Confesiones y riesgos de condenas e imputaciones erróneas: identificación de algunos aspectos problemáticos en Chile

Confessions and the risks of wrongful convictions and prosecutions: Identification of some problematic aspects in Chile

Víctor Beltrán Román1

Universidad Diego Portales, Chile

La información disponible da cuenta de que el uso de confesiones falsas2 es uno de los factores que incrementaría el riesgo de que se produzcan condenas e imputaciones erróneas.34 Por ejemplo, en el año 2011, se reportó que, de 250 exonerados5 en Estados Unidos, un 16% confesó crímenes que en realidad no cometieron.6 En 2017, se reportó que las confesiones falsas estarían detrás del 25% de las condenas revocadas por ADN y del 13% del total de condenas revocadas en el país.7 Más recientemente, la organización Innocence Project ha reportado que, de un total de 360 condenas revocadas mediante nuevas pruebas de ADN, un 29% de ellas involucraba una confesión falsa.8 Por su parte, de un total de 3139 exoneraciones contempladas en su listado, al utilizar el filtro de false confession, el National Registry of Exonerations considera un total de 278 casos.9

Por otra parte, estudios surgidos en el seno del denominado Innocence Movement,10 han develado la existencia de prácticas y factores que, durante los interrogatorios policiales, aumentarían la posibilidad de que se obtenga esta clase de confesiones. Sin embargo, pese a las cifras, casos mediáticos e información producida, se dice que el problema de las confesiones falsas es uno del cual únicamente se conoce “la punta del iceberg”.11

La existencia y uso de confesiones falsas debiesen preocuparnos, pues a partir de ellas se ponen en peligro derechos fundamentales, libertades individuales y también la integridad del sistema de justicia penal.12 Además de Estados Unidos, en otros países también se ha manifestado sobre el fenómeno;13 sin embargo, en Chile no ha suscitado mayor interés en la literatura14 y, como se verá, se trata de un área donde existe muy poca información.15

Este trabajo busca servir como una aproximación al asunto en Chile. Para ello, a partir de un grupo de sentencias de la Corte Suprema que se pronuncian sobre algunos aspectos del artículo 91 del Código Procesal Penal (en adelante CPP), que regula la manera en que debe producirse la declaración del imputado ante la policía,16 se intentará obtener información desde dos perspectivas. La primera, mediante la utilización de dichas sentencias como fuentes secundarias o indirectas de información, en tanto permitirán conocer, aunque con limitaciones, algunas prácticas en materia de interrogatorios policiales de imputados. La segunda, mediante la utilización de dichas sentencias como objeto de análisis propiamente tal, permitiendo conocer, analizar y reflexionar sobre la manera en que la Corte se ha hecho cargo de algunos de los problemas litigados en dichos pronunciamientos.

En ese sentido, vale precisar que este trabajo es exploratorio y busca incentivar el estudio en este campo. No se busca develar la existencia de auténticos casos de confesiones falsas, ni tampoco descubrir prácticas sistemáticas en orden a obtenerlas. En cambio, el objetivo es aproximarse, aunque indirectamente, a algunas prácticas policiales y también a criterios jurisprudenciales a partir de casos conocidos por la Corte Suprema y, desde allí, reflexionar a la luz del problema de las condenas e imputaciones erróneas.

El artículo comienza revisando parte de la información disponible sobre las confesiones falsas y las condenas erróneas. Luego, se revisa la regulación legal y algunos debates doctrinarios en torno al artículo 91 del CPP. En seguida, a propósito de algunos casos resueltos por la Corte Suprema de Chile se describen algunas prácticas policiales y criterios jurisprudenciales en torno a la declaración policial del imputado. Finalmente, se presentan algunas consideraciones finales sobre los hallazgos.

En el contexto de los estudios de inocencia, las confesiones falsas han sido sistematizadas bajo la categoría de “admisiones falsas de responsabilidad penal”, que agrupa tanto los problemas de confesiones falsas (en el contexto de los interrogatorios) como de declaraciones de culpabilidad falsas (en el contexto de los guilty pleas o acuerdos de culpabilidad).17 Este trabajo no abordará el problema de las declaraciones de culpabilidad falsas, sino únicamente el de las confesiones falsas y más específicamente las producidas a propósito de los interrogatorios policiales.

