1. Introducción

Si el 71% de los conflictos armados o violentos que se han terminado por medio de un acuerdo deben ese resultado a la intervención de una tercera parte –el mediador- (Baumann & Clayton, 2017) que permite llevar a las partes a acuerdos, puede admitirse que la mediación como método está cobrando más importancia en los procesos de paz. Pero, aunque las negociaciones entre las partes tienen como fin lograr acuerdos entre las partes, su cumplimiento deviene un reto en virtud de que, en ocasiones, asistimos a situaciones en que los acuerdos firmados, luego de su firma, son objeto de cumplimiento “parcial” o incumplimiento y lo peor es que los que tienen que ver con el desmantelamiento de las causas, parecen menospreciarse, tal vez por su costo o la falta de motivación de los actores que los firmaron. El artículo analiza teóricamente el proceso de paz en la resolución de conflictos armados internos que surgen, en parte, a raíz de necesidades básicas insatisfechas con especial énfasis en el conflicto interno de Guatemala. Partiendo de la descripción de los conflictos asociados a necesidades humanas, se especifican los elementos de la mediación política que permiten lograr, entre las partes, acuerdos y, finalmente, se analiza la resolución del conflicto guatemalteco como conflicto asociado a necesidades humanas.

2. Los conflictos asociados a necesidades humanas: una conceptualización

Definir los conflictos asociados a necesidades humanas requiere, ante todo, saber qué son las necesidades humanas porque son elementos que se plasman en su configuración como causas subyacentes. En efecto, las necesidades humanas remiten a la satisfacción precisa de carencias, fines y funciones objetivamente vitales para la supervivencia y el desarrollo físico y psíquico de los seres humanos (Kehl, 1993). Se presentan como un vacío que tiene que llenarse para cualquier meta específica referente al bienestar de las personas. En la descripción de las necesidades humanas, diversos autores han elaborado una tipología notable (Maslow, 1970); (Sites, 1973); (Burton, 1990), entre otros, que resaltan los tipos de necesidades desde las perspectivas universal o relativa y todos señalan la importancia de su satisfacción para el ser humano.

Siguiendo esa misma línea de descripción de las necesidades humanas, se ha llegado a una distinción relevante entre necesidades materiales que se remiten a alimentación, educación, salud, vivienda e higiene y necesidades no materiales que incluyen el respeto a derechos humanos fundamentales, la libertad, la participación y el derecho de manifestar las propias necesidades (Kehl, 1993). Esas necesidades tanto materiales como no materiales conforman las categorías que suelen relacionarse con el surgimiento de conflictos intraestatales o aumentan, por su no realización los riesgos de los mismos.

La denominación conflictos asociados a necesidades humanas se fundamenta en la concepción del conflicto social como conflicto nocivo, destructivo que surge a raíz de la insatisfacción de necesidades humanas básicas (Burton, 1990). Los conflictos asociados a necesidades humanas se aproximan, de hecho, a la concepción del autor del conflicto social que, en contraposición con los planteamientos de Coser (1956) del conflicto social como oportunidad de cambio social, proclama los aspectos disfuncional y no integrador del conflicto, dejando claro que lleva a comportamientos que dañan el desarrollo de las sociedades y hasta de la especie humana.

Dado que en la naturaleza de todo conflicto, siempre hay insatisfacción de necesidades humanas (Burton, 1990); (Pérez-Viramontes, 2014), los conflictos que surgen de la insatisfacción de necesidades humanas son conflictos severos y difíciles de resolver, de ahí, su denominación de conflictos profundamente arraigados cuyos síntomas pueden ser terrorismo, guerras civiles, violencia étnicas, entre otros. Los conflictos asociados a necesidades humanas no deben mirarse como meras disputas que pueden institucionalizarse y transformarse, con cierta rapidez, por medio de mecanismos tradicionales de resolución de conflictos como la mediación profesionalizada, la conciliación, el arbitraje sino como conflictos cuya solución parece difícil y duradera por considerarse conflictos profundamente arraigados, y en la que la mediación sirve para definir acuerdos sobre las categorías que deben considerarse para satisfacer necesidades humanas (Burton, 1990).

Los conflictos profundamente arraigados han merecido la atención de otros autores, a lo largo de la historia. Con el concepto,

[…] se trata de conflictos intensos en el sentido de que suponen una confrontación abierta (mucho más allá de la presunción de potencial de conflicto), severa, violenta y duradera; por tanto, se trata de enfrentamiento armados que dividen e hieren profundamente a una sociedad. […] Se pasa de la guerra entre Estados, a las guerras civiles, es decir, aquellas que se desarrollan en el seno de un país (Roman Marugan, 2013)

Una de las características de esos conflictos, es sin duda, su carácter persistente porque suelen surgir de una combinación entre componentes de la identidad junto a un sentimiento generalizado de injusticia económica y social (Roman Marugan, 2013).

