciones en los gobiernos locales. Por ejemplo, en 1756, Nicolás Joseph de Ribera señalaba —de una manera racional y coherente—, a partir de las condiciones de la isla, las necesidades del patriciado cubano y las posibles soluciones; al respecto, evaluaba que debía darse paso a una ampliación y libertad de comercio y navegación como antesala al florecimiento de la producción agrícola y su diversificación, también apuntaba la necesidad de disponer de mano de obra a partir del crecimiento demográfico (Portuondo, 1986).

El programa económico de Ribera para Cuba, si bien se centraba en el necesario desarrollo de la ganadería no excluía la agricultura en general, concediéndole importancia a los ramos azucarero y tabacalero, con fines comerciales, sin intención de favorecer a unos en detrimento de otros. Sus ideas, al igual que otras formuladas durante la segunda mitad del siglo XVIII a la administración colonial española, por parte de los criollos, se enfocaban en la búsqueda de un desarrollo similar para toda la colonia.

Años después, en 1788, el regidor Juan Bautista Creagh, en nombre del ayuntamiento de Santiago de Cuba, presentó en Madrid un informe que solicitaba reformas para la economía, entre ellas, libertad absoluta para introducir esclavos, material y maquinarias, exención de diezmos, por diez años, a los que recibieran tierras para plantar cualquier producto, y otras (Irisarri, 2003). En 1789, un nuevo informe volvía a tocar los problemas del departamento, el Gobernador del Departamento Oriental de Cuba, Juan Bautista Vaillant (1788-1796), elevaba una petición al Monarca Carlos IV, donde exponía posibles soluciones para el fomento de la jurisdicción de Cuba, entre las que, nuevamente, se abordaba la introducción de esclavos y se planteaba la posibilidad de colonizar a través de la introducción de familias canarias, así como la entrada de alimentos para paliar las necesidades de la población (Portuondo, 1986).

Sobre la misma situación, en noviembre de 1794, el Arzobispo de Santiago de Cuba, Joaquín de Ozés y Alzúa, denunciaba que el grado de explotación de aquellas regiones, en beneficio de occidente, era una circunstancia de suficiente peso para marcar el origen de las diferencias entre una y otra zona de la Isla. Alzúa revelaba el estado de deterioro en que se encontraba la región oriental, el atraso en su agricultura y la necesidad de fomentar la pequeña propiedad; para el prelado, la solución podía estar en la división de la isla en dos regiones con igualdad de posibilidades, sin que necesariamente prevaleciese siempre el criterio de autoridades y funcionarios habaneros, en detrimento de los intereses de los habitantes de la región oriental, y ampliaba: “¿Somos cavilosos, voluntarios e infieles porque nos quejamos de las opresiones que sufrimos porque manifestamos los sentimientos de nuestro corazón, y representamos nuestras desgracias?” (Alzúa, 1880). En sentido general, todos los informes reflejan el sentimiento de exclusión en que se sentían los habitantes de aquella parte de la isla, quienes aspiraban a que se les diera el mismo trato que se le daba a La Habana, sin embargo, sus intentos fueron infructuosos. Un informe emitido dos años después, por el Real Consulado de Agricultura, Industria y Comercio y Junta de Fomento, corroboraba el atraso económico frente a las regiones del occidente de Cuba. Esta institución, desde su aparición en 1795, había trabajado en función de los proyectos de la oligarquía habanera, sin embargo, reconocía el estado de atraso y pobreza en lo referido a las riquezas de las jurisdicciones de la parte centro-oriental del país (Real Consulado y Junta de Fomento, 1796); al respecto, refería el elevado número de viviendas en malas condiciones y, sobre todo, la baja productividad en las principales actividades económicas, incluyendo la ganadería —que era el renglón fundamental de una buena parte de los territorios del departamento— y la poca explotación de su industria de derivados. Respecto a otros renglones, también refería poca prosperidad.

Durante los primeros años del siglo XIX, desde la Sociedad Económica de Amigos del País se generaron diversas acciones tendientes a resolver los problemas de la vida nacional, convirtiéndose este, así, en un organismo de divulgación, de propaganda, de iniciativas, aunque se apreciaron contradicciones, ya que en su seno también se representaban los intereses encontrados de los dueños de ingenios y los hacendados ganaderos. Los primeros, en total simpatía con el poder colonial, pues representaba dinero seguro en las arcas madrileñas, eran los receptores de todas las ventajas y prebendas; los segundos, al no constituir la ganadería una fuente de ganancias para la metrópoli, eran discriminados y recargados con impuestos que hacían la crianza de ganados prácticamente incosteable (Balboa, 1991, 2013).

