Chiapanecas transitando colectivamente hacia una vida libre de violencia: desafíos y aprendizajes

Mónica Carrasco Gómez

CONACyT, México

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La situación de subordinación de las mujeres y la violencia contra ellas para mantenerlas en esa condición han sido temas reconocidos como grandes problemas sociales tanto a nivel local como global (OMS, 2021). Fue a partir de 1950 cuando surgió la preocupación por mejorar sus condiciones de vida. Incluso, desde los años sesenta se identificó el deterioro de la situación de la población femenina en la puesta en marcha de proyectos de desarrollo que tenían como finalidad mejorar su condición (Boserup, 1970). No obstante, no fue sino hasta 1981 cuando se adoptó la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)[1], donde se identifica la violencia de género como una forma de discriminación que impide la igualdad sustantiva entre los hombres y las mujeres.

En este contexto, la independencia económica, entre otros derechos, fue reconocida como fundamental para que las mujeres puedan tomar decisiones, así como vivir libres de violencia y de discriminación. También hay que considerar que la situación de dependencia económica de ellas se agrava cuando se intersecan distintas estructuras de opresión como la clase, así como los procesos de racialización y etnización. Al respecto, en el artículo 14 de la CEDAW se reconocen “los problemas especiales a los que hace frente la mujer rural” y el valioso papel que ésta desempeña en la supervivencia económica de su familia, y señala la importancia de “organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad de acceso a las oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta propia o por cuenta ajena” (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 1981).

En este sentido, se han realizado intervenciones para incluir a las mujeres en proyectos de diversos tipos para que se beneficien de los programas de desarrollo. Muchos de estos proyectos son financiados por agencias de cooperación que solicitan a los Estados el diseño de políticas públicas que las tomen en cuenta (Kauffer, 2016). No obstante, muchos de éstos no han logrado disminuir la inequidad imperante (Meza Ojeda, et al., 2002; Enríquez Monzón et al., 2003; Marín & Okali, 2008; Buendía Rodríguez et al., 2008; Kauffer, 2016; Ochman, 2016 ). Incluso se han manifestado fuertes críticas a la visión instrumental de la condición social de las mujeres, lo que refuerza los roles de género y la inequidad (Ochman, 2016), incrementando así su doble o triple jornada de trabajo (Buendía Rodríguez et al., 2008), o se les utiliza para atraer fondos sin que necesariamente intervengan en la toma de decisiones del grupo (Enriquez Monzón et al., 2003). Esto ocurre porque, al igual que en otro tipo de proyectos —los denominados asistencialistas—, la participación de la gente solo es utilizada para avalar decisiones ya tomadas por los/las tecnoburócratas, lo que coloca a las personas en una situación de dependencia (Villa Gomez et al., 2017).

Un problema no menor es la dificultad encontrada en la operación de los proyectos, esto debido a que se requieren estrategias en las que el liderazgo se comparta para evitar fenómenos, históricamente reproducidos, ligados al cacicazgo (Valdéz Santiago et al., 2013) o incluso vinculados a relaciones de poder de las lideresas con las demás integrantes de las agrupaciones. De lo contrario, se replican los esquemas de subordinación, lo cual no abona a la construcción de igualdad (Buendía Rodríguez et al., 2008) . Asimismo, se dan casos extremos que provocan la desintegración de las agrupaciones de mujeres detonados por problemas en la manera de relacionarse en el interior del grupo (Marín & Okali, 2008) .

Por lo anterior, en el caso analizado en este artículo fue central diseñar el proyecto con perspectiva de género, de manera que sólo las mujeres podrían participar y de esta manera, se mostraba la relevancia de su participación en la planeación, ejecución y evaluación de la puesta en marcha del proyecto (Carrasco & Fragoso, 2022). Esto porque la apuesta era fortalecernos entre todas a nivel subjetivo e intersubjetivo para que, a través del trabajo colaborativo, ellas pudieran construir independencia económica y transitar hacia una vida libre de violencia, tal como se ha apuntalado tanto en la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia como en otros documentos que sugieren el fortalecimiento de la autonomía de las mujeres (DOF, 2007; Lagarde, 2008; Herrera, 2014). Sin embargo, un punto esencial para el fortalecimiento de la organización de mujeres, como el reconocimiento y el cuestionamiento de los ejercicios de poder entre ellas, no se develó sino hasta que iniciaron los primeros conflictos. Por este motivo valoré la necesidad de hacer un análisis de las situaciones que se produjeron durante la puesta en marcha del proyecto que nos ocupa, un proyecto dirigido a mujeres víctimas de violencia de género que buscó construir colectivamente autonomía económica.

