Introducción

El desarrollo sostenible, como alternativa a los procesos de crecimiento intensivos en el factor capital, trata de centrar los esfuerzos en satisfacer las necesidades de la sociedad, mejorando su calidad de vida, al tiempo que propone la preservación de la naturaleza. De esta forma, se plantea una visión interrelacionada de la dimensiones económica, social, institucional y ambiental (Brundtland, 1987; Sachs, 2015). El desarrollo sostenible implica, por tanto, encontrar formas de crecimiento económico que sean socialmente inclusivas y respetuosas con el medio ambiente. Busca conciliar el progreso económico con la equidad social y la protección y conservación de los recursos naturales y los ecosistemas (Umaña, 2000).

En este afán por integrar armónicamente todas las dimensiones, el reto desde la dimensión económica es el de generar nuevos modelos de negocios, procesos de asociatividad, incorporar innovación, emprendimientos y tecnología que generen circularidad, minimicen el impacto en el medio ambiente y sean responsable con la sociedad. Todos estos cambios, deben estimular la gestión sostenible de los recursos naturales, incluyendo el uso responsable de la tierra, el agua, la energía y los recursos biológicos. Con ello se pretende evitar el uso indiscriminado de los servicios ecosistémicos, a partir de los cuales se logra el aprovisionamiento, la regulación y hasta los medios de recreación.

Desde el punto de vista social, la equidad en la distribución de los beneficios y oportunidades del desarrollo deben asegurar que todas las personas tengan acceso a condiciones de vida dignas, servicios básicos, educación, salud y participación en la toma de decisiones (Sepúlveda, 2008). En la dimensión institucional, es clave la participación de la sociedad civil, las comunidades locales y los diferentes actores en la generación de oportunidades en el territorio. Se requiere de una gobernanza efectiva, transparente y responsable, promoviendo la rendición de cuentas y la colaboración entre los sectores público, privado y la sociedad civil (Montañez et al., 2011). Además, estos procesos demandan un marco normativo y regulatorio que estimule las mejores prácticas en términos de preservación de la naturaleza, considerándola como un patrimonio o activo no sustituible, constituyéndose así en el punto de partida para la concepción de la visión fuerte del desarrollo sostenible (Winchester, 2006).

Con respecto a la dimensión económica, tal como se indicó, se debe promover una economía que sea resiliente, diversificada y orientada hacia la sostenibilidad, tratando de buscar la eficiencia en el uso de los recursos, la promoción de industrias sostenibles, la innovación tecnológica y la creación de empleo sostenible, bajo las premisas de la economía ambiental o la economía ecológica (Vergara & Ortiz, 2016).

En este contexto, la competitividad no puede ser concebida como la maximización de la producción, sin considerar elementos claves de la innovación y circularidad, además de la responsabilidad social corporativa. Orientando no solo los esfuerzos a desarrollar la capacidad de las empresas, industrias o países para competir en los mercados globales y lograr una ventaja en términos de eficiencia, calidad, innovación y precios competitivos, sino a la promoción de prácticas sostenibles (Balkyte & Tvaronavičiene, 2010).

En términos agregados o de país, la competitividad guarda relación con esa capacidad de una nación para generar y mantener un entorno favorable que promueva el crecimiento económico sostenible, la productividad, la innovación, la inversión y la calidad de vida de sus ciudadanos. La competitividad de un país depende de una serie de factores que interactúan entre sí, entre los que destacan el entorno empresarial, la infraestructura, la educación, la innovación y la capacidad tecnológica, el acceso a mercados y la estabilidad macroeconómica.

Un entorno empresarial favorable es esencial, pues considera la facilidad para hacer negocios, la eficiencia de los procesos burocráticos, la protección de los derechos de propiedad, la calidad de la regulación, la estabilidad política y la ausencia de corrupción (Montañez et al., 2011). Adicionalmente, la competitividad requiere de la consolidación de áreas como transporte, energía, comunicaciones e instalaciones logísticas, pues facilita el comercio, la movilidad, la conectividad y el acceso a los mercados internacionales.

