Más que bastones contra fusiles : acción colectiva del movimiento indígena caucano en tiempos violentos

Mais do que bastões contra rifles. Ação coletiva do movimento indígena Caucano em tempos violentos

More than batons against firearms. Collective action of Caucano indigenous movement in violent times

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Nos encontrábamos hablando de otros hechos violentos en el norte del Cauca. Desde pequeño, Germán,¹ un líder veredal de un resguardo de Caloto, ha padecido la violencia. Varios de los miembros de su familia fueron perseguidos, amenazados y asesinados por el Frente Sexto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). Siendo niño tuvo que presenciar cómo un grupo de guerrilleros entraba a la finca familiar y asesinaba a uno de sus tíos y un primo. Años después, su abuelo fue asesinado y su familia se desplazó. “En esa época no es como ahora que hay cabildos y guardia, y uno puede ir a hablar con ellos para hacer algo”. Estamos en una oficina de la casa del Cabildo de Huellas en Caloto. A espaldas de Germán cuelga un cuadro de Edwin Dagua, un joven líder Nasa de 28 años asesinado en abril de 2018 por la disidencia Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central (EMC). En la foto aparece Edwin con el bastón y sombrero del pueblo Nasa, en la parte de arriba del cuadro se lee “Eres nuestra fuerza para seguir”. El día anterior a nuestra conversación, hombres armados habían asesinado a Sandra Peña, lideresa y gobernadora del resguardo La Laguna Siberia de Caldono.

Germán me cuenta cómo participó de una persecución y detención de integrantes de la Dagoberto Ramos luego de que asesinaron a un comunero en el resguardo. Al enterarse del hecho, siete guardias indígenas, entre ellos Germán, decidieron emprender la persecución de los guerrilleros. Se dividieron en dos grupos, unos en moto y otros en carro, mientras llamaban a la comunidad y a otros guardias para que los apoyaran. “Uno no siente miedo en ese momento, uno está en la acción” dice, mientras explica cómo lograron capturarlos. Al llegar a un punto, vieron a los hombres de la Dagoberto armados con fusiles y en uniforme camuflado en una zona montañosa. Los rodearon. “Solo íbamos con nuestros bastones” recuerda. Los guerrilleros les apuntaron con sus armas gritando que no se iban a dejar “coger” o que los “llevaban muertos”. “Ahí uno sí siente temor, cuando le apuntan con el arma. Ellos tenían hasta granadas y uno dijo que la iba a explotar”. Intentando persuadirlos, los guardias les dijeron que no lo hicieran porque ya toda la comunidad estaba avisada y en camino, que no había escapatoria. Poco a poco, el resto de la gente iba llegando, rodeándolos y exigiéndoles que dejaran de apuntar. Germán saca su celular y muestra un video del hecho. En él se ve a los guerrilleros siendo llevados caminando por un potrero, rodeados por comuneros de todas las edades, algunos guardias con chaleco y chonta (bastón), otros simplemente con sus botas y machetes al cinto.

Luego de capturarlos, como es habitual en la justicia indígena, los llevaron a la asamblea comunitaria. Allí les aplicaron “remedio”, sanciones de la justicia propia del pueblo Nasa para afrontar las “desarmonías”, algunas de las cuales consisten en baños espirituales con plantas medicinales y otras “sacudidas” con latigazos. Todos los guerrilleros eran indígenas Nasa. Luego de aplicar el remedio, unos fueron enviados a “patio prestado” en la cárcel San Isidro de Popayán, mientras que otros fueron remitidos a trabajos comunitarios.

Aunque en otras asambleas se ha decidido destruir armas y uniformes, en esta ocasión se decidió entregar las armas al obispo de Cali para buscar un “diálogo humanitario”. Germán sentencia: “Esos de ahora son todos muchachos, sin formación política ni ideológica, eso es un despelote ahí”, reiterando que no hay comandantes con quienes hablar para que se respeten los territorios. “Pasan de arriba a abajo, en motos, armados, como si nada. Cuando ven a la guardia, no nos dicen nada, cuando la guardia los ve, tampoco les dice nada, desde que no se metan con las comunidades”.

Lejos de ser un episodio coyuntural, este hecho describe algunas de las acciones colectivas que las organizaciones indígenas del norte del Cauca han desplegado para hacer frente a los actores armados en sus territorios.

Este artículo pretende comprender cómo el pueblo indígena Nasa ha logrado resistir y consolidar su proyecto político de autonomía en el territorio sin recurrir a las armas para confrontar a un poder armado hegemónico. Para ello, la primera parte describe el proceso histórico del antagonismo entre el movimiento indígena y la guerrilla de las FARC-EP. La segunda parte aborda los repertorios de acción colectiva del movimiento indígena para enfrentar el antagonismo violento y cómo se combinan, alternan y superponen estrategias de negociación, confrontación, disuasión y mitigación. La tercera parte explora los desafíos que debe afrontar el proyecto indígena Nasa ante la desaparición del poder armado de las FARC-EP y su reemplazo por poderes armados fragmentados en competencia violenta por el territorio.

