La era de la ebullición global: desafíos y oportunidades para la resiliencia climática en la región Centroamericana

The era of the global boiling: Challenges and opportunities for the climatic resilience in the Central American region

José Rodrigo Rojas M. jose.rojas.morales@una.cr

Universidad Nacional, Costa Rica

El 27 de julio del 2023 será una fecha inolvidable para la historia de la humanidad y para la región centroamericana, recordará el día que, oficialmente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró la finalización de la era del calentamiento planetario y el comienzo de la era de la ebullición global (ONU, 2023). Los últimos reportes de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y del Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea ratificaron que el pasado julio (2023) se registraron los días más calurosos de los últimos 80 años (Copernicus, 2023). Durante estos se batieron los récords históricos y se documentaron las temperaturas oceánicas más altas para esta época del año, incluso en algunas regiones del planeta, entre ellos los países centroamericanos, comenzaron a experimentar la sensación térmica de vivir con el aumento de 1.5 ⁰C de temperatura global. Este máximo fue acordado para el 2050, como objetivo internacional de limitar el calentamiento del planeta desde la era preindustrial (Copernicus, 2023; Keys et al., 2019).

De acuerdo con el Climate Change Performance Index (CCPI, 2023), existen cuatro factores detonantes de la actual condición: a) un forzamiento radiativo climático antropocéntrico, generado por el incremento exponencial de gases de efecto invernadero; b) un pobre desempeño y bajo cumplimiento de los compromisos acordados para reducir las emisiones globales contaminantes; c) una creciente potestad imperio y poder dominante, de la geopolítica climática, por parte de los países productores de petróleo y d) un pobre altruismo norte-sur para aumentar la ambición y financiamiento en resiliencia climática y la promoción de soluciones basadas en la naturaleza. Centroamérica no escapa a esta alarmante realidad planetaria, el anuncio de la nueva era de ebullición trae consigo complejos desafíos, pero también oportunidades para planificar y ejecutar acciones hacia la transformación e integración de una parte del planeta climáticamente resiliente, tecnológicamente innovadora y socialmente inclusiva.

En términos de gobernanza climática, el panorama en la región centroamericana es conservador. En su conjunto, estos países han experimentado retos importantes por las permanentes asimetrías en acceso y distribución de la riqueza, desarrollo económico y conservación ambiental efectiva (Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2018 y 2019). De acuerdo con la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD, 2019), los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), por sus características naturales, ubicación geográfica, alto índice de pobreza y deudas sociales, conforman una de las regiones más vulnerables y amenazadas por la nueva era de la ebullición (CCAD, 2019). Esta zona es afectada por regímenes de intensas lluvias y tormentas, así como por prolongadas sequías y trastornos climatológicos relacionados con alteraciones oceanográficas que provienen del Mar Caribe y del Océano Pacífico (CCAD, 2019).

Estas anomalías, más la pobre inversión en gestión integral del riesgo climático, son la combinación perfecta que sigue empujando, a niveles insostenibles, la capacidad de carga y de renovación ecosistémica, pero también pone a prueba los niveles de vulnerabilidad de la infraestructura pública, así como la base social y económica del SICA (Barandiarán et al., 2019). Aunque se estima que Centroamérica seguirá produciendo una mínima parte de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del planeta, en la actualidad es una de las regiones más vulnerables (Barcena et al., 2011; García, 2023; Vélez et al. 2022). Debido a la estrecha dependencia entre el clima, la producción y el desarrollo humano sostenible, la era de la ebullición magnificará las debilidades de la resiliencia centroamericana, con menores oportunidades para procurar un alto desempeño en desarrollo sostenible y de que nadie se quede atrás. De hecho, Barahona et al. (2022) confirman que son inminentes los periodos de sequía extendidos y que será cada vez menor la frontera agrícola aprovechable, lo cual afectará los rendimientos productivos, la base económica familiar y la magnificación de fenómenos sociales como la migración y los nómadas climáticos por toda Centroamérica.