Por otra parte, (Bloofield & Reilly, p. 2012), al describir los conflictos profundamente arraigados mencionan dos elementos relevantes como son la identidad vista desde la movilización y adscripción a grupos de identidad basados en la raza, la religión, la cultura o el idioma, y la distribución de recursos que se entiende como la forma de reparto y capacidades de aprovechamiento de los recursos económicos, sociales y políticos dentro de una determinada sociedad. Es preciso señalar, de hecho, que las cuestiones identitarias siempre han sentado las bases del surgimiento de conflictos sociales como son las guerras civiles, los conflictos inter-étnicos, religiosos, y ello por los valores como categorías de la identidad no respetados.

Básicamente, los conflictos asociados a necesidades humanas difieren de los conflictos sociales que se configuran como guerras inter-estatales relativas a cuestiones económicas, ideológicas y políticas. Se fundamentan en necesidades básicas frustradas o no realizadas y estallan bajo formas de conflictos internos, guerras civiles que, en palabras de (Bloofield & Reilly, 2001)

cuando el desequilibrio percibido en la distribución de recursos coincide con las diferencias de identidad (es decir, allí donde, por ejemplo, un determinado grupo de identidad común se ve privado de ciertos recursos disponibles para los demás) encontramos una situación de conflicto potencial (p.9).

Considerando lo expuesto, se desprende que la mayoría de los conflictos étnicos, religiosos y otras formas de violencias relacionadas con la identidad tienen su explicación en una discriminación basada en la identidad, atributo propio de las sociedades excluyentes. De ahí que se plantee la necesidad de la tarea de investigación que según (Kehl, 1993) consiste en descubrir las causas profundas del conflicto y apoyar a las masas más desfavorecidas en su lucha, que puede ser violenta, para conseguir la igualdad y satisfacer sus necesidades básicas.

Si para Burton (1990), una reducción de la calidad de vida puede empujar a la ggente a la situación de protesta violenta, no es, de extrañar que, la satisfacción de necesidades humanas sea una panacea para la construcción de una sociedad pacífica porque, para la mayoría de personas, satisfacer las necesidades humanas también es una necesidad. Y ello se percibe en la participación de personas civiles y hasta de niños en el despliegue de los conflictos violentos. La participación en conflictos violentos es, para algunas personas, una oportunidad para apropiarse de su bienestar porque de ello resulta, en ocasiones, la satisfacción posterior de sus necesidades básicas.

De acuerdo con todo lo mencionado anteriormente, los conflictos asociados a necesidades humanas pueden entenderse como conflictos violentos o armados que surgen, en parte, de la insatisfacción de necesidades materiales y/o no materiales en el seno de un país protagonizados por el Estado representado por las fuerzas armadas oficiales y grupos armados reivindicando el reconocimiento o la satisfacción de sus necesidades básicas como ciudadanos. En sus manifestaciones, los conflictos asociados a necesidades humanas se aproximan a las guerras civiles que nacen cuando grupos no estatales con sentido de identidad diferente perciben las estructuras de gobernanza incapaces de atender sus necesidades básicas (Lutmar & Bercovictch, 2011).

Si bien, en algunos casos, existen conflictos intraestatales que, a primera vista, se alejan de la concepción de los conflictos asociados a necesidades humanas, es preciso admitir que, en los países en vía de desarrollo, las necesidades insatisfechas como motivación aumentan los riesgos y aun la intensidad de los conflictos violentos con la integración en grupos armados de personas civiles preocupadas por satisfacer por sí mismas sus necesidades. Ello significa que incluso en los conflictos armados internos, existen rasgos de necesidades no satisfechas que posibilitan la intensidad del conflicto como para decir que en todos los conflictos internos entre Gobierno y grupos armados o entre grupos armados siempre hay insatisfacción de necesidades humanas básicas.

3. Caracterización de la mediación política

Al definir la mediación política, Bercovitch & Houston (1996), refieren que es un proceso de resolución de conflictos por el cual las partes buscan la asistencia, o aceptan el apoyo de un individuo, grupo u organización para cambiar su comportamiento, resolver su conflicto o problema sin recurrir a la fuerza o vía judicial. Se puede apreciar, de hecho, que el método admite cierta influencia del mediador en las partes, modificando sus percepciones. Porque el mediador político, lo constituye un equipo de mediadores encabezado por un mediador general que, designado por factores políticos, colabora con un conjunto de actores como negociadores, mediadores asistentes, expertos de quienes recibe ideas para tomar decisiones estratégicas (Bercovitch & Jackson, 2009) respecto del conflicto.

