2026
LXVI1
01072024
01012025
Alan Fairlie Reinoso afairli@pucp.edu.pe
Pontificia Universidad Católica del Perú, Peru
Resumen: En sus 55 años de historia, la Comunidad Andina (CAN) ha atravesado periodos tanto de auge como de crisis. Este artículo examina las posibilidades y los desafíos de la reincorporación de Chile y Venezuela a la organización, tal como se planteó en la XXII Declaración del Consejo Presidencial Andino de 2022. El estudio emplea un enfoque conceptual y una metodología cualitativa, que combina el análisis crítico de fuentes secundarias con entrevistas semiestructuradas a actores clave, para evaluar los beneficios de la integración. Asimismo, analiza los flujos comerciales y algunos indicadores clave de intercambio entre los países miembros, la agenda comercial y no comercial reciente de la CAN y los posibles puntos de convergencia con las políticas de Chile y Venezuela. A partir de este análisis, se plantean posibles escenarios para la reincorporación de ambos países, tomando en cuenta la perspectiva de actores clave.
Palabras claves: Comunidad Andina (CAN), integración regional, Chile, Venezuela, escenarios regionales, agenda comercial y no comercial.
Abstract: Over its 55-year history, the Andean Community (CAN) has experienced periods of both growth and crisis. This article examines the possibilities and challenges of reintegrating Chile and Venezuela into the organization, as proposed in the XXII Declaration of the Andean Presidential Council in 2022. The study employs a conceptual approach and a qualitative methodology that combines critical analysis of secondary sources with semi-structured interviews with key stakeholders to assess the benefits of integration. It further explores trade flows and key exchange indicators among member countries, the CAN’s recent commercial and non-commercial agenda, and potential points of convergence with the policies of Chile and Venezuela. Drawing on this analysis, the study outlines possible scenarios for the reintegration of both countries, incorporating the perspectives of key stakeholders.
Keywords: Andean Community (CAN), regional integration, Chile, Venezuela, regional scenarios, commercial and non-commercial agenda.
Artículos
Posible ampliación de la CAN: algunos escenarios
Possible expansion of the CAN: some scenarios
Alan Fairlie Reinoso afairli@pucp.edu.pe
Received: 01 July 2024
Accepted: 01 January 2025
Published: 17 February 2025
La Comunidad Andina (CAN) ha tenido periodos de auge, pero también de crisis debido a diferencias en las estrategias de desarrollo e inserción internacional de los países miembros. Chile, uno de los fundadores, se retiró de la CAN en 1976 por incompatibilidad de sus políticas de apertura unilateral con la política comercial y económica que seguían los otros países en ese momento. Venezuela se retiró del bloque en 2006 por discrepancias con las políticas asumidas por Colombia y Perú, y la suscripción de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos (EE.UU.), que entraba en conflicto con la normativa comunitaria.
Hasta 1990 se desarrollaron políticas comunitarias de reconocimiento internacional, se protegió la producción interna de los países y se avanzó con el andamiaje que permitía el intercambio comercial. Años más tarde, en 1993, se eliminaron los aranceles y se formó una zona de libre comercio, donde también se liberalizaron los servicios.
En 1995, se adoptó un arancel externo común, que funcionó parcialmente durante 12 años, pero fue abandonado en 2007 tras la salida de Venezuela y la falta de acuerdo en políticas arancelarias comunes.1 En 1996, las reformas institucionales incluyeron un enfoque más político, ampliando los temas tratados, aunque la integración económica continuó siendo predominante. A pesar de los intentos de avanzar hacia un mercado común, la movilidad laboral y la libertad de establecimiento no han tenido éxito, y la circulación de capitales sigue estando regida por leyes nacionales.
En 2003, se incorporó la dimensión social por medio del Protocolo de Sucre, que reafirma la institucionalidad andina y el marco social, política externa y mercado común. Más adelante, 2010 fue un año muy importante, ya que se estableció la Agenda Estratégica Andina, con 12 ejes de trabajo: participación de los ciudadanos andinos por la integración; política exterior común; integración comercial; integración física y desarrollo de fronteras; desarrollo social; medio ambiente; turismo; seguridad; cultura; cooperación; integración energética y recursos naturales y desarrollo institucional.2
Entre 2015 y 2018 se llevó a cabo un proceso de “reingeniería” de la CAN, que incluyó el tratamiento de aspectos sociales de la integración, la profundización de la integración comercial, el abordaje de la interconexión eléctrica y la evaluación de la convergencia con otros mecanismos de integración 3 En 2019,4 se estableció una nueva agenda interna.
En junio de 2020, la CAN difundió su plan de trabajo frente a la emergencia sanitaria, que priorizó políticas orientadas a la facilitación del comercio intracomunitario, el impulso de la agenda digital andina, el comercio electrónico, la franja de precios, el sector agropecuario, las pymes y la asistencia humanitaria.
En 2021, se lograron dos hitos importantes: la aprobación del Régimen Común Específico de Protección de las Marcas País y la entrada en vigor del Estatuto Migratorio Andino.
Las Declaraciones del Consejo Presidencial Andino de 2020 y 2021 (XX y XXI, respectivamente) incluyeron nuevos temas, como medio ambiente, pymes, comercio, digitalización de trámites y fortalecimiento de cadenas regionales de valor. En la XXII Declaración de 2022, estos temas se ampliaron para incluir el impacto del conflicto en Ucrania, la seguridad alimentaria, el turismo y la lucha contra la minería ilegal. En esa misma reunión, los representantes de los países miembros discutieron la posible reintegración de Chile y Venezuela al bloque andino.
El presente documento analiza las agendas de la CAN y estos países en los diferentes ejes, identificando puntos de encuentro o divergencia. Toma en cuenta la percepción de actores clave de entre los actores involucrados. De esta forma, se plantean escenarios posibles de la eventual reincorporación de Chile y Venezuela.
