Postura Argentina ante el conflicto en Gaza

Argentina’s position on the conflict in Gaza

Position Argentine concernant le conflit à Gaza

Paulo Botta paulobotta@uca.edu.ar

Universidad Católica Argentina, Argentina

Uno de los elementos que acerca, en términos sociales, a Argentina e Israel es la gran cantidad de ciudadanos argentinos que viven en este último. Se estima que son unos 90 000, a lo que deberíamos agregar ciudadanos israelíes que son hijos de ciudadanos argentinos y que pueden optar por la ciudadanía de sus progenitores.

De manera paralela, en Argentina encontramos una gran cantidad de familiares de esos argentinos que viven en Israel, generándose una corriente de cercanía que no se evidencia en otros países de la región iberoamericana.

Los datos oficiales nos señalan que, en los ataques del 7 de octubre, 17 ciudadanos argentinos fueron asesinados,¹ cifra que se ha ampliado a 25, y que al menos otros 21 fueron secuestrados y tomados como rehenes luego de los ataques, aunque la mayoría de ellos han sido liberados tras negociaciones entre las partes.

Así, puede entenderse cómo la existencia de una gran colectividad argentina en Israel (que es la más importante de habla hispana), la de argentinos con familiares y amigos en Israel, y el de contarse entre los heridos, asesinados y secuestrados a connacionales, llevó a que la postura de la sociedad y la del gobierno argentinos haya sido muy cercana a Israel.

A eso podríamos agregar el hecho de que los atentados terroristas que tuvieron lugar en Argentina en 1992 contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y contra el edificio de la principal organización judía argentina, la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), en 1994, que tuvieron un saldo de 29 y 85 muertos respectivamente, y que de acuerdo con las investigaciones judiciales fueron promovidos o realizados por el grupo terrorista Hezbollah y la República Islámica de Irán, hace que la opinión pública argentina esté mayoritariamente muy cerca de Israel.

Ése es el contexto a partir del cual deberíamos entender la postura argentina con respecto a los hechos del 7 de octubre. Ello explica la posición tan cercana a Israel que han tenido la casi totalidad de los medios de comunicación argentinos, que reflejan en última instancia la posición de la mayoría de la población del país.

Durante la segunda mitad de 2023, Argentina se encontró en medio de un tenso y largo, proceso preelectoral con elecciones en las provincias, en ambas cámaras del parlamento nacional y por la presidencia. Hubo elecciones primarias (13 de agosto), debates entre los cinco candidatos presidenciales (1 de octubre y 8 de octubre), primera vuelta de elecciones presidenciales (22 de octubre), debate entre los dos candidatos más votados (12 de noviembre) y segunda vuelta de elecciones presidenciales (19 de noviembre).

Como puede verse, tan sólo un día después de los ataques, los candidatos se enfrentaron en el segundo debate. Allí pudo verse cómo cuatro de ellos se solidarizaron con el Estado de Israel y condenaron las acciones de Hamas y la Yihad Islámica Palestina: Javier Milei (La Libertad Avanza); Sergio Massa (Unión por la Patria); Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) y Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País). Uno sólo de los candidatos, Myriam Bregman (Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad), omitió esa solidaridad con Israel y condenó al accionar de Hamas.

Durante el segundo debate presidencial, los dos candidatos más votados, Javier Milei y Sergio Massa, reafirmaron esa postura que habían manifestado con anterioridad. El candidato del oficialismo, Sergio Massa, incluso señaló que en caso de resultar electo incluiría al grupo Hamas dentro del listado de organizaciones terroristas del gobierno argentino.

Esas primeras semanas luego de los ataques del 7 de octubre y del inicio de las operaciones militares terrestres de Israel en la Franja de Gaza, el 27 de octubre, se vieron entrelazadas por el proceso electoral en Argentina donde la agenda doméstica estuvo centrada en la grave crisis económica por la que atraviesa el país, mientras que la agenda internacional, por este conflicto, donde los candidatos más votados, a excepción de la candidata de la izquierda, Myriam Bregman, que obtuvo el 2.69% de los votos, mostraron una cercanía muy clara a la posición israelí. Es interesante señalar que Bregman es descendiente de judíos alemanes que emigraron a Argentina a inicios del siglo XX, algo que en primer momento podría haber llevado a pensar una mayor cercanía con la posición israelí, aunque no fue el caso.

El día 10 de diciembre de 2023 Javier Milei asumió la presidencia de la República Argentina luego de vencer al candidato del oficialismo Sergio Massa.

