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10032022
15122022
Carmen María Novelo Díaz carmennovelo@gmail.com
Universidad Autónoma de Yucatán, México
Resumen: Este artículo presenta un panorama general de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que realizan actividades en el ámbito de los derechos humanos en el Estado de Yucatán, con la finalidad de ayudar a comprender su labor y de qué manera pueden incidir para mejorar la situación de los derechos humanos en la entidad. Se realizó un estudio mixto que en su fase cuantitativa permitió caracterizar el perfil general de las OSC y en su fase cualitativa conocer las particularidades del trabajo que realizan. Los resultados permiten dimensionar las acciones que las OSC llevan a cabo en materia de derechos humanos, así como identificar aspectos que no están siendo suficientemente atendidos y pueden representar áreas de oportunidad para que las OSC incrementen su participación como elementos de cambio hacia una transformación significativa en los derechos humanos en Yucatán.
Palabras clave: Derechos humanos, sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, OSC, ONGs.
Abstract: This article presents an overview of civil society organizations (CSOs) that carry out activities in the field of human rights in the state of Yucatan, with the aim of helping to understand their work and how they can have an impact on improving the human rights situation in the state. A mixed study was carried out, which in its quantitative phase allowed us to characterize the general profile of CSOs and in its qualitative phase to know the particularities of the work they carry out. The results allow us to dimension the actions that CSOs carry out in the area of human rights, as well as to identify aspects that are not being sufficiently addressed and may represent areas of opportunity for CSOs to increase their participation as elements of change towards a significant transformation in human rights in Yucatan.
Keywords: Human Rights, civil society, civil society organizations, CSOs, NGOs.
Artículos Académicos
Organizaciones de la sociedad civil: Una mirada a su participación en la defensa y protección de los derechos humanos en Yucatán
Civil society organizations: a look at their participation in the defense and protection of human rights in Yucatan
Carmen María Novelo Díaz carmennovelo@gmail.com
Recepción: 10 Marzo 2022
Aprobación: 15 Diciembre 2022
El presente artículo aborda el tema de las organizaciones de la sociedad civil (OSC2) que realizan actividades en favor de los derechos humanos en Yucatán. Se parte de la hipótesis de que las OSC son actores sociales fundamentales para generar mejoras significativos en materia de derechos humanos, a pesar de que muchas veces deben realizar su labor en un entorno poco favorable, con escaso fomento a sus actividades y bajo un marco legal más bien restrictivo. “El campo de activismo y defensa de los derechos humanos ha pasado por múltiples conflic- tos y en diversas ocasiones se ha visto afectado por la censura, el hostigamiento, el retiro de apoyos económicos o la intimidación” (Garza, 2019:929).
Las OSC forman parte de la vida pública del país, cada vez con mayor participación en diferentes esferas de la sociedad contemporánea. “En todo el mun- do estas organizaciones han ganado visibilidad, reconocimiento y legitimidad ante gobiernos, organismos y agencias internacionales, medios de comunicación y la opinión pública en general” (Balbis, 2001:1), gracias a su contribución al esfuerzo colectivo que las sociedades de cada país llevan a cabo para cumplir objetivos tan trascendentes como el desarrollo sostenible, la democratización, la preservación del medio ambiente y la defensa de los derechos humanos (Balbis, 2001).
A pesar del creciente reconocimiento que han logrado en diferentes cam- pos, las OSC continúan formando parte de un sector poco conocido y compren- dido. Al referirse a la sociedad civil organizada, Marín y Millares (2017) señalan que “sectores como el Gobierno y el mercado no han reconocido la gran impor- tancia que ésta ha tenido y, por el contrario, ha sido invisibilizada por ambos” (Marín y Millares, 2017:187). Por ello consideramos de interés conocer más acerca de la labor que realizan las OSC, en particular las que se desempeñan en un campo tan importante como lo es el de los derechos humanos.