En ese mismo tenor, Slim (2007) resalta, más allá de la voluntariedad, otros aspectos relevantes e identifica la figura de la mediación política como

un proceso político en el que las dos o más partes en un conflicto violento se ponen de acuerdo en el nombramiento de un tercero para que trabaje de manera imparcial con las partes para ayudarles a hablar a través de opciones y llegar, voluntariamente, a un acuerdo para poner fin al conflicto armado y lograr una paz justa y sostenible (p. 4)

Se desprende, así, la relevancia de la mediación política que se configura como medio para fomentar las condiciones de una paz justa que tenga en cuenta las necesidades de los grupos involucrados en el conflicto. Esa paz como terminación de la violencia es posible gracias a la intervención de una legítima tercera parte (Da Rocha, 2016) más conocida como el mediador. Si la terminación de la violencia se puede entender como uno de los objetivos de la mediación política, es digno de interés mencionar que el método, también, busca resolver los conflictos a partir de la determinación de sus causas profundas con miras a evitar su probable resurgimiento (Dieckhoff, 2011).

Esas concepciones de la mediación política como proceso político que permite a mediadores posibilitar la negociación entre las partes en conflicto con el fin de llegar a decisiones consensuales, contrastan con las posturas que asumen otros autores dependiendo de la intensidad del conflicto y de la naturaleza del mediador. Dado que los mundos de la guerra y la política, con frecuencia, exigen (Slim, 2007), en ocasiones, al mediador le incumbe hacer propuestas a la hora de definir el acuerdo con los actores involucrados en el conflicto (Da Rocha, 2016). Desde esa perspectiva y por la relevancia del acuerdo de paz, la mediación política no solo contempla los intereses de las partes en conflicto sino también debe corresponder a los intereses del mediador (Zartman & Touvar, 1985) muchas veces, caracterizados por la terminación del sufrimiento humano.

Refiriéndose a la mediación política, Slim (2007) identifica, al respecto, tres perfiles notables: mediador facilitador, mediador directivo y mediador manipulador. En palabras del autor, el mediador facilitador es un tercero cuyo papel consiste, principalmente, en crear condiciones para que las partes, comunicándose entre sí, puedan llegar a un acuerdo. En cuanto al mediador directivo, es quien, reconociendo la necesidad del acuerdo entre las partes, diseña y presenta algunas soluciones, expresando, en ocasiones, preferencias por unas soluciones para impulsar más el proceso. Por su parte, el mediador manipulador es aquello que, con su autoridad política, militar y hasta económica, presiona a las partes imponiendo, a veces, salidas del conflicto por medio de negociaciones forzadas.

Por otra parte, la variedad de acepciones que asume el concepto de mediación política se especifica de manera siguiente, en palabras de Kleiboer & Hart (1995): 1) cuando el conflicto se considera como inherente a las relaciones internacionales, la mediación se percibe como medio de manifestación de poder del mediador sobre las partes; 2) cuando el conflicto se percibe como un constructo social, la mediación modifica las percepciones de las partes para crear, entre ellas, cierta confianza y posibilitar acuerdos; 3) cuando el conflicto tiene una connotación positiva porque favorece el cambio social, la mediación restaura las relaciones legítimas entre las partes y 4) cuando el conflicto surgido de factores estructurales es de carácter duradero y endémico, la mediación se percibe como un medio que permite al mediador afirmar su dominación y hasta imponer probables salidas del conflicto.

La intervención del mediador político en la resolución de conflictos violentos obedece a una regla inhabitual porque la figura de mediación política aboga por concretarse como un campo especifico bien determinado por sus peculiaridades divergentes. En efecto, al referirse al método, (Bloomfield, Nupen, & Harris, 2012) también identifican una distinción notable: la mediación pura referente a la facilitación de la negociación directa entre los contendientes para llegar a un acuerdo y la mediación de poder que, si bien basada en la mediación pura, se caracteriza por la influencia del mediador (incentivos, castigos) en las partes para que no mantengan posiciones inflexibles y acepten el compromiso.

Más caracterizada por las relaciones de poder entre el mediador y los actores en conflicto más que las relaciones existentes entre ellas mismas, la tarea de la mediación de poder privilegia al mediador quien tiene, con frecuencia, su propio resultado preferido (Bloomfield, Nupen, & Harris, 2012) en la resolución de conflictos. De hecho, no es de extrañar que la tarea del mediador de poder sea una forma de manifestación del poder sobre las partes. Ejemplos, de ello, pueden ser la intervención del Representante de Naciones Unidas (NN.UU.) en la guerra de Irán-Irak; la influencia conjunta de Estados Unidos (EE.UU.) y la Unión Soviética en Bicesse, entre otros (Bloomfield, Nupen, & Harris, 2012).