Este antagonismo entre el movimiento indígena y la insurgencia no deja de ser paradójico. Unos y otros representan proyectos políticos insubordinados frente al Estado y además tienen relativas coincidencias programáticas en torno a la lucha por la tierra. La diferencia estriba en que unos lo hacen desde una apuesta revolucionaria-armada, mientras que los otros apelan a una reivindicación étnica-civil.

En perspectiva histórica, los procesos organizativos del pueblo Nasa en el Cauca han implicado reconstrucciones identitarias, políticas, culturales y territoriales (Almendra, 2017; Chávez y cols., 2019; Archila y González, 2010) en medio de un escenario de presencia permanente de proyectos armados. Cuatro procesos son centrales en el movimiento indígena. Primero, una (re)interpretación consciente del pasado en términos de una larga resistencia que viene desde la misma colonia con cacicazgos como la Cacica Gaitana, Angelina Guyumús y Juan Tama, pasando por el levantamiento de Manuel Quintín Lame hasta la creación del Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC– (Rappaport, 2000). Segundo, la reinvención y recuperación de una identidad cultural a través de la educación propia, la lengua y la espiritualidad (Peñaranda, 2015). En tercer lugar, la centralidad de la lucha por la tierra y los territorios colectivos, que desde los setenta tomó forma con la recuperación de tierras en manos de hacendados y que desde mediados de los años 2000 se reivindica como Liberación de la Madre Tierra (Almendra, 2017). Finalmente, luego de la desmovilización del Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), un mecanismo armado de defensa de las comunidades indígenas entre 1984 y 1991 para contener la violencia guerrillera, terrateniente y paramilitar, las luchas indígenas han optado por la vía pacífica (Chaves, Aarts y Van Bommel, 2019).

Afianzado y con una madurez organizativa incuestionable, este proceso impidió que las FARC-EP se consolidaran totalmente en los territorios indígenas, pese a su presencia permanente y su poderío militar. Por ello es pertinente preguntarse: ¿cuáles fueron los repertorios de acción colectiva indígenas que les permitieron enfrentar el proyecto insurgente en medio de los avatares violentos del conflicto armado? ¿cuáles son los nuevos desafíos que enfrentan estos procesos organizativos luego de la dejación de armas de las FARC-EP? Para responder estas preguntas, este artículo se apoya en la revisión de bibliografía secundaria, el trabajo de campo del primero de los autores mediante entrevistas y trabajo etnográfico, y el análisis de las declaraciones públicas de autoridades indígenas y las FARC-EP.

Aunque las FARC-EP no han sido el único grupo guerrillero que ha hecho presencia en el Cauca, sí ha sido el actor armado dominante en el norte y nororiente. Desde su misma conformación en 1964 en Rio Chiquito (Páez-Cauca) y su primera acción militar con la toma de Inzá (Cauca) el 17 de marzo de 1965 (CNMH, 2016), las FARC-EP hicieron presencia permanente en territorios indígenas del pueblo Nasa hasta su dejación de armas en 2017.

Teniendo en cuenta la periodización propuesta por el CRIC (2022), se pueden identificar cinco etapas del antagonismo entre el movimiento indígena y la insurgencia. El primer periodo (1964-1982) se caracteriza por las luchas agrarias con medios disímiles. Es el momento en el que se produce la fundación de lasFARC-EP(1964) yel CRIC (1971), la primera con una agenda agrarista-armada y la segunda con una apuesta cívica y de acción política directa basada en la recuperación de las tierras.

En el Programa Agrario de 1964, las FARC-EP señalaron en el punto sexto que protegerían a las comunidades indígenas, dándoles amplio acceso a la tierra, devolviéndoles aquella que les hubiese sido despojada y reconociendo su autonomía (cultura, lengua propia, organización y autoridad) (CNMH, 2014, p. 346). A pesar de ello, desde el principio, su proyecto armado con agenda campesina bajo el ideario marxista de lucha de clases implicó tensiones con los procesos organizativos indígenas del Cauca. Entre otras razones por la colisión político-programática de otros puntos del Programa Agrario que propugnaban por un reformismo más liberal que comunista, enfatizando en la distribución de la tierra entre pequeños propietarios campesinos y el respeto por el latifundio con vocación productiva, lo que se oponía a la apuesta por territorios colectivos con la recuperación de los resguardos por parte del movimiento indígena.

La conformación del CRIC en 1971 implicó no sólo un distanciamiento de otras agendas agrarias y campesinas, sino la formalización de una agenda centrada en la recuperación de tierras con reivindicaciones de educación propia intercultural y fortalecimiento de los cabildos como autoridades políticas autónomas (Archila y González, 2010), rechazando toda pretensión de cooptación e instrumentalización por parte de los movimientos guerrilleros (CRIC, 2022).

