Introducción

Las sociedades centroamericanas han estado históricamente marcadas por la inserción de sus territorios periféricos al capitalismo global a través de la explotación y apropiación de los recursos naturales y laborales, en particular mediante la economía de plantaciones. El café, el banano y la caña de azúcar son los cultivos que estructuraron profundamente las relaciones de poder en la región de Centroamérica a partir del siglo XIX, a través de mecanismos de concentración de tierras, control de la movilidad y de la disponibilidad de la fuerza de trabajo campesina e indígena (Acuña Ortega, 1994; Baumeister, 2001; Demyk, 2007).

Desde las décadas de 1980 y 1990, en todos los países del istmo centroamericano, diferentes leyes y reformas agrarias han acompañado el impulso neoliberal y las políticas de ajuste estructural derivadas del consenso de Washington. Se considera que la pequeña producción agrícola de subsistencia no es viable por falta de productividad y que el futuro de los territorios rurales se encuentra en la inserción en la agricultura global y en sus cadenas de valor. Esta inserción pasa por la mercantilización de dos recursos fundamentales: la tierra y la mano de obra.

Por un lado, se fomenta la privatización y financiarización de la tierra, con el objetivo de dinamizar un mercado global de tierras, lo que tiene como consecuencia un proceso de reconcentración agraria en manos del capital agroindustrial nacional o internacional. Este proceso va asociado a la introducción paralela de “nuevos” cultivos en la región, como la palma africana y la piña, con subsidios y políticas voluntaristas del Estado para atraer y colocar el capital en los territorios rurales estratégicos.

Por otro lado, esta orientación hacia una agricultura de exportación con uso intensivo de tecnologías, fertilizantes y una fuerte integración vertical (investigación agrónoma, manejo de semillas, transformación, transporte, distribución, comercialización…) excluye y marginaliza la pequeña y mediana producción familiar, que no está en capacidad de asumir costos ni de competir con estos actores integrados. En un movimiento doble y articulado entre titularización de las tierras y abandono del sector campesino por parte del Estado, la entrada del capital agroindustrial en estos territorios se realiza de manera acelerada y brutal. Se apoya en gran parte en la disponibilidad de la mano de obra rural precaria, flexible y descampesinizada, es decir, de diferentes grupos de trabajadores locales o migrantes (movilidades intra o internacionales) quienes fueron despojados y empujados hacia las filas de la reserva de fuerza laboral para el agro global (Herod, 1997; Li, 2011; Camarero et al., 2020).

En este texto nos enfocamos en el caso de Costa Rica, particularmente en el monocultivo de la piña que se expande fuertemente en la zona norte y Caribe norte desde inicios de la década de 2000. Nos encontramos en un territorio altamente marcado por dos décadas de un modelo de desarrollo agrícola promovido desde organismos internacionales para resolver los problemas de la agricultura y de la ruralidad en la globalización (McMichael, 2009). Desde esta perspectiva, la seguridad alimentaria pasa por lógicas de intercambio y atribución de valor a los commodities a nivel mercantil-internacional, mientras se fomenta la competitividad entre los territorios productivos, basada en sus ventajas comparativas.

En el caso de Costa Rica, además de contar con recursos naturales (tierras y agua) e intervención del Estado a favor del capital, el país se caracteriza por la presencia de un mercado laboral ventajoso y cercano que permite la disponibilidad, flexibilidad y el bajo costo de la fuerza de trabajo proveniente del otro lado de la frontera, de Nicaragua. Dicho de otra manera, el modelo de desarrollo agrícola del monocultivo está estrechamente vinculado con la lógica del utilitarismo migratorio (Moulier Boutang, 1998; Brass, 2011; García & Décosse, 2014; Lara Flores, 2010): el capital busca disponer de mano de obra en tiempos, calidad y cantidad precisa, según sus necesidades, y organiza la segmentación del mercado laboral para ordenar o disciplinar a las y los trabajadores, queriendo de alguna manera “el trabajo sin el trabajador”.

La pandemia de COVID-19 nos hizo entrar en un periodo de transformación radical y abrupta de las relaciones sociales, con la implementación de medidas de control que buscaban bloquear las movilidades humanas en diferentes escalas, instalando un estado de parálisis económico, productivo y relacional sin precedente. La detención de las actividades cotidianas pareció constituir un jaque profundo e histórico al sistema capitalista en su fase de globalización, justamente caracterizado por la circulación, la fluidez, la rapidez, el intercambio y el movimiento permanente.

El argumento de la amenaza sanitaria se ha convertido en una pieza clave de la retórica nacionalista, de protección de fronteras y de control de la movilidad de la población, en particular de aquellos grupos que desafían los límites administrativos internacionales, atravesando fronteras de manera irregular. A la dimensión de ilegalidad se agregó entonces la dimensión de peligro, irresponsabilidad y amenaza directa al cuerpo y la salud, tanto individual como colectiva.

En este contexto, podemos considerar que los mecanismos de control de la movilidad han tomado dos formas: por un lado, la detención de toda una serie de actividades y la implementación de medidas de confinamiento (con diferentes grados de obligatoriedad a nivel global), bajo el discurso de una necesidad vital de protegerse a sí y a los demás, antes de cualquier necesidad de producir, consumir, convivir con sus cercanos; por el otro lado, el mantenimiento de otras actividades, consideradas como primarias, fundamentales, prioritarias o esenciales. Además de los servicios de salud, el dominio agro-alimentario ha sido considerado bajo esta lógica, pues la preocupación por mantener niveles satisfactorios de abastecimiento en alimentos para toda la población ha sido unánime.