Entre los diferentes estudios dedicados a la ganadería promovidos por la Sociedad Económica que ofrecen una visión sobre el estado del ramo en la parte centro-oriental se encuentra el realizado por Juan Antonio Morejón. En su perspectiva, desde fines del siglo XVIII este ramo atravesaba por una situación compleja, al punto de descender del primero al tercer lugar de la riqueza agropecuaria de la isla, situación posible de revertir solo con el fomento de las haciendas de ganado en el país, para lo cual ofrecía sugerencias respecto al número de cabezas que debían criarse, la cantidad de esclavos más convenientes para el trabajo, etc.; así mismo, resaltaba los perjuicios que ocasionaba el sistema de impuestos, entre ellos: la pesa, la carnicería, las enfermedades y los arriendos. Esa situación se complejizaba más aun hacia la zona centro oriental, a causa del peso que tenía allí la ganadería, por la obligación que se le impuso de suplir el abastecimiento de carnes al occidente, tras el auge de la producción azucarera (Morejón, 1800).

El análisis ponía al descubierto las dificultades por las que atravesaba el ramo pecuario y las múltiples causales que las generaban, entre ellas, la política gubernamental tendiente a sacrificar los espacios dedicados a la cría de ganado para destinarlos al cultivo de la caña y favorecer así a los dueños de ingenios, sobre todo del occidente del país.

También tomaba en cuenta los problemas internos que aquejaban al renglón, provenientes, en primer lugar, de las características que desde sus orígenes había asumido la crianza de ganado en la isla. La ganadería se limitó a aprovechar las ventajas naturales para la crianza extensiva en hatos y corrales, sin ocuparse por la introducción de adelantos tecnológicos, como el mejoramiento de las razas o las técnicas de crianza, además de la poca explotación de la industria de los derivados para la elaboración de productos que podrían haber cubierto las necesidades de consumo interno de los territorios y la exportación.

Dentro de las reformas liberales que se dieron a inicios del siglo XIX estuvo el nombramiento de Juntas Subalternas del Real Consulado en algunos territorios como Puerto Príncipe y Trinidad, en 1803. Las mismas fueron presididas por el Teniente Gobernador y compuestas por cuatro vocales: el síndico procurador, un regidor, un vecino hacendado y otro comerciante, propuesto por el teniente gobernador (Real Consulado y Junta de Fomento, 1803). Las Juntas se reunían, por lo general, una vez al mes y entre sus funciones estaban, ventilar los conflictos y problemas de los territorios y propagar nuevos proyectos para el fomento económico. En ellas, los hacendados se pronunciaron contra la tendencia, cada vez más creciente, de priorizar el azúcar en detrimento de la ganadería, propiciando un descenso en dicha actividad y en el resto de los renglones económicos.

Con el propósito de promover medidas que contuvieran la ruina, que veían en cercana perspectiva, las Juntas propusieron al Gobernador y Capitán General Marqués de Someruelos y al Real Consulado de Agricultura, Industria y Comercio y Junta de Fomento[4] emprender el análisis sobre el estado económico de los territorios de la isla, a partir de una encuesta destinada a calificar la situación de la agricultura y el comercio. Las instancias, muestra de las aspiraciones de los hacendados para sacar adelante la economía, fueron enviadas a cada una de las regiones[5].

Para elaborar el informe sobre el estado económico de la jurisdicción principeña en 1811, fue comisionado Ignacio Zarragoitía y Jáuregui, funcionario de confianza para las autoridades de la isla y persona ducha en el ramo económico y financiero, si tenemos en cuenta que, en Bayamo, había ocupado importantes funciones como Comisario de Guerra, Oficial Real y Tesorero Administrador de Rentas, desde 1799 (Reales Ordenes y Cédulas, 1799)). La familia Jáuregui llegó a Cuba procedente de Navarra y se estableció en La Habana en la primera mitad del siglo XVI. El apellido dio lugar a varias ramas, entre las que se destaca la que llega a Bayamo en el siglo XVIII, de la cual descendía el funcionario en cuestión[6] (Santa Cruz, 1940).