En esta materia, la evidencia más abundante proviene de Estados Unidos,18 aunque también otros países han manifestado preocupación por el fenómeno y de manera consistente han reportado que la utilización de confesiones falsas se constituye como un factor relevante que explicaría la producción de condenas erróneas.19 Asimismo, organizaciones como Innocence Project, con base en diferentes ciudades del mundo, en su rol de promotor de políticas públicas ha llevado adelante proyectos destinados a la reforma a los interrogatorios policiales.20

De esa manera, se ha puesto en evidencia el impacto que tienen las confesiones, tanto a nivel general de funcionamiento de sistema, como a nivel particular en cada caso criminal. A nivel general, deben considerarse los diferentes usos, propósitos y funciones que tiene el interrogatorio policial en cada jurisdicción. Por ejemplo, algunos sistemas de justicia penal se definen y funcionan precisamente gracias a prácticas como los interrogatorios, que resultan ser la base para el juzgamiento de casos mediante guilty pleas o acuerdos de culpabilidad.21 A nivel particular, tanto la investigación como juzgamiento de un caso son distintas si se cuenta o no con una confesión. En efecto, una confesión prevalece por sobre otras pruebas,22 al ser vista universalmente como una “evidencia extraordinariamente persuasiva”,23 especialmente cuando estas se acompañan de un “relato plausible y detallado”, 24 por lo que tendrá un alto potencial de sesgar la percepción y toma de decisiones de los diferentes actores del sistema,25 “pues se asume que aquella es verdad, incluso sobreponiéndose a cualquier información o evidencia contradictoria que sostenga la inocencia de un imputado”.26

Uno de los problemas basales detrás de las confesiones falsas se encuentra en las dificultades que existen para visibilizar el fenómeno, en parte por la creencia de que “nadie estaría dispuesto a confesar un delito que en realidad no ha cometido”, pero también por otras barreras para detectar y visibilizar estos casos. En cuanto a lo primero, se ha desmitificado dicha creencia y se ha mostrado que, por diversas razones e incentivos, todas las personas son susceptibles y vulnerables a confesar algo que en realidad no han cometido.27 En cuanto a lo segundo, siguen existiendo dificultades para detectar, visibilizar y cuantificar los casos en que ha ocurrido que una persona inocente ha confesado un delito que en realidad no ha cometido, lo que impide que se devele la significancia e impacto práctico del fenómeno.28

En Chile, las confesiones falsas no han sido objeto de especial preocupación en la literatura, salvo algunos trabajos que se refieren al tema de manera tangencial.29 En cuanto a información empírica, no existen estudios que alcancen el nivel de sofisticación de aquellos llevados adelante en la experiencia comparada.30 Existe, en cambio, información muy general sobre el uso de confesiones durante la vigencia del proceso penal inquisitivo y antes de la entrada en vigor del sistema procesal penal acusatorio en el año 2000, normativa bajo la cual no existía regulación del interrogatorio policial,31 ni tampoco un control de la legalidad de la actividad policial,32 lo que daba lugar a prácticas tendientes a obtener una declaración autoincriminatoria por tratarse de un elemento relevante para la decisión del caso.33 Una vez en vigor el nuevo sistema acusatorio, la confesión del imputado desapareció virtualmente como parte de investigaciones criminales, pues la policía tendió a inhibirse de interrogar al imputado.34 En la actualidad, al parecer, se trata de una práctica que ha tendido a recobrar importancia,35 lo que es consistente con los hallazgos jurisprudenciales si se mira su distribución por año.

En cuanto a casos que involucren confesiones falsas, existen algunos documentados que podrían considerarse evidencia anecdótica, por ejemplo, un caso de hurto del año 1988,36 otro que da cuenta de una imputación errónea documentado en la base de datos del Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública de Chile37. También, a propósito del denominado estallido social de octubre de 2019, surgió información sobre funcionarios policiales intentando obtener una confesión falsa.38

Con todo, algunos estudios provenientes fundamentalmente de Estados Unidos han avanzado en orden a establecer algunas cuestiones que aumentarían la posibilidad de que se produzcan confesiones falsas. Sin pretensiones de exhaustividad, me detendré brevemente sobre dos de esos aspectos en los siguientes subapartados.

