En esta sección me detengo en el estudio de algunas de las causales de procedencia del recurso de revisión en la LECRIM para mostrar cómo se ha producido una apertura muy significativa en la procedencia de este mecanismo. En su configuración actual, la LECRIM contiene tres numerales en su artículo 954 que desarrollan las causales o motivos de procedencia del recurso de revisión. En el numeral 1 se incluye lo que podríamos identificar como las ¨causales históricas¨, reguladas en literales de la a) a la letra e)15, las que serían las equivalentes al artículo 473 del CPP de Chile. Los numerales 2 y 3, en cambio, han agregado nuevos motivos. El centro de mi análisis estará en las letras a) y d) del numeral 1 y en la causal prevista en el artículo 954.3. Se trata de las situaciones de mayor relevancia y habitualidad en el sistema y me parece contienen el núcleo central que permite comprender la evolución experimentada por el sistema español.16

Esta sucinta revisión no pretende obviar que detrás de cada una de las causales examinadas se han generado polémicas y debates en la doctrina y jurisprudencia española. Por lo mismo, desde un punto de vista técnico, es probable que todas ellas pudieran ser objeto de perfeccionamientos diversos si uno quisiera adoptarlas para Chile. Sin embargo, como señalé, más que el detalle técnico específico de cada causal, lo que me interesa en este texto es mostrar la evolución y lógica de la actual regulación española que da cuenta de una concepción mucho más amplia de las causales de procedencia.

Sin perjuicio de lo anterior, si creo importante hacerme cargo de una materia que no fue objeto de reformas en la ley del año 2015 y que, producto de esta, ha generado algunas dificultades en la implementación de las nuevas causales. Un problema importante de la reforma del año 2015 que ha sido fuertemente criticado por la doctrina es que más allá del artículo 954 de la LECRIM no se introdujeron reformas ni a las reglas de procedimiento ni a las que regulan los efectos del recurso de revisión, esto es, las consecuencias jurídicas de su aprobación. Esto, ha generado un conjunto de incertidumbres y problemas de orden práctico50 que deberán ser resueltos por la jurisprudencia.51 Esto es relevante de tener presente, ya que una reforma significativa a las causales de procedencia del recurso también debiera ir acompañada en Chile de una restructuración de las normas procedimentales (por ejemplos de reglas como aquellas que regulan el tipo de prueba que se puede utilizar en la tramitación de estos recursos) y aquellas que establecen los efectos o consecuencias en caso que se acoja (por ejemplo sólo anulación de la condena original con posibilidad de realizarse un nuevo juicio o anulación acompañada de absolución definitiva en el caso).

Un segundo punto que quiero abordar es que en la investigación no he encontrado evidencia empírica sobre el cambio que en la práctica ha producido en la cantidad de solicitudes presentadas de revisión ni en sus tasas de acogimiento o rechazo. Hay que tener presente que la reforma del año 2015 sólo entró en vigor a partir del 6 de diciembre de ese año por lo que se trata de un cambio que podría tardar algo en reflejarse en las estadísticas. Por otra parte, como ya señalé, una porción no despreciable de los cambios que se introdujeron el 2015 ya habían sido incorporados por la jurisprudencia. Aun así, sería indispensable contar con mayor evidencia para poder apreciar el impacto concreto del cambio. Los trabajos consultados, aún los más recientes, no abordan con claridad esta dimensión de la reforma de 2015. En materia de derecho suele existir una distancia enorme entre programa normativo y práctica y en algunos casos puede ser un error quedarse sólo con las cuestiones normativas que no necesariamente reflejan la práctica cotidiana. Desafortunadamente las cifras que publica el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo no desagregan este tipo de recursos.52

La CCRC de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte se define, como ya se señalaba, como una comisión completamente independiente creada con el propósito de investigar miscarriages of justice.73 Su independencia está orientada a garantizar una investigación imparcial de los casos que recibe, es decir, sin compromiso con otros actores institucionales cuyo comportamiento puede haber generado el problema. Define su misión como investigamos e identificamos potenciales extravíos de la justicia y, en esa labor, promovemos la confianza pública en el sistema de justicia penal.74