Finalmente, los planteamientos y reflexiones sobre la era de la ebullición cobran especial importancia regional al considerar los siguientes tres principios de realidad: 1) incapacidad de ejecutar lo establecido en las políticas públicas para reducir los impactos climáticos sobre los ecosistemas terrestres, aéreos o acuáticos; 2) retroceso en el uso de bienes y servicios basados en la naturaleza como respuesta a un aumento generalizado de la degradación ambiental y 3) una creciente dificultad de conectar el desarrollo humano con acciones de políticas como la Estrategia Regional de Cambio Climático, Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgos de Desastres y la Agenda 2030 (Banco Mundial, 2019; Kalantari et al. 2019; Rodrigo-Cano et al., 2019).

En ese contexto, esta investigación contribuye con una reflexión sobre los pasivos ambientales regionales que se han ensanchado por el incumplimiento de planes, programas y proyectos de la agenda para la resiliencia climática pospandemia y sobre lo apremiante de que cualquier solución tenga carácter regional más que respuestas en el ámbito nacional.

Este estudio refiere la definición de la era de ebullición expuesta por la ONU (2023), donde se atribuye este fenómeno físico, climático y atmosférico, a un aumento exponencial y sostenido de la temperatura planetaria inducida por el incremento de gases de efecto invernadero. En respaldo de esta declaratoria, Morris et al. (2022) y Sovacool y Dunlap (2022) concluyen que la progresión de calor global es el resultado de una anomalía conocida como forzamiento radiativo. Tal como lo refieren Shindell y Faluvegi (2009) y Meinshausen et al. (2015), este forzamiento no tiene precedentes y está directamente correlacionado con las trayectorias progresivas de los llamados gases antropogénicos generados por el paradigma de desarrollo extractivista, promovido por las eras industriales y las actuales tendencias de globalización.

Ya advertían, Nature (2003) y Keys et al. (2019) sobre la incapacidad de los ecosistemas de responder a la era de la ebullición global y de las fatales consecuencias ecosistémicas contabilizadas en extinción de especies (García-Molinos et al., 2020), aumento de pobreza planetaria (Arga et al. 2020), enfermedades y muertes humanas relacionadas con el clima (Mora et al., 2017), acidificación del mar con crítica reducción de biomasa para alimento humano (peces, moluscos, crustáceos) (Kwiatkowski y Bopp, 2019) y pérdida de la soberanía alimentaria debido al avance de la desertificación en los países emergentes (Huang et al., 2020). Centroamérica no es la excepción, los escenarios climáticos indican que la región experimentará una situación crítica con graves afectaciones multisectoriales por el limitado acceso a recursos básicos de calidad como aire, agua, energía y alimentos (Bárcena et al., 2011; Bouroncle et al., 2017; Hannah et al., 2017).

Además, en el sentido de Feliciano y Sobenes (2022) y Tamayo et al. (2022), la era de la ebullición es sinónimo de una serie de alteraciones climáticas regionales y desfaces en el inicio y fin de las épocas seca y lluviosa. Los cambios en el ciclo hidrológico descontrolarán los periodos de siembra y cosecha y se incrementarán las inversiones que requieren la canasta básica. Será más complicado mantener la soberanía alimentaria debido a los bajos rendimientos de cultivos esenciales como café, maíz, frijoles, arroz, frutas y legumbres. No obstante, como lo documentan Miranda et al. (2020) y Quesada-Román et al. (2021), la magnificación de los eventos atmosféricos marinos incrementará las pérdidas regionales en la infraestructura social, en especial puentes, carreteras, líneas de distribución eléctrica y centros de enseñanza. Además, como lo señala Gallardo et al. (2022), se entronizará la pobreza extrema en la región y crecerán las asimetrías sociales, las desigualdades y la vulnerabilidad socioeconómica ambiental. En este escenario de ebullición regional y considerando las evidencias documentadas, Centroamérica está alcanzando niveles peligrosos en su biocapacidad (Rojas, 2022). Las medidas de mitigación, compensación o adaptación revelan débiles resultados y baja capacidad para acoplar acciones con la agenda para la resiliencia climática. Hagen et al. (2022) son más drásticos al señalar que aun si en un futuro cercano hubiera financiamiento disponible, este podría ser insuficiente para evitar pérdidas y daños sistémicos. La ciencia expuesta es contundente en señalar que las trayectorias y tendencias, de la era de la ebullición, dirigen al planeta a un punto de inflexión sin retorno y con consecuencias cuya magnitud es impredecible.