Inmediatamente después de la declaración por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de una situación de pandemia mundial en marzo 2020, una discrepancia fuerte se presentó a nivel global: ¿cómo asegurar la producción y la distribución de alimentos dependiente de mano de obra migrante, en contexto de cierre de fronteras? Dicho de otro modo, ¿cómo gestionar el control estricto de la movilidad humana y al mismo tiempo no dejar colapsar un sistema agroalimentario basado en la división internacional del trabajo y en la movilidad de la fuerza de trabajo jornalera?

En esta contribución, buscamos comprender cómo se ha resuelto esta contradicción en un territorio marcado por la agricultura intensiva de exportación y tributario de la fuerza laboral migrante: el norte de Costa Rica. Planteamos la pregunta de los efectos que ha tenido la pandemia en la gestión del mercado laboral jornalero proveniente de Nicaragua, el cual constituye un elemento fundamental para la viabilidad de este sector clave para la economía nacional. Proponemos observar los procesos socio-políticos que orientaron el gobierno de las fronteras y de la migración, en un periodo en el que se hizo más evidente aún la centralidad del tema del trabajo agrícola en este país de fuerte atracción migratoria regional.

En una primera parte presentamos las dos zonas de estudio, ubicadas en el norte de Costa Rica y caracterizadas por un mercado laboral transfronterizo y segmentado, relacionado con el cultivo de la piña¹. En una segunda parte, damos cuenta de los impactos de la pandemia en las dinámicas fronterizas y en la intensidad del debate nacional sobre trabajo agrícola y control de la movilidad durante los primeros meses de la crisis sanitaria, más específicamente entre marzo y septiembre de 2020. Finalmente, en el tercer apartado mostramos cómo se ha establecido paulatinamente la normalización de la situación, con una serie de acomodos legales e informales que permitieron al sector piñero crecer y seguir disponiendo de una fuerza laboral migrante, precarizada e irregularizada.

Metodología

Este artículo es el resultado de un largo proceso de investigación que buscó entender cómo las regiones fronterizas centroamericanas se han constituido en territorios de oportunidad para las actividades extractivas, específicamente en la zona norte de Costa Rica. Este proceso se materializó recientemente en un proyecto de investigación desarrollado de forma colaborativa por la Universidad de Costa Rica y el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional de México (UNAM) desde el 2019². Así mismo, es importante destacar que este trabajo tiene raíces mucho antes del inicio de la pandemia y consistió en un importante trabajo de campo (entrevistas y observación participante)³.

Para efectos de este artículo y con el fin de analizar los principales discursos sobre el trabajo migrante, el COVID-19 y la necesidad de mano de obra para sostener el modelo agroexportador imperante en Costa Rica, se emprendió una investigación hemerográfica que consistió en el análisis de medios impresos de carácter nacional: La Nación, Semanario Universidad, Diario Extra, Socialismo Hoy, elmundo.cr, El País.cr, Amelia Rueda.com (Costa Rica) y La Prensa (Nicaragua); de carácter regional: El Norte Hoy; y de carácter local: San Carlos Digital. También se analizó una investigación periodística de carácter binacional, en la que participaron El Confidencial (Nicaragua), Interferencia y La Voz de Guanacaste (Costa Rica).

Este proceso de investigación hemerográfica buscaba responder varias interrogantes: 1) el impacto del COVID-19 en la Región Huetar Norte de Costa Rica (evolución de los casos, medidas implementadas por el gobierno para contrarrestar el aumento de los casos y respuesta de las comunidades fronterizas y transfronterizas); 2) el impacto del COVID-19 en la agroindustria local (presencia de casos activos en empresas agroindustriales de la región, cumplimiento de derechos y garantías laborales en estas empresas agroindustriales de la región y medidas implementadas por el gobierno costarricense para abordar el incumplimiento de lo anterior) y 3) el impacto del COVID-19 en las personas trabajadoras migrantes vinculadas al sector agroindustrial (medidas implementadas por el gobierno de Costa Rica para asegurar el ingreso de personas migrantes trabajadoras agrícolas al país, condiciones de vida y de trabajo de estas personas trabajadores migrantes agrícolas en la región y medidas implementadas por el gobierno para abordar la condición de irregularidad migratoria y el incumplimiento de derechos y garantías laborales de dichas personas).

En cuanto a la delimitación temporal del análisis de las noticias, se estableció del 17 de marzo al 11 de septiembre de 2020, debido a que fue durante este periodo que se desarrolló un importante debate en diferentes medios de comunicación sobre la expansión de la pandemia en el territorio nacional, relacionando este fenómeno con la fuerza de trabajo migrante.

Además, este artículo también recupera los resultados generados mediante entrevistas en profundidad semiestructuradas realizadas durante los años 2020 y 2021, a diferentes actores clave como líderes sindicales, trabajadores migrantes, autoridades locales y nacionales, representantes del movimiento campesino y de otras organizaciones comunitarias. Además, se entrevistaron académicos de múltiples disciplinas que trabajan en este territorio.

Por cuestiones de privacidad y para resguardar a estas personas, a lo largo de este artículo no se utilizarán los nombres ni se precisará la institución y/o organización a la que pertenecen.

1. Expansión de la piña y mercado laboral fronterizo: presentación de la zona de estudio

La región fronteriza compartida por Costa Rica y Nicaragua está marcada por los antiguos conflictos fronterizos entre ambos países, vinculados al río San Juan. Es una de las regiones más aisladas y pobres de los dos países. En los últimos 30 años el lado costarricense de la frontera ha experimentado la expansión sin control del cultivo de la piña a lo largo de toda la franja fronteriza (León Araya, 2015; León Araya & Montoya Tabash, 2021). Este cultivo ha conectado esta región fronteriza con el mercado mundial a través de la presencia de importantes empresas nacionales y transnacionales.