Dentro de las principales dificultades que recoge el informe, está la referida al estado económico de las comarcas del este del país, a partir de las consecuencias del sistema de impuestos y tributo y de las diferencias creadas por las ventajas de unos en detrimento de los otros. De igual modo, insiste en la necesidad del fomento de la agricultura, industria y población y de medidas modernas de control económico para fomentar el país.

Su visión de la realidad interna fue definitoria para recoger un propósito propio, que captaba los problemas y las posibles vías de solución y buscaba impulsar ideas renovadoras. Esa capacidad para captar el medio y reconocer las dificultades existentes lo llevaron a plantearse diversas soluciones que, de alguna forma, nos propone en su informe dado a conocer, y a través del cual intentó influir en las instituciones y en sus contemporáneos.

Los planteamientos y cuestionamientos realizados por Jáuregui transitan a través de una amplia gama de aspectos que enfocan principalmente hacia lo económico y sus interrelaciones con el aspecto sociopolítico, lo cual lo sitúa como un conocedor de la realidad nacional y en particular del este de la isla. Sus puntos de vista, enmarcados en cuestiones como la necesidad de explotar las riquezas de cada región y de diversificar las producciones y el comercio con igualdad de condiciones para todas las regiones, evidencian un pensamiento reformador a tono con las necesidades del país.

Los datos y evaluaciones del territorio expuestos en el informe recogen el estado económico, así como las interrogantes y preocupaciones de los criollos en lo referido al libre comercio y a la escasez de productos necesarios, de ahí que una de las primeras cuestiones que aparece reflejada en su exposición es lo relacionado con el comercio y el privilegio concedido a los puertos de La Habana, Santiago de Cuba, Trinidad y Matanzas, una situación que afectaba a las poblaciones del este de la isla dejándolas en una situación de inferioridad. Al respecto, evaluaba que no existía fundamento para que los comerciantes peninsulares y hacendados habaneros decidieran, porque “El bien de una clase, por recomendable que sea, de una ciudad o provincia, no bastan para decidir la suerte de las demás” (Real Consulado y Junta de Fomento, 1811a).

La preponderancia del cabildo habanero, desde fechas bien tempranas, y los vínculos de las familias de ese teritorio con las autoridades coloniales le proporcionaron beneficios en los negocios que llevaron a cabo. Esta preponderancia habanera sería el origen de los resentimientos y de numerosos conflictos regionales (González-Ripoll, 1999; Marrero, 1988; Moreno y Fontana, 1995).

En el caso particular de Santiago de Cuba, si bien los puertos fueron favorecidos con la Real Cédula del 28 de febrero de 1789, que permitió la introducción de esclavos, y la del 24 de noviembre de 1791, que hizo extensiva las prerrogativas de suprimir el impuesto anual de dos pesos por cada esclavo no dedicado a las faenas agrarias y dio la libertad para la introducción de mujeres esclavas, sus efectos no llegaron con la rapidez esperada ni con los efectos deseados, y así continuó en los inicios del XIX (Ortiz, 1987).

De manera general, las medidas llegaban con bastante retraso, esto explica las constantes reclamaciones ante el poder colonial y el comercio de contrabando, potenciado aun más por la necesidad de disponer de una vía que garantizara cubrir las necesidades de la subsistencia diaria. La posibilidad de que la región centro-oriental pudiera disponer de mejores opciones para comerciar de manera legal pondría en una situación de igualdad a los pueblos descartados –epíteto con el que define, el autor, a los territorios de aquella zona del país, y en particular a Puerto Príncipe– y les permitiría adquirir útiles de agricultura, máquinas para los ingenios y otros productos en general, necesarios para el desarrollo local –antes provistos a través del tráfico ilícito–, de ahí que enfatizara en que “el antídoto para aminorar el contrabando, no está en la multitud de resguardos, sino en quitar las prohibiciones” (Real Consulado y Junta de Fomento, 1811a).

