Artículos
Recepción: 12 Diciembre 2019
Aprobación: 07 Mayo 2021
DOI: https://doi.org/10.29092/uacm.v18i46.847
Resumen: A partir de los datos de un índice considerado minimalista -Freedom in The World de Freedom House-, uno declarado sustantivo -The Economist Intelligence Unit Democracy Index- y otro propuesto como maximalista -Índice de Desarrollo Democrático de América Latina, IDD-Lat-, este trabajo describe el estado y evolución de la democracia en América Latina entre 2000 y 2018. Los resultados confirman la tendencia hacia mayores déficits tanto en lo mínimo como en lo sustantivo o significativo, y que en la región coexisten algunas de las democracias más duraderas con una dictadura de guerra fría, dos nuevos autoritarismos y en medio, diversos grados de fragilidad y vulnerabilidad democráticas.
Palabras clave: Democracia latinoamericana, autoritarismo en América Latina, democracia mínima, democracia sustantiva, democracia maximalista.
Abstract: This paper is about democracy in Latin America from year 2000 to 2018. The data used is minimalist -from Freedom House’s Freedom in The World-, as well as thick or wider -from The Economist Intelligence Unit Democracy Index- and even maximalist -from Índice de Desarrollo Democrático de América Latina, IDD-Lat-. Findings confirm declining tendencies for most of the features measured. It also shows that some of the most enduring democracies in the region coexisted with a dictatorship from the Cold-War era, with a couple of new authoritarian regimes and that in between, there were diversity of fragile and vulnerable democracies.
Key words: Democracy in Latin America, authoritarianism in Latin America, minimalist democracy, thick/wider democracy, maximalist democracy.
Introducción
Este trabajo muestra el estado de la democracia en América Latina durante el periodo 2000-2018 con los datos de tres índices: 1) el de Freedom House, 2) el de The Economist, y 3) el Índice de Desarrollo Democrático de América Latina de la fundación Konrad Adenauer y la consultora Poli Lat.
El punto de partida es una definición empírica: en la democracia1 el procedimiento decisivo para determinar quiénes están autorizados para tomar las decisiones colectivas obligatorias, temporalmente y con límites, es la designación de los funcionarios para los cargos más importantes de control mediante competencia constitucionalmente establecida en elecciones periódicas, libres, plurales y no fraudulentas, con derecho a votar y ser votados para prácticamente todos los adultos tanto mujeres como varones, sin proscripciones importantes de candidatos o partidos. Las elecciones son democráticas cuando es posible que produzcan alternancias, por lo que es condición necesaria el derecho de los opositores a existir, organizarse para competir por los cargos, que sus triunfos sean reconocidos y los ciudadanos puedan cambiar a los gobiernos. Para ello, es crucial la lealtad de partidos, competidores y electores; es decir, que reconozcan los triunfos ajenos y las derrotas propias sin pretender llevar al poder o mantener indefinidamente en el poder a los correctos o bien, impedir que los incorrectos ganen (Huntington, 1989; Dahl, 1999 y 2002; Sartori, 1996 y 2006; Bobbio, 2007; O’Donnell, 2007; Del Águila, 2008; Morlino, 2009; Berlanga, 2010).
Los índices utilizados coinciden con este punto de partida; acorde con las teorías democráticas empíricas, también miden las libertades y los derechos necesarios para la existencia de la democracia. Ésta es un régimen cuando está institucionalizada; o sea, cuando las elecciones se realizan apegadas a las reglas constitucionales y tanto los individuos como los grupos ejercen sus derechos y libertades para participar en los procesos políticos en un futuro indeterminado. Participar incluye disentir, organizarse para protestar y oponerse al gobierno y a las ideologías mayoritarias dentro de los límites legales (O’Donnell, 2007).
Como se muestra, los índices 2 y 3 amplían el análisis de la democracia con mediciones sustantivas -2- y maximalistas -3-. Es decir, evalúan también su calidad: la transparencia y eficacia del gobierno, la participación de los ciudadanos y la cultura política -2-, así como la calidad institucional y la capacidad de procurar tanto eficiencia económica como políticas de bienestar para la sociedad -3-.