En cuanto a su integración, la CCRC está compuesta por 12 comisionados nombrados por la Reina previo consejo del Primer Ministro, siendo designados por períodos de tres años.75 Para efectos de su designación, se deben seguir las reglas de conducta desarrolladas por la Oficina del Comisionado para Nombramientos Públicos.76 Un tercio de los comisionados deben ser abogados con al menos 10 años de experiencia y los otros dos tercios personas con conocimiento o experiencia en el sistema de justicia penal que provengan de otras profesiones. La idea de esta integración fue la de confirmar un cuerpo multidisciplinar que pudiera tener una mirada más amplia y compleja de los casos que conocen, reconociendo que los problemas de condenas erróneas presentan aristas que exceden a las cuestiones puramente normativas o de estándares de regulación legal.

El sistema de designación ha sido objeto de críticas por considerarse demasiado político para un órgano independiente y, a la vez, poco transparente.77 Por otra parte, se ha criticado también que la mayoría de sus comisionados trabajan sólo en forma parcial para la CCRC en jornadas que han disminuido con los años (el 2014 equivalían a 8,8 jornadas completas y el 2019 eso bajó a sólo 2,5), con una remuneración limitada, la que también ha disminuido en el tiempo, todo lo que constituye un riesgo para su independencia, especialmente a nivel operacional. 78

Además de los comisionados, la CCRC está integrada por un equipo de trabajo de 90 personas (40 de ellos en calidad de investigadores de casos).79 Su presupuesto ejecutado en el período 2019-2020 fue de 6,7 millones de libras80 y el ejecutado para el período 2020-2021 de 7,5 millones.81 Todas estas cifras dan cuenta de un incremento importante respecto a los recursos que disponía el sistema anterior que trabajaba al alero de la Home Office en una oficina específica (Oficina C3) que estaba integrada por 21 miembros y cuyo financiamiento era nueve veces menos que el presupuesto de la CCRC en dinero equivalente al del período 2005-2006.82 No obstante esta evidente mejora, se critica el progresivo desfinanciamiento que ha tenido la CCRC (lo que habría ocurrido claramente en la mitad de la década pasada) y el hecho que su equipo no sea suficiente para la carga de trabajo que debe enfrentar, traduciéndose esto en lentitud para abordar las solicitudes que recibe.83

Como ya se señalaba, la CCRC investiga casos de condenas presentados por el público en los que se han agotado apelaciones, incluyendo condenas por delitos de menor entidad.84 Las solicitudes se presentan por escrito llenado un formulario que está disponible en la página web de la CCRC y que si se observa resulta muy amigable y simple de llenar.85 Para la presentación de una solicitud, no se requiere de representación legal, aun cuando diversos estudios disponibles dan cuenta que en los casos que cuentan con ella aumenta significativamente su probabilidad de éxito, tanto en las etapas iniciales de revisión ante la CCRC como luego en la decisión de enviarlos a la Corte de Apelaciones.86 En este contexto, el sistema inglés provee de distintas vías para obtener financiamiento de servicios de defensas para las solicitudes ante la CCRC y luego ante la Corte.87 Con todo, la evidencia muestra que ese financiamiento ha disminuido en forma drástica en años recientes, lo que ha tenido un impacto directo en la disminución de las solicitudes que cuentan con esa representación legal.88

Recibida la solicitud se hace una evaluación inicial de ella para determinar si puede ser procesada o es desechada. Esta última hipótesis puede ocurrir en casos como, por ejemplo, en los que no se agotaron las apelaciones previas o se considere que la solicitud no contiene ningún elemento novedoso que permita referir el caso ante la corte de apelaciones. La evidencia muestra que cerca del 50% de los casos es desechado como consecuencia de esta primera revisión.89 En todo caso, la decisión debe ser justificada y comunicada al solicitante, quien tiene posibilidad de requerir su revisión o en el futuro volver a presentar una solicitud cuando se cumplan con las exigencias básicas para presentar un caso ante la CCRC.