La manera en que la policía puede obtener la declaración del imputado mayor de edad se encuentra expresamente regulada en el artículo 91 CPP, en términos que “la policía sólo podrá interrogar autónomamente al imputado en presencia de su defensor”, de lo contrario las preguntas se limitarán a constatar su identidad. Ahora bien, es posible que sin la presencia del defensor el imputado manifieste su deseo de declarar, caso en el cual “la policía tomará las medidas necesarias para que declare inmediatamente ante el fiscal”. Si no fuese posible declarar ante el fiscal, la norma indica que “la policía podrá consignar las declaraciones que el imputado se allanare a prestar, bajo la responsabilidad y con la autorización del fiscal”. Finaliza indicando que “el defensor podrá incorporarse siempre y en cualquier momento de la diligencia”.51

Esta institución no ha sido tratada exhaustivamente en la literatura chilena.52 Mientras que algunas obras no abordan el tema,53 otras lo hacen desde una perspectiva estrictamente normativa, limitándose a exponer la regulación contenida en el CPP sin profundizar en la disposición.54 Otro grupo de fuentes han estudiado la institución para evidenciar problemas en la regulación, en su aplicación práctica, en cuestiones probatorias, proponiendo reformas, etc.

Entre estas últimas, se ha sostenido que la norma contempla tres hipótesis bajo las cuales el imputado puede declarar ante la policía,55 aunque en estricto rigor solamente dos de ellas se materializan auténticamente ante la policía. La primera hipótesis, corresponde al interrogatorio policial en presencia del defensor. La segunda, ocurre cuando, sin presencia del defensor, el imputado manifiesta su voluntad de declarar y la policía toma las medidas para que lo haga ante el fiscal. La tercera hipótesis ocurre cuando, sin presencia del defensor y sin que sea posible que el imputado declare inmediatamente ante el fiscal, este autoriza a la policía para obtener dicha declaración, bajo su responsabilidad. Todas las cuales tienen como condición subyacente que la declaración se haya prestado voluntariamente.

Aunque no puedo detenerme en todos los debates existentes en torno a la institución, deseo enfatizar algunos de ellos. Uno que no ha sido objeto de especial preocupación tiene que ver con el alcance y significado de la disposición bajo responsabilidad y con autorización del fiscal contenida en el artículo 91 CPP. Mientras la mayoría de los autores no se pronuncian sobre el punto, una parte de la doctrina atribuye a esta frase la obligación del fiscal de garantizar la exclusión de métodos prohibidos de interrogación y, además, la obligación de preconstituir prueba de las circunstancias en las cuales se obtuvo la declaración policial, siendo algo así como una norma de carga de la prueba sobre la legitimidad de la declaración en caso de impugnación por parte del imputado.56 Sobre el mismo punto, la doctrina se ha preguntado por cómo debe ser dicha delegación, esto es, si puede ser general o debe ser específica, si debe hacerse al tomar la declaración o puede ser dada de manera anticipada. De igual forma, ha surgido la pregunta sobre cómo controlar el hecho de que el imputado ha manifestado su voluntad de declarar y cómo se debe registrar aquello que declara.57 Este último punto aparece del todo relevante a la luz del problema de las confesiones falsas, por lo que debiese ser un lugar donde la legislación chilena ponga atención.

Otro aspecto tiene que ver con las consecuencias probatorias de la inobservancia a las reglas establecidas en el artículo 91 CPP, esto es, si es posible utilizar en el juicio oral el contenido de declaración del imputado prestada ante la policía cuando ha existido inobservancia a tales reglas.58 Una postura sostiene que las declaraciones del imputado ante la policía, obtenidas sin presencia del defensor, sin la autorización previa del fiscal, sin advertencia de derechos u obtenida con otra infracción a la normativa aplicable no debiesen ser consideradas para fundar una condena.59 Otra posición, en cambio, sostiene que, en caso de inobservancia a tales reglas, esta declaración podría ser valorada por el tribunal de fondo, pues se trataría de un supuesto de prueba ilegal, pero no de prueba ilícita.60 Especificando que sería posible la valoración de la declaración siempre que haya existido concurrencia voluntaria del imputado al cuartel policial, espontaneidad y voluntariedad en su declaración, ausencia indiscutida de toda coacción física o moral ejercida sobre quien declara, y completa falta de engaño por parte de los agentes o buena fe de su actuar.61

Otro debate que interesa para efectos de la posterior revisión de sentencias tiene que ver con las denominadas declaraciones espontáneas, donde es posible encontrar tres posiciones en la doctrina. La primera, sostiene que no se vislumbran problemas en que se valore en juicio oral la información que los funcionarios policiales escucharon decir al sujeto durante el desarrollo de las funciones de investigación, particularmente antes y durante la aprehensión.62 Por ejemplo, cuando la policía ingresa a un lugar y en su interior encuentran a un sujeto junto a un cadáver, quien al ver a la policía señala “yo lo maté”.63 Una vez que ha tenido lugar la aprehensión, señala esta posición, se debe proceder conforme a las reglas del artículo 91 CPP.64 En mi opinión, esta posición no se sustenta, ya que erróneamente exige la aprehensión como requisito de aplicación del artículo 91 CPP. Vale mencionar que las policías chilenas y el Ministerio Público tienen esta lectura de la norma, pues de revisión del Manual Interinstitucional de Primeras Diligencias, cuando se refiere al artículo 91 CPP, lo reconstruyen de manera tal que se entiende aplicable únicamente al caso del imputado detenido.65

