Introducción

La construcción democrática en Tabasco constituye una lenta travesía donde se imbrican los procesos de transformación económica y política. El primero com- prende el ensamblaje que vivió la entidad a partir de la imposición del modelo desarrollista neoliberal (Uribe, 2003), el cual hizo dependiente a la economía local de los recursos petrolíferos. Así fue como la crisis petrolera de los años noventa y dos mil precarizó las finanzas de los gobiernos estatales y municipales. En el último lustro, el desempleo alcanzó a más de cien mil tabasqueños, en tanto que el número de pobres se mantuvo estable, al pasar de 1.5 millones en el año 1990 a 1. 2 millones en el 2008 y 1.4 millones en el 2018 (CONEVAL, 2018). Un factor central de esta precarización social fue la debilidad de las finanzas estatales y municipales ocasionada por la entrada en vigor de la nueva Ley de Coordinación Fiscal, derivada de la reforma energética en el año 2014. Dicha ley modificó la asignación presupuestal de recursos petrolíferos a los estados y limitó de manera importante la llegada de recursos. La falta de inversión en otros sectores productivos propició que Pemex y los gobiernos estatales y municipales se mantuvieran como la principal fuente de empleo, lo cual provocó una acele- rada expansión burocrática. Esto se tradujo en una carga presupuestal insosteni- ble para las administraciones municipales que culminaron inmovilizadas por los laudos promovidos por trabajadores despedidos, calculados a la fecha en 700 mil millones de pesos (Albert, 2021).

El segundo proceso fue la álgida liberalización política y electoral que implicó la erosión del régimen de partido de Estado. Esto constituyó un avance significativo hacia el pluralismo, el cual derivó en un radicalizado bipartidismo entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) que entronizó la contienda por los ayuntamientos, el congre- so y el gobierno estatal (Curzio, 1995; Ramírez, 2019). Este incipiente tránsito a la democracia, además de agregar valores de participación y competencia, dio paso a un proceso permanente de alternancia. La contienda política adquirió una nueva fisonomía no violenta, donde el votante aprendió a castigar en las elec- ciones las deficiencias del partido gobernante. Otra expresión de este pluralismo fue la intensa y permanente migración de dirigentes priistas hacia las fuerzas opositoras emergentes. Dicha migración posibilitó el reagrupamiento de la clase política,¹ la normalización del transfuguismo y la prevalencia del linaje familiar como una vía de acceso a las candidaturas y a los cargos en la administración gubernamental.

1 La clase política se refiere a individuos provenientes de distintos estratos socioeconómicos, quienes se relacionan y actúan en común acuerdo para cumplir alguna finalidad, primordialmente la toma del poder político. Se integra por el conjunto de todos los partidos políticos que hacen vida política activa dentro de una sociedad determinada, que al administrar el aparato del Estado se constituye inmediatamente en clase gobernante (Mosca, 2004).

A pesar de los cambios sustantivos en materia económica y política, la construcción democrática en la entidad siguió enfrentando desafíos complejos que han complicado su consolidación, los cuales se abordan en los siguientes apartados.

El tránsito a la democracia

Los estudiosos de la transición a la democracia² la consideran un largo proceso con distintas etapas, cuya particularidad depende de la historicidad regional que la circunda. O´Donnell y Schmitter (1988: 19-30) sostienen que el tránsito a la democracia pasa por un proceso de liberalización y democratización, donde sue- len estar presentes cambios y permanencias de un régimen político autoritario en crisis y otro democrático que empieza a edificarse. Esto se debe a que la tran- sición no suele ser un proceso automático y homogéneo. Pueden existir proce- sos de liberalización sin democratización, lo cual significa un cambio parcial de las estructuras políticas autoritarias. Esta variación da lugar a un Estado híbrido donde se imbrica el ejercicio de gobierno democrático con prácticas autoritarias, por lo que las democratizaciones pueden representar distintos estados de cons- trucción. De acuerdo con Morlino (2005), pasado el proceso de liberalización (el cual constituye un arduo camino que le da garantías de participación a las mayorías mediante el voto electoral que garantiza el disenso y la oposición) em- pieza la consolidación de una poliarquía abierta que da poder al pueblo e impone reciprocidad entre los representantes con respecto a sus electores (Dalh, 1970; Sartori, 1957, 1983). Esto significa que pasada la etapa liberalizadora las demo- cracias entran en un proceso de instauración. Es entonces cuando tiene lugar la construcción de las principales estructuras del régimen, a través del estable- cimiento de instituciones electorales independientes, organizaciones colectivas, derechos civiles y políticos, el fortalecimiento del pluripartidismo y la regulación del equilibrio de las relaciones entre los poderes legislativo y ejecutivo (Morlino, 2005: 150).

Aunque la instauración debería anteceder a la consolidación, el tránsito a la democracia no es un proceso lineal: presenta fluctuaciones y depende del con- texto. Esto significa que la instauración puede desembocar en una nueva crisis del sistema político, donde el afianzamiento es una de los posibles resultantes de la instauración, más no el camino obligado. Para Morlino (2005: 173-174), la

2 En este trabajo el concepto de transición es retomado de Morlino, quien la define como “aque- llos regímenes precedidos por una experiencia autoritaria o tradicional el cual experimenta un inicio de apertura, liberalización y parcial ruptura de la limitación del pluralismo” (2005: 62). Y el concepto de democracia es retomado de Domínguez, quien la concibe como “la posibilidad de que la población participe en procesos decisorios que afectan el interés general-y por supuesto el interés particular, entonces hace falta mucho más, además de los procesos formales de delegación del poder público a través del voto en la urna, para hablar de una transformación democrática profunda y duradera” (2013, p. 83).

consolidación democrática es “el proceso de definición-fijación en sus caracteres esenciales, y de adaptación en los secundarios, de las distintas estructuras y nor- mas particulares del régimen democrático, promulgadas también en el transcurso del tiempo”. La consolidación es considerada el estado estable de la democracia, con un ordenamiento institucional igualmente estable. Durante este estado las instituciones y mecanismo funcionan correctamente. Esto permite garantizar la libertad e igualdad. También permite satisfacer completamente las necesidades de los ciudadanos mediante el respeto a la ley, la rendición de cuentas y la ca- pacidad de respuesta que encuentran los ciudadanos y la sociedad civil frente a sus demandas (Morlino, 2005: 261). Esto implica que pasado el proceso de instauración e iniciado el de consolidación podemos estar ante dos escenarios po- sibles. Por un lado, el arribo a una democracia de calidad, la cual se manifiesta a través del establecimiento de un régimen ampliamente legitimado, estable, frente al cual los ciudadanos se manifiestan plenamente satisfechos (Morlino, 2007). Por otro lado, la aparición de una democracia ineficiente. Esta forma de la demo- cracia se caracteriza por tener “un sistema legal poco conforme con los valores democráticos, con una corrupción difundida o presencia de organizaciones crimi- nales, una limitada independencia de los jueces, tiempos de duración muy largos de lo contencioso, altos costos de acceso a los tribunales” (Morlino, 2005: 285).