Las siguientes secciones muestran el estado de la democracia en América Latina y finalmente, se presentan las conclusiones.
Índice 1. Democracia mínima: derechos políticos y libertades civiles
Freedom House (FH) evalúa el progreso o la pérdida de los derechos políticos y las libertades civiles en el mundo. Su reporte anual más conocido es Freedom in the World (FITW).2 FH define democracia como un sistema político en el cual los líderes son electos libremente entre grupos e individuos competidores no designados por el gobierno, y libertad como actuar espontáneamente en diversas áreas fuera de su control y del de otros centros de dominación. Los derechos políticos permiten votar libremente en la elección de las autoridades entre distintas alternativas, competir por los cargos públicos y participar en los partidos y organizaciones políticas. Las libertades civiles son derechos para desarrollar puntos de vista e instituciones distintos a los del Estado; son las libertades de expresión, creencias, asociación y organización -ver FITW 2000-.
FH asigna puntuaciones de 1.0 -más libre- a 7.0 -menos libre-, resultado del promedio entre los derechos políticos3 y las libertades civiles,4 medidos en la escala 1 -mejor- a 7 -peor-. Después, clasifica los casos con promedios entre 1.0 a 2.5 como “libres”, “parcialmente libres” entre 3.0 a 5.0 y “no libres” entre 5.5 a 7.0.5
Para FH una democracia es sólo electoral cuando se permite elegir a los líderes en elecciones no controladas por el gobierno, sin dominio apabullante de un partido o movimiento en varias elecciones, y poderes no electos no poseen autoridad significativa para tomar las decisiones.6 Por otra parte, clasifica como libres -no es perfección ni ausencia de problemas graves- a las democracias que además de ser electorales, son también liberales por la presencia sustantiva de las libertades civiles. Así, algunos casos parcialmente libres son las democracias electorales en que se pierden libertades o las transiciones incompletas a la democracia liberal.7 El resto, en frontera con los casos no libres, son los sistemas de partido dominante, los semi autoritarismos y los Estados híbridos con fachada de competencia sin que el poder esté realmente en juego -ver FITW 2001 y 2005-.
Clasifico 21 países latinoamericanos durante el periodo 2000-2018 de la siguiente manera:
Fuente: base de datos propia elaborada con los datos de FH.
Entre 2000 y 2018, en primer lugar se encuentran los casos libres -48.37%-; en segundo, los parcialmente libres -43.60%- y en tercero, los no libres -7.01%-.8
Fuente: base de datos propia elaborada con los datos de FH.
La siguiente tabla muestra los promedios por indicador.
Fuente: base de datos propia elaborada con los datos de FH. Se excluye 2000.
P= puntuación; LC= libertades civiles; DP= derechos políticos; X=promedio Fuente: base de datos propia elaborada con los datos de FH. Se excluye 2000.
La tabla siguiente presenta, en orden descendente, el desempeño por país; en cursivas, los casos dentro del promedio regional por indicador.9 El grupo “libre” está integrado por Uruguay, Chile, Costa Rica, Belice, Panamá, Argentina, Brasil, República Dominicana, El Salvador y Perú; el “parcialmente libre”, por Ecuador, Paraguay, Colombia, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Venezuela; y el “no libre”, por Cuba. El promedio de Bolivia y México es entre “libre” y “parcialmente libre”, y el de Haití, entre “parcialmente libre” y “no libre”.
Fuente: base de datos propia elaborada con los datos de FH. Se excluye 2000. X=promedio
Con los datos de FH, entre 2000 y 2018 América Latina fue predominantemente “libre” -excepciones son el viejo autoritarismo en Cuba y los nuevos autoritarismos en Venezuela y Nicaragua- con tendencia a “parcialmente libre”; a partir de 2016, el promedio ya es de “parcialmente libre”.
