2024
LXIV2
Natalia Paola Ceppi nataliaceppi@gmail.com
Universidad Nacional de Rosario, Argentina
Sección especial: Latinoamérica ante la guerra contra Gaza
Bolivia frente al conflicto en Gaza: su voz por la cuestión de Palestina
Bolivia’s stance on the Gaza conflict: its voice on the question of Palestine
La Bolivie face au conflit à Gaza : sa voix sur la question de la Palestine
Natalia Paola Ceppi nataliaceppi@gmail.com
El ataque perpetrado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 y la consecuente ofensiva israelí marcaron el inicio de un nuevo capítulo en la extensa y compleja historia del conflicto en Gaza. Sin embargo, a diferencia de otras escaladas de violencia, ésta no es -ni será- una más. Con una arremetida sorpresa, Hamás asesinó, según fuentes oficiales de Tel Aviv, a 1200 personas, entre civiles y soldados, y secuestró a 240, poniendo en jaque el poderío de sus servicios de inteligencia. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró el “estado de guerra” y prometió una respuesta “sin precedentes”. Rápidamente, sus palabras se convirtieron en hechos. La campaña militar israelí ha sido descomunal. Casas, escuelas, hospitales y centros religiosos fueron arrasados, llevándose la vida de más de 22 000 palestinos, principalmente mujeres y niños. Hay alrededor de 2 millones de desplazados, hambruna y brotes de enfermedades contagiosas.1 El panorama es absolutamente desolador; reina la muerte y la destrucción.
Frente a los sucesos, no tardaron en aparecer distintas voces en la comunidad internacional. En el caso de Latinoamérica, el espejo devuelve una imagen fragmentada como característica básica, dado el juego de factores domésticos y externos involucrados en cada realidad estatal, distinguiéndose posicionamientos diversos que van desde el apoyo a Israel -con base en la legítima defensa-, la solidaridad con la causa palestina y la búsqueda por mantener cierta equidistancia.2
En este contexto variopinto, Bolivia se identifica claramente con una de las causas. En diversas instancias ha ratificado su apoyo irrestricto a una solución justa y duradera del conflicto en Gaza que le permita al pueblo palestino ejercer el derecho a la libre determinación y disponer de un Estado independiente y soberano con las fronteras anteriores a 1967, con Jerusalén oriental como su capital. La causa palestina no es una novedad en la agenda externa boliviana pero, sin lugar a duda, adquirió un matiz significativo y diferenciado en cuanto a su promoción internacional a partir del primer gobierno de Evo Morales, sufriendo un breve traspié durante el mandato interino de Jeanine Áñez.
Comprender el posicionamiento actual de Bolivia frente a la causa palestina implica necesariamente considerar el binomio continuidad-cambio que atravesó la política exterior desde el arribo del Movimiento al Socialismo (MAS) como uno de los principales exponentes del progresismo sudamericano del siglo XXI. En toda política exterior conviven criterios tradicionales y contingentes.3 Los primeros representan esas pautas -escritas o no- que han estado en el armado del quehacer internacional, independientemente de los cambios de gobierno. Aquí, como en la región en su conjunto, podría ubicarse, referenciando a González,4 “el piso común latinoamericano”, marcado por la defensa de una zona de paz, el respeto por los derechos humanos y el apego al derecho internacional. En cambio, los criterios contingentes aluden a las preferencias externas de la administración de turno, ya sea en materia de principios orientadores, la elección del esquema de socios a nivel bilateral o la relevancia asignada a los espacios multilaterales.
La cuestión de Palestina se nutre de ambos criterios. Desde el aspecto tradicional, su defensa posee un anclaje en lo jurídico, es decir, en el abrazo a las normas internacionales que rigen la convivencia global; normas que, además, sostienen gran parte de las resoluciones de Naciones Unidas sobre esta problemática. Desde lo contingente, la causa palestina se vincula con la redefinición doctrinaria de la política exterior llevada adelante por el MAS. Como parte del denominado eje bolivariano, sostiene postulados contrahegemónicos, críticos del capitalismo y promotores de relaciones externas complementarias y diversificadas, traduciéndose en el plano extrarregional en el acercamiento político-económico a países como China, Rusia e Irán. Asimismo, lo contingente también se plasma en la profundización de una mirada dicotómica del mundo y los vínculos, a saber, los Estados pequeños, débiles y tradicionalmente oprimidos frente el accionar de las grandes potencias, en particular, Estados Unidos y sus aliados estratégicos.
La reacción de Bolivia tras los sucesos del 7 de octubre se inscribe en un juego entre lo tradicional y lo contingente, y se reflejó en distintos planos profundamente vinculados entre sí: el discursivo, el multilateral y el bilateral.