La integración regional abarca dimensiones económicas, comerciales, políticas, sociales, culturales y ambientales. En sus análisis iniciales, la Cepal subrayó la importancia de la dimensión productiva, destacando las economías de escala y los beneficios de aprendizaje que ofrece el mercado regional. Esto permitiría una especialización productiva más avanzada y tecnológica, promoviendo una industrialización basada en la complementariedad productiva y el comercio intrarregional de bienes manufacturados. Se diversificaría la generación de divisas y se reduciría la dependencia de exportaciones primarias, contribuyendo a superar la restricción externa que limita el desarrollo regional.5
En la CAN se planteó un diseño estratégico para tratar de compatibilizar competitividad y desarrollo, impulsando temas más allá del comercio, integrando acuerdos como los TLC con EE.UU. al proceso andino y sudamericano. Los resultados evidenciaron conflictos entre acuerdos norte-sur (TLC) y sur-sur (CAN), con impactos no siempre favorables para la integración regional.6
En cualquier escenario, resulta imprescindible transformar los patrones de comercio para diversificar las canastas exportadoras y aumentar su valor agregado. Los países dependientes de productos básicos enfrentan inestabilidad en sus exportaciones, especialmente en un entorno cada vez más disruptivo, digitalizado y exigente en términos de sostenibilidad.7
La diversificación exportadora está asociada con mayores niveles de capital humano, apertura comercial, instituciones sólidas, un sector financiero desarrollado e infraestructura productiva y de transporte.8 En este contexto, la integración regional se posiciona como una estrategia crucial para diversificar la economía. La interconexión de mercados de bienes, servicios y factores productivos facilita el flujo de comercio, capital, energía, personas e ideas, lo que estimula el crecimiento económico, impulsa la innovación, mejora la productividad y genera eficiencia en los mercados. También permite compartir costos de bienes públicos e infraestructuras, y alinear políticas en sectores clave como educación y tecnología, fortaleciendo el proceso integrador.9
Boschma, Coenen, Frenken y Truffer,10 destacan la “trasplante” como una vía adicional de diversificación, consistente en adoptar bienes o servicios de países vecinos. Este enfoque abre oportunidades para desarrollar actividades complementarias, como formación de recursos humanos, aprovisionamiento, producción, logística y servicios postventa, fomentando la complementariedad productiva.
El Fondo Monetario Internacional11 y el Foro Económico Mundial12 coinciden en la importancia de alinear políticas basadas en factores determinantes de la diversificación: educación, apertura comercial, infraestructura y gobernanza.
La presente investigación emplea un enfoque cualitativo, centrado en la revisión de la literatura disponible en relación con la integración regional, las dinámicas comerciales y no comerciales de los países miembros de la CAN. A continuación, se realiza un análisis crítico de estas fuentes secundarias, para no sólo sistematizar trabajos sobre el objeto de estudio, sino también contribuir con nuevas perspectivas, tomando en cuenta la percepción de actores clave. Así, se busca construir escenarios posibles de la eventual reincorporación de Chile y Venezuela al seno de la CAN.
Para ello, se entrevistó a representantes del sector empresarial, político y académico de algunos países, seleccionados estratégicamente para incluir tanto a aquellos que ya forman parte como a los que podrían ingresar. Entre los entrevistados se consideraron representantes de cámaras de comercio, exfuncionarios de relaciones exteriores y académicos especializados en relaciones internacionales y economía. Este enfoque busca contrastar datos y políticas en curso con las visiones de actores clave, incluyendo posiciones oficiales y voces de oposición, para analizar los beneficios o costos potenciales de tales retornos. Sus opiniones ofrecen tanto una visión interna de los países estudiados como una perspectiva de su inserción externa, lo que permite obtener una comprensión más amplia del tema.
Los procesos de integración regionales han pasado por diferentes etapas de expansión y crisis, que no se deben sólo a sus esquemas y marcos institucionales sino a la estrategia de desarrollo en torno a la cual buscaron articularse, y también a las condiciones favorables o desfavorables que la coyuntura internacional definía.
Pese a los shocks externos, se han tenido avances en el proceso de integración regional. Según la Cepal,13 la CAN ha tenido un alto grado de liberalización del comercio de bienes, servicios, inversión extranjera y facilitación del comercio, así como de los mecanismos para la reducción de asimetrías.
En la misma línea, se ha impulsado el desarrollo de cadenas productivas transfronterizas, como los corredores de desarrollo productivo y el intercambio de experiencias entre productores en sectores clave para el comercio extrarregional. Durán,14 resaltó la importancia de incluir el enfoque de cadena de valor en la matriz insumo producto andina, para así identificar sectores con mayor vínculo productivo a nivel bilateral y subregional. Tello15 estimó diversos indicadores de las cadenas globales de valor (CGV) para los cuatro países miembros de la CAN y encontró que las CGV complejas aumentan las etapas del proceso productivo y, por consiguiente, generan mayores puestos de trabajo directo formal.
Fairlie16 analiza la política industrial en el Perú y los eslabonamientos de su industria entre 1990 y 2000, mientras que Moncarza, Flores, Villano y Vaillant17 abordan los determinantes de los niveles de integración regional en las últimas dos décadas. Estos últimos identifican altos costos de comercio regional en Latinoamérica, asociados con la limitada conectividad y la dispersa geografía de la región.
En la CAN hay logros significativos en diversas áreas. Se ha implementado el sistema andino de calidad, se han coordinado políticas en sanidad agropecuaria, salud humana y propiedad intelectual. La movilidad de personas ha mejorado notablemente, utilizando la Tarjeta Andina de Migraciones.18
La Agenda Digital Andina, presentada en abril de 2022, constituye otro hito importante. Sus ejes incluyen gobierno y transformación digital, infraestructura y conectividad, talento digital, economía digital y nuevas tecnologías para el desa rrollo sostenible. Además, se ha establecido un marco regulatorio para la interconexión subregional del sistema eléctrico y el intercambio de electricidad, junto con el lanzamiento del Satélite Andino SES-10.19
En telecomunicaciones, se han reducido los costos de roaming, estableciendo tarifas locales entre los países miembros. También se implementó el Proyecto de Interoperabilidad Comunitaria (Intercom), que facilita el intercambio de información aduanera y de comercio exterior, optimizando los tiempos y costos para aduanas y operadores, y mejorando la eficiencia del comercio exterior.20
En la última década, debido a los impactos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, la sostenibilidad ha cobrado centralidad en la agenda política global. En este contexto, la CAN adoptó el Pacto Andino para la Defensa de la Naturaleza.21 Este compromiso se reforzó con la Declaración de los Países Miembros de la Comunidad Andina durante la 26.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, junto con la adopción de la Carta Ambiental Andina.22
En dicho documento, se reafirma el compromiso con el Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.23 Además, los países se comprometieron a implementar acciones para mitigar el cambio climático, actualizar las contribuciones determinadas a nivel nacional y priorizar la adaptación al cambio climático.