Un segundo periodo (1983-1991) se caracteriza por la exigencia de autonomía, tanto por vías armadas como políticas, para contener la violencia. Ante la violencia terrateniente para frenar las recuperaciones de tierras y los asesinatos a líderes del movimiento por parte de las FARC-EP, se conforma el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL) como un mecanismo de autoprotección (Peñaranda, 2015). Al mismo tiempo, el CRIC y los cabildos indígenas hacen públicas sus exigencias de respeto a la autonomía con la Resolución de Vitoncó en febrero de 1985. En esta resolución, el movimiento indígena acusó públicamente a las FARC-EP de la violencia en sus territorios, razón por la cual el CRIC planteó “que esta guerrilla se estaba convirtiendo en el enemigo número uno de los indígenas” (CNMH 2012, p. 190; CRIC 1985, p. 6), además de señalarlos “por su complicidad con terratenientes para evitar más recuperaciones de tierras” (CRIC, 2022, p.167).

Luego de la desmovilización del MAQL en 1991 y el reconocimiento a nivel nacional de derechos para los pueblos indígenas con la nueva Constitución Política de 1991, un nuevo periodo se inicia con la reorganización militar de las FARC-EP desde mediados de esa década hasta la llegada de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a principios de los años 2000. Este periodo de reconocimientos democráticos y reconfiguraciones de la violencia (1992-1999) tuvo implicaciones radicalmente distintas para las organizaciones indígenas y las FARC-EP, incluyendo un cambio en sus relaciones con el Estado. Para los primeros implicó participación política en la Constituyente y el posterior reconocimiento legal de derechos colectivos en diferentes planos: circunscripciones especiales, transferencias del Sistema General de Participación (programas de salud y educación), reconocimiento de la jurisdicción especial indígena y participación electoral a nivel local por la descentralización política-administrativa. Por el contrario, para los segundos significó un distanciamiento aún mayor con el Estado por su marginación de la Asamblea Nacional Constituyente, además del exterminio de la Unión Patriótica y el fracaso de los diálogos de paz de Caracas y Tlaxcala entre 1991 y 1992, lo que llevó a que se radicalizara la lucha armada.

A escala regional, la desmovilización de las otras guerrillas que operaban en el Cauca (M-19, EPL y MAQL) implicó la hegemonía armada de las FARC-EP en los territorios indígenas. Las FARC-EP se fortalecieron militarmente, primero con el Sexto Frente en el norte y la cordillera central, luego con el Octavo en la occidental, y desde 1995 con la Columna Móvil Jacobo Arenas, estructura que operaba principalmente en territorios indígenas. Este fortalecimiento militar se dio bajo las nuevas directrices de la VIII Conferencia de las FARC-EP de 1993, cuyo propósito era propiciar un salto estratégico en la confrontación armada.

Desde 1996, la Columna Móvil Jacobo Arenas (CMJA) se consolidó como una de las más beligerantes a nivel nacional y la más activa militarmente en el Cauca. Una de las manifestaciones de su poderío militar es que dos de los municipios del Norte del Cauca (Toribío y Caldono) fueron los que registraron el mayor número de tomas guerrilleras a nivel nacional (CNMH, 2016). Parte de ese fortalecimiento bélico fue producto del traslado de guerrilleros desde el Bloque Oriental (muchos de ellos provenientes de Huila, Tolima y Llanos Orientales), así como de la intensificación de la política de reclutamiento entre la población indígena. De hecho, el 87,2% de los guerrilleros desmovilizados de esta estructura eran indígenas nasa (Rodriguez y Espitia, 2018).

Mientras tanto, a mediados de esta década se conformó la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), una de las organizaciones indígenas que más ha confrontado la presencia armada de las FARC-EP.

En este periodo es importante mencionar que las trayectorias opuestas del movimiento indígena y las FARC-EP contienen una paradoja. Una vez más, unos y otros hacen oposición al Estado, pero para proyectos políticos totalmente opuestos. ¿Qué es lo que unos y otros están persiguiendo ahora? Ya no es solo la tierra, es el territorio y su gobernabilidad. No es casualidad entonces que para la década de los 90, el CRIC agregue el territorio y la autonomía a la plataforma de sus objetivos de lucha (Archila y Gómez, 2010).

Cuando se ha logrado acceso a la tierra, la prioridad dada al territorio implica asegurar lo que se ha ganado, acumulando fuerzas para seguir luchando por más tierra, y con el territorio se garantiza a su vez la autonomía, entendida como la posibilidad del autogobierno: administrar justicia, proveer protección y regular la vida social. En los años noventa, esto no solo era buscado por el movimiento indígena sino también por las FARC-EP, aunque por razones distintas. Para la insurgencia se trataba entonces de controlar el territorio para desplegar acciones militares de mayor impacto y asegurar posiciones mediante la expulsión de toda presencia estatal, erigiéndose como poder hegemónico.