Zarragoitía y Jáuregui va más allá de las implicaciones que tenía el contrabando en la esfera mercantil, para analizar su incidencia en cuestiones de índole política. Al respecto, reflexiona sobre la incapacidad del gobierno para eliminarlo a pesar de las medidas impuestas, a causa, entre otras cosas, de las condiciones geográficas del país, que impedían cortar la entrada y salida de personas de los más variados lugares, y que además eran posibles puertas de entrada para las ideas y proyectos. La relevancia de este punto de vista es calzada con el análisis que realiza de la composición poblacional, que calcula el autor en alrededor de 60 000, de los cuales “la parte de pudientes se considera en 2.000, la mediana 6.000, y la de infelices de 52.000 blancos, pardos y morenos” (Real Consulado y Junta de Fomento, 1811a).

En el informe, Jáuregui recoge la existencia de varias poblaciones en condiciones de precariedad e imposibilitados, en muchos casos, de sufragar los impuestos fijados, que caracteriza como una carga molesta, a la vez que cataloga las medidas de la Real Hacienda como un sistema absurdo y abusivo; sugiere, por tanto, un rápido remedio, no para mejorar la situación de los habitantes, sino para evitar estados de malestar que desencadenasen en movimientos conspirativos o de oposición. Tales criterios ponen de manifiesto su compromiso con la metrópoli y el poder colonial, sus proyecciones reformistas le llevan a plantearse cambios que en modo alguno comprometan el vínculo que unía a Cuba con España, y por ende, reflejan la necesidad de evitar situaciones que pudieran comprometer la estabilidad en la colonia, teniendo en cuenta el proceso de luchas que se estaba desarrollando en las colonias españolas en América, así como algunos procesos conspirativos en otros territorios de la isla.

Los criterios expuestos rebasan el espacio principeño, para extenderse a toda la región del este, en similar situación de abandono. Al respecto, declara:

El pueblo de la Isla de Cuba no está representado, ni lo constituyen los vecindarios de La Habana, Cuba, Trinidad y Matanzas. El pueblo de la Isla de Cuba es compuesto de todos sus habitantes, y este mismo pueblo compuesto de todos sus habitantes, no debe formar sino una sola familia, y entre los miembros de esta sola familia es que se deben distribuir los bienes, y los males sin distinción, ni privilegios. (Real Consulado y Junta de Fomento, 1811a)

Tal definición encierra una crítica a la autocracia ejercida desde La Habana, a sus métodos y formas de gobierno, a la desatención en que sumían a otros territorios, llevándolos al estancamiento. Les recuerda, Zarragoitía, el arte que debe identificar a cualquier gobierno: “ceder voluntariamente lo que le puede ser arrancado por fuerza, o por astucia, y siempre con peligro y perjuicio suyo”. (Real Consulado y Junta de Fomento, 1811a)

No dejan de llamar la atención las motivaciones que llevan al autor del informe a expresar esos criterios, si tenemos en cuenta que era un funcionario del gobierno colonial y que sus puntos de vista, precisamente, enjuician algunos procederes de este; creemos que su actuación respondió al conocimiento que tenía en el ramo de la hacienda pública, que le permitía ver, en la larga perspectiva, la situación de un territorio y su posible desenlace, una realidad que, además, podía atentar contra sus intereses particulares en el territorio bayamés.

La inconformidad de los principeños con la forma de proceder del ayuntamiento habanero está presentes en el documento, pues, coincidentemente, su elaboración acontece en medio de la agudización de las pugnas entre esos territorios a raíz de haberse denegado a Puerto Príncipe la solicitud de crear allí una representación local del Real Consulado y una Sociedad Patriótica (Torres Lasqueti, 1888). Los diputados de La Habana, encabezados por Andrés de Jáuregui —hasta donde hemos podido precisar sin parentesco con Zarragoitía—, se mostraron contrarios al proyecto e incluso llegaron a desacreditarlo para que no tuviera respaldo dentro de la corporación municipal habanera. La denuncia a aquella actitud aparece expuesta en los términos siguientes en el informe:

Quiere que el Ayuntamiento de La Habana sea el preponderante de toda esta vasta Isla, que su Consulado sea el único, y los vecinos de La Habana los Priores, Cónsules, Consiliarios. Quiere que sea única su Sociedad Patriótica, y en suma, que no se conozcan los Ayuntamientos de esa parte oriental, ni que se fomente cual corresponde. Esa vanidosa e injusta superioridad que ha pretendido y se ha dado siempre a La Habana, ha servido de rémora al progreso general de la Isla (…). (Real Consulado y Junta de Fomento, 1811a)