En particular, en los últimos años ha impulsado la creación de cadenas de valor verde, con el objetivo de promover prácticas industriales sostenibles y disminuir el impacto ambiental de las actividades productivas.24
La interconexión eléctrica recibió un impulso con la modificación de la Decisión 816 y la aprobación de reglamentos operativos y comerciales, estableciendo condiciones para transacciones internacionales de electricidad.25
A la par, la CAN ha avanzado significativamente en su agenda de relaciones exteriores. En este contexto, resulta relevante destacar que Colombia y Perú impulsaron activamente la liberalización comercial y la firma de acuerdos comerciales de tipo Norte-Sur, en comparación con Bolivia y Ecuador, que tenían otra visión. Aun así, bajo el enfoque del regionalismo abierto, la CAN ha llevado a cabo negociaciones con EE.UU., la Unión Europea (UE), el Mercosur y, más recientemente, con China. Perú es el país andino con el mayor número de acuerdos comerciales, seguido de Colombia.26
El esfuerzo de convergencia debe generar una plataforma para el desarrollo de cadenas regionales productivas más diversificadas y con mayor valor agregado, que fortalezca la competitividad de la región. Se identifican puntos de encuentro: acumulación de origen, facilitación de comercio, coherencia regulatoria, pymes, inversión, innovación, ventanillas únicas de comercio y promoción comercial; sin dejar de lado, la agenda pendiente de integración física.27
Se argumentó anteriormente que la integración regional promueve la diversificación productiva, la generación de productos con mayor valor agregado, así como economías de escala y procesos de aprendizaje que fortalecen dicho desarrollo. Asimismo, que es un proceso multidimensional.
Un primer análisis necesario es examinar las características del comercio de Chile y Venezuela con la CAN. Además, es fundamental identificar las convergencias y divergencias entre la agenda comunitaria no comercial y las políticas nacionales de cada país. Por último, resulta clave considerar las percepciones de actores representativos y, a partir de estos insumos, plantear posibles escenarios futuros. Aunque la evolución política reciente ha dificultado estas posibilidades, consideramos valioso este ejercicio prospectivo. Incluso en el peor de los casos, sería importante continuar trabajando de forma bilateral para fomentar la integración regional.
En 2023, las exportaciones totales de la CAN registraron una caída de 6.3%, debido a la disminución de los envíos tanto extrarregionales como intrarregionales. Este retroceso estuvo asociado a menores exportaciones hacia la región, EE.UU. (principalmente, petróleo de Ecuador y Colombia, y estaño de Bolivia), la UE y otras partes del mundo. Sin embargo, las exportaciones de Bolivia, Colombia y Perú a China mostraron un incremento. En cuanto al comercio con otros países de América Latina y el Caribe (ALC), éste se contrajo 12.3%, principalmente por la reducción de las exportaciones de gas natural de Bolivia a Argentina y Brasil.
El comercio en la CAN disminuyó 10.8%, influido por menores envíos de Bolivia a Ecuador y Perú (derivados de soja), así como de Perú a la región (preparaciones para animales a Ecuador, hierro a Bolivia y cobre a Colombia).
En la primera mitad de 2024, las exportaciones de la CAN experimentaron un crecimiento de 2.8%, impulsado por mayores envíos extrarregionales (+1.7%), liderados por Perú y Ecuador, y hacia ALC (+6.4%). No obstante, el comercio intrarregional volvió a descender (-2.9%), principalmente por menores exportaciones de soja de Bolivia a Colombia y Ecuador, y de preparaciones para animales de Perú a Ecuador.
La Comunidad Andina destinó a Chile el 3.52% de sus exportaciones totales, entre 2002 y 2021. A pesar de algunas fluctuaciones, se observa un aumento del 87% en las exportaciones entre 2002 y 2022.
Los principales productos enviados por la CAN son: combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación, minerales metálicos, escorias y cenizas. Véase la gráfica 1.
Por otro lado, las importaciones de la CAN desde Chile representan el 2.61%. Los combustibles minerales, frutas comestibles, el papel y cartón, y las preparaciones alimenticias figuran entre las principales partidas. Véase la gráfica 2.
Perú y Colombia, también forman parte de la Alianza del Pacífico junto con Chile. En ambos mecanismos de integración regional, se busca facilitar el comercio mediante una completa liberalización entre sus miembros y la digitalización de los procesos operativos y administrativos, como la implementación de Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCE) para mejorar la conectividad, entre otras agendas comunes.
Las exportaciones entre la CAN y Venezuela muestran una tendencia de crecimiento de 2002 a 2008, con una caída en 2009, para luego recuperarse un poco hasta 2012. La relación comercial cayó drásticamente desde 2013 (con el retiro de Venezuela), cuando antes el eje colombo-venezolano tuvo históricamente el mayor protagonismo comercial.
La CAN exporta hacia Venezuela productos como prendas y complementos de vestir, combustibles y aceites minerales, vehículos automóviles y demás vehículos terrestres, plástico y sus manufacturas, así como máquinas y artefactos mecánicos. Véase la gráfica 3.
En los últimos años, Venezuela ha estado aumentado sus importaciones extrarregionalas en productos como arroz, pastas, preparaciones y conservas de carne, que los países andinos podrían sustituir como proveedores. De hecho, ya ha habido un aumento de exportaciones desde Colombia y Chile hacia este país.
Las exportaciones hacia Venezuela constituyen sólo 3% de los que se exporta al mundo, un porcentaje de importaciones incluso menor de este país, con 1%. Esto podría comenzar a revertirse con su eventual retorno al CAN.
El cambio climático constituye una de las mayores crisis globales de nuestro tiempo, generando impactos irreversibles en la biodiversidad, los ecosistemas y la sociedad en su conjunto. En este contexto, la CAN ha adoptado la Carta Ambiental Andina, que busca promover un desarrollo sostenible y resi liente en la región, con especial énfasis en la conservación de la biodiversidad y la recuperación pospandemia.29 A continuación, analizaremos algunas de las políticas ambientales de Chile y Venezuela.
La conexión de Chile con Colombia y Perú cobra especial relevancia debido a su participación conjunta en la Alianza del Pacífico. En este contexto, se destaca la existencia del Grupo Técnico del Ambiente y Crecimiento Verde, cuyos objetivos coinciden en gran medida con los establecidos en la Carta Ambiental Andina. Promueve la sostenibilidad y busca fomentar un crecimiento verde mediante la colaboración estrecha con las autoridades competentes.
