Para avanzar con nuestra hipótesis del devenir populista en la comunicación kirchnerista consideramos al populismo, en línea con la propuesta de Laclau (2005), como “una lógica política”. Pero no hablamos de “la” lógica política por antonomasia (Arditi, 2007), sino que entendemos, como bien lo plantea Retamozo (2013), que se trata de una lógica que convive con otras (institucionalistas, movimientistas, etc.) con las que los gobiernos buscan tramitar sus políticas. Esto, por una parte, impide el abuso conceptual; por la otra, habilita un análisis que usufructúa de la utilidad comparativa del concepto. Presentamos, entonces, las perspectivas contrapuestas que consideramos mejor delineadas sobre este punto.

La primera es el análisis propuesto por Silvio Waisbord en su libro Vox Populista (2013). Allí, el autor recurre a la categoría de populismo para caracterizar las políticas de comunicación y las relaciones entre los gobiernos y los medios en la primera década del siglo XXI en América Latina. Este libro parte de un anhelo, que es una mayor democratización de la voz ciudadana y, en consecuencia, plantea un diagnóstico: “La descollante presencia de ‘los medios’ en el debate público es sintomática de dos procesos: la mediatización de la política y el retorno del populismo” (2013: 16). Si bien explica que no le atribuye al populismo “un sentido normativo determinado”, ni lo identifica “con el caudillismo, la demagogia o el personalismo”, Waisbord utiliza el concepto como si designara una ideología o un programa ideológico. Este planteo teórico e histórico deriva en la siguiente tesis:

“El populismo ofrece una visión estatista de los sistemas de medios destinada a fortalecer el poder comunicacional de la presidencia y fundada en la lógica “amigo/enemigo” como principio organizador. Esta postura es contraria al fortalecimiento de los medios y del periodismo como instituciones autónomas para el control de la acción presidencial y la mediación de la comunicación ciudadana. (2013: 29)”

Este libro es de 2013, por lo que podemos decir que, para el caso argentino, fue escrito con el “hecho populista” consumado. Por eso, la lógica que propone (exponiendo primero una matriz ideológica que explica las políticas adoptadas) es en realidad un recurso ex post-facto: se vuelve verosímil porque su reflexión se monta en sucesos conocidos, pero no puede en ningún caso mostrar la relación de causalidad que sostiene su argumento.

Por otra parte, Philip Kitzberger (2010, 2016) postula una visión diferente, a partir de haber estudiado la relación entre líderes políticos y medios de comunicación en perspectiva latinoamericana. Más allá de las diferencias entre las gestiones del giro a la izquierda, el autor considera que todas colocaron a los medios de comunicación en el centro de la escena política y cuestionaron su “neutralidad política” (Lodola y Kitzberger, 2017).

En su estudio comparativo el autor identifica un modelo común de lo que denomina activismo mediático en Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, que se caracteriza por tres dimensiones: a) una práctica generalizada de interpelar al público con discursos altamente ideológicos (que contienen marcos interpretativos clasistas o populistas) sobre medios y prensa; b) el despliegue de una variedad de formas y dispositivos de comunicación directa que exhiben mixturas variables de apelaciones políticas tradicionales con usos sofisticados y tecnocráticos de recursos mediáticos; c) la promoción de regulaciones en el ámbito de la comunicación a favor de un rol más activo del Estado y formas alternativas al mercado ^[1].

En el análisis de la relación entre medios y política, y en particular cuando se trata de gobiernos caracterizados o acusados de “populistas”, la pregunta por las condiciones pre-existentes es necesaria como contrapeso de explicaciones que, como es el caso de Waisbord, ponen el énfasis en la conformación ideológica de los líderes para dar cuenta del modo en que un gobierno afronta su relación con los medios de comunicación. A continuación veremos cómo estos contextos se articulan con prácticas comunicativas y posicionamientos y nos permiten dar cuenta del devenir populista.

Estas condiciones son al menos de dos tipos: a) de orden estructural de la mediatización es decir relativa a los tipos de medios y tecnologías de comunicación disponibles en una época determinada (Verón, [1991] 2004; Marcinkowski, 2014); y b) de orden institucional, es decir, relativas al tipo de relaciones que esos medios (en tanto que organizaciones y empresas) entablan con los actores del sistema político y viceversa (Hjarvard, 2013).