Índice 2. Democracia sustantiva
The Economist Intelligence Unit-Democracy Index (EIU-DI) es publicado desde 2007.10 EIU-DI considera que las mediciones mínimas o minimalistas de la democracia centradas en las libertades políticas y civiles no abarcan características sustantivas de su calidad, por lo que busca ser un índice amplio o sustantivo,11 aunque no incluye niveles de bienestar dado que diversos resultados económicos y sociales pueden ser consistentes con la democracia política.
EIU-DI utiliza una escala de medición de 0 -peor- a 10 -mejor- con indicadores agrupados en cinco categorías; cada una es medida en la misma escala, y el índice asignado a cada caso es el promedio de las cinco. En la tabla siguiente se describen las categorías; 3, 4 y 5 son las sustantivas:
Síntesis propia con los índices de los años 2006 y 2008.
A partir de eso, EIU-DI clasifica los casos en cuatro tipos:
Síntesis propia con los índices de los años 2006 y 2015.
Clasifico los países latinoamericanos durante el periodo 2006-2018 de la siguiente manera:
Fuente: base de datos propia elaborada con los reportes del periodo 2006-2018.
Previsible, las categorías sustantivas -funcionamiento del gobierno, participación y cultura política- dificultan alcanzar el estatus democracia plena. Con los datos de FH, clasifico como libres a 48% de los casos entre 2000 y 2018; con los de EIU-DI, las democracias plenas o mayormente plenas fueron sólo 9% entre 2006 y 2018. Únicamente Uruguay tuvo democracia plena todo el periodo, seguido de cerca por Costa Rica; el resto de los países clasificados como libres todo el periodo fueron democracias incompletas para EIU-DI. Este índice también considera a Venezuela y Nicaragua casos con transiciones a regímenes no democráticos y al cubano, como el autoritarismo más longevo de la región.
Entre 2006 y 2018 la mayoría de los países tuvieron democracia incompleta -55%-. Los regímenes híbridos fueron 28%, y la proporción de democracias plenas y regímenes autoritarios fue muy parecida: 9% las primeras y 8% las segundas.
Fuente: base de datos propia elaborada con los reportes del periodo 2006-2018.
La tabla siguiente muestra los promedios con las categorías de EIU-DI. Proceso electoral con pluralismo y libertades civiles constituyen la democracia mínima; funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política, la sustantiva. “P” es la puntuación promedio de todas las categorías.
PEP= proceso electoral y pluralismo; LC= libertades civiles; FG= funcionamiento del gobierno; PP= participación política; CP= cultura política; P= promedio. Fuente: base de datos propia elaborada con los datos de EIU-DI.
Para EIU-DI, entre 2006 y 2018 predominaron las democracias incompletas debido a la brecha entre la democracia mínima y la sustantiva, con tendencias a la baja en la formal o mínima, así como en la categoría sustantiva funcionamiento del gobierno. La tendencia es moderadamente al alza en cultura y participación política.
Las siguientes tablas presentan el desempeño por países en orden descendente. En cursivas, los que superan el promedio. Las columnas de la democracia mínima “DM” y de la sustantiva “DS” muestran la brecha mencionada.
Fuente: base de datos propia elaborada con los reportes de EIU-DI. X= promedio
Fuente: base de datos propia elaborada con los reportes de EIU-DI. X= promedio
Con promedio de democracia plena, se encuentran Uruguay y Costa Rica; de incompletas, Chile, Panamá, Brasil, Argentina, México, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Perú y Paraguay; de régimen híbrido, Guatemala, Honduras, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Venezuela y Haití; de autoritarismo, Cuba.
Índice 3. Democracia maximalista
El objetivo del Índice de Desarrollo Democrático de América Latina (IDD-Lat) es medir el desarrollo de las democracias con parámetros propios y con las particularidades históricas, culturales, sociales y económicas de la región.12 IDD-Lat considera tanto los atributos formales del régimen democrático como los que dan cuenta de la democracia real, que es la que perciben y viven los ciudadanos. El cuadro siguiente sintetiza esa distinción:
Fuente: Índice de Desarrollo Democrático 2002
IDD-Lat mide el desarrollo o calidad de la democracia con cuatro dimensiones:
Fuente: Índice de Desarrollo Democrático 2002 e IDD-Lat 2016.