La minería es otro componente esencial de la agenda ambiental. Tanto Chile como la CAN han establecido limitaciones a la emisión y el uso del mercurio, parte de la conversión energética hacia fuentes renovables y el desarrollo sostenible. La lucha contra la minería ilegal y delitos conexos es un eje temático central de la Carta Ambiental Andina. También es preciso destacar el potencial de la región en cuanto a la minería de litio. Con Chile como miembro de la CAN, tres países de la región contarían con reservas de este mineral, convirtiéndolo en una fuente de energía crucial para el futuro. Esta posición estratégica colocaría a la CAN en las agendas ambientales globales.30
Otras normativas que comparten la visión del desarrollo sostenible son la Política Energética de Chile 2050 y el Plan Energético Nacional 2014-2025 para el caso de Perú. Ambos reconocen el uso excesivo de las energías fósiles como una de las principales causas de la elevada emisión de gases de efecto invernadero. En el pasado, se plantearon iniciativas como el anillo energético sudamericano, que buscaba la integración de gaseoductos entre Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela; sin embargo, este proyecto no llegó a concretarse.31
Los países andinos comparten el objetivo de desarrollar un plan estratégico integrado que optimice el uso de recursos energéticos limpios, clave para impulsar un futuro energético sostenible en la región.
En el año 2000, se hizo el esfuerzo para impulsar una estrategia de preservación ambiental y desarrollo sostenible, complementada por proyectos sobre biodiversidad regional, recursos genéticos y la relación entre comercio y medio ambiente. Venezuela adoptó el enfoque del ecosocialismo, implementando políticas orientadas al crecimiento socioeconómico y ambiental.
Ha tenido avances, como el compromiso asumido en la COP21 en 2015, cuando se estableció una ambiciosa meta de reducción de emisiones de 20% para 2030. Además, en 2016, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), automatizó la red hidrometereológica con el objetivo de tener una base histórica que permitiera conocer el récord del clima y la hidrología nacional. Esta búsqueda de acción presenta puntos concordantes con la agenda ambiental de la CAN.32
No obstante lo anterior, el mismo gobierno reconoce la existencia de desafíos que deben abordarse. Entre los más importantes se encuentran: fortalecer el monitoreo y control estadístico para una mejor evaluación de las políticas públicas ambientales; garantizar el acceso a una energía asequible, sostenible y segura para todos los ciudadanos, e incrementar y fortalecer las capacidades de las áreas de gestión ambiental.
Si bien los informes oficiales del gobierno venezolano destacan el progreso en el área, existen problemas. Entre 2016 y 2021, se registraron 199 derrames petroleros, causando un daño irreparable a la biodiversidad.33 A ello se suman los altos niveles de contaminación atmosférica asociados con la producción de petróleo. En la mayoría de los casos, no hay información suficiente sobre estos asuntos ambientales.
Aunque Venezuela participó activamente en iniciativas como el Anillo Energético Sudamericano, actualmente no hay reportes oficiales sobre sus planes de expansión eléctrica ni avances en energías renovables.34 Esto dificulta evaluar su compromiso con la agenda energética regional, que prioriza la interconexión eléctrica como eje de la integración andina. En consecuencia, podría generarse desconfianza y obstaculizar la colaboración entre los países miembros.35
Tras un proceso de reingeniería en 2019, la CAN aprobó una Nueva Hoja de Ruta que incluye ejes como la migración, el empoderamiento de la mujer, la política cultural y la participación social, y la identidad andina y la cultura. El eventual reingreso de Chile y Venezuela a la CAN implica analizar las similitudes entre sus planes en estas áreas.
En el siguiente cuadro 1, sistematizamos un análisis de la Secretaría General sobre las posibles implicaciones en estos rubros de un retorno de Chile.
Chile posee valiosa experiencia en la aplicación de un enfoque biocultural en la producción agropecuaria, así como en el desarrollo de programas rurales con identidad cultural.36 Representa un aporte para la CAN, considerando la existencia del Comité Andino de Asuntos Culturales, cuyo objetivo es contribuir a una mayor identidad andina mediante la revaloración del conocimiento y el patrimonio cultural regional.37
En el ámbito del arte y las industrias creativas, Chile ha desarrollado el Plan de Caracterización de Agentes Culturales, Artísticos y Patrimoniales, el Registro de Agentes Culturales y el Catastro Nacional de Espacios Culturales. Estos instrumentos podrían ser replicados en el bloque para promover la inclusión de poblaciones vulnerables y la revaloración de la cultura andina.
Los países latinoamericanos se enfrentan a un panorama migratorio complejo, marcado por crisis sociales, económicas y políticas. Por estas razones, se justifica la implementación de una agenda migratoria regional. En contraste, los ciudadanos andinos disfrutan de un ingreso libre a partir del “Pasaporte Andino”, que les asegura a estos viajeros una migración segura, ordenada y regular. Chile tiene tratados bilaterales con algunos socios y acuerdos en la Alianza del Pacífico.
La eventual reincorporación de Chile a la CAN abre la puerta a potenciales beneficios en materia de coordinación y profundización de las políticas migratorias regionales.
Veamos ahora el caso venezolano. En el siguiente cuadro 2, hemos sistematizado reciente trabajo de la CAN al respecto.
A partir de 2016, Venezuela experimentó la migración masiva de millones de sus ciudadanos. Esta crisis migratoria fue desencadenada por la severa recesión económica, la hiperinflación y la dificultad del gobierno para implementar políticas públicas efectivas para estabilizar la situación. Un país que antes era un importante destino para migrantes en la región se convirtió, repentinamente, en una nación emisora de refugiados y migrantes. Ello obligó a los países receptores, principalmente Colombia, Perú y Ecuador, a poner en marcha planes de contención y mecanismos de cooperación regional para gestionar el flujo migratorio. Sin embargo, estos esfuerzos resultaron insuficientes y cada país terminó enfrentando la crisis de manera distinta.
El Comité Andino de Autoridades Migratorias (CAAM) se reunió en una sola ocasión para abordar la situación, con el objetivo de delinear acciones para canalizar el flujo migratorio.38 Adicionalmente, surgieron iniciativas como los gabinetes binacionales y el Proceso de Quito, donde se discutieron posibles rutas de acción. No obstante, no pudieron alcanzarse acuerdos sustanciales, lo que impidió una respuesta conjunta y efectiva a la crisis.