Este artículo está basado en la segunda parte de un proyecto que inició en 2020 que se basó en una metodología de investigación acción participativa. En su fase inicial, convocamos a mujeres (víctimas de violencia de género) para que participaran en un espacio grupal de acompañamiento psicosocial y jurídico destinado a hablar sobre la violencia y sus diferentes dimensiones[2] (Hartog et al., 2020), y mediante procesos reflexivos conformamos una colectiva de mujeres llamada Tsatsal O’ntonal (fortaleciendo el corazón, en lengua tsotsil) que tenía como objetivo construir una vida libre de violencias. Participaron 37 mujeres, 32 de ellas adultas con un promedio de edad de 33 años, y cinco hijas de las mujeres participantes, con un promedio de edad de 15 años. La mitad de las participantes eran migrantes de parajes de la región de los Altos de Chiapas, el 20% nacieron en San Cristóbal de Las Casas, el 11% eran indígenas y el 8% migrantes de segunda generación (hijas de indígenas migrantes que nacieron en la ciudad que no hablaban una lengua indígena, pero sí la entendían); finalmente, el 4% eran mujeres no indígenas que habían migrado de una ciudad a San Cristóbal.

La segunda parte del proyecto consistió en gestionar, junto con la agrupación de mujeres, un espacio de trabajo colectivo, el Café, Restaurante y Centro Cultural Tsatsal O’ntonal (CRCCTO)[3]. La iniciativa se implementó seis meses en un primer espacio, y posteriormente se llevó a cabo un cambio de lugar para disminuir el costo de la renta, donde permaneció seis meses más; en total duró de agosto de 2021 a agosto de 2022. El grupo inicialmente se conformó por aproximadamente 12 mujeres de diversos orígenes rurales de Chiapas, la mayoría indígenas migrantes de primera generación del campo a la ciudad, con un promedio de edad de 32 años; solo tres de ellas migrantes de segunda generación[4]. Posteriormente, en el transcurso de la puesta en marcha, se incorporaron espaciadamente cuatro mujeres más (dos indígenas y dos mestizas), quienes habían sido acompañadas jurídica y psicosocialmente por la Colectiva Cereza, y dos de ellas también por quien escribe. Este acompañamiento lo brindamos en relación con la violación a sus derechos humanos y la violencia feminicida que habían sufrido estas cuatro mujeres, quienes mantenían procesos legales en curso contra sus agresores. Las últimas mujeres en incorporarse tenían un promedio de edad de 38 años, y todas habían migrado a San Cristóbal de Las Casas; dos de ellas eran familiares cercanas (madre e hija) y migraron de la capital del estado, mientras las otras dos provenían de localidades rurales cercanas a San Cristóbal.

Durante todo el desarrollo del proyecto realizamos ejercicios asamblearios a través de reuniones semanales con las integrantes. En un inicio facilitamos la conformación de equipos de trabajo y posteriormente propusimos, y ellas aceptaron de manera colectiva, la integración de las nuevas compañeras bajo la premisa de la solidaridad con mujeres que habían sido violentadas y que tenían necesidad de trabajar y lograr independencia económica.

Durante la puesta en marcha capacitamos a las integrantes en el manejo de redes sociales, cocina, medidas sanitarias y derechos humanos de las mujeres, entre otros temas. Asimismo, brindamos acompañamiento psicosocial y jurídico a las mujeres que mantenían procesos legales contra sus agresores e iniciamos un espacio para trabajar con las hijas e hijos de las mujeres y sus familiares, labor que desarrolló el equipo de trabajo los sábados durante cinco meses.

Organizamos actividades culturales a través de un proyecto que logró financiamiento estatal por mediación de una de las integrantes de la Colectiva Cereza, e invitamos a otras organizaciones de mujeres productoras para que utilizaran el espacio, solicitando su colaboración sólo con una retribución solidaria para contribuir al pago de la renta. Difundimos el espacio por redes sociales, abrimos una página de Facebook, y algunas organizaciones se sumaron solicitando el salón y el servicio de coffee break, desayunos o comidas para sus reuniones. Las ganancias se repartían semanalmente entre quienes habían trabajado, por hora laborada, y además se reservaba un fondo para invertir en los insumos necesarios para continuar con la labor.