De manera general, se desprende, de esas líneas, que, en la resolución de conflictos, la mediación política es una figura multifacética, tal vez, por la complejidad de los conflictos que constituyen su objeto de estudio: se afirma a la vez como medio de resolución de conflictos violentos basado en la voluntariedad y método que, dependiendo de factores políticos, económicos, sociales, posibilita al mediador hacer propuestas y hasta imponer negociaciones o, en algunos casos, decisiones como vía de terminación del conflicto de cara a impedir el sufrimiento humano. Conforme a esa naturaleza dual, la mediación política puede entenderse como una negociación entre actores involucrados en un conflicto violento o armado asistidos por un equipo de mediadores encabezados por un mediador general con la finalidad de llegar voluntariamente a acuerdos entre las partes o por otros factores ajenos a ellas como el poder del mediador.

A sabiendas de que el fracaso del proceso de mediación política puede hasta intensificar un conflicto (Baumann & Clayton, 2017), la determinación de los factores intervinientes en dicho proceso para que sea efectivo y conduzca a una solución pacífica y duradera es de gran interés. Al respecto, Bercovitch & Jackson (2009) refieren que las partes en conflicto, el mediador, el contexto de mediación son elementos que determinan la efectividad del proceso de mediación política. Para Ruhe (2015), los adversarios eligen la mediación como alternativa cuando los beneficios evaluados que se asocian al uso del método exceden los referentes al seguir combatiendo. Esa evaluación de pérdida, a menudo, va junto con cierto miedo expresado en los protagonistas que también es requisito para aceptar la mediación. Al respecto, se presenta la situación de estancamiento como punto culminante del conflicto violento que crea en los adversarios cierto miedo de que no vayan a salir victoriosos del conflicto por consecuencias adversas; lo cual les lleva a buscar alternativas para poner término al conflicto (Zartman, 2008). Asimismo, se pueden señalar cuestiones económicas que, también, circunscriben el hecho de que las partes sigan combatiendo para considerar una resolución pacífica. Esa idea, la sustentan Giessmann & Wils (2011) para quienes el factor determinante en el inicio de la mediación por las partes en conflicto es la aparición de un déficit de financiamiento de los costes económicos de dichos conflictos.

Esos factores que efectivizan el proceso de mediación ponen de manifiesto un hecho relativamente importante: si no se concretan en alguno de los protagonistas, estaría difícil hablar de efectividad de la mediación desde ese ángulo. En efecto, en el caso de los conflictos asociados a necesidades humanas que conforman como actores cualquier Estado opuesto a grupos armados apoyados, en ocasiones, por personas civiles manifestando violenta y colectivamente sus frustraciones así como otro tipo de conflictos violentos en los que la inclusión de personas civiles se justifica por cierta búsqueda del bienestar, hay asimetría entre las partes de modo que siempre no pueden tener, paralelamente, las mismas motivaciones a la hora de privilegiar una vía pacífica. Por ello, en algunos casos, las cuestiones referidas a la intervención del mediador político se consideran relevantes para efecto de solventar ese desfase y efectivizar el proceso de mediación.

Uno de los elementos fundamentales, en ese sentido, son las oportunidades que tienen los mediadores al intervenir en los conflictos. En efecto, los mediadores políticos en contraposición con otro tipo de mediadores no siempre son pasivos en cuanto a la formulación de las decisiones finales porque, justamente, los acuerdos firmados integran las metas que, con su intervención, se quieren alcanzar, en algunos casos. Con lo cual, hay mediadores que, siendo representantes de países con media o gran influencia u organizaciones internacionales, solo intervienen para promover sus propios intereses en la resolución de conflictos como para decir que el mediador se implica cuando se percata de que el conflicto limita sus intereses y por ello hace falta resolverlo (Zartman & Touvar, 1985).

De igual modo, la mediación de conflictos violentos, aunque peligrosa, no es fruto del azar para los mediadores porque intervienen en virtud de las relaciones que existían entre una o ambas partes y ellos antes de que surgieran los conflictos o por sus consecuencias directas (Baumann & Claton, 2017). Por ello, le incumbe al mediador diagnosticar la situación del conflicto, aplicar diversas técnicas de comunicación, formas de presiones sobre las partes y hasta recompensarles para la cooperación (Bercovitch & Derouan, 2004). El contexto de mediación, también, se considera factor de efectividad de la mediación. En efecto, el mediador debe ser aceptado por los grupos (Slim, 2007) por lo que deberá presentar cierto perfil que corresponda a las aspiraciones de dichos protagonistas.