A partir del 2017, países como Perú y Colombia implementaron mecanismos ad hoc para regularizar la situación de los ciudadanos venezolanos. Estos mecanismos, conocidos co mo Permiso Temporal de Permanencia (PTP), funcionaron como documentos de identidad temporal para los migrantes. En Ecuador, por su parte, se utilizó la normativa migratoria vigente, estableciendo en la Ley de Movilidad Humana la categoría de “ciudadano sudamericano”. En general, las respuestas a la crisis migratoria venezolana se han caracterizado por ser de corto plazo y provisionales, enfocadas en mitigar los problemas más inmediatos sin abordar la situación en su totalidad. Esto ha llevado al abandono de los objetivos establecidos en los espacios multilaterales.
La eventual reincorporación de Venezuela a la CAN implicaría, en teoría, el acceso al “Pasaporte Andino”, que permite la libre circulación de ciudadanos entre los países miembros. Sin embargo, esto dependerá de la voluntad de Venezuela para discutir y avanzar en la agenda migratoria regional, así como de la exigencia de este país para que se cumplan los objetivos establecidos. Además, será necesario evaluar costos, procesos y nuevas modalidades, lo que conllevaría la concesión de estas facilidades a la gran cantidad de migrantes venezolanos que ya residen en el Perú y en otros países de la CAN. De este modo, por su magnitud y la cantidad de países afectados, la crisis migratoria venezolana se presenta como un tema crucial para la discusión multilateral.
En cuanto a seguridad alimentaria, los avances y desafíos difieren en la región. El siguiente cuadro 3 sintetiza los principales hallazgos al respecto.
La inseguridad alimentaria es también una preocupación común para los Estados integrantes de la CAN. En el Perú, más de la mitad de la población se encuentra bajo esta condición. En 2020, el presidente Francisco Sagasti lanzó el programa Hambre Cero para promover la seguridad alimentaria en el Perú hacia 2030. Actualmente, el gobierno colabora con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en el Plan Estratégico 2023-2026, centrado en sistemas alimentarios sostenibles e integrando nutrición, resiliencia y empoderamiento de género. Y, en 2022, se reglamentó la Ley N° 31458 para apoyar las ollas comunes, estableciendo normas para su financiamiento, sostenibilidad y colaboración con gobiernos locales.39
En el caso de Colombia, hasta la cuarta parte de su población enfrenta inseguridad alimentaria.40 Desde 2022 el gobierno emitió decretos para prevenir el desperdicio de alimentos y se implementó un Plan Nacional Rural orientado a garantizar progresivamente su derecho a la alimentación. Asimismo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha fortalecido la Submesa de Alimentación Saludable y Sostenible, lo cual se ha reforzado por el PMA, que desde el 2021 lleva a cabo el Proyecto de Plan Estratégico para Colombia (2021-2024).41
Por su parte, Ecuador presenta una mejor situación relativa (sólo alcanza a 14% de la población).42 Implementó la Ley Orgánica de Alimentación Escolar, la Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria, el Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de Alimentación Escolar, entre otras normas.43 En la misma línea, entre 2017 y 2021 se ha prestado especial atención al sector agropecuario, el cual recibió un promedio anual de 581 millones de dólares,44 lo que fue complementado con el Plan Estratégico para el Ecuador (2023-2027), también impulsado por el PMA.45
Chile presenta una menor prevalencia de inseguridad alimentaria, equivalente al 18%.46 El Estado chileno ha puesto en marcha la Estrategia Nacional de Soberanía para la Seguridad Alimentaria. Este plan destaca la importancia de quienes producen los alimentos y promueve la sostenibilidad en los sistemas alimentarios.
En contraste, los últimos reportes de inseguridad alimentaria en Venezuela estiman que dicha problemática alcanza hasta a 82%.47 Michael Fakhri, Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación por el Consejo de Derechos Humanos,48 afirmó que las sanciones sectoriales han limitado los recursos del gobierno venezolano para implementar programas sociales y servicios básicos. Además, señaló que el hambre y la malnutrición afectan especialmente a grupos vulnerables como niños, mujeres, ancianos, personas con discapacidad y pueblos indígenas, y advirtió que la inseguridad alimentaria ha generado una emigración masiva hacia los países vecinos.
La seguridad alimentaria emerge como un eje catalizador clave para el alineamiento de políticas en la región andina, impulsando la integración regional en áreas críticas. Al abordar este eje como un objetivo común, los países pueden coordinar políticas en desarrollo humano, salud pública y sostenibilidad productiva, estableciendo un marco unificado que potencie la resiliencia de los sistemas agroalimentarios y fortalezca las cadenas de valor regionales. En este sentido, la seguridad alimentaria fomenta la convergencia de políticas estratégicas que consolidan la integración regional.
La digitalización tiene el potencial de elevar la productividad y mejorar los servicios públicos en América Latina y el Caribe. Si bien la región tuvo avances por la pandemia, aún enfrenta el reto de reducir la distancia que la separa de las economías avanzadas.49
En la CAN, tenemos la Agenda Digital Andina, una iniciativa estratégica desarrollada por el Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones (Caatel).50
Se promueven el gobierno y la transformación digitales mediante herramientas como la firma electrónica y los buzones ciudadanos, y fomenta la provisión de servicios transfronterizos digitales bajo estándares abiertos. Este eje incluye también políticas de ciberseguridad y la adopción de datos abiertos.
El pilar de infraestructura y conectividad se centra en establecer lineamientos comunes para una banda ancha regional que garantice velocidad y cobertura, en especial en zonas rurales y en la región amazónica. Asimismo, en el desarrollo de infraestructura de puntos de intercambio de Internet (IXP) para reducir los costos de acceso.
En cuanto al talento digital, la Agenda se enfoca en diseñar una estrategia para fomentar habilidades digitales que reduzcan las brechas de empleabilidad en sectores de tecnología avanzada.
El ámbito de la economía digital promueve la transformación de sectores económicos clave, con énfasis en la inclusión de minorías vulnerables y de pequeñas y medianas empresas (mipymes) en el ecosistema digital. Para ello, se impulsa un entorno regulatorio flexible que favorezca el crecimiento de startups y otros emprendimientos digitales de alto impacto.
Por último, el eje de nuevas tecnologías para el desarrollo sostenible destaca la importancia de impulsar proyectos regionales en inteligencia artificial, blockchain, internet de las cosas y ciencia de datos. Para facilitar su adopción, se trabaja en el desarrollo de marcos regulatorios que favorezcan su uso en sectores estratégicos.
Chile tiene la Agenda Digital 2020, orientada a reducir la desigualdad mediante el uso masivo de tecnologías, fomentar la conectividad y fortalecer los derechos de la ciudadanía en el entorno digital.