A principios de los años 2000, en medio del fortalecimiento militar de las FARC-EP, se produce la llegada del Bloque Calima de las AUC al norte del Cauca, lo que marca el inicio del cuarto periodo (2000-2011). Este cambio se tradujo en el recrudecimiento de todas las formas de violencia (CRIC, 2022). Aunque las AUC consolidaron su presencia en el norte del Cauca en zonas planas y en la cordillera occidental, donde la presencia de comunidades indígenas es menor, es necesario señalar que su accionar no logró alterar radicalmente las relaciones de poder entre indígenas y guerrilla en las zonas montañosas de la cordillera central y con mayor presencia indígena, como tampoco lo hizo la política seguridad democrática con la que el Estado recuperó la iniciativa militar en el conflicto armado (2002-2010).

Si bien este periodo marcará el debilitamiento de las FARC-EP en el desarrollo del conflicto armado a nivel nacional, el Cauca se posicionará como el nuevo epicentro estratégico de la confrontación armada antes y durante el proceso de paz entre el gobierno de Santos y esta guerrilla (2012-2016), desplazando a los otrora poderosos e históricos Bloque Oriental y Sur. Podríamos decir que, de alguna manera, la guerra nacional contra las FARC-EP se transforma y termina en el suroccidente. No es casualidad entonces que el máximo comandante de dicha guerrilla, Alfonso Cano, haya sido abatido en una operación militar en el norte del Cauca en noviembre de 2011.

El hecho de que el norte del Cauca se convierta en el centro estratégico de la última etapa de lucha de las FARC-EP explica en parte por qué las disidencias se formaron rápidamente en ese territorio después de la firma del acuerdo de paz, toda vez que esta era una región en la que la derrota estratégica de las FARC-EP a nivel nacional no se correspondía necesariamente con la dinámica regional del conflicto armado.

En este periodo de recrudecimiento de la violencia, las organizaciones indígenas (re)crean y consolidan muchos de sus repertorios de acción colectiva contra la violencia. Desde el movimiento indígena se propusieron entonces alternativas a la crisis humanitaria, incluyendo la conformación de las Guardias Indígenas en 2001 por parte de la ACIN. Esta iniciativa recogía la experiencia de las guardias cívicas que desde los ochenta apoyaron las asambleas comunitarias y las recuperaciones de tierras (CNMH, 2012). Con este nuevo dispositivo, las organizaciones indígenas lograron contener la violencia armada contra las comunidades mediante un mecanismo de autoprotección de respuesta rápida a situaciones de emergencia (Chávez et al., 2020; Archila y González, 2010), involucrar a los jóvenes mediante un nuevo referente organizativo e identitario en el que participaban activamente y que ofrecía una alternativa al reclutamiento por parte de las guerrillas, y erigir a las guardias como un símbolo de resistencia pacífica.

El quinto periodo podríamos denominarlo entre fusiles, diálogos y el reto de la paz. Inicia con el proceso de paz en La Habana (2012) hasta la firma del acuerdo (2016) y la dejación de las armas (2017). Este periodo se distingue por un escalamiento de las hostilidades hacia la fuerza pública por parte de las FARC-EP en el norte del Cauca. Por ello, las organizaciones indígenas del Cauca exigieron acuerdos humanitarios, así como participación efectiva en la mesa de negociación entre el Estado y las FARC-EP (CRIC, 2022).

Con la dejación de armas en 2017, los procesos de reincorporación de los combatientes y la aparición de nuevos actores armados (disidencias de las FARC y el ELN) en los territorios indígenas, un periodo nuevo se inicia (2017 hasta la actualidad). Este escenario emergente plantea nuevos retos para el movimiento indígena.

¿Cómo ha podido resistir y avanzar el proyecto indígena en medio del fortalecimiento militar del proyecto insurgente? Para comprenderlo es necesario reconocer la diversificación del repertorio de acciones colectivas que desplegó el movimiento indígena. Se trata de cuatro tipos de acciones colectivas, complementarias, combinadas y yuxtapuestas: disuasión, mitigación, confrontación y negociación (CRIC, 2022).

Por estrategias de disuasión entendemos el conjunto de acciones colectivas bajo las cuales el movimiento indigena ha buscado evitar la ocurrencia de hechos violentos. Estas acciones involucran los “puntos de control territorial” donde guardias indígenas y comunidades hacen monitoreo de las carreteras, pero también comunicados públicos o “asambleas permanentes” en los que denuncian la presencia de actores armados en los territorios (Almendra, 2017). Las estrategias de disuasión buscan prevenir hechos violentos o elevar su costo político para los actores armados. Algunos ejemplos son las Resoluciones de Vitoncó en 1985 y de Jambaló en 1999, así como las Mingas que desde inicios de los años 2000 han exigido garantías y acuerdos humanitarios (CRIC, 2022).