En México, el tránsito a la democracia ha sido un proceso prolongado, gradual, de larga duración y con énfasis en lo electoral (Cadena y López, 2011). Esto se debe a que en muchas regiones se presentan altibajos y evidencian una falta de consolidación. A pesar de que se ha incorporado la incertidumbre sobre el posible ganador de las elecciones, persisten algunas coacciones a la hora de emitir el voto y faltan mecanismos de transparencia y acceso a la participación política. Además, hay una débil fiscalización del flujo del dinero en las campa- ñas, fundamentalmente el que proviene del narcotráfico. Esto se debe a que la reducción del poder del gobierno central en los estados del país ha tenido efectos diferenciados; en algunos ha propiciado tendencias democratizadoras y en otros ha permitido la instauración de “autoritarismos subnacionales”. Es en los segun- dos donde los cacicazgos locales han tenido plena libertad para hacer uso dis- crecional de los recursos públicos, imponer y “consolidar proyectos autoritarios provinciales” (Gibson, 2006: 220). Esto ocasionó que el tránsito a la democrática haya derivado en procesos inacabados de construcción institucional, muchos de ellos capturados por las inercias del viejo régimen. El resultado de estos procesos inacabados ha sido la apertura de espacios para la emergencia y establecimiento de poderes fácticos e ilegales al margen del Estado.

La falta de consolidación ha derivado en una democracia débil o inefi- ciente (Benítez, 2015: 129, 130). Esto se debe a que no se han logrado afianzar elecciones libres, ni establecer un ejercicio gubernamental eficaz que disminuya

la desigualdad, amplíe las libertades y garantice seguridad a los gobernados. Esta insolvencia ha posibilitado que en algunas regiones de México la democracia se encuentre sujetada a las viejas estructuras del régimen autoritario y de privilegios que, durante siete décadas, imperó en el país a través de las familias y grupos formados en los valores y prácticas no democráticas del PRI.

En este contexto podemos considerar que, si bien el desmoronamiento del sistema de partido único permitió la construcción de un pluralismo partidario, también abrió intersticios para el reacomodo de una hegemonía antidemocráti- ca, embrionaria de una “representación consentida”. Este desmoronamiento no modificó sustancialmente el rostro autoritario del régimen, el cual tolera un ejer- cicio de poder despótico y corrupto, frente a una ciudadanía mayoritariamente reducida a la participación electoral (Durand, 2010). De ello se deriva que el control de la representación en los estados se mantenga bajo el dominio de una clase política hereditaria del poder local, que ostenta las dirigencias partidarias y las burocracias gubernamentales. Así es como la democracia representativa se ha constituido en una vía plausible para la renovación de las familias dinásticas. Es- tas inercias permiten la configuración de democracias parciales o “delegativas” (O’Donnell, 1994), reducidas a un procedimiento representativo bajo el control de gobernantes absolutos, sin poderes legislativos y judiciales autónomos.

En este proceso de construcción democrática emergen también cuestio- namientos sobre el papel de las élites y la función de la clase política. Los repre- sentantes de la corriente elitista del poder explican a las élites como un círculo cerrado de administradores especializados para entender los asuntos públicos y dirigir a una mayoría. Gaetano Mosca, uno de sus defensores, considera que toda sociedad necesita ser dirigida por “una clase especial” o “una minoría organiza- da jerárquicamente” (2004: 94), la cual “dirige el timón del Estado”. Esta clase se rota o sustituye permanentemente en la dinámica democrática. Sin embargo, otros liberales que consideran a las élites como “necesarias” para la democracia, también las ubican como capas “conspiratorias” (Meisel, 1993) y “extractivas” (Acemoglu y Robinson, 2012), debido a que éstas funcionan como una plaga que se incrusta en las instituciones públicas y dedica sus esfuerzos a su propio bienestar y al del grupo al que pertenecen. Además, concentran el poder en ma- nos de una élite reducida y fijan pocos límites al ejercicio de su poder, por lo cual se constituyen en un obstáculo para el avance democrático. Otros autores ponen en duda que la democracia sea el gobierno del pueblo. Schumpeter (1983) la considera una lucha competitiva entre diversas élites por obtener el respaldo del pueblo para que una de ellas gobierne en representación de dicho pueblo. Es por ello que no hay democracia sin élites en competencia. Tanto Sartori (1993) como Dahl (1993) profundizan en esta discusión y consideran que la presencia de las élites no impide que la democracia pueda constituirse en una poliarquía. Sin

embargo, advierten la necesidad de que el poder se distribuya en varios centros en donde la democracia permita seleccionar una élite para gobernar en represen- tación de los ciudadanos. Por lo cual la consolidación democracia hace necesaria la existencia de varias élites y varios centros de poder que den equilibrio y abran la participación a las mayorías en las decisiones públicas que los involucran.

Pluralismo y nueva correlación de fuerzas

La erosión del partido de Estado en México dio paso a la construcción de una nueva correlación de fuerza en muchos ámbitos de poder. Con expresiones dife- renciadas en las entidades federativas, este nuevo equilibrio contribuyó a limitar parcialmente el control que los gobiernos ejercían sobre las elecciones. Al mis- mo tiempo, dio una relativa libertad y autonomía a los medios de comunicación, introdujo algunos derechos civiles y ciertas garantías de que la disputa por el gobierno sería a través de elecciones competitivas (Linz, 1990). Esta pluraliza- ción aportó incertidumbre a los resultados electorales y permitió que los parti- dos opositores contaran con mecanismos legales de impugnación electoral. De esta manera se redujeron considerablemente las acciones de resistencia civil o movilización callejera en favor de la defensa del voto y en contra de los fraudes electorales, tal como había sucedido en Tabasco durante los años noventa, con múltiples episodios violentos regularmente en perjuicio de una oposición en cier- nes (Cedeño, 1995, 1999; Curzio, 1995).

En esta apertura de la vida política estatal, la conformación del PRD jugó un papel central. Al asumir la doble función de partido-movimiento logró ge- nerar una amplia estructura electoral y de movilización social que lo posesionó gradualmente como la principal fuerza opositora en el campo político-electoral. Sin embargo, su crecimiento fue gradual debido al dominio territorial y el control político que ejercía el PRI en la entidad. Durante la elección de 1992 obtuvo sus tres primeras diputaciones mediante la representación proporcional (RP), hasta convertirse en la segunda fuerza política de la entidad y constituirse en un fac- tor de equilibrio en la representación legislativa local. A pesar del avance de la oposición en Tabasco en el proceso transicional, el PRI es el partido que más diputados ha tenido en las distintas legislaturas. Tuvo un control casi absoluto en la década de 1990, ya que el 49.5% de los diputados de mayoría relativa (MR) y de RP provenía de este partido. El PRD, por su parte, ha logrado el 32.1% de los diputados, sumando el mayor número en la década de 2000. En el caso de More- na destaca que con tan solo dos participaciones electorales, las de 2015 y 2018, su presencia legislativa representa el 6.2% de los diputados y ostenta la mayoría de los escaños en la presente legislatura. En tanto que el Partido Acción Nacional (PAN) sólo ha logrado el 4.9% de los escaños. La tabla 1 muestra esta correlación de fuerzas a lo largo del proceso transicional.