Entre las principales medidas, se incluyó la implementación de la fibra óptica austral para conectar a la región de Magallanes, y un marco normativo con estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la UE sobre la protección de datos personales. Además, se creó un portal de datos abiertos del Estado. Otro instrumento es el plan de Transformación Digital del Estado, orientado a optimizar los servicios ofrecidos a la ciudadanía mediante la digitalización de sus procedimientos administrativos.51
En Venezuela también se reconoce la importancia de avanzar hacia la digitalización, así como las oportunidades que esto ofrece para el Estado a través de la interoperabilidad. Con esto, se esperar mejorar la desburocratización y modernizar la gestión pública. Se ha brindado especial atención al Ministerio Popular de Transporte. Por otra parte, se espera crear bases de datos y portales públicos web que proporcionen información social, cultural, entre otros temas de interés público para la población. Finalmente, se tiene previsto promover el desarrollo de tecnologías “adecuadas a su realidad y saberes” desde el punto de vista sociocultural y ambiental.52
Es esencial seguir avanzando en una agenda digital que fortalezca la región. En este sentido, la Cepal53 establece líneas prioritarias para avanzar estratégicamente en políticas públicas a nivel regional. La primera, se orienta hacia una digitalización universal e inclusiva; la segunda, se centra en la transformación digital productiva y sostenible; la tercera, prioriza la transformación digital para el bienestar social; la cuarta está dirigida a la creación de nuevas alianzas digitales que fomenten la integración comercial, el desarrollo de un mercado digital regional y una cooperación efectiva entre los países.54
La integración regional puede fortalecer las capacidades digitales, promoviendo una transformación digital que responda a los desafíos contemporáneos y fortalezca la cohesión regional en América Latina y el Caribe.
Las industrias culturales en la región resaltan por su valor no sólo económico, sino también por su importancia en la consolidación de la identidad nacional.55 Entre los elementos compartidos destacan el uso de la creatividad, las artes y la cultura como materia prima; la conexión con los derechos de propiedad intelectual y su papel fundamental en una cadena de valor creativa.56 Abarcan las actividades artísticas tradicionales y las industrias culturales convencionales; las creaciones funcionales, nuevos medios y software. También incluyen las áreas de soporte para la creatividad como la investigación, el desarrollo y la innovación; la formación técnica especializada en actividades creativas; la gobernanza y los derechos de propiedad intelectual, además de la educación profesional creativa.
Este sector se caracteriza por su constante evolución y transformación acelerada, y es sumamente vulnerable a disrupciones en infraestructura y telecomunicaciones, lo que amenaza su continuidad operativa y pone en riesgo la seguridad de los trabajadores y de los inversores.57 En América Latina y el Caribe, las políticas en este ámbito han sido descoordinadas y, en ciertos casos, insuficientes.58
Según el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), es fundamental implementar acciones concretas para abordar de manera efectiva la alta concentración de mercado. Además, el consumo de bienes culturales muestra una relación positiva con el nivel de ingreso y educación, y el acceso a la creatividad y la cultura puede limitarse por factores socioeconómicos. Es crucial adoptar una visión integral y desarrollar estrategias que articulen los actores de los sectores del arte, la cultura, la tecnología y los negocios.
En el cuadro 5, se resumen las principales acciones emprendidas por la CAN, Chile y Venezuela.
En Bolivia, a este sector se le ha impulsado aprovechando su rica diversidad cultural y sus atractivos turísticos, lo que ha permitido fortalecer las industrias creativas y las expresiones artísticas locales. En Colombia, el establecimiento del “Sello Colombia Crea” ha sido una iniciativa clave para identificar y promocionar las artes, el patrimonio y la creatividad, complementada por incentivos tributarios dirigidos a apoyar los servicios artísticos, lo que ha fomentado el crecimiento de este sector. En Ecuador, el Plan Integral de Fomento a la Economía Naranja - Ecuador Creativo ha sido una acción relevante que ha beneficiado a artistas, artesanos y gestores culturales, creando un entorno favorable para el desarrollo de la industria cultural nacional. Además, en Perú se han logrado importantes avances en la producción cinematográfica por medio de la Ley de Apoyo al Cine, junto con la reciente aprobación de la Ley del Libro, que refuerza el apoyo al sector literario.59
Por su parte, Chile continuamente actualiza su Política Nacional de Cultura, la cual se rige por diversos principios: promoción de la diversidad cultural, democracia y participación cultural, patrimonio como bien público, reconocimiento cultural de los pueblos indígenas, libertad de creación y expresión, protección de derechos laborales, valoración social de creadores y cultores, y memorias.60
Las acciones gubernamentales se orientaron a la promoción de la economía creativa, la valoración de la diversidad cultural y la protección de los derechos laborales y de autor en el ámbito artístico. A su vez, busca fortalecer la educación artística y patrimonial, promover la interculturalidad, y asegurar la preservación del patrimonio cultural como un bien colectivo. Por último, a través de la colaboración intersectorial e interterritorial, se aspira a generar una ciudadanía crítica, informada y activa en la construcción de su identidad cultural.
Este sector ha sido especialmente considerado por el gobierno de Venezuela, que espera implementar una amplia variedad de políticas culturales desde la memoria histórica y la identidad nacional. Para ello, existe un sólido compromiso con fortalecer la sistematización de las experiencias de historia local, además de generar un amplio registro de memorias históricas y antropológicas. A su vez, se presentan iniciativas para fortalecer como herramientas la “venezolanidad” y la identidad cultural nacional. En este contexto, destaca la implementación de la Gran Misión Venezuela: Mi Patria Querida, un programa cuyo objetivo declarado es profundizar la revolución cultural mediante acciones relacionadas con el registro y la participación cultural, la economía creativa, la formación educativa, la infraestructura, la difusión internacional, el reconocimiento social y la protección del patrimonio.61
Venezuela podría desarrollar la economía naranja aprovechando su rica diversidad cultural y creativa, así como sus recursos humanos en áreas como música, cine, artes visuales, literatura y diseño. Mediante políticas públicas que fomenten la formación de emprendedores culturales y la creación de espacios de colaboración entre artistas y empresarios, podrían generarse nuevos modelos de negocio basados en la innovación cultural. La promoción de festivales, la recuperación y difusión de tradiciones locales y la implementación de incentivos fiscales para la producción cultural serían medidas clave para reactivar el sector.
El análisis se completa con la percepción de algunos actores clave, lo que presentamos a continuación.
Esta sección, presenta la percepción de actores clave sobre la posible reincorporación de Venezuela y Chile. Se consideran las perspectivas de cada país estudiado, así como de los socios del bloque.
