Introducción

A meses de conmemorarse 50 años del golpe de Estado de 1973, que derrocó al Presidente chileno Salvador Allende, ya se preparan diversos actos conmemorativos. ¿Qué sentido pueden tener ellos?, ¿Sólo recordar para ofrecer un tributo a las víctimas?, ¿Es quizás también una manera de reabrir heridas como permanentemente dicen los responsables de los crímenes o quienes justifican aquel atentado a un proceso democrático en construcción? O ¿es una apelación a la conciencia humanitaria que tiene como horizonte la construcción de la paz? Posiblemente, el principal potencial sea precisamente el debate ético que estas conmemoraciones pueden suscitar (Rodríguez, 2020).

Recuerdo aquel día 11 de septiembre de 1973, cuando uno de nuestros profesores se acercó temprano, a pocos minutos de iniciada la jornada escolar, a avisarnos que “parecía” que un golpe de estado estaba en marcha, pues tropas del ejército estaban ocupando las calles de Santiago. Nosotros, adolescentes pertenecientes a organizaciones de izquierda, salimos a la calle para tratar de recabar mayor información. Pero ellas, empezaban a quedar vacías. No pudimos encontrar a nadie. Me fui a la casa donde vivíamos con nuestra madre, encontrándome con mi hermano, (dirigente de izquierda a su corta edad de veinte años) que estaba a punto de salir, quien al verme me dijo “llegó la hora”, yéndose quién sabe dónde. Fue la última vez que lo vi, porque pasó a la clandestinidad y un año y medio después fue detenido y hecho desaparecer desde el campo de concentración de Villa Grimaldi, en Santiago, la capital de Chile. Mientras escribo, escucho en una radio cercana una canción de George Harrison que dice Give me love, give me peace on earth, give me light, give me life. Pienso en las coincidencias de la vida.

Ese día cambió para siempre la vida que conocíamos. Los sueños altruistas de la construcción de una sociedad justa, humana, respetuosa, se trastocó por la perversidad humana en su máxima expresión, comparable con lo ocurrido en la época del nazismo o con lo sucedido con la conquista y genocidio español contra los pueblos ancestrales. Pero una cosa es leer acerca de aquello, otra muy distinta es vivirlo en carne propia. Las Fuerzas Armadas coparon todos los espacios, ciudades, pueblos, calles, pasajes, casas. Las cárceles y regimientos fueron llenándose de detenidos y detenidas La sangre corría por las calles, literalmente, porque las bandas conformadas por uniformados y civiles de extrema derecha salieron a cazar a dirigentes sociales, militantes de partidos políticos, dirigentes estudiantiles, artistas, etc. En Santiago, la capital del país, los cuerpos flotaban en las aguas del Mapocho, el río que cruza la ciudad. Give me love, give me peace on earth….., repito callado, casi como un mantra. La aplicación de torturas a las prisioneras y prisioneros, se hicieron “pan de cada día”; se sofisticaron los métodos. Una caravana de militares encomendada por Pinochet, recorrió de sur a norte algunas ciudades, fusilando personas que se encontraban detenidas. A diferencia de otros golpes de Estado, en que lo que se buscaba era “simplemente” el derrocamiento de un gobierno, lo ocurrido en Chile en 1973 tenía un objetivo más profundo de carácter estructural (Casals, 2021). Era el inicio de la concreción del plan neoliberal que se había comenzado a forjar en Paris el año 1938, en lo que se conoce como “el coloquio Lippman”. Un proyecto filosófico, ideológico, político y económico que tendría como propósito anular cualquier asomo de estatismo. Ninguna sociedad iba a aceptar que se impusiera un plan despiadado que atentara contra el “Estado de bienestar”, que se había venido construyendo en gran parte del mundo occidental durante los dos últimos tercios del siglo XX (Alemparte, 2022). La única forma de imponer algo así, era a través de un golpe de Estado, que tuviera además como efecto, dejar a la población en una situación de shock a través de la implantación del terror. Tuvimos la mala fortuna de que nuestro país, fuera el elegido para empezar a ejecutar el plan. En las décadas anteriores ya se habían avanzado algunos pasos, cuando por ejemplo se invitó a Chile, en 1956, a un grupo de “expertos” neoliberales, lo que se conoce como la Comisión Klein-Saks; o el viaje por aquella misma época, de un grupo de jóvenes chilenos de la “alta sociedad”, egresados de la escuela de Economía de la elitista Universidad Católica, a Estados Unidos para estudiar en la Universidad de Chicago con algunos de los mentores del neoliberalismo, uno de ellos, Milton Friedman. Ya en 1970, el principal ideólogo de la Dictadura cívico-militar de Pinochet, había planteado en una tesis para optar al grado de licenciado en Ciencias Jurídicas, que un régimen puede ser ilegítimo en sus orígenes y legitimarse en el ejercicio, con lo cual ya anunciaba lo que ocurriría tres años después. Esto significa además, que la instauración del gobierno dictatorial que derrocó a Allende, no fue consecuencia de la gestión del mandatario derrocado ni de la “amenaza” de la instauración del comunismo que podría significar su gobierno, sino que respondió a ideas que ya se venían manejando desde hacía décadas.