Respecto a los elementos que favorecen el éxito de la mediación política, se sostiene que existen cuatro factores que, con su atención, más efectos tienen en los resultados de la mediación como son 1) problemas relacionados con el surgimiento del conflicto; 2) nivel o intensidad del conflicto; 3) rango del mediador; 4) tiempo de la mediación (Henderson, 1996). El éxito de la mediación política en casos de conflictos asociados a necesidades humanas, más allá de incluir las categorías anteriormente referidas, tiene que apreciarse también desde otros elementos: las necesidades humanas. Si el carácter arraigado de los conflictos asociados a necesidades humanas ofrece más probabilidades de un enfrentamiento duradero, el reconocimiento y la satisfacción de las necesidades humanas de los protagonistas aparece como vía para sentar bases de una negociación exitosa para construir la paz. Esa satisfacción de necesidades debe ser la responsabilidad del Estado porque aunque el sujeto necesitado sea el individuo, esto no significa que los medios para satisfacer sus necesidades se hallen sólo en él (Galtung, 1990).

4. Mediación política y resolución de conflictos asociados a las necesidades humanas

Al intervenir en los conflictos, los mediadores políticos suelen tener una meta bien definida: llegar a acuerdos entre las partes por lo que resolver conflictos suele entenderse como la capacidad que tiene la mediación de generar acuerdos, reducir los riesgos de conflictos futuros o su intensidad (Greig, 2005). Esa postura contrasta con la propuesta de Marret (2001) para quien la resolución de conflictos tiene que ver con un cambio estructural consistente en atender sus causas profundas. Las respuestas idóneas a las causas de los conflictos, de hecho, se presentan como medio de resolución conducente a la paz. Ya que los acuerdos que más probabilidades tienen para llegar a una paz duradera son los que consideran diversos factores tales como cuestiones políticas, sociales, culturales, económicas (Zakane, 2017). Si la resolución de conflictos se concreta con acuerdos que sientan las bases de la terminación de la violencia a partir de las causas profundas atendidas, puede decirse que ahí donde no se manifiesten dichas condiciones, será difícil hablar de resolución de conflictos sino de un camino hacia la paz como se concreta con el análisis del conflicto armado interno guatemalteco que, desde nuestra perspectiva, tiene, en parte, aspectos de su surgimiento referentes a necesidades no satisfechas, aproximándose, así, a conflictos asociados a necesidades humanas como se puede notar con su análisis.

Antecedentes: Los orígenes del conflicto armado guatemalteco se remontan al periodo de la era de Jacobo Arbenz, entonces presidente del país en 1950. Luego de 4 años, o sea, en 1954, termina el reino de Arbenz caracterizado por su exilio y, el mismo año, se instala otro régimen militar encabezado por el Coronel Carlos Castillo Armas que, finalmente, fue asesinado en 1958. Paralelamente, Ydígora Fuentes, otra figura importante de las Fuerzas Armadas de aquel entonces, sustituye a Casillo Armas. El poder de Ydigora Fuentes, fuertemente, caracterizado por reglas dictatoriales en las que se menospreciaban las necesidades de las poblaciones lleva a gran parte de ellas a rebelarse mediante el uso de armas en 1960, concretándose así el inicio de un conflicto armado interno entre Gobierno y ciudadanos, en parte, frustrados.

El conflicto de Guatemala junto con el conflicto de Colombia conforman espacios de enfrentamientos armados que más tiempo duraron en la historia. Con su corolario de cerca de 180,000 muertos, 40,000 desplazados y 400 pueblos destruidos, el conflicto guatemalteco tiene su origen en diversos factores tales como expropiación de tierra de indígenas, inexistencia de leyes, falta de equidad social, entre otros (Da Rocha, 2016). Ese enfrentamiento armado que duró 36 años entre el gobierno de Guatemala y los rebeldes representados por la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (UNRG) formada por un grupo de guerrilla y el Partido Comunista de Trabajadores Guatemaltecos en respuesta a las injusticias enfrentadas, en parte, por las poblaciones y sobre todo los indígenas.

Con el surgimiento de la UNRG como grupo armado, los rebeldes se organizan para reivindicar de manera violenta un trato igualitario e humano caracterizado no solo por el respeto de sus derechos que incluyen la apropiación de sus tierras sino también la afirmación de su identidad como ciudadano guatemalteco. Los componentes de la identidad, una de las necesidades no materiales presentes en la mayoría de los conflictos armados internos junto con la justicia social inexistente, la expropiación de tierra, la falta de seguridad humana, la pobreza, el racismo entre otros son factores que llevaron a gran parte de los ciudadanos a organizarse para reclamar al gobierno un trato digno, basado en el respecto de sus derechos y sus pertenencias. Ese conflicto transitó por diversos procesos de negociación entre las partes para terminar en la firma de acuerdos de paz.

