Esta investigación deriva de un análisis académico en torno a la hoy cada vez más lejana posibilidad de que, con la firma de la paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) se pusiera fin a todas las manifestaciones del conflicto armado, este tema se abordó en el marco del I Simposio Internacional de Derecho Público organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y el Grupo de Investigación Auditorio Constitucional de la Institución Universitaria de Envigado, en el mes de junio de 2021, frente a la problemática que ha marcado la realidad colombiana desde los años 60 del siglo xx y que ha determinado el rumbo de las políticas de seguridad en lo que llevamos del presente, nos enfrentó a la necesidad de considerar un cambio en la concepción de la seguridad.

Se quiso creer que, el que imaginamos como nuevo escenario, iba a propiciar que las políticas de seguridad pudieran ocuparse también, y no solo a través de su tibio reflejo en disposiciones programáticas, de dimensiones de la seguridad distintas de la seguridad personal.

Aún aspiramos a que las vertientes económica, alimentaria, de la salud, ambiental, de la comunidad y política sean objeto de garantía y protección esencial, haciendo que pierdan el protagonismo casi exclusivo las medidas reactivas y de control ejercidas por las fuerzas públicas de seguridad, para alentar la participación y el empoderamiento, en el ámbito de la seguridad, de otras administraciones públicas, la iniciativa privada y, fundamentalmente, la sociedad civil; entidades con capacidad para proponer, diseñar y aplicar métodos preventivos basados en el análisis y la anticipación.

El horizonte ideal representado constituía el marco adecuado para la evolución desde una concepción estatocéntrica, en la que prima la presencia y la estabilidad del Estado y sus instituciones frente a la competencia de los grupos insurgentes y las bandas criminales, hacia una concepción humanocéntrica, vinculada al concepto de seguridad humana desarrollado en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (P NUD, 1994).

Un concepto con acepciones e interpretaciones diferentes desde que apareciera por vez primera en 1994, pero que la Resolución 66/290 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (onu) ha contribuido a clarificar, estableciendo un entendimiento común respecto al concepto que determina que, para ajustarse a él, una concepción de seguridad deberá englobar los siguientes elementos:

1. a. El derecho de las personas a vivir en libertad y con dignidad, libres de la pobreza y la desesperación.

   b. La exigencia de respuestas centradas en las personas y orientadas a la prevención.

   c. El reconocimiento de la interrelación de la paz, el desarrollo y los derechos humanos.

   d. El que, al recurso a la amenaza, al uso de la fuerza o a medidas coercitivas se acudirá en último término y siempre estará previsto para situaciones excepcionales, bien definidas y perfectamente delimitadas legalmente.

   e. Y la aseveración de que no sustituye a la seguridad del Estado. Que sigue recayendo en los gobiernos la función y la responsabilidad de asegurar la supervivencia, los medios de subsistencia y la dignidad de sus ciudadanos, siendo la función de la comunidad internacional complementar la labor de los gobiernos proporcionándoles apoyo y exigiendo una mayor colaboración y asociación entre gobiernos, organizaciones internacionales y regionales y sociedad civil ( onu, 2013).

A pesar de que subsisten muchas de las condiciones indeseables que afectan al diseño securitario y que otras han mutado hasta constituir realidades aún más complejas, Colombia necesita reconsiderar su concepción de seguridad, pensar qué tipo de protección y garantías quiere y puede ofrecer a sus ciudadanos y, si estima que está capacitada para ello, adoptar las medidas precisas para adaptarse a la evolución.

La transición de una a otra concepción implica asumir que la seguridad no se debe concebir como un valor autónomo, como un derecho fundamental cuya consecución puede entrar en conflicto con el desarrollo de otros derechos y libertades constitucionalmente reconocidos.

Asimismo, supone aceptar que la seguridad no es un fin en sí mismo, sino que constituye un medio esencial para hacer posible el efectivo ejercicio de esos derechos y libertades, lo que nos llevaría a asumir que, más que a la consecución y defensa de un derecho a la seguridad, debemos aspirar a la construcción de la seguridad de los derechos, es decir, a definir la seguridad como la garantía de las condiciones que hacen posible el ejercicio y efectivo disfrute de los derechos y libertades fundamentales.