Fuentes: Elaboración propia con datos del Catálogos de diputados, Archivo del poder legislativo “Gabriela Gutiérrez Lomasto, Congreso del Estado de Tabasco, IEPCT, 2015.

Este nuevo equilibrio en la correlación de fuerzas también se expresó a nivel municipal a partir del triunfo de los partidos opositores que dio paso a la con- formación de gobiernos no priistas (Cursio, 2000). Alcanzó su nivel máximo en la elección de 2003, cuando el PRD ganó 11 de las 17 alcaldías. No obstante, el declive del PRI en el proceso transicional, este partido ha gobernado 62.2% de los ayuntamientos. Por su parte, el PRD lo ha hecho en el 26.4% de los ayunta- mientos, así ha logrado consolidarse como el partido dominante en las elecciones de 2012 y 2015. Morena, por su parte, con solo dos participaciones electorales ha gobernado el 7.8% de los ayuntamientos. Fueron las elecciones del año 2018 las más fructíferas para esta fuerza política, ya que ganó 16 de las 17 presiden- cias municipales. La tabla 2 muestra el posicionamiento en las administraciones municipales por partido.

Fuente: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), 2015, 2018.

* En los municipios de Nacajuca, Macuspana y Cárdenas se establecieron Consejos municipales.

La emergencia de nuevas fuerzas políticas y la construcción de nuevos equili- brios en la representación legislativa y en los gobiernos municipales es un signo del avance progresivo hacia la pluralización de la vida política. Esto ha cimenta- do la construcción democrática en los gobiernos subnacionales con importantes modificaciones en la estructura institucional y en la propia cultura política. Sin embargo, los gobiernos de la alternancia enfrentan múltiples desafíos, como la fuerte insolvencia presupuestal para atender las demandas ciudadanas y la poca eficiencia en el manejo de los recursos públicos. Estos desafíos se han constituido en el nutriente de la insatisfacción social y la principal motivación del electorado para castigar el ejercicio gubernamental. La lenta consolidación de los procesos democráticos, principalmente el de la eficacia gubernamental y la gobernanza, empieza a afianzarse como una de las principales razones de la insatisfacción y el desencanto con la democracia, la política y los políticos.

Consolidación democrática prolongada

El tránsito que vivieron los gobiernos subnacionales permitió la construcción de un andamiaje institucional cuyo objetivo fue darle cauce a la consolidación democrática. Sin embargo, en este proceso han emergido obstáculos que han limitado su consolidación, tales como la “crisis de representación, debilidad ins- titucional, desigualdad, corrupción, Estados de derecho débiles, elevados nive- les de inseguridad ciudadana, amenazas a la libertad de expresión y una larga lista de pendientes” (Morlino, 2014: 10).³ Aquí resulta significativo cuestionar:

¿cómo podemos evaluar el avance y eficacia en los gobiernos subnacionales? En ese tenor, Roberts (2010: 31) considera que la calidad y legitimidad democráti- cas se valoran a partir de la capacidad que los gobiernos tienen para responder o satisfacer las necesidades de sus gobernados mediante: la puesta en marcha de políticas públicas que atiendan sus demandas; la participación ciudadana en el diseño, aplicación y evaluación de éstas, así como la rendición de cuentas. Sin embargo, la falta de eficacia de los gobiernos democráticos para atender los problemas sociales ha ocasionado el desencanto ciudadano hacia los partidos políticos y ha expandido la insatisfacción y el rechazo al orden establecido. Este déficit en la eficacia gubernamental tiende a conformar lo que Pharr y Putnam (2000) denominan una “democracia insatisfecha”. Esta forma de la democracia se caracteriza por el detrimento en la capacidad que tienen los actores políticos de actuar en reciprocidad con los intereses y deseos de los ciudadanos, así como por la desconfianza en las instituciones públicas de gobierno: el poder legislativo, las fuerzas policiales y armadas, el sistema jurídico y la aplicación de la ley.

3 Esta falta de funcionalidad de la democracia se refleja en la percepción que los mexicanos tie- nen de ella, ya que aunque el 57% están de acuerdo que es el mejor sistema de gobierno, el 84 % consideran que se encuentra poco o nada satisfecho con la democracia (Latinobarómetro, 2018).

En Tabasco, la consolidación democrática presenta visos positivos. Uno de ellos es la confianza que los actores políticos y la ciudadanía tienen sobre las autoridades electorales, la cual ha permitido normalizar que las inconformidades electorales se disipen en los tribunales. Sin embargo, estas expresiones de un nuevo régimen coexisten con los usos y costumbres de una cultura política hege- mónica que se expresa en la concentración del poder de los ejecutivos estatales. Dicha concentración de poder se fortaleció a partir de la derrota presidencial del PRI en el año 2000. El resultado de esas elecciones fisuró la verticalidad centra- lista del ejecutivo federal que controlaba a los gobernadores (Hernández, 2008); lo que permitió que los titulares de los gobiernos subnacionales asumieran el control casi absoluto de las decisiones en detrimento de los otros poderes locales. Otro elemento que complejiza la consolidación de estas transiciones es la ruptura del equilibrio que se vive en los congresos locales, ya sea porque el partido go- bernante logra obtener la mayoría absoluta y con ello extralimitar su capacidad de decisión frente a los otros poderes y fuerzas, o porque la oposición supera la fuerza del partido en el poder y dificulta la eficacia de las decisiones del gobierno. De acuerdo con Morlino (2014: 45), en este proceso la “bipolaridad entre dos partidos, o entre líneas partidarias o coaliciones, debilitan la importancia y la fuerza de la rendición de cuentas electoral”.

La elección federal de 1997 en México consolidó el proceso de liberaliza- ción como primera etapa del proceso de democratización, debido a que permitió la conformación de un Congreso federal autónomo e independiente que fungió como contrapeso de las decisiones y actos del poder ejecutivo. Sin embargo, en los gobiernos subnacionales, los congresos han mantenido un comportamiento propenso a los intereses de los gobernadores. En Tabasco, no obstante que se equilibró la representación de las fuerzas partidarias, la subordinación del poder legislativo al ejecutivo ha sido invariable, lo cual ha permitido a los gobiernos estales y municipales esquivar la rendición de cuentas. Tanto en los gobiernos de Roberto Madrazo Pintado (1994-2000) como en los de Arturo Núñez Jimé- nez (2012-2018) y Adán Augusto López Hernández (2018-2024), a pesar de las múltiples observaciones realizadas por órganos de revisión sobre el mal manejo de recursos, el PRI, el PRD y Morena establecieron mayorías legislativas para aprobar las cuentas públicas municipales y estatales.⁴ La tabla 3 muestra esta situación

4 Uno de los pendientes de la construcción democrática es el correcto funcionamiento de los partidos políticos, pues dentro de ellos tienen lugar negociaciones ocultas entre grupos de poder y poderes fácticos poderosos. Es por ello que sólo el 11% de los mexicanos confía en los partidos políticos y el 76.5 % cree que hay mucha corrupción en ellos, mientras que sólo el 22% confía en los congresos (Latinobarómetro, 2018).