Por su parte, las estrategias de mitigación se refieren a las medidas adoptadas para atender y aminorar los impactos de hechos violentos ocurridos. Se cuentan entre estos los “espacios de protección humanitaria” adecuados por las comunidades para refugiarse durante los combates, entre los que se cuentan la escuela con bunker de Jambaló.

Como mecanismo de respuesta ante las emergencias, las guardias han jugado un papel clave, pues son una estrategia comunitaria de reacción que provee los medios logísticos para disminuir los efectos de la violencia armada. Estas acciones trascienden la contención porque, si bien su propósito es limitar las afectaciones, se activan y funcionan apelando a la congregación y el encuentro comunitario, reivindicando la protección grupal, reforzando principios de organización social y lazos de solidaridad que son en sí mismo actos políticos y expresiones de autonomía.

Así mismo, el movimiento indígena ha desplegado estrategias de confrontación para reivindicar su autonomía sobre el territorio. Entendemos como estrategias de confrontación un conjunto de acciones colectivas de alto riesgo en las cuales un grupo civil indígena entra en contacto de forma premeditada con un grupo armado con la finalidad de interrumpir de forma súbita el curso de una acción violenta. Estas acciones siguen habitualmente esta secuencia: i) ejercicios de control territorial por la guardia, ii) contacto y discusión con miembros del grupo armado, iii) choque y asesinato por parte de guerrilleros, iv) reacción de la guardia y la comunidad, v) detención de responsables, vi) juicio en asamblea con sanciones propias y/o patio prestado, e vii) intercambio de comunicados públicos.

Estas acciones confrontacionales tienen como medio de desarrollo el contacto directo entre la guardia y/o comunidad indígena con guerrilleros, lo que puede desencadenar una potencial confrontación en la que existe la evidente disparidad de contar o no con armas.

Este es un repertorio de acción colectiva que las organizaciones indígenas han puesto en marcha para contener y enfrentar por medios no armados la violencia de las FARC-EP, especialmente desde finales de los años 90 y principios de los años 2000 con el recrudecimiento del conflicto armado, reafirmando su postura de ruptura con la lucha armada luego de la desmovilización del MAQL en 1991.

Un ejercicio preliminar de documentación de acciones confrontacionales en el departamento del Cauca, elaborado a partir de diversas fuentes como entrevistas, prensa, comunicados, redes sociales y libros, ha permitido identificar 39 acciones entre 1999 y el primer trimestre de 2023. El 76% de estas se concentra en tres municipios del Norte del Cauca (Toribio, Caldono y Jámbalo), mientras que el 31% se producen en dos años críticos (2014 y 2022). El 46,2% de los casos documentados han implicado asambleas comunitarias, bien sea para discutir colectivamente los hechos o para definir los castigos en el marco de la justicia propia. Sobre las sanciones impuestas, el 20,5% han sido penas privativas de la libertad en “patio prestado” y 25% destrucción de armamento y/o uniformes de los guerrilleros. En más de una cuarta parte de los hechos documentados, se han presentado situaciones de violencia directa y/o intimidaciones contra los miembros de las guardias indígenas.

También es importante destacar que entre las acciones de confrontación se cuentan persecuciones de la guardia indígena para liberar a secuestrados y el rescate de niños y jóvenes que han sido reclutados, así como la destrucción de laboratorios para el procesamiento de cocaína, la interrupción de tomas guerrilleras e incluso el desalojo de bases militares.

Sin renunciar a las estrategias de disuasión, mitigación y confrontación, el movimiento indígena ha gestionado su antagonismo con las FARC-EP mediante la negociación. Desde reuniones informales entre cabildos o líderes indígenas con comandantes del Frente Sexto, la Columna Móvil Jacobo Arenas o la Compañía Ambrosio González para exigir respeto a la autonomía y las comunidades, hasta demandas y discusiones entre líderes indígenas de la ACIN y el CRIC con el Secretariado Nacional de las FARC-EP. Se cuentan entre estos, los acercamientos durante los diálogos de paz de La Uribe (1984-1986) y La Habana (2012-2016).

Ante el escalamiento de los asesinatos de indígenas por parte de las FARC-EP, en enero de 1987, algunos líderes indígenas del CRIC y de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), se reunieron en La Uribe (Meta) con el Secretariado de las FARC-EP. Tras la negociación, la guerrilla suscribió un acuerdo el 30 de enero de 1987, firmado por Manuel Marulanda, Jacobo Arenas, Raúl Reyes y Alfonso Cano, asumiendo cuatro compromisos: 1) revisar la conducta de frentes como el Sexto, entre otros; 2) capacitar políticamente a los mandos para un buen manejo de la “realidad indígena”; 3) consultar en lo posible a las autoridades indígenas para la confrontación con grupos de autodefensa; y 4) mantener una buena disposición para solucionar dificultades que se presenten entre las comunidades y los frentes guerrilleros (Navia Lame, 2015).

