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INTRODUCCIÓN

México es una nación expulsora de migrantes, principalmente hacia Estados Unidos de América (EUA), a la vez que es receptora de migrantes centroamericanos y sudamericanos, algunos de manera permanente y otros en tránsito, desplazándose hacia el vecino país del norte.

En la última década, estos movimientos migratorios irregulares hacia EUA se han producido en un contexto de incremento de la inseguridad y, por tanto, de mayor vulnerabilidad de las personas migrantes frente a amenazas de extorsión, asalto, violación, secuestro e incluso homicidio, entre otras (Lera, 2018).

Por lo tanto, los flujos migratorios de trabajadores mexicanos y centroamericanos se enfrentan a modernos controles migratorios y al incremento de medidas restrictivas enfocadas a los trabajadores internacionales que se desplazan por motivos laborales a territorios distintos a sus lugares y países de origen, ocasionando riesgosas odiseas y fatídicas rutas para el desplazamiento de estos trabajadores (Anguiano y Trejo, 2010).

Por otro lado, el fenómeno migratorio ha ido evolucionado con el paso de los años, y recientemente se ha vuelto mucho más complejo debido a la influencia que el cáncer de la delincuencia organizada ha dejado sentir en todos los sectores de la sociedad. Ya no solamente se debe lidiar con traficantes inescrupulosos (polleros) que ponen en peligro la vida de los migrantes, al exponerlos a condiciones inhumanas de viaje, sino que se debe temer la intervención de grupos de delincuentes que roban, secuestran, extorsionan, asesinan y trafican con migrantes inocentes, cuyo único delito es buscar mejores condiciones de vida para sí y sus familias.

Sin embargo, las violaciones de los migrantes son mayores mientras más lejos sea el desplazamiento. De hecho, según Bustamante (2010), ello tiene cierta corresponsabilidad con los flujos migratorios, así como también con los patrones geográficos: mientras más lejos el migrante se desplace, mayores son las violaciones a sus derechos humanos (Bustamante, 2010).

Hay evidencias de estas violaciones, con la nota periodística denominada “El tren que huele a muerte” del diario español El País, del 16 agosto de 2005, que declara el escenario de corrupción y crimen organizado que vulnera los derechos humanos de los emigrantes centroamericanos al subirse al tren que los llevaría a alcanzar el sueño americano. Es decir, con la noticia se considera que México no cumple fielmente con los compromisos internacionales en derechos humanos (Bustamante, 2010).

Sin duda, uno de los hechos más violentos y de crimen a inmigrantes son los acontecidos en San Fernando, Tamaulipas, en donde 72 migrantes de Centro y Sud América perdieron la vida en agosto de 2010, tras haber sido interceptados por un grupo de la delincuencia organizada. Ello, aunado a los 183 migrantes mexicanos reportados en 40 fosas comunes, entre el 15 de marzo y el 19 de abril de 2011, ha llamado poderosamente la atención de las autoridades nacionales e internacionales, para exigir redoblar los esfuerzos tendientes a proteger la integridad física de estos migrantes, a la vez que ha mostrado la ineficacia de las autoridades federales, estatales y municipales para atender esta problemática.

Los transmigrantes, después de pagar un costo promedio de hasta cinco mil dólares para cruzar ilegalmente a EUA, así como “aguantar penurias” para llegar a Norte América, con las diásporas mexicanas y centroamericanas les queda un mal sabor, porque pierden lo poco que tenían al ser deportados o repatriados por las autoridades de ICE¹. Pero, sobre todo, se rompen las familias.

Ahora estas diásporas se enfrentan con la seria amenaza actual del gobierno de EUA, que anuncia medidas drásticas e insensibles, afectando la entrada de mexicanos a territorio estadounidense, y aumentado las deportaciones masivas, provocando mayor vulnerabilidad y violencia hacia los transmigrantes.

TEORÍAS SOBRE VULNERABILIDAD Y VIOLENCIA EN TRANSMIGRANTES

En esta investigación definimos a los migrantes de Centro-américa de paso por México hacia su destino final en EUA, como transmigrantes. En acuerdo con la Ley General de Población, en el artículo 42, se denomina transmigrante a toda persona extranjera que se encuentra en tránsito por México hacia otro país y que podrá permanecer en territorio nacional hasta por treinta días (CONAPO, 2016). Quiere decir que los “emigrantes” que cruzan por México son “transmigrantes de paso”, al ser personas que se desplazan de un país a otro cruzando por un tercero. Éstos, al llegar a su destino en EUA, se convierten allá en “inmigrantes”.

