Introducción

En el sexenio del presidente Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) dos entidades de la República Mexicana perdieron su poder a instancias del Senado: la primera fue Guerrero, el 31 de enero de 1975, y la segunda Hidalgo, el 29 de abril de 1975. Los trabajos que han analizado este último caso a nivel local son escasos y sólo mencionan la desaparición de poderes como algo anecdótico, sin explicar los motivos y causas del hecho. Como ejemplo tenemos el libro Hidalgo: una historia compartida (Lau y Sepúlveda, 1994), Breve historia de Hidalgo (Ruiz, 2000) e Historia mínima del estado de Hidalgo (Menes, 2006), este último de la autoría del cronista vitalicio del estado, Juan Manuel Menes Llaguno. En la prensa se han escrito algunas notas periodísticas que rememoran la desaparición de poderes, pero sin un comentario o relato crítico. La ausencia de explicaciones sobre este hecho político trascendente en la historia de la entidad requiere información, argumentaciones y análisis que contribuyan a llenar ese hueco historiográfico.

Para intentar cubrir ese espacio se han publicado dos artículos en revistas científicas: Heterogeneidad del estado y conflictos regionales. Desaparición de poderes en Hidalgo (Corrales, 1982), que aborda los conflictos políticos de carácter regional que se dan con los miembros de las fuerzas integrantes del bloque hegemónico, desplazados del poder central (esto es del gobierno federal y del Partido Revolucionario Institucional -PRI-) y recurren a sus bases regionales de poder, provocando una tensión entre el poder político local y federal. Las fuentes de la investigación son en su mayoría notas periodísticas, algunos libros y tesis, sin utilizar documentos de archivo, por ser un estudio que se elaboró siete años después de la desaparición de poderes y la documentación oficial -por mandato de ley- no se encontraba abierta al público.

Desde una perspectiva distinta, el artículo titulado La desaparición de poderes en México y su puesta en práctica. Los casos de Guerrero (1960-1961) e Hidalgo (1975) (Gutiérrez, 2017) argumenta que la causa principal en la desaparición de poderes en Hidalgo fue que

Manuel Sánchez Vite trató de imponer a su sucesor en la gubernatura en contra de la voluntad presidencial, con el fin aparente de imponer una suerte de Maximato estatal, al mismo tiempo que jugaba en favor de las aspiraciones presidenciales del secretario de la Presidencia, Hugo Cervantes del Río, y en contra del titular de Gobernación, Mario Moya Palencia (Gutiérrez, 2017, p. 88).

Las fuentes para escribir sus resultados son libros, artículos y documentos del Archivo General de la Nación (AGN), en el Fondo de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), caja 1184.

Los dos autores mencionados argumentan que la desaparición de poderes fue una imposición del presidente Luis Echeverría Álvarez, por la desobediencia del gobernador Manuel Sánchez Vite en la designación de Otoniel Miranda como candidato a la gubernatura. En este desencuentro participaron poderes regionales, locales y federales, algo que el presidente no consintió, pues menoscababa su poder real, por lo que utilizó las facultades del Senado de la República para defenestrar al gobernador recién electo.

Un rasgo importante en estos trabajos es la explicación de las causas políticas y sociales que ocasionaron la desaparición de poderes, describiendo las disputas del gobierno federal y estatal por la sucesión presidencial; además de los conflictos agrarios y las constantes luchas de los campesinos que demandaban la restitución de sus tierras. Otra causa fue la lucha por la gubernatura que señalamos líneas arriba, procesos que no rebatiremos en estas páginas, por el contrario, nos apoyaremos en esta interpretación, pero utilizaremos fuentes de archivo que no se han trabajado aún y las cuales contribuyen a explicar que la Dirección Federal de Seguridad (DFS) jugó un papel trascendental en la desaparición de poderes, con sus informes y análisis.

Para entender mejor este proceso, se escribe una historia de cómo el régimen de la posrevolución en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, en los años de 1974-1975, utilizó los servicios de inteligencia del Estado, encarnado en la DFS, para investigar a Manuel Sánchez Vite y su grupo de poder. Es una historia política que servirá para analizar algunos mecanismos, controles, alcances del sistema político y la forma en que se informaba de las acciones que emprendían los posibles “enemigos” del régimen, que en este caso eran los propios políticos del PRI y los contrapesos regionales que conformaban el poder instituido.

La metodología que respalda los resultados que aquí se exponen es de carácter documental. Recupera informes, notas y noticias de los agentes de la DFS, permitiendo, con la información recopilada, construir una perspectiva histórica de un acontecimiento poco tratado. Es un estudio documentado con expedientes de la DFS que se ubican en el AGN, que no han sido analizados en los trabajos que existen sobre la desaparición de poderes en Hidalgo. Coincidimos con López (2018) en que:

El archivo de la DFS ofrece un panorama muy completo del pulso nacional del periodo que va desde 1947 hasta 1985. Los agentes en nómina de la DFS estuvieron distribuidos en todo el territorio nacional y vigilaron tanto a los amigos como a los enemigos del régimen (p. 72).

La riqueza de estos documentos fue señalada por Sergio Aguayo Quezada en su libro La charola. Una historia de los servicios de inteligencia en México (Aguayo, 2001), haciendo notar que la cantidad de cajas y expedientes puede contribuir a esclarecer y puntualizar procesos sociales que sucedieron en el pasado y cómo el régimen reprimió movimientos estudiantiles, huelgas obreras, elecciones, luchas sociales, guerrillas y demás hechos que el Estado viera como una “amenaza”. Cabe apuntar la DFS fue creada “en 1953, misma que ya venía ejerciendo sus funciones desde marzo de 1947…” (Cáceres y Jasso, 2021, p. 79) y tenía como antecedente la DGIPS creada en 1941, dependiente de la Secretaría de Gobernación. La DFS “se transformó en una dirección dedicada a la seguridad interior y con personal más especializado en tareas de espionaje e infiltración de grupos sociales disidentes al régimen” (Torres y Vite, 2023, p. 148).