La segunda postura, niega totalmente la posibilidad de utilizar y valorar las declaraciones espontáneas en juicio oral,66 pues aquello pasaría por alto el artículo 91 CPP, que se preocupa de regular minuciosamente de qué manera debe concretarse la declaración del imputado ante la policía, cuyas hipótesis dan por supuesto el consentimiento expreso e informado del imputado, lo que no ocurriría en estos casos, ya que la declaración espontánea tiene lugar antes de que se le informen sus derechos. De permitirse estas declaraciones se violentarían derechos y garantías del imputado además de incentivar la obtención de confesiones,67 que es precisamente lo que la normativa busca evitar.68 En mi opinión, esta postura es sumamente formalista y en ese sentido restrictiva si se mira desde el punto de vista de cómo responde al balance de la tensión eficiencia y garantía, por lo que podría ser inadecuada al restringir excesivamente los intereses estatales en la persecución penal.

La tercera postura es intermedia y, quienes la sostienen, plantean distinguir si quien hace una declaración espontánea “era o no sospechoso” al momento de hacerla. Así, si la persona sospechosa hace una manifestación espontánea, la policía debe abstenerse de hacer preguntas, informarle de su derecho a guardar silencio, limitarse a consultar por su identidad y toda información que exceda de aquello contravendría el estatuto del artículo 91 CPP y sería prueba obtenida con infracción de garantías procesales.69 Luego, si la persona no sospechosa efectúa una manifestación espontánea con contenido autoincriminatorio, la policía no tendría obligación de señalarles sus derechos, reconociendo eficacia probatoria en el juicio oral a dicha declaración por medio de la declaración de los policías que la hayan escuchado.70 Aunque la distinción tiene sentido, esta posición se sustenta en una categoría o calidad que no se contempla en Chile, ni tampoco justifican qué se entiende por sospechoso y cómo se distinguiría del imputado. En ese sentido, me parece poco adecuada para los casos difíciles, donde podría aumentar las dudas más que otorgar certezas. Sobre el problema de las declaraciones espontáneas se profundizará en 3.1.1.

Por último, deseo constatar que la norma del artículo 91 CPP ha sido analizada previamente desde la mirada de las condenas erróneas y algunos autores han presentado interesantes reflexiones y recomendaciones en torno a la regulación. Duce da cuenta de diversos problemas en torno a esta, como que las declaraciones policiales sean tomadas sin resguardos que permitan registrar de manera fidedigna las condiciones bajo las cuales se prestaron, la práctica del Ministerio Público de incorporar la declaración del imputado mediante testigos de oídas,71 el problema de quien tiene la carga probatoria ante la existencia de apremios en cuarteles policiales, entre otros.72 En cuanto a recomendaciones, Castillo sostiene que tres serían las mejoras centrales que debiesen producirse en Chile para prevenir las condenas de inocentes: transparencia en cuanto a los métodos de interrogación utilizados por las policías, exigir que la renuncia del derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse se realice a través de una manifestación expresa y que incluya el conocimiento completo del alcance del derecho, y que las confesiones sean grabadas íntegramente.73

En el presente apartado, a partir de algunos casos resueltos por la Corte Suprema conociendo recursos de nulidad por infracción sustancial de garantías fundamentales con base en el artículo 373 letra a) del CPP,74 se intentará describir y analizar críticamente algunas prácticas policiales (utilizando las sentencias como fuente secundaria o indirecta) y criterios jurisprudenciales (utilizando las sentencias como fuente directa u objeto de análisis propiamente tal) que se han originado a propósito de la institución del artículo 91 CPP.

En la obtención de las sentencias que se presentarán me he valido de las bases de datos de jurisprudencia vLex y Microjuris.75 Obtuve preliminarmente 103 sentencias, las cuales fueron sometidas a un proceso de depuración a fin de eliminar decisiones repetidas, inaccesibles o erróneamente clasificadas por dichas bases de datos, así como aquellas que, aunque citando el articulo 91 CPP, no resolvían ningún aspecto sustantivo de este.76 Tras la depuración, trabajé sobre un total de 56 sentencias que fueron agrupadas temáticamente en atención al aspecto o aspectos que resolvían en torno a la institución en estudio (es decir, existen sentencias que trataban problemas vinculados a más de una temática, por lo que pueden estar agrupadas bajo más de una de estas temáticas).77 Pese a que la búsqueda original abarcaba desde el año 2000 hasta el 2021, las sentencias que componen la muestra han sido pronunciadas entre los años 2010 y 2021.