Desafortunadamente, la mayoría de estos inmigrantes (migrantes indocumentados e irregulares) son vulnerables como sujetos de derechos humanos y laborales, por su condición social determinada por las condiciones estructurales de su país de origen. La Organización de Naciones Unidas (ONU) considera a estos sujetos como un grupo en condición vulnerable (Bustamante, 2010).

Por otro lado, en este trabajo entenderemos al grupo de emigrantes de nuestro país, como “la diáspora mexicana”. Recordando a Caccia, quien define la diáspora como: “El término asociado en sus orígenes a los judíos, aquí se aplica en su acepción genérica, a la dispersión forzada de un pueblo debido a diferentes causas sociales, económicas, climáticas, persecución racial, violencia y más” (Caccia, 2016). Sin embargo, al abordar las causas y efectos que originan el fenómeno migratorio, uno de los principales aspectos que se mencionan son los factores de vulnerabilidad de los grupos foco que emigran. A ese tipo de diásporas se les identifica como ciudadanos “denizen” vulnerables².

Entendiendo a la vulnerabilidad como la condición que presenta un inmigrante irregular que carece de poder, en el proceso social que se construye en un país extranjero, se presentan asimetrías de poder entre el inmigrante y el país destino (Bustamante, 2010).

Al respecto, Filgueira (2001) –citado por Silva Quiroz (2014)–, sostiene que las críticas al enfoque de vulnerabilidad ponen en evidencia su emergencia como enfoque teórico-metodológico. Conceptualmente una preocupación se ha orientado a su uso como sinónimo de términos como pobreza, marginalidad, precariedad, exclusión social o riesgos, entre otros (Filgueira, 2001; Villa, 2001).

Uno de los focos de estudio que distintos autores abordan, ante la vulnerabilidad y violencia de la que son sujetos los transmigrantes en su paso por México y Tamaulipas, tiene que ver con la condición de vulnerabilidad. Ésta es definida como:

La relativa desprotección en la que se puede encontrar un grupo de personas frente a potenciales daños a su salud o amenazas a la satisfacción de sus necesidades básicas y al respeto de sus derechos humanos, debido a sus menores recursos económico, sociales y legales (Bronfman et al., 2004:21).

Para Bustamante (2010), los aspectos culturales y las desigualdades del poder la justifican. Así lo explica:

El carácter cultural de la vulnerabilidad se deriva del conjunto de elementos culturales (estereotipos, prejuicios, racismo, xenofobia, ignorancia y discriminación institucional) con significados despectivos que tienden a justificar las diferencias de poder entre nacionales y extranjeros o inmigrantes.

Las dimensiones del poder y sus asimetrías en las relaciones sociales entre los países, encadenados a los aspectos culturales, se convierten en expresiones de vulnerabilidad de los derechos humanos.

Sin embargo, otro fenómeno impactante tiene que ver con la acción y violencia con que actúan los grupos que explotan la acción de tráfico de personas en la migración, conocidos en México como “polleros”, quienes por su complicidad con funcionarios corruptos, adquieren impunidad en sus acciones.

La impunidad es una expresión empírica de la desigualdad, como consecuencia de la carencia extrema de poder. En este caso, se entiende la impunidad como la ausencia de sanción de la violación directa de los derechos humanos de los inmigrantes (Bustamante, 2010). Spener (2008:139) menciona que la violencia directa es perpetrada por actores individuales, e incluye secuestros, golpizas, abandono o accidentes; la violencia estructural es ejecutada por el aparato de control de la inmigración; la violencia cultural es provocada por la esfera simbólica que justifica y mistifica las anteriores formas de violencia.