Cabe apuntar que para clarificar algunas de las ideas nos valimos de relacionar los documentos con artículos y capítulos de libros especializados en el tema, que permitieran menguar el sesgo de la fuente oficial^[1]y situar el análisis de la información en las condiciones imperantes en el momento histórico social al que se alude.

La estructura del texto se presenta en tres apartados: El primero contiene una breve explicación de la desaparición de poderes y su uso como factor determinante del poder central en México. El segundo analiza el contexto histórico social de México e Hidalgo en el sexenio del presidente de la República Luis Echeverría Álvarez y la gubernatura de Manuel Sánchez Vite. El tercero examina el papel que desempeñó la información de la DFS para desaparecer los poderes en el Estado de Hidalgo en 1975.

El control político a través la desaparición de poderes

La desaparición de poderes es una facultad del Senado de la República y nace en 1874, producto de una modificación a la Constitución de 1857 que en el artículo 72, fracción V, le asignó la facultad de “declarar cuando hayan desaparecido los poderes constitucionales [...] de un Estado” (Gutiérrez, 2017, p. 86). “Fue la resultante de la tristemente rica experiencia mexicana en cuanto a sublevaciones y desórdenes internos que, al parecer, desbordaron la tolerancia de los políticos y militares”(González, 1987, p. 77). Durante días los tribunos debatieron para llegar a una resolución sobre las vicisitudes políticas y electorales que la reforma acarrearía, sin llegar a una justificación importante para desaparecer los poderes de una entidad. El último autor comenta que los senadores se evidenciaron al

consignar a nivel constitucional la posibilidad de que la Federación designara un gobernador provisional que restableciera el orden constitucional violado en un estado y, legitimar a posteriori las resoluciones que ese mismo Congreso tuvo que dar en los casos de Yucatán y Coahuila^[2] (González, 1987, p. 79).

La reforma a la Constitución de 1857 incluyó “que el nombramiento del gobernador provisional, una vez que hubieran desaparecido los poderes Legislativo y Ejecutivo, lo haría el presidente de la República con aprobación del Senado” (Melgar, 2015, p. 394); otorgándole mucho poder al mecanismo de la desaparición de poderes como aparato de control político y centralización del poder del ejecutivo. Con estos antecedentes, el presidente de la República, por medio del Senado, podía desaparecer poderes en las entidades donde el gobernador y la clase política le podían ser adversos, constituyéndose en un mecanismo de control político y de revanchismo a los liderazgos regionales.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, se reasigna al artículo 76, fracción V, que

faculta al Senado para declarar que han desaparecido todos los poderes constitucionales en un estado y, en ese caso, nombrará un gobernador provisional que convocará a elecciones para reconstruir su orden jurídico. Ese gobernador será nombrado por el Senado a propuesta del presidente de la República. En los recesos del Senado, tendrá esa función la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Teóricamente esa función del Senado es sólo declarativa, pues éste no desaparece los poderes, sino que constata el hecho. En otras palabras, la declaración no tiene efectos constitutivos, sino que debe reflejar la realidad; empero, la carencia de supuestos normativos para emitirla dio lugar al abuso, la arbitrariedad y la invasión competencial (Gutiérrez, 2017, p. 87).

En los años de la posrevolución constatamos la constante invasión del poder ejecutivo para desaparecer los poderes en distintas entidades federativas. Las causas eran por “violaciones del voto público, sublevación de los poderes locales contra la federación, consolidación de movimientos revolucionarios, movimientos rebeldes internos, conflictos políticos, dualidad de poderes, responsabilidad oficial, prorroga de funciones y vacío de poder”(Gamboa y Ayala, 2006, p. 14-20). En todos los casos hubo controversias y especificidades políticas y sociales propias de cada entidad, pero la única constante fue la activa participación del Ejecutivo federal para dirimir controversias.

El Ejecutivo jugó en esto el papel central al convertirse en el árbitro de las relaciones entre los poderes durante una buena parte de la vida vigente de la Constitución de 1917. Es indudable el control que ejerció el Poder Ejecutivo sobre el Legislativo, aunado al hecho de la existencia, durante décadas, de un partido político único que aseguró la preponderancia presidencial (Melgar, 2016, p. 198).

Contexto, las claves de la vigilancia

La Revolución Mexicana de 1910 sacudió al país en todos los órdenes de la vida social y cultural. El estallido de la lucha armada provocó el surgimiento de fuerzas olvidadas que ocasionaron el fin del antiguo régimen y el nacimiento de nuevas ideas: destaca el principio de unidad nacional y el fomento del nacionalismo revolucionario por medio de la educación pública, que se fue forjando durante el período de 1910 a 1940.

También se dieron cambios en las diferentes estructuras sociales, en el terreno político y económico. De ser una sociedad porfiriana influenciada por la cultura francesa, se transformó en una sociedad nacionalista con una identidad “mexicana” que se denominó proceso de mexicanización. Este entramado ideológico se reforzó con un Estado fuerte que se apoyaría en el ejército para controlar y mantener el poder de la clase política gobernante, fortalecida por un partido de Estado: Primero se construyó en 1929 el Partido Nacional Revolucionario (PNR), después se transformó en Partido de la Revolución Mexicana (PRM) en 1938 y -por último- en Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1946.