Este cambio de paradigma viene siendo alentado por documentos internacionales ( P NUD, 2013) y encuentra un reflejo teórico en cuanto a declaración de intenciones ?sin su correspondiente correlato práctico? en los Planes Nacionales de Desarrollo colombianos promulgados desde el año 2002. La transformación ha de ser efectivamente realizable en un contexto en el que parte de los esfuerzos aún tienen como objetivo la recuperación de la presencia y el ejercicio del poder público del Estado en sectores territoriales, sociales y productivos del país.

No podemos desconocer que Colombia ya ha dado pasos en el camino de la transición propuesta; algunos pasos tímidos y poco convencidos, que se han limitado a meras declaraciones programáticas sin efecto en la aplicación de políticas prácticas ² y otros más audaces y decididos como los protagonizados por la Policía Nacional de Colombia que ha emprendido un ambicioso proyecto de modernización y transparencia, asumiendo un modelo vinculado a la denominada policía comunitaria plasmado en distintos programas como el Plan Nacional por Cuadrantes desarrollado por las metropolitanas de Policía y por las alcaldías de ciudades como Medellín y Bogotá.

². Autores como Pablo E. Angarita Cañas (2011) afirman que entre la Seguridad Democrática y la Doctrina de Seguridad Nacional existen rasgos comunes (procedimientos militaristas, identificación de un enemigo social) y se advierte que, a pesar de las justificaciones y declaraciones de intenciones de los preámbulos e introducciones de los Planes de Desarrollo Humano en los que se incorpora y desarrolla (2002-2006 y 2006-2010), la política de Seguridad Democrática no apuesta por la defensa y promoción de los derechos fundamentales, sino que está orientada al fortalecimiento del Estado para obtener una mayor control sobre el territorio con grandes dosis de autoridad y una fuerte militarización de la vida cotidiana ( Ríos et al., 2013).

Los máximos representantes del poder político y administrativo local han intentado, en distintos momentos y sin que pueda predicarse de todas las administraciones, afrontar el reto de ?a través de las aportaciones realizadas por sus respectivos libros blancos de la seguridad ciudadana y la convivencia? contribuir a la gobernabilidad democrática de la seguridad urbana, incorporando a la planificación y gestión a actores significativos de la sociedad civil, y apostando por trascender los tradicionales límites de la acción policial reactiva y sancionadora para atender las amplias exigencias del marco de convivencia y la promoción y ejercicio de los derechos fundamentales ( onu, 2008; 2011).

Debemos advertir que la necesidad de superar la concepción de seguridad que prioriza los intereses estatales sobre la condición humana no es exclusiva de Colombia; el cambio de paradigma se impone también en el ámbito internacional.

Son fenómenos globales el surgimiento de nuevas amenazas caracterizadas por la complejidad de su naturaleza, la superación e ineficacia de los métodos tradicionales de atajarlas por ser realidades multifactoriales, la crisis del Estado-nación y la exigencia de los ciudadanos a sus estados para que garanticen unos determinados niveles de seguridad, entendida esta como una acepción cada vez más amplia.

A los retos comunes, que también la afectan, la sociedad colombiana debe añadir el gran desafío que supone la superación y adecuada gestión de los daños sufridos durante tan largo período de contienda, la desmovilización e incorporación socioeconómica de los miembros de los grupos que dejan las armas y el enfrentamiento de graves problemas estructurales como la fuerte desigualdad social, el recurso de la violencia como método de resolución de conflictos o la profunda desconfianza en las instituciones públicas, que están en la base y pueden ser causa o factor coadyuvante del surgimiento de amenazas y riesgos específicos para los derechos fundamentales de las personas que habitan el territorio colombiano.

Una nueva realidad, más cuando es tan compleja, exige reformas estructurales. La tesis de que las estructuras de seguridad tradicionales se encuentran desbordadas ante el surgimiento de amenazas y riesgos en un contexto en el que interactúan tantas variables es cada vez más aceptada (tanto en el ámbito político como en el debate académico). En algunos entornos geopolíticos se está considerando la conveniencia de adoptar efectivamente, con una aplicación práctica que supere la mera discusión teórica, una nueva concepción de la seguridad, inclusiva de realidades nuevas con la amplitud suficiente para generar y abarcar términos que superen los conceptos tradicionales y modifiquen las herramientas a las que se venía recurriendo.