La metodología usada para recabar los datos en esta investigación fue la etnografía, y utilizamos herramientas como observación participante, además de entrevistas informales y semiestructuradas (Guber, 2004). Les informamos a las participantes que esta iniciativa era continuación de un proyecto inicial, y por tal motivo documentaríamos el desarrollo a través de observación y entrevistas. También acordamos cómo participaríamos las integrantes del equipo de trabajo, que colaboramos principalmente en la puesta en marcha del proyecto.

Durante los primeros tres meses de organización y puesta en marcha del proyecto (de julio a septiembre de 2021) el equipo de trabajo realizó un acompañamiento diario, y en algunas ocasiones cada tres días; posteriormente, a partir de octubre, decidimos espaciar el acompañamiento y reunirnos una vez a la semana. No obstante, ante la presencia de diversos conflictos que culminaron en el incumplimiento de los pagos entre ellas y generaron desánimo y molestias, convocamos diversas reuniones dirigidas a poner en práctica propuestas puntuales para resolver la situación.

Los conflictos generados en el interior de la organización fueron diversos y estaban interconectados, sin embargo, para fines de analizar las relaciones de poder trataré de plantearlos en función de la temporalidad, la integración de nuevas mujeres, la conformación de alianzas, y la evitación y resolución de conflictos.

Para empezar, tal como se ha observado en otras experiencias de organización entre mujeres, la construcción de proyectos colectivos es compleja. Aunado a esto, si previamente han experimentado vivencias personales y comunitarias de violencia de género, tienden a aislarse y a sentir desconfianza para construir lazos sociales con otras personas, y en específico la relación con mujeres se dificulta aún más. Por ello, transitar de una cultura de violencia hacia una de paz y colaboración en pro de construir independencia económica fue uno de los objetivos del proyecto.

Las mujeres que iniciaron la agrupación Tsatsal O’ntonal no querían seguir sufriendo violencia y consideraron la conformación de una red de mujeres como una forma de alejarse de esa dinámica, de fortalecerse entre ellas y, de esta manera, poder en algún momento crear para sí mismas condiciones de subsistencia sin sus agresores. Por este motivo, dentro de la organización buscamos construir otro tipo de convivencia colaborativa y solidaria en pro del bienestar colectivo a través de espacios de reflexión, escucha y diálogo con mujeres de diversas edades y con diferentes necesidades afectivas y socioeconómicas, además de que tenían distintas identidades étnicas, si bien coincidían en que todas eran migrantes de primera o segunda generación del campo a la ciudad. Además, tenían en común haber sido víctimas de violencia de género, estar en condiciones de precariedad económica y tener la disposición de organizarse para construir un proyecto colectivo de independencia económica durante la pandemia de covid-19, situación que agudizó la desigualdad de género, de clase y de pertenencia étnica, tal como se ha documentado (Harvey, 2020:92) .

En este contexto, la conformación de la colectividad femenina en el proyecto favoreció en sus inicios el reconocimiento de saberes y de habilidades diversos, necesarios para tal empresa; asimismo, construimos acuerdos para el establecimiento de formas de relacionarnos de manera horizontal. Sin embargo, pude observar ejercicios de poder imbricados en los diferentes sistemas de desigualdad, como el clasismo, el racismo y la opresión de género, los cuales crearon situaciones que las vulneraron de manera diferencial, a nivel individual y también en los dos grupos que entre ellas conformaron. Uno de estos grupos, liderado por quienes se asumían con mayores capacidades culinarias y escolares, además de que no se identificaban como indígenas —compuesto por mestizas y migrantes de segunda generación— llegó a generar prácticas de discriminación hacia el otro grupo.

Es así como este análisis consiste en brindar algunos elementos que ayuden a entender las relaciones de poder en espacios no institucionales, tal como lo sugirió Foucault: “Si se quiere captar los mecanismos de poder en su complejidad y en detalle, no se puede uno limitar al análisis de los aparatos de Estado” (Foucault, 1979:119). De esta manera será posible entender otras formas de poder disciplinario y su ejercicio en diversos contextos organizativos, esto porque partimos de que las relaciones de poder se establecen en toda interacción humana y porque, como pudimos identificar más tarde, las experiencias laborales previas de las participantes estaban marcadas por la precarización, el autoritarismo e incluso el maltrato laboral. Por ello, la apuesta por organizarse de manera horizontal con otras compañeras, en una relación en la que no hubiera patronas, generó en un inicio entusiasmo, pero conforme pasó el tiempo surgieron desorganización y fricciones entre ellas.