En el caso de los diálogos de paz en La Habana (2012-2016), el escalamiento de los combates, asesinatos y amenazas en territorios indígenas por parte de la guerrilla llevó a que las organizaciones indígenas buscaran contacto con las FARC-EP para mitigar el impacto humanitario.

Estas estrategias de negociación no se han limitado a los encuentros directos. También han incluido los “intercambios epistolares” en los que se denuncia la violencia y se reafirman las discrepancias políticas. En una carta dirigida a “Timochenko”, máximo comandante de las FARC-EP, en abril el 2012, la ACIN plantearon: “Esta carta es para seguir con el diálogo y debate público que iniciamos hace ya tres años (7 de marzo de 2009). Y para invitarlos nuevamente a un diálogo sobre temas humanitarios en el territorio indígena del norte del Cauca” (ACIN, 2012, p. 25).

En su carta de respuesta, “Timochenko” criticó a las organizaciones indígenas, señalando: “A veces parece desprenderse de sus sinceras alegaciones, que las comunidades indígenas sólo miran por ellas mismas, desconociendo la suerte de los demás desposeídos y perseguidos de Colombia. […] me permito expresarles que no es aislándose del resto de colombianos que claman fervientemente por la paz y la justicia social, como van a lograr conquistar sus viejos anhelos” (Agencia Prensa Rural, 2012).

Años más adelante, en medio de las discusiones sobre el punto de víctimas en La Habana, un incidente violento ocurrido en noviembre de 2014 exacerbó las tensiones. Tras discutir con guerrilleros que instalaban una vaya alusiva a Alfonso Cano, dos guardias indígenas fueron asesinados por guerrilleros de las FARC-EP en Toribio. Los guerrilleros fueron capturados por la comunidad y la guardia, llevados a asamblea y la mayoría de ellos condenados a 64 años de prisión (Chaves et al., 2019). En el intercambio de comunicados, “Timochenko”, aún en armas, criticó el juicio y dijo que la sentencia era “absurda” al ir en contra del sentido de justicia (El País, 14 de noviembre 2014).

Estas estrategias de negociación se centraron en la búsqueda de acuerdos humanitarios que redujeran el carácter violento del antagonismo, pero la última de ellas fue distinta, pues transitó hacia una participación decisiva y vinculante en la negociación política entre el Estado colombiano y las FARC-EP que desembocó en el Acuerdo de Paz del Teatro Colón el 24 de noviembre de 2016.

Si bien el movimiento indígena caucano apoyaba el proceso de paz, eso no significaba que dejara de percibir un riesgo en la negociación política entre el Estado y las FARC-EP, pues sus dos antagonistas históricas negociaban, entre otros puntos, una agenda agraria, lo que era visto con suspicacia respecto a sus eventuales efectos regresivos sobre sus conquistas y reivindicaciones históricas por la tierra y el territorio. En vez marginarse de un acuerdo de paz que podría impactar su lucha, su decisión fue vincularse para que se hiciera con ellos y asegurarse que no fuera contra ellos, lo que derivó en una participación decisiva y vinculante, aunque las partes inicialmente esperaba que fuera meramente consultiva, logrando la incorporación de un capítulo étnico dentro del Acuerdo de Paz de 2016 (Sabogal, 2020).

Este acuerdo de paz no solo implicaba el fin del antagonismo violento entre el movimiento indígena caucano y la guerrilla de las FARC-EP, sino que reforzaba las garantías de sus derechos frente al Estado con el capítulo étnico. Sin embargo, una cosa era firmar el acuerdo de paz, otra cumplirlo. La sombra del incumplimiento del acuerdo de paz opacó rápidamente la esperanza de paz. Primero, porque distintos grupos armados quisieron sustituir el poder hegemónico de las FARC-EP, incluyendo disidencias del mismo grupo guerrillero y otras guerrillas. Segundo, porque el gobierno nacional que asumió la implementación del Acuerdo de Paz resultó ser la principal fuerza política de oposición a los mismos.

A pesar de que el antagonismo violento con la antigua guerrilla de las FARC-EP había llegado a su fin, aunque no necesariamente con todos, el nuevo comienzo no prescindía del pasado, de hecho, lo reafirmaba. La memoria de los agravios se puso en el centro de los reclamos por verdad y justicia del movimiento indígena caucano contra las FARC-EP, tal y como se pudo constatar en el Encuentro por la Verdad organizado por la Comisión de la Verdad en Caldono, Cauca, el 21 de marzo de 2021.

[…] La presencia de las extintas FARC-EP en el territorio acabó con la armonía, rompiendo el tejido social y le negó al pueblo nasa la posibilidad de construir su propio camino, pues tuvo por un lado que dedicarse a enfrentar al Estado y el gobierno con sus políticas nefastas contra el territorio, y por el otro lado se tiene que enfrentar al actor armado con el fin de evitar que sus comuneros sean asesinados, reclutados, señalados, estigmatizados y desplazados de sus territorios […] Las FARC le negó la oportunidad a las comunidades indígenas que pudieran construir su propio camino dentro de la vida democrática del país, pues con la dejación de armas del Quintín Lame se dijo no más a las armas, pero desafortunadamente este hecho fue aprovechado para reclutar, lo cual permitió que algunos comuneros fueran cooptados y que estos ayudaran a permear a través de las ideas inculcadas de revolución el retorno del conflicto armado, esta vez con ideas ajenas al propio pensamiento de los pueblos originarios […]. El tejido social que el conflicto armado rompió y que para nuestro caso fue las FARC-EP, a través de su discurso de revolución que inculcó en algunos comuneros, conllevó a que quienes fueron amigos se convirtieran en enemigos, familias que fueran unidas se desunieran bajo el criterio de ser colaborador o infiltrado de x o y bando armado, que la comunidad fuera utilizada con el argumento de cambio social sin consultarles si ese era el camino que ellos habían elegido […] (CEV, 2021).

Finales de abril de 2023, Caldono (Cauca). El movimiento indígena, bajo el liderazgo del CRIC, convoca la denominada “Minga Humanitaria, Política y Social por la Defensa de la Vida, el Territorio y la Paz Total e Integral de los pueblos” (CRIC, 2023). Parte de la acción colectiva es citar a los grupos armados irregulares que operan en sus territorios para discutir la grave situación humanitaria. Esperan, con escepticismo, que lleguen comisiones del ELN y las disidencias de las FARC, tanto de la Segunda Marquetalia como del EMC. Un líder indígena manifiesta ante la prensa: “Es importante que todos los grupos armados que existen en este momento, y que hacen presencia en nuestros territorios, puedan estar en este escenario de cara a frenar definitivamente los asesinatos sistemáticos que están ocurriendo contra las comunidades indígenas y también contra los campesinos y negritudes” (La W Radio, 29 de agosto 2023).

Ningún representante de los grupos armados asiste a la Minga, pero el ELN y el EMC envían mensajes en video. La declaración del EMC no despeja las dudas sobre su carácter político, el discurso de lucha de clases propio de las FARC-EP tiende a diluirse y en su lugar irrumpe vagamente el “enfoque diferencial”, reconociendo a los indígenas como “los guardianes de la naturaleza” (El Tiempo, 29 de abril 2023). Al final de los tres días, las organizaciones indígenas exigen en un comunicado público: respeto a la vida, detener el reclutamiento, respeto a los mandatos comunitarios por parte de los grupos armados, cesar las amenazas a líderes, entre otras (CRIC, 2023). Dentro del comunicado, las organizaciones indígenas exigen el cumplimiento de los acuerdos suscritos con las FARC-EP y el CRIC en los años 1985, 1987 y 1989 sobre reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas (CRIC, 2023). Un nuevo bucle, de una historia de nunca terminar, parece ocurrir.

En el convulso escenario que han sucedido a la firma del Acuerdo de Paz (2016), vale la pena preguntarse cuáles son los nuevos retos que enfrentan estos repertorios de acción colectiva de cara a las reconfiguraciones territoriales del conflicto armado. ¿Puede este entramado de estrategias colectivas hacer frente a los nuevos poderes locales que tratan de instaurar, muchas veces a sangre y fuego, los nuevos grupos armados tras la salida del actor armado hegemónico?

Hay por lo menos tres desafíos que deberían tenerse en cuenta. En primer lugar, los reacomodos del conflicto armado regional provocados por la dejación de armas de las FARC-EP ha llevado a que viejos actores como el ELN y nuevos actores como las disidencias, pretendan copar el territorio, un reacomodo en el que prevalece la fragmentación y la competencia violenta. Ninguno de ellos ha logrado convertirse en la continuación del viejo poder armado hegemónico de las FARC-EP. En un comunicado de la ACIN dirigido al bloque suroccidental del EMC (14 de mayo de 2024), esta organización denuncia la degradación de la lucha revolucionaria de estos grupos, alegando que su enemigo ya no es el Estado sino la población civil, en particular el movimiento indígena, además de que no tienen proyecto político porque no proponen soluciones para los problemas de las comunidades, mientras siguen devengando las rentas de la coca, la marihuana y la minería, reconociendo en contraposición un carácter político a las antiguas FARC-EP.