Hoy, la falta de cooperación en la gestión de la cuenca compartida del río San Juan, en la cual se encuentran importantes humedales y acuíferos transfronterizos, es una consecuencia directa de los conflictos limítrofes y esto se ha traducido en una falta de políticas de conservación ambiental y desarrollo local (Rodríguez Echavarría, 2014). De esta forma los cantones costarricenses (Los Chiles, Upala, Guatuso) y los distritos fronterizos nicaragüenses (Cárdenas, El Castillo y San Carlos) son los más pobres de sus respectivos países, y su retraso en el desarrollo no tiende a disminuir (Rodríguez Echavarría, 2022).

Desde la década de 1980, en el marco de los programas de ajuste estructural, se impulsó el cultivo de piña, específicamente de una variedad genéticamente modificada denominada Sweet Golden MD-2. Esta variedad fue introducida por la empresa PINDECO con el apoyo y los incentivos del Estado costarricense (Rodríguez-Echavarría y Prunier, 2020: 5). Esta región fronteriza se vio como un territorio de oportunidad debido a su situación marginal, la falta de presencia y control del Estado costarricense y la disponibilidad de agua y tierras. Además, su cercanía con Nicaragua ofrecía una mano de obra migrante no calificada, de bajo costo y muchas veces en situación irregular.

Figura 1.
Mapa de hectáreas sembradas de piña por cantón en Costa Rica en 2019

La expansión de este cultivo se ha realizado sin un verdadero control estatal, y actualmente Costa Rica es el principal exportador mundial de piña fresca. Según el Programa de Monitoreo de Cambio de Uso de Paisajes Productivos (MOCUPP) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Costa Rica dedicó 65.442,41 hectáreas a la piña en el año 2019, de las cuales 44.138,94 están localizadas en la Zona Norte⁴ de Costa Rica (ver figura 1), es decir un 68% del área del cultivo nacional está en posición de frontera. Este cultivo hace uso de grandes cantidades de agroquímicos y pesticidas que han venido contaminando la cuenca y el acuífero transfronterizo del río San Juan (Rodríguez Echavarría, Obando y Acuña, 2018; Rodríguez-Echavarría y Prunier, 2020). A nivel nacional, la piña se ha convertido en el segundo producto agrícola más exportado de Costa Rica solo después del banano.

Por otro lado, es relevante observar lo que sucede en la provincia de Limón, en la costa Caribe de Costa Rica, debido a la existencia de una importante cantidad de tierras dedicadas a monocultivos, principalmente de banano y piña. Este primer cultivo tiene arraigo histórico desde el siglo XIX, de forma tal que no es posible hablar de la historia limonense sin mencionar el impacto que ha tenido la producción de banano para el desarrollo de la provincia, la organización del territorio y la vida de las personas. Si bien el cultivo de banano sigue siendo el más importante en este territorio (42.447 ha en 2020) (Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria et al., 2022: 28), desde 2000, se ha evidenciado un cambio agrícola por el incremento de las hectáreas dedicadas al cultivo de piña, principalmente en los cantones de Guácimo, Siquirres y Pococí, en el noroeste de la provincia (figura 1). A modo de ejemplo, en el cantón de Pococí (el cual alberga la mayor cantidad de hectáreas de piña sembrada en Limón), en un periodo de tan solo cinco años se ha duplicado la extensión de cultivos de piña, pasando de 2.969 ha en 2014, según el último Censo Agropecuario (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2014), a 6.680 en 2019 (Arguedas González et al., 2021: 38).

Las empresas piñeras movilizan una gran cantidad de recursos y tienen mucho poder en este territorio, ya que la exportación de piña produce un ingreso anual para 2021 (ver figura 1) de alrededor 900 millones de dólares (Rodríguez Echavarría, 2022). Sin embargo, esto no se ha traducido en una distribución de la riqueza, ya que la actividad piñera no paga impuestos y cuenta con importantes subsidios. Lo único que ofrece a estos territorios fronterizos son fuentes de empleo. Un empleo que se caracteriza por las malas condiciones laborales (largas jornadas, malos salarios), en las que los trabajadores pocas veces son declarados y no cuentan con los derechos laborales básicos (seguro social, pensión, cesantía, etc.) (Rodríguez-Echavarría y Prunier, 2020: 13). Tanto en la Zona Norte como en el Caribe costarricense, alrededor de un cuarto de la población total se encuentra en situación de pobreza (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2020; García Cascante & Valenciano Salazar, 2016).

Figura 2.
Gráfico de hectáreas de piña sembradas y valor de las exportaciones de piña en Costa Rica del 2018 al 2021.
Fuente: elaboración propia a partir de datos del MOCUPP (Arguedas González et al., 2021; Vargas Bolaños et al., 2020), SEPSA (Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria et al., 2022) y PROCOMER (Promotora de Comercio Exterior, s/f).

La expansión del monocultivo de piña se relaciona con dos factores de organización de las relaciones sociales de producción. Primero, la piña substituye a los cultivos de granos básicos en pequeña o mediana escala, lo que provoca un retroceso de las estructuras campesinas: al perder viabilidad la producción de subsistencia o destinada al mercado nacional, se generan procesos de desagrarización, concentración de tierras y disponibilidad creciente de trabajadores rurales locales proletarizados (Carton de Grammont, 2009; Li, 2011; Bonanno & Cavalcanti Barbosa, 2014; Avallone, 2017).