En cuanto al primer punto, el período de los tres gobiernos kirchneristas coincide con la aparición, divulgación y consolidación de las plataformas digitales como herramientas de comunicación política, pero en esos doce años las formas dominantes de comunicación fueron los –ahora- llamados “medios tradicionales”. Y, en términos generales, tanto Kirchner como Cristina Fernández fueron típicos casos de lo que Verón ([1984] 2001) llamó “la democracia audiovisual avanzada”. Fue en la televisión y en la televisación donde ambos encontraron –especialmente Cristina- su espacio predilecto de comunicación con la ciudadanía.

En cuanto a segundo punto, en Argentina el mapa comunicacional de medios masivos es un caso de concentración oligopólica (Becerra, 2015). Más específicamente, existe una historia de las relaciones entre medios y políticos desde el retorno de la democracia en 1983 (Sivak, 2015) marcada por la preeminencia, cada vez más fuerte, del holding Clarín, que presenta dos rasgos: por un lado, su tamaño lo convierte en un actor de peso con capacidad y voluntad de influencia política; por el otro, su propia estrategia de expansión económica lo vuelve particularmente sensible a los vaivenes gubernamentales.

La relación entre los gobiernos kirchneristas y Clarín, que hasta fines del año 2007 fue de mutua connivencia pragmática (O’Donnell, 2007; Mochofsky, 2011), se tensionó hasta la ruptura a lo largo del año 2008, en el llamado “conflicto del campo” ^[2]. Ese acontecimiento produjo dos efectos simultáneos: decidió al gobierno de Cristina Fernández a impulsar una política de comunicación que transformara la estructura propietaria del sistema de medios y a darle forma a una nueva estrategia de mediatización de la figura presidencial. En cuanto al primer cambio, el hecho emblemático fue la sanción en 2009, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ^[3]. Sobre la consolidación de una nueva forma de escenificación televisiva de la figura de Cristina vamos a detenernos en el punto siguiente.

A partir del “conflicto del campo” el gobierno de Cristina Fernández rehízo la estrategia de mediatización del discurso presidencial, que con el tiempo se consolidaría con el uso sistemático y periódico de la Cadena Nacional de Radiodifusión (Cingolani, 2012). En este sentido, “a la agudización de la relación adversativa con el periodismo le correspondió un reforzamiento de la centralidad de la figura presidencial en la televisión” (Fernández, 2014: 44).

En este punto existen diferencias entre los dos períodos de gobiernos kirchneristas (2003-2007/2007-2015). Si bien la estrategia de mediatización durante el gobierno de Kirchner no fue innovadora ^[4], casi desde el inicio de su mandato en 2003 había cuestionado la función mediadora y la impostura prescindente del periodismo ^[5], denunciando simpatías encubiertas o directamente el activismo político de las instituciones de medios y criticando la presión por marcar temas de agenda (Vincent, 2011).

Estos rasgos se radicalizaron a partir de 2008 (Kitzberger, 2011). Cristina Fernández no sólo sistematizó y regularizó esas críticas, sino que, haciendo un uso regular de la Cadena Nacional de Radiodifusión, estabilizó el intento por establecer una comunicación “directa” con la ciudadanía, no mediada por el periodismo. Desde entonces y hasta finales de su mandato, la mandataria utilizó un centenar de veces este recurso. Comparado con sus antecesores desde el retorno de la democracia en 1983, resulta un número sorprendente; y considerando la regulación que pesa sobre esta prerrogativa del Ejecutivo ^[6], implica, al menos formalmente, una suerte de institucionalización o normalización de la excepcionalidad.

Por otra parte, Cristina desplegó una variedad de modalidades de puesta en escena de sus discursos cuyo común denominador fue la centralidad de su figura. Aquella que mejor expresó el devenir populista del que hablamos es la que Fernández (2017) denominó “ceremonia partisana”, caracterizada por la televisación del encuentro entre la líder y los colectivos militantes de su espacio político. Esa modalidad sintetizó de manera perfecta este devenir, que Casullo (2014) define como una práctica política estructurada por a) un público movilizado alrededor de un liderazgo personal; b) un líder carismático, c) involucrados ambos en prácticas de movilización colectivas y antagonistas.