La disponibilidad de una fuerza laboral educada, capacitada y altamente cualificada promueve la productividad, la innovación y la capacidad de adaptación de los trabajadores a los cambios tecnológicos y económicos (Krstić, 2021). Mientras que la innovación permite generar y adoptar nuevas tecnologías y procesos que surgen como resultado de la investigación y el desarrollo, la colaboración entre empresas y universidades, la protección de la propiedad intelectual y la promoción de la transferencia de tecnología. Este proceso de innovación debe estar orientado a la preservación del medioambiente, promoviendo prácticas sostenibles.

El acceso a los mercados internacionales y la participación en cadenas de valor global se fortalecen mediante la eliminación de barreras comerciales, la promoción de tratados comerciales favorables, la diversificación de los mercados de exportación y la atracción de inversión extranjera directa. Por último, la estabilidad macroeconómica, que incluye la inflación controlada, la estabilidad cambiaria, una deuda sostenible y políticas fiscales equilibradas, generan un entorno estable que favorece la inversión, la confianza empresarial y el crecimiento económico sostenible (Winchester, 2006).

De esta forma, los factores que condicionan a la competitividad y constituyen su ecosistema, también se relacionan con el desarrollo sostenible (Gligor & Jurcu, 2014). En primer lugar, la competencia fomenta la innovación y la adopción de tecnologías más eficientes y limpias (Vergara & Ortiz, 2016). Para mantenerse competitivas, las empresas buscan constantemente formas de mejorar sus procesos y productos, lo que puede llevar a avances en prácticas sostenibles. La innovación y la tecnología desempeñan un papel crucial en el desarrollo sostenible. La relación entre ambas es estrecha y se refuerzan mutuamente en la búsqueda de soluciones sostenibles (Campo et al., 2018).

De manera que la innovación y la tecnología pueden ayudar a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos naturales (Teletov et al., 2017); además, son fundamentales para la transición hacia fuentes de energía más limpias y renovables, contribuyendo a mitigar el cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin dejar de lado que la innovación y la tecnología son fundamentales para promover la economía circular, que busca maximizar la utilización de los recursos y minimizar los residuos (Crespo & Sabadie, 2020). A través de la innovación en el diseño de productos, el reciclaje avanzado, la reutilización y la remanufactura, se pueden cerrar los ciclos de materiales y reducir la extracción de recursos naturales (Almeida-Guzmán & Díaz-Guevara, 2020).

En segundo lugar, la competencia puede impulsar a las empresas a utilizar los recursos de manera más eficiente. Aquellas que encuentran formas de minimizar el uso de energía, agua y materias primas pueden reducir sus costos y mejorar su competitividad. Esto, a su vez, puede tener un impacto positivo en la sostenibilidad al reducir la presión sobre los recursos naturales. Esta eficiencia de recursos implica utilizar los recursos de manera más efectiva, evitando su desperdicio y agotamiento innecesario, así se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y la generación de residuos. Asimismo, la aplicación de prácticas de gestión de residuos eficientes puede disminuir la cantidad de desechos generados y promover su reciclaje o reutilización (Almeida-Guzmán & Díaz-Guevara, 2020).

En tercer lugar, los avances en la competitividad pueden llevar a un mayor cumplimiento de las regulaciones ambientales, asociadas con las emisiones, desechos y prácticas sostenibles en general. De esta forma, la institucionalidad y el marco normativo desempeñan un papel fundamental en el desarrollo sostenible (Gupta, 2002), pues son esenciales para promover prácticas sostenibles y establecer mecanismos de incentivos económicos como subsidios, exenciones fiscales o sistemas de comercio de emisiones, por lo cual, una débil competitividad e institucionalidad conduce a un crecimiento no sostenible (Arroyo, 2020).

Además, la institucionalidad puede fomentar la participación ciudadana y la gobernanza inclusiva en la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo sostenible, mediante la creación de espacios y mecanismos para que los ciudadanos, las comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil participen en la elaboración de políticas y en la supervisión de su implementación (Montañez et al., 2011).