Segundo, las entrevistas realizadas en el marco de esta investigación permitieron determinar que el sector organiza la producción en base a un mercado laboral segmentado por nacionalidad y/o por estatus migratorio. Si bien los y las trabajadores costarricenses y nicaragüenses instalados de larga data y con documentos regularizados se benefician generalmente de un contrato laboral, de protección social y de equipo de protección contra los agroquímicos, otra planilla de trabajadores, provenientes de Nicaragua, en situación de precariedad e invisibilidad, participa del crecimiento de este sector en condiciones de explotación y desigualdad favorecidas por un “régimen global de fronteras” que se apoya fundamentalmente en la diferenciación socioterritorial, entre inclusión y exclusión (Berg & Ehin, 2006; Mezzadra & Neilson 2013).

2. Pandemia, cierre de frontera y crisis de mano de obra en el sector agrícola

2.1. La frontera como cordón sanitario, cierre y vigilancia en empresas agro-exportadoras

Con la llegada de la pandemia de COVID-19, en marzo de 2020, se realizó un cierre de fronteras aéreas y terrestres por recomendación de la OMS que perduró hasta abril de 2021. Se suspendieron las relaciones fronterizas y muchas de las circulaciones tradicionales (de bienes y personas) fueron interrumpidas. El cierre fronterizo buscaba generar una especie de cordón sanitario para reducir el tránsito de personas nicaragüenses y se justificaba denunciando el manejo que hizo el gobierno de Nicaragua de la pandemia (inexistencia de medidas sanitarias y negativismo de la pandemia) (Prunier & Salazar, 2021).

Es así como en marzo de 2020, Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica (2018-2022), decretó el estado de emergencia y prohibió el ingreso de personas extranjeras al país. Al día siguiente una comitiva del gobierno encabezada por la vicepresidenta de la República anunciaba, desde el puesto fronterizo con Nicaragua “Las Tablillas”, un refuerzo de la vigilancia (por vía aérea, marítima y terrestre) en la frontera norte. Y se hizo un llamamiento a los empresarios de la zona a que tomaran medidas de prevención con las personas nicaragüenses que habían contratado (López, 2020).

Sin embargo, un mes después, en abril de 2020 un grupo de personas aglutinadas en torno a la Federación de Comunidades Fronterizas denunciaba la escasa presencia policial en la zona. Según este grupo, el ingreso de personas nicaragüenses se podría traducir en un daño para los habitantes y para la ya deteriorada economía de dichas comunidades (Diario Extra, 2020). Asimismo, durante el mes de abril también comenzaron a surgir denuncias sindicales en materia de contratación irregular, seguridad social, salud ocupacional e incumplimiento de las medidas recomendadas por los ministerios de Salud (MINSA) y de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para combatir el contagio en las empresas (SHD, 2020a, 2020b).

Paulatinamente, en medio de la pandemia, la situación de las y los trabajadores migrantes comenzó a adquirir mayor notoriedad pública y atención por parte del gobierno costarricense, ya que, pese al cierre de la frontera y al aumento de la presencia policial en la zona, en mayo de 2020, se detuvieron camiones que transportaban personas migrantes en condición irregular que se dirigían a trabajar en plantaciones agrícolas de la zona (Quesada, 2020a). Ese mismo día, la directora regional del MINSA proponía la creación de centros de aislamiento para migrantes y personas en condición de calle, con el objetivo de que pudieran cumplir con el periodo de cuarentena en caso que fuera necesario (Delgado, 2020a).

A partir de ese momento, durante las declaraciones oficiales en cuanto a la situación de la COVID-19 realizadas por el gobierno costarricense, se empezó a debatir sobre el tema de la agroindustria y la contratación de personas migrantes en condición irregular en la zona norte del país en los medios de comunicación con mayor audiencia. Hasta entonces este tema había permanecido invisibilizado en los debates nacionales. Se cuestionaban las condiciones de trabajo en la que las personas migrantes se desempeñan, específicamente en las piñeras, al mismo tiempo que el ministro de Salud anunciaba sanciones para las empresas que incumplieran las restricciones sanitarias. Por ejemplo, se estableció que las empresas que contrataran a trabajadores en condición migratoria irregular serían clausuradas y deberían rendir cuentas ante el Poder Judicial (Quesada, 2020b). Para esto, el gobierno costarricense desplegó un operativo interinstitucional sorpresa en empresas agrícolas fronterizas con el fin de investigar los incumplimientos denunciados (contratación irregular e incumplimiento de derechos y garantías laborales) (Quesada, 2020c, 2020d).

La intervención gubernamental no se centró únicamente en el sector empresarial, sino que también puso en el centro de su accionar a las personas migrantes, y en particular a las comunidades transfronterizas que se encuentran en la zona, las cuales fueron las más afectadas. Un ejemplo de esto fue la barrera metálica de un metro y medio de alto colocada por la policía entre las comunidades fronterizas de Santa Fe (ubicada en el cantón de Los Chiles) y el caserío “El Cruce de la Trocha” (del lado nicaragüense), afectando así las dinámicas transfronterizas y la cotidianidad de alrededor de 100 familias que se mueven regularmente de un lado al otro de la frontera para trabajar, abastecerse de alimentos y acudir a los servicios de salud y educación localizados del lado costarricense (Chavarría, 2020).