Esta investigación se basó el análisis de datos generados de dos herramientas de predicción y de vigilancia tecnológica llamadas Hontza (http://www.hontza.es) y Softvt (www.softvt.com). Para detectar las fuentes de información de interés, se programaron búsquedas dirigidas a la captura automatizada de publicaciones científicas regionales e internacionales, así como noticias, reportes de políticas públicas y memorias de conferencias y seminarios sobre la era de la ebullición. Los análisis bibliométricos permitieron revisar, literalmente, grandes volúmenes de datos e identificar elementos claves del desarrollo científico y tecnológico sobre las tendencias de este fenómeno climático y la región centroamericana.

Adicionalmente, se utilizaron cinco buscadores especializados en recuperar información sobre forzamiento radiativo, resiliencia y gobernanza climática en Centroamérica. Los buscadores son: Intelligo, CiteSeerX, Recolecta, CC Search, y National Library. Además, se consultaron publicaciones en las siguientes bases de datos: Web of Science, Google Scholar, Redalyc, Scielo, Teseo, Openthesis y Oatd. Los datos de políticas públicas, para la región centroamericana, fueron extraídos de informes recientes de ministerios de planificación, ambiente, ciencia, tecnología e innovación de cada país.

Para responder al objetivo y los alcances de esta investigación, en el Cuadro 1 se presenta un resumen de indicadores sobre los principales retos y desafíos regionales para enfrentar los efectos de la era de ebulición. En complemento, para cada país, se exponen algunos condicionantes que siguen limitando las acciones para la adaptación y resiliencia climática efectiva. Se da inicio con una progresión desde el norte hacia el sur de la región, a pesar de las declaratorias de la Ley Marco de Cambio Climático, el Plan de Desarrollo Katún Nuestra Guatemala 2032, el Acuerdo de París, la Contribución Nacionalmente Determinada, y el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, Guatemala no ha logrado revertir las tendencias de aumento de emisiones contaminantes emitidas por la pérdida de cobertura boscosa (deforestación, 26 %), transporte y energía (27 %) y agricultura y ganadería (23 %) (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala (MARN), 2021a).

Al respecto, Bardales et al. (2019) advertían que tanto la temperatura como la precipitación muestran una tendencia al aumento en las últimas décadas y el país se ha visto afectado, más intensamente, por eventos extremos como canículas más severas y prolongadas, el retraso en el establecimiento de la temporada de lluvias y el aumento de días con precipitaciones intensas. Sobre la relación de las enfermedades y los costos por atención médica primaria, derivadas de las alteraciones climáticas, Guatemala muestra un incremento de personas afectadas por enfermedades transmitidas por vectores (ETV) tipo arbovirosis (dengue, zika y chikunguña).

Por su parte, de acuerdo con el Informe Nacional de Contribuciones, Honduras aporta menos del 0.01 % de las emisiones contaminantes en el mundo, pero es una de las economías más afectadas por las amenazas climáticas (Martínez et al., 2021). En este mismo reporte se indica que, desde el 2010, el país muestra incrementos en las pérdidas relativas, en su población y economía, debido a los embates de eventos hidrometeorológicos tipo tormentas, inundaciones y deslizamientos de tierra. Entre 1980 y 2018, han muerto más de 15.000 personas víctimas de diferentes desastres naturales, con una población expuesta estimada en 2.9 millones de personas, ubicadas en los departamentos climatológicamente más vulnerables: de Gracias a Dios, Colón, Atlántida y Cortés (Martínez et al., 2021). El Ministerio de Ambiente (Mi Ambiente) ha determinado un índice de severidad de sequía, revelando que el 40 % del territorio presenta una condición de déficit pronunciado de lluvia, con una tendencia irreversible en la zona denominada Corredor Seco (MiAmbiente, 2020; Sanders et al. 2019; World Bank, 2023).

Una situación, climáticamente, más extrema está experimentando El Salvador. De acuerdo con Luna (2017), los embates del cambio climático en el país más pequeño de la región han elevado los promedios anuales de temperatura (0.4 °C-2.2 °C), así como la ocurrencia de eventos extremos asociados con exceso de lluvia o incremento de las sequías. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) (2021b) en su tercera comunicación, sobre cambio climático, indica que el impacto de eventos hidro climáticos de las últimas décadas ha profundizado la vulnerabilidad socioeconómica y ambiental, así como las medidas de contención del riesgo han sido poco eficientes para reducir los niveles críticos de la degradación ambiental y las pérdidas billonarias (Salazar et al., 2019). En la era de la ebullición, El Salvador debe revisar su estrategia de resiliencia climática, la magnitud de los desastres hidrometeorológicos y la adaptación del sistema socioeconómico depende de acciones inmediatas (Rosa et al., 2023; Sorto, 2023).