Negociaciones: El proceso de negociación del conflicto armado guatemalteco entre Gobierno e Insurgencia surgió a raíz de cambios notables tanto en la esfera internacional como regional que facilitaron el paso de regímenes autoritarios a transiciones a la democracia. En efecto, al igual que en muchos países que decidieron poner en marcha esos cambios caracterizados por el derribamiento de líderes autoritarios, el Presidente Romero Lucas García pierde el poder por medio de un golpe de Estado en 1983. Luego de ello, se organizan elecciones en 1985 y la gran sorpresa en aquel momento fue el acceso al poder de Vinicio Cerezo, un civil, en 1986, acabándose así una serie de reino de líderes del Ejército guatemalteco.

Se produce, de hecho, un cambio notable: la concreción de la democracia con la elección de un civil como presidente del país. Ello abrió, posteriormente, camino a negociaciones entre las partes no solo porque el poder ya no es atributo propio de miembros de las Fuerzas Armadas sino por otro factor: al encontrarse en una situación de punto muerto, Gobierno e Insurgencia se dieron cuenta de la imposibilidad de salir del enfrentamiento con una victoria militar (Aguilera Peralta, 2001). Mientras que el Estado en transición a la democracia busca salir del conflicto mediante una solución pacífica, los insurgentes aceptan la negociación por sus beneficios: obtener algunas reformas estructurales para salir del conflicto.

Desde su elección como Presidente de Guatemala, Cerezo inicia el proceso de acercamiento entre las partes del conflicto para efecto de efectivizar una negociación entre ellas. De su labor, surgen los primeros acercamientos con la guerrilla en España y en la sede de la embajada de Guatemala con el objetivo de evaluar la predisposición de los Insurgentes al proceso de negociación (Fisas, 2010). En paralelo a las acciones de Cerezo, se puso en marcha una presión regional al formarse el grupo de Contadora que incluye a países como México, Colombia, Venezuela y Panamá que estimularía cambios democráticos en la región centroamericana para concretar la paz.

Las iniciativas de Contadora condujeron a la firma de Acuerdos de Esquipulas I y II de los que surge la creación de la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR) encabezada por el obispo Monseñor Rodolfo Quezada Toruño dedicados a impulsar acciones a favor de la paz. Luego, empiezan a alzarse voces por doquier de grupos sociales, religiosos y una de esas voces también fue relevante para dar inicio al proceso de negociación entre Gobierno e Insurgencia: se trata de la figura del pastor estadounidense Paul Wee cuya aportación permitió crear espacios para que se convocara en 1989 a las partes a un gran diálogo nacional (Fisas, 2010). Y mediante las “Consultas de Oslo”, encuentro entre la UNRG y la CNR celebrado en la ciudad de Oslo, se afianzaron inicios de otras reuniones entre dichos actores en distintos países.

Más allá de esas reuniones entre actores anteriormente mencionados, se pusieron en marcha otros encuentros con otros actores: España con partidos políticos guatemaltecos, Canadá con el sector empresarial, Ecuador con grupos religiosos, México con sectores populares, sindicales, organizaciones docentes, pequeños empresarios y colegios universitarios, destinados a crear bases que marcarían inicios de la negociación directa entre Gobierno e Insurgencia (Fisas, 2010), concretándose el valor de la ciudadanía en el proceso de paz. Al dejar de funcionar en 1993 la CNR, se afianza más el protagonismo asumido por la sociedad civil y grupos religiosos de modo que los encuentros organizados por el pastor Wee, los encuentros entre sociedad civil y actores externos al conflicto como los países amigos conformados por Colombia, México, Noruega, España, Estados Unidos, Venezuela y la mediación de Naciones Unidas dieron inicio a negociaciones formales entre las partes con su apoyo. De esas negociaciones, surgieron los acuerdos firmados.

El proceso de negociación de paz en Guatemala tiene un carácter integrador ya que no se limita solo a las partes involucradas en el conflicto. Inicia con iniciativas de Contadora como grupo de presión para imponer paz y democracia en la región americana que constituye espacios de sus integrantes, se afianza con acciones de Cerezo, la sociedad civil, religiosos, grupo de países amigos y Naciones Unidas. De esos actores, destacan dos tipos principales: actores internos y actores externos. Los actores internos, lo constituyen Cerezo y los religiosos, Pastor Paul Wee y Monseñor Rodolfo Quezada Toruño que, como figuras religiosas inspiraban confianza en las partes por su implicación en el proceso de paz y, por otra parte, actores externos como Contadora, Grupo de países amigos y Naciones Unidas que tuvieron un papel más directivo en el proceso. Con su implicación, esos dos tipos de actores o mediadores plasmaron un ejemplo de participación ciudadana en el proceso de paz, lo que permite definir mejores acuerdos de paz.

Acuerdos y su cumplimiento: De las negociaciones entre el Gobierno de Guatemala y la UNRG, surgieron una serie de acuerdos de paz firmados entre 1991 y 1996 que señalarían con el acuerdo de paz firme y duradera el fin de 36 años de enfrentamiento armado en el seno del país. Esos acuerdos de paz que buscaban desmantelar las causas del conflicto guatemalteco (Figueroa Ibarra, 2017) constaron de 300 compromisos y se categorizan como siguen 1) Acuerdo Marco sobre Democratización para la Búsqueda de la Paz por Medios Políticos; 2) Acuerdo Global sobre Derechos Humanos; 3) Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado; 4) Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca; 5) Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas; 6) Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria; 7) Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática; 8) Acuerdo sobre el Definitivo Cese al Fuego; 9) Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral; 10) Acuerdo sobre bases para la Incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la Legalidad; 11) Acuerdo sobre el Cronograma para la Implementación, Cumplimiento y Verificación de los Acuerdos de Paz y 12) Acuerdo de Paz Firme y Duradera, Secretaria de la Paz (SEPAZ, s.f.)

Teniendo como fecha límite para su conclusión el año 2000, los acuerdos de paz se beneficiaron del apoyo de la Misión de Naciones Unidas en Guatemala (MINIGUA) para su verificación, pero, hasta hoy, su cumplimiento total sigue siendo problemático. Diversos factores pueden explicar el incumplimiento total de los acuerdos tal vez por ser más ambiciosos o porque fueron rechazados por una minoría de la población (18.6%) en un referéndum en el año 1999 (Galicia, 2015). Lo cierto es que el cumplimiento de los acuerdos supone una base económica como medio para alcanzarlos en su totalidad ya que en sí esos acuerdos tienden a convertirse más en acuerdos de desarrollo en virtud de que los acuerdos parecieron negociar el futuro desarrollo social y político del país (Torres Rivas, 2006), afianzándose, de hecho, el sentido galtuano de la paz en su perspectiva positiva.

Si bien los acuerdos de paz implicaban la creación de instituciones nuevas, reformas a la legislación, un papel activo de la sociedad civil, la implementación de políticas de Estado y políticas públicas en Guatemala, el panorama del país pone en tela de juicio la efectividad de su cumplimiento puesto que, si bien es notable la terminación del enfrentamiento violento por medio de las negociaciones entre las partes, algunos factores siguen dando pie a una resolución “no efectiva” del conflicto guatemalteco. En efecto, si en Guatemala, la violencia no se ha podido eliminar del discurso político y que el país sigue siendo caracterizado por graves violaciones de derechos humanos (Da Rocha, 2016), puede decirse que estamos lejos del cumplimiento efectivo de los acuerdos de paz. Puesto que el país sigue registrando una tasa de impunidad criminal muy importante estimada en un 97%, lo cual se refleja con 220 ataques contra los que se propusieron defender los derechos humanos; y lo peor es que con esos datos notables, el Ministerio Público solo está presente en 10% de las municipalidades (Drouin, 2017).

Si los compromisos manifestaban la consulta a indígenas para llevar a cabo cualquier proyecto estatal relacionado directamente con ellos y que podía limitar, en ciertas medidas su bienestar, la realidad es otra porque esas reglas no siempre se respetaban (Drouin, 2017). Las comunidades indígenas son pocas veces consultadas y además los que se atreven a defender sus recursos y tierras, se ven encarcelados y desprovistos de su libertad (Pagado, 2016). Y ello, a sabiendas de que las tierras y sus recursos representan medios para apropiarse de su bienestar para comunidades mayoritariamente viviendo en zonas rurales. Las opiniones de poblaciones rurales menospreciadas por el Estado y el sector privado dificultan el, modelo de desarrollo industrial que se quiera imponer, lo cual limita por su parte el cumplimiento de acuerdos en materia agraria.

Esa situación agraria dominada por la concentración de tierras arables en manos de una minoría incluyendo Estado y sector privado tiene repercusiones negativas en el bienestar colectivo de múltiples guatemaltecos. Al respecto, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD citado por Drouin (2017), refiere que los ingresos de 82, 7 por ciento de guatemaltecos no les permiten satisfacer necesidades de salud, educación, vivienda y alimentación. Esos datos dan cuenta de la existencia de la pobreza e incluso la extrema pobreza en el territorio guatemalteco. Del no respeto a los derechos humanos a la violencia, la pobreza y les desigualdades notables existiendo en la Guatemala de hoy, puede admitirse que los acuerdos sobre la situación socioeconómica del país, en parte, dedicados a impulsar el desarrollo social distan mucho de la realidad. Y los conflictos, en ese sentido, tienen más probabilidades de surgir de nuevo.