Por lo tanto, al definir la seguridad como ?derecho a los derechos? ?intentando superar la contraposición entre libertad y seguridad como dos entidades que ocupan un mismo ámbito, como organismos que para su expansión fuerzan al respectivo y necesario retroceso del otro? debemos recordar que la seguridad se procura respecto a amenazas que pueden proceder del cuerpo social y de sociedades exteriores, pero también, y de un modo fundamental, respecto a la amenaza que puede suponer el poder totalitario, invasivo, controlador o arbitrario del propio Estado sobre sus ciudadanos.

Así, mientras al otro lado del Atlántico la Unión Europea decide dotarse de estrategias de seguridad integral que vinculan la concepción de seguridad que las sustenta al concepto de seguridad humana promocionado por las Naciones Unidas ³ en Colombia se analiza críticamente la política de seguridad democrática y se evalúan sus resultados, teniendo muy en cuenta los logros en cuanto a objetivos puramente operativos, pero fundamentalmente en cuanto a las consecuencias negativas que esta política ha tenido para la efectiva consecución de un mejor índice de desarrollo humano y en la promoción y defensa de los derechos y las libertades fundamentales de los habitantes de Colombia.

³. Ponemos como ejemplo la Estrategia Europea de Seguridad. Una Europa segura en un mundo mejor. Bruselas, 12 de diciembre de 2003, la Estrategia de Seguridad Interior de la Unión Europea. Hacia un modelo europeo de seguridad. Marzo de 2010. Documentos que, entre otros, alientan a las Naciones Unidas a poner a la Unión Europea como ejemplo de promoción de la Seguridad Humana en informe del SG 68/685 ?de seguimiento de la Resolución 66/290 (ONU, 2013).

El análisis de sus resultados ha impulsado un apreciable cambio de estrategia, que se refleja en la orientación que del tratamiento del conflicto y de la cuestión de la seguridad, en un sentido más amplio, se da en los sucesivos planes nacionales de desarrollo y en el surgimiento de instituciones promotoras de la asunción de una nueva concepción de seguridad que anteponga la defensa de los derechos humanos a la estabilidad institucional y política del Estado.

La asunción y efectiva implantación de una concepción de seguridad como la descrita exige no solo declaraciones y medidas parciales sino, fundamentalmente, la articulación de una estrategia basada en principios que aporte herramientas capaces de transformar los términos tradicionales de la seguridad y que establezca nuevos protocolos de planificación y gestión.

Aconseja la confección de documentos específicos destinados a analizar situaciones globales, en los que se refleje el mayor abanico posible de puntos de vista con el objeto de realizar diagnósticos certeros capaces de contribuir a una adecuada identificación de las amenazas y de las herramientas más aptas para prevenirlas e intervenir contra ellas, y que sirvan de referentes para la adopción de políticas encaminadas a una eficaz lucha contra la inseguridad a través de una efectiva selección y aplicación de los medios disponibles.

El enfoque integral exige el trabajo compartido de las administraciones públicas, el gobierno y las fuerzas de la oposición, los representantes de distintos ámbitos profesionales, académicos, la iniciativa privada y la sociedad civil. Es un trabajo destinado a la determinación de una directriz básica fundamentada en una concepción de seguridad clara y precisa, que impregne las políticas y las normas jurídicas en las que se plasme, a través de la aplicación consecuente de unos principios informadores tanto en sus exposiciones de motivos como en el desarrollo de sus articulados.

Colombia cuenta con instrumentos interesantes para la elaboración de diagnósticos y la identificación de los factores que determinan su realidad, como son los Planes de Desarrollo Humano. La existencia de estos documentos, que incluyen entre sus apartados el de la seguridad, puede ser considerada suficiente para el cumplimiento del objetivo de servir de base para el diseño de las políticas de seguridad.

Sin embargo, la amplitud y variedad de objetivos provoca un cierto desenfoque que, estimamos, podría ajustarse con la incorporación de un análisis de amenazas ?y del riesgo de que estas se materialicen?, realizado en referencia a un concepto integral y con una visión interdisciplinar, en el que se establezcan graduaciones y criterios para la priorización entre dichas amenazas y se definan y cataloguen sistemáticamente las líneas de acción y respuesta con miras a fortalecer la prevención y la reacción. También sería preciso que se determinen con claridad los principios informadores cuya definición y bases para la interpretación y aplicación debería estar contenida en un documento estratégico como el que estimamos necesario.