Desde el 2010, con el informe para la CEPAL sobre economía del cambio climático en Centroamérica se concluye que el desarrollo económico de Nicaragua, en especial el que aporta el sector agropecuario de granos básicos, como arroz, frijoles, café y maíz, es poco tecnificado y altamente vulnerable a las alteraciones hidro climáticas, al aumento de la temperatura y a la disminución de las precipitaciones (Ramírez et al., 2010). La plataforma nacional de información y conocimientos sobre cambio climático, adscrita al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), también confirma los daños y pérdidas provocadas por las alteraciones del clima, en especial los episodios de El Niño y La Niña, anomalías de temperaturas e impactos en el mar, las costas, el agua potable, los bosques y la agricultura (Keller, 2013).

Por esto, en los últimos 20 años, Nicaragua se encuentra dentro de los 5 países del mundo más afectados por el cambio climático con aumento en la infestación de plagas y enfermedades que afectan los cultivos y la salud pública en general, inundaciones que producen pérdidas en los cultivos, infraestructura, biodiversidad y vidas humanas, y disminución en el caudal de los ríos (MARENA, 2022; Rodríguez et al., 2019; Solé et al., 2016).

Quizás Costa Rica es uno de los países de la región que más ha avanzado en acciones a favor de la resiliencia climática y el combate contra la era de la ebullición. La declaratoria, Programa País Carbono Neutralidad, estrategias de cambio climático, de electromovilidad y de descarbonización de la economía, le han hecho merecedora de reconocimientos internacionales por la lucha contra el calentamiento global. Empero, las acciones no parecen ser lo suficiente robustas, sistemáticas y permanentes para frenar las tendencias de las acciones contaminantes. De hecho, el último informe del Estado de La Nación (2023) reafirma que la degradación de los bosques, fuera de las áreas silvestres protegidas y de protección absoluta, reduce el potencial de remociones contaminantes de las emisiones nacionales. Además, Blanco (2023) señala que tampoco hay cambios en materia energética, la mayor proporción de las emisiones de GEI se debe al elevado uso de combustibles fósiles, principalmente para transporte. Se mantiene una tendencia creciente en la importación de derivados del petróleo debido a un sistema de movilidad que no cambia, de manera significativa, hace tres décadas. En el 2022, el país compró 21.1 millones de barriles de petróleo, un incremento del 59.5 % con respecto al 2019. Esta situación generó impactos ambientales acumulativos, posicionó el consumo energético como principal emisor de GEI y afectó la calidad del aire y la salud ambiental y humana. En este sentido, Costa Rica no se diferencia de los graves comportamientos globales, según los cuales las emisiones contaminantes alcanzarán su punto máximo antes de 2025 (IELN, 2023).

Además, la falta de progresividad en las políticas para la resiliencia climática genera lastres, quizás un ejemplo de ello son las políticas energéticas. Si estas no incentivan la transición a energías renovables y una matriz energética sostenible y resiliente, no se está promoviendo de forma activa la sostenibilidad ambiental ni la equidad (Faerron y Mora, 2023). Esto podría resultar en la persistencia de una economía basada en combustibles fósiles, en una forma de regresión y de retroceso en la calidad ambiental y la sostenibilidad.

En resumen, se da un pobre nivel de desempeño de acciones nacionales para aumentar el compromiso climático, hay menor capacidad de remoción de emisiones del sector forestal, incremento de la importación y consumo de petróleo, crecimiento de la flota vehicular convencional, abandono de propuesta del tren eléctrico, aumento del uso de hidrocarburos para producir electricidad en el 2023, creciente huella de carbono y no hay una ruta clara en el cumplimiento de la meta de carbono neutralidad (Blanco, 2023; Durán et al., 2023; IELN, 2023).