En segundo lugar, los nuevos actores armados registran cambios en sus estructuras y alianzas (los disidentes de las antiguas FARC-EP se agrupan en dos facciones en disputa: EMC y Segunda Marquetalia), así como en sus comandancias y la composición de sus filas. Esto ha provocado un nuevo ciclo de reclutamiento entre la población indígena (la ACIN denuncia 783 reclutamientos de indígenas menores de edad entre 2019 y el primer trimestre de 2024). A diferencia de las antiguas estructuras de las FARC-EP, algunas de las nuevas comandancias –sobre todo mandos medios– son indígenas, quienes apartándose del movimiento indígena formulan críticas internas que hacen más difícil los diálogos entre comandancias y cabildos. Históricamente, durante las disputas ideológicas y tensiones entre organizaciones indígenas y las guerrillas, los comandantes eran foráneos y ajenos al mundo indígena (muchos de ellos eran procedentes del Huila, Tolima y los Llanos Orientales), reflejando con mayor nitidez las discrepancias de las “visiones étnicas” e ideológicas de unos y otros.

En la actualidad, la posibilidad de mandos medios indígenas supone un desafío nuevo y eventualmente perturbador para las autoridades indígenas, puesto que son miembros de la comunidad que no solo siguen reclutando a los suyos, sino que ahora asumen liderazgos armados para disputar la legitimidad de las autoridades indígenas tradicionales en sus territorios.

Finalmente, un tercer factor es la nueva bonanza de marihuana que en los últimos años se expande por el nororiente del Cauca. Esta genera múltiples tensiones entre las comunidades y sus autoridades tradicionales, pues muchas familias indígenas las perciben como su única salida económica. En contraste con ello, las autoridades, junto con las guardias indígenas, han propuesto “Mingas hacia adentro” para erradicar manualmente cultivos de marihuana, lo que ha desencadenado amenazas y atentados por parte de las disidencias en su afán por controlar el negocio.

La mayor fragmentación entre los actores armados en disputa, pero también una formación política e ideológica cada vez más difusa, hacen difícil que las organizaciones indígenas encuentren interlocutores para salidas negociadas a la violencia, pues mandos difusamente reconocibles o inestables refuerzan la idea de una desestabilización fatal.

Esta desestabilización se ve reforzada por los rezagos, muchos limitando en la parálisis, de la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 por parte de un gobierno nacional que asumió el poder del Estado con las banderas de la oposición y el rechazo a dicho acuerdo en 2018, lo que se ve reflejado en el escaso avance de los puntos sobre reforma rural integral y participación política, pero particularmente en el retraso del capítulo étnico. A noviembre de 2023, siete años después de la firma del Acuerdo de Paz, el 74% de las disposiciones del capítulo étnico estaban en estado de implementación mínimo o no iniciado, en contraste con el 49% de las disposiciones de los seis puntos del Acuerdo de Paz (Echavarría, et al., 2024)

Una paradoja del escenario violento emergente es que cuanto más organizadas están las comunidades indígenas, mayor va a ser el despliegue de violencia de esos grupos armados para copar el poder que han dejado las FARC-EP, porque para compensar la debilidad de su fragmentación y consolidarse como poder armado hegemónico, deben desestabilizar el poder del movimiento indígena que se les opone.

En este contexto de creciente y persistente violencia contra el movimiento indígena caucano, vale la pena repensar la acción colectiva más allá de la movilización de recursos y las oportunidades política, poniendo el énfasis, como propone Almeida (2020) en el efecto movilizador que provocan las amenazas y cómo éstas refuerzan los procesos de encuadre para la acción colectiva, dejando de ver en el efecto de la violencia únicamente la parálisis o la desorganización y ponderando en su lugar los umbrales de tolerancia que se rebasan para desencadenar la acción colectiva.

El movimiento indígena caucano ha desplegado históricamente su acción colectiva en medio de las amenazas más que de las oportunidades, movilizando recursos en un proceso de encuadre que revierte el efecto intimidante de la violencia en un vector de resistencia y lucha, un refuerzo de la identidad colectiva que fungirá como sedimento para reacomodar sus estrategias de acción colectiva. Por lo pronto, el repertorio de acción colectiva parece estar agotando sus acciones de negociación mientras refuerza las de mitigación, contención y confrontación, porque en medio de la volatilidad de la situación han constatado que la única opción es reafirmarse mientras los reacomodos violentos van decantando las fuerzas en pugna. Por ahora, la prioridad del movimiento indígena se centra en la unidad propia, poniendo sus esfuerzos en contener el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, así como en gestionar las divisiones internas de las comunidades y los conflictos entre los comuneros y las autoridades tradicionales, evitando la erosión de su legitimidad. Unidad hacia adentro y relacionamiento hacia afuera, porque cuanto mayores sean las amenazas, mayores los esfuerzos por gestionarse las oportunidades, lo que se traduce en nuevas estrategias y enmarcados² emergentes para continuar la lucha, porque hasta la fecha el movimiento indígena no ha perdido protagonismo en la esfera pública con sus mingas y sus grandes movilizaciones.

Si algo caracteriza a las luchas indígenas es su concepción de largo plazo y su capacidad de recrear sus repertorios de acción colectiva en los momentos más críticos. No es casual entonces que el movimiento indígena del Cauca insista en que seguirán luchando “hasta que se apague el sol”.

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