Además, se limitó el acceso a la salud de las personas migrantes irregulares cuando el director del área de Salud del cantón de Los Chiles (fronterizo con Nicaragua) firmó una directriz en la que se prohibió atender a personas migrantes indocumentadas si no se contaba con la presencia de fuerza pública o de migración. En dicha directriz se indicaba que todo paciente indocumentado que se apersonara a los centros de salud debería ser tratado como un paciente positivo y aislado inmediatamente, y que en caso de emergencia se le brindarían los auxilios necesarios (Ugarte, 2020a). Para junio 2020, el ministro de Salud relacionaba el aumento de los casos en el país con las actividades agrícolas y de empaquetado en la zona norte y declaró alerta naranja a varios distritos fronterizos de la zona (Rodríguez, 2020). Esto, más que cuestionar las operaciones de estas empresas, contribuyó a aumentar la percepción de los migrantes como un “peligro” para la salud pública.

Lo anterior se reforzó cuando el presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), respaldado por la presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO) y por el presidente de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP), responsabilizó a las personas migrantes nicaragüenses de contagiar a las y los trabajadores del sector, asociando el aumento de los casos con la movilidad de los trabajadores agrícolas que se daba a lo largo de la zona fronteriza y Limón, especialmente entre plantaciones de piña y de banano (Ávalos y Recio, 2020a). También señaló que el gobierno tenía deficientes controles migratorios, evadiendo así la responsabilidad de las empresas por las malas condiciones laborales. (Siu Lanzas, 2020a; Barquero, 2020a).

A raíz de la identificación de personas contagiadas en dos plantas empacadoras de la zona, el gobierno intensificó su operativo y al mismo tiempo endureció la retórica confrontativa con respecto a dicho sector, señalando que quienes no se alinearan con la estrategia gubernamental podrían ser clausurados (Vizcaíno y Recio, 2020). Para ese momento ya se hablaba de una segunda ola pandémica que se daba en la forma de clústeres o conglomerados específicos, particularmente ubicados en zonas de cultivos intensivos, a diferencia de la primera ola que estuvo vinculada al ingreso de turistas en entornos urbanos (Vizcaíno y Cerdas, 2020).

Figura 3.
Portada periódico La Nación. 9 junio 2020

Fuente: Ávalos, Á y Recio, P. (2020a, junio 9). Costa Rica lanza ofensiva para contener avance de COVID-19 entre peones agrícolas de zona norte. La Nación. https://www.nacion.com/el-pais/salud/costa-rica-lanza-ofensiva-para-contener-avance-de/XPQYLK3MHVA6HHD4YXSUMTLY4U/story/

En este contexto el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) hablaba del desarrollo de una estrategia de vigilancia epidemiológica con la que se buscaba un apoyo más activo por parte de las comunidades, señalando que líderes comunales se convertirían en “policías de la sociedad” (Vizcaíno y Cerdas, 2020; Ávalos y Recio, 2020a). Asimismo, las autoridades de salud continuaban impulsando la idea de crear albergues para las personas migrantes que no tuvieran un lugar con las condiciones mínimas para realizar el aislamiento necesario.

2.2 Carencia de trabajadores esenciales: gobierno y sector privado en búsqueda de soluciones a un problema inminente

Ante el aumento de la atención pública, la presión gubernamental y la falta de mano de obra, empresarios del distrito de Pital de San Carlos iniciaron la búsqueda de trabajadores costarricenses que se quisieran integrar a la actividad (Delgado, 2020b). Paralelamente, en junio de 2020 el presidente de la República firmaba el decreto ejecutivo 42405-MGP-S, “Medidas para el reforzamiento del control migratorio en el país debido al estado de emergencia nacional por la COVID-19”, que tenía como objetivo fortalecer los controles migratorios en la zona, permitiendo a las autoridades migratorias rechazar, deportar o ejecutar el acto migratorio correspondiente, así como disponer de un mayor apoyo por parte de los cuerpos policiales y contar con la capacidad para habilitar los puestos fronterizos que consideraran necesarios (Quesada, 2020e).

El MTSS y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) se sumaron al llamado de los empresarios del sector e incluso habilitaron plataformas para el reclutamiento de trabajadores costarricenses, debido a que normalmente la mayoría de la fuerza de trabajo para la recolección de cosechas era extranjera, principalmente de origen nicaragüense (Barquero, 2020b).

Ante la escasa respuesta de los trabajadores nacionales, el presidente de CANAPEP solicitó a las autoridades gubernamentales facilitar el ingreso de trabajadores extranjeros al país (Céspedes, 2020). En este sentido, el 16 de junio el presidente de la República firmó el decreto ejecutivo 42406-MAG-MGP, “Procedimiento para acceder al régimen de excepción para la regularización migratoria de las personas trabajadoras de los sectores agropecuario, agroexportador o agroindustrial”, con el que buscó facilitar la regularización de las personas trabajadoras migrantes que hubieran ingresado y permanecido en el país en el periodo comprendido entre el 15 de enero del 2016 y el 15 de enero del 2020 (Quesada, 2020e). No obstante, el mecanismo planteado fue duramente criticado por personas vinculadas a la academia y organizaciones de derechos humanos, debido a que ponía en una situación de desventaja a las personas trabajadoras con respecto a las empresas, ya que estas debían de asumir los altos costos que implicaba la regularización (pago de visas, seguros, etc.) (Pomareda, 2020).

Otra medida implementada por el ministro de Salud en junio de 2020 fue la creación de centros de aislamiento en las comunidades de la zona y para esto se solicitó el apoyo a las y los habitantes fronterizos. Esto generó polémica y polarización entre quienes apoyaban la flexibilización de las medidas migratorias y quienes temían el aumento de los contagios (Quesada, 2020f, 2020g; Chacón, 2020).