Fuente: Elaboración propia con información del Órgano Superior de Fiscalización (OSF), (Herrera, 2012; Diego, 2020).

Esta conformación de mayorías “conniventes” se ha convertido en uno de los principales obstáculos del proceso de rendición de cuentas. Destacan las cuentas de los años 1997, 2016 y 2018. En las primeras el PRI logró obtener la mayoría del congreso con la adhesión de tres diputados del PRD y uno del PAN, bajo la sospecha de haber sido “maiceados”⁵. En las de 2016, cuatro diputados indepen- dientes (emanados del PRI), uno del PAN, otro de Morena y uno más del PVEM (Partido Verde Ecologista de México) se sumaron a la fracción parlamentaria del PRD para que ésta obtuviera mayoría absoluta. Finalmente, en las cuentas del año 2018 cinco diputados del PRD se adhirieron a la bancada de Morena, lo cual permitió que ese partido lograra la mayoría absoluta en el congreso (Guzmán, 2016a).

En esta tradicional subordinación del poder legislativo a los gobernado- res también median otros tipos de conflictos, como las discordancias entre los presidentes municipales y el gobernador o con sus dirigencias partidarias. Así

5 En el lenguaje político popular se utiliza para denominar a los diputados opositores que reci- ben algún tipo de soborno para apoyar las iniciativas del gobierno en turno.

aconteció en el 2015, cuando el congreso sólo reprobó la cuenta del municipio de Huimanguillo, no obstante que las observaciones financieras a las cuentas de los 16 municipios restantes superaban los mil doscientos millones de pesos. Aun- que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) argumentó que las irregularidades investigadas se debían a gastos no presupuestados que no fueron para beneficio del municipio, subyace también que la reprobación de esta cuenta se debió al conflicto entre el presidente municipal, Francisco Sánchez Ramos, y Juan Manuel Fócil, un miembro de la facción Alternativa Democrática Nacional (ADN), la cual tenía el control parcial del PRD estatal (Diego, 2017).

En 2016, el gobierno perredista obtuvo la mayoría en el congreso median- te la “adhesión” de cinco diputados de otros partidos a su bancada: uno del PRI, dos de Morena, uno del PVEM y uno del PAN. Así fue como se construyó una mayoría que les permitió aprobar las cuentas públicas de 2015 del gobierno es- tatal y los ayuntamientos. A pesar de que las observaciones del OSFE indicaban que en la mayoría de las cuentas subyacía un mal manejo de los recursos públi- cos, fueron aprobadas y defendidas por la fracción del PRD, bajo el argumento de que “la fracción parlamentaria del PRD no está solapando corrupciones, no está maquillando cuentas públicas, ni está encubriendo a nadie” (Redacción, 2016).

A lo largo del proceso de transición en Tabasco, la correlación de fuerzas en el congreso estatal y la filiación partidaria del gobernante en turno han sido determinantes en la calificación de las cuentas públicas. De ahí que la construc- ción de mayorías subyace como un mecanismo de “colaboración” que favorece a los aliados y regularmente desfavorece a los adversarios, en detrimento de la consolidación democrática. Esta construcción aciaga de mayorías ha generado resultados adversos al evaluar las cuentas de los ex gobernadores acusados de corrupción, que no concluyeron sus administraciones con “buenas relaciones” con los ejecutivos entrantes, tal como sucedió en los últimos dos gobiernos de la alternancia. En el 2013, la cuenta del último año de gobierno de Andrés Granier Melo fue reprobada de manera unánime por la bancada perredista. El exgo- bernador fue llevado a prisión seis años por los delitos de defraudación fiscal y peculado, cuyo proceso continúa abierto.

En el caso de Arturo Núñez, la revisión de las cuentas públicas presenta una doble cara. La del año 2017 inusitadamente fue aprobada en el pleno del Congreso con veintitrés votos a favor, ocho en contra y una abstención. Los vo- tos a favor fueron de Morena y del PRD, en tanto que el PRI y el PVEM votaron en contra. La situación generó inconformidad social y política por un posible acuerdo subrepticio entre el gobierno de Morena y el ex gobernador. En tanto que la cuenta del año 2018 fue reprobada por la Primera Comisión Inspectora de Hacienda del Congreso, con cuatro votos a favor de los diputados de Morena y del PRI y un voto en contra del coordinador de los diputados del PRD, Agustín

Silva Vidal. El argumento del rechazo fue que no solventó observaciones por un monto de 4 497 297 438 pesos, que representan el 43.88% del ejercicio anual. En el mismo ejercicio de revisión también reprobaron la cuenta del Poder Judicial (Hernández, 2018 y Reyes, 2019). Los ejemplos abundan para argumentar que la transición abrió una nueva etapa de alternancia donde el PRD, y recientemente Morena, se han constituido como fuerzas políticas hegemónicas en el congreso del estado y han tolerado el mal ejercicio de recursos públicos y depreciado la rendición de cuentas. Todo esto agrega más ingredientes a la desconfianza social.

Otras de las principales deudas de la democracia en los países en proceso de desarrollo son su falta de afianzamiento y su incapacidad para enfrentar pro- blemas estructurales referidos a la pobreza y la inseguridad. De acuerdo con Mor- lino (2005 y 2014), esto se debe a que, en la mayoría de los casos, los gobiernos tienen una debilidad institucional y enfrentan limitación en las finanzas, así como una restringida capacidad estatal para atender la pobreza, el desempleo e inse- guridad, entre otros problemas sociales. En el caso de Tabasco, subyace además la falta de eficacia gubernamental para desarrollar otros sectores de la economía paralelos a la actividad petrolera, agudizada por la influencia de factores externos que le permitan enfrentar la pobreza. Entre los años 1990 y 2010, la actividad económica se mantuvo conexa a la actividad petrolera, la cual se convirtió en el basamento del proceso de “modernización forzada” o “ensamble desarrollista” y en la viga de las burocracias estatales para construir y sostener una amplia red de control político electoral (Tudela, 1992; Uribe, 2003). Sin embargo, la crisis petrolera –ocasionada fundamentalmente por la disminución de la producción de hidrocarburos, el desplome internacional del precio del petróleo en 2007 y la reforma petrolera peñanietista en 2014– generó que la producción nacional ba- jara un millón de barriles diarios y que la aportación de Tabasco a la producción nacional pasara del 25.5% en el año 2013 al 14% en el 2017 y 11.6% en el 2020 (SENER, 2020). La actividad petrolera representa en promedio el 44.5% del Pro- ducto Interno Bruto (PIB) del estado, de ahí que la crisis en este sector provocó que la entidad pasara de ser la octava economía más grande del país en 2013, con una aportación de 3.5% al PIB nacional, al lugar 17 en el 2018, con un aporte del 2.2% al PIB del país (INEGI, 2019; Ramírez, 2019a). A ello se suma el declive de la producción petrolera iniciado hace tres décadas (Uribe, 2003) e intensifica- do en el último lustro por el descenso de la producción nacional. Otro factor que incide es el precio de la mezcla mexicana en el mercado internacional, que pasó de 87.53 dólares por barril (US$/b) en el año 2014 a 44.18 US$/b, en el 2015 y