Con la Revolución hecha gobierno se necesitó de un aparato sólido de seguridad policial y de inteligencia, que le informará al régimen las actividades políticas de propios y extraños.^[3] En la Secretaría de Gobernación se crearon la DFS y la DGIPS. A la par de estas agencias existió el Servicio Secreto de la Policía del Distrito Federal y la Sección Segunda del Estado Mayor Presidencial (EMP), que realizaron espionaje y detenciones entre opositores y criminales, con base en delaciones, espionaje telefónico e informes de infiltrados, agentes y espías. De estas organizaciones la más conocida y con mayor documentación en el AGN es la DFS, de la cual encontramos informes y notas sobre distintos movimientos sociales y “subversivos”, redactados por los agentes que se encontraban infiltrados; además de expedientes de gobernadores, funcionarios, burócratas y políticos del régimen. No se dejaba nada al azar, se investigaba a todo “sospechoso” considerado un “peligro” para el Estado o gobernante en turno.

La DFS nació en 1947 en el sexenio del presidente Miguel Alemán Valdez (1946-1952) y continuó en los siguientes sexenios completando al departamento confidencial y a la oficina de información política de Gobernación. En un principio estuvo a cargo de la Presidencia de la República y luego de la Secretaría de Gobernación, hasta su extinción en 1985.^[4]Sus funciones eran “proteger al presidente [y a los mandatarios que visitaran el país], investigar asuntos delicados, analizar la información obtenida y realizar operativos especiales contra enemigos del régimen” (Aguayo, 2001, p. 66-67). Los agentes de la DFS se dedicaban la mayor parte del tiempo al espionaje, “se comunicaban en lenguaje cifrado, intervenían teléfonos, se infiltraban en grupos opositores, interceptaban cartas y tenían redes de informantes en todas las esferas de la vida nacional” (Aguayo, 2001, p. 68)

En el sexenio del presidente de la República Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) se utilizó a la DFS para investigar movimientos estudiantiles, luchas obreras y sofocar grupos guerrilleros, caracterizándose por reprimir cualquier manifestación social. La visión del Estado mexicano era asegurar estrategias de espionaje e infiltración en el incipiente movimiento revolucionario con miras al socialismo, ubicado principalmente en algunas regiones de los estados de Guerrero, Jalisco, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Hidalgo, entre otros. Las guerrillas empezaron a aumentar por el descontento político del régimen priista que gobernaba sin visión democrática, intolerancia a las demandas sociales, cacicazgos en los estados, prevalencia de un régimen que no escuchaba a los opositores que solicitaban entrar al terreno político, injusticias sociales y la precariedad económica de millones de mexicanos.

En el ámbito estatal, Hidalgo era gobernado por Manuel Sánchez Vite (1969- 1975) pero dejó el cargo 1 año 4 meses para asumir la dirigencia nacional del PRI, siendo sustituido en ese lapso por Donaciano Serna Leal y regresó en marzo de 1972, para concluir en 1975. El Estado tenía “organizaciones políticas principalmente campesinas con niveles de vida muy bajos que sufren un alto grado de explotación económica y ejercen débil presión sobre los organismos en los que están encuadrados” (Corrales, 1982, p. 124). Era una entidad eminentemente agraria, pues en 1970

el 70% de su población vivía en el área rural. Los sectores económicos más dinámicos eran el comercio, los servicios y la industria de la transformación, que en total contribuían con el 66% del producto interno bruto, mientras que el sector agropecuario lo hacía sólo con el 15% (PRI Hidalgo, 1976, p. 340-346).

Estas condiciones estructurales no permitían el desarrollo social, económico y político de la entidad, propiciando distintos problemas sociales:

Las constantes luchas de los campesinos demandando la restitución de sus tierras; la depauperización de la mayoría de la población a consecuencia de las desventajosas condiciones en que entran en relación con el mercado local ejidatarios, minifundistas y artesanos y, finalmente, la disminución en los índices de productividad del sector agrícola hidalguense (Corrales, 1982, p. 126).

En lo referente a las condiciones de vida de la población:

Las cifras revelaban que el ingreso de más de la tercera parte de la población económicamente activa, era inferior a los 200 pesos mensuales, un poco menos de la mitad percibía entre 200 y mil quinientos pesos y sólo el 0.7% obtenía más de los diez mil pesos mensuales; y en 1974, el 38% de la población era analfabeta, índice superior al nacional, que se estimaba en 26% (SEP, 1976, p. 19).

Esta precarización en el nivel de vida de los hidalguenses impulsó al gobierno de Echeverría a quintuplicar la inversión federal hacia la entidad, “de 1971 a 1974 pasó de 405 millones de pesos a 2105 millones. Más de la mitad de esa cantidad se destinó al fomento industrial” (PRI Hidalgo, 1976, p. 346). El resto del presupuesto fue invertido en políticas de fomento agropecuario, desarrollo rural, bienestar social, comunicaciones y transportes. Además, que la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) incrementó sus tiendas en el estado de Hidalgo. A pesar de esta inyección de capital, la disminución de pobreza alimentaria y el desarrollo de infraestructura avanzaron muy poco, haciéndose evidente la carestía material de los hidalguenses, lo que derivó en protestas y quejas contra el gobierno, pues Hidalgo se constituyó como uno de los estados más pobres del país.