Javier Milei, considerado un outsider de la política, un economista que obtuvo mucha visibilidad pública a partir de su participación activa en medios de comunicación, un discurso contrario a la clase política que él denomina “la casta”, que preconiza la reducción o desaparición del papel del Estado en la economía, hacia un liberalismo extremo y posturas muy cercanas a lo que podría denominarse la derecha neoconservadora. Desde 2021, Milei ganó un escaño en la Cámara de Diputados y, desde allí, la presidencia en 2023. Una carrera política meteórica.

En el ámbito internacional, tal vez una de las caracterís ticas más salientes haya sido una postura que él denomina cercana a los “países occidentales”, señalando particularmente a los Estados Unidos de América y al Estado de Israel.

Por otra parte, debemos señalar la cercanía que Milei ha manifestado con el judaísmo. De hecho, estudia la Torá orientado por un rabino, Shimon Axel Wahnish, y ha considerado la posibilidad avanzar en un proceso de conversión a esa religión.² Antes de las elecciones primarias y luego de resultar electo presidente, Milei visitó la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson en el cementerio judío de Montefiore, cerca de Nueva York, líder del movimiento jasídico Jabad Lubavitch.

Así, la identificación de Israel como un país occidental y su cercanía al judaísmo explican en gran parte su postura de política exterior, mucho más en un país como Argentina donde el poder ejecutivo es muy relevante en la toma de decisiones.

Argentina, lugar de una importante comunidad judía, así como de una muy numerosa comunidad árabe, descendientes de sirios y libaneses, siempre ha tenido una postura muy equilibrada frente al conflicto palestino-israelí.

El voto argentino fue de abstención ante la resolución 181, de noviembre de 1947, de la Asamblea General de Naciones Unidas donde se concretó el plan de partición de Palestina, un voto derivado de esa voluntad de mantenerse en una postura equidistante.³ Esa misma postura se ha mantenido a lo largo de las décadas, tomando en cuenta no sólo la existencia de comunidades árabes y judías en Argentina, sino el hecho objetivo de que Medio Oriente no es una prioridad de la política exterior del país.

Luego de los ataques del 7 de octubre, y siguiendo con esa posición tradicional, basada en la equidistancia, el respeto a los principios del derecho internacional y una solución pacífica y negociada centrada en la idea de dos Estados, Argentina votó en el ámbito de Naciones Unidas y se expresó oficialmente en esos términos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a través de un comunicado oficial,⁴ condenó los ataques del 7 de octubre, calificándolos de ataques terroristas; reconoció el derecho de Israel a su legítima defensa aunque señaló también que “nada justifica la violación del derecho internacional humanitario, y la obligación de proteger a la población civil en los conflictos armados, sin realizar distinción alguna”.

En el ámbito de Naciones Unidas, en el décimo periodo extraordinario de sesiones de emergencia que tuvo lugar desde el 26 de octubre de 2023, cuando la Asamblea General aprobó la resolución Protección de los civiles y cumplimiento de las obligaciones jurídicas y humanitarias,⁵ Argentina se sumó a los 120 países que votaron a favor de la resolución que llamaba “a una tregua humanitaria inmediata, durable y sostenida que lleve al cese de hostilidades, así como a la liberación inmediata e incondicional de todos los civiles conforme al derecho internacional que se encuentran ilegalmente cautivos”.⁶

El 12 de diciembre de 2023, cuando se reanudó el debate en la Asamblea General de Naciones Unidas, ya con una nueva administración presidencial liderada por Javier Milei desde el 10 de diciembre, al tratarse la resolución A/RES/ES-10/22 “Protección de los civiles y cumplimiento de las obligaciones jurídicas y humanitarias” (proyecto de resolución A/ES-10/L.27), la moción pidiendo un alto al fuego de carácter humanitario tuvo 153 votos positivos frente a 10 en contra y 23 abstenciones,⁷ dentro de las cuales estaba el voto argentino. Una modificación muy clara del voto que había tenido lugar a finales de octubre. Nueva administración, nueva política exterior. Fin de la continuidad.

Para señalar ese cambio el 6 de febrero de 2024, el presidente Milei realizó su primer viaje al exterior y visitó oficialmente el Estado de Israel, donde se reunió con el presidente, el primer ministro y otros altos funcionarios.

También formó parte de la delegación argentina el rabino Wahnish quien, como lo hemos señalado, asiste a Milei en su estudio de la Torá y ha sido designado embajador argentino ante Israel, cambiando una larga tradición de no nombrar a ciudadanos judíos en esa posición, iniciada luego del primer embajador argentino en Tel Aviv, Pablo Manguel, en 1949.