Debido a la creciente estigmatización de las personas migrantes, un amplio grupo de organizaciones e instituciones regionales, nacionales y locales hicieron un llamado a que se respetaran los derechos de las personas migrantes indocumentadas que se encontraban en el país, señalando la situación de explotación laboral en la que se encontraban. También criticaban la medida adoptada por el área de Salud del cantón de Los Chiles según la cual no se les podía atender hasta que no se hicieran presentes oficiales de la fuerza pública o de migración. Asimismo, pedían a la población nacional abstenerse de realizar manifestaciones de xenofobia, racismo o discriminación (Chacón, 2020).

Para mediados de junio de 2020, se habían clausurado 17 empresas y se habían girado 37 órdenes sanitarias (Elpaís.cr, 2020a). Durante estas inspecciones se identificaron trabajadores en condición migratoria irregular, y se comprobó que en varias de las empresas violaban derechos y garantías laborales, como el salario mínimo, las vacaciones, el aguinaldo, el seguro social y la póliza de riesgos laborales (Cordero, 2020), lo que provocó que se abrieran procesos administrativos y judiciales contra estas (Ávalos y Recio, 2020b). El sector agroexportador por su parte denunciaba prepotencia y un despliegue policial desproporcionado y excesivo en las inspecciones llevadas a cabo por parte del gobierno (Siu Lanzas, 2020b).

Según el ministro de Seguridad y el viceministro de Trabajo, un total de 252 empresas fueron inspeccionadas en la zona norte y a lo largo de la franja fronteriza. Veintiocho fueron clausuradas por infracciones a las leyes de trabajo y a las normas de salud ocupacional, mientras que a 70 les fueron giradas órdenes sanitarias. Por otro lado, la información suministrada por los funcionarios a la prensa no específica el estado de los derechos laborales y de las normas sanitarias en el resto de las empresas inspeccionadas (Quesada, 2020i; Regidor, 2020).

A pesar de que a finales de julio de 2020 se evidenció una baja en la cantidad de contagios registrados (Quesada, 2020k), durante el mes de agosto continuaron apareciendo contagios en empresas piñeras de la zona (Pérez, 2020; SHD, 2020c). El 6 de septiembre el medio regional El Norte Hoy informaba que los casos no dejaban de aumentar en la región, especialmente en el distrito de Pital del cantón de San Carlos y en el cantón de Río Cuarto (Quesada, 2020l), dos de los principales focos de expansión piñera a nivel nacional (Vargas Bolaños et al., 2020: 28-29) (Ver figura 4 correlación de casos con hectáreas sembradas de piña).

Figura 4.
Mapa de la frontera norte de Costa Rica: Relación entre hectáreas sembradas de piña y contagios de COVID-19 para el 2021

Debido a la presión ejercida por las empresas, las direcciones de Migración de Costa Rica y Nicaragua, junto con las respectivas cancillerías, negociaron el “Convenio binacional para regular la contratación temporal de trabajadores nicaragüenses en Costa Rica”. Este convenio, cuya vigencia es del 6 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, buscaba facilitar el desplazamiento de trabajadores migrantes estacionales a fincas en Costa Rica con el fin de suplir la amplia demanda de mano de obra para la cosecha de café, el cultivo de palma y de piña. Es así como gran parte de la movilidad se dio también de forma coordinada por ambos gobiernos. Según Daguer Hernández, entonces subdirector de Migración y Extranjería (comunicación personal, 17 de marzo de 2021), este convenio “permite que las personas vengan de forma segura y ordenada, respetando las medidas de salud, a trabajar a Costa Rica” para suplir la fuerte dependencia de la mano de obra migrante nicaragüense que tienen muchas empresas agroexportadoras. Este convenio establecía que las y los trabajadores temporales fueran recogidos en la ciudad de Rivas en Nicaragua y después de un control sanitario fueran desplazados en autobús a las fincas donde se les había asignado trabajar.

Después de un periodo en donde los contagios se localizaron específicamente en las plantaciones y empacadoras de piña, los clústeres y contagios se empezaron a generalizar en el país. Costa Rica se vió además sumida en una importante crisis económica marcada por el desempleo en importantes sectores (turismo, servicios, entre otros) que se vieron afectados por la pandemia. El gobierno estableció como prioridad la búsqueda de una salida económica a esta crisis y negocia con organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) un conjunto de medidas que implicaban una importante reforma del Estado. En este contexto, la situación de estos territorios rurales y el impacto social y ambiental de las empresas extractivas dejó de ser un tema de interés en los medios y en la opinión pública. A continuación, analizamos este proceso de invisibilización de estas problemáticas y cómo estos territorios también se vieron afectados por un proceso de vacunación selectiva por nacionalidad.

3. Protestas y normalización de los contagios: invisibilización del impacto social de las empresas extractivas y del tema migratorio.

3.1. Crisis fiscal y protestas

Esta segunda ola por la COVID-19 en el país afectó seriamente las finanzas del Estado. La caída en la recaudación de impuestos por la pandemia fue de aproximadamente ₡1,2 billones (unos US$1993 millones)⁵, lo que obligó a la administración Alvarado Quesada negociar un acuerdo en septiembre de 2020 con el FMI para obtener un préstamo de US$1750 millones, para atenuar la situación (AFP Agencia & Rodríguez, 2020; Presidencia de la República de Costa Rica, 2020a). Dicho acuerdo implicaba modificaciones fiscales, promover la venta de activos públicos (AFP Agencia & Rodríguez, 2020; Leitón, 2020) y emprender acciones para balancear las finanzas públicas.