LA INMIGRACIÓN DE MÉXICO Y AMÉRICA LATINA

Durand (2005) –uno de los investigadores del fenómeno migratorio mexicano– señala que México es un país de emigrantes, que no se reconoce como tal. En esta tesitura se inscriben las políticas públicas que históricamente se han implementado en materia migratoria y que, siguiendo al mismo autor, se pueden periodizar como sigue: i) 1910-1940, concepción negativa del fenómeno y predominio de una política de disuasión; ii) 1942-1964, la migración como proceso negociado (Programa Bracero); iii) 1964-1969, política de la no política –según la conocida caracterización que hiciera García y Griego (1998)– en el marco de la criminalización de la migración; iv) 1987-2000, política de atención y acercamiento con los migrantes ante la visibilidad y desbordamiento del fenómeno, y v) 2000 en adelante, la tentativa fallida de negociar una agenda migratoria y continuidad de la política de atención y acercamiento.

Por otro lado, el Banco Mundial reconoce que la migración internacional se debe a la necesidad que tienen las personas de alcanzar mejores condiciones de vida, aunque ello implique el abandono geográfico del país de origen. Según Bustamante (2010), los países responden a la mano de obra extranjera por factores endógenos. Por un lado, el país de acogida demanda una fuerza laboral de trabajo que es contratada con los migrantes de los países de origen, quienes ofertan la fuerza de trabajo que demanda el país de acogida. Entonces, los inmigrantes logran con ello incrementos salariales, y los países de destino se benefician de aumento en la oferta de mano de obra, y los países de origen ven disminuir las presiones en el sector laboral (García Zamora et al., 2007:80).

La migración internacional es afectada por las políticas migratorias de cada país, como lo señalan Anguiano y Trejo (2010):

De igual forma, los cambios en las políticas migratorias alteran las condiciones en que se produce la movilidad de las personas a través de las fronteras internacionales, afectando la dinámica de movilidad espacial de la población que decide migrar y modificando los costos riesgos y beneficios económicos, sociales y humanos de las personas que migran.

La población emigrante, por distintas dinámicas, se atiene a otras condiciones de movilidad y de política migratoria. Según Bustamante (2010):

La inmigración proveniente de México, aun la de indocumentados, representa una ganancia para la economía de California y la de Estados Unidos; es un mito la creencia de que los trabajadores migratorios producen un efecto negativo en la economía de California.

Desafortunadamente, hay un patrón lamentable de la población del país de acogida, que se resiste a reconocer esta necesidad endógena de su país, principalmente de los migrantes indocumentados (Bustamante, 2010).

Con respecto a EUA, la cuestión de la inmigración es especialmente compleja. En el año 2010 se registraban alrededor de 29.2 millones de inmigrantes latinoamericanos (Laborde, 2010), que constituyen la segunda más importante minoría de ese país compuesto de múltiples minorías (Lera, 2018).

A partir de los eventos del 11 de septiembre de 2001, cualquier extranjero es potencial amenaza para la seguridad nacional. Es decir, se han incrementado los sentimientos nacionalistas, generando una corriente xenófoba contra los inmigrantes (Bustamante, 2010).

Estos datos los podemos complementar con un estudio realizado por el Pew Hispanic Center que dio a conocer en su informe “Mexican-Americans in the United States”, 2007. Según éste, la población de origen mexicano representa, para el año 2007, el 64.3 % del total de la población hispana que reside en Estados Unidos, la cual asciende a 29.2 millones, de acuerdo con el Census Bureau American Community Survey (Lera, 2018).

Datos recientes –para marzo de 2017– estudiados por Rodríguez (2017), estiman que hay aproximadamente 11 millones de migrantes indocumentados, de los cuales 850 000 son jóvenes en situación de semi-legalidad porque han obtenido lo que se conoce como Programa DACA.

Las estadísticas de inmigración muestran que hay aproximadamente 40.4 millones de inmigrantes en Estados Unidos. Esa cifra de migrantes representa el 13 % del total de la población y convierte al país en el primer destino de migrantes a nivel mundial (Rodríguez, 2017). No hay evidencia alguna de que la inmigración indocumentada sea causa del desempleo o que haya afectado negativamente los salarios de los sectores económicos donde fueron empleados los inmigrantes (Bustamante, 2010).

Desde el punto de vista histórico, el porcentaje de población nacida en otro país con relación a la nacida en EUA está en su segundo punto más alto, justo por detrás del récord establecido en el periodo 1890-1920, cuando grandes números de inmigrantes europeos llegaron a las costas de EUA, llegando a alcanzar el 15 % del total de la población.

Por otro lado, los hispanos en EUA son 57 millones de personas. Es decir, uno de cada 17 residentes del país es de origen latino. Este poderío demográfico se traduce en que son la minoría más grande, por delante de los afroamericanos. Anualmente aproximadamente un total de 700 000 migrantes se convirtieron en ciudadanos americanos por naturalización. Los países de origen de donde proceden los nuevos americanos son, de mayor a menor: México, Filipinas, India, República Dominicana y China.

Además, aproximadamente cada año un total de un millón de personas se convirtieron en residentes permanentes legales. Por país de origen, estos fueron los mayores procedentes de titulares de la Green Card: 1. México, con 145 326; 2. China, con 78 184; 3. India, con 63 320; 4. Filipinas, con 55 441; 5. República Dominicana, con 41 535. De ellos, 478 780 obtuvieron la tarjeta de residencia por ser esposos, hijos o padres de ciudadanos americanos.

Además, 143 998 la consiguieron por razones de trabajo; 40 320 porque ganaron la lotería de visas; 105 520 por ser refugiados; 45 086 por ser asilados y 6818 porque se le concedió una cancelación de la deportación (Rodríguez, 2017).

Lamentablemente, los últimos presidentes de EUA, ignorando el fenómeno migratorio con el cual migrantes documentados e indocumentados ofertan sus servicios laborales del país de acogida, atendiendo un problema endógeno de demanda laboral, han decidido enviar tropas a la frontera (Bustamante, 2010).

Deportaciones y peligros para el migrante

México se ha convertido en las últimas décadas en un país de inmigración y transmigración de ciudadanos mexicanos y centro-americanos, quienes atravesando el territorio mexicano, pretenden encontrar un trabajo en EUA.

“El fenómeno migratorio tradicional de México se ha internacionalizado” (Bustamante, 2010). Sin embargo, desde los años 90, en EUA la xenofobia ha ganado popularidad como recurso político, apoyado con las medidas anti-migratorias del gobernador de California en 1993, que apeló al sentimiento anti-mexicano y racista de la población americana (Bustamante, 2010).

Los proyectos legislativos de 2006 en EUA recogieron las propuestas más radicales, superando los records de xenofobia de la Propuesta 187 de California de 1994 y La ley de Arizona 200, contra todos los migrantes documentados e indocumentados (Bustamante, 2010).

Por otro lado, en México la población total se estima en poco más de 120 millones de mexicanos, donde más de 30 millones viven fuera del país, principalmente en EUA. Con relación a los indocumentados, su número se calcula en unos 11.1 millones de personas; de ellas, alrededor de un millón son menores de 18 años. Se considera que 58 % de ellas son nativas de México.

Una circunstancia que amerita resaltarse es la frecuencia de las familias mixtas, cuando los padres son indocumentados y los niños son americanos, ya que se estima que hasta 4.5 millones de menores ciudadanos tienen padres sin papeles migratorios legales. Se calcula que el 25 % de los indocumentados trabaja en el sector agrícola. Con respecto a las deportaciones, según datos disponibles del año fiscal 2015, fueron deportados 235 413 migrantes, lo que significó un declive importante con relación a 2012, cuando fueron deportados más de 409 000 migrantes.

Sin embargo, los análisis del proyecto TRAC de la Universidad de Syracuse, con base en cifras del Gobierno Federal, precisó además que en los primeros nueve meses del año fiscal 2017 (de octubre 2016 a junio 2017), los mexicanos representaron casi la tercera parte de todos los individuos deportados en ese periodo (TRAC, 2017).

En total, de acuerdo con las cifras, 84 126 personas han sido deportadas en los primeros nueve meses del año fiscal 2017, tras obtener una decisión adversa en su juicio de deportación. Las otras nacionalidades con mayor número de individuos deportados en el periodo de octubre de 2016 a junio 2017 fueron Guatemala (15 715); Honduras (13 598) y El Salvador (11 280).

Mientras tanto, 16 032 mexicanos lograron quedarse en EUA en lo que va del año fiscal 2017, luego de enfrentar un juicio de deportación, cuyo fallo les resultó favorable. Un total de 71 259 extranjeros lograron permanecer en este país, tras la decisión de una corte migratoria. En otra serie de datos, el proyecto TRAC señaló que en el periodo de octubre del año anterior a junio pasado, 37 352 mexicanos fueron referidos a cortes migratorias en EUA, de un total de 169 507 casos.

En comparación con cifras anteriores, TRAC destacó que en el presente año fiscal, cuyos últimos cinco meses (hasta junio) han correspondido a la administración del presidente Donald Trump, menos mexicanos han sido enviados a juicio de deportación que durante el año fiscal 2016.

Las cifras del gobierno federal apuntan que 52 724 mexicanos enfrentaron juicios de deportación en 2016, de un total de 257 235 extranjeros. Entre octubre 2016 y junio del 2017, 4150 mexicanos al mes, en promedio, han enfrentado juicios de deportación, frente a los 4393 del anterior año fiscal, durante la administración de Barack Obama.

De los 21 362 inmigrantes detenidos entre el 20 de enero y el 13 de marzo, 5441 no tenían récord criminal. Eso es, un cuarto del total de arrestos hechos por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). Este dato, comparado con las cifras de enero-marzo 2016 de Obama, muestra que va en serio la duplicación de deportaciones de mexicanos, en su gran mayoría sin antecedentes criminales, lo que hace Familias Rotas, sin respeto mínimo a los Derechos Humanos.

Además de éstas y muchas penurias que sufren nuestros hermanos migrantes en EUA, que amenaza con registrar deportaciones masivas sin precedentes, que se calculan entre 2 y 3 millones de mexicanos criminales y no criminales en los siguientes dos años, adicional al fuerte crecimiento de sentimientos antimexicanos, maltratos y bullying en escuelas contra Dreamers, una gran amenaza contra la economía nacional es la esperada caída de remesas de mexicanos desde EUA, que constituye hoy la segunda entrada de divisas.

Pero lo más grave aún se presenta al volver a nuestro país, cuando nuestros migrantes llegan sin dinero, sin ropa, sin celulares y sin documentos; la mayor parte de las veces de noche son puestos a mitad de los puentes y dejados a la deriva, desde la frontera de Tijuana, Baja California, hasta la de Matamoros en Tamaulipas.

Según datos del Instituto Nacional de Migración (INM) y del Instituto Tamaulipeco Apoyo al Migrante (ITAM), ellos tienen dispuestos operativos para recibirlos en sus oficinas, darles documentos provisionales de identificación, alimento y apoyo de transporte, tanto en oficinas propias como en casas de migrantes (Lera, 2017c).

Durante la investigación participativa se obtuvieron datos proporcionados por Román Pérez Book, presidente de la organización “Casa Tamaulipas” de Houston, Texas, quien señala que en Nuevo Laredo, del puente a las instalaciones del Instituto Tamaulipeco del Migrante sólo hay 100 metros de distancia. Sin embargo, ya se tiene conocimiento de personas que han sido secuestradas en ese trayecto. Durante la investigación se encontró que 100 personas diarias son deportadas por cada puente de Laredo, Reynosa y Matamoros.

El líder de la organización migrante, Pérez Book, apuntó que el temor de ser deportado y además de ser secuestrado al cruzar a territorio mexicano, ha creado una psicosis entre los mexicanos que trabajan en EUA (Lera, 2017c). Sin embargo, algo que todo mundo conoce, pero pocas veces se divulga, son las penurias y amenazas que se registran en los cruces de paisanos, que con frecuencia sufren intentos de levantones. Estas amenazas, que serán mayormente registradas si se duplican las deportaciones masivas de paisanos por nuestras fronteras, requieren ser seriamente atendidas por nuestras autoridades, que se ven rebasadas por la falta de instalaciones adecuadas y presupuestos públicos en sus oficinas y en las casas de migrantes.

Por otro lado, el director del Instituto Tamaulipeco del Migrante (ITAM) en la entrevista realizada declaró:

Se están buscando apoyos de cuatro empresas de autobuses para recoger en las oficinas a los migrantes para transporte a su destino, con costos preferenciales, además que ante la dificultad que casas de migrantes como la Nazareth, que solo reciben alojo hasta las seis de la tarde, pero los agentes de ICE de EUA los deportan por la noche, están habilitando que se alojen en las propias oficinas estatales y federales (ENT- JC-01).

Desafortunadamente lo anterior no está ocurriendo como fue declarado.

LOS MIGRANTES TAMAULIPECOS

Con respecto a los migrantes tamaulipecos, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), en 2016 más de 7000 tamaulipecos fueron deportados de EUA a través de los puentes internacionales de Tamaulipas, lo que representa un incremento del 20 %, comparado con las cifras de 2015 (Lera, 2017b).

Según la información proporcionada por el INM, el gobierno de EUA expulsó a 53 119 mexicanos por Tamaulipas, de los cuales más del 10 % son tamaulipecos. Estas cifras posicionan a Tamaulipas entre las cuatro entidades federativas con más flujo de migrantes a nivel nacional. En el mismo periodo de tiempo, ingresaron al estado (de paso hacia EUA) 688 000 personas del extranjero.

En el corredor fronterizo de Nuevo Laredo a Matamoros el panorama en las cercanías de los puentes internacionales se repite: cientos de mexicanos y extranjeros abandonados a su suerte por agentes de la Patrulla Fronteriza de EUA, que después de ficharlos los destierran a ciudades donde nadie los espera y donde las autoridades no tienen suficiente para darles techo y comida.

En la entrevista con el director del Instituto Tamaulipeco del Migrante (ITAM), éste señaló que (Lera, 2017d):

en los últimos ocho años de Gobierno de Obama, en la frontera norte se han realizado más de 2.8 millones de repatriaciones, de las cuales el 50 por ciento de ellas se hacen por el estado de Tamaulipas. A diciembre de 2016, más de 50 mil mexicanos indocumentados han sido repatriados por los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros (ENT- JC-01).

Por otro lado, con cifras binacionales entre EUA y México se reconoce que hoy día se registran cerca de 35 millones de mexicanos residiendo en ese país, de los cuales 11 millones están en las sombras por ser indocumentados.

Donald Trump, presidente de EUA, amenaza que deportará cerca de 5 millones de ese número, superando las repatriaciones de 2.8 millones de los ocho años del demócrata Barack Obama (Lera, 2017b). Esto será un problema catastrófico que se espera venir para las fronteras mexicanas.

Siguiendo con la investigación, se encontró en el 4º informe de labores del Secretario de Gobernación de México (2010), que manifiesta:

haber apoyado a 1.8 millones de mexicanos que retornaron al país durante el periodo mediante el programa Paisano. Asimismo, que por conducto de los Grupos de Protección a Migrantes (Grupos Beta) se brindó orientación a 216 705 migrantes, se localizó a 170, se brindó asistencia social a 201 424 y asistencia jurídica a 287 personas, independientemente de su nacionalidad.

Finalmente, se encontró que se han asistido a 469 369 mexicanos que fueron repatriados por EUA, mediante la ampliación de la cobertura del Programa de Repatriación Humana. Sin embargo, con estas cifras, en realidad no se han definido políticas públicas que se traduzcan en una protección efectiva a los migrantes (SEGOB, 2010).

Deportaciones de diásporas de tamaulipecos en subida

En el mes de marzo de 2017, en trabajo de campo se entrevistó a varios migrantes de Tamaulipas deportados (Lera, 2017a). El primero de ellos, llamado Juan N. confesó que en la primera semana de marzo fue sorprendido cerca de Houston, Texas, en su trabajo de la construcción. Sin mediar orden de cateo e inspección, los agentes de ICE de Migración lo apresaron al no mostrar su estatus migratorio legal. En 24 horas fue puesto a disposición, y sin probarle que tuviera ninguna ficha criminal, por ser sólo indocumentado, fue deportado por la frontera de Matamoros, dejando atrás todas sus pertenencias, vehículo y casa.

Estas deportaciones son masivas y diarias. En esta investigación se encontró que de Tamaulipas existen cerca de 500 000 migrantes, de los cuales más de 300 000 no tienen estancia migratoria legalizada. Otros 50 000 son estudiantes indocumentados, 50 000 están residiendo con permisos vencidos de turistas (más de seis meses de su expedición). Sólo 200 000 migrantes tamaulipecos tienen residencia legal, ya sea con la tarjeta de residente “Green Card”, ciudadanía, visa de trabajo o visa de inversionista.

Por otro lado, de acuerdo con declaraciones de operadores de casas de migrantes de Nuevo Laredo, entrevistados en abril de 2017: “por nuestras fronteras deportan un promedio diario de 500 a 1000 personas, de las cuales el 70 % son mexicanos y, el 30 %, centroamericanos”.

En Tamaulipas los deportados no tienen registros, sólo se calcula que de cada diez mexicanos, siete son de Tamaulipas, por lo que se estima que son amenazados por ser deportados en los siguientes dos años un promedio de hasta 200 000 migrantes de Tamaulipas, considerando que estas redadas de la patrulla fronteriza se intensifiquen y se abran –como se observa que se está dando– las deportaciones de indocumentados, sean o no criminales (desde una falta de tránsito, hasta delitos mayores).

Pronósticos reservados de los deportados

En entrevista aplicada a funcionario del Instituto Tamaulipeco del Migrante (ITM), declara con respecto al trabajo de los albergues para los migrantes (Lera, 2017i):

que el Instituto Tamaulipeco del Migrante (ITM), acordó con los respectivos institutos de estados migratorios como Michoacán, Guanajuato y Zacatecas, medidas tendientes al buen retorno de migrantes de esas y otras entidades (ENT01-CF-2017).

Sin embargo, tanto el Gobierno Federal, los gobiernos estatales, el Instituto Nacional de Migración, institutos estatales, organismos empresariales, universidades y demás involucrados no están atendiendo con responsabilidad el motivo de la migración, que es la falta de empleos, pobreza, marginación y desigualdad.

De hecho, a fines de 2017:

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la STPS que proporcione informes sobre la estrategia laboral para el migrante, con el fin de garantizar que se atiende de forma exhaustiva una solicitud que implica hacer transparente la forma en que se atiende este problema (Periódico Excélsior, abril 2017).

Con datos investigados, la gran mayoría de los deportados llegan a México con una alta capacitación en actividades del sector construcción, carpintería, plomería, jardinería, agricultura moderna, servicios que han desarrollado con éxito en EUA, además de que la mayor parte de ellos habla el idioma inglés. Lo más que se le conoce a la STPS, es un programa que opera de manera coordinada con las oficinas del Servicio Nacional de Empleo de todas las entidades federativas del país, llamado Programa de Apoyo al Empleo y, en específico, el “Subprograma Repatriados Trabajando”.

Exigieron dar un mayor reconocimiento al hecho de que en Tamaulipas, cada día entran más remesas de los migrantes, a grado tal que son la primera entrada de divisas para el estado, superior a la inversión extranjera, por lo que es necesario apoyar a connacionales en EUA (Lera, 2017e).

A través del Método de Acción Participativa (Ander Egg, 2004)³, se propuso:

la opción de generar un fondo de contingencia e inversión, que tuviera como meta al menos el uno por ciento del total de remesas anuales (800 millones de dólares), que apoyado por las tres instancias de gobierno, se potencialice al 3×1, multiplicando los primeros 8 millones de dólares de los migrantes con otros 24 millones de Municipios, el Estado y la Federación. Este fondo podría ayudar a atender las asesorías legales de defensa de migrantes, las deportaciones, ferias de servicios, pero principalmente lograr devolver a las familias y a los migrantes una opción productiva en el estado para reintegrarse de forma activa y auto suficiente a la economía local.

En el Foro Parlamentario “Migrantes Tamaulipecos 2017” se reunieron más de 40 líderes migrantes, representantes de casas migrantes de la frontera, profesionistas e investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Se quiere dar voz a las más de 250 000 familias tamaulipecas y más de 500 000 tamaulipecos residiendo legal e ilegalmente en EUA (Lera, 2017f).

Parte de las demandas que los líderes expresaron ante los diputados de Tamaulipas versaron sobre las deportaciones masivas, la repatriación de fallecidos, programas de salud y el trámite de documentos. Además, se subrayó que los migrantes están representados por grupos colectivos reconocidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores, como clubes y federaciones de migrantes, por lo que se introduce el colectivo de participación ciudadana de “clubes de migrantes tamaulipecos”, como redes sociales de “cogestión”.

Estos grupos pueden y deben ser respaldados, con programas institucionales como el 3×1 de Sedesol, para hacer gestiones de proyectos productivos, emprendedores y generadores de empresas y autoempleos, a la par de obras comunitarias apoyadas con recursos de remesas de migrantes, conjuntamente con fondos de las instituciones gubernamentales mexicanas.

Es importante reconocer que existe una “codependencia” del Estado hacia los migrantes, al ligar el codesarrollo con los ingresos de remesas de los migrantes, que son parte de la población más pobre de Tamaulipas. De aquí la postura del “desarrollo sustentable”, al ser sostenido por capas sociales marginales que desplazan las funciones de las autoridades gubernamentales. Por lo que estas acciones deben ser tomadas por iniciativa y decisión autónoma y soberana de los propios migrantes y sus asociaciones.

Sin embargo, las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) en los años recientes han cometido una sucesión de omisiones y errores que hacen urgente la intervención del Poder Legislativo como un auténtico contrapeso respecto del Ejecutivo Federal y las autoridades estatales. Significa mejorar políticas públicas.

Por último, el Gobierno de la República instrumentará, a través del Instituto Nacional de Migración, la Estrategia “Somos Mexicanos”, la cual tiene como objetivo brindar a los mexicanos que han retornado –voluntaria o involuntariamente– una atención integral, a través de un modelo interinstitucional y coordinado que contribuya en el corto plazo a su integración social”, proporcionando el vínculo donde se podrían consultar los detalles de esa estrategia.

CONCLUSIONES

Aunque el esfuerzo conjunto por repatriar migrantes a sus lugares de origen ha tenido cierto éxito con migrantes aprehendidos en la frontera, México debe instituir procedimientos prácticos que permitan a todo migrante repatriar sus ahorros y activos a México, y mecanismos financieros, aduanales y administrativos que los hagan viables. Sugerimos que, a la par de la regularización, ambos gobiernos les ofrezcan opciones e incentivos para volver a México, como estos programas de pareo de fondos. Dado que estos migrantes de largo plazo tienden a tener más experiencia laboral y activos de varios tipos, el impacto de su retorno será positivo.

Importante punto será ofertar recursos federales a municipios fronterizos de estados como Tamaulipas, para el apoyo de migrantes deportados de orígenes distintos a la misma entidad, y que puedan volver a su lugar de origen y no quedar varados en la frontera, a expensas de ser reclutados por el crimen organizado. Esto sería parte de leyes estatales.

La falta de coordinación de las políticas migratorias con políticas laborales conlleva a reconocer que en México y Tamaulipas las autoridades no están preparadas para recibir honradamente a esta población, que “sabe trabajar, tiene capacitación y estudios, habla inglés, además de gran actitud al trabajo”.

No se pueden ofrecer empleos formales y bien remunerados, y no hay capacidad para regularizar sus estudios. Recordemos que precisamente se fueron de Tamaulipas y de México por la falta de oportunidades y por la grave inseguridad.

Los desaciertos, la falta de conocimiento de la problemática que aqueja al fenómeno migratorio, la descoordinación y la ineficacia de las políticas diseñadas en la materia, obligan a intervenir de manera urgente en favor de los migrantes, adecuando las normas, instituciones, programas y apoyos destinados para su atención, a través de políticas públicas adecuadas.

Punto fundamental será que el Poder Legislativo mexicano continúe con la propuesta social de promulgar una Ley Nacional de Migración y proponer la creación de Institutos Estatales de Migración en estados problemáticos como Tamaulipas, que retomen los vicios y fallas del sistema migratorio mexicano. Además, que incluyan todos los aspectos relacionados con los derechos de los migrantes nacionales y extranjeros, que quiten la carga de criminalización que pesa sobre ellos, en contraparte a las xenofóbicas leyes migratorias regionales que diversos estados de la Unión Americana están promulgando, en imitación a la Ley Arizona y la Ley SB4 de Texas (Lera, 2017h).

Un tema pendiente de análisis será ver la forma en cómo afectarán las deportaciones en las economías y medios de vida de familias de migrantes de Tamaulipas, especialmente dentro de los municipios rurales, que son los principales expulsores de mano de obra del estado. Esto, al estimarse dos presiones de corto plazo: a) las deportaciones masivas de trabajadores indocumentados del estado; b) la caída drástica de los actuales flujos de remesas de migrantes hacia las familias beneficiadas, que son primordiales para su manutención, ya que sin ellas se incrementaría exponencialmente la pobreza y desigualdad de los municipios rurales de Tamaulipas.

Las preguntas siguen siendo: ¿Qué sucederá cuando estas deportaciones se dupliquen? ¿Cuál será la problemática de falta de empleo y oportunidades productivas para los deportados en México? ¿A ciencia cierta, cuál es la gravedad de las violaciones de los derechos humanos de los centroamericanos en territorio mexicano?

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Notas

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