En cuarto lugar, en cuando al acceso al mercado, las empresas que demuestran su compromiso con la sostenibilidad pueden acceder a nuevos mercados y atraer a consumidores preocupados por el medio ambiente, lo que genera incentivos para la adopción de prácticas más sostenibles para mantener su competitividad (Zeibote et al., 2019).

No solo el acceso a mercados influye, sino el tamaño de las empresas, las más grandes tienen la capacidad de implementar prácticas sostenibles a gran escala y generar impactos significativos en la sociedad y el medio ambiente. Estas empresas pueden invertir en tecnologías más limpias, adoptar estándares de sostenibilidad y promover la responsabilidad social corporativa. Tanto el acceso a mercados como el tamaño de las empresas están estrechamente relacionados con la innovación y el emprendimiento, la generación de empleo y el desarrollo social, la responsabilidad y la rendición de cuentas de las organizaciones frente a la sostenibilidad (Zeibote et al., 2019).

En quinto lugar, el desarrollo financiero es fundamental para la movilización de recursos necesarios para financiar proyectos y actividades relacionadas con el desarrollo sostenible (Pérez, 2021). El acceso a financiamiento adecuado y asequible es crucial para impulsar inversiones en energías renovables (Acero, 1999), eficiencia energética, agricultura sostenible, infraestructura sostenible y otros sectores que contribuyan al desarrollo sostenible (Ahmadullina et al., 2018).

El desarrollo financiero también puede fomentar la innovación en productos y servicios financieros como el surgimiento de las finanzas verdes y sostenibles, que han dado lugar a productos financieros como bonos verdes, préstamos verdes y seguros climáticos, que canalizan el capital hacia proyectos y actividades sostenibles (Ahmadullina et al., 2018). La innovación financiera también puede incluir el desarrollo de modelos de financiamiento innovadores, como la financiación basada en resultados o los mecanismos de financiamiento colectivo (crowdfunding), que permiten a los proyectos sostenibles acceder a fondos de manera más eficiente (Gligor & Jurcu, 2014).

Adicionalmente, la infraestructura de competitividad bien desarrollada y mantenida mejora la conectividad y facilita el comercio, la inversión y el flujo de personas y bienes, promoviendo el desarrollo económico, la creación de empleo y el aumento de la productividad, que contribuyen con el desarrollo sostenible (Winchester, 2006). En cuanto al entorno macroeconómico, un crecimiento económico equitativo e inclusivo puede contribuir a la reducción de la pobreza y la mejora del bienestar social, aspectos esenciales del desarrollo sostenible (Winchester, 2006). De manera tal que las políticas fiscales y monetarias pueden desempeñar un papel importante en la promoción del desarrollo sostenible.

Sin lugar a duda, la educación desempeña un papel fundamental en la creación de conciencia y conocimiento sobre los desafíos y oportunidades del desarrollo sostenible (Krstić, 2021); las personas adquieren conocimientos sobre los problemas ambientales, sociales y económicos que enfrenta el mundo, así como sobre las soluciones y prácticas sostenibles existentes. Esto promueve la conciencia ambiental y social, y fomenta la participación en la búsqueda de soluciones sostenibles. Por último, el mercado laboral juega un papel crucial en la creación de empleo sostenible, que es aquel que promueve la equidad, la inclusión y el respeto por el medio ambiente. Esto implica la generación de empleos que contribuyan al desarrollo económico y social, al tiempo que minimizan los impactos negativos en los recursos naturales y el ecosistema (Sánchez & Moreno, 2011).