No es de extrañar que la mayoría de los conflictos sociales internos que devienen violentos tengan que ver tanto con el hambre como con la situación agraria en países en desarrollo. Y la respuesta idónea para reducir los riesgos de surgimiento de ese tipo de conflictos tiene que ver con la satisfacción propia de las necesidades no realizadas que originaron conflictos. Con lo cual, los acuerdos deben privilegiar a corto y largo plazo esas necesidades para no abrir camino a otros conflictos de igual naturaleza. Pero, en Guatemala, esa realidad parece menospreciarse ya que el hambre aumenta, afectando a más de 2, 5 millones de personas mientras que las inscripciones escolares de jóvenes disminuyen (Drouin, 2017).

El hambre y la reducción de la inscripción escolar de jóvenes son realidades que, sin duda, se relacionan con los ingresos de los pueblos debilitados por el peso las desigualdades sociales. En efecto, dedicados también a luchar contra la concentración de tierras cultivables en manos de una minoría, los acuerdos de paz no contemplaron la reforma agraria sino crearon condiciones que propiciaran cambios como la democratización del crédito en el área rural (Barreto, 2011). Es cierto que los beneficios de una reforma agraria son nada comparables con los referentes a una democratización del crédito en virtud de que el mismo país presenta dificultades económicas como para satisfacer esas necesidades y porque la reforma agraria, mas allá de convertirse en medio de apropiación de subsistencia para los pueblos indígenas, tiene la ventaja de crear en ellos un sentido de pertenencia y de identidad social asumidas que faltan a muchos ciudadanos de sociedades excluyentes.

Lo anterior se vislumbra, en ocasiones, como motivación que tienen las poblaciones a rechazar recursos a poner en tela de juicio la legitimidad del Estado a través de actos de violencias. Esa motivación tiene relevancia en el cumplimiento de los acuerdos de paz por lo que se plasma como factor determinante para que un acuerdo perdure (Aguilera Peralta, 2001). Eso significa que el acuerdo que más probabilidades tiene para perdurar es el que se relaciona con el grado de motivación que tienen las partes en conflicto para evitar el retorno a la violencia y crear espacios de paz. En un conflicto armado interno asociado a necesidades humanas, si bien la responsabilidad de la motivación es compartida entre Estado e Insurgencia, la acción de mayor importancia la tiene que realizar el Estado como ente encargo de resolver los problemas sociales como los conflictos nocivos que surgen en su seno.

Si bien, en sus aspectos positivos, los acuerdos firmados llevaron a la adopción de una ley contra la discriminación y la creación de la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) en apoyo a las acciones de indígenas, de acuerdo a estudios recientes solo se cumplieron un 37% de los acuerdos firmados y el que menos se respetó es el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria (Drouin, 2017) que permitiría a gran partes de guatemaltecos satisfacer sus necesidades básicas. Los acuerdos firmados entre las partes si bien son ambiciosos por la amplitud de la agenda de negociación entre los diferentes actores, su cumplimiento total que se aleja de estándares de la realidad plantea una duda en los proceso de paz: la irrelevancia de acuerdos amplios y ambiciosos en contextos donde son difíciles los cambios estructurales para su cumplimiento.

5. Conclusión

La resolución de conflictos asociados a necesidades humanas, si bien incluye la mediación política como medio de terminación de violencia por medio de los acuerdos firmados entre las partes, es una cuestión compleja que se basa, principalmente, en el desmantelamiento de las causas de conflictos dominadas por las necesidades básicas insatisfechas. Los acuerdos de paz firmados para resolver el conflicto guatemalteco, de acuerdo a los datos, necesitan más cambios estructurales para efectivizar la resolución del conflicto ya que la situación socioeconómica y agraria que, con reformas, permitiría a un sinnúmero de guatemaltecos apropiarse de su bienestar, es uno de los acuerdos que menos se cumplieron dejando por doquier a poblaciones pobres, frustradas, creándose un contexto de resolución parcial del conflicto guatemalteco aunque fuera del enfrentamiento armado. Dado que los efectos no suelen alejarse de sus causas independientemente del transcurso del tiempo, es relevante, para el Estado Guatemalteco, pensar y poner en marcha políticas públicas para reducir los riesgos de esos conflictos internos asociados necesidades básicas que ponen en tela de juicio no solo el devenir del Estado sino también el de los ciudadanos.

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Notas de autor

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