Convendría, de todas formas, situar esta estrategia de mediatización en el contexto de las transformaciones de las relaciones del sistema político y sus entornos. Así, tanto como a un rasgo populista esta estrategia puede asociarse con las modernas tácticas de campaña permanente adoptadas por la comunicación política (Helms, 2008).

Así como las condiciones preexistentes y las prácticas de comunicación política de los líderes kirchneristas son importantes para este análisis, en la dimensión discursiva el devenir populista en relación con los medios tomó una forma contundente. En este plano, la configuración de una identidad y una mirada antagonista cobraron fuerza, impulsadas por distintos acontecimientos entre los que el “conflicto del campo” constituyó un punto de quiebre.

Como quedó planteado, las intervenciones públicas de Cristina Fernández y Néstor Kirchner y su vínculo con los medios de comunicación presentaron dos invariantes: la modalización litigiosa de la comunicación política y las prácticas de comunicación política que buscaron evitar esa intermediación. Ahora bien, ¿fue esto solo un modo de relacionarse con los medios públicamente? ¿O también una manera de comprenderlos y actuar sobre ellos modificando sus condiciones de existencia? Aunque parezca contradictorio, a ambas preguntas respondemos afirmativamente. Esto es, justamente, porque el populismo (o las políticas populistas) se ha ido conformando al compás de los acontecimientos históricos y las dinámicas de poder propias de la coyuntura.

No desconocemos que la tradición política en la que se inscriben estos liderazgos es el peronismo y que algunos autores encuentran allí un antecedente populista del vínculo con la prensa (Vincent, 2017). No obstante, la explicación exclusiva en torno a este alineamiento -que a nuestro juicio fue paulatino y no solo programático- nos resulta insuficiente. Como plantea Dagatti cuando analiza los discursos de Kirchner, el encasillamiento de sus intervenciones como populistas ha dejado de lado un campo de significaciones interesante, concentrado en construir credibilidad y legitimidad democrática.

En esta escena compleja, las alocuciones de Kirchner fueron abonando de a poco un terreno cuestionador del rol de los medios de comunicación. Lanzaron diatribas hacia el periodismo y hacia sus condiciones de producción discursivas que sentaron las bases de una visión dicotómica del espacio público. Los medios de comunicación fueron asumiendo el lugar de “opositores” políticos, produciéndose una tendencia hacia un doble alineamiento entre los medios masivos privados como oposición y los medios estatales o privados ligados a la gestión, como apoyo a los gobiernos (de Diego, 2015).

Esta confrontación discursiva fue el puntapié para el despliegue de una concepción particular sobre la comunicación política y los medios ^[7]. Kirchner tuvo en el periodismo un contendiente privilegiado, al punto de que en casi dos tercios de sus alocuciones mencionó -en la mayoría de los casos para cuestionar su desempeño- al periodismo (Vincent, 2011). Vimos así cómo se fue arrastrando al periodismo a la contienda política, o mejor dicho, por mostrar que éste ya estaba jugando ese juego, y por lo tanto, un intento persistente por blanquear esa intrusión ^[8].

Durante la presidencia de Cristina, la concepción de los medios como adversarios del Gobierno se tornó más firme y profunda, deviniendo en una “ofensiva contrahegemónica” (o intento sistemático de cuestionar públicamente el lugar de enunciación de los grandes medios privados) (Kitzberger, 2011). Durante el conflicto entre su gobierno y el sector agropecuario, el discurso presidencial ubicó a los grandes medios como los defensores de los capitales concentrados, trazando allí una frontera simbólica entre aquellos sectores desestabilizadores y los defensores de orden político imperante. Dos años más tarde –solo por tomar un ejemplo-, esta interpretación se plasmó en la identificación de dos países: un “país real” el de la administración y los progresos y el “país virtual o mediático” “en el cual suceden cosas horribles, en donde nada está bien, en donde todo está mal” (Fernández, C. 1/3/2010).

De allí que el trasfondo de los enfrentamientos públicos entre el Gobierno de Cristina y las empresas de medios (en particular, Clarín) puede leerse como una contienda institucional: lo que se puso en disputa fueron los lugares instituidos de enunciación pública. Y esto es cierto incluso cuando la virulencia de la confrontación se explica, sobre todo, porque el Gobierno intentó alterar la estructura de propiedad de un grupo empresarial, sino la dinámica de relaciones entre los medios, los actores del sistema político y la ciudadanía ^[9].