El presidente Milei también señaló dos puntos muy relevantes, que van más allá de su simpatía hacia Israel: su decisión de trasladar la embajada argentina a Jerusalén occidental y la inclusión del grupo Hamás en el listado de organizaciones terroristas, el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (REPET), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, creado por el Decreto núm. 489/2019. Ante esta declaración presidencial, el liderazgo de Hamás emitió un comunicado donde se señala: “Condenamos y deploramos enérgicamente el anuncio del presidente de Argentina sobre su intención de trasladar la embajada de su país en la entidad nazi-sionista (Israel) a Jerusalén”.⁸

El caso argentino demuestra de manera muy clara cómo las preferencias presidenciales, en un sistema político de fuerte presidencialismo, afectan de manera directa las decisiones de política exterior. Existe, en este sentido, el riesgo de confundir preferencias personales con intereses nacionales.

En el caso analizado, lo que se constata desde que asumiera la nueva administración es una modificación sustancial de la posición histórica de Argentina, dando lugar a una postura que se sitúa fuera del sistema de Naciones Unidas, en el caso de Jerusalén como capital del Estado de Israel y las fronteras previas a 1967.

Resta por ver si lo señalado por el presidente Milei terminará concretándose o será sólo un ejercicio de retórica. La existencia de temas muy urgentes en la política doméstica del país seguramente reducirá a un lugar secundario el tema del conflicto palestino-israelí en la agenda nacional.

Aunque puede argumentarse que una política orientada hacia al establecimiento de dos Estados resulta cada vez más lejana, lo cierto es que esa perspectiva choca con el renovado interés de Estados Unidos por ésta. Allí vemos una contradicción entre la postura argentina al respecto y la clara manifestación de cercanía con la política estadounidense. En este sentido, parecería que desde el sistema decisorio argentino se analiza la política exterior norteamericana como de una homogeneidad y continuidad que no se condice con la realidad.

En este sentido, es importante señalar que, para la política exterior argentina, una política amigable hacia el Estado de Israel siempre fue vista como una forma de acercarse a Estados Unidos, algo que posiblemente ya no sea tan automático como en el pasado, sino más bien dependiente de cada administración norteamericana e israelí.

En cuanto a la política israelí, también se evidencia una simplificación al apoyar sin reservas las medidas impulsadas por el primer ministro Benjamín Netanyahu sin considerar las crecientes críticas y voces disidentes existentes en el sistema político israelí.

Argentina podría señalar su apego al derecho internacional (humanitario, derecho a la legítima defensa), condenar la violencia indiscriminada sobre los civiles y el uso del terrorismo, enfatizar la protección de los rehenes y los connacionales y realizar un llamado al cese del fuego y a una negociación política, todo ello sin dejar de señalar reservas ante ciertas acciones de Israel.

Finalmente, la nueva administración argentina creemos que no ha sopesado de manera total el impacto que su decisión podría tener en otros ámbitos: en el sistema de Naciones Unidas, en temas de gran relevancia para el país, como el caso Malvinas, donde podrían perderse apoyos de Estados islámicos o árabes, o en las relaciones bilaterales con otros Estados más críticos hacia Israel. Argentina debe tener una postura soberana frente al conflicto, ello no se discute. Lo que debemos señalar es la importancia de considerar el impacto que tal postura podría tener en otros ámbitos.

La postura de los países de Iberoamérica en este conflicto señala, una vez más, la realidad de la ruptura de la unidad regional, aún en el caso del Mercosur. Muy lejano está 2010, cuando Argentina y Brasil reconocieron casi de manera conjunta a Palestina como un “Estado libre e independiente dentro de las fronteras definidas en 1967”.

Lo ocurrido en Argentina, aunque seguramente podría hacerse extensivo a otros países, refleja la necesidad de enfoques comprehensivos de carácter regional, antes que estrictamente bilaterales, en cuanto a considerar de manera holística el impacto que pueden tener las decisiones de política exterior hacia un Estado en las relaciones con otros. Lo que Argentina decida con respecto a Israel tendrá impacto en las relaciones de Argentina con otros países de Medio Oriente, sin que puedan mantenerse separados o en compartimentos estancos.

Ello, finalmente, nos lleva a señalar la necesidad de una mayor interacción con sectores académicos o analistas de centros de estudios con los decisores políticos, para evitar que algunas medidas dejen sin considerar todas las implicaciones o consecuencias a las que podrían dar lugar.