En su última contribución, nacionalmente determinada, para la mitigación del cambio climático (NDC), el Estado panameño reconoce que el cambio climático amenaza a la población, a los ecosistemas (marinos, costeros y continentales) y a los sectores más productivos de la economía (Díaz y Miró, 2017). En su marco legal ambiental, Panamá reafirma su responsabilidad común, pero diferenciada de participación, en el proceso para estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero (Castro, 2022) y está convencido en aumentar la resiliencia climática y reducir las pérdidas millonarias que ocasionan las inundaciones, las sequías, el ascenso del nivel del mar y la progresiva intrusión salina sobre las reservas de agua para consumo humano y para la producción (Beyer et al. 2019). Preocupa el aumento de la temperatura del océano por la reducción de la biomasa pesquera disponible, incluso la operatividad y funcionalidad del canal interoceánico, principal ingreso de divisas a dicho país, se ha visto afectada por los fenómenos de escasez de agua en los embalses de las cuencas hidrográficas (Prado et al., 2024).

En complemento al análisis de retos de cada país, en el Cuadro 2 se enumera un conjunto de oportunidades para la región, con el fin de enfrentar los embates de esta nueva era de ebullición climática. Además, se han identificado desafíos (Cuadro 1) y oportunidades (Cuadro 2) para estimular la gobernanza regional resiliente. Estos, aunque balances opuestos, son principios de realidad complementarios para estructurar una hoja de ruta regional climáticamente eficiente, tecnológicamente innovadora y socialmente inclusiva.

El reto, sin duda apremiante, para que la región avance como un supra organismo vivo, dinámico e integrado, es no perder más tiempo. La era de ebullición climática llegó a Centroamérica y sus embates desconocen agendas políticas, clases sociales o límites geográficos. Es imperioso evadir cualquier estrategia que esté apoyada en fronteras territoriales, deben incentivarse soluciones y oportunidades sistémicas, comunitarias y regionales.

Activar una hoja de ruta regional requiere dejar el confort del “business as usual”, derribar barreras convencionales y revitalizar la atracción para el financiamiento climático multilateral. En paralelo, para un progreso resiliente, justo e inclusivo, Centroamérica debe cumplir los acuerdos firmados, aumentar el compromiso climático, público y privado con nuevas ambiciones sobre reducción de emisiones contaminantes y, además, es fundamental revisar y eliminar los planes nacionales que ponen en marcha medidas incrementales. Estas estrategias son “cuellos de botella”, esquemas lock-in, que postergan la transformación estructural resiliente que se requiere para contener el incremento de la temperatura regional por debajo de los 2 °C, con respecto a los niveles preindustriales.

Con base en lo expuesto, en el Cuadro 3 se plantean 10 recomendaciones para conformar una hoja de ruta, que además de identificar los desafíos estructurales, financieros y legales que enfrenta Centroamérica, respaldan los esfuerzos que hace la región para potenciar las oportunidades con el fin de avanzar con planes, programas, proyectos y acciones específicas en resiliencia climática regional. Estas recomendaciones se han agrupado en tres categorías considerando afinidades temáticas y la atención que puedan proporcionar a una agenda de prioridades estratégicas urgentes.

Cuadro 1
Análisis comparativo de algunos de los desafíos climáticos de la región centroamericana ^{1, 2}

1. Rojas et al. (2020), 2. Rojas (2023).

Cuadro 2
Análisis comparativo de oportunidades climáticas en la región centroamericana ^1,2

1. Rojas et al. (2020), 2. Rojas (2023).

Cuadro 3
Recomendaciones para la construcción de una hoja de ruta con acciones climáticamente inteligentes e inclusivas a escala social.

El estudio de vigilancia tecnológica levanta la primera alerta de lo que sucede en el entorno internacional, pero con vinculación en la región. Oficialmente, la Organización Meteorológica Mundial declaró que el 23 de julio del 2023 fue el día de mayor temperatura global de los últimos 120 años y la ONU confirma que terminó la era del calentamiento planetario e inició la era de la ebullición global. Estas afirmaciones, para la región centroamericana, resultan alarmantes, no solo por las repercusiones climáticas que prevalecen, sino porque como región se carece del blindaje suficiente para contrarrestar los rigores de esta nueva era. En prospectiva, basado en las proyecciones del Comité Regional de Recursos Hidráulicos, en el 2030 toda la región será más caliente y con alteraciones en los presupuestos de lluvias. La suma de estas tendencias derivará en empobrecimiento ecológico y económico, en deterioro del tejido social y en el aumento de refugiados climáticos. Luchar contra estas asimetrías requiere romper la hegemonía del actual paradigma desarrollista y frenar la trayectoria de la economía basada en combustión fósil.