Sin olvidar que es obligación del Estado proteger y garantizar los dere- chos humanos, la plena realización de estos implica que también debe existir una sociedad que exija al Estado el cumplimiento de su mandato constitucional
1 Los aspectos que se han abordado en este artículo forman parte de un estudio más amplio desarrollado como parte de la tesis doctoral titulada “Las organizaciones de la sociedad civil y su papel en el ámbito de los derechos humanos en Yucatán”, cuyo objetivo general consiste en analizar la labor y participación de las OSC en la defensa y protección de los derechos humanos en la entidad.
2 En este artículo estaremos utilizando los términos OSC y ONG como equivalentes, ya que algunos autores se refieren en sus trabajos a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y otros las mencionan como Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). En ambos casos se refieren a las organizaciones sin ánimo de lucro, de carácter altruista, voluntario, independientes del Estado, que trabajan por un bien social y que no forman parte del sector público ni del sector lucrativo. En términos generales, en el ámbito internacional se utiliza más el término ONG y en México se utiliza más el término OSC.
y que no permita que se continúen perpetuando prácticas que atentan contra los derechos individuales y colectivos de la población. Una de las vías para lograrlo es a través de las OSC que realizan acciones de defensa y protección e impulsan cambios en las políticas públicas para lograr que los derechos humanos se refle- jen en la vida cotidiana de todas las personas.
En este contexto, cobra particular importancia el papel que desempeñan las OSC para contribuir a la defensa y protección de los derechos humanos, y es por ello que uno de los propósitos de esta investigación es ayudar a comprender cómo las OSC pueden incidir para mejorar la situación de los derechos humanos en Yucatán, de tal manera que los resultados nos permitan dimensionar lo que la sociedad civil organizada está haciendo en favor de los derechos humanos y lo que falta por hacer en su ámbito de competencia.
Los referentes teóricos que guiaron esta investigación se construyeron a partir de tres ejes conceptuales principales: cambio social, organizaciones de la sociedad civil y derechos humanos, los cuales se consideran relevantes para lograr una mejor comprensión de la función social de las OSC y de los cambios sociales que pueden lograr a través de su labor.
El concepto de cambio social es muy amplio y difuso; se utiliza frecuentemente como sinónimo de transformación social y puede tener muchas variables y carac- terísticas distintas, según quien lo esté definiendo y desde qué perspectiva.
Entre los autores que han abordado el tema del cambio social se encuen- tran: Fals Borda, quien relaciona los procesos de cambio social con la descompo- sición y alteración del orden social (Fals Borda, 1968); Weber, quien considera que las ideas, valores y creencias del ser humano son las fuerzas que impulsan el cambio social (Weber, 1979); Durkheim, quien vincula los procesos de cam- bio social a la anomia, la sensación de falta de sentido o de desesperación que da lugar a dificultades sociales que pueden tener efectos perturbadores sobre las formas de vida, la moral, las creencias religiosas y las pautas cotidianas tradicio- nales (Durkheim, 1984); y Giddens, quien identifica tres factores principales que han influido de forma persistente en el cambio social: los factores culturales, el medio físico y la organización política (Giddens, 2009).
Respecto al concepto de transformación, Aspe-Armella considera que “toda transformación implica producir en otro un cambio esencial, un cambio en el que la realidad sobre la cual se actúa deja de ser lo que era para devenir en algo
nuevo” (Aspe-Armella, 2020:377). Para Aya-Velandia, “la transformación social es una serie de modificaciones en las dimensiones conductuales, emocionales o cognitivas que se presentan en los campos relacionales de las personas y comu- nidades, que al mantenerse por un tiempo conlleva un cambio” (Aya-Velandia, 2020:211).
Las definiciones anteriores nos llevan a considerar que transformar impli- ca producir cambios más profundos y duraderos, a partir de la construcción de algo nuevo o distinto que altera la realidad social para generar nuevas formas de gobierno, valores y expresiones culturales que modifican conductas e impactan en la estructura de una sociedad.
Hablar de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) es hablar del sector no lucrativo y de otros conceptos que muchas veces se utilizan indistintamente para referirse a la sociedad civil organizada, tal como señala Garza (2019) al referirse a las OSC:
Las organizaciones de la sociedad civil se reconocen como asociaciones o grupos de ciudadanos constituidos legalmente que llevan a cabo diversas actividades vinculadas a temas de desarrollo social, político, económico y cultural. Tales asociaciones son co- nocidas como organizaciones sin fines de lucro, organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales (ONG), organizaciones voluntarias, organizaciones filantrópicas e incluso también se le ha denominado como el “tercer sector” (Garza, 2019:908).