IDD-Lat tiene una concepción maximalista de la democracia: además de régimen y sistema político, la concibe como un ideal que persigue fines socialmente consensuados en torno a los cuales pueden diseñarse políticas y cursos de acción que tiendan a una mayor prosperidad y bienestar.13
Para medir, IDD-Lat pondera las dimensiones entre 0 -peor- y 10 -mejor-. El caso con mejor desempeño es óptimo y es usado como referente para el resto. Hasta el reporte del año 2008 -IDD-Lat 2009-, los países fueron clasificados como democracias de alto desarrollo con puntajes de más de 7.5; de desarrollo medio, de 4.51 a 7.5; y de bajo desarrollo, de 1.0 a 4.5. A partir del siguiente reporte, se conservan las primeras dos categorías, seguidas de los países de bajo desarrollo con puntajes entre 3.0 y 4.5; y los de desarrollo mínimo, entre 1.0 y 2.9.14
Clasifico el desarrollo democrático de América Latina durante el periodo 2001-2015 de la siguiente manera:
Fuente: base de datos propia elaborada con los IDD-Lat. X= promedio.
IDD-Lat coincide con FH y EIU-DI en que Cuba es un país sin democracia, por lo que no lo incluye. Con los datos de este índice, en América Latina entre 2001 y 2015 predominaron las democracias de bajo desarrollo -45.14%-, seguidas lejanamente por las de desarrollo medio -25.74%- y las de alto desarrollo -17.91%-; las de desarrollo mínimo son 11.19%.
Fuente: base de datos propia elaborada con los IDD-Lat. X= promedio
La siguiente tabla muestra los promedios anuales de la región:
IDD= índice de desarrollo democrático; DC= dimensión I “democracia de los ciudadanos”; DI= dimensión II “democracia de las instituciones”; DSH= dimensión III “democracia social y humana”; DE= dimensión IV “democracia económica”. Fuente: base de datos propia elaborada con los IDD-Lat. X= promedio.
Las siguientes tablas contienen las listas con el desarrollo democrático por país; en cursivas, los casos por encima del promedio:
Fuente: base de datos propia elaborada con los IDD-Lat. X= promedio
Fuente: base de datos propia elaborada con los IDD-Lat. X= promedio.
El grupo con promedio de alto desarrollo democrático está integrado por Chile, Uruguay y Costa Rica; el de desarrollo medio, por Panamá, México, Argentina y Perú; el de desarrollo bajo por El Salvador, Brasil, Colombia, Bolivia, Honduras, Paraguay, Ecuador y Nicaragua; y el de desarrollo mínimo, por República Dominicana, Guatemala y Venezuela. Como FH y EIU-DI, IDD-Lat coincide en una moderada tendencia a la baja de la democracia en América Latina.
La democracia latinoamericana 2000-2018
Durante los siglos XIX y XX las formas latinoamericanas más comunes de gobierno fueron diversos tipos de autoritarismos. Fue hasta los años ochenta y noventa del XX que la mayoría de los países transitaron hacia regímenes más democráticos (Emmerich, 2003; Alcántara y Freidenberg, 2006; Angell, 2008; Mainwaring y Pérez-Liñán, 2019). Con criterios mínimos, a fines del año 2000 sólo tres países -Cuba, Haití y Perú- carecían de democracia electoral. En 2010 se trataba de Cuba, Honduras y Venezuela. Pero hacia 2018 eran 5 -Cuba, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela-;15 además, los índices coinciden en una tendencia a la baja en los niveles democráticos regionales.