18.90 US$/b, en el 2016. Para el año 2017 registró un precio de 46.39 US$/b, en

el 2018 alcanzó 61.89 US$/b, en el 2019 disminuyó a 54.67 US$/b. Para el año 2020, aunque llegó a cotizar debajo de cero, culminó el año alrededor de los 50 US$/b, con una producción nacional de 1.87 millones de barriles diarios (INEGI, 2019; Banco de México, 2020; Pemex, 2020).

En paralelo, el gobierno estatal enfrentó la disminución de los ingresos petroleros que recibía de la federación por la entrada en vigor en 2014 de la nueva Ley de Coordinación Fiscal y la nueva regla de asignación presupuestal de recursos petrolíferos, que incluía a todos los estados en función del número de habitantes. Estos reajustes nacionales impactaron de manera importante la actividad económica y el empleo. La reducción de los contratos y de la plusvalía propició que las empresas sudamericanas y norteamericanas subcontratadas por Pemex, las cuales realizaban labores de exploración y servicios, abandonaran la entidad. El impacto de estos reacomodos repercutió negativamente en los sec- tores inmobiliario, arrendatario y de servicios, lo cual ocasionó, hasta 2018, el cierre de más de mil empresas locales ligadas a esta actividad (Vinagre, 2018). Al mismo tiempo, Pemex suspendió la concesión de recursos que hacía a los 17 ayuntamientos. Esta suspensión ocasionó un despido importante de empleados como medida para adelgazar el gasto corriente, que a la fecha alcanza el 80% de los presupuestos municipales.

La crisis de hidrocarburos y la falta de reactivación de otros sectores de la economía en Tabasco propició un masivo despido de trabajadores directos e in- directos de Pemex: la tasa de desocupación alcanzó un promedio nacional récord de 8% en los últimos seis años. En tanto que para el 2019 la tasa de desempleo se ubicó en 7.85%, para el 2020 durante el primer trimestre disminuyó a 5.3%, debido al cierre de la actividad económica por la pandemia de Covid-19. Los tres trimestre restantes del año 2020 aumentó a 6.7%, 7.4% y 7.5% respectivamente. Es decir que la tasa de desempleo anual se mantuvo por encima del 7.0%, cifra que supera la media nacional de 3.5% y mantiene a Tabasco en el primer lugar nacional de desempleos (INEGI, 2018, 2020; CONEVAL, con base en ENOE, 2020). En la última década, el estancamiento económico propició que más de la mitad de la población se mantuviera en la línea de pobreza. En el año 2008 se re- gistró al 56.6% de la población en la línea de pobreza; para el 2018 al 56.2% que representa 1 382 300 tabasqueños en esta condición. Entre las mayores carencias de este sector de la población se ubican: el acceso a seguridad social, la alimen- tación y los servicios básicos en la vivienda. En lo que respecta al desempleo, en el año 2019 alcanzó el 7.09% y para el 2020 la tasa descendió a 6.4%. En tanto que la tasa de informalidad laboral pasó de 60.96% (58.7 nacional) en 2013 a 65% (56.7 nacional) en 2019 y 64.2% (56.3 nacional) en 2020 (INEGI-ENOE,

2019 y 2020).

La limitada capacidad financiera de los gobiernos estatales y municipa- les motivó un aumento sustancial en la deuda pública durante los gobiernos de Andrés Granier Melo y Arturo Núñez Jiménez. Esto sucedió en medio de acusa- ciones por mal uso de los recursos púbicos, adeudos a proveedores y acreedores; el primero por más de 17 mil millones de pesos, en tanto que el segundo por más

de dos mil millones. A ello se suma el incremento de la deuda pública en los dos

sexenios. La deuda pasó de 6 180 960 158 pesos en el año 2013 a 6 834 654 313

pesos en el 2018, 653 694 155 pesos más que el monto recibido en 2013. Para enfrentar esta situación, el gobierno morenista se planteó abrir una nueva línea de crédito (Esquivel, 2019). El triunfo de Morena en los gobiernos federal y estatal despertó nuevas expectativas de recuperación económica para la entidad. Dichas expectativas estaban motivadas por el efecto de los programas sociales y los proyectos de la refinería de Dos Bocas y, en menor medida, el Tren Maya. A pesar del confinamiento y el cierre parcial de la economía estatal por la pandemia de Covid-19, ésta presentó un ligero repunte en 2020, sin que se perciba en el gobierno estatal la implementación de políticas públicas dirigidas a diversificar e impulsar otros sectores de la economía.

Otro flanco para la evaluación de la democracia en los gobiernos subna- cionales es la capacidad instrumental que el Estado despliega para enfrentar la inseguridad y hacer eficiente el sistema de justicia. En Tabasco, entre los años 2012 y 2019 la percepción de inseguridad pasó de 71.2% a 90.2%, primer lugar nacional, mientras que en el 2020 alcanzó 86.8% (ENVIPE, INEGI, 2012, 2019a, 2020). Esto se debe a que la imbricación de la delincuencia común y la violencia derivada del narcotráfico tiene incidencia directa tanto en la gobernabilidad como en el deterioro de la credibilidad y efectividad gubernamental para generar bienes políticos básicos. En el caso de la delincuencia común su expansión obedece, por un lado, a los desajustes sociales locales provocados por la crisis económica y, por otro lado, a la pérdida de legitimidad de la burocracia estatal asociada a su au- sencia o laxidad en la aplicación de las normas. Ello ha potenciado la expansión de la apropiación ilegal de la propiedad privada y representa un quebranto par- cial de la relación Estado/sociedad (Ramírez, 2019). En el caso del narcotráfico, éste obedece a procesos estructurales más amplios. Entre ellos se encuentran: la apertura económica global, el control del mercado de bienes locales y la posición fronteriza con el sur del país. Otro factor son los espacios de poder que abrió el proceso de transición política y que no fueron copados por el Estado u otros actores legales. Esta situación permitió la emergencia y el posicionamiento de los grupos ilegales dedicados al tráfico de drogas, frente a los cuales los estados subnacionales no tienen capacidad de respuesta (Astorga, 2001).