En un momento en que desde occidente se clamaba por eliminar el régimen de crianza de las haciendas ganaderas, Jáuregui abogó por estimular el mercado para fomentar la producción interna, consideraba que la ausencia de un mercado de exportación para ciertos productos, al menos de forma legal, influía negativamente en el desarrollo de los diferentes ramos de la economía. En el caso particular de las haciendas de ganado, la baja productividad demostraba la necesidad de pasar a una nueva fase, para la que no estaban preparados los dueños de las haciendas del este, que contaban con grandes extensiones de tierra básicamente destinadas a la cría de ganado, pero carentes de otros productos que suplieran sus necesidades.

Atendiendo a ello, Jáuregui evalúa el intercambio de productos entre las haciendas como una necesidad:

La miseria de estos pueblos interiores necesitan de los mismos auxilios que aquellas ciudades [alude a las ciudades del occidente de Cuba], porque aunque tienen carne, esta no suple por los demás alimentos de primera necesidad (…) Los privilegios exclusivos no tienen otras favorables resultas que el engrandecimiento de los que disfrutan, la miseria y esclavitud de los demás (…). (Real Consulado y Junta de Fomento, 1811b)

Ese parecer, expuesto por Zarragoitía y Jáuregui en 1811, encierra el sentir de los hacendados del departamento centro-oriental de Cuba, opuestos al proyecto hegemónico de sus similares de La Habana, que aspiraban a convertir la economía de la parte oriental de la isla en complemento del modelo plantacionista del occidente.

Ninguno de los informes presentados a la Junta de Fomento de la Isla de Cuba abordó los problemas de los territorios de una forma tan profunda, directa y concreta, como el presentado por Jáuregui. En él se aprecia un pensamiento reformador, a partir de la combinación de su experiencia política y el conocimiento de la situación de la economía, para avizorar algunas de las causales del estancamiento en que se encontraban las jurisdicciones de la parte centro-oriental de la isla. Las alternativas propuestas por él estaban encaminadas a lograr los mismos derechos de que ya gozaban los habaneros, entre estos, la concesión de préstamos para el fomento de ingenios, la autorización para la demolición de las haciendas, el privilegio de introducir mano de obra esclava, con la dispensa de proveerlo a otros territorios, etc.

La concreción de esas aspiraciones de los hacendados habaneros estuvo favorecida por la condición de La Habana como puerto escala, así como por residir en ella el gobernador y ser centro del poder en la isla, en torno a lo cual se fueron tejiendo diversas relaciones y redes que involucraron a los principales apellidos y fortunas y le dieron un ascendente poder local al cabildo; esa unión entre poder local y poder central, fortalecida por matrimonios de conveniencia, generó un grupo fuerte con ilimitadas posibilidades de enriquecimiento y ascenso social que llevaron al cabildo a autoproclamarse con la representatividad de todo el país, y terminó imponiendo sus valores y proyecto económico sobre el resto de los territorios.

Distante, la zona centro-oriental, del poder administrativo y, por tanto, privada de ese mundo de relaciones, su situación económica resultaba desventajosa, razón por la cual, en el informe se exponían como premisas esenciales para consolidar su avance la: libertad económica para todos los territorios, disminución de los impuestos que entorpecían el desarrollo de diferentes ramos, igualdad de condiciones para la obtención de la mano de obra y maquinaria, entre otros aspectos.

Los puntos de vista de Jáuregui respecto a la situación del departamento centro-oriental del país apuntaban en dos direcciones: hacia la administración colonial y al interior de los territorios. En cuanto a lo primero, definía qué papel le correspondía al gobierno en las transformaciones que debían llevarse a cabo desde una perspectiva económica y política; respecto a lo segundo, señaló la responsabilidad de los hacendados en muchos de los problemas intrínsecos de los territorios, que, si bien requerían ser atendidos desde el poder central para resolver las carencias económicas, también se debían a prácticas que era preciso eliminar, como la política de tierras y el contrabando, pues solo tendían a crear conflictos.

Ciertas posiciones asumidas por Zarragoitía y Jáuregui le plantearon conflictos con los hacendados del territorio, cuyos intereses de alguna manera también defendía, solo que, puestas en una balanza, las ilegalidades cometidas por los integrantes del cabildo bayamés y las obligaciones que debía asumir en su condición de funcionario colonial, se impuso lo segundo.