En las primeras dos décadas del siglo, América Latina presentó un panorama variopinto. Entre los países con los niveles más altos de democracia, Costa Rica tiene un historial de siete decenios16 gobernado por liberacionistas y demócrata cristianos hasta 2014, y por social demócratas desde entonces; todos los presidentes electos concluyeron sus periodos. En Chile, tras el retorno a la democracia en 1989, se alternaron periodos completos de demócrata cristianos, socialistas y derechistas moderados. En Uruguay, tras el fin de la dictadura cívico-militar en 1985 las alternancias fueron entre los partidos tradicionales; a partir de 2005, gobernaron izquierdistas de centro. En Panamá tras la caída en 1989 -por invasión estadunidense- del régimen militar instaurado en 1968, todos los presidentes concluyeron sus periodos. Belice es un caso particular; colonia inglesa hasta 1981, desde 1984 tiene una democracia parlamentaria bipartidista con alternancia de gobiernos de los dos principales partidos.
Hay otros casos de notable continuidad democrática hasta 2018, considerando la elección libre de gobiernos que además concluyen sus periodos. El más obvio es Colombia, con alternancias entre liberales y conservadores entre 1958 y 1998, y entre variantes de derecha a partir de entonces. En el Salvador, entre 1994 y 2009 gobernaron presidentes de la derechista Alianza Republicana Nacionalista, y hasta 2018, del exguerrillero Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. En México, desde la alternancia en el año 2000 gobernaron por elección democrática dos presidentes del Partido Acción Nacional y uno del Partido Revolucionario Institucional. A partir de 2018 el presidente, ex priista y ex miembro del Partido de la Revolución Democrática, es el fundador del actual partido gobernante Movimiento de Regeneración Nacional.
En el extremo opuesto se encuentra el régimen autoritario establecido en Cuba durante los años sesenta y setenta. La nueva Constitución -según cifras oficiales aprobada en referendo por 9 de cada diez votantes en febrero de 2019- insiste en una sola vía para que el ser humano alcance su “dignidad plena”, refrenda el sistema de partido único “martiano, fidelista, marxista y leninista”, la irrevocabilidad del “sistema socialista” y el control estatal de la actividad económica. Los derechos de pensamiento, conciencia, expresión, prensa, reunión, manifestación y asociación, están condicionados a los “fines de la sociedad” socialista. Todos los medios de comunicación en cualquier formato y soporte quedan nuevamente bajo control estatal. Siguen siendo electivos sólo los “órganos representativos”, es decir, únicamente los diputados de la Asamblea Nacional y los delegados de las Asambleas Municipales. Las libertades de discusión, crítica y “autocrítica” coexisten contradictoriamente con la subordinación obligatoria de la minoría ante la mayoría (Constitución de la República de Cuba).
Entre 1976 y 2008, Fidel Castro presidió tanto el Consejo de Estado como el Consejo de Ministros siendo presidente o jefe del Estado; había sido Primer Ministro entre 1959 y 1976. Ninguno de los cargos fue electivo; además, dirigió el partido único entre 1959 y 2011. Heredó los cargos a su hermano Raúl, quien los ejerció entre 2008 y 2018, y dirigió el partido único entre 2011 y 2021 (Ecured).
La vía del autoritarismo fue recientemente adoptada por los gobiernos de Venezuela y Nicaragua.17 En Venezuela en la elección de la Asamblea Nacional de diciembre de 2015 la Mesa de Unidad Democrática -MUD-, coalición opositora al bolivarianismo o chavismo gobernante, ganó la mayoría. El Tribunal Supremo de Justicia, integrado con jueces subordinados al gobierno, declaró en desacato a la Asamblea opositora; en marzo de 2017, la despojó de sus facultades. Mediante poderes concedidos por el Tribunal, en mayo el presidente Nicolás Maduro (2013-2019)18 convocó una Asamblea Nacional Constituyente integrada con oficialistas para sustituir al legislativo electo en 2015. En los comicios no libres de mayo de 2018 fueron prohibidos la MUD y el principal líder opositor,19 y la autoridad electoral avaló la previsible reelección de Maduro para el periodo 2019-2025.20 Las reformas impulsadas por Hugo Chávez, aprobadas mediante referendo en 2009, habían eliminado los límites constitucionales de la reelección.