El espionaje a los aliados del régimen: informes clave para la desaparición de poderes

Durante el último periodo de gobierno, Hidalgo vivió momentos de agitación política y tensión social debido a los pleitos intestinos contraídos por las cúpulas de poder en el PRI, interesadas en la sucesión al gobierno del Estado. El presidente Luis Echeverría Álvarez apoyó a dos organizaciones oficialistas emergentes que en los años siguientes terminaron agrupándose y favoreciendo a los candidatos del PRI: la Central Campesina Independiente (CCI)^[5]y el Consejo Agrarista Mexicano (CAM)^[6]que lograron reunir una membresía considerable en Hidalgo; por lo demás, la administración echeverrista proponía aprovechar las movilizaciones campesinas para ampliar su propia base de poder; en cambio el gobernador Manuel Sánchez Vite^[7]

había hallado algunos apoyos regionales más sólidos, por lo que tenía un gran incentivo para oponerse al CAM y la CCI, así como para obstaculizar el trabajo de los funcionarios agrarios federales. Además, el gobernador tenía el respaldo de las dirigencias estatales de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), de la CNC, de la CTM y del SNTE. Al mismo tiempo, quería aprovechar la oportunidad de convertirse en el árbitro de la política hidalguense y preservar su influencia más allá del término de su mandato en 1975 (Gutiérrez, 2017, p. 101).

En ese contexto, las luchas campesinas jugaron un papel fundamental en la pugna por el poder central y estatal. Los conflictos dejaron una estela de muertos, desaparecidos, emboscadas y represión, que rebasó a las autoridades civiles. Ante eso, el gobierno federal movilizó numerosos efectivos militares para mantener el orden; al mismo tiempo llegaron más funcionarios federales civiles encargados de resolver asuntos agrarios.

En el fondo, el enfrentamiento de Sánchez Vite contra el poder central representaba una afrenta de orden político que el presidente de la Republica no estaría dispuesto a aceptar, por ello los agentes de la DFS reportaron acuciosamente la pugna política. En sus novedades encontramos lo que el agente había visto y escuchado, escribían líneas o párrafos de acuerdo a la magnitud del hecho social, anotaban la hora del reporte, día y lugar de lo que presenció. Si era necesario redactaba una opinión, si era grave o no la situación, presentaban nombres de las personas investigadas, cantidad aproximada de los individuos que vio, si tenían volantes y pancartas (si era necesario presentaban el desplegado en su informe), describía si traían armas, palos, machetes o envases para defenderse de la policía, por si disolvían el mitin o la manifestación. Los reportes se escribían con máquina de escribir y dirigidos al director de la DFS, “eran estudiados por analistas que transferían sus recomendaciones a los directores de los servicios de inteligencia y estos, al secretario de gobernación y la presidencia quienes decidían, probablemente dependiendo de la situación, la actividad práctica a desarrollar, usualmente violenta” (Ortiz, 2017, p. 109). Al final de los documentos se encontraban las siglas de los agentes que hicieron el informe. En muy raras ocasiones se encontraba el nombre completo de quien o quienes lo redactaron, lo que nos hace pensar que dependiendo de la situación observada y su posible “peligrosidad” para el Estado, era la cantidad de agentes que enviaban a investigar.

El primer informe de 5 fojas, signado por los agentes I.P.S, E.L.I, P.D.P y J.G.S., especificaba rumores de personajes políticos que querían la candidatura a gobernador del estado de Hidalgo, así como opiniones de la sociedad hidalguense sobre el ambiente político y “se especula que el actual gobernador, Profr. Manuel Sánchez Vite, dejará sucesor ya que el Lic. Luis Echeverría Álvarez, apoyará en todos los aspectos la petición que él quiera que lo sustituya” (AGN, 1974, Caja 1073, Exp.2, f. 227). También se informó del poder político de Manuel Sánchez Vite y los posibles problemas políticos que se podrían ocasionar si la designación de su sucesor no es de él, ya la gente se inclina

a pensar que en caso de que la designación del Profr. Sánchez Vite no sea del agrado de este, se propiciarán problemas por conducto de su gente; según lo ha manifestado en varias ocasiones el mismo Sánchez Vite. También se rumora, que la designación deberá de resolverse de inmediato pasando el IV Informe de Gobierno del Lic. Luis Echeverría Álvarez (AGN, 1974, Caja 1073, Exp.2, f. 231).

Los agentes de la DFS observaron que el conflicto por la sucesión gubernamental seguía escalando con rumores y suspicacias, pero el suceso que encendió las alarmas del gobierno federal fue el discurso de Manuel Sánchez Vite en la inauguración de una escuela primaria en el municipio de Santiago Tulantepec. El documento de 4 fojas esta firmado por Enrique Soto Almazán y comenta que la arenga trato de aclarar que la sucesión de la gubernatura es de los hidalguenses, que nadie es dueño del PRI y “no nos impresionan los emisarios que vienen por acá como representantes de una precandidatura presidencial […] no estamos con los acelerados que quieren ganar gobernadores, para presentarle una situación de hecho al presidente de la República” (AGN, 1974, Caja 1073, Exp.2, f. 334).

Este discurso aludió claramente, sin decir nombres, a los funcionarios del gobierno federal que se interesaban en la gubernatura: los dos senadores por Hidalgo, Germán Corona del Rosal y Raúl Lozano Ramírez; el subsecretario de educación pública, Ramón G. Bonfil; el diputado federal Oscar Bravo Santos y el director de la banca agropecuaria oficial, Jorge Rojo Lugo (Corrales, 1982).