El carácter abarcador del informe, a corto plazo, arreció el enfrentamiento entre el cabildo de Bayamo y su autor, quien, de acuerdo con sus obligaciones, también debía poner freno a ciertas ilegalidades. A tono con ello, trató de poner orden a las libertades que se tomaba la corporación municipal de negociar con las carnes de carnicería y de cambiar los precios sin previa consulta. La queja elevada a la Real Audiencia de Puerto Príncipe, por Zarragoitía, para que indagara en los fraudes de cobro e imposición de castigo contra los infractores, exacerbó los ánimos y agudizó el conflicto motivado por intereses económicos contrapuestos[7]. En adelante, los miembros del cabildo involucrados fueron amonestados y limitados de algunas de sus funciones, como la de entrar a votar mientras no pagaran las costas correspondientes o limitarlos de facultades para elevar cualquier queja a la Intendencia General, viéndose obligados a recurrir al Síndico.

La corporación de Bayamo se cuestionó el dictamen de la Audiencia de Puerto Príncipe que favoreció a Zarragoitía y sus procedimientos. La confrontación arreció con las medidas llevadas a cabo por la Administración de Rentas para evitar la evasión del fisco por parte de los hacendados de mayor poder económico que, coincidentemente, eran miembros de aquella corporación. Dentro de los más connotados se encontraban el Teniente Coronel Francisco Vicente Aguilera, Juan Tamayo y Palma y Antonio María Aguilera, acusados de fraudes en las alcabalas, así como de valerse de sus influencias para evadir el pago por las ventas de ganado de sus haciendas (Asuntos Políticos, 1814).

Otro de los enfrentamientos se produjo por los inmuebles y propiedades agrarias, los miembros del cabildo aspiraban a que fueran rebajados los impuestos en lo referido a colgadizos y terrenos de propios; estos últimos habían sido copados por los hacendados de mayor poder económico para ensanchar sus espacios de crías y dedicar parte al cultivo de la caña. Similar comportamiento presentaba el ramo de tierras realengas, que habían sido denunciadas por los dueños de hatos y, posteriormente, refrendada su propiedad, con la entrega de títulos falsificados a cambio de grandes sumas de dinero. Frecuentemente, las corporaciones municipales actuaron como mediadoras al autorizar la mensura y venta de las tierras, por ejemplo, el regidor bayamés Miguel de Fornaris permitió devastar los montes de Manzanillo de árboles de caoba y cedro.

Los cargos presentados por Ignacio Zarragoitía, ante la Audiencia de Puerto Príncipe y el gobierno político del departamento oriental ubicado en Santiago de Cuba, demuestran su papel al servicio de los intereses de la metrópoli, que le había otorgado la misión de ingresar a las arcas del estado los fondos procedentes de la venta y composición de los terrenos realengos de Manzanillo, a través de la Intendencia de Hacienda ( Gobierno General, 1809). Pero ya los hacendados de mayor poder económico, a través del cabildo, habían tomado la delantera, al subastar las tierras entre sus allegados y haber ingresado los fondos para el manejo de aquella corporación.

Jáuregui condenó las posiciones de los hacendados que estaban procurándose las tierras cercanas para tener el control de las zonas y así poder invertir en otros ramos, sin tener la oposición de los miembros de la comunidad en la que se encontraban las tierras, al respecto señalaba:

La devastación que han sufrido los montes del Manzanillo, en términos que será milagro si le ha quedado un solo árbol de cedro y caoba, y demás maderas que lo hacían apreciable y vendible, pues que, procediendo a la averiguación de sus autores, hallase por resultado ser las licencias que franqueó el cabildo (…). (Jáuregui, 1814 (Asuntos Políticos, 1814)

rente a un opositor tan influyente, como lo era Zarragoitía y Jáuregui, los hacendados se trazaron como estrategia desacreditarlo, utilizando como argumentos los mismos que él había empleado; las quejas enviadas al Gobierno Superior Civil y al tribunal se basaban en tres cuestiones fundamentales: permitir los despojos que se estaban llevando a cabo en las tierras realengas, defraudar las Rentas Reales y promover movimientos de oposición en el territorio.