A pesar de la complicada relación entre Colombia y Venezuela tras la salida de este último de la CAN, la situación evolucionó de manera favorable con la llegada de nuevos presidentes, lo que se ha enturbiado nuevamente con las elecciones de julio últimas. Pese a ello, hay elementos que podrían retomarse cuando las condiciones políticas mejoren.
El eventual reingreso de Venezuela a la CAN generó reacciones favorables tanto en el gobierno como en el sector empresarial y la oposición venezolanos. Esta sección analiza las perspectivas de cada uno de estos actores sobre las potenciales ventajas y desafíos que este proceso podría implicar.
Para el gobierno venezolano, el reingreso a la CAN representaría un marco institucional para consolidar el relanzamiento de las relaciones con Colombia. Esto implicaría no sólo un aumento del comercio y los ingresos, sino que también fortalecería la credibilidad internacional del país, incluso si se implementa de manera gradual o con ciertas condiciones. Asimismo, permitiría que Venezuela supere su aislamiento económico y optimice sus cadenas de suministro al sustituir proveedores distantes por empresas andinas.
Si bien este país ha superado la hiperinflación, la inflación sigue siendo muy alta y el salario mínimo se encuentra alrededor de siete u ocho dólares mensuales. A pesar de tales dificultades, el país ha experimentado un crecimiento o recuperación del nivel de la actividad económica.
El reingreso a la CAN revitalizaría un mercado tradicional del sector privado venezolano, facilitando el acceso a insumos y ampliando las oportunidades de exportación. Las empresas, especialmente las pymes, podrían reincorporarse a las ruedas de negocio de la región, superando las restricciones actuales. Al reemplazar importaciones lejanas por productos andinos, se reducirían costos y se fortalecerían las cadenas de valor regionales, en especial con Colombia (país con el que llegó a tener un intercambio bilateral de alrededor de 7000 millones de dólares).
Pero el contrabando ha tenido un papel importante en el aumento de la provisión de bienes en los mercados de la región, lo que plantea desafíos para una integración efectiva.
Para el empresariado y sectores políticos de oposición, el ingreso a la CAN era visto como una oportunidad para impulsar la “transición democrática” y la reactivación económica del país. En su percepción, este proceso presionaría al régimen a flexibilizar el trato a la inversión privada, tanto nacional como extranjera, de acuerdo con las normas comunitarias.
El sector privado venezolano, motor de la reciente reactivación económica, vislumbra en el reingreso a la CAN una oportunidad para atraer inversiones extranjeras complementarias a las nacionales. Las restricciones impuestas por las sanciones han limitado significativamente el acceso a financiamiento y mercados. La política económica del gobierno, aunque ha mostrado apertura en algunos aspectos, aún presenta obstáculos como las altas tasas de encaje, que limitan la disponibilidad de créditos. Si bien ha habido acercamientos con el sector privado y se han eliminado algunos controles de cambio y precios, la incertidumbre para la inversión privada sigue siendo alta. Un retorno a la CAN podría mitigar la incertidumbre jurídica para inversores, incentivando el retorno de capitales venezolanos y fomentando la llegada de nuevas inversiones andinas.
No obstante, lo más probable es que Venezuela busque un proceso de adhesión gradual (y solicite algunas excepciones temporales) a la normativa comunitaria, con el fin de proteger sectores sensibles y adaptarse a las nuevas regulaciones. Si bien muchos cuadros técnicos e intelectuales han migrado del país, generando una merma significativa de capital humano, Venezuela cuenta con experiencia previa valiosa en la normativa comunitaria, tanto en el sector público como en el privado.
Del mismo modo, el reingreso podría implicar mejores condiciones para sus migrantes en los países andinos (estaría sujeta al Estatuto Migratorio Andino), que establece la libre movilidad de personas. También, podría generar la oportunidad para fortalecer la coordinación de políticas migratorias a nivel regional, tanto en la CAN como en otros foros multilaterales. De hecho, la migración fue un tema central planteado por Chile y Colombia en la Cumbre de la Celac.
Del mismo modo, se espera que su reingreso contribuya a una mayor estabilidad e institucionalidad en el país. Algunos sectores políticos opositores evaluaban que, de presentarse una candidatura opositora unificada, ésta podría derrotar al gobierno de Maduro en las elecciones. Sin embargo, este escenario se complicó por la prohibición de participar a una de las principales candidatas opositoras, el cuestionable proceso electoral de julio pasado, así como por las sanciones comerciales y otras medidas que EE.UU. podría aplicar contra Venezuela (tras reconocer a Edmundo González como presidente).
Desde una perspectiva estrictamente comercial y económica, el sector privado en general no se opone a la integración comercial con la CAN. No obstante, es necesario perfeccionar la actual cadena de pagos, ya que hoy día se realizan triangulaciones de pagos en países como Panamá y se utilizan otros mecanismos financieros complejos. Para que la integración sea viable, deben establecerse garantías de pago sólidas.
Algunos sectores empresariales y políticos se oponen al ingreso de Venezuela, con el argumento de que su incorporación no sería adecuada debido a la naturaleza dictatorial del régimen venezolano, pues implicaría una legitimación de éste y una transgresión de los principios democráticos y de respeto a los derechos humanos que sustentan la CAN. Esto se ha complicado con las últimas elecciones presidenciales.
Por otro lado, representantes del sector empresarial y académico sostienen que el reingreso de Venezuela podría abrir una ventana de oportunidades para una transición democrática en el país. Argumentan que las medidas de aislamiento y sanciones aplicadas hasta ahora no han logrado los resultados esperados. Esta postura coincide con la expresada por algunos actores políticos y empresariales venezolanos. Dicha situación también genera preocupación ante la posibilidad de objeciones e, incluso, vetos que podrían llegar desde Ecuador y Perú para su retorno a la CAN.
Los socios de la CAN buscan evitar que el reingreso de Venezuela implique un retraso en el cumplimiento de los acuerdos vigentes. Esta inquietud se intensifica ante la eventualidad de un trato especial o diferenciado, similar al otorgado anteriormente a países de menor desarrollo relativo, como Ecuador y Bolivia. La falta de información precisa sobre el estado actual del aparato productivo, normativo y de los niveles de competitividad y productividad de Venezuela, afectados por la prolongada crisis que atraviesa, también genera incertidumbre.