El gobernador no atacó al presidente de la República en su discurso, por el contrario, mencionó que “ningún candidato presidencial que traicione a Echeverría […] que no tenga la fuerza popular y que sea el hombre llamado a regir los destinos de nuestra patria, pueden estar seguros que, no le tenemos miedo…” (AGN, 1974, Caja 1073, Exp.2, f. 334). A pesar que se deslindó de injuriar al primer mandatario, el régimen no vio con buenos ojos el mensaje, por lo que la vigilancia al gobernador y su grupo político fue más incesante.^[8]

Sánchez Vite confió en su capital político que “se puede comprender como un crédito, basado en las operaciones múltiples de crédito con las que los actores prestan momentos de poder a una persona percibida como confiable gracias a su fiabilidad” (Meichsner, 2007, p. 14). Lo utilizó como andamiaje^[9] para deshacerse de sus enemigos al interior del partido oficial, pues a partir del discurso en Santiago Tulantepec, se dedicó a

patrocinar una sonora campaña de propaganda que insistía en que sólo los hidalguenses elegirían al próximo candidato del PRI para la gubernatura. Eso fue un desafío público a la práctica habitual de que el presidente Echeverría designara a los gobernadores o por lo menos les diera su aprobación. Sánchez Vite sobreestimó sus fuerzas y emprendió peleas en varios frentes. Al principio parecía que la intentona salía bien, pues logró imponer como candidato del PRI a la gubernatura al doctor Otoniel Miranda Andrade, quien era su médico personal y líder de la CNOP en Hidalgo (Gutiérrez, 2017, p. 101-102).

El destape de Otoniel Miranda como precandidato del PRI a la gubernatura fue el 11 de octubre de 1974, reportado por los agentes J.G.S., E.S.A., I.P.S., G.V.C., y E.I.R.; quienes transcribieron los hechos y los discursos de los oradores en 9 fojas. La designación se llevó a cabo en el gimnasio Miguel Alemán en Pachuca Hidalgo, “el acto estuvo presidido por el gobernador del Estado Profr. Manuel Sánchez Vite, por el Lic. y Diputado Federal Jesús Medellín Muñoz delegado del Comité Nacional del Partido Revolucionario Institucional” (AGN, 1974, Caja 1073, Exp.2, f. 229); además de otros personajes políticos de la entidad, así como representantes de organizaciones campesinas y del SNTE. En el evento pasaron distintos oradores que se congratularon por la designación de Otoniel Miranda y por la alianza que habían realizado maestros y campesinos para lograr la candidatura de Miranda. Este último mencionó que continuaría con la obra de Sánchez Vite y con el ejemplo del presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez.

Los documentos nos describen un evento político de adhesión al nuevo candidato, con organizaciones sociales y políticas respaldando la entronización en un ambiente festivo y sin enconos, pero las ultimas líneas que los agentes envían al director de la DFS, son las más interesantes sobre la situación política. A la letra dice:

Con relación a la candidatura del Dr. Otoniel Miranda Andrade al Gobierno del Estado hasta el momento la ciudadanía hidalguense muchos en su mayoría no lo creen o no lo quieren aceptar, sobre todo en la Banca, la Industria y el Comercio y sólo comentan que Sánchez Vite se salió con la suya (AGN, 1974, Caja 1073, Exp.2, f. 237).

Los agentes mencionan al sector privado inconforme con la designación sin presentar alguna evidencia, interpretación para preocupar a sus jefes o esparcir rumores de un problema en ascenso. Es al día siguiente, el 12 de octubre de 1974, que los agentes I.P.S., J.G.S., E.L.R. y G.V.C. elaboraron un documento de 4 fojas que plasmó sus inquietudes y apreciaciones sobre el candidato a la sucesión gubernamental. Expresaron que seguirá el continuismo político en la entidad y la falta de garantías individuales a los ciudadanos hidalguenses

que temen ser golpeados como muchos lo han sido, o algún otro tipo de represión y que, si la opresión es el mejor sistema, lo aceptan, aunque pese al continuismo que se siente, cualquier persona es mejor que un médico de cabecera y que si no hay manifestaciones públicas es porque hay temor a la vida y escasean las garantías individuales (AGN, 1974, Caja 1074, Exp.1, f. 246).

En su opinión no dejan dudas que el candidato Otoniel Miranda fue impuesto por el gobernador, enemigo del secretario de gobernación Mario Moya Palencia. Sánchez Vite

denuncia las maniobras del secretario de gobernación para influir en los asuntos políticos de Hidalgo e imponer gobernador […] Los ataques al secretario de gobernación eran significativos no sólo porque éste es uno de los más influyentes funcionarios públicos del gobierno federal ya que se encarga del control interno del país sino también porque en esa época era uno de los más fuertes aspirantes a la presidencia de la República” (Corrales, 1982, p. 133).