Efectos de la contrarrevolución Neoliberal

Se podría sintetizar lo ocurrido, diciendo que la transformación estructural llevada a cabo por la dictadura afectó tres ejes interrelacionados entre sí: Derechos Humanos, Ciudadanía y Paz (Figura 1).

Figura 1
Áreas afectadas por la Dictadura

Las tres áreas que presentamos están interrelacionadas; siendo ellas, en realidad, dimensiones de un sistema democrático, cuando logran existir de manera positiva, es decir, promoviendo la vida en lugar de segarla. No puede existir una sin la otra. La Paz, no significa ausencia de conflictos, porque este es inherente a la existencia humana y a la dinámica de las sociedades donde coexisten diversidades humanas. La paz negativa, entendida como la ausencia de conflicto producto de la imposición de un grupo sobre otro, no implica elementos contextuales necesarios para una paz verdadera, positiva, a saber, justicia, respeto, participación política, etc. (Aura, 2018).

-El Mercado en reemplazo del espacio Público. Cliente en vez del ciudadano

La instalación de la dictadura, interrumpió abruptamente los procesos de creciente participación política que se venían dando en Chile desde comienzo del siglo XX. Se proscribieron los partidos políticos, igualmente el funcionamiento del parlamento, se cerraron los medios de comunicación, principalmente radios y diarios. Junto con ello, se empezó de inmediato a construir un discurso que deslegitimaba la actividad política. El lugar de los partidos políticos debía ser ocupado por las sociedades intermedias, que se ubicaban entre la familia y el Estado; ellas eran empresas, juntas de vecinos y cualquier tipo de asociación que se daban a sí mismos algún grupo de particulares, con el fin de resolver algunos problemas que les aquejaban. El principio de autoridad debía primar, porque era la fuente del orden. Las personas debían despolitizarse y desideologizarse. El ideario filosófico-político enfatiza las libertades económicas por sobre las políticas, perdiéndose con todo ello el espacio público, que será reemplazado por el mercado (Pérez & Valencia, 2021; Rumié, 2019). No es que la participación política haya desaparecido, sino que ella se dio en espacios clandestinos. En este momento tengo que decir: “yo estuve allí”; porque aun cuando a la época del golpe de estado era un adolescente, participaba activamente en una organización política, como muchos y muchas jóvenes en aquella época. Luego del derrocamiento de Allende seguí participando pero clandestinamente, porque para la Dictadura cívico-militar era inaceptable plantearse políticamente. La “ciudadanía” se ejerció de manera oculta en barrios, poblaciones, calles, en encuentros furtivos con alguna o algún compañero. Exponer ideas políticas era considerado un delito.

-Vulneraciones a los Derechos Humanos

Respecto a este punto, es necesario hacer una distinción entre vulneraciones de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad. Ya nos hemos referido a la segunda categoría, por ello nos centraremos en lo primero. Si bien los crímenes de lesa humanidad son uno de los elementos que forman parte del amplio campo jurídico, ético y político de los Derechos Humanos, estos además comprenden diversos aspectos que fueron afectados profundamente por el régimen dictatorial. La imposición del neoliberalismo significó en términos prácticos afectar, por ejemplo, el derecho a la educación. La aplicación de las ideas de Milton Friedman, consistentes en la privatización y descentralización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, provocó la pauperización de la educación pública, aumentando la brecha social en el espacio educacional. Se masificó la existencia de escuelas privadas para familias de altos ingresos e instituciones escolares pertenecientes al Estado, que empezaron a recibir a las hijas e hijos de familias de bajos ingresos. Proliferaron instituciones de educación superior (universitarias) de carácter privado. Instituciones estatales como la Universidad de Chile y Universidad Técnica del Estado, que contaban con sedes en distintas ciudades del país, vivieron un proceso de atomización, ya que fueron reducidas a sus sedes ubicadas en Santiago; con las sedes regionales que se les arrebató, se dio origen a las universidades regionales. Con ello, la universidad estatal como institución, dejaba de vincularse al proyecto de construcción de una sociedad democrática. Además de ello, al igual que lo que pasó con las escuelas, las universidades estatales debieron empezar a regirse por criterios economicistas, lo que implicó el cobro de altos aranceles a los estudiantes. El panorama descrito, evidencia el incumplimiento del artículo 13 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que aborda el derecho a la educación y que Chile había suscrito en 1966 (Pérez & Zurita, 2021; Rumié, 2019).