El término generalmente utilizado en México para referirse a las organizaciones sin fines de lucro que pertenecen al Tercer Sector es el de organizaciones de la socidad civil (OSC), que el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) define de la siguiente manera:
Las organizaciones de la sociedad civil son agrupaciones constituidas por individuos, fundamentados en lazos asociativos que pueden realizar actividades de defensa y respeto a los derechos humanos, de apoyo o asistencia a terceros, sin fines de lucro ni de prose- litismo partidista, político-electoral o religioso, que no persiguen beneficios personales sino sociales comunitarios (Instituto Nacional de Desarrollo Social, 2021:1).
Las OSC tienen su mayor contribución en nichos donde el Estado no llega y el sector privado con fines lucrativos no se interesa. Pertenecen a un sector “orien- tado hacia fines públicos, el cual busca completar las acciones del gobierno y del mercado para atender las necesidades sociales, haciendo frente a las necesidades humanas en los espacios desatendidos por la dinámica del mercado y la política estata1” (López-Zamarripa, 2009:145).
Numerosos investigadores reconocen la participación de las OSC como una tercera fuerza, más allá del poder político y económico proveniente del Es- tado y de la clase empresarial. Autores como Reygadas (2005); Skibick (2009);
Escobar (2010); Escutia (2019) y Moreno (2019), entre otros, han aportado evi- dencias sobre el papel de las OSC como agentes de transformación y desarrollo social. En este sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala lo siguiente:
El aporte de la sociedad civil al desarrollo de los países de América Latina y el Caribe ha sido estratégico e innegable, siendo reconocido en diferentes ámbitos. (…). La socie- dad civil organizada es actora del desarrollo por derecho propio, a partir de una visión crítica, estratégica y estructural que privilegia la movilización comunitaria, el involu- cramiento y la participación activa en los distintos niveles del diseño, implementación y seguimiento de las políticas públicas, construyendo alianzas estratégicas entre distintos actores y priorizando y definiendo agendas locales, nacionales e internacionales en aras de mejorar las condiciones de vida de todas las personas (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2022:1).
En materia de derechos humanos, los trabajos de Treviño (2004); Nader (2007); López (2015); Abril-Stoffels (2019); Marín-Aranguren y González-Jaramillo (2020) y numerosos investigadores más, destacan las aportaciones de las OSC y su participación en acciones de defensa y protección de los derechos humanos. Es en este campo donde las OSC encuentran su mayor campo de acción y la justi- ficación de su objeto social, ya que la gran mayoría se relacionan de forma directa o indirecta con la defensa y protección de los derechos humanos.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define los derechos humanos como los “derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra con- dición” (ONU, 2020:1). Complementando esta definición, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) agrega que “los derechos humanos son el con- junto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efec- tiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona” (Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2020:1).
El Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica- nos (CPEUM) establece las obligaciones del Estado en materia de derechos hu- manos. Por un lado, señala las obligaciones de promover, respetar, proteger y ga- rantizar los derechos humanos; por el otro, las de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2014).
En el ámbito internacional, México forma parte de diversos acuerdos que establecen su compromiso de garantizar el respeto a los derechos humanos y las garantías individuales y colectivas reconocidas en nuestra Constitución y en los
tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito. Entre los primeros documentos suscritos se encuentran: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). Además de la Constitución y de las leyes que específicamente protegen los derechos huma- nos, México ha firmado y ratificado 16 de los 18 tratados que constituyen el mar- co jurídico fundamental de los derechos humanos internacionales (ONU, 2022).
En el ámbito local, los derechos humanos están preservados en los artícu- los 1 al 4 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, así como en diversas leyes que salvaguardan derechos específicos, tales como la Ley para prevenir y eliminar la discriminación (2010), la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia (2014) y la Ley para la igualdad entre mujeres y hombres del estado de Yucatán (2016), entre otras.