El asentamiento de los cárteles de las drogas en la última década ha oca- sionado que los gobiernos constitucionalmente electos se vean limitados en su capacidad técnica para enfrentar a estos poderes paralelos, brindar seguridad y salvaguardar los bienes de la población (Arellano, 2009: 149). La actividad del narcotráfico ha tenido una expansión progresiva en Tabasco, desde los gobiernos de Manuel Andrade Díaz y Andrés Granier Melo (en el cual el crimen organiza- do infiltró la Secretaría de Seguridad Pública), así como en el de Arturo Núñez

Jiménez y el de Adán Augusto López Hernández (2018-2024). En este periodo, se expandieron las células de los cárteles Jalisco Nueva Generación, del Pacífico, del Golfo y Zetas. Esto ha sucedido particularmente en la región de la Chontalpa, frontera con Veracruz, donde subyace el robo y comercialización de combustible o huachicol, controlado por bandas locales ligadas al cártel de los Zetas (Ra- mírez, 2019). En cuanto a este tema la presencia del Estado puede variar, desde tener una presencia testimonial, ser omiso, hasta mantener algún tipo de conni- vencia con los grupos delictivos.

La expansión del crimen organizado en Tabasco llegó a su máximo nivel entre los años 2015 y 2018, cuando la entidad se ubicó en el primer lugar na- cional en nueve de los doce delitos monitoreados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Para el 2019, durante el gobierno morenista, algunos delitos comunes descendieron. Sin embargo, el número de homicidios dolosos relacionados directamente con la actividad del narcotráfico fue de 564, mientras que en 2020 fue de 508, variación que pueden obedecer al confinamiento por la pandemia de Covid-19 (Semáforo Delictivo, 2019, 2020).

Frente a la expansión de estas expresiones delincuenciales se encuentra un deficiente sistema judicial, cuya operación mantiene un histórico rezago en las instituciones de procuración e impartición de justicia. Para el año 2017 estas instituciones acumulaban un 92% de rezago en cuanto a la atención de las carpe- tas de investigación, para el 2018 el estado se ubicó con un 99.4 % de impunidad en el sistema de justicia penal (México Evalúa, 2020). A ello se une que la per- cepción de ineficiencia de los ministerios públicos locales en la entidad ocupa el quinto lugar nacional, el séptimo lugar en desconfianza y el primer lugar en el tiempo que un ciudadano dedica a tramitar una denuncia (más de tres horas). El 70% de los tabasqueños desconfían de la administración de la justicia y el 92% de los delitos no se denuncian (Ramírez, 2019; INEGI, 2019).

La ineficiencia institucional configura uno de los problemas centrales de los Estados democráticos en proceso de consolidación, debido a la incapacidad de estos para hacer frente a la impunidad en la cual se asienta la inseguridad (Cis- neros, 2015: 38). Esto se debe también a que las violencias derivadas de la acción del narcotráfico y la delincuencia común se articulan con otros tipos de violencia “estructural”, los cuales se producen y reproducen en las condiciones desiguales de vida, validadas y legitimadas dentro de la normatividad y las reglas de con- vivencia (Cisneros, 2015). En Tabasco, la violencia estructural se manifiesta en varios frentes y con un crecimiento significativo. Entre los años 2015 y 2019, la violencia familiar pasó de 4 230 a 7 215 reportes, con un acumulado de 29 895 casos en este periodo; en lo que respecta a las violaciones, éstas pasaron de 269 a 436, para sumar 1 659 casos; en tanto que los feminicidios pasaron de 8 a 26 en el mismo periodo, para acumular 138 casos. Tan solo en 2019 y el primer semestre

de 2020, durante el confinamiento por la epidemia de Covid-19, las agresiones contra las mujeres alcanzaron las 14 536 denuncias (Semáforo Delictivo, 2020). El aumento de la violencia estructural debilita las relaciones comunitarias que propician condiciones de seguridad a la población, lo cual permite expandir otros tipos de violencias, tales como los “linchamientos” o “justicia por propia mano”. De acuerdo al Comité de Derechos Humanos de Tabasco, entre los años 2014 y 2019 se registraron 418 casos (Barbosa, 2018; Diego, 2020).

La expansión de estos tipos de violencias muestra el déficit gubernamental para establecer el estado de derecho. La carencia de políticas púbicas permite o incentiva la construcción de relaciones sociales al margen del orden establecido, basadas en la privatización ilegal de la violencia, la cual fractura los límites del control social (Rodríguez, 2012: 44) y pone a prueba las capacidades del Estado democrático.

Cultura política del parentesco

La liberalización política en Tabasco, como mencionamos en líneas atrás, se dio a partir de dos procesos imbricados. El primero asociado a las disputas internas en el PRI por el control del partido y las candidaturas. El segundo proceso, derivado del primero, asociado a las fracturas internas que ocasionaron la salida de algu- nos liderazgos que se integraron a las filas del PRD. Estos desprendimientos for- maron parte de un largo proceso de atomización de la clase política, que dio paso a la conformación de nuevos bloques de poder y cacicazgos que entraron a la disputa del poder local. Las fracturas en el PRI durante las coyunturas electorales de los años 1988, 1997, 2000 y 2012 propiciaron el nacimiento y fortalecimiento del PRD. En tanto que Morena se vio favorecida en las elecciones del 2015 y del 2018, con el arribo de un sector de dirigentes priistas y una amplia base de perre- distas. Este nuevo reagrupamiento en Morena cristaliza la mayor movilidad a un partido opositor. Además, representa un nuevo proceso de renovación de la clase política tabasqueña mediante el ensamblaje de las viejas y nuevas generaciones de los grupos políticos, procedentes de las familias históricamente ligadas a la propiedad de la tierra y la cría de ganado. Así lo sostiene un informante: “gene- ralmente, el político tabasqueño entra a la política para hacer dinero y de inme- diato se vuelve ganadero, ya que se cree que la actividad ganadera da abolengo”.⁶

Como en la mayoría de los procesos transicionales, la búsqueda del poder gubernamental en Tabasco se ha caracterizado por múltiples rupturas y alianzas que dan como resultado el reacomodo de las fuerzas locales. En muchos casos, esto ha ocurrido en concomitancia con los intereses de grupos de poder nacional, tal como sucedió con la destitución de los gobernadores Manuel Bartlett Bautista

6 Entrevista a informante 2 (OLDF), realizada el 12 de septiembre de 2020.

(1953-1955), Salvador Neme Castillo (1982-1992) y Roberto Madrazo (Curzio, 2000; Cedeño, 1999).⁷

De acuerdo con Linz (1990), en muchas regiones de México la libera- lización no necesariamente dio paso a una consolidación democrática. En los estados los partidos opositores mantuvieron las prácticas y valores de una cultura política antidemocrática heredada del viejo partido de Estado, la cual impidió institucionalizar su vida partidaria e incentivó el transfuguismo. En Tabasco, la liberalización derivó en la pérdida de consenso de las élites locales y su perma- nente movilidad hacia el PRD. Ahí pudieron acceder a candidaturas, a cargos de dirección partidaria, a la administración de los gobiernos estatal y municipal, lo cual permitió que un reducido estrato de familias privatizara el poder e institucio- nalizaran su potestad. Un informante lo describe de la siguiente manera:

En Tabasco hay una mezcla [de grupos en el gobierno] es una mezcla, es la de- generación de la democracia, estamos ante una oclocracia, gente descerebrada, posesiva. Esto se debe a que Tabasco no es un estado industrial, la mayoría vive de la burocracia, es un país con sus republiquetas. Son esbirros y sirvientes que se van incrustando en las coyunturas que se van dando. Es un gandallismo de ver cómo llegamos al poder, por un lado o por otro, y la gente se vuelve adicta, como el crimen organizado, pero en la política para usurpar puestos.⁸

Desde la elección de1988 la movilidad de liderazgos priistas al PRD y Morena ha sido constante y ha permitido la rearticulación y ensamblaje de los grupos hegemónicos, así como la renovación generacional de la clase política identifi- cada con el gobierno de Mario Trujillo García. Tal es el caso de Arturo Núñez Jiménez, quien sostiene las carreras de José Antonio de la Vega y Jesús Alí de la Torre. También es el caso de Enrique González Pedrero, al que pertenecieron César Raúl Ojeda Zubieta, José Eduardo Beltrán, Humberto Mayans Canabal, Fernando Mayans Canabal y Pedro Jiménez León. Otro caso es el grupo de Ro- berto Madrazo Pintado y Manuel Gurría Ordoñez, cuyos integrantes actualmente ocupan cargos morenista, tales son los caso de Augusto López Hernández (secre- tario de Gobernación federal), Fernando Calzada Falcón (director de finanzas de Centro), Jaime Lastra Bastar (ex fiscal y coordinador de la bancada de Morena en el congreso local), Hernán Bermúdez Requena (secretario de Seguridad Pública), Yolanda Osuna Huerta (presidenta municipal de Centro), Oscar Cantón Zetina (diputado de representación proporcional), entre otros⁹.

7 En el caso de Roberto Madrazo Pintado (1994-2000), derivado de la movilización emprendida por la oposición, también se exploró la posibilidad de que no tomara posesión como gobernador. Sin embargo, recibió el apoyo del presidente Ernesto Zedillo y del presidente de la Cámara de Diputados, Arturo Núñez Jiménez.

8 Entrevista a Informante 1 (REBD), realizada el 2 de marzo de 2021.

9 Entrevista realizada a informante 3 (RHR), 12 de septiembre de 2020.

Esta imbricación de liderazgos del PRI a la oposición ha tenido una pro- gresión acelerada entre los años 2012 y 2018, con el traslado de grupos completos a las principales posiciones gubernamentales. Tal como sucedió en el gobierno perredista encabezado por Arturo Núñez Jiménez, cuando la Asociación Política José María Pino Suárez (ligada al PRI) se convirtió en uno de los pilares de ese gobierno; en tanto que un reducido número de militantes perredistas accedieron a cargos de segundo y tercer nivel. Este proceso de movilidad priista a la oposición se ha intensificado a partir de las expectativas de triunfo que esta ha tenido bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Esto se debe a que la candidatura de AMLO generó efectos electorales positivos en muchas regiones del país. En Tabasco, el “efecto López Obrador” catapultó las candidaturas en disputa, fundamentalmente la de Adán Augusto López Hernández (AALH), un candidato de raigambre priista con poca aceptación electoral, pero cercano al candidato presidencial.¹⁰ Su triunfo permitió el arribo de ex priistas identificados con los históricos grupos de poder, antagónicos al PRD en los años noventa y dos mil. Un informante expresa esta movilidad de la siguiente manera:

En Tabasco hay un cinismo político. Estamos dando muestra de que aquí lo que interesa es el poder, la posesión; el tener, no el ser. Ahora hasta Andrade, Cantón [viejos militantes priistas] andan en el partido de Andrés. Aquí el interés ideoló- gico no importa, aquí prevalecen los pleitos intestinos, no hay proyecto. Es gen- te vividora que está acostumbrada al poder, el poder es adictivo. Estamos ante el degenere del capitalismo en la política, esa voracidad del capitalismo entra ahora a la política. Ahora ya ni siquiera es buscar contratos para robar, es robar por robar y llevarse el dinero líquido. Comprar las vaquitas para tener dinero en las campañas, para controlar y comparar votos.¹¹

En el año 2018, el triunfo de Morena en la entidad permitió que las distintas ex- presiones grupales de la clase política originaria del PRI ocuparan las 16 secreta- rías del gobierno, en tanto que los militantes de Morena (provenientes del PRD) solo accedieron a cargos de segundo y tercer nivel. Esta movilidad de líderes y militantes de un partido a otro, normalizada en el proceso transicional, contrasta con la falta de una nueva ciudadanía que tenga una participación más allá de lo electoral. Esta ausencia ha ocasionado que las demandas se sigan canalizando a través de los partidos políticos tradicionales, a pesar de su falta de credibilidad (Cadena y López, 2011; Morlino, 2014). Aunado a todo esto, la movilidad de los liderazgos ha propiciado que los partidos emergentes y los gobiernos de la alternancia sean absorbidos por la inercia antidemocrática y se constituyan en espacios para la construcción de una nueva hegemonía. Esta nueva hegemonía se articula a través de las redes de parentesco y de pertenencia a grupos polí-

10 En el ejercicio de gobierno, la ascendencia y aceptación de AMLO se ha mantenido muy por encima de la de AALH. El presidente cuenta con un 76.4% de aprobación, en tanto que el gober- nador con solo el 45.8% de aprobación en el ejercicio de gobierno, de acuerdo con la encuesta de Consulta Mitofsky (2021), levantada en febrero de 2021.

11 Entrevista a informante 1 (REBD), realizada el 2 de marzo de 2021.

ticos locales, lo cual posibilita una renovación neo caciquil en la entidad (Ra- mírez, 2019a). En este proceso, tanto el PRD como Morena han manifestado tener “derecho de admisión” como medida de acceso para los nuevos militantes. Sin embargo, el liderazgo que AMLO ha mantenido en las estructuras partidarias ha sido, en algunos casos, un factor decisorio para validar o vetar liderazgos o candidaturas. Así es como esta práctica se ha hecho común en las dirigencias del PRD y Morena.¹²

En este entramado de cambios y permanencias en el sistema político ta- basqueño, permea el espacio partidario como vía hegemónica para acceder a la representación política. Es decir, que se ha dejado poco margen a la ciudadanía en la construcción democrática. A ello se suma que la ausencia de una propuesta programática e ideológica partidaria facilita la permanente oscilación de grupos y liderazgos entre partidos, quienes regularmente se adhieren a bloques políti- co-electorales pragmáticos para acceder a los cargos de representación pública o espacios gubernamentales, y así evadir la rendición de cuentas y la justicia.