No obstante, este acuerdo no fue bien recibido por amplios sectores del país y generó desde finales de septiembre 2020 y hasta finales de octubre de este mismo año, una serie de protestas y bloqueos (alrededor de 632 tan solo en el mes de octubre) (Cortés et al., 2021: 16; Carvajal, 2020). Es importante señalar esto, ya que durante los meses de septiembre y hasta noviembre de 2020, la agenda mediática costarricense estuvo enfocada en las protestas sociales y procesos de diálogo entre actores sociales involucrados (gobierno, sindicatos, Iglesia católica, cámaras empresariales, etc.). Debido a esto, las denuncias sobre las condiciones laborales en las zonas de monocultivos de piña en el contexto de pandemia dejaron de ser noticia en la mayoría de medios de comunicación, y desaparecieron progresivamente de la agenda mediática. Cabe señalar que tanto Limón como Zona Norte tuvieron un importante protagonismo en las protestas y bloqueos de vías (Presidencia de la República de Costa Rica, 2020b).

Además, se aprovechó esta coyuntura para contribuir a la criminalización de las protestas, al responsabilizarlas de entorpecer las actividades productivas en estos territorios y de generar pérdidas específicamente en el sector de banano y piña. En un comunicado de la Presidencia de la República se hace énfasis en cómo las protestas y bloqueos fueron verdaderos obstáculos a la productividad de los monocultivos de Zona Norte y Limón:

"Los bloqueos en las vías nacionales han producido pérdidas por $37,507.159 en el sector agrícola, según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería basados en reportes de los afectados. Los más perjudicados son los productores de banano ($28, 930.760), piña ($7,500.000)…” (Presidencia de la República de Costa Rica, 2020b).

La relación que se había establecido durante varios meses entre el número de contagios y las condiciones laborales en zonas de influencia de los agronegocios fue perdiendo centralidad en las discusiones y en la agenda política, tanto debido a la importancia mediática de las protestas como a un aumento de casos en otros territorios del país.

Además, la falta de mano de obra por las restricciones fronterizas había dejado de ser un problema para el sector, debido al ya mencionado acuerdo bilateral que se había establecido entre las cancillerías. Las empresas lograron restablecer sus operaciones y recuperaron su productividad, retomando sus prácticas informales de contratación debido a que se restablecieron los procesos de migración irregular. Al dejar de ser percibidos por la opinión pública como focos de contagio, el gobierno dejó de focalizar sus esfuerzos y acciones en las plantaciones de piña, manteniéndose así el “business as usual”, es decir, las lógicas de explotación de mano de obra y de contratación.

3.2. Vacunación y trabajadores migrantes no regularizados

Para diciembre del 2020, Costa Rica se encontraba aplicando las primeras dosis de vacunas contra la COVID-19 que llegaron al país. Esto implicó una discusión en términos de priorizar las poblaciones que iban a recibir primero las dosis, de modo que se organizó a la población por grupos de riesgo y se dieron citas de vacunación en ese orden. Sin embargo, para poder acceder a la vacuna era necesario presentar una identificación vigente, lo que excluía a las personas migrantes irregulares de los grupos de vacunación.

Es así como, a pesar de que la agroindustria significó un foco de contagio, muchas de las personas que trabajaban en estas empresas no tenían posibilidad de vacunación por su condición de migración irregular. Ante esto, organizaciones que atienden el tema migratorio, realizaron acciones para que se respetaran los derechos humanos de los y las migrantes (Ávalos, 2021).

Para incorporar a esta población hubo que esperar hasta septiembre del 2021 (casi un año después de que se empezó con las campañas de vacunación) a que la Presidencia aprobara la vacunación a la población migrante regular, irregular y refugiada residente en el país que cumpliera con los requisitos establecidos en el manual de vacunación vigente. En el mismo se señalaba que el requisito para que una persona migrante irregular pudiera vacunarse era demostrar su arraigo en el país, a través del registro de hijos en centros educativos, la ficha familiar incluida en el sistema de salud, una nota del lugar donde trabajaba que incluyera el tiempo laborado, registro de propiedad, entre otros.

Si bien esto representaba un avance en cuanto el acceso a la vacuna, seguía teniendo portillos de exclusión para personas que tuvieran condiciones particulares, como las trabajadoras migrantes irregulares en piñeras, quienes muchas veces no podían demostrar su arraigo ya que no contaban con contratos laborales formales y no cotizaban en el sistema de salud. Esto debido a que muchas contrataciones se dan a través de contratistas, lo que permite a las empresas piñeras des-responsabilizarse de las condiciones de contratación, trabajo y salud de los jornaleros migrantes. En concreto, las personas trabajadoras nicaragüenses no podían demostrar su estatus laboral, con lo cual se les siguió vulnerabilizando y excluyendo.

Es así como la población trabajadora de origen migrante en las piñeras después de la pandemia mantuvo las mismas condiciones de trabajo sin que las intervenciones del Estado las cambiaran sustancialmente. A partir de entrevistas a personas trabajadoras en las piñeras y a algunos representantes sindicales, pudimos determinar que dentro de la plantación existe una jerarquía que establece la especialización y la discriminación del trabajo por género y nacionalidad.

Mientras que la estratificación por género se refleja principalmente en una mayor concentración de las mujeres en labores de planta, la que responde a la nacionalidad de las personas trabajadoras se basa, fundamentalmente, en su condición migratoria. Es así como existen dos formas de contratación, una formal y otra informal. La primera se da generalmente con trabajadores de origen costarricense o trabajadores nicaragüenses con estatus migratorio regularizado, los cuales cuentan con salarios reconocidos por el MTSS y suelen tener conocimientos técnicos o especializados (manejo de maquinaria, pesticidas y agroquímicos), por lo que tienen mejores salarios (Gatica, 2021: 101). Paralelamente existe una segunda planilla más amplia, no formalizada, de trabajadores migrantes no regularizados: son subcontratados por intermediarios (contratistas) y suelen recibir salarios hasta un 50% inferiores a quienes son contratados directamente por la empresa. Asimismo, las personas subcontratadas carecen del acceso a otros derechos y garantías laborales, como seguro social, seguro de riesgos del trabajo, vacaciones, aguinaldo, pago por cesantía y condiciones mínimas de salud ocupacional (Voorend, Robles y Venegas, 2013).