En México, la responsabilidad de proteger los derechos humanos recae en la Co- misión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y en cada entidad las Co- misiones Estatales de Derechos Humanos asumen la tarea de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos para toda la población. En el caso de Yucatán, esa tarea corresponde a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).
Asimismo existen organismos internacionales que forman parte del sis- tema global de protección de los derechos humanos, facultados para reforzar o complementar las recomendaciones que dichas instituciones emiten: Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Comisión Interamericana de De- rechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional.
En la defensa de los derechos humanos juegan un papel relevante las OSC que llevan a cabo distintas acciones para garantizar su respeto y protección. Vivanco (1994) define a las organizaciones de derechos humanos como “asocia- ciones privadas, que se organizan formal o informalmente, y voluntariamente asumen la misión de fiscalizar públicamente el respeto por los derechos humanos en un Estado” (Vivanco, 1994:275). El autor enfatiza que “la fuerza moral de una ONG de derechos humanos y, por consiguiente, el efecto de sus denuncias dependerá, en gran medida, de la rigurosidad de la metodología de investigación, del prestigio alcanzado y de su credibilidad” (Vivanco, 1994:284).
Como ejemplos de este tipo de organizaciones con amplio reconocimiento internacionl podemos mencionar las siguientes: Global Witness, nominada para el Premio Nobel de la Paz 2003 por su labor contra el uso de los llamados “dia- mantes de sangre” para financiar conflictos en África que han provocado la muer- te y el desplazamiento de millones de personas (Concilio de Europa, 2020:8); Amnistía Internacional, que tras varios años de lucha logró que el Parlamento de Sierra Leona votara a favor de abolir la pena de muerte para todos los delitos en ese país (Amnistía Internacional, 2021); el activista Ales Bialiatski, la orga- nización rusa Memorial y la organización ucraniana Centro para las Libertades Civiles, quienes fueron galardonados con el Premio Nobel de la Paz 2022 por su labor en proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y demostrar la importancia de la sociedad civil en la contrucción de la paz y la democracia (BBC News, 2022).
Existe un gran número de OSC que se han creado expresamente para de- fender a personas y grupos que se ven vulnerados en sus derechos individuales o colectivos. En el caso de Yucatán, el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil (SIRFOSC, 2022), refiere 724 OSC inscritas en la entidad, de las cuales 109 (15%) declaran realizar actividades de apoyo en la defensa y promo- ción de los derechos humanos. Existe además en Yucatán un sinnúmero de colec- tivos y agrupaciones que realizan actividades en favor de los derechos humanos sin estar inscritas en el SIRFOSC o algún otro registro oficial, las cuales se desen- vuelven activamente dentro del estado e incluso a nivel nacional e internacional.
Según la encuesta “La situación de los derechos humanos en México”, los dere- chos humanos ocupan una posición ambivalente en la opinión de la sociedad en nuestro país: “si bien 56% de la población afirma que en el país no se respetan los derechos humanos, un porcentaje aún mayor (78%) considera que estos son un obstáculo para la impartición de justicia” (Universidad del Valle de México, 2020:1). Otros datos arrojados por dicha encuesta nos muestran que 83% de las personas encuestadas consideran que en México se protegen los derechos huma- nos de los delincuentes antes que los derechos de las víctimas y 57% considera que las instituciones públicas de derechos humanos en México funcionan mal o muy mal.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),“Mé- xico atraviesa una grave crisis de violencia e inseguridad desde hace varios años e identificó graves situaciones de violaciones a los derechos humanos, en un con- texto de impunidad y de falta de rendición de cuentas conforme a los estándares internacionales” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015:11). En su Informe Anual 2020, la CIDH destaca que “los principales problemas actuales
identificados en materia de derechos humanos en México están relacionados con inseguridad ciudadana y militarización, desapariciones, tortura, acceso a la justi- cia e impunidad” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2021:1101).