Apuntes finales

En las últimas tres décadas el sistema político tabasqueño ha tenido cambios sig- nificativos derivados de la erosión que registró el PRI desde finales de los años ochenta. Esta condición abrió cauces para que la competencia electoral fuera más disputada y la alternancia se asentara como parte de la normalidad democrática. La transición a la alternancia, al propiciar una nueva correlación de fuerzas, ha pluralizado la convivencia política y limitado la violencia política, aunque se mantuvieron las viejas relaciones políticas y la cultura del amaño en las elec- ciones. De ahí que la arena electoral se constituyó en un espacio de reconfigura- ción del control político que ha propiciado que la elección sea un procedimiento que deja al elector atrapado entre un multicolor de expresiones hegemónicas que permiten a las élites locales y las familias dinásticas circular en el poder desde distintas trincheras partidarias.

La transición tabasqueña incautada por las élites dificulta la consolidación de un nuevo régimen democrático y explica la insatisfacción ciudadana. Esto se debe a que impide la emergencia de una nueva cultura política regional y reduce las elecciones a un procedimiento rutinario, donde la representación política está desprovista de sus ideales de seguridad, justicia e igualdad. Las carencias de la transición se traducen en falta de consolidación. Los gobiernos muestran magros resultados porque son absorbidos por las inercias burocráticas y por la falta de

12 Los casos más significativos de esta capacidad de AMLO para rechazar o vetar personajes políticos locales se dio en la elección de 2015 en contra de Arturo Núñez Jiménez, Evaristo Her- nández Cruz y Gerardo Gaudiano Rovirosa (Guzmán, 2015, 2016).

instituciones autónomas del poder que vigilen y castiguen la corrupción guberna- mental. Esta falta de operatividad democrática ha ocasionado que los gobiernos, bajo distinta nomenclatura partidaria, funcionen como un negocio fructuoso para los grupos de poder, quienes han hecho de la actividad política una actividad ren- table. Todo esto sucede frente a una ciudadanía poco participativa, tolerante de la corrupción e intricada en el clientelismo.

En el contexto tabasqueño, la democracia se encuentra en un lento proce- so de consolidación. Son escasos los resultados que ofrecen los gobiernos de la alternancia ante el crecimiento de la pobreza, el desempleo, la inseguridad y la violencia que articulan condiciones para la expansión de la desigualdad social. Ello implica que la construcción democrática en Tabasco, como proceso inaca- bado, continuará su paso lento frente a los problemas estructurales y transversa- les. Estas problemáticas conforman un escenario complejo que puede derivar en acciones colectivas subalternas o propiciar la articulación de candidaturas inde- pendientes que desafíen las inercias de las hegemonías partidarias. Sin embargo, el desarrollo de dichas acciones resulta complicado, dado el control hegemónico que los grupos y familias tienen sobre las estructuras partidarias. Por lo pronto, la disputa por el poder en la elección del año 2021 será un nuevo laboratorio que se perfila como la mayor mimetización de los cuadros herederos de las familias dinásticas y grupos hegemónicos para mantenerse en el poder. Esto nos lleva a apuntar que el proceso de construcción democrática en esta región del país, bajo la hegemonía de Morena, seguirá dando muestras de que la vía electoral es todavía un vehículo idóneo para la renovación de las élites y el acceso a los presupuestos. ֍

Bibliografía

ACEMOGLU, DARON y ROBINSON, JAMES (2012). Por qué fracasan los países: Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Barcelona: Deusto.

ARELLANO RÍOS, ALBERTO (2009). “Estado e inseguridad pública en Méxi co: los supuestos de la acción estatal”. Estudios Sociales, núm. 4, pp. 149.

ASTORGA, LUIS (2001). Drogas sin fronteras. Los expedientes de una guerra permanente. México: Grijalbo.

BANCO DE MÉXICO, (2021, 2, 3) “Precio de la mezcla mexicana de petróleo”. Recuperado de https://www.banxico.org.mx/apps/gc/precios-spot-del- petroleo-gra.html.

BENÍTEZ MANAUT, RAÚL (2015). “Democracia, violencia y narcotráfico en México. Desafíos 2015”. Anuario Latinoamericano. Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, vol. 2, pp. 129, 130.

BARBOSA, ROBERTO (2018). “Tabasco, en donde toman la justicia por su propia mano”. La Silla Rota (Ed. 3 de junio de 2018), pp. 9.

CADENA ROA, JORGE y LÓPEZ LEYVA, MIGUEL (2011). “La consolidación de la democracia en México: avances y desafíos (2000-2006)”. Estu- dios Sociológicos. Vol. XXIX, núm. 86, pp. 417.

CEDEÑO DEL OLMO, MANUEL (1995). “Las elecciones en Tabasco y la pug na por la gubernatura, 1988-1994. Los nudos de la transición regional”. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. Vol. 40, núm.161, pp.173.

(1999). Sistema Político Tabasqueño. Gobierno, poder regional y federalismo. México: UJAT.

CISNEROS, JOSÉ LUIS (2015). Visiones contemporáneas de la violencia. Mé xico: UAM/Ediciones Eón.

CONEVAL (2020, 2, 7) “Ingreso laboral per cápita, Tabasco, 2005-2020”. Recu perado de https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Tabasco/ Paginas/itlp.aspx, 3 de mayo de 2020.

(2019, 2, 7) “Medición de la pobreza 2008-2018, Tabasco”. Recuperado de https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Tabasco/Pagi- nas/Pobreza_2018.aspx, 21 de agosto de 2020.

CURZIO, LEONARDO (1995). Tabasco: sociedad, economía, política y cultura.

(2000). Gobernabilidad, democracia y videopolítica en Tabasco, 1994- 1999. México: Plaza y Valdés.

DAHL, ROBERT (1993). La poliarquía. México: Red Editorial Iberoamericana.

DIEGO, JUAN (2017). “Reprueban cuenta pública de Macuspana y Huimangui llo”. La Verdad del Sureste (Ed. 14 de diciembre de 2017), pp.5.

(2020). “En 2019 hubo 105 manifestaciones, la mayoría de ellas contra PEMEX: Codehutab”. La Verdad del Sureste (Ed. 20 de enero de 2020), pp. 6.

“En 2019 hubo 105 manifestaciones, la mayoría de ellas contra PEMEX: Codehutab”

(2020). “Reprueban las cuentas públicas 2019 de Macuspana y Jalapa”. La Verdad del Sureste (Ed. 9 de diciembre de 2020), pp. 7.

(2020). “Reprueban las cuentas públicas 2019 de Macuspana y Jalapa”. La Verdad del Sureste (Ed. 9 de diciembre de 2020), pp. 7.

(2020). “Reprueban las cuentas públicas 2019 de Macuspana y Jalapa”. La Verdad del Sureste (Ed. 9 de diciembre de 2020), pp. 7.

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