En Nicaragua en 2006 Daniel Ortega, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, fue electo presidente por segunda vez para el periodo 2007-2012.21 De acuerdo con la Constitución, el cargo podía ser ejercido hasta dos veces. Su segunda reelección en 2011 fue posible porque la Suprema Corte de Justicia lo exentó en 2009 de ese límite, y su cuarto periodo (2017-2022) es consecuencia de que la Asamblea Nacional controlada por los sandinistas reformó la Constitución en 2014 para permitir la reelección indefinida.
Caso parecido es el de Evo Morales en Bolivia. La Constitución de 2009 establece que la reelección es por una vez (Constitución Política del Estado Boliviano). En 2015 las mayorías legislativas del presidente resolvieron que su primer periodo había sido de 2010 a 2015, no el que ejerció entre 2006-2010, y así pudo ser reelecto en 2014. En un referendo en 2016, Morales presentó su proyecto de reforma para la reelección indefinida. Aunque perdió, en 2018 el Tribunal Constitucional bajo su control falló que reelegirse sin límites es su derecho humano fundamental. Así participó en la elección de octubre de 2019 para un cuarto mandato (2020-2025), en la que fue declarado ganador entre protestas y violencia creciente por sospechas de fraude.
En Ecuador, Rafael Correa fue presidente en tres mandatos sucesivos: 2007-2009, 2009-2013 y 2013-2017. La Constitución permitía la reelección por una vez tras un mandato intermedio; la Asamblea Constituyente de 2007-2008 lo cambió por la inmediata por una vez. En diciembre de 2015, la Asamblea Nacional con mayoría favorable a Correa aprobó la reelección indefinida a partir de 2021, pero en un referendo en febrero de 2018 ganó la propuesta del presidente sucesor, Lenín Moreno, para eliminarla.
Dos casos más de reformas para prolongar mandatos de presidentes en funciones son del colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) y de Juan Orlando Hernández en Honduras. En 2004 en Colombia el Congreso aprobó la propuesta de Uribe para la reelección consecutiva; la reforma fue avalada en 2005 por la Corte Constitucional. En 2009 Uribe promovió un referendo para poder ser reelecto nuevamente en 2010, pero la Corte rechazó que fuera realizado. En Honduras, en 2015 la Sala Constitucional controlada por el presidente declaró inaplicable para Hernández la prohibición de la reelección inmediata; así, aunque debería haber esperado al menos un periodo para postularse otra vez, fue declarado ganador de las elecciones de 2017. Al menos los dos primeros años de su segundo mandato transcurrieron entre protestas exigiendo su renuncia.
Entre la perdurabilidad del autoritarismo en Cuba y los países con más continuidad democrática hay también casos con problemas y crisis graves resueltos constitucionalmente. En Argentina en 2001 el presidente De La Rúa renunció en medio de severa crisis económica y violentas protestas. El periodo fue completado, con aprobación del Congreso, por Eduardo Duhalde. Después, transcurrieron tres mandatos kirchneristas y uno opuesto al kirchnerismo. En Brasil, desde 1995 todos los presidentes concluyeron sus periodos hasta la destitución por impeachment de Dilma Rousseff en 2016; por juicio político en 2012 fue destituido Fernando Lugo en Paraguay. En ambos países, los vicepresidentes concluyeron los periodos. En Guatemala en 2015, Otto Pérez y la vicepresidenta renunciaron acusados por corrupción. El Congreso designó un vicepresidente, quien concluyó el periodo; ningún mandatario había dejado el cargo prematuramente desde 1996. Había sido igual en Perú desde la destitución de Fujimori en 2000, hasta que el presidente Kuczynski renunció en 2018 acusado por corrupción; también asumió el vicepresidente.