Inicialmente hubo consenso entre la mayoría en rechazar la figura de una patrona, esto a partir de que en una asamblea se habló sobre las actitudes que laceraban la organización incipiente, por lo que acordamos no descalificar a las compañeras ni que mandaran unas sobre otras. Sin señalar a las personas que hacían esto, se implementaron cambios, e incluso se ausentaron temporalmente del proyecto algunas en las que se reconoció esa actitud de mando.

Hasta aquí la práctica asamblearia funcionó para expresar los conflictos y llegar a acuerdos mediante el consenso. Para dar paso al principal conflicto que develó la disputa por el poder es necesario aclarar algunos conceptos que ayudarán en el análisis.

Entiendo el poder como la capacidad de actuar sobre las acciones de otros, y para ejercerlo es necesario colocar un sistema de diferenciaciones (Foucault, 1988: 238). En el establecimiento de este sistema de diferenciaciones se generan estrategias de poder, que son “un conjunto de medios puestos en práctica para hacer funcionar o para mantener un dispositivo de poder” (Foucault, 1988: 243).

En este sentido, las estrategias de poder que pude observar en la dinámica organizativa fueron las siguientes: 1) “intentar tener ventaja sobre el otro” (Foucault, 1988: 242) a través de la distribución inequitativa de las tareas y ganancias; 2) el “mantenimiento de privilegios” (Foucault, 1988: 241) de un grupo que se beneficiaba del consumo de alimentos para los clientes o de la falta de rendición de cuentas en las compras; 3) “el acto de comunicar”, como una “manera de actuar sobre el otro/a o los otros/as” (Foucault, 1988: 236), acaparando y monopolizando el uso de la palabra en las asambleas, y 4) el “saber disciplinar”, en este caso el saber cocinar y administrar, lugar en donde se colocaron dos participantes y desde el cual descalificaron otras formas de cocinar.

Para visibilizar las estrategias de poder mencionadas previamente retomaré el orden temporal propuesto en un inicio, lo que nos llevará a aspectos cruciales que generaron conflicto, como la incorporación de integrantes, el establecimiento de alianzas y el silenciamiento para evitar el conflicto.

Es preciso mencionar que el grupo inicial de mujeres cuyo proceso de construcción de colectividad se había desarrollado previamente, durante el primer proyecto llevado a cabo meses atrás, había conformado una identidad grupal que les había permitido cuestionar la violencia en sus vidas. Ellas conocieron la fuerza del grupo al solicitar apoyos a las instituciones del estado y al participar en iniciativas comunitarias surgidas durante la crisis generada por la pandemia de covid-19. Sin embargo, posteriormente, tras la culminación del proyecto, no continuó la organización grupal, sino que perduraron sólo pequeños grupos de mujeres más afines, en los que las relaciones de parentesco, la amistad previa y los espacios de trabajo aún las mantenían cercanas.

Cuando se les comunicó la obtención de financiamiento para llevar a cabo el proyecto colectivo y se les invitó a participar no todas accedieron, en parte porque algunas habían recuperado o conseguido empleos, pero otras sí estaban dispuestas a construir un espacio de trabajo entre ellas. El principal problema detectado en este punto se relaciona con la división entre el grupo que asumía haber participado en el proyecto desde el inicio y quienes habían llegado posteriormente, lo que contribuyó al establecimiento de un sistema de diferenciaciones: “las originales y las nuevas”. Esto nos lleva al siguiente punto de análisis.