En lo que sigue, se presentarán 31 de estas sentencias.78 Primero, se revisarán diversas situaciones a propósito de encuentros con la policía. Luego, se explorará la cuestión de la presencia del abogado defensor durante el interrogatorio y la renuncia al derecho a guardar silencio. Tercero, se presentan casos de reiteración de la confesión.

La información disponible da cuenta de que el uso de confesiones falsas constituye uno de los factores que aumentarían la posibilidad de producir condenas o imputaciones erróneas. Al mismo tiempo, sin embargo, se han detectado importantes barreras o dificultades para aproximarse, conocer y visibilizar el fenómeno. En Chile el asunto permanece casi inexplorado: no hay un gran desarrollo de literatura, casi no se cuenta con información empírica, no han existido casos de alto impacto o de exoneraciones donde se devele el uso de confesiones falsas, no se conoce exactamente de qué forma se enseña a las policías a desarrollar el interrogatorio policial, etcétera. Por ello, si en la experiencia comparada solamente se está viendo la punta del iceberg del problema de las confesiones falsas, posiblemente en Chile ni siquiera estemos conscientes de aquello que tenemos en frente.

Desde ese punto de partida, sin pretensiones de ser exhaustiva, esta investigación se valió de un estudio de jurisprudencia para aproximarse al asunto e identificar algunos aspectos potencialmente problemáticos. Por una parte, los hallazgos dan cuenta de algunas prácticas que podrían ser riesgosas desde la perspectiva de la obtención de confesiones, principalmente por ocurrir en momentos donde la regulación procesal del encuentro policía-ciudadano no es tan clara (v.gr., las entrevistas informales, la mutación de controles de identidad). Estos casos comparten en común el tratarse de contextos más bien informales, donde se efectúan preguntas aparentemente inofensivas. Sin embargo, la proliferación y uso ampliado de estas prácticas menoscabaría la regulación que prevé expresamente de qué forma la policía puede obtener la declaración del imputado en Chile, convirtiéndose en una zona de riesgo que podría decantar en una persecución penal errónea y eventualmente en la condena de un inocente.

Por otro lado, la Corte Suprema parece aplicar categorías poco refinadas a la hora de analizar estos problemas, sin reparar en distinciones que podrían ser relevantes para la solución de los casos que conoce (v.gr., calificar como espontáneas aquellas declaraciones que surgen como consecuencia de una pregunta; no preguntarse por la calidad de imputado de una persona en su encuentro con la policía, etc.). Asimismo, parece que la Corte ha evitado inmiscuirse en algunas materias y no ha aplicado un escrutinio tan estricto (v.gr., un escueto análisis sobre la renuncia a guardar silencio, incluso en casos problemáticos; la cuestión de la carga de la prueba en la impugnación de la confesión, etc.). En ese sentido, se vislumbra una importante deferencia con el actuar policial (v.gr., acreditando infracciones de garantías pero negar su sustancialidad, validando ciertas prácticas e incluso siendo deferente con el actuar de funcionarios municipales que han usurpado atribuciones de la policía, etc.).

Sin dudas se trata de un tema respecto del cual resta mucho por conocer y explorar. Espero que la información aquí presentada llame la atención de quienes se vinculan al sistema de justicia penal en Chile y, especialmente, que sea útil para fomentar, servir como punto de partida y sofisticar el debate en esta materia, además de orientar puntos críticos donde debiesen centrarse los esfuerzos de reformas legales o educación en los actores del sistema, especialmente considerando el impacto que la obtención de confesiones podría tener en la eventual producción de condenas e imputaciones erróneas.

El autor agradece la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, de quien recibe financiamiento para sus estudios doctorales a través de la beca ANID-Subdirección de Capital Humano/Doctorado Nacional/2021-21211455. Asimismo, agradece las sugerencias formuladas por diversos profesores de su facultad en una jornada de discusión de un borrador del presente trabajo, que tuvo lugar en mayo de 2022. Del mismo modo, agradece a los pares revisores por las sugerencias formuladas, las cuales han sido valiosas para mejorar este producto. Naturalmente, cualquier error es de exclusiva responsabilidad del autor.