Algo similar ocurrió con la salud. La Dictadura promovió la creación de clínicas privadas, que se multiplicaron rápidamente porque era un excelente negocio. Así, el sistema de salud de Chile también evidenció una segregación entre ricos y pobres. Una oferta de salud para familias de altos ingresos y otra, los hospitales públicos, para familias de bajos ingresos (Merino, Tejeda & Ojeda, 2018; Bossert & Villalobos, 2020). La situación descrita, afectaba el artículo 12 del PIDESC, que señala que los Estados que se hicieron parte de dicho Pacto, reconocen el derecho de todas las personas a disfrutar de un alto nivel de salud física y mental.

Un tercer ejemplo de vulneración de Derechos Humanos, realizado por la Dictadura, es lo que ocurrió con el Sistema de pensiones, una de las ramas de todo sistema de seguridad social. Una de las reformas principales en este ámbito fue la creación de Administradoras privadas de Fondos de Pensiones (AFP), que hasta la actualidad tienen fines de lucro para quienes son dueños de dichas empresas. Los trabajadores y trabajadoras deben mensualmente ahorrar de manera individual en cuentas de capitalización supuestamente propias, supuestamente debido a que no tienen derecho a retirar sus fondos o parte de ellos en algún momento del trayecto. Las AFP, administran los fondos obteniendo por ello ganancias millonarias, mientras los ahorrantes, por lo general, obtienen pensiones miserables, más bajas que el ingreso mínimo. Las mujeres, obtienen pensiones aún más bajas, porque sus salarios son menores y tienen más períodos sin cotizar. La situación descrita demuestra el incumplimiento de Chile respecto a principios y normas de derechos humanos, establecidos en Convenciones y Pactos internacionales, tales como universalidad, no discriminación, solidaridad, vida digna, igualdad de trato, etc., (Numi, 2021).

_ Lógica de Guerra

La Dictadura cívico-militar de Chile se impuso y se mantuvo durante los 17 años de gobierno, a través de los asesinatos, desapariciones, expulsiones del país, relegamientos, encarcelamientos y torturas, en un contexto que fue marcado por la lógica de guerra, dividiendo a sus habitantes en amigos (sus partidarios) y enemigos (quienes éramos sus oponentes). Esa manera de pensar la realidad sigue vigente en Chile hasta el día de hoy, de hecho, el año 2019 cuando se produce el estallido social, el Presidente de entonces, Sebastián Piñera, declara que el país está en “guerra contra un enemigo poderoso e implacable” (Navarro y Tromben, 2019). No hay una sola manera de entender el concepto de paz, así como no hay una única manera de comprender el término de violencia. Desde los trabajos del sociólogo noruego Johan Galtung se viene hablando de paz negativa y positiva, categorías que han sido complementadas posteriormente con denominaciones como la paz imperfecta o paz neutra (Álvarez & Pérez, 2019; Leshem & Halperin, 2020). En tanto cuando se habla de violencia, se puede distinguir tres dimensiones, a saber, directa, estructural y cultural (Paulsen & Tikly, 2022). La primera de ellas se refiere a aquella violencia física y visible: muertes, mutilaciones, campos de concentración; la segunda, de carácter estructural, es menos visible porque es ejercida por la estructura social, en aspectos como desigualdad, marginación, explotación; finalmente, la violencia cultural, es más bien de carácter simbólico, lingüística y política, por ejemplo el machismo, el nulo respeto por la otredad (Gutiérrez, 2022). Durante los años del gobierno cívico-militar, se institucionalizó por parte del Estado, los tres tipos de violencia (Figura 2). La directa, a través de lo que ya hemos descrito en las páginas anteriores. Sólo faltaría señalar respecto a ello, que una vez terminada la Dictadura, se elaboraron bajo la responsabilidad del Estado, dos informes que dan cuenta de la violencia directa, uno de ellos es el conocido como Informe Rettig, que después de nueve meses de trabajo, fue entregado al Presidente del país, que había sucedido al Dictador. Este informe que consigna los casos de ejecuciones y desapariciones; el otro, es el Informe de Prisión Política y Tortura, conocido como Informe Valech, del año 2003, que da cuenta de los casos de encarcelamientos y torturas. Ambos informes no cubren la totalidad de los casos, porque muchas personas no se presentaron a dar sus testimonios por tener todavía miedo o por vivir en zonas alejadas de los centros urbanos. En cuanto a la violencia estructural, es del caso mencionar que durante los años dictatoriales, en el contexto de la imposición del neoliberalismo, se profundizaron las históricas desigualdades estructurales. El estado de bienestar, que había sido una política implementada en el siglo XX, especialmente de la mano de algunos de los gobiernos “radicales”, se difumina a la luz del énfasis de la actividad privada y la exacerbación del individualismo y la competencia entre los seres humanos. El estado se desprende de sus empresas, vendiéndolas a bajos precios a empresarios privados.

Figura 2
Interrelación de los tipos de violencia

Respecto a la violencia cultural, bastante más es lo que se debe decir, ya que siendo la menos visible, ha tenido un efecto perverso a largo plazo, que puede explicar incluso en parte, el resultado obtenido por la opción rechazo a la propuesta de nueva constitución, en el plebiscito de salida de septiembre de 2022. El lenguaje crea realidades (Civila, Rodríguez & Aguaded, 2020), pero también se puede decir que, la manera en que percibimos el mundo depende del lenguaje que tenemos a disposición (Kachur, 2021). El grupo dominante, en sus tres dimensiones (Figura 3), con todos los medios de comunicación a su favor (un 92% de ellos pertenece a dos grandes grupos económicos), logró crear una realidad simbólica paralela para comprender el mundo de una manera que se ubica a gran distancia de la realidad fáctica. Durante la dictadura, las víctimas eran los victimarios; los torturadores y asesinos, eran los salvadores de la “patria”. Los demócratas eran los “malos comunistas” y los partidarios de la dictadura, eran los demócratas. La Dictadura era “Dictablanda”. Después de 1990, una vez instalados los gobiernos post dictaduras, se profundizó en los eufemismos, siendo el más notable, el llamar Democracia a lo que claramente no lo es. Lo peor de todo, fue que nos creímos esa realidad paralela de carácter simbólica, porque posiblemente, carentes de algunas “herramientas” cognitivas necesarias para descubrir las trampas del lenguaje, nos bastaba con ir a sufragar cada cierta cantidad de años, para que nos sintiéramos perteneciendo a la Democracia de “mejor calidad” de Latinoamérica, como se le ha llamado por algunos organismos dedicados a elaborar rankings de la calidad de las democracias de los países del mundo. ¡ayy, pobre de nosotras y nosotros! El lenguaje utilizado en espacios institucionalizados como el parlamento, para referirse a las detenidas y detenidos desaparecidos, como “presuntos desaparecidos”, es un claro ejemplo de la violencia simbólica. La discriminación contra las mujeres, como a las diversidades sexuales, es otra muestra de aquella violencia simbólica; el uso liviano de la categoría “comunista”, para referirse a quienes luchamos por el respeto a los Derechos Humanos y, como lógica consecuencia de ello, a la conquista de una vida digna, constituye también una expresión de aquel tipo de violencia soterrada. El llamar “terroristas” a quienes protestan en las calles usando métodos propios de la desobediencia civil, refleja también aquello. […] give me peace on earth […].

El mecanismo de sometimiento es simple, a saber, se mantiene a la población alejada de una educación crítica, que permita pensar el mundo en sus contradicciones, en sus injusticias, en el mundo posible. La educación cumple de esta forma un servicio del mercado y no de la construcción del espacio político. No se busca educar al zoon Politikon, esto es, el ser político (González, 2020), sino al ser humano económico (Centeno, 2018).Luego, carentes de habilidades cognitivas para comprender el mundo, muchos ciudadanos y ciudadanas, construyen una comprensión sesgada de la realidad fáctica con las categorías conceptuales que la clase dominante pone a su disposición.

Figura 3
Grupo dominante y sus dimensiones

Y ahora qué?

Cómo construimos una situación de paz positiva, en una sociedad en que históricamente el grupo dominante se ha impuesto a través de la violencia en sus tres formas?, una realidad en la que históricamente las crisis sociales se resuelven a través de la utilización del crimen como estrategia política?; ¿qué papel le cabe a la memoria colectiva en esto?, ¿qué vínculos hay entre Educación crítica y memoria colectiva?. Como hemos visto, son distintas las formas de definir la paz, así como diversos son los tipos de violencia. Esto debe tenerse permanentemente en consideración, cuando tratamos de responder a las preguntas recién formuladas o aquellas planteadas al inicio. Los procesos educativos, entendidos como formas de testimoniar un tiempo, un espacio, unas determinadas relaciones humanas, es decir, teniendo como núcleo de sus actividad formadora a la memoria histórica, puede posiblemente incidir en la construcción de una cultura de paz, esto es, prácticas de convivencia, respeto, nuevas maneras de relacionarse (Carmona & Ospina, 2022), pero no en la violencia estructural conformada por leyes, reglas, convenciones (Galvin, 2020) ni simbólica, porque ellas están ligadas a los grandes poderes, en tanto la violencia directa, está a cargo de quienes hacen el “trabajo sucio” de la represión. Lo que quiero decir, es que a través de una educación sustentada en la memoria podemos posiblemente lograr que un policía o un militar se sensibilicen, pudiendo en algún momento aprender a respetar la integridad de un detenido o de un manifestante, pero… cómo lo hacemos con los grupos dominantes? A juicio de Veronese, Cavazzoni, Russo & Ayoub (2022), ante la violencia estructural el ser humano desarrolla prácticas de resistencia, que si son estrategias de sobrevivencia que tienden a normalizar aquello, a mi juicio tampoco logran modificar las estructuras sociales. Se desprende entonces que cuando hablamos del impacto de la educación en la construcción de culturas de paz, debiéramos hacer una distinción respecto a qué campo de la realidad es aquel sobre el que podemos actuar desde lo educativo. Modificar la violencia estructural implica desmontar las prácticas que las reproducen (Haslanger, 2021), emprendiendo acciones propias de los movimientos de desobediencia civil o de la no violencia activa, que logren interrumpir el flujo “normal” de la vida. Junto con ello, a juicio de Haslanger (Ibid), se deben modificar los significados que normalizan la violencia estructural.

La construcción de la Paz, en sociedades llenas de violencia abierta y/o soterrada, como el caso chileno, requiere construir verdaderos sistemas democráticos y no simulaciones de ellos. Eso requiere, según mi criterio, entender que las luchas de los movimientos sociales, además de las antiguas herramientas propias de la desobediencia civil o no violencia activa como lo hemos mencionado, se deben dar también en espacios como el semántico (Colomina, Sánchez & Youngs, 2021; Kachur, 2021). Contrarrestar los eufemismos que enmascaran y distorsionan el verdadero rostro del sistema político, que en lugar de ser una Democracia, como se nos dice, es más bien una Hibridocracia (Balderacchi,2022), a saber, una mezcla de elementos propios de un régimen democrático con otros característicos de sistemas autoritarios. Este es un espacio que tenemos bastante abandonado, dejando que el grupo dominante cree o utilice categorías conceptuales inapropiadas en tanto, no se corresponden con la realidad del sistema político, social, económico, cultural y ético de la sociedad chilena. Así, se dice por ejemplo, “debemos cuidar la Democracia”. Habría que decir que no podemos cuidar lo que no existe. Además podríamos preguntar ¿cuidarla de quién?, ¿qué significa cuidar un sistema político?, ¿por qué algunos deben tener la responsabilidad de cuidarla y otros no?. Desde el término de la Dictadura cívico-militar, son numerosos los casos de corrupción de políticos, miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, Jueces, etc. Acaso aquello, no son conductas que destruyen la convivencia respetuosa?

Otro espacio en el que debemos bregar, es el de la democratización cognitiva, no sólo en términos de poner el conocimiento o los conocimientos, a disposición de la ciudadanía, especialmente entre quienes están en la base de la estructura social, sino que además, en relación a promover las habilidades propias del pensamiento crítico, para construir, por una parte, una asertividad que permita resistir la desinformación que genera el grupo dominante y, por otra, lograr una comprensión profunda de cómo funciona la vida. Todo esto, forma parte también del ser “ciudadano” o “ciudadana”. Parte del discurso, incluso de personas que se definen como de “izquierda”, es que los cambios son “procesos graduales”. Podemos dar por sentado aquello, pero habría que plantear nuevamente la pregunta ¿a partir de qué momento debemos empezar a contar el tiempo? Es decir, puedo hacer esa afirmación de la gradualidad, en el día de hoy o puedo hacerla en una semana, o pude hacerla hace tres meses. El año 2011, cuando se produjo el movimiento universitario chileno, demandando entre otras cosas la gratuidad de la educación superior en universidades del estado, las autoridades de entonces, afirmaban precisamente lo que acabamos de señalar. Los jóvenes no deben ser tan impetuosos; deben entender que los procesos son graduales. Resulta que Chile firmó el PIDESC en 1966, lo ratificó en 1972 y lo promulgó en 1989. Entonces, la “gradualidad del proceso”, se iniciaba el 2011 cuando los estudiantes plantean sus demandas?, o cuando fue ratificado o promulgado?

Un sistema democrático, en definitiva se construye teniendo en cuenta las tres dimensiones mencionadas, esto es, respeto a los Derechos Humanos, ejercicio de la Ciudadanía y construcción de ethos de paz (Figura 4).

Figura 4
Dimensiones de una democracia.

Cierre

Tenía 16 años cuando ocurrió el Golpe de Estado, ahora estoy a punto de cumplir 66. Han pasado 50 años. No es sólo un problema de tiempo, indudablemente, sino de las vivencias que tuvimos antes, durante y después de aquel enorme trauma social que vivió Chile a partir de 1973. Lo que ocurrió, fue tanto fuera como dentro de nosotros, en nuestros cuerpos. Fuimos observadores, testigos y al mismo tiempo, actores anónimos de muchos de los sucesos que acaecieron. Fui testigo de la detención y encarcelamiento de mi madre, profesora normalista. Experimenté a la distancia, la detención y posterior desaparición de mi hermano desde Villa Grimaldi, uno de los campos de Concentración clandestinos que tuvo la Dictadura. Era joven, apenas 21 años, lleno de sueños de justicia social, ávido lector, guitarrista, cantante, jugador de ajedrez (Durán, 2003). Viví en carne propia la detención, tortura y encarcelamiento. Como dice Galvin (2020), puedo decir que atravesé la maldad humana o, parafraseando a Semprún (2014) que ella me atravesó a mí. ¿Qué quedó de todo aquello además de la profunda tristeza? En primer lugar, la esperanza, aunque pueda parecer extraño. Seguir viviendo después de las experiencias vividas, es uno de los principales actos de resistencia que se pueda tener. Un gesto que carga un mensaje de optar siempre por la vida. Es un vivir que aunque asume una ontología de la desolación, se sobrepone para pensar y sentir que todavía es posible una vida mejor. Es una esperanza consciente, activa, que no reposa esperando que ese mundo mejor llegue por milagro. El ser humano necesita de la esperanza para vivir, es por ello una necesidad ontológica, decía Freire. Esa esperanza se debe actualizar cada día, pero ello no puede lograrse desde el olvido, sino abriendo espacios a la memoria colectiva de las víctimas, que pueden hablar por sí mismas, en el caso de los sobrevivientes o a través de ellos y ellas, en el caso de quienes no lograron cruzar la maldad humana. O que pueden hablar sólo con el impacto de su ausencia, como es el caso de los detenidos y detenidas desaparecidas. Acudir a la memoria colectiva acerca de las víctimas, es una herramienta para mirar la realidad de la sociedad chilena en la actualidad. Ellas y ellos fueron asesinados, encarcelados, torturadas, etc., como castigo individual y colectivo, por cargar con la culpa de haberse atrevido a pensar y actuar en función de otro tipo de sociedad, a saber, con justicia, con participación, inclusiva, acogedora, elementos claves para una paz positiva. Es decir, una Democracia humanamente democrática. Hoy estamos lejos de ese sueño. Hemos aportado algunos elementos para demostrar aquello. Rememorar lo ocurrido en Dictadura, a cincuenta años del golpe de Estado, tiene como sentido la reconstrucción de sujetos políticos de carácter ético, para salir del atolladero en el que nos encontramos. No se trata de quedarse en el pasado para reabrir heridas, sino que desde esas heridas que nunca cerraron, construir un presente y futuro más humano.

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