Esta fase se caracterizó por procesos variados. Se requirió de más colaboradoras, pues en algunas ocasiones y por diversos motivos —algunos de los más frecuentes eran las citas para dar continuidad a sus denuncias y demandas contra sus agresores, así como distintas ocupaciones alrededor de la crianza y otros empleos— dejaban a las más puntuales en una situación de sobrecarga de tareas, por lo que vino muy bien que se integraran más mujeres. Todas ellas eran hábiles en diferentes tareas y todas eran importantes para la iniciativa por sus habilidades. desde saber hacer tortillas, hasta cocinar, atender a los comensales y realizar labores de limpieza. Sin embargo, dos de ellas no tenían origen étnico indígena y además contaban con experiencia en labores de cocina, lo que les permitió colocarse en lugares de mando tras su entrada. En ese momento se empezaron a gestar diferencias en las tareas a realizar y se instalaron jerarquías y privilegios, los cuales estaban atravesados por prejuicios de clase y etnia —entre indígenas y kaxlanas[5]— (Laughlin, 2007). Si bien desde un inicio trabajamos en las asambleas para evitar que surgieran relaciones de subordinación, para reafirmar que todas ellas sabían cocinar, que cada sazón era único y que ninguno era mejor que otro, empezaron las alianzas para descalificar el trabajo o el sazón de las otras, lo que contribuyó a una división interna que derivó en desánimo y en falta de organización. El sistema de diferenciaciones racializadas se entretejió con el saber disciplinar, en este caso cocinar, lo que facilitó el mantenimiento de privilegios. En este punto es necesario remarcar que se conjugaron de manera diferenciada los tipos de opresión y diferenciación. Si bien dos integrantes nuevas podrían identificarse como el grupo de “las nuevas” y ser desdeñadas porque no formaban parte de las “originales”, la intersección entre la raza y el saber las colocó en una posición de mando, de manera que no importó tanto no haber iniciado junto con las otras compañeras, lo que dio como resultado la generación de agrupaciones.

A partir de la incorporación de otras mujeres en la colectiva Tsatsal O’ntonal, tal como mencioné previamente, se empezaron a conformar alianzas. Identificamos que quienes detentaban el “saber cocinar”, a diferencia de otras compañeras, tomaron más turnos de trabajo en el CRCCTO, asumieron el control de las entradas y salidas de dinero, decidían el menú y hacían compras sin rendir cuentas, en alianza con otras integrantes que apoyaban estas acciones porque podían beneficiarse, ellas y sus conocidos, de los alimentos cocinados sin pagar, lo que generó molestia e irritación entre las demás compañeras. Sin embargo, las situaciones de este tipo, aunque no se mencionaban abiertamente en las asambleas, sí las comentaban entre sí. El mantenimiento de privilegios fue posible a través de diversas estrategias, una de ellas fue el temor generado en el otro grupo de que el proyecto se viera afectado si se denunciaban las conductas de las compañeras.

Aunque teníamos un espacio semanal colectivo para dialogar sobre los conflictos, los retos organizacionales y las propuestas de solución, este tuvo una dinámica cambiante. Inicialmente, solo algunas compañeras, sobre todo las más jóvenes, hacían uso de la palabra y exponían lo que a su parecer eran las necesidades inmediatas o las situaciones que generaban molestia en la mayoría. Cada vez más mujeres fueron tomando la palabra, y mediante la estrategia de moderación se fomentaba que todas participaran, pues todas las voces eran importantes. Posteriormente, cuando se fueron integrando nuevas participantes y empezaron a surgir nuevos liderazgos y alianzas, comenzamos a notar que una hacía más uso de la palabra y las demás permanecían en silencio; el acto de comunicar como una forma de actuar sobre las compañeras funcionó, pues muchas callaron para evitar represalias y porque veían que, aunque llegábamos a acuerdos, las personas no cambiaban su forma de proceder y sus actitudes. En este sentido el principal temor era que “las que sí sabían cocinar” abandonaran el proyecto.

El ejercicio asambleario no estaba funcionando como al inicio, cuando desde una polifonía de voces se planteaban tanto problemáticas, como propuestas de solución; sin embargo, posteriormente las compañeras que se posicionaron como las que “saben cocinar” fueron usando más la palabra, de tal manera que, aunque incentivábamos la participación de las demás compañeras, la mayoría no hablaba. Por este motivo, en el equipo de trabajo ideamos una forma de intervenir, pues las mujeres no querían opinar sobre lo que estaba pasando. El ejercicio consistió en que escribieran de manera anónima, a partir de preguntas generales, sobre lo que les gustaba o no de lo que pasaba en la cocina, además de que se solicitaron sugerencias para resolver la situación. Este ejercicio develó la problemática y llegamos a nuevos acuerdos entre las compañeras; sin embargo, a pesar del consenso los cambios acordados no se realizaron, pues un grupo mantuvo la forma de repartir las tareas y ganancias de manera desigual, siguieron las desacreditaciones a otras compañeras por sus formas de cocinar, y perduró la falta de transparencia en las cuentas, así como el trato no respetuoso entre los grupos. En especial una compañera que hacía un uso indebido de la autoridad, conferido por sus otras compañeras por su “saber cocinar”, seguía decidiendo por la mayoría.