En la historia reciente de los derechos humanos en México han ocurrido graves violaciones que se han llegado a convertir en casos emblemáticos que han causado indignación y airadas marchas y protestas por la extrema lesión que re- presentan para las garantías individuales. Tal es el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014 (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015); el asesinato de 24 personas defensoras de derechos humanos en 2019 y los 6,957 casos de personas desaparecidas en 2020 (Amnistía Internacional, 2021), y más recientemente, el asesinato de 14 periodistas en los primeros ocho meses de 2022, con los que “México acaba de batir un sórdido récord: 2022 ya es el año más mortífero jamás vivido por la profesión en el país” (Reporteros sin Fronteras, 2022:1), por citar sólo algunos.
Más allá de los casos que se han visibilizado en los medios y han llama- do la atención de la sociedad, existen otras violaciones más sutiles que vulne- ran nuestros derechos cada día y que se han vuelto tan comunes que casi pasan desapercibidas. Un ejemplo de este tipo de violaciones es el que nos muestra el colectivo Cero Desabasto, conformado por 81 OSC, el cual señala que en 2021 se dejaron de surtir más de 24 millones de recetas emitidas en las principales instituciones de salud pública del país (Cero Desabasto, 2022). Otro ejemplo lo tenemos en el ámbito educativo, donde el derecho a la educación se vulnera cuando se condiciona la inscripción o la entrega de calificaciones al pago de cuo- tas “voluntarias” que los padres de familia se ven obligados a cubrir para que sus hijos no se vean afectados: “Durante todo el año, a través de MejoraTuEscuela. org, recibimos denuncias por parte de padres de familia sobre el cobro de cuotas obligatorias que se hacían llamar aportaciones voluntarias” (Instituto Mexicano para la Competitividad, 2016:1).
La habitual falta de medicamentos en las instituciones de salud y las cuo- tas “voluntarias” que se cobran en escuelas públicas, son tan sólo ejemplos que muestran que poco a poco nos vamos acostumbrando a vivir situaciones que lesionan nuestros derechos más elementales y evidencian omisiones y fallas ins- titucionales que propician la normalización de este tipo de violaciones.
En el ámbito local, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) señala en su Informe 2020 que en ese año atendió un total de 341 quejas calificadas como presunta violación, siendo la Secretaría de Segu- ridad Pública la entidad con mayor número de quejas por violaciones a derechos humanos en los últimos diez años (Comisión de Derechos Humanos del Esta- do de Yucatán, 2021). Los constantes abusos de las corporaciones policiacas se
suman al alto índice de impunidad que en todo tipo de delitos se mantiene y vul- nera la seguridad y el acceso a la justicia. El Índice Global de Impunidad 20203 ubica al estado de Yucatán en el grupo 4 con impunidad muy alta, ocupando la posición 18 entre las 32 entidades federativas del país (Universidad de las Amé- ricas Puebla, 2020).
Otro indicador importante es el que presenta la organización Impunidad Cero en su Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías, el cual señala que de los delitos registrados en Yucatán, 91.3% no fueron denunciados, 8.70% fueron denunciados y solo 0.11% fueron resueltos: “En Yucatán, a pesar de que su tasa de denuncia es muy superior a la media nacional, su baja tasa de esclarecimiento lo coloca como la entidad con el menor indicador” (Zepeda-Le- cuona, 2017, pág. 26).
Los datos anteriores evidencian rezagos importantes que existen en la seguridad y acceso a la justicia en Yucatán, con lo cual se multiplican y agravan las vulneraciones a los derechos humanos en esta materia y dejan a la vista que la realidad que se vive en la entidad contradice el discurso de que Yucatán es uno de los estados más seguros y pacíficos del país4.
Con la finalidad de obtener una visión integral de las OSC incluidas en este estu- dio, en el diseño metodológico se adoptó un enfoque mixto cuantitativo/cualita- tivo. La fase cuantitativa nos aportó datos numéricos esenciales para caracterizar el perfil general de las OSC consideradas como objeto de estudio en este trabajo de investigación. La fase cualitativa nos permitió profundizar en su análisis y examinar desde la perspectiva de las OSC la situación de los derechos humanos en Yucatán.