Enfrentar la elaboración e implantación de una estrategia de seguridad integral sustentada en una concepción de seguridad vinculada al concepto de seguridad humanacontribuiría a lograr la consolidación institucional efectiva en todo el territorio, la protección prioritaria de los Derechos Humanos y la recuperación del protagonismo para las condiciones económicas y sociales de la población, dejando atrás la segmentación territorial y articulando y consolidando un sistema político que garantice en su funcionamiento la transparencia y adecuación al imperio de la ley.

Asimismo, contar con un instrumento como el descrito supondría una regulación del espacio conceptual que se define para la seguridad en Colombia, que no repita el modelo latinoamericano de servir como región depositaria de aplicaciones concretas de diferentes teorías sobre la seguridad y que propicie el desarrollo de su propia concepción y forma de aplicarla con base en sus peculiaridades históricas.

Serviría de guía y estructura marco para la elaboración coherente y coordinada de las normas jurídicas vinculadas al ámbito de la seguridad, evitando disonancias e incongruencias entre leyes que van a regular una misma política, e informando el criterio gubernamental en la selección de socios y aliados internacionales que acepten aquella colaboración que más se ajuste a su concepción de seguridad. ⁴

⁴. Pongamos como ejemplo el narcotráfico, considerado uno de los principales problemas de la región. Colombia ha luchado contra esta amenaza con base en la concepción dictada por el enfoque de la seguridad de los Estados Unidos (su principal aliado en esta materia). Si embargo, existen alternativas como la posición europea en la lucha contra las drogas que se vincula más al ámbito de la salud pública y propugna por la colaboración multilateral, los programas de desarrollo alternativo y la cooperación económica más que por la sobredimensión de la acción militar ( Rivera Vélez, 2008).

Para confeccionar y definir la estrategia y los documentos que la integrarían es preciso generar un debate social amplio que cuente con apoyo y sustento en el análisis y sistematización de los datos que aporta una realidad tan compleja y de una elaboración doctrinal que sea capaz de alertar respecto de las incongruencias o faltas de coherencia entre las declaraciones, los principios y las medidas destinadas a aplicarse.

Si no contamos con actores y observadores críticos y neutrales o si ignoramos sus reflexiones, podríamos vernos en una paradójica situación en la que los principios y fundamentos de las políticas de seguridad se ajusten a la nueva concepción y al modelo integral que se pretenda adoptar, mientras que el desarrollo de los documentos establecidos para ponerlas en práctica nos remita a los conceptos y sistemas tradicionales, al seguir manejándose las herramientas que aún no sabemos o no queremos sustituir.

Podemos terminar en este desconcertante escenario bien por falta de voluntad o bien por falta de capacidad para traducir los principios orientadores en instrumentos prácticos y medidas efectivamente aplicables a la realidad.

Es posible que haya quienes adviertan los réditos que puede ofrecer una concepción amplia de seguridad ?supuestamente basada en la garantía y el efectivo disfrute de los derechos y libertades fundamentales, que abarca prácticamente todas las esferas de la vida social e implica a multitud de actores?, que disolviendo las prevenciones que generaba la concepción tradicional, vinculada al control y ejercicio de la coacción y de la fuerza, suponga en la práctica la priorización del orden y la estabilidad sociopolítica sobre la consecución del bienestar de unos ciudadanos menos críticos y que no advierten que este solo podrá obtenerse a través, precisamente, de la promoción y desarrollo efectivo y real de los derechos y libertades fundamentales.

La aceptación acrítica de cualquier concepto de seguridad (incluida la seguridad humana), sin adaptación a la realidad del país y la región, sin afrontar el reto de la construcción de una respuesta propia para su aplicación práctica en la política de seguridad colombiana, puede dirigirnos a la asunción de una concepción de seguridad demasiado amplia que nos lleve a sobredimensionar la trascendencia de la seguridad y subordinar a esta las políticas sociales, aduciendo que encuentran su fundamento en la protección de la seguridad ciudadana y no en la que debe ser la finalidad precisa que aliente su diseño e implantación: garantizar la cobertura de las necesidades esenciales y mejorar la calidad y condiciones de vida de los habitantes de Colombia.

No debemos desconocer que vincular estrechamente la seguridad al desarrollo solo pude contribuir positivamente a este cuando evitamos una perspectiva integral y expansiva únicamente en lo que respecta a las fuentes de peligro y los puntos de interés y se aplica a las líneas de acción y a las medidas, sin limitarnos a dar preferencia al recurso a la fuerza y al uso de herramientas punitivas y de incremento del control social, sino priorizando el uso de herramientas no habituales en este ámbito y cuyos procedimientos y tiempos de exposición son distintos a los que se utilizan tradicionalmente y desde una perspectiva reactiva.

Al momento actual lo define la transformación. Estamos ante un período de transición que va a ser complejo y a generar disfunciones.

Lo que propone este trabajo es la creación de una herramienta destinada a alentar, desarrollar, encauzar, sistematizar y difundir los esfuerzos para pensar la seguridad teniendo presente el contexto socioeconómico, cultural y político, la evolución de la concepción que de la misma se ha ido adoptando en el territorio y sus resultados, el horizonte que se pretende conquistar y cuál es la finalidad primordial que la sociedad persigue al reclamar seguridad: la estabilidad del orden institucional y político establecido o la garantía del conjunto de condiciones que permiten establecer un marco de protección de aquello que aprecia.

Un instrumento más que se sume a los ya existentes, aportando como novedad una perspectiva integral con una estructura abierta y flexible que, desde un espacio neutro y estrictamente civil, sea capaz de promover la participación de una gran variedad de actores, así como de divulgar sus aportaciones en una sociedad implicada y con capacidad crítica.

Se proponen unos estudios universitarios en seguridad en los que tengan cabida actividades investigadoras, formativas y de carácter divulgativo. Un espacio de reflexión y diálogo que pueda utilizarse como punto de encuentro para contrastar opiniones, intercambiar propuestas y alcanzar consensos, en el que puedan coincidir actores de diferentes ámbitos y con sensibilidades distintas, generando una sólida base común y un conocimiento mutuo que les permita diseñar y realizar acciones en las que la colaboración y la coordinación sean las notas predominantes y se forjen relaciones en las que la desconfianza y la suspicacia no hallen lugar.

Consideramos que el diseño de títulos con estas características es necesario y positivo puesto que entendemos que la asunción de una nueva concepción de seguridad exige otro modo de enfrentarla, precisa de protocolos y espacios para el adiestramiento en su aplicación efectiva.

Este instrumento académico podría constituirse como referente de la capacitación y formación de los actores de la seguridad en cuanto a la actuación conforme al nuevo paradigma que se adopte.

Colombia cuenta con órganos solventes y de amplia trayectoria dedicados a la obtención, análisis y sistematización de la información relativa al ámbito de la seguridad. Hay entidades oficiales, centros académicos y observatorios dependientes de distintas instituciones o entidades privadas que se ocupan de la recopilación y gestión de los datos que afectan a la seguridad entendida, fundamentalmente, como la ausencia de violencia.

La tarea de las formaciones cuyo fomento proponemos estará presidida por una concepción integral de la seguridad y se centrará en desarrollar la labor doctrinal precisa para la elaboración y asentamiento de conceptos.

Generar conocimiento es uno de los principales objetivos de las universidades e instituciones universitarias y a este logro se llegará a través de la planificación de dos líneas de investigación fundamentales. Por un lado, la que se ocuparía del estudio de la evolución teórica y su reflejo en las normas, la jurisprudencia y los documentos oficiales tanto de las administraciones públicas colombianas como de las organizaciones inter-nacionales con actividad en la región. Un trabajo dogmático con una fuerte raíz normativa que se vería completado por la rama de investigación dedicada al análisis de la situación fáctica, empresarial y formativa de los distintos sectores de la seguridad. La otra línea se ocuparía de la realidad de las distintas dimensiones de la seguridad, de cómo la evolución de la concepción de seguridad y su plasmación normativa afecta a cada una de ellas, a su definición, sus competencias, sus actores y la formación que estos reciben.

El proyecto que proponemos entiende que es imprescindible una relación fluida y continua con las entidades, centros educativos y observatorios a los que hemos hecho referencia y, en el desarrollo de la fase previa de implantación de los títulos, sería precisa la negociación y firma de convenios de colaboración con aquellas que se muestren interesadas en participar.