Esta relación directa entre la sostenibilidad y la competitividad a través de mejoras en términos de innovación y de los factores adicionales mencionados a lo largo de esta sección, es abordada en diferentes estudios como los de Pascual (2001), Muñoz & López (2014), Frohmann et al. (2015), Arroyo (2020) y Calleja y Alquézar (2020),

De esta forma, la competitividad a través de sus diferentes factores puede propiciar un cambio en patrones, procesos, hábitos, estructuras y hasta normativas que propendan al fortalecimiento de los logros ambientales, económicos y sociales del desarrollo sostenible. Ante esta causalidad teórica, el estudio busca comprobar si para países latinoamericanos estos factores que fortalecen la competitividad logran afectar el desarrollo sostenible, por un lado, desde una concepción antropocéntrica, que incluye no solo la dimensión social y económica, sino la ambiental y, por otro, considerando únicamente las variables ambientales como las emisiones de CO2.

Metodología

Para comprobar la causalidad se emplearon desde el punto de vista de la competitividad, como variables explicativas, los pilares estimados por el Foro Económico Mundial (WEF, 2019). El índice del Foro Económico Mundial (World Economic Forum, WEF) “toma de base la teoría de Michael Porter; el cual hace explícita la diferencia en el nivel de análisis, de un nivel macro y micro cuando se toma a un país como unidad de análisis” (Solano et al., 2017, p. 126).

A partir del año 2018, se estudian cuatro dimensiones: el entorno o ambiente propicio, el capital humano, los mercados y el ecosistema de innovación, que están constituidos por pilares o indicadores (WEF, 2019). Anteriormente el índice se agrupaba en tres dimensiones que eran los requerimientos básicos, la eficiencia y la sofisticación de los negocios, dimensiones que serán las empleadas en este estudio.

En el caso del entorno o ambiente propicio se incluyen a las instituciones, la infraestructura y el entorno macroeconómico. En cuanto al capital humano, se considera a la educación tanto a nivel básica como superior o universitaria. Mientras que en los mercados se estudia al mercado laboral, el mercado de bienes y el tamaño del mercado. Por último, en el ecosistema de innovación se incorpora la tecnología, el desarrollo del sistema financiero, la dinámica de los negocios y la innovación propiamente dicha.

El índice global de competitividad hasta 2017 fue elaborado en una escala del 1 al 7, siendo un país más competitivo aquel que se ubica en los mayores valores. A partir del año 2018 se modifica la escala a un rango de 0 a 100. Se realizaron los ajustes para considerar los datos en la escala inicial. Estos pilares se constituyen en las variables explicativas de la sostenibilidad, mediada a través del índice de desarrollo sostenible -sdi- (Hickel, 2020) y de las variables ambientales como emisiones de CO2.

En el caso del sdi, es un índice propuesto desde la concepción antropocéntrica del desarrollo sostenible que relaciona a las variables del índice de desarrollo humano (ingreso, educación y salud), que se constituyen en el numerador del cálculo, con las variables ambientales de emisiones de CO2 y huella de materiales, que se ubican en el denominador.

De esta forma, si el crecimiento económico eleva los indicadores sociales y el ingreso, la única forma de mejorar en términos de sostenibilidad es que no sea a costa de mayores emisiones o contaminación, lo que reduciría el índice. El índice se encuentra en un rango entre 0 y 1, donde cero representa los niveles más bajos en términos de desarrollo sostenible, que puede ser el resultado de un bajo nivel de desarrollo humano, pero también de emisiones de CO2 y huella de materiales muy elevadas. Mientras que un país que reporte valores cercanos a 1 implica que ha alcanzado mejores resultados globales de sostenibilidad, interrelacionando adecuadamente todas las dimensiones.

Dado que se analizan trece países de América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay) entre 2006 y 2019, se combina la información de corte transversal (países) y de serie de tiempo, dando lugar a estimaciones de datos de panel. Los datos de panel recogen la heterogeneidad de las observaciones, ya sea producto de variaciones entre individuos (países) o del tiempo. Esta heterogeneidad da lugar a dos tipos de estimaciones, de efectos fijos o de efectos aleatorios, que son el resultado de corregir los problemas de sesgos que genera la presencia de la heterogeneidad no observada en la estimación.