En la hipótesis que la solicitud pase el primer filtro, ella será asignada a un Case Review Manager (CRM) quien completará la investigación requerida por el caso para tomar una decisión. Concluida esta, si estima que el caso no cumple con los estándares para ser referido a la corte de apelaciones, someterá la solicitud a un comisionado que podrá efectivamente ratificar este criterio o estimar que el caso tiene una probabilidad de ser referido. En esta última hipótesis, lo enviará a un comité compuesto por tres comisionados. Si el CRM estima que el caso merece ser referido, lo enviará directamente a comité de tres comisionados para su decisión. El cualquier evento en que se decida no referir el caso, ello deberá ser consignado en una decisión provisional fundada que será comunicada al solicitante, quien tendrá la posibilidad de acompañar nuevos elementos para la decisión final.90 En todo caso, el rechazo de una solicitud no impide a futuro una nueva presentación en la medida que concurran nuevos elementos o antecedentes que permitan cumplir con el estándar para referir un caso antes la corte.91

Un aspecto central para llevar adelante la investigación de los casos es la existencia de un conjunto de facultades o poderes legales que se le confieren a la CCRC para poder hacerlo. Esos poderes incluyen la posibilidad de ordenar la realización de nuevos peritajes, designar oficiales investigadores con el propósito de obtener nueva evidencia y, además, solicitar todo tipo de documentos a instituciones públicas (por ejemplo, las policías, el servicio de persecución penal o al sistema de salud pública) y privadas. En este último caso se trata de una reforma introducida el año 2016 que permite a la CCRC, a través de los tribunales, obtener documentación relevante (por ejemplo, empresas que proveen servicios periciales).92 Como se puede apreciar, se trata de poderes bastante relevantes que le permiten acceder a una cantidad importante de información en los casos que llevan adelante. Además, la CCRC está habilitada para llevar adelante la investigación con bastante libertad, sin que necesariamente deba estar sujeta a los temas que fueron planteados en la solicitud, sino pueden incluir en su investigación todo aquello que al CRM pueda parecer relevante para determinar si el caso debe o no ser enviado a la corte de apelaciones para su revisión. Este conjunto de poderes investigativos ha llevado a caracterizar a la CCRC como una institución de naturaleza inquisitiva inserta en un modelo adversarial de justicia criminal.93

El trabajo investigativo de la CCRC también ha sido objeto de diversas críticas. La primera, es que se ha identificado una tendencia a un tipo de trabajo investigativo muy pasivo o de escritorio, es decir, orientado a la revisión de documentación disponible y, en cambio, con poca actividad proactiva orientada a identificar evidencia nueva que no haya sido descubierta previamente. A eso se suman problemas de sesgos cognitivos identificados en los CRM que limita la posibilidad de avanzar con más fuerza en algunas tipologías de casos en donde se producen esos sesgos. Por otra parte, también se menciona el problema de las investigaciones de casos en donde la condena errónea ha surgido como consecuencia del mal comportamiento policial, ya que las diligencias se deben encargar a las mismas policías lo que genera tensiones para su desarrollo. Se suma la reducción de recursos a que ya he hecho referencia, la que impacta en la posibilidad de ordenar ciertas diligencias de importancia (por ejemplo, evidencia forense) y, finalmente, el problema surgido a partir de la falta de herramientas legales para compeler a los organismos públicos a entregar en forma oportuna los antecedentes que se les solicitan (cuestión que en cambio no ocurriría tratándose de privados gracias a una regulación más precisa en la materia).94 A pesar de estas críticas se reconoce que la CCRC ha representado un enorme avance en la investigación de condenas erróneas.95

Un aspecto central del trabajo de la CCRC es la determinación de si un caso que ha investigado o revisado puede ser enviado a la Corte de Apelaciones con el propósito que se determine o no la exoneración del erróneamente condenado.96 Para estos efectos, la legislación inglesa establece un criterio bajo el cual la CCRC debe adoptar esta decisión. Así, el estándar bajo el cual se acepta una solicitud para referir un caso a la corte de apelaciones está regido por la sección 13 de la Criminal Appeal Act de 1995 y es conocido como el “test de la posibilidad real”. Éste básicamente significa que la CCRC, para referir un caso, debe considerar que existe una posibilidad real que la corte de apelaciones revocará el veredicto del juicio por ser legalmente “inseguro” debido a nuevos argumentos o evidencia no considerados previamente.97 Este estándar requeriría acreditar, como la señalado la jurisprudencia, más que una posibilidad remota o una mera posibilidad pero menos que una probabilidad o certeza incipiente.98