En el periodo analizado, varios países han sufrido inestabilidad, crisis recurrentes y a las fuerzas que las promueven sistemáticamente. Bolivia es ilustrativo. Gonzalo Sánchez, electo en 2002, renunció en 2003 por la crisis económica y sangrientos choques entre fuerzas del orden y grupos insurrectos. El vicepresidente asumió, pero renunció en 2005 en un clima de bloqueos, huelgas y protestas violentas, dejando el último año de ejercicio en manos del presidente de la Corte Suprema. En noviembre de 2019, el presidente Evo Morales abandonó su cargo y el país cuando las fuerzas armadas y la policía nacional le pidieron renunciar después que la Organización de Estados Americanos afirmó encontrar irregularidades y manipulaciones graves en su reelección tres semanas antes. Los choques entre la policía, los opositores y los seguidores de Morales se recrudecieron tras su salida a México, cuyo gobierno le concedió un breve asilo.
En Haití, a la inestabilidad casi perenne colabora gran dificultad para tener comicios periódicos y creíbles. En 2004 no fueron celebradas las elecciones pues un golpe de Estado derrocó a Jean Bertrand Aristide; fue mandatario interino el presidente de la Suprema Corte hasta 2006. Entre 2015 y 2016, la segunda vuelta de la elección presidencial fue pospuesta varias veces debido, entre otros factores, a la violencia promovida por algunos candidatos. Los comicios se celebraron en abril de 2016, pero el resultado se anuló debido a irregularidades; hasta noviembre fue electo el nuevo presidente.
El golpismo del siglo XXI inició en enero de 2000 cuando fue derrocado en Ecuador Jamil Mahuad por opositores respaldados por las fuerzas armadas en medio de una crisis financiera. El ejército decidió no participar en un gobierno opositor, por lo que el vicepresidente concluyó el periodo. En 2005 Lucio Gutiérrez -partícipe del golpe cinco años antes- fue derrocado por opositores y militares, y luego destituido por el Congreso en un contexto de crisis y protestas violentas. El vicepresidente concluyó el periodo. En Honduras, un golpe cívico-militar contra Manuel Zelaya en 2009 fue la conclusión del conflicto por las reformas constitucionales impulsadas por el presidente que incluían instaurar la reelección. Y en Venezuela en 2002, Hugo Chávez fue depuesto durante cuatro días por militares que tomaron partido con opositores civiles -Chávez había participado en el primer golpe de 1992 contra Carlos Andrés Pérez-.
Conclusiones
Con los datos de FH, América Latina fue una región apenas libre con tendencia a parcialmente libre entre 2000-2018; este estatus es el caso a partir de 2016. Para EIU-DI, entre 2006 y 2018 predominó la democracia incompleta por incapacidad de mayores progresos en lo que le da significado debido a la brecha entre lo formal y lo sustantivo. Para IIDLat, entre 2001 y 2015 la región fue de bajo desarrollo democrático por carencias y limitaciones económicas y sociales estructurales.22 Excepto en participación y cultura política de EIU-DI, en general los indicadores de los índices coinciden en tendencias a la baja en el periodo analizado.
Para ilustrar los déficits en la democracia de la región, con los datos de FH el trabajo muestra cómo apenas la mayoría de los países -52%- estuvo dentro del promedio de derechos políticos, pero sólo 38% en el de libertades civiles. El índice más severo es IDD-Lat: únicamente la tercera parte superó el promedio en democracia de los ciudadanos. En cuanto a la calidad institucional, igualmente sólo la tercera parte de los países supera el promedio en democracia de las instituciones de IDD-Lat, y 45% la de funcionamiento del gobierno de EIU-DI.23 Los datos confirman que las naciones latinoamericanas han tenido severos problemas en lo económico y lo social. Con los de IDD-Lat, apenas la mitad de los países supera el promedio en democracia económica y únicamente 44% -8 países- el de democracia social y humana.24
Con todo, el panorama fue diverso. En un extremo se encuentran Costa Rica, Chile y Uruguay seguidos de cerca por Panamá, que han tenido los niveles democráticos formales más altos en América Latina -y algunos de los más altos en el mundo-; estos casos generalmente también mostraron los mejores desempeños en las dimensiones sustantivas y maximalistas -no se cuenta con estos datos para Belice-. En el extremo opuesto, se encuentra el autoritarismo perdurable en Cuba, los nuevos autoritarismos en Venezuela y Nicaragua, y la inestabilidad y fragilidad endémicas en Haití. Estos dos países y Cuba generalmente tuvieron algunos de los resultados más bajos tanto en lo formal como en los demás indicadores, en tanto que Venezuela tuvo niveles muy bajos en derechos políticos y civiles, con otros disparejos en los indicadores sustantivos y maximalistas.