La segunda alerta documentada, en esta investigación, se refiere a la ratificación de que la región mantiene lastres y pasivos ambientales producto de incumplimientos a multinivel. Los ODS relacionados con gobernanza climática, especialmente el 2, 6, 7, 13, 14 y 15, muestran bajos niveles de desempeño para toda la región. Las acciones implementadas no parecen ser suficientes para contener el aumento de la temperatura por debajo de los 2 °C. Los resultados publicados en los informes voluntarios, sobre inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (INGEI) y en los reportes bienales de actualización, comprueban la incapacidad de la región en conectar las políticas públicas con acciones efectivas para alcanzar las metas de reducción de emisiones establecidas en el Acuerdo de París en el 2017 y esto acelerará la llegada de los impactos y transformaciones sistémicas de la era de la ebullición sobre la región.

Otro hallazgo sensible es que la escala de financiamiento, para la acción climática resiliente regional, sigue insignificante e insuficiente para materializar los planes, programas y proyectos que cada país ha elaborado en sus estrategias de adaptación, mitigación o compensación. La banca multilateral que opera en la región (Banco Mundial, BID, BCIE, CAF) y el Fondo Verde del Clima, mediante mecanismos de apalancamiento y bonos sustentables, han hecho aportes significativos de hasta USD 4 989 millones; sin embargo, requiere movilización de financiamiento de mayor orden de magnitud para contrarrestar el incremento del calor que impone esta nueva era climática.

La era de la ebullición arrincona a las personas y el forzamiento climático del Antropoceno amenaza con alterar los patrones climáticos de la región, lo cual es muy grave. Se debe recurrir a una nueva gobernanza de los recursos naturales; por ejemplo, altas penas pecuniarias a quien contamina e imposiciones fiscales tipo impuestos, por tonelada de CO2 eq, al emisor de GEI. Deben impulsarse políticas distributivas justas y estrategias macroeconómicas a favor de las mayorías, beneficiar al Estado de bienestar común y garantías para proteger los derechos de las poblaciones vulnerables. Urge gobernanza y resiliencia climática, geopolítica justa y reducción incremental del consumo de combustibles fósiles en toda la región. La retórica dominante, la filantropía liviana y las buenas intenciones no bastan para crear una región resiliente, inclusiva y sostenible. Para eso, se necesitan profundos cambios estructurales.

Para mejorar la vigilancia tecnológica en resiliencia climática, se recomienda crear un observatorio regional especializado en resiliencia climática (OR²C), ya que será una herramienta de captura y análisis de datos, de planificación prospectiva y de modelaciones aplicadas al monitoreo, investigación y educación sobre gobernanza de la era de la ebullición.

La región debe incrementar los esfuerzos por atraer recursos financieros internacionales que permitan pagar la ejecución de las contribuciones determinadas en cada país (NDC), acciones de mitigación nacionalmente apropiadas (NAMAS), compras públicas sustentables, la emisión de bonos verdes soberanos y el canje de deuda por servicios ecosistémicos para la resiliencia climática.

Ningún plan de resiliencia climática será exitoso si antes no se redoblan esfuerzos para reducir la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad socioeconómica y ambiental, por eso se recomienda aumentar la capacidad adaptativa mediante alfabetización climática dirigida.

En el deseo de concretar la transformación e integración regional innovadora, se recomienda utilizar el paradigma de la innovación transformativa. Esta ruta prioriza acciones para mejorar la calidad de vida en la tierra, busca redireccionar la ciencia y la tecnología hacia opciones que sean social, económica y ambientalmente beneficiosas y contribuyan en la solución de los grandes desafíos colectivos expresados en la Agenda 2030 y que actualmente están amenazados por la era de la ebullición global.

El autor agradece al equipo editorial y a las personas revisoras anónimas del manuscrito. La versión final de esta investigación se vio significativamente mejorada por el minucioso análisis y por las sugerencias en aspectos de forma y fondo