Por lo tanto, es probable que Venezuela solicite un proceso de reingreso gradual y cuidadosamente planificado. Esta estrategia debería abarcar no sólo el ámbito comercial tradicional, sino también los nuevos temas de la agenda regional, como los establecidos en la carta ambiental para enfrentar el cambio climático, las energías renovables y la transformación digital. Facilitar el comercio, construir obras de infraestructura y desarrollar cadenas productivas regionales podrían ser pasos iniciales en este proceso. La dinámica de recomposición de las relaciones entre Colombia y Venezuela, que alguna vez fueron el eje económico y comercial de la CAN, también podría contribuir positivamente a la reintegración del país. En el siguiente cuadro 6 se resumen algunos hitos de ese proceso.
Si bien Chile ha mantenido una postura de asociado en la mayoría de los acuerdos regionales, a excepción de la Alianza del Pacífico, el plan de gobierno contemplaba un posible ingreso pleno al Mercosur. Aunque no se menciona explícitamente la CAN, hay una voluntad manifiesta de fortalecer la integración con los países vecinos.
El gobierno de Boric no ha modificado la política comercial histórica del país. El discurso enfatiza la relación entre integración y desarrollo, que no encuentra eco en la Alianza del Pacífico. En este sentido, la CAN aporta su carácter multidimensional y una institucionalidad resiliente.
La nueva agenda de la CAN también despierta interés, en especial en la seguridad alimentaria (tema en el que Chile busca consolidarse como potencia agrícola). La CAN le ofrece un mercado y un espacio para productos complementarios, más que competitivos, con su propia producción.
En el contexto de iniciativas de integración sudamericana, algunos sectores en Chile (incluso desde la oposición) ven el ingreso a la CAN como un componente funcional a este proceso.
Es importante destacar el estrechamiento de vínculos con Colombia, con quien Chile busca liderar los procesos de integración. La eventual adhesión de Chile a la CAN ha sido recibida favorablemente, y ya se habían producido diálogos y acercamientos previos durante la presidencia de Chile en el Parlamento Andino.
Chile manifiesta un particular interés en la integración energética, incluyendo la búsqueda de soluciones para el suministro de gas natural (más allá de Bolivia), la gestión de recursos hídricos (considerando el caso del Silala y el régimen no público del agua) y la seguridad alimentaria.
El sector de servicios es considerado estratégico, y el país ha experimentado un fuerte desarrollo en energías renovables. Otro tema relevante es la explotación de recursos clave, como el litio, donde Chile busca definir la mejor estrategia para su extracción.
Ciertamente, algunos de los temas mencionados, como la integración energética y la gestión de recursos hídricos, son sensibles en las relaciones con Perú y Bolivia, y habría que abordarlos de la mejor manera.
A diferencia del Mercosur, la CAN podría ofrecerle a Chile un escenario más propicio para ejercer un rol de liderazgo. Podría proporcionarle un ancla institucional para proyectar su agenda nacional y canalizar sus propuestas de fortalecimiento de la integración regional.
A diferencia del caso anterior, existe un consenso positivo sobre la incorporación de Chile a la CAN, fundamentado en diversas razones que mencionamos a continuación.
En primer lugar, la condición de Chile como economía abierta y pionera en acuerdos de libre comercio facilita su incorporación a la Zona de Libre Comercio Andina. Los acuerdos bilaterales y TLC existentes con sus vecinos andinos simplifican el proceso de adaptación. Sin embargo, la solicitud de otros países andinos para aplicar la cláusula de nación más favorecida podría representar un obstáculo.
El fortalecimiento de estos vínculos podría lograrse mediante el avance en la legislación comunitaria sobre inversiones, con el objetivo de elevar los estándares a niveles comparables con los establecidos en los TLC con países desarrollados. A pesar del limitado comercio intrarregional actual, las inversiones intrarregionales pueden desempeñar un papel fundamental en la integración.
Desde el punto de vista político, la integración de Chile a la CAN no presenta objeciones. Mantiene una estabilidad democrática, solidez institucional y prestigio internacional, factores que lo convierten en un activo para el bloque de integración.
La incorporación de Chile también podría generar sinergias con la Alianza del Pacífico, coordinando acciones con Perú y Colombia, y considerando la posible adhesión del Ecuador. Desde Chile, se considera que, comprometiéndose con la perspectiva de convergencia, el país puede actuar como un puente entre ambas iniciativas. Cabe destacar que, en los últimos tiempos, Chile ha dedicado gran parte de su atención al proceso constituyente, a los contenciosos con Bolivia y al perfeccionamiento del acuerdo con la UE, lo que ha implicado un cierto descuido de la integración regional. En este sentido, la adhesión a la CAN se presenta como una oportunidad para retomar este importante aspecto de la política exterior chilena.
Tanto la CAN como la Alianza del Pacífico han incorporado en sus agendas temas como el comercio electrónico, la agenda digital, el “enverdecimiento” de la economía, la economía azul, la protección de la biodiversidad, el tema migratorio y la seguridad alimentaria. En este sentido, podría avanzarse en la convergencia entre ambos bloques.
El triunfo de Lula en Brasil abría nuevas oportunidades para ello. Su propuesta de afianzar el Mercosur (debilitado por el cambio de gobierno en Argentina) y la Celac, así como la intención de cerrar el acuerdo Mercosur- UE, incluso la negociación o acercamiento con China, abren las puertas para construir agendas de convergencia que van más allá del ámbito regional.
La integración regional es multidimensional. En el plano comercial, tiene las ventajas de ampliación de mercados, economías de aprendizaje y de escala que permiten la diversificación productiva y exportadora. Hemos mostrado aquí la relación comercial de la CAN con Chile y Venezuela.
En la agenda no comercial, se han sistematizado las políticas de la CAN y los dos países. Se encuentran puntos de convergencia posible en algunos ejes, y dificultades o desafíos en otros, sobre todo por falta de suficiente información. Pero hay bases objetivas para una negociación, que puede efectuarse cuando las condiciones políticas mejoren.
El análisis de percepción de actores muestra las ventajas y desafíos que tienen para una eventual reincorporación. Hay un consenso positivo respecto a Chile, lo que no ocurre con Venezuela. No obstante, hay argumentos atendibles sobre ventajas potenciales para el país y la región, de un eventual retorno.
Los tiempos políticos actuales son complicados, pero consideramos que el ejercicio realizado puede ser útil, no sólo cuando se retome el tema en la CAN, sino para avanzar en ejes temáticos de las agendas que son comunes (más allá de la ideología de los gobiernos), aún si fuera de forma bilateral.