Los agentes reportaron este conflicto al director de la DFS, sin que Sánchez Vite se enterara que estaba siendo vigilado todos los días. En informes posteriores detallan las actividades del gobernador y los rumores de la clase política sobre si era adecuada o no la designación del sucesor, además de las diatribas, insultos y comentarios al secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, y con ello derrumbar su candidatura presidencial. Pero es el informe del 14 de octubre de 1974, de los agentes I.P.S., J.G.S., E.L.R. y G.V.C. que marca la pauta en la contraofensiva del gobierno federal, pues se llevó una reunión de políticos hidalguenses

en el Restaurant del “Ángel” de Paseo de la Reforma e Insurgentes en el Distrito Federal, se llevó a efecto un desayuno, en el que se reunirán, el Lic. y Dip. Fed. Oscar Bravo Santos; Sen Germán Corona del Rosal; Profr y Antropólogo Maurilio Muñoz, vocal ejecutivo del Patronato Indígena del Valle del Mezquital; Humberto Lugo Gil; delegado de Venustiano Carranza y el Lic. Humberto Rojo Lugo, y al parecer el Profr. Ramón G Bonfil y otros, para tratar el problema político de esta entidad, ya que consideran que el Dr. Otoniel Miranda Andrade, candidato al gobierno del Estado, no es la persona indicada para dirigir los destinos del mismo los próximos 6 años y es el sentir general de los hidalguenses. Después de esta reunión, al parecer, le pondrán en conocimiento de su acuerdo al propio Lic. Luis Echeverría Álvarez (AGN, 1974, caja 1183, expediente 2, f. 265).

También revelan que los opositores a la candidatura de Otoniel Miranda serán reprimidos.

Para tal fin hay pistoleros traídos por el Gobernador Sánchez Vite del Estado de Veracruz y de Michoacán, también se habla de que, en el transcurso de esta semana, la Federación Estudiantil Universitaria del Estado (FEUH), hará la renovación de sus líderes que encabeza actualmente Miguel Abel Venero y que en su lugar estaría el estudiante de leyes, Cesar Arroyo, quien es también incondicional del gobernador del Estado (AGN, 1974, caja 1183, expediente 2, f. 266).

En este clima de crispación la disputa por el poder creció, con la inclusión de actores políticos de primer nivel que estaban en contra del candidato sucesor, la mayoría de los mencionados formaban parte de la clase política estatal. Cabe destacar que los agentes señalaban que existen pistoleros con el propósito de reprimir a los opositores, la alianza de la FEUH con el gobernador era de suma importancia, este “grupo estudiantil con raigambre política era utilizado por el gobierno estatal para amedrentar opositores al régimen” (Rivera, 2004, p. 47). Consideramos que este informe es alarmista y sin mucho sustento, pero no está de más considerar que las autoridades de la Secretaría de Gobernación lo podrán estimar en sus prioridades, validando la versión de sus espías, aseveraciones que constatamos en los oficios de los agentes de la DFS, donde se detallan mítines, reuniones y conflictos entre la federación y el gobernador en distintas fechas, de octubre de 1974 al mes de abril de 1975, generando una copiosa cantidad de fojas con los eventos descritos. Un ejemplo es la detención del Lic. Héctor Zarate Durón, secretario particular del senador Germán Corona del Rosal, aspirante a la candidatura por la gubernatura acusado de portación ilegal de armas. Los agentes dicen que

son instrucciones del Profr y Lic. Manuel Sánchez Vite, ya que se dice ha estado interviniendo en asuntos políticos del Estado y que el Gobernador hará todo lo posible por sacar al Dr. Otoniel Miranda adelante en contra de quien sea (AGN, 1974, caja 1074, expediente 1, f. 250).

El detenido es liberado a los pocos días, enviando un mensaje a la clase política de Hidalgo que el gobernador impondría por la fuerza y la ley su cometido. El ambiente continuó tenso en los meses siguientes, pasando por el día de la elección a la gubernatura, el 8 de diciembre de 1974, ganando el candidato del oficialismo estatal: Otoniel Miranda, quien tomó posesión el 1 de abril de 1975. Es hasta el 24 de abril de 1975 que el grupo de poder de Sánchez Vite (ahora exgobernador) y el nuevo gobernador reciben un golpe fuertísimo en sus cimientos, al ser destituidos de la dirigencia los líderes de la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) y el SNTE en Hidalgo. El Universal notificó lo siguiente:

Treinta mil campesinos se congregarán hoy en Actopan, en un acto de apoyo a la CNC hidalguense y a su nuevo líder Mario Cruz Gómez. El SNTE solicitó de sus filiales en el país su apoyo decidido para que la Procuraduría General de la República investigue a fondo la situación que priva en la entidad, “donde Otoniel Miranda se burla de las instituciones y viola la constitución general (El Universal, 25 de abril de 1975, p. 1).

Sin el apoyo de su base, el nuevo gobernador y su padrino político se ven indefensos. Es claro que la federación, por medio del secretario de Gobernación y el presidente de la República, decidieron maniobrar en las organizaciones campesinas y magisteriales para despojarle de sus recursos y poder al exgobernador. En los días posteriores la prensa se encargó de escribir notas y artículos sobre la necesidad de la desaparición de poderes, mientras los agentes de la DFS informaban que los edificios del PRI y del SNTE en Hidalgo eran vigilados por “policía preventiva, policía judicial y policía de tránsito en automóviles particulares y por elementos de los llamados comúnmente matones a sueldo” (AGN, 1975, caja 1183, expediente 2, f. 58); preparándose para una asonada o simplemente era un último intento de demostrar poder a lo que se vendría el 29 de abril de 1975 en la cámara de Senadores:

a las 17:30 hrs se reanudaron los trabajos de la Comisión permanente, con una asistencia de 29 legisladores, bajo la presidencia del Senador Enrique Olivares Santana. La secretaria dio lectura al dictamen de las comisiones de puntos constitucionales, en donde manifiestan que fueron citados ayer para entregarles los expedientes con recortes y artículos en relación al problema del Estado de Hidalgo (AGN, 1975, caja 1183, expediente 2, f. 156).

En 30 minutos llegaron a un acuerdo y procedieron a declarar la desaparición de los poderes del estado de Hidalgo, “siendo aprobada en lo particular y en lo general sin debate, por 29 votos; pasando al Ejecutivo para sus efectos constitucionales” (AGN, 1975, caja 1183, expediente 2, f. 159). Como el asunto era de suma importancia, se le pidió a Echeverría una terna para elegir un gobernador provisional.

Esa misma noche, a las 19:05 se recibió el comunicado de la Secretaría de Gobernación, que postulaba a Esthela Rojas de Soto, Alberto Zoebisch Sánchez y Raúl Lozano Ramírez, siendo elegido el último por 27 votos (Rojas y Zoebisch tuvieron un voto cada uno). Esa misma noche Lozano rindió protesta; gobernó hasta el 7 de septiembre de ese año, cuando entregó el cargo al nuevo gobernador constitucional, Jorge Rojo Lugo, hijo de Javier Rojo Gómez (Gutiérrez, 2017, p. 108).

Reflexiones finales

La pugna de poder regional y federal por el control político del estado de Hidalgo desencadenó en la desaparición de poderes y la imposición de un gobierno que respondía a los intereses de Luis Echeverría Álvarez. Para Sánchez Vite representó una derrota total, su capital político^[10]no fue suficiente ante las fuerzas del presidencialismo y el aparato de Estado federal. Su antagonismo con el secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, fue inútil y confirmó que la desaparición de poderes era utilizada por el régimen como un instrumento de control político, el cual permitía destituir a los gobernadores de estados libres y soberanos.

El presidente de la República aprovechó las facultades del Senado, para subordinar un gobierno estatal y demostrar con mano firme a los políticos de los poderes locales y regionales que no se debía desafiar la autoridad del ejecutivo federal, pues tenía recursos para dominar el entramado político cuando lo requiriera; utilizando a otro poder de manera arbitraria, disimulando una acción en beneficio del interés público, la seguridad interior y el federalismo, pero se constituyó en una estratagema para eliminar enemigos políticos y ajustar cuentas dentro del régimen presidencialista.

El espionaje de la DFS y los informes de sus agentes fue otra forma de desgastar al Gobernador Manuel Sánchez Vite, al candidato Otoniel Miranda y su grupo de poder regional, pues los infiltrados sabían de primera mano las acciones del gobernador y las reportaba a sus jefes inmediatos. Esto era una desventaja, pues el factor sorpresa se perdía y además se daban a conocer nombres de los políticos que acudían a reuniones, dirigentes sindicales que estaban con el gobernador, organizaciones y recursos para realizar proselitismo. También los documentos dejan ver el grado de infiltración que por momentos lograron los agentes del régimen, quienes cuentan con las conversaciones que se realizaban en espacios cerrados, nombres de personas y comentarios acerca de la situación social y política en el estado. Para este efecto, el agente creaba sus redes de información entre los periodistas, boleros, peluqueros, sastres, taxistas, empleados de distintos giros comerciales y miembros del gabinete, funcionarios y servidores públicos del PRI y gobierno estatal, ya que los comunicados de la DFS refieren las órdenes del día de los acuerdos tomados, vehículos que conducían, si portaban armas y el número de asistentes en la reunión o el mitin, además de contar con ubicaciones exactas de los lugares que frecuentaban o visitaban los investigados.

La interpretación de los hechos por parte de los agentes es directa y escandalosa, deja ver que la entidad se estaba despedazando en sus conflictos políticos, que era ingobernable y dirigida por un grupo con demasiados deseos de poder, recayendo todo el peso de la mezquindad en la figura del gobernador. ¡No Excusamos! en este análisis sus culpas, errores y objetivos de mantener el poder a través de un político manejable como lo fue Otoniel Miranda, pero sí considerar que la fuente documental que se trabajó es oficial y propensa a endulzarle los oídos al secretario de Gobernación y presidente de la República. Sin embargo, no podemos dejar de considerarla por ser de mucha utilidad, nos demostró que el espionaje dio mucha información al régimen para contraatacar, tomar decisiones y desparecer los poderes.

Este trabajo también contribuyó a la historiografía reciente como los trabajos de Valdez (2021) y Jasso y Cáceres (2021), que consideran a los agentes confidenciales como “los ojos y oídos del régimen”; sujetos omnipresentes, capaces de saber casi todo lo que sucedía en territorio mexicano por distintos medios, para informarlo a sus jefes y eliminar cualquier “posible enemigo” interno y externo, lucha o movimiento social que contraviniera los intereses del Estado. El régimen vigilaba a todos sin cortapisas por medio de la DFS y con su información llevaba la delantera en las acciones a seguir, incluso le dejó de importar que Manuel Sánchez Vite haya sido presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, del 7 de diciembre de 1970 al 21 de febrero de 1972, se “insubordinó” y esto no fue permitido por el sistema político.

Surgen nuevas preguntas dedicadas a los agentes de la DFS y su incidencia en la infiltración y espionaje en los procesos políticos de los estados. ¿Cómo influyeron en acciones coordinadas y planes del presidente de la República para aniquilar a grupos de poder que no le eran convenientes? ¿Qué mecanismos utilizaron los agentes para investigar y en su caso infiltrarse en los gobiernos y recopilar información? Estas son algunas preguntas que deberían ser sustentadas en la construcción de hipótesis y ser susceptibles de investigar. También se requiere explicar la especificidad histórica, política y social de los agentes de la DFS como actores relevantes en la toma de decisiones, no sólo como productores de información. Sujetos que por su labor de secrecía se mantuvieron ocultos de la opinión pública durante mucho tiempo. Sólo con el trabajo de archivo hemos podido saber de ellos y analizar su rol en distintos momentos de la historia reciente de México.