El aspecto cuantitativo corresponde a un estudio no experimental, de ca- rácter transversal y alcance descriptivo-explicativo. Se determinó una muestra de tipo no probabilístico conformada por 86 OSC que desarrollan actividades de derechos humanos en el estado de Yucatán. La selección de participantes se reali- zó a partir de las bases de datos de fuentes oficiales y se aplicó también la técnica
3 El Índice Global de Impunidad mide la estructura de los sistemas de justicia y seguridad de los países y el grado en que se respetan los derechos humanos (Universidad de las Américas Puebla, 2020).
4 El Índice de Paz en México 2021 señala que en 2020 Yucatán fue el estado más pacífico de México por cuarto año consecutivo. Durante seis años, Yucatán ha sido el único estado mexicano cuya tasa de homicidios con armas de fuego ha sido más baja que la media mundial y también es el que registró la mayor mejora en delitos con violencia en los últimos seis años (Instituto para la Economía y la Paz, 2021).
de muestreo en cadena o bola de nieve para incluir OSC que no se encuentran en los registros oficiales pero que tienen ya una trayectoria reconocida en el ámbito de los derechos humanos.
Para la recolección de datos se construyó un cuestionario con 20 reactivos diseñados para trabajar en la caracterización de las OSC y obtener su perfil gene- ral. Las variables consideradas para su análisis fueron las siguientes:
• Indicadores de institucionalidad: si la OSC cuenta con acta constitutiva, Clave Única del Registro Federal de OSC (CLUNI), donataria autoriza- da, pertenencia a redes y página web.
• Actividad de la OSC: años realizando actividades de defensa de derechos humanos, campo de trabajo, incidencia geográfica y población objetivo.
• Operación y sostenibilidad: cantidad de beneficiarios que atienden, nú- mero de empleados remunerados y de colaboradores voluntarios, princi- pales fuentes de financiamiento, vinculaciones y redes de colaboración.
• Participación en el ámbito de derechos humanos: población vulnerable y tipos de afectaciones a derechos humanos que atienden, así como servi- cios que brinda la OSC y principales actividades que realizan.
Para construir el perfil de las principales características de las OSC encuestadas, se realizó un análisis de correspondencias múltiples, el cual permite identificar asociaciones entre variables categóricas, es decir, variables que no son medidas numéricamente sino a partir de la creación de etiquetas o nombres, cuya asocia- ción se analiza como una forma descriptiva de relaciones multivariadas (Greena- cre, 2017). Para llevar a cabo este análisis se utilizaron como variables de interés las características que tienen que ver con la capacidad de respuesta y de sosteni- bilidad de las OSC, tales como: número de beneficiarios, tener o no CLUNI, ser o no una donataria autorizada, número de empleados, fuentes principales de finan- ciamiento, redes de las que forma parte y tiempo de existencia de la organización.
Como resultado de este análisis se identificaron tres grupos o clases de or- ganizaciones: el grupo 1 (N = 47) representa a las OSC que se encuentran en una etapa de inicio, es decir, aquellas organizaciones que muestran tener una menor frecuencia en las variables de interés seleccionadas; el grupo 2 (N = 30) corres- ponde a las OSC que se encuentran en una etapa de desarrollo y que cuentan con una mayor cantidad de recursos y tiempo de existencia; y finalmente el grupo 3 (N = 9), que es el menos numeroso de todos, corresponde a las OSC que se en- cuentra en una etapa consolidada y disponen de la mayor cantidad de recursos y tiempo de operación, en comparación con los demás grupos.
La fase cualitativa se abordó tomando como referente teórico y metodo- lógico los principios de la Teoría Fundamentada propuestos por Strauss y Corbin (2002) para el análisis e interpretación de los datos. Se realizaron entrevistas semiestructuradas aplicadas a directivos de 9 organizaciones, las cuales fueron seleccionadas mediante un muestreo teórico que se efectuó para identificar a las OSC que cumplieran mayormente los criterios de inclusión, a partir de la carac- terización obtenida de la fase cuantitativa. Los criterios de inclusión definidos para la fase de entrevista fueron los siguientes: realizar actividades de incidencia política, tener presencia en dos o más municipios y tener al menos tres años de experiencia en acciones de defