Los derechos de propiedad y la maldición de los recursos en comunidades vulnerables de Colombia

Property rights and the resource curse in vulnerable communities in Colombia

María Camila Franco Vera camifrancovera@hotmail.com

Universidad de Medellín, Colombia

Colombia es un país megadiverso que hace parte del sur global ²el cual ha utilizado sus recursos para sostenerse económicamente y participar en el mercado global, en este caso exportando aquello que es abundante en su territorio. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas ( DANE , 2018), algunas de las materias primas preferidas en la economía extrajera son los productos no renovables como el petróleo o el crudo de petróleo, los combustibles sólidos o minerales, el aceite de petróleo e incluso el oro, en menor medida; sin embargo, los recursos renovables no se quedan de lado, Colombia se ha caracterizado por importar café, aguacate, telas para textiles y frutos.

² Concepto utilizado por Boaventura de Sousa (1988) para denominar a los países del sur (América, África y el sureste asiático).

Sin embargo, detrás de estos productos apetecidos en el extranjero se develan las condiciones sociales adversas que afrontan las personas que se han encargado de la producción de las materias primas. De hecho, si bien Colombia es un país que exporta mercancías y una gran variedad de productos, existen lugares del país como el Pacífico colombiano que, sin tener en cuenta al Valle del Cauca, registraron en el 2018 un porcentaje de pobreza multidimensional ³ de 33,3 con respecto al porcentaje total de pobreza multidimensional del país ( DANE, 2018), pese a que es la segunda región con mayor biodiversidad (solo superada por Amazonas), y su riqueza basada en madera, minería y agua permitiría el aporte de entre 2 y 3 puntos del Producto Interno Bruto (pib) del país (Agencia de Noticias UN, 2015).

³ Concepto de Naciones Unidas sobre la pobreza y otros factores que la conforman.

Además, esta región afronta otras problemáticas como el trabajo informal, el trabajo infantil, el analfabetismo, el bajo acceso a la salud pública e incluso padece condiciones sanitarias deplorables. Estas situaciones afectan el cumplimiento de los derechos humanos y la dignidad de las personas que viven en estos lugares, además se convierten en un obstáculo para obtener garantías sociales.

El siguiente artículo busca denunciar el fenómeno de la maldición de los recursos en Colombia, partiendo de bases filosóficas que permitan comprender el concepto de Leif Wener sobre los derechos de propiedad y las implicaciones que ha tenido sobre determinados lugares en donde se extraen estos recursos, sin desconocer que las comunidades en Colombia que son víctimas de esta violación de los derechos de propiedad han tenido inserción de empresas multinacionales, han sido víctimas del conflicto armado con grupos legales y al margen de la ley y han sufrido de intereses estatales.

En el artículo se trata el concepto de los derechos de propiedad y la maldición de los recursos entendidos a partir de aquellas comunidades vulnerables en Colombia. Para ello, en un primer momento se realizará una reflexión filosófica sobre el concepto que Leí Wenar denomina la maldición de los recursos. En un segundo momento, se resaltarán aquellas comunidades o lugares de Colombia en donde los recursos naturales están relacionados con la violación de derechos humanos. Y en un tercer momento se diagnosticará por qué estos actos deben ser considerados como una violación a los derechos humanos y cuál debería ser la forma en la que se debe aproximar a este fenómeno.

La economía de mercado global ha dado paso a un comercio en el que los sistemas de distribución violan los derechos de propiedad de aquellos países menos beneficiados en el orden internacional; es decir, de aquellos países de tercer mundo o subdesarrollados, como es el caso de Colombia, que se ha encargado de vender sus recursos sin tener en cuenta las posibles violaciones al derecho de propiedad de campesinos, comunidades indígenas y afrocolombianos que se generan en los lugares donde se extraen estos recursos.

Es así como Leif Wenar, en su texto sobre los derechos de propiedad y la maldición de los recursos, trata el tema de la violación de los derechos humanos por parte de las empresas y los gobiernos. La tesis de este artículo consiste en que los derechos de propiedad ya existen, pero son utilizados por grandes instituciones, lo que ha llevado a que ciertos países, víctimas del orden internacional, tras tener recursos naturales, sufran la maldición de los recursos y no se les reconozca como una responsabilidad colectiva. En este sentido, el autor utiliza el concepto de la maldición de los recursos para explicar la vulneración de los derechos humanos a partir de los recursos naturales. Parte del hecho de que los países que tienen recursos naturales han sido vulnerados y están lejos de mejorar sus condiciones de vida.

Los países que hacen parte de este fenómeno sufren tres maldiciones comunes: ?son más propensos a los gobiernos autoritarios, corren un mayor riesgo de conflictos civiles y presentan tasas de crecimiento más bajas? ( Wenar, 2008). Los gobiernos autoritarios utilizan las riquezas para mantenerse en el poder, comprar líderes sociales y comprar movimientos de resistencia civil. En los conflictos civiles los grupos armados y los militares se apropian de los recursos para su propio beneficio. Hay tasas de crecimiento bajas con trabajos domésticos no calificados y un gobierno que controla los ingresos de recursos para la educación, la salud y el propio bienestar de la población.

Leif Wenar deja ver cómo la maldición de los recursos tiene una repercusión directa en los ciudadanos que terminan siendo los más vulnerables de este fenómeno. Es a partir de aquí que se desprende la violación a la propiedad nacional, que no le pertenece únicamente al dirigente sino a toda la ciudadanía en colectivo, ya que los derechos de propiedad ?afirman que los recursos naturales de un país pertenecen a los ciudadanos de ese país, y nadie puede vender esta propiedad sin algún tipo de autorización? ( Wenar, 2008). Pero Wenar es muy enfático y crítico a la hora de denunciar que la coerción no es en sí misma ninguna autorización legítima; de hecho, para que esto se dé deben existir espacios de autonomía de los ciudadanos, ya que la violencia trastorna los derechos de propiedad.

Wenar construye un marco solido que permite ver cuándo un régimen puede hacer uso de los recursos que le pertenecen a toda su población; para ello la ciudadanía ?debe ser capaz de averiguar acerca de las ventas, ser capaz de detener las ventas sin incurrir en costes severos y no ser objeto de extrema manipulación por parte del vendedor? ( Wenar, 2008).

Sin embargo, se hace necesario pensar si esta teoría de la maldición de los recursos tiene sentido en Colombia. En este orden de ideas, para no errar en el concepto, se eligieron comunidades vulnerables del país. Llamamos comunidad vulnerable a aquellas que cumplen con alguno de estos tres aspectos o requisitos fundamentales.

El primer requisito es haber sido víctimas del conflicto y hay tres líneas directas en las cuales se da la violación a los derechos de propiedad: ?el saqueo del recurso o de sus beneficios o la extorsión de propietarios y productores? ( Leiteritz et al., 2009, p. 219), para prolongar el conflicto armado y mantener un aislamiento con respecto a las fuerzas estatales o el dominio del Estado. El segundo requisito hace referencia a la explotación de recursos a partir de políticas sociales y económicas que han permitido en Colombia la inserción de multinacionales desde hace más de 30 años y que han supuesto la desaparición de la economía agrícola, en cuyo detrimento se generó la explotación minera y de hidrocarburos. El tercer requisito alude a las normas colombianas que han apoyado la extracción de minerales como el coltán ⁴ sin tener en cuenta las repercusiones en las comunidades cercanas a la extracción y las violaciones sobre el derecho de propiedad.

⁴ Que ha sido entendido como el mineral maldito en África por las consecuencias sociales y políticas que conlleva su extracción ( López Vega, 2014).

La teoría de Leif Wenar (2008) sobre los derechos de propiedad y la maldición de los recursos permite resaltar que los países que sufren de la maldición de los recursos son más propensos a las guerras civiles. Los grupos armados y militares aprovechan los recursos y venden los derechos de propiedad para financiar su guerra. Este es el caso de Colombia, país que durante mucho tiempo se ha encontrado inmerso en el conflicto armado, lo que ha significado una auténtica violación a los derechos de propiedad, ya que los recursos son utilizados para el beneficio de la guerra.

El conflicto armado es un fenómeno social, cultural, y económico con mecánicas comportamentales que han causado un significativo número de víctimas. Algunas teorías del conflicto armado colombiano afirman que los intereses de ciertos grupos de apropiarse de los territorios se ?relaciona con la riqueza natural y mineral disponible? ( Sandoval et al., 2017, p. 209), debido a la búsqueda de cualquier beneficio económico e incluso estratégico que estos recursos les puedan generar. Estas hipótesis son respaldadas por cuatro dimensiones que permiten ver la conflictividad del territorio. Las dimensiones mencionadas son las siguientes: social, ambiental, de conflicto y cultural. Es relevante tener en cuenta los indicadores sobre la explotación aurífera, carbonífera y petrolera ( Sandoval et al., 2017), para diferenciar el fenómeno del conflicto armado de las prácticas culturales, del tipo de población que se tiene y de las diferentes actividades económicas.

Por lo anterior, es necesario resaltar que ?la mortalidad infantil tiene coeficiente de variación del 46 % en los municipios carboníferos, y la tasa de homicidios tiene un coefiente de variación del 85 % en 197 municipios? ( Sandoval et al., 2017, p. 215). Pero esto por sí solo no significaría que aquellas personas hubieran sido víctimas del conflicto armado. Sin embargo, lo que sí se tiene claro es que el anterior porcentaje sobre la mortalidad infantil y la tasas de homicidio proviene de territorios como La Jagua de Ibirico, Barrancas, Becerril, Chiriguaná, Hatonuevo, El Paso, Tumaco y Cúcuta, municipios que se encuentran cerca de ?explotaciones de Drummond y El Cerrejón, a las cuales se señala por atraer conflictos en la zona? ( Sandoval et al., 2017, p. 215).

En otro caso, que hace referencia la contribución petrolera, se tuvo en cuenta: la población indígena, las variables del conflicto armado, las variables ambientales y las regalías, en relación con fenómenos como la salud, la educación y las comunidades afro, entre otras. Se encontró que municipios como Puerto Gaitán, Acacias, Castilla la Nueva, Puerto Boyacá, Barrancabermeja, Arauca, Yopal, Aguazul y Orocué tienen un índice en la categoría muy alto y alto de conflicto armado ( Sandoval et al., 2017). En este caso, para confirmar que este fenómeno se debe al conflicto armado, hay que tener en cuenta que la problemática social en Puerto Gaitán se relaciona con el rápido crecimiento económico, y Arauca enfrenta problemas de seguridad alrededor de Caño Limón.

Algunos factores relevantes para comprender la relación entre conflicto y recursos naturales son la participación de las comunidades indígenas en la producción minera, los homicidios y los tormentos que esta trae; con tormentos nos referimos a la pésima distribución de las regalías, a los delitos sexuales, las acciones unilaterales y los problemas ambientales ( Sandoval et al., 2017). En las comunidades que producen petróleo y oro, 267 municipios se encuentran en la categoría de relación muy baja, pero lo que sí se puede observar es que en este conjunto se encuentra Caucasia, que es un municipio donde ?la minería artesanal, informal e industrial ha provocado violencia y afectaciones ambientales? ( Sandoval et al., 2017, p.216). En este lugar, las comunidades han tenido mucha relevancia para comprender este conflicto. Además, es adecuado tener en cuenta que ?la producción minera contribuye en un 61 % a la construcción de este fenómeno? ( Sandoval et al., 2017, p. 216).

Otro estudio de la Universidad de los Andes en Colombia ( Leiteritz et al., 2009) permite comprender la relación entre los recursos legales y el conflicto en Colombia, partiendo de tres categorías. La primera alude a la relación directa entre recursos y conflicto, a partir de la cual el saqueo, la extorsión y la producción son tres factores fundamentales para comprender este fenómeno.

Se toma el caso del Urabá antioqueño, donde el banano es el fuerte económico; allí ?distintos grupos armados extorsionaron a los propietarios de cultivos y a los comerciantes del producto que migraron de la región central del país para sostener sus actividades en la región? ( Leiteritz et al., 2009, p. 219), lo que ha consolidado una competencia por parte de varios grupos armados como las FARC, el ELN, el EPL e incluso de grupos de derechas como los paramilitares, apoyados por los gobiernos. Otro ejemplo es el del caso del oro de Segovia, donde se da de forma frecuente ?el control directo de las minas de oro y de la producción por parte de actores ilegales? (p.219).

La segunda categoría se refiere a una relación indirecta entre recursos naturales y conflicto, en la cual, a diferencia de la primera categoría, ?los actores ilegales saquean los recursos, pero ésta no es la motivación principal ni inicial de su presencia en una región determinada? ( Leiteritz et al., 2009, p. 220). En esta categoría se mencionan los ataques guerrilleros a la actividad minera de Montelíbano, Córdoba, como un esquema de protección; fuerzas armadas de derecha en los Montes de María ?desarrollaron una sofisticada red para cooptar las regalías del ferroníquel a través de la infraestructura local y regional de salud pública? (p.220) o el caso de las Esmeraldas, Boyacá, donde la violencia se asocia al nivel de control sobre las minas de esmeraldas.

La última de las categorías hace referencia al aislamiento entre los recursos naturales y su extracción. En este caso se genera una ?protección que evita que la extracción de los recursos sea penetrada por actores armados ilegales? ( Leiteritz et al., 2009, p. 221). En este grupo se encuentran las esmeraldas, a partir de 1991, el café y las flores. Pero esto significa que la ausencia de fuerza estatal tenga relevancia a la hora de comprender el conflicto armado en ciertas zonas.

A esta altura, es importante mencionar por qué todos estos casos en Colombia pueden encuadrar en la denominada maldición de los recursos. Para ello es adecuado retomar las ideas de Leif Wener sobre la maldición de los recursos, partiendo de la idea de que aquellos países que integran este grupo tienen tres características comunes. La primera de ella es la propensión a las guerras civiles. En el caso colombiano, las riquezas económicas de ciertos lugares como la Orinoquia con su petróleo, los minerales en el Pacífico y el Magdalena medio antioqueño y el banano en el Urabá antioqueño han significado un fortín que afecta a las comunidades que lo habitan, ya que los grupos al margen de la ley de alguna u otra manera utilizan sus recursos para seguirse beneficiando de la guerra.

Leif Wenar (2008) es muy enfático en su texto sobre los derechos de propiedad y la maldición de los recursos cuando habla del robo por parte de los gobiernos junto con empresas extranjeras. Los gobiernos toman parte de los derechos de propiedad que no les pertenecen a los representantes de un país, sino al pueblo constituido capaz de dar veeduría sobre él para su propio beneficio. En Colombia los grandes empresarios y las empresas internacionales junto con el gobierno han tomado provecho de los recursos del país para su propio beneficio.

La explotación de recursos naturales en Colombia ha tomado una gran aceptación en el sector empresarial, que ve en la explotación minera y del coltán alternativas para mejorar sus riquezas, hasta el punto de firmar acuerdos con multinacionales que permiten la extracción de recursos naturales, pero este fenómeno no se comprende de manera aislada, sino que tiene repercusiones en la manera como viven ciertas comuni dades que dependen de estos recursos.

Es así como, según Ruiz Ruiz (2019)en su artículo denominado ?El 70 % de la explotación minera está a manos de empresas multinacionales?, las empresas multinacionales han tenido relación con la falta de competitividad de las empresas nacionales, lo que ha llevado a un empobrecimiento de la industria nacional, poniendo en primer lugar los monopolios extranjeros de explotación de recursos.

De hecho, en Colombia ?hace más de 30 años las políticas económicas y sociales han estado direccionadas a facilitar el proceso de vaciamiento de los campos con el propósito de generar nuevos espacios para el capital trasnacional? ( Ruiz Ruiz, 2019). Sin embargo, este fenómeno trae consigo la destrucción de pequeñas y medianas empresas agrícolas, la destrucción cultural y de pueblos ancestrales, y la pérdida del recurso del agua para las comunidades, que pasan a ser utilizados para el desarrollo minero.

El mencionado estudio de Ruiz Ruiz (2019) publicado por la Universidad Nacional sobre el extractivismo en Colombia se fundamenta en aquellos lugares del país donde existen presencia de bosques y títulos mineros y aquellos emblemáticos lugares de explotación minero-energética y del conflicto armado como los municipios de Arenal, Norosí, Simití, Santa Rosa del Sur y San Pablo; en La Guajira, los municipios de Albania, Barrancas y Hatonuevo; en Tolima, los municipios de Ataco, Cajamarca y Líbano; y el sur de Bolívar, durante 1997 y 2012 ( Ruiz Ruiz, 2019).

Los resultados permiten ver que ?el 46,35 % (1 982 778,77 hectáreas) de los títulos mineros están en manos de grandes multinacionales, abarcando estos el 1,75 % del territorio nacional? ( Ruiz Ruiz, 2019). Por otro lado, un aspecto fundamental en esta investigación radica en que la explotación minera se expresa en pocos monopolios globales, es decir que siempre son las mismas empresas que se han encargado de la explotación de recursos, en este caso las multinacionales. Glencore, Anglo American, AngloGold Ashanti, BHP Billiton, Drummond, Exxon-Mobil, Chevron se han encargado de la explotación de los recursos mineros; de hecho, esta explotación en más del 70 % la hacen compañías trasnacionales ( Ruiz Ruiz, 2019).

Sin embargo, el gran interrogante que queda es por qué estos sucesos en los que se favorece a la industria multinacional representan en Colombia una violación de los derechos humanos y el derecho de la propiedad nacional. En La Guajira, Bolívar y Tolima estos fenómenos no han mejorado las condiciones de vida de las comunidades que habitan el territorio; de hecho, ha habido desplazamiento forzado y toma de terrenos de pequeños campesinos o comunidades indígenas, ya no entendidas a partir del conflicto armado, sino de intereses de la minería apropiada por el capital trasnacional.

El panorama de las comunidades que se encuentran en medio de la minería es muchas veces ignorado, pues son territorios con ?realidades invisibilizadas y algunas desconocidas para el conjunto del país? ( Ruiz et al., 2018, p. 19). Un ejemplo de esto es el municipio de Atacó en el centro del país, el cual se ha construido a partir de la actividad minera, y de relaciones con empresas trasnacionales. Sin embargo, las relaciones laborales entre la comunidad y las empresas transnacionales parecen estar más sujetas al concepto de esclavitud moderna; de hecho, no hay control de si son niños o mujeres en embarazo, e incluso son explotados en su máxima expresión, lo que ha generado problemas de salud hasta en un 98 % de los habitantes de esta comunidad en el Tolima ( Ruiz et al., 2018).

La maldición de los recursos y la violación de los derechos de propiedad tienen relación con los principios de propiedad y venta, que han sido de gran utilidad para las empresas multinacionales, pero la situación radica en las legislaciones que han permitido tener cierta legalidad en la exportación de materias primas cumpliendo con el sistema de comercio mundial ( Wenar, 2008).

El siguiente punto está relacionado con las comunidades que han sido víctimas de la maldición de los recursos, por lo intereses de grupos legales cercanos al gobierno y las legislaciones que apoyan la extracción de recursos por parte de las empresas poderosas. Ambas situaciones han desembocado en la violación de derechos humanos a las personas que hacen parte de las comunidades. Este fenómeno en específico se basa en las legislaciones o actos del gobierno colombiano y las fuerzas estatales colombianas que han dado paso a la maldición de los recursos en Colombia.

Un referente de este fenómeno es el coltán, un conjunto de minerales usados frecuentemente para dispositivos tecnológicos y que ha sido apoyado por los gobiernos, para favorecer los avances de las multinacionales. Pero este recurso ha traído consigo guerras por su extracción, violación de derechos humanos y empobrecimiento de los lugares que son sus poseedores, hasta el punto de ser llamado el mineral maldito de África.

En Colombia la situación no es muy distinta. Desde hace poco el gobierno colombiano ha tomado el coltán como un posible mineral para la extracción que favorecerá la exportación del país. Las grandes zonas de coltán se encuentran en Brasil; en Colombia solo se encuentra en el Orinoco y en la frontera con Venezuela ( López Vega, 2014). Es así como, ?la Ley 1382 forjó el inicio de la construcción social del coltán por parte de los actores gubernamentales en Colombia? ( López Vega, 2014, p. 218), lo que en pocas palabras significaría una técnica para controlar políticamente nuevas figuras territoriales, denominadas ?las áreas especiales libres? ( López Vega, 2014, p. 218), donde se adelantan proyectos gubernamentales. A partir del cual, el poder nacional pensando en la extracción de recursos comienza a ordenar nuevas formas de control territorial ( López Vega, 2014), tomando partida de los minerales estratégicos del país.

La minería tomó gran relevancia en el país por las ambiciones de las élites participantes en el poder ejecutivo. Las zonas en Colombia donde se encuentra el coltán son Guainía, Vichada y Vaupés, pero el gobierno de Santos tuvo discusiones en cuanto a ?zonas de reserva forestal, resguardos indígenas y parques naturales de estos departamentos? ( López Vega, 2014, p. 220). Por lo cual, se puede resaltar que más allá del coltán se desplegaba una violencia por los minerales, teniendo en cuenta los pocos registros que existe de la violación de derechos humanos por causa de la extracción de coltan en Colombia.

El gobierno de Juan Manuel Santos definió el desarrollo del país en cinco pilares: ?innovación, agropecuario, vivienda, infraestructura y minero-energético? ( López Vega, 2014, p.224), que dieron paso a una serie de nuevas legislaciones a favor de las minas y la extracción de materiales. Por este motivo, se crearon áreas especiales libres con condiciones guiadas por el Ministerio de Minas y Energía y se pautaron regalías por lo que se obtuviera de tantalio y reservas mineras estratégicas, pero en ningún momento se tuvo en cuenta la presencia de comunidades étnicas en aquellos lugares libres para la extracción de coltán ( López Vega, 2014).

Es relevante saber por qué la legislación colombiana consagra auténticas violaciones a la propiedad nacional que desembocan en la maldición de los recursos en las comunidades denominadas por el gobierno como libres de extracción. Esto genera actos de violencia que perjudican la forma de vida de quienes habitan en este territorio. Como lo menciona Leif Wener, los regímenes políticos deben valerse de mecanismos políticos para que el pueblo pueda informarse y decidir sobre la disposición de sus recursos o realizar por lo menos oposición. Evidentemente, en la legislación colombiana hace falta tener en cuenta este referente.

Como se ha visto anteriormente, ya sea por el conflicto armado, los abusos de empresas multinacionales o las legislaciones que favorecen a algún sector y no protegen a los menos favorecidos, Colombia enfrenta frecuentes violaciones a los derechos humanos, especialmente en aquellos lugares donde los recursos naturales y las materias primas de exportación son abundantes. Es así como se vulneran los derechos de propiedad en aquellas comunidades directamente relacionadas con la extracción de los recursos, por lo que ?deben buscarse mecanismos que prevengan la vulneración de los derechos de las comunidades? ( Rodríguez, 2010, p. 8).

Un mecanismo interesante es la consulta previa, derecho que tienen las diferentes comunidades étnicas de participar en los proyectos, los acuerdos y en diversas normas, tanto legislativas como administrativas. Está fundamentada en el derecho que los pueblos tienen de decidir acerca de sus prioridades. De esta forma las comunidades se apropian de los planes de desarrollo y los proyectos que los afectan en su fundamentación como pueblo.

Sin embargo, nunca existió una manera adecuada en la aplicación de la consulta previa; ?la normatividad al respecto no ha sido suficiente y faltan mecanismos, instrumentos y herramientas que permitan tener claridad sobre la forma como debe realizarse la consulta previa, la manera de validación y concertación? ( Rodríguez, 2010, p. 8). Más allá de la voluntad de las naciones, países como Colombia que enfrentan fenómenos como la maldición de los recursos, deben adoptar herramientas jurídico-políticas que permitan que los pueblos o comunidades decidan sus prioridades y puedan defender sus derechos de las arbitrariedades del Estado.

Si bien la consulta previa muestra una forma de aproximarnos a evitar la violación de los derechos humanos por circunstancias económicas, se queda como herramienta legislativa ineficaz, como una mera enunciación de una concepción jurídica de los derechos humanos. Por lo tanto, más allá de la norma escrita deben existir verdaderos mecanismos políticos que no estén a la disposición del gobierno, sino que permitan en realidad que las comunidades que posean recursos decidan lo mejor para ellos, teniendo en cuenta sus costumbres y logrando concebir los derechos humanos de forma política. Es importante que los mecanismos como la consulta previa no se den únicamente de forma jurídica, sino que además se reconozcan como verdaderas acciones colectivas.

La maldición de los recursos es un fenómeno que a diario sufren las comunidades que son ricas en recursos naturales en Colombia. El hecho de poseer materias primas les ha generado contextos de violencia que dificultan su determinación como pueblos libres, los amarra a una serie de fenómenos que generan la violación de los derechos humanos y de los derechos de propiedad.

Este fenómeno se evidencia en el conflicto armado colombiano, en el cual los grupos insurgentes y los grupos cercanos al gobierno se enfrentan por territorios ricos en recursos naturales, teniendo en cuenta relaciones directas en las que el saqueo, la extorsión y la producción son los actos más recurrentes. El punto central no es saquear los recursos, sino apropiarse de la región por otros motivos, como por ser una zona estratégica o por la generación de entramados sociales, en los que es relevante el aislamiento relacionado con el olvido estatal. Además, este fenómeno está emparen tado con variables como la mortalidad infantil, la contribución petrolera y el crecimiento económico en las comunidades que están involucradas.

Otro fenómeno es la extracción de minerales por parte de las multinacionales, que se evidencia en el tema de los títulos mineros al cuestionar en manos de quiénes están y a quiénes benefician. Además, se debe tener en cuenta el desplazamiento forzado y la toma de terrenos de pequeños campesinos o comunidades indígenas, actos estos de multinacionales y empresarios que son invisibilizados.

Los intereses estatales también pueden ser perjudiciales, cuando se desvían de los fines constitucionales. Esto se ejemplifica con la legislación sobre el coltán que consagró el concepto de minas libres para la extracción sin el consentimiento de las comunidades, lo que anticipa la violencia y las violaciones de derechos en estas zonas.

Se ha tratado de solucionar el fenómeno de la violación de los derechos de propiedad y la maldición de los recursos a través de la consulta previa, pero para que haya un cambio significativo esta no solo se debe entender como una concepción jurídica de los derechos humanos, sino que se la ha de tomar como una herramienta para concebir los derechos humanos de forma política.

Cómo citar: Franco, M. C. (2021). Los derechos de propiedad y la maldición de los recursos en comunidades vulnerables de Colombia. Nuevo Derecho; 17(29): 1-11. https://doi.org/10.25057/2500672X.1431

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