En el plano discursivo sobresalen -sin ser los únicos- dos núcleos temáticos: por un lado, el cese el fuego y el llamado a la paz y, por el otro, la caracterización del conflicto y los actores implicados.5 Con respecto al primer núcleo, Bolivia ha reclamado de manera ferviente la necesidad de detener la violencia contra el pueblo palestino con miras a que se respeten los parámetros básicos del derecho internacional que ri gen los vínculos en el mundo. Desde el reconocimiento del Estado de Palestina en 2010, el gobierno boliviano ha aprovechado los diferentes espacios en Naciones Unidas para reafirmar de manera constante su apoyo a la causa y ha condenado enérgicamente el accionar de Israel. Tras el bombardeo al Hospital Al-Ahli en Gaza, la cancillería boliviana expresó que “como país pacifista, llama al diálogo y a las soluciones negociadas que respeten la vida y la paz […] los ataques a civiles, hospitales, clínicas y personal médico constituyen violaciones flagrantes al Derecho Internacional Humanitario”.6 Desde la perspectiva boliviana, una solución justa y duradera al conflicto está anclada en un multilateralismo que vele por el objetivo de los dos Estados, donde Naciones Unidas debe promover uno nuevo; que sea menos asimétrico y burocratizado y, al mismo tiempo, comprometido con las necesidades de las distintas regiones del planeta. Para Bolivia no es posible la paz entre Israel y Palestina sin el accionar de dicho organismo. Sin embargo, tampoco será posible bajo una dinámica de funcionamiento pensada para una arquitectura internacional de posguerra. El mensaje del representante de Bolivia ante Naciones Unidas fue directo: el Consejo de Seguridad debe ser “descolonizado”.7
En lo que implica el segundo núcleo discursivo, Bolivia definió a la causa palestina como “irrenunciable”. Es producto de una ocupación criminal que violenta el derecho internacional en general y el derecho humanitario en particular, y que se inscribe en un conflicto cuyas partes están en absoluta desigualdad. La cuestión de la asimetría entre los actores ocupa un lugar central en el hilo argumentativo sostenido por el país andino a lo largo del tiempo. Durante su participación como miembro no permanente del Consejo de Seguridad en el periodo 2017-2018, sus intervenciones estuvieron dirigidas a reforzar “quién es quién”, quién es el culpable y quién es la víctima. Para Bolivia sólo una de las partes es sinónimo de pueblo ocupado, que ha sido privado de sus derechos básicos fundamentales y es sometido a condiciones de barbarie. Sólo una [parte] sufre “la ocupación militar más prolongada del mundo moderno”.8 Por ello, luego de la ofensiva israelí, el gobierno de Arce afirmó, como en tantas ocasiones, que su país “estará siempre del lado correcto de la historia; estará del lado de los derechos del pueblo palestino”.9
Como contrapartida, Israel ha sido calificado, entre otras cuestiones, como “una potencia agresora” y “genocida” que comete crímenes de guerra y “adopta políticas de anexión”, gracias a la existencia de una cultura de impunidad por el víncu lo con Estados Unidos y su capacidad de veto en el Consejo de Seguridad. Esa mirada que aparece de manera reiterada en el ámbito internacional también se reproduce en el plano doméstico, ya sea por integrantes del ejecutivo o bien por funcionarios de Palestina. Para Mahmoud Elalwani, embajador de Palestina ante Bolivia, quien participa activamente en los medios de comunicación locales mediante entrevistas o columnas de opinión, el rol de Israel no se agota en ser una “potencia ocupante”, sino que no duda en ejercer un “castigo colectivo” sobre el pueblo palestino.10 El uso del veto por parte de Estados Unidos es “una nueva licencia para que Israel siga matando, destruyendo y desplazando al pueblo palestino de sus tierras […] esta política convierte a los socios de Israel en partícipes del crimen de genocidio, limpieza étnica y crímenes de guerra”.11
En el plano multilateral, el gobierno de Arce demostró un gran dinamismo frente a la causa de Palestina en las sesiones llevadas adelante en Naciones Unidas tras los sucesos de octubre. En este sentido, se destaca el apoyo brindado a: 1) el llamado a intensificar los esfuerzos materiales por parte de los Estados para hacer frente a la situación de emergencia de los refugiados de Palestina (resolución A/RES/78/74);12 2) la condena a los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental y en el Golán sirio ocupado (resolución A/RES/78/78);13 3) la exigencia de un alto el fuego inmediato que conduzca al cese de las hostilidades y la protección de las poblaciones civiles palestina e israelí (resolución A/RES/ES-10/21);14 4) el reconocimiento de la soberanía permanente del pueblo palestino en el territorio palestino ocupado sobre sus recursos naturales (resolución A/RES/78/170),15 5) la condena de la utilización de mercenarios contra los derechos humanos y el ejercicio de la libre determinación de los pueblos (resolución A/RES/78/191)16 y 6) el derecho del pueblo palestino a la libre determinación, incluido su derecho a un Estado independiente (resolución A/RES/78/192).17 A estas medidas deben sumarse -en paralelo- acciones en conjunto con otros Estados para el involucramiento de instancias judiciales internacionales. Bolivia acompañó a través de un comunicado oficial de la cancillería la demanda de Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), presentada el 29 de diciembre de 2023, sobre las violaciones de la Convención sobre el Genocidio contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza.
