La cartelización de los partidos políticos expresada por Katz y Mair (1995), así como el proceso de parlamentarismo racionalizado (Vergottini de, 1983) (que ha ido dando de manera creciente más tareas a los Ejecutivos en detrimento de los Parlamentos), tiene como una de sus consecuencias una mayor inclinación en las democracias liberales a la corrupción. Esto tiene que ver con al menos cuatro aspectos.

Por un lado, el que en el sistema política cartelizado el ganador nunca gana todo y el perdedor nunca se queda sin nada, de manera que todos los partidos que están dentro del sistema político apuestan por el pacto porque tienen razones para mantenerse dentro del juego político. Una derivada de este compromiso institucional tiene que ver con lo que expresó Maurice Duverver hace medio siglo: un diputado de extrema izquierda tiene más que ver con un diputado de extrema derecha que con sus propias bases. La conclusión es que hay una serie de acuerdos entre los partidos que se turnan en tareas de gobierno en las democracias liberales que pasa por no perseguir al anterior por casos de corrupción. Como si perder las elecciones fuera el precio que se paga por una mala gestión del dinero público. Y así se garantiza que ese comportamiento será recíproco llegado el caso.

En segundo lugar, hay que considerar lo que Huntington, Crozier y Watanuki propusieron en su libro de 1975 La crisis de la democracia. En este informe a la Comisión Trilateral, estos autores planteaban la necesidad de poner freno a lo que llamaban “exceso de democracia”. Uno de los remedios para ese mal consistía en financiar pública y privadamente a los partidos políticos para evitar que los militantes determinaran la línea ideológica del partido. Al emancipar las campañas electorales de la tarea de los militantes, siempre más orientados ideológicamente que los cuadros, se lograba acercar las líneas del partido a posiciones sistémicas. De alguna manera, todos los partidos políticos de la democracia liberal tienden hacia el centro en las campañas electorales pues es el lugar donde menos se molesta al votante y, por tanto, menos se arriesga. Pero la separación del militante de la gestión de los partidos, crecientemente funcionarizados, hacía que se perdieran los controles internos dentro de las propias fuerzas partidistas. Desaparecía lo que O’Donnell llamaba accountability horizontal(1997), esto es, la rendición de cuentas cotidiana que los votantes, y más en especial los militantes, hacían sobre los dirigentes y su patrimonio.

En tercer lugar, la primacía del ejecutivo en los actuales Estados de partidos implica un evidente debilitamiento del Estado de derecho al debilitarse la tarea del Parlamento y del poder judicial (García Pelayo, 1986; 1986 b). En el caso del poder judicial el proceso es más complicado al ser un ámbito donde la democratización iniciada con los procesos de transición de los años setenta y ochenta no ha llegado a todo el colectivo de jueces y fiscales. Además de que la selectividad estratégica del Estado opera en el ámbito de las leyes de manera especialmente rígida.

La judicialización de la política en las democracias liberales es una expresión de ese debilitamiento de la división de poderes, de la misma manera que el papel creciente de los grandes litigios nacionales e internacionales de tipo económico construye una vinculación muy estrecha entre la judicatura y los grandes bufetes de abogados -las puertas giratorias entre la justicia y el ejercicio privado de la abogacía- que debilitan la defensa de los intereses nacionales de los Estados y facilitan el comportamiento de las empresas multinacionales o de las grandes empresas nacionales. Dependiendo de los países, no es extraño ver ámbitos del poder judicial plegados a intereses políticos concretos, por lo general vinculado a partidos políticos conservadores, si bien se identifica también esa parcialidad desde algunos Gobiernos regidos por partidos que se reclaman de izquierda.¹

Por último, los procesos de privatización del sector público vinculados al modelo neoliberal, así como la globalización de la economía han abierto posibilidades de negocio ilegal, que nacen de una autorización política, por lo general gubernamental. Las privatizaciones han generado enormes oportunidades de negocio al desmantelarse los monopolios estatales y dejar enormes lagunas legales así como ámbitos de mercado a ocupar. El otorgamiento de las oportunas licencias por parte del poder político han abierto presiones por parte de intereses económicos que tienen como destinatarios los funcionarios públicos de los que depende la decisión. Lo mismo ocurre con todos los rescates bancarios o con contratos blindados con empresas ligadas a la financiación ilegal de los partidos.