Jáuregui, ciertamente, fue de los peninsulares que arribó a Bayamo y llegó a tener cargos políticos en un momento en el que los criollos tenían mayoría en las principales instituciones del territorio, incluyendo los partidos en toda la jurisdicción. Las numerosas quejas elevadas a la Intendencia de Hacienda y al Gobierno Superior Civil evidencian las pugnas existentes entre algunos hacendados solventes del territorio bayamés y los miembros del poder central, estos últimos, interesados en tomar medidas para cortar el comercio de contrabando, establecer oficinas para el control de las embarcaciones, así como el envío de tenientes gobernadores que fueran enérgicos en el control económico[8].

Como funcionario colonial, Zarragoitía y Jáuregui, fue capaz de darse cuenta de los problemas fundamentales de la zona donde estaba ubicado y enfrentar al patriciado de la región con medidas tendientes a disminuir su poder económico. Supo distinguir, dentro de los problemas, aquellos que constituían trabas desde el poder colonial y los que eran responsabilidad de los hacendados.

Esas rivalidades explican las confrontaciones que a lo largo de las décadas siguientes se produjeron entre los hacendados y Jáuregui, comisionado para llevar a cabo un grupo de reformas dirigidas al fomento económico de la parte centro-oriental de la isla, que limitaban la actuación de los hacendados y las ventajas económicas que los productos de la zona podían reportarles, entre ellos: la exportación de tabaco en hojas y torcido a la península y otros puntos que se determinaran, al precio de 15 pesos el quintal de la hoja y a un (1) peso fuerte la hoja, sin más gravamen ni costo adicional. Otra de las aspiraciones estaba encaminada a la habilitación del puerto de Guantánamo en clase de puerto franco, con el objetivo de disminuir el poder de Inglaterra en el comercio de la región ( Reales Órdenes y Cédulas, 1833).

Otra de las intenciones de Jáuregui era contrarrestar el contrabando que se realizaba por las costas de estos territorios en los términos siguientes:

Del contrabando que se podía temer pueden tomarse precauciones y medidas que lo destruyan casi enteramente por la parte de tierras y aun por la de mar, el que se efectúa por las costas casi desiertas de esta isla, de la propia Jamaica, de San Tomás, de los Dinamarqueses, de Curazao, de los Holandeses, como de otros puntos de Inglaterra y Francia por medio de dos buques de guerra que crucen las costas de esta parte oriental. (Reales Órdenes y Cédulas, 1833,)

La propuesta resultaba contraria a los intereses de los hacendados del departamento centro-oriental, privándoles de los vínculos comerciales que propiciaba el contrabando con otras naciones, además de controlar las producciones de las haciendas, de las cuales obtenían cultivos comerciales de apreciable valor. Al respecto señalaba:

El Partido de Tiguabos y Santa Catalina a que pertenece Guantánamo, como la mayoría de los de la parte centro-oriental, proporcionan bastante tabaco, algodón, azúcar, café y otros frutos que generalmente lo aprovechan los ingleses y demás extranjeros por la vía del contrabando, con el destrozo de los montes por falta de una Administración de Rentas Reales de que no han cuidado la Intendencia, ni los Administradores de la Aduana, pues no están consagrados al servicio de SM ( Reales Órdenes y Cédulas, 1833).

Este último aspecto del informe que envió Zarragoitía nos da la clave de su entrega a los proyectos que, desde la metrópoli, se encaminaban a tener un mayor control de los territorios. El proyecto de Jáuregui daba continuidad a las aspiraciones de España de situar a las regiones del este de Cuba en la mira de los proyectos colonizadores, como había ocurrido a finales del siglo XVIII con la expedición del Conde de Mopox a Guantánamo, cuyos intentos fueron infructuosos por la propia posición que asumieron los hacendados de aquella parte, en lo referido a las tierras, aguas, minerales y otras reservas que poseían (de San-Pío y Puig, 1999; Guirao, 1991) [9].

Pero había objetivos que Jáuregui solo se atrevió a manifestar en su correspondencia reservada con el Secretario de Estado y Despacho de España, Victoriano Encina y Piedra, en lo referido a las ventajas económicas que podía reportar aquel proyecto, afirmando que:

Cuando ningún beneficio resulte al Real Erario de la Monarquía, se conseguirá al menos la formación de una población que rivalizará en muy pocos años a la nunca bien ponderada Habana, sin perjudicarla, y se aminoraran políticamente los grandes productos que saca la Gran Bretaña, de la isla de Jamaica y otras de las Antillas (Jáuregui Reales Órdenes y Cédulas, 1833).