De manera que la estimación de efectos fijos propone que existe una correlación entre las variables explicativas y la heterogeneidad no observada, que es corregida mediante las diferentes de cada variable con respecto a su media, incluida la heterogeneidad, con lo cual se elimina el sesgo. Mientras que los efectos aleatorios ponderan la media por un factor, partiendo de la idea de que la correlación planteada por los efectos fijos es cero. La selección de la estimación más eficiente o consistente, según el caso, se realiza a través de la prueba de Hausman, cuya hipótesis nula es que se prefieren los efectos aleatorios. En caso de rechazar dicha hipótesis, escogiendo los efectos fijos, es necesario realizar las pruebas de autocorrelación (Drukker, 2003; Wooldridge, 2002), y de heterocedasticidad (Greene, 2000).

Si se valida la existencia de alguno o de ambos problemas debe realizarse la estimación por mínimos cuadrados generalizados para efectos fijos, eliminando así la correlación serial o la no varianza constante. Las estimaciones planteadas en el estudio, tanto para efectos fijos como para aleatorios, se basan en dos variables dependientes, el sdi (1) y las emisiones de CO2 (2), en función de los pilares de la competitividad.

(1)

(2)

Donde los pilares vienen dados por las variables , que son: instituciones, infraestructura, entorno macroeconómico, educación tanto a nivel básica como superior o universitaria, mercado laboral, tamaño del mercado, tecnología, desarrollo del sistema financiero, dinámica de los negocios e innovación. En el caso del sdi se consideró la incorporación de las variables explicativas por bloques, de manera de evaluar si el nivel de significancia y el signo de la relación se mantiene a medida que se incorporan el resto de las variables de cada dimensión.

De esta forma, la ecuación (1) pretende establecer la relación entre el índice de sostenibilidad y los pilares mencionados esperando que, a medida que se mejoren los resultados de cada uno, se logre un desempeño óptimo en términos de sostenibilidad. En la ecuación (2) se estima la influencia de dichos pilares en las emisiones de CO2, si se logran mejoras en innovación que conduzcan a procesos circulares, es de esperar que los niveles de contaminación se reduzcan y en especial las emisiones de CO2.

Resultados

Partiendo de los resultados alcanzados en el índice de desarrollo sostenible de la región para el período de estudio, en la figura 1 se observa el comportamiento de los países que mejoraron y empeoraron su desempeño, destacando la experiencia de Costa Rica, que no solo se ubica en la primera posición de América Latina, sino a nivel mundial, impulsado no solo por mejores indicadores sociales y económicos, sino por reducciones significativas de las emisiones de CO2 y de huella de materiales. También han mejorado en términos de sostenibilidad Perú, Bolivia, Colombia y Paraguay.

Con respecto a Uruguay, Chile y Argentina, los resultados sociales y económicos no han compensado el costo en términos de mayores emisiones de CO2 y de huella de carbono, por lo cual a nivel agregado se ha evidenciado un deterioro paulatino de la sostenibilidad. El resto de los países analizados han mantenido un comportamiento similar a lo largo de todo el período de estudio. Con el propósito de comprender el comportamiento de las variables en términos de los países y del tiempo, se realizó un análisis estadístico para el panel, en el cual se considera la media global de cada variable y sus desviaciones, que representan el comportamiento de la heterogeneidad, tal como se muestra en la tabla 1.

Para el caso de las variables relacionadas a la competitividad, índice global (WEF, 2019) y cada uno de los pilares, se observa que el promedio global se ubicó para los países estudiados en 4,31, valor ligeramente superior a la media de la escala, destacando el comportamiento de la educación básica (5,06) y el tamaño del mercado (4,57). En el caso de la educación básica, América Latina ha intensificado sus esfuerzos por proveer educación y fortalecer las políticas públicas de acceso y retención, lo cual se tradujo en la reducción de la tasa de analfabetismo, mostrando resultados alentadores en términos de desarrollo humano.