Cabe mencionar además que los datos sobre este sector son pocos o inexistentes, por lo que se presenta un subregistro de la cantidad de personas que se contratan, de su condición migratoria y de los salarios que reciben⁶.

Los trabajadores migrantes irregulares no sólo han sido los más vulnerables durante la pandemia, sino que siguen siendo las personas que llevan adelante los trabajos más precarios y riesgosos, debido tanto a la exposición a plaguicidas y agroquímicos como a las largas y extenuantes jornadas de trabajo.

Conclusiones

La pandemia sacó a la luz, por un lado, cómo la precariedad laboral y la pobreza estructural generaron un terreno fértil para los contagios en la región, y, por otro lado, evidenció la falta de voluntad del gobierno de Costa Rica para garantizar la regularización, así como el mejoramiento de las condiciones de empleo y salud de los trabajadores migrantes. Ni el cierre fronterizo ni las medidas interpuestas por el gobierno pudieron detener la sobreexplotación laboral en la agro-exportación. Es claro que la pandemia no limitó ni afectó el modelo extractivista que impera en esta región fronteriza (Rodríguez Echavarría, 2022).

Alrededor de la piña existe todo un sistema lícito e ilícito que facilita la circulación de migrantes para trabajar en los campos de piña en condiciones de explotación laboral, y que ha funcionado de forma ininterrumpida sin que los estados busquen generar ningún control ni promover medidas que mejoren las condiciones de trabajo y vida de las y los trabajadores. Durante la última década, organizaciones laborales y comunitarias han denunciado los impactos que genera la presencia y expansión del monocultivo de piña a nivel ambiental y laboral. Esto no es algo nuevo, sino que se sedimenta en modelos históricos enmarcados en la economía de las plantaciones, los cuales han tenido altos impactos a nivel centroamericano y latinoamericano.

En el caso de la producción piñera en Costa Rica, los temas laboral, socio ambiental, comunitario y económico, han estado en discusión en grupos organizados como sindicatos, ambientalistas, ecologistas, organizaciones comunitarias y organizaciones de personas migrantes, y se ha buscado visibilizar y contrarrestar los impactos ocasionados. Sin embargo, a partir de la pandemia, esta discusión se dimensionó en otras esferas como la mediática, que presentó un papel ambiguo: por una parte, se dejaba en evidencia el irrespeto a los derechos laborales por parte de las empresas, dejando claros algunos de los mecanismos de explotación de personas trabajadoras migrantes; por otro lado, se hacía énfasis en la “amenaza” de las personas migrantes en el país, al denominarlas portadoras del virus. Si bien esto motivó la activación de ciertos sectores alrededor de la exigencia de condiciones laborales dignas para las personas trabajadoras y migrantes, generó a su vez estigmatización y rechazo a la migración, posicionando una narrativa nacionalista.

A pesar de las reconfiguraciones que se dieron en la zona fronteriza durante la pandemia, vinculadas al resguardo de la frontera (mayor presencia policial, barreras de contención, drones para vigilancia y otros) y los cambios que esto generó en la cotidianeidad de las personas que habitan el espacio, no hubo transformaciones en la economía de las plantaciones y en la producción para los mercados globales. Pudimos observar una lógica renovada de “utilitarismo de emergencia” en contexto pandémico (Molinero-Gerbeau & Avallone, 2021) como se mostró en contextos europeos (Italia y España, principales productores de frutas y hortalizas de Europa): la prioridad fue dada al mantenimiento del esquema productivo y de las cadenas agrícolas, mientras se reveló y se reforzó la desechabilidad de la fuerza de trabajo migrante. Los gobiernos buscaron asegurar la disponibilidad de mano de obra (por procesos de regularización excepcionales destinados a grupos de población considerados “críticos”), pero a pesar de haber ganado en visibilidad social por el carácter esencial de su participación en la producción de alimentos, los trabajadores migrantes y precarizados no alcanzaron una mejora significativa de sus condiciones de vida y de trabajo, una vez pasado el periodo pico de la reorganización pandémica.

El contexto contemporáneo de régimen global de fronteras (Berg & Ehin, 2006; Mezzadra & Neilson 2013), si bien consolidado desde más de dos décadas, se vio renovado por la pandemia pero para nada modificado en sus bases fundamentales: el control y disciplinamiento de las movilidades humanas por un lado, y el aprovechamiento de las asimetrías socio-territoriales para incluir y a la vez marginalizar, por el otro lado (Prunier, 2021).

El caso aquí mostrado permite observar la exacerbación de la “contradicción migratoria” en la sociedad costarricense, que se debate entre rechazo y marginalización de la población nicaragüense, por un lado, y la dependencia absoluta de su fuerza laboral en el marco de un modelo económico basado en la explotación del trabajo migrante. Asimismo, la dependencia de mano de obra precarizada, de personas en condición de vulnerabilidad en centros de trabajo no aptos, representa una amenaza a la salud pública y la salud de las y los trabajadores. Si bien la estructura económica capitalista mundial y los estados nacionales trataron de forma accidentada de sanear la situación para mantener su statu quo (Wallace et al., 2020), continúan sin atacar las condiciones de fondo que generan la vulnerabilidad social, sanitaria y laboral.

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Notas

Información adicional

ARK: http://id.caicyt.gov.ar/ark:/s25912755/41d1ho8mr