Jáuregui aspiraba, a través del Real Consulado y Junta de Fomento, activar la navegación de cabotaje y organizar el comercio costero, para autorizar las importaciones lícitas que estuvieran sujetas a la reglamentación aduanal y así contrarrestar el contrabando, en medio de la crisis internacional provocada por la expansión de Francia y la hegemonía y el poder de Gran Bretaña. De esa manera podría fortalecer económicamente a otras regiones del país con potencialidades para la explotación de nuevos rubros, sobre la base de la búsqueda de otras formas de organización de la tierra.

De esa forma, no solo se beneficiarían los territorios de la zona centro-oriental, sino también a la propia metrópoli, pues se intentaba garantizar un equilibrio entre las diferentes regiones de la isla, lo que redundaría en diversidad productiva capaz de garantizar las necesidades del occidente y la incorporación de nuevas producciones al mercado internacional.

Hasta este momento los hacendados del este no habían comprendido los objetivos de Jáuregui y el papel descentralizador de sus proyectos, por ello, no es casual que lo asocien a escandalosos comentarios financieros y morales y lo presenten como el mayor encargado de la venta de esclavos del territorio, cuando en la práctica, una buena parte de los hacendados de la zona se beneficiaban del lucrativo negocio.

A modo de conclusión, es preciso enfatizar que Jáuregui partió del conocimiento de los problemas como primer paso para proponer soluciones a las dificultades de cada uno de los territorios, en función de ello presentó proyectos que, sugería, debían ser llevados a cabo para contrarrestar los efectos negativos de políticas y, sobre todo, de la mentalidad de algunos hacendados que solo aspiraban al progreso personal y no se percataban de que la diversificación de la economía y la producción de bienes materiales eran el arma de transformación de la sociedad.

Jáuregui no fue propiamente un ideólogo que dejó una obra orgánica y sistemática para la época, en sus escritos, que fueron básicamente informes, exposiciones, cartas, se exponía la situación económica en función de cambiar el estado de atraso de los territorios del este, lo que consideraba, era necesario acometer para modificar la realidad allí, con resultados favorables para toda la isla y por ende, para la metrópoli.

El informe elaborado demostró que, si bien el Real Consulado y Junta de Fomento era una institución que debía velar por el fomento económico y la puesta en práctica de proyectos renovadores en toda la isla, en la práctica respondía, ante todo, a los intereses de los productores habaneros que apostaban por poner todos los recursos nacionales en función del azúcar, razón por la cual los criterios de Jáuregui nunca fueron tenidos en cuenta ni se adoptó ningún tipo de medida tendiente a dar respuesta a los problemas planteados.

Sus posiciones tendientes a frenar las usurpaciones de tierras por los hacendados no lo hacía más justo en su proceder, sencillamente, en sus funciones de recaudador de rentas el interés no estaba en privar a los propietarios de mayor poder económico de los espacios que habían usurpado, sino en que tributaran por el uso de las mismas, al ramo de hacienda.

En lo referido al alcance del informe, si bien planteó los problemas que comprometían una época y un territorio, no cubrió las expectativas de sus habitantes al plantear reformas que no se llevaron a cabo y no pasaron de la simple denuncia o enumeración de las trabas que entorpecían el desarrollo económico; solo fueron tenidas en cuenta aquellas que de alguna manera respondieran a los intereses de la economía de occidente. La negativa a crear en el territorio principeño una representación del Real Consulado que se preocupara por atender proyectos de fomento para el mejoramiento de los cultivos y la economía local, en sentido general, patentizan el poco interés mostrado en promover cambios que permitieran un equilibrio regional.

Por su contenido, más que por el alcance, trasciende el memorial presentado por Ignacio Zarragoitía y Jáuregui, que además se preocupó por representar a otros territorios relegados más allá del espacio principeño y abordar cuestiones que comprometían el desarrollo de otros puntos de la isla, entre ellas, la necesidad de colonizar nuevos espacios, habilitar nuevos puertos y fomentar la política de colonización blanca.