La vinculación entre el crimen organizado y la corrupción no es menos evidente. No solamente por la protección pública a mafias, paramilitares y bandas internacionales de todo tipo, sino porque el tipo de negocio supranacional que desató la economía globalizada y financiera hacía que el dinamismo de los ámbitos ilegales desbordara la capacidad estatal para controlarlo. La mayor capacidad de actuación al no tener que respetar las leyes, la desinhibición a la hora de ejercer la violencia, la mayor movilidad internacional, la capacidad de contratar los más eficaces -y costosos- bufetes de abogados nacionales e internacionales, así como la capacidad de contratar a los gerentes más eficaces con nacionalidad y movilidad internacionales ha situado a los estados nacionales en una situación de indefensión que debilita aún más su capacidad de tener recursos para financiar su funcionamiento.

Otro ángulo de este crimen internacional muy vinculado al modelo neoliberal tiene que ver con lo que David Harvey ha llamado acumulación por desposesión-la recuperación de las herramientas de la acumulación originaria- y que tiene a la guerra, tanto comercial y financiera como tradicional, como la principal herramienta del mismo (Harvey 2004). Las guerras se han convertido en oportunidades de negocio que, además, están vinculadas al deep State, esto es, a ese ámbito del Estado opaco y ajeno a cualquier control bajo la excusa de la guerra contra el terrorismo, el secreto de Estado, las tareas de contrainteligencia o la salvaguarda de los intereses económicos nacionales. Todos los procesos de compra de armas están ligados a tareas de lobby con sus correspondientes comisiones. E igualmente, el control del crédito por parte de unos pocos organismos financieros internacionales hace que los Estados, siempre necesitados de fondos, tengan mayores tentaciones para caer en las trampas que ponga el país o la empresa que asegure financiación, crédito, obras, o intercambios sin necesidad de dinero -petróleo, minerales, gas a cambio de bienes manufacturados-, etc.

La conclusión de este escenario es devastadora para la democracia, toda vez que la corrupción rompe los principales acuerdos de la convivencia democrática en prácticamente todos los órdenes sociales. Rompe la idea de igualdad cuando quiebra el principio de libre competencia empresarial, permitiendo a algunos grupos eludir la búsqueda de competitividad sustituyéndola por los acuerdos políticos. Rompe la igualdad en los procesos electorales, ya que permite a los partidos corruptos una financiación ilegal que les ayuda a ir “dopados” a la competición electoral. La corrupción debilita el sistema judicial cuando lo penetra, generando indefensión jurídica en la ciudadanía y lo mismo ocurre cuando afecta al ejército o a la policía, ciudadanos armados que usan su monopolio de la violencia física no para hacer cumplir la Constitución sino para usos espurios y arbitrarios. La corrupción aumenta las desigualdades, tanto porque genera enriquecimientos enormes como porque debilita la capacidad económica del Estado para redistribuir la renta. Por último, la corrupción genera anomia. ¿Por qué tendrían los ciudadanos que cumplir las leyes cuando los funcionarios públicos, el gobierno, los partidos, oficiales y grandes empresarios no las cumplen? La desafección ciudadana bebe en buena medida de la corrupción, por lo que combatirla, en tiempos donde muchos comportamientos sociales la alimentan, es una obligación para que la respuesta a la crisis de la democracia liberal no sea la negación de la democracia.