En el plano bilateral, a diferencia de otros países latinoamericanos que respaldan la causa palestina, Bolivia fue un poco más allá y adoptó una medida radical. El 31 de octubre rompió los vínculos diplomáticos con Israel “en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva israelí que se realiza en la Franja de Gaza”, repitiendo así el modus operandi implementado en 2009. De hecho, el expresidente Evo Morales había calificado a Israel como “Estado terrorista” y, durante sus tres mandatos, ambos países carecieron de relaciones diplomáticas. El contacto se retomó en 2019 durante la presidencia interina de Áñez, aunque no con objetivos claros y concretos, sino como parte de su estrategia reactiva frente al conjunto de acciones implementas por el MAS en materia de política exterior.
Un día después de la ruptura, el gobierno de Arce autorizó el envío de 73 toneladas de ayuda humanitaria (alimentos y medicamentos) para asistir al pueblo palestino, en consonancia con los planteos efectuados ante Naciones Unidas.18
Ahora bien, la parálisis de la relación con Tel Aviv por la defensa de la bandera palestina requiere necesariamente considerar la carga ideológica de la política exterior, así como el proceso de fortalecimiento del eje La Paz-Teherán. Bolivia e Irán establecieron relaciones diplomáticas en 2007 y desde entonces ha recorrido un camino ascendente que ha involucrado visitas de funcionarios de primer nivel, créditos al gobierno boliviano, capacitación a técnicos de la petrolera estatal y comunicadores en Irán,19 y hasta la firma de un acuerdo de cooperación en materia de defensa en julio de 2023 que despertó inquietudes en varios países de la región, entre ellos, la República Argentina.20 Cabe recordar que, para la justicia argentina, existen indicios de los vínculos de funcionarios iraníes con los atentados terroristas perpetuados en Buenos Aires en la Embajada de Israel y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1992 y 1994, respectivamente.21
La escala de violencia que se reactivó con este nuevo capítulo en Gaza generó no sólo la pérdida de miles de vidas humanas y episodios de destrucción a su máximo esplendor, sino que sumó más complejidad al conflicto. La situación es literalmente insostenible. La posibilidad de que los actores encuentren una salida pacífica y negociada es -por ahora- una utopía. El proceso de devastación es severo. Los Estados vecinos poseen resistencia al tema de los refugiados y, a excepción de la presión internacional por el cese inmediato de hostilidades, cabe preguntarse si realmente existe un proyecto de reconstrucción y quién estará al frente. Debe agregarse que la extensión del conflicto en el tiempo y los brotes de extrema violencia retroalimentan de forma constante a uno y otro lado la imagen de enemigos eternos.
La comunidad internacional ha alzado la voz y los Estados latinoamericanos no han sido la excepción. Hay un “piso común” ligado a lo humanitario y al derecho internacional, aunque esto no se traduce en políticas coordinadas a nivel regional, sino en la existencia de algunos puntos de contacto entre distintos Estados. En otras palabras, este nuevo capítulo en Gaza encuentra, una vez más, a una Latinoamérica fragmentada. Dentro de este mosaico, Bolivia exhibe ciertas particularidades ya que, sin contar con diásporas de peso, como Chile con la comunidad palestina o Argentina con la judía, no apela a un juego equilibrista. El mensaje es claro; su posicionamiento es a favor de la causa palestina pero también es anti-Israel, siendo este último un aspecto distintivo desde su incursión en el eje bolivariano. Con la llegada del MAS, la bandera de Palestina adquirió nuevos ribetes. La trama discursiva y las acciones dejaron de anclarse sólo en lo jurídico, es decir, el núcleo tradicional de la política exterior, para nutrirse de postulados y principios doctrinarios de índole contrahegemónicos.
Por un lado, para Bolivia el tema está identificado con causas que le son propias. La cuestión palestina aparece reiteradamente ligada a categorías como “Estado pequeño”, “invasión”, “opresión”, “asimetría”, entre otras, las cuales, en ocasiones, han descrito la condición de Bolivia en la arena internacional o bien, en el vínculo con sus pares, ya sea en el plano regional o extrarregional. Por otro lado, cabe considerar que las medidas implementadas, tanto a nivel bilateral como en Naciones Unidas, no son parte de elecciones altruistas, sino que son ejecutadas en pos de objetivos previamente definidos en un determinado esquema de preferencias políticas. Este esquema es el que también direcciona la creación de alineamientos (o no) en el quehacer diplomático. No son datos menores la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, la tensión constante con Estados Unidos o el acercamiento político y económico con Irán, haciendo caso omiso a los reclamos internacionales por su extrema situación de vulnerabilidad en materia de derechos humanos.