La corte de apelaciones, por su parte, usa el estándar de “inseguro” en dos sentidos: (1) cuando una persona factualmente inocente ha sido condenada erróneamente y (2) cuando en alguna etapa del procedimiento éste ha sido llevado de manera irregular o en forma no equitativa, con independencia de si se trata de una persona factualmente inocente.99 Como se puede apreciar, especialmente este segundo significado, se amplía de manera importante la posibilidad de revertir condenas ya que el eje no está en acreditar inocencia sino en el carácter inseguro de la decisión.100 Si esto se compara con la causal de la letra d) del artículo 473 del CPP de Chile citada, que opera, como lo ha señalado la Corte Suprema, en la acreditación de inocencia factual de parte del recurrente, se puede apreciar la enorme diferencia. Esta apertura de los casos revisables a situaciones que van más allá de la inocencia factual parece ser una constante en los estándares que regulan el trabajo de otras comisiones construidas sobre la base de la CCRC.101

El uso del test de la posibilidad real por parte de la CCRC y la interpretación que la corte de apelaciones hace de lo que constituye una condena insegura son objeto de importantes críticas y debates. No puedo entrar en un trabajo de esta naturaleza al detalle de los aspectos técnicos de este debate, pero si me interesa poner foco en las principales cuestiones problemáticas que se mencionan en relación con el trabajo de la CCRC. Una primera línea de problemas que se discuten dice relación con la vaguedad y enorme apertura que tiene el estándar que lo hacen difícil de aplicación y, por lo mismo, muy subjetivo.102 Por otra parte, el test descansa en un ejercicio predictivo que debe hacer la CCRC acerca de cómo la corte de apelaciones aplicará la ley al caso, lo que habría generado un comportamiento demasiado deferente de la comisión, perdiendo en parte su independencia de juicio al tomar decisiones.103 Este elemento predictivo transformaría la decisión de la CCRC en una suposición de lo que la corte resolverá, generando una suerte de subordinación de lo que supuestamente debiera ser un órgano independiente.104 Estos aspectos críticos se habrían traducido en un comportamiento muy tímido de la CCRC en la remisión de casos a la corte de apelaciones105 y explicarían las bajas tasas que revisaré en la próxima sección, lo que redunda finalmente en la desprotección en que quedarían casos de condenas erróneas que resultan difíciles de enmarcar en el estándar legal en análisis. A partir de estas críticas, recientemente se ha sugerido la necesidad cambiar el test por uno que permita una decisión con mayores niveles de independencia por parte de la CCRC y que favorezca a las víctimas de condenas erróneas.106

La puesta en marcha de la CCRC en 1997 produjo un amplio impacto en el incremento de solicitudes de revisión de condenas erróneas y en casos enviados a la corte de apelaciones en relación con los que se tramitaban en el sistema previo. La oficina encargada de esta materia recibía entre 700 y 800 solicitudes en promedio anualmente y entre los años 1981 y 1992 envió 64 casos a la corte de apelaciones para su examen, es decir, un promedio de alrededor de cinco casos al año.107 En los cuatro últimos años (entre 2017-2021), la CCRC ha recibido en promedio más de 1.300 casos anuales, habiendo referido a la corte de apelaciones 131, es decir, un promedio anual de casi 33 casos.108 Esto mostraría un incremento significativo en la tasa de casos referidos a la corte en relación con el sistema previo.