La corrupción se señala siempre como aquel comportamiento que vulnera la ley por parte de funcionarios públicos con vistas a obtener algún tipo de beneficio. La corrupción, sin embargo, tiene dos ámbitos que son legales pero nocivos para la ética pública. Por un lado, la frivolización de la corrupción o el uso interesado por parte de los medios. La corrupción puede ser minimizada o construida como un escándalo por parte de los medios de comunicación, vinculados a los grandes grupos económicos y a los partidos sistémicos dentro de cada país. En América Latina y también en Europa y Estados Unidos hemos visto que la crisis de los partidos políticos tradicionales generadas por gobiernos de cambio ha sido confrontada por los medios convertidos en el principal partido de la oposición a los gobiernos de Kirchner, Da Silva, Correa, Morales, Chávez, Clinton, Obama, Rodríguez Zapatero, Tsipras, etc. El caso del grupo Clarín en Argentina es emblemático, pero es el mismo comportamiento de CNN en español o de las principales cabeceras en todos los países. La corrupción está vinculada a la idea de escándalo de una manera contradictoria, ya que son los medios los que tienen la capacidad de ocultar un caso de corrupción o maximizar un error hasta convertirlo en un asunto público. Al tiempo, la publicación de más casos de corrupción, que generan alarma social, no son sino una señal de que la corrupción se persigue. La desaparición en los medios del periodismo de investigación -que es caro- y su sustitución por chivatazos, casi siempre interesados, no ayuda a la defensa de la democracia frente a esta amenaza.

Por último, la corrupción tiene una manifestación contradictoria cuando un comportamiento ilegítimo y visto como corrupto pasa a estar legalizado. Las desregulaciones liberales han ido en esa dirección. Y lo mismo ocurre con las tierras robadas y todos los procesos de desposesión.

En conclusión, la pregunta acerca de si la corrupción es el lubricante de las democracias liberales es pertinente. Sólo la elección de Donald Trump en los Estados Unidos ha generado una alarma académica acerca de la crisis de la democracia liberal, como si las gestiones de Reagan, Clinton, Bush y Obama fueran ejemplos virtuosos de comportamiento democrático (pensemos simplemente en las ejecuciones extrajudiciales autorizadas por los Presidentes norteamericanos o su apoyo a guerras de conquista). Es igualmente pertinente notar que los actores políticos y sociales poco comprometidos con la democracia encuentran en los mecanismos de la corrupción la posibilidad de jugar con las cartas marcadas (Levitsky, 2018; Castells, 2017; Harari, 2018; Mounk, 2018). En los tiempos del Lawfare, donde la judicatura puede jugar un papel arbitrario a favor de intereses particulares, la defensa del Estado de derecho, de la independencia judicial y de la transparencia y pluralidad de los medios de comunicación -incluido el big data y las redes sociales- se convierte en una de las más urgentes medidas para defender las democracias.

Referencias

Castells, M. (2017). Ruptura. La crisis de la democracia liberal. Madrid. Alianza Editorial.

Crozier, M., Huntington, S. & Watanuki, J. (1975). The crisis of democracy. Report On the Governability of Democracies to the Trilateral Commission. New York. New York University Press.

García Pelayo, M. (1986). Las transformaciones del Estado contemporáneo. Madrid. Alianza Editorial.

García Pelayo, M (1986 b). El Estado de partidos. Madrid: Alianza Editorial.

Harvey, D. (2004). El Nuevo imperialismo. Madrid, Akal.

Katz, R. & Mair, P. (1995). Changing Models of Party Organization and Party Democracy. The Emergence of the Cartel Party, Party Politics, vol.1, nº 1.

Levitsky, S. (2018). ¿Cómo mueren las democracias? Madrid, Ariel.

Mounk,Y. (2018). El pueblo contra la democracia: Por qué nuestra libertad está en peligro y cómo salvarla. Barcelona: Ariel.

O’Donnell, G. (1997). Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización. Buenos Aires. Paidós.

Vergottini de, G. (1983). Derecho constitucional comparado. Madrid. Espasa Calpe.

Notas