Con el convencimiento de que las enseñanzas extraídas serán tanto más útiles cuanto mayor y diverso haya sido el debate que haya contribuido a su conformación, en el diseño curricular complementario debe preverse la constitución de foros de discusión a los que se invitará a representantes de los diferentes sectores implicados en los temas que se aborden.

Las lecciones extraídas de la investigación y el debate tendrán mayor utilidad si diseñamos fórmulas destinadas a la transferencia de los conocimientos que se hayan generado.

La divulgación es adecuada para la contribución a la creación de una cultura de seguridad y para la difusión de ideas y conceptos. La transferencia de conocimiento debe ser aplicable, debe servir para la capacitación de actores en el manejo y uso de las nuevas herramientas.

Por este motivo, el pilar estructural será la formación, la educación y la preparación de distintos actores de la seguridad en las definiciones, las ideas, los retos y en la aplicación y utilización de nuevos instrumentos.

Todo ello presidido por una concepción integral de la seguridad y por la insistencia en la transcendencia que para esta noción tienen la planificación y la gestión basadas en un riguroso análisis de la situación y del riesgo.

La otra fórmula prevista para la transferencia de conocimiento consiste en la gene-ración de un servicio de asesoría con capacidad para acompañar a las instituciones públicas y entidades privadas que así lo deseen en la elaboración de las pautas para los procesos de selección del personal de seguridad y para el diseño y la confección de los programas de formación continua en esta materia que deban impartirse.

Debe definirse bien qué se entiende por tal (por cultura de seguridad), qué se pretende y si consiste únicamente en generar en el ciudadano una conciencia de las amenazas ante las que somos vulnerables.

Hay que ser prudente con base en qué y con qué objetivo se genera o, en lugar de definir una cultura de la seguridad, podemos correr el riesgo de alentar una cultura del miedo.

La generación de temores, la cultura del miedo incapacita y provoca la inhibición. Nos proporciona ciudadanos que reclaman protección de forma acrítica, sumisos a las decisiones de quien pueda ofrecerla y dóciles ante las aparentemente justificadas renuncias que se le exigen a cambio de ella.

La cultura de seguridad capaz de contribuir a la consolidación de una concepción de seguridad semejante a la que defendemos en esta ponencia es aquella que incrementa la capacidad de juicio y análisis del ciudadano respecto de esta materia (capacitación que solo se podrá alcanzar a través de un adecuado acceso al conocimiento proporcionado por la posibilidad de obtener información transparente y responsable), que le hace consciente de su papel en el ámbito de la seguridad, como objeto prioritario de protección integral, pero también como actor del sistema, al que se le proporcionan las herramientas que le permitan participar en el mismo.

La cultura de seguridad, a cuya consecución se quiere contribuir, empodera al ciudadano; no pretende adoctrinarlo ni atemorizarlo, sino ofrecerle la información y conocimiento que lo capacite como elemento activo en el sistema, requiere su participación para la definición de las amenazas y los medios de lucha contra ellas y lo hace consciente de que la seguridad no es sino la garantía de disfrute de unos derechos que solo en circunstancias extraordinarias y muy delimitadas optará por restringir.

Con este objetivo, desde las formaciones en seguridad se alentaría el diseño de una política de comunicación articulada en torno a la gestión de tecnologías de la información y de la comunicación (redes sociales, blogs, foros, webs) y la celebración de campañas temáticas que contribuyan a que las enseñanzas obtenidas sean debidamente difundidas entre la población civil, adaptadas a un nivel de comprensión adecuado a distintos grados formativos y con una prioritaria finalidad pedagógica.

Asimismo, en el marco de la extensión universitaria, se propone el desarrollo de un programa de conferencias y talleres gratuitos para las entidades de la sociedad civil y centros educativos o culturales que así lo soliciten (asociaciones de vecinos, asociaciones profesionales, ong, centros de acción social, etc.).

Lo que se pretende, de manera directa, a través de realización de estas actividades es contribuir al desarrollo de la capacidad crítica de la población alcanzada, priorizando el conocimiento y articulando espacios y herramientas de participación para lograr la incorporación de la visión de la sociedad civil en el sistema de seguridad.