Mientras que la innovación, la sofisticación de los negocios, el desarrollo tecnológico y la institucionalidad resultan los indicadores más débiles. América Latina se caracteriza por un tejido empresarial asociado con micro y pequeñas empresas, cuyas restricciones presupuestarias no dan cabida a la inversión en tecnología o a la incorporación de innovaciones importantes en los modelos de negocios. Las barreras institucionales también son evidentes en términos de inestabilidad política, poca claridad en las reglas y en los incentivos, sistemas jurídicos debilitados, altos niveles de percepción de corrupción, que no permiten incentivar las inversiones en desarrollos productivos y tecnológicos.

Con respecto a la heterogeneidad, en todos los casos las diferencias por países son más notorias (mayor desviación) que las diferencias a lo largo del tiempo, resultado de que los procesos requeridos para fortalecer el ecosistema emprendedor son de mediano y largo plazo. En cuanto a las variables relacionadas con el desarrollo sostenible, en la tabla 2 se observa que el índice de desarrollo sostenible promedio del período estudiado se ubica en 0,76, impulsado por países como Costa Rica, cuyos resultados en términos de sostenibilidad son los más altos de la región y del mundo.

En términos de los indicadores de desarrollo humano las medias se ubican en 14,22 años de escolaridad, lo que refuerza la idea anterior de una consolidación de los procesos formativos en la región, y una esperanza de vida promedio de 75,24 años. Mientras que las emisiones per cápita de CO2 representan 2,77 toneladas y la huella de materiales 12,15 toneladas per cápita, llegando a ser a nivel mundial en algunos países, en ambos casos cercanas a las 50 toneladas per cápita. Al igual que en el caso de las variables de competitividad, los resultados de la heterogeneidad son mayores a nivel de países que a lo largo del tiempo, evidenciando las disparidades entre los países y las dificultades para alcanzar mejores resultados en el tiempo.

Este comportamiento trata de ser recogido en las estimaciones de datos de panel para, en primer lugar, el índice de desarrollo sostenible, de manera que, considerando la agrupación en las tres dimensiones, requerimientos básicos (instituciones, infraestructura, entorno macroeconómico y educación), eficiencia (educación superior, mercado laboral, tamaño del mercado, desarrollo financiero y tecnología) y la dinámica de los negocios (sofisticación e innovación), se estimaron tanto en efectos fijos como en efectos aleatorios.

Una vez comparados los resultados empleando la prueba de Hausman, en los modelos 1 y 2 que incluyen la primera y segunda dimensión, se aceptó la hipótesis nula, seleccionando el modelo de efectos aleatorios, mientras que el caso que se incorpora la dinámica empresarial y se estima con todas las dimensiones (modelo 3), se escoge efectos fijos, que, por presentar autocorrelación y heterocedasticidad, requirió la corrección por mínimos cuadrados generalizados (MCG), tal como se muestra en la tabla 3.

En el modelo 1, resultaron significativas en la explicación del índice de desarrollo sostenible los pilares de instituciones, entorno macroeconómico y educación. En el primer caso el nivel de significancia y el sentido de la relación se mantiene en los tres modelos, de manera que una mejora de la institucionalidad reduce los resultados en términos del índice de desarrollo humano, posiblemente como resultado de mayor crecimiento económico que se traduce en un aumento de las emisiones de CO2 y de la huella de material.

Con respecto a la educación también se mantiene en los tres modelos como una variable significativa y con una relación positiva con el desarrollo sostenible, pues mejores niveles de educación contribuyen con el desarrollo humano y deberían elevar la conciencia hacia los problemas ambientales. En cuanto al entorno macroeconómico, si bien resulta significativo en los modelos 1 y 2, no lo es en el modelo 3, aunque en los dos primeros casos la relación es positiva de manera que más estabilidad económica redunda en mejores niveles de sostenibilidad, impulsado principalmente por el aumento del ingreso per cápita y de las condiciones de vida. Específicamente en el modelo 2, las variables de educación superior y tamaño del mercado también son estadísticamente significativas, pero no resultan serlo en el modelo 3. En el caso de la educación superior, la relación, tal como se espera, es positiva, mientras que en el tamaño del mercado es inversa.