Referencias

AGN [Archivo General de la Nación]. (1974, 20 de agosto). Fondo Gobernación, Sección Investigaciones políticas y sociales. “Se rumora con insistencia, en la entidad, que si el sucesor del Profr. Manuel Sánchez Vite, no es de su agrado, habrá problemas.” Pachuca, Hidalgo. Galeria_2/DIPS/ Caja 1073, Expediente 2, foja 227. Ciudad de México.

AGN (1974, 20 de agosto). Fondo Gobernación, Sección Investigaciones políticas y sociales. “Se rumora con insistencia, en la entidad, que si el sucesor del Profr. Manuel Sánchez Vite, no es de su agrado, habrá problemas.” Pachuca, Hidalgo. Galeria_2/DIPS/ Caja 1073, Expediente 2, foja 231. Ciudad de México.

AGN (1974, 8 de septiembre). Fondo Gobernación, Sección Investigaciones políticas y sociales. “Discurso pronunciado por el Lic. Profr. Manuel Sánchez Vite, en la ciudad de Santiago Tulantepec, Hgo, con motivo de la inauguración de una escuela primaria.” Pachuca, Hidalgo. Galeria_2/DIPS/ Caja 1073, Expediente 2, foja 334. Ciudad de México.

AGN (1974, 6 de octubre). Fondo Gobernación, Sección Investigaciones políticas y sociales. “Comentarios que ha despertado a últimas fechas, la actitud asumida por el Profr. Manuel Sánchez Vite.” Pachuca, Hidalgo. Galeria_2/DIPS/ Caja 1073, Expediente 2, foja 198. Ciudad de México.

AGN (1974, 11 de octubre). Fondo Gobernación, Sección Investigaciones políticas y sociales. “Durante la asamblea de la Alianza permanente maestro-campesina, efectuada hoy en el Gimnasio “Miguel Alemán”, nombró precandidato del PRI al gobierno del Estado al Dr. Otoniel Miranda Andrade.” Pachuca, Hidalgo. Galeria_2/DIPS/ Caja 1073, Expediente 2, foja 229. Ciudad de México.

AGN (1974, 11 de octubre). Fondo Gobernación, Sección Investigaciones políticas y sociales. “Durante la asamblea de la Alianza permanente maestro-campesina, efectuada hoy en el Gimnasio “Miguel Alemán”, nombró precandidato del PRI al gobierno del Estado al Dr. Otoniel Miranda Andrade.” Pachuca, Hidalgo. Galeria_2/DIPS/ Caja 1073, Expediente 2, foja 237. Ciudad de México.

AGN (1974, 11 de octubre). Fondo Gobernación, Sección Investigaciones políticas y sociales. “Inconformidad absoluta ha surgido en la ciudadanía hidalguense por la designación del Dr. Otoniel Miranda Andrade como sucesor del gobernador Sánchez Vite, por considerar que sería un continuismo político de opresión y suspensión de garantías individuales.” Pachuca, Hidalgo. Galeria_2/DIPS/ Caja 1074, Expediente 1, foja 246. Ciudad de México.

AGN (1974, 12 de octubre). Fondo Gobernación, Sección Investigaciones políticas y sociales. “A las 18:30 hrs, fue detenido el Lic. Héctor Zarate Durón, secretario particular del senador Germán Corona del Rosal, acusado de portación ilegal de armas.” Pachuca, Hidalgo. Galeria_2/DIPS/ Caja 1074, Expediente 1, foja 250. Ciudad de México.

AGN (1974, 14 de octubre). Fondo Gobernación, Sección Investigaciones políticas y sociales. “El senador German Corona del Rosal, presidirá mañana a las 9:00 horas. Un desayuno en el hotel del Ángel ante cinco o seis destacados políticos hidalguenses.” Pachuca, Hidalgo. Galeria_2/DIPS/ Caja 1183, Expediente 2, foja 265. Ciudad de México.

AGN (14 de octubre de 1974). Fondo Gobernación, Sección Investigaciones políticas y sociales. “El senador German Corona del Rosal, presidirá mañana a las 9:00 horas. Un desayuno en el hotel del Ángel ante cinco o seis destacados políticos hidalguenses.” Pachuca, Hidalgo. Galeria_2/DIPS/ Caja 1183, Expediente 2, foja 266. Ciudad de México.

AGN (1975, 24 de abril). Fondo Gobernación, Sección Investigaciones políticas y sociales. “Edificios del PRI y del SNTE en Hidalgo son vigilados por distintas corporaciones policiacas.” Pachuca, Hidalgo. Galeria_2/DIPS/ Caja 1183, Expediente 2, foja 58. Ciudad de México.

AGN (1975, 29 de abril). Fondo Gobernación, Sección Investigaciones políticas y sociales. “Los integrantes de la Comisión permanente del Congreso de la Unión declararon desaparecidos los poderes del Estado de Hidalgo; se dio un receso para comunicarle esta decisión al presidente de la República.” Pachuca, Hidalgo. Galeria_2/DIPS/ Caja 1183, Expediente 2, foja 156. Ciudad de México.

AGN (1975, 29 de abril). Fondo Gobernación, Sección Investigaciones políticas y sociales. “Los integrantes de la Comisión permanente del Congreso de la Unión declararon desaparecidos los poderes del Estado de Hidalgo; se dio un receso para comunicarle esta decisión al presidente de la República.” Pachuca, Hidalgo. Galeria_2/DIPS/ Caja 1183, Expediente 2, foja 159. Ciudad de México.

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Notas

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