Debido a lo anterior, se acordó que una mujer del equipo de trabajo hiciera el seguimiento durante un mes, de manera diaria, de las gestiones de compras, transparencia y rendición de cuentas y promoción del espacio. Su presencia diaria provocó que la compañera que ostentaba el mando desapareciera sin avisar durante más de una semana, por lo que se decidió en asamblea que las compañeras que faltaran sin avisar durante más de tres días ya no podrían seguir siendo parte del proyecto por abandono de trabajo.

Como consecuencia del acompañamiento diario la situación mejoró y se llevó a cabo una mejor redistribución de las ganancias, lo que generó entusiasmo y confianza nuevamente en la organización. Ellas continuaron con la iniciativa unos seis meses más sin financiamiento externo, pues no querían regresar a sus experiencias laborales previas en las que prevalecía la explotación laboral, pero la nueva ubicación del lugar no fue estratégica, la renta era alta, la venta disminuyó y el desgaste del proceso organizativo impidió que siguieran con la iniciativa.

En el análisis del ejercicio del poder en un proyecto de construcción colectiva que tenía como finalidad construir independencia económica entre las mujeres participantes pude identificar, como parte del equipo de trabajo, cómo se establecieron relaciones de poder a través de la intersección de sistemas de opresión como la clase, la racialización y el género en el desarrollo de las diferentes fases temporales y organizativas del proyecto, lo que generó divisiones internas en el grupo.

La reflexión aquí presentada parte del análisis de un espacio donde propiciamos la colaboración de manera horizontal entre las integrantes para que no existieran jerarquías. No obstante, se establecieron diferenciaciones que dieron lugar a la creación de privilegios de un grupo de mujeres sobre otro.

Sin embargo, ante el conflicto acallado fue posible que, a través de diferentes estrategias de comunicación facilitadas por el equipo de trabajo, se pudieran develar los conflictos internos y de esta manera se abriera la posibilidad de emprender acciones dirigidas a la resolución del conflicto. Para tal efecto, necesitábamos que las compañeras que habían decidido callar tuvieran un espacio seguro para hablar y manifestar sus desacuerdos, además de que fue preciso equilibrar el ejercicio del poder a través de acompañamientos cercanos, lo que trajo como consecuencia que se restableciera el ambiente colaborador del proyecto y que ellas pudieran continuar con la construcción de su independencia económica.

El desarrollo del proyecto nos permitió dialogar a partir de la experiencia sobre la intención de construir independencia económica como un derecho de las mujeres para que tengan libertad de tomar decisiones y vivir libres de violencia y discriminación. Esto se apuntala en la Declaración para la Transición hacia una Cultura de Paz en el Siglo XXI[6], donde se menciona la importancia que parte de comprender que: “al escuchar a ‘nosotros los pueblos’ nos responsabilizamos de nuestra libertad para buscar y crear economías y progresos sociales que no sólo se basen en adquisición de bienes materiales sino en nuestro bienestar, ejercicio de nuestros derechos y armonía con los recursos de que dispone nuestro planeta, considerando su propio ritmo y renovación” (Mayor-Zaragoza et al, 2021 p.5). Entonces, como parte del objetivo del proyecto, en el equipo de trabajo buscamos crear progreso social en términos de encontrar opciones para las mujeres de independencia económica, para lo cual se observó la necesidad de que el proyecto tuviera un carácter colectivo, y de esta manera generar identidad grupal entre las mujeres que deseaban vivir libres de violencia para construir colectivamente independencia económica.

Se puede concluir que la puesta en marcha y la ejecución de este proyecto colectivo conllevó una serie de complicaciones como producto de la violencia de género, sumada a la discriminación sistemática, por lo que reflexionar sobre estos procesos a través del cuestionamiento del ejercicio del poder nos puede permitir anticipar los conflictos emanados de ejercicios de esta naturaleza a través de la creación de espacios para la reflexión, la escucha y el diálogo entre personas con diferentes edades, necesidades físicas, afectivas, cognitivas y socioeconómicas, y diferentes identidades étnicas, tal como se propone en la declaración mencionada.

Considero que tomar conciencia de que estas relaciones de poder se generan tanto en espacios institucionales como sociales, y analizarlas, nos da la posibilidad de lograr aprendizajes que permitan construir otras formas de relacionarnos en las que la intención de actuar o hablar no tenga la finalidad de imponer e influir de manera vertical en el campo de posibilidad de las personas con quienes colaboramos.