De manera que, mercados mucho más grandes conduce a un crecimiento de la producción que no es capaz de introducir prácticas amigables con el medioambiente, lo que conduce a mayores niveles de emisiones y desecho de materiales. Por último, en el modelo 3, que incorpora todos los pilares, además de la educación básica y las instituciones que ya fueran indicadas, resultaron estadísticamente significativas el desarrollo financiero y la innovación.

Con respecto al desarrollo financiero la relación es inversa, en el sentido que un mayor fortalecimiento financiero no conduce a mejores niveles de sostenibilidad, lo que pudiera explicarse por una escasa innovación financiera en términos de productos que incentiven procesos responsables con el entorno y el ambiente, o por las limitaciones que existen en América Latina para lograr la inclusión y la bancarización de la población.

En cuanto a la innovación, a pesar de ser el pilar menos desarrollado en la región, los esfuerzos en esta área se traducen en mejoras significativas en la sostenibilidad, que pueden ser producto de mejores condiciones de vida. Si se analiza únicamente la variable ambiental del índice de sostenibilidad relacionada con las emisiones de CO2, la estimación que resultó consistente y eficiente es la de efectos aleatorios, de acuerdo con la prueba de Hausman (tabla 4).

Las emisiones de CO2 se reducen como resultado de mayores niveles de educación básica, de infraestructura, de desarrollo financiero, y del tamaño del mercado, pero aumentan por mayor estabilidad macroeconómica e innovación. Lo cual podría ser producto de que la estabilidad, tal como se indicó, conduce a crecimiento económico y no se traduce en sostenibilidad, al igual que los procesos de innovación en la región.

Discusión y conclusiones

Tal como plantea la literatura, existe una relación de causalidad entre la competitividad a través del ecosistema que la compone, y el desarrollo sostenible, visto desde las aristas social, económica y ambiental, aunque las dos primeras se contraponen en algunos casos con el logro de los objetivos de preservación de la naturaleza. El Foro Económico Mundial (WEF, 2019) establece que en la medida que un país es más competitivo, producto de innovaciones orientas a las mejores prácticas de sostenibilidad, tanto productivas como financieras, disponga de una mejor infraestructura, de mayores niveles de capacitación y escolaridad, un marco jurídico que incentiva la responsabilidad social y ambiental, mejor será el desempeño en términos de desarrollo sostenible.

A lo que sería necesario agregar la institucionalidad requerida para establecer políticas (Montañez et al, 2011), tendientes a generar subsidios, incentivos en innovaciones e investigación “verde”, desarrollos tecnológicos que reduzcan las emisiones de CO2 y de la huella de materiales, al igual que los recursos desde el sistema financiero que provean productos “ecológicos” (Acero, 1999), destinados a esa inversión en tecnologías limpias y procesos circulares (Almeida-Guzmán & Díaz-Guevara, 2020).

Los resultados asociados a la estimación del índice de desarrollo sostenible deben analizarse desde el impacto que tienen los pilares de la competitividad, tanto en las dimensiones económica y social, como en la dimensión ambiental, entendiendo que la complejidad está asociada con que los efectos en la mayoría de los casos se contraponen. Lo que podría representar una influencia positiva en términos económicos y sociales, podría generar impactos adversos en la dimensión ambiental, deteriorando los resultados globales en términos de sostenibilidad (Umaña, 2000).

Tal es el caso de los procesos de crecimiento económico que se han evidenciado en algunos países latinoamericanos que, si bien han elevado los indicadores de ingreso per cápita, escolaridad y esperanza de vida, cuando vienen asociados con modelos de negocios tradicionales que no toman en cuenta la naturaleza, terminan disminuyendo los resultados de sostenibilidad. Específicamente Chile, Argentina y Uruguay han experimentado un deterioro del índice de sostenibilidad, producto de un aumento más que proporcional de las emisiones de CO2 y de la huella de materiales, a pesar de haber alcanzado mejores condiciones de vida y de ingreso.