Si se considera las cifras totales, desde puesta en marcha en abril de 1997, la CCRC reporta que a noviembre de 2021 había referido a las cortes de apelaciones 772 casos (31,5 casos anuales en promedio). De ellos, 763 habían sido resueltos, con 534 admitidos, 216 rechazados y 13 pendientes. La tasa de aceptación de la corte de apelaciones de los casos referidos sería 71,2%, es decir, casi tres de cada cuatro casos enviados por la CCRC a la corte tendrían éxito. El total de solicitudes recibidas desde inicios de su funcionamiento a noviembre de 2021 fue de 28.181 (promedio de 1.141 anuales), de las cuales 27.426 habían completado su tramitación (promedio de 1.119 anuales). De esta forma el 2,78% del total de solicitudes completadas habría sido referida a las cortes de apelaciones.109

Dos observaciones en relación con esta tasa de envío a la corte de apelaciones. La primera es que se trata de una cifra inferior a la de otras comisiones que han seguido un modelo cercano de trabajo a la CCRC. Tal como ya tuve oportunidad de examinar en forma precedente, la tasa de la SCCRC era superior el 5% y la de la NCCRC de entre 13 a 15%. Un segundo aspecto para tener presente es que esta tasa no ha sido estable en el tiempo y más bien se detecta una baja paulatina en los años más recientes. Por ejemplo, el promedio de la tasa entre los años 1997 y el período 2015-2016 fue de 3,43%.110 Esta baja en la tasa se habría producido, entre otras cuestiones, por las disminuciones de presupuestos de la CCRC y la consiguiente sobrecarga de su trabajo, por los recortes de los fondos destinados a financiar asesoría legal a los solicitantes y por la interpretación restrictiva realizada del estándar de posibilidad real según hemos visto.

En cuanto a la extensión de los procesos ante la CCRC, desde abril de 1997 a agosto de 2021, el 85% de las solicitudes completó su tramitación dentro de los 12 meses, distinguiéndose entre un 88,7% de solicitantes en prisión y un 77% en libertad. En la contracara, existe un 5,5% del total de solicitudes que se encontrarían en la categoría de casos de larga duración, es decir, que han estado bajo revisión por más de 24 meses. Por su parte, el proceso de revisión inicial de las solicitudes tuvo un promedio de duración de 28,6 semanas tratándose de solicitantes privados de libertad y de 33 semanas de aquellos en libertad. 111 Estos plazos han sido criticados como demasiado lentos por varios analistas.112

A pesar de importantes críticas que se han formulado al trabajo de la CCRC y de que existen diversas áreas en donde es necesario avanzar en perfeccionamientos, incluso entre quienes las plantean, es posible identificar que ella es reconocida como una mejora sustantiva para lidiar con las condenas erróneas con respecto a la situación previa.113 Así, como hemos visto, su creación produjo un aumento significativo de solicitudes de revisión de casos, de envío de los mismos a la corte de apelaciones para su examen y de exoneraciones.114 Visto desde otro ángulo, aun cuando probablemente menos de lo que se esperaba, la CCRC mejoró el acceso a la justicia de personas que se consideran víctimas de condenas erróneas y aumentó las posibilidades de corrección de ellas. 115 Hay que considerar, además, que los resultados de la CCRC debieran presentar algunas diferencias en otros países que cuentan con comisiones y que vimos tenían tasas de reenvío a tribunales muy superiores.

El trabajo de la CCRC también ha generado un importante nivel de información empírica sobre el funcionamiento del sistema de justicia criminal, acerca de las condenas erróneas y de los factores que las explican.116 Esto, a su vez, ha facilitado el desarrollo de muchas investigaciones sobre la materia que han generado un conocimiento más preciso acerca del problema.117 Seguramente su trabajo también ha contribuido a sensibilizar al público en general sobre el problema al permitir tener una visión en conjunto de este y no aislada en sólo algunos casos que generan interés mediático.118

Desde el punto de vista de un observador externo que conoce la experiencia de la CCRC a través de la literatura disponible, me parece que esta institucionalidad ha favorecido un debate robusto sobre el problema de las condenas erróneas que ha ayudado a identificar muchos puntos ciegos, dificultades y problemas que presenta la labor de corregirlas y que resultan más difíciles de visualizar en un sistema basado en reclamos individuales presentados en sede jurisdiccional como es el chileno.