Entre los extremos, en Colombia, El Salvador y México ninguno de los gobiernos electos democráticamente ha sido aún interrumpido o prolongado, indicador positivo de lo que llamo lealtad en la introducción. En Argentina, Brasil, Paraguay, Guatemala y Perú las interrupciones por crisis económicas, insurrección civil, destitución por corrupción o ejercicio indebido de funciones, fueron procesadas constitucionalmente. Lejos de la lealtad, Bolivia es recordatorio de fuerzas políticas y sociales que utilizan como sistema la desestabilización en su lucha por el poder. En el mismo sentido, en el periodo analizado no faltaron los golpistas -en Haití, Ecuador, Honduras y Venezuela-, aunque ninguno instauró un régimen militar o cívico militar duradero; incluso, el chavismo depuesto brevemente en 2002 es el que transitó al autoritarismo en Venezuela.
Es pertinente, para concluir, referirse a los casos de deslealtad en la prolongación de mandatos con reelección presidencial a modo. Los más notables -Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Honduras- tienen en común que fue más profunda, sin serles exclusiva, la erosión de la democracia mediante la captura y el debilitamiento de los Congresos, del Poder Judicial y de las autoridades electorales. La pérdida de derechos y libertades que muestran los índices se debieron a la histórica debilidad de las instituciones democráticas, pero también a otros factores. En este caso, se ha tratado de la concentración de poder en varios presidentes a costa del debilitamiento, colonización y destrucción de las instituciones de control, de la oposición, de la libertad de prensa y de las organizaciones independientes de la sociedad civil.25 Es innegable que eso ha contribuido sustancialmente a la pérdida de contrapesos, lo que dificulta aún más prevenir y castigar los abusos e impedir que los derechos y libertades sean vulnerados en esta región de por sí -con contadas excepciones- económicamente frágil, inequitativa, violenta, insegura, con endeble tradición de respeto a los derechos humanos, con larga historia de desdén al mejoramiento de la impartición de justicia y bajo acoso creciente del crimen organizado -véase IDD-Lat 2007, 2008, 2010 y 2012-.
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Notas
1. Gobiernan quienes son electos. Existe competencia. La oposición ejerce poder y es importante. Los derechos políticos son amplios y las elecciones son libres y justas.
2. Sistemas menos libres debido a corrupción política, violencia, discriminación, y porque influencias extranjeras o militares debilitan las libertades.
3, 4 y 5. Guerras civiles, intervencionismo militar, elecciones inequitativas o el predominio de un partido debilitan las libertades.
6. Gobiernan juntas militares, partidos únicos, teocracias, monarquías tradicionales o dictaduras personales que permiten apenas derechos mínimos.
7. Los derechos están ausentes o son virtualmente inexistentes por el carácter opresivo del régimen, por guerra civil, por violencia extrema o porque en ausencia de un gobierno central, gobiernan caudillos -ver FITW 2003 y 2009-.
1. Existen libertad de expresión, asociación, reunión, educación y religión en un Estado de Derecho; el sistema económico es libre y de igualdad de oportunidades.
2. Con deficiencias en distintos aspectos de libertades civiles.
3, 4 y 5. Cada nivel se refiere a incremento de opresión debido a censura, terror político e impedimento de la libre asociación, tanto por grupos estatales como por grupos opuestos al Estado o por actores no gubernamentales.
6. Existen límites severos a los derechos de expresión y asociación. Casi siempre hay presos políticos. Son pocos los derechos reconocidos y existen altas restricciones a los negocios privados.
7. Virtualmente sin libertades; el miedo a la represión caracteriza a estas sociedades -ver FITW 2003, 2009 y 2011-.