El resto de los países analizados, si bien mejoran en términos de sostenibilidad, proviene en mayor medida del mejoramiento de las condiciones de vida y del ingreso per cápita, así como las emisiones de CO2 y de la huella de materiales, pero estos se han incrementado menos que proporcionalmente. El caso más destacado es Costa Rica, que se ubica en la primera posición mundial en términos de sostenibilidad y ha hecho esfuerzos importantes por mantener los niveles de contaminación e incluso reducirlos, aunque haya generado crecimiento económico y mejores condiciones de vida.

Esta realidad de la región permite explicar los resultados obtenidos, que en términos del impacto positivo sobre el índice de desarrollo sostenible corroboran la causalidad identificada en la literatura al menos en términos de educación básica, estabilidad macroeconómica e innovación (Collado-Ruano, 2017; Gallopín, 2003). Los resultados asociados con las mejoras en el acceso y la prosecución en el sistema de educación básica son evidentes en la región, lo cual ha impulsado la avance en términos de los elementos del índice de desarrollo humano, que es el numerador del índice de sostenibilidad, pero también la estabilidad alcanzada en algunos países incentiva el crecimiento económico y el ingreso per cápita, apoyada en procesos de innovación que no necesariamente están asociados con la sostenibilidad, sino más bien con modelos de negocios tradicionales.

Esto se evidencia en los resultados que explican el comportamiento de las emisiones de CO2 que indican la relación inversa con la estabilidad macroeconómica, de modo que, si bien logra impulsar el crecimiento y las mejoras en las condiciones de vida, no se traduce en mejoras en términos ambientales. Tampoco la innovación logra esos efectos, pues la relación con las emisiones de CO2 es inversa, indicando que están orientas a mejorar las dimensiones económica y social, mas no el desarrollo tecnológico requerido para introducir las prácticas de sostenibilidad e impulsar nuevos modelos de negocios.

Las limitaciones están asociadas con la institucionalidad y el desarrollo financiero; en el primer caso, las normas parecieran no incentivar los cambios requeridos en los procesos productivos para la adopción de nuevas tecnologías, que en la mayoría de los casos o son inexistentes o costosas, lo que podría ser explicado por el segundo factor que es el desarrollo financiero.

Los mercados financieros en América Latina son tradicionales, en el sentido que sus productos están orientados a los créditos al consumo y a las medianas y grandes empresas, poco se destina a capital semilla, o a productos “verdes” que fortalezcan las inversiones en tecnología ecológica e incluso existen barreras importantes aún en los procesos de bancarización y de microcréditos.

De manera que los mejores resultados de sostenibilidad para la región, salvo el caso de algunos países como Costa Rica, han estado apalancados por mejoras en los indicadores sociales y en crecimiento económico, que han dejado de lado el componente ambiental vinculado con las emisiones de CO2 y de huella de materiales, dadas las limitaciones experimentadas en el tejido empresarial, la institucionalidad, la innovación y tecnología amigable con la naturaleza, además del escaso desarrollo financiero para incentivar la inversión en el área.

En este sentido, los países deben hacer esfuerzos por establecer planes nacionales de desarrollo sostenible con metas e indicadores concretos de cumplimiento; legislar para limitar la huella ecológica, controlar la contaminación y mitigar el cambio climático; otorgar incentivos económicos y fiscales para que empresas e industrias adopten procesos sostenibles; incrementar impuestos sobre actividades altamente contaminantes desincentivando su realización; desarrollar políticas de movilidad urbana sostenible e invertir en transporte público no contaminante.

Además, promover las energías renovables eliminando subsidios a combustibles fósiles e invirtiendo en tecnologías limpias; implementar sistemas de certificación ambiental para productos, servicios y procesos sostenibles; incorporar criterios de sostenibilidad en todas las compras y contrataciones públicas; invertir en educación ambiental y campañas de concientización sobre sostenibilidad dirigidas a toda la población y establecer alianzas entre gobierno, empresas, academia y sociedad civil para coordinar acciones a favor de la sostenibilidad.

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The impact of globalization on regional development and competitiveness: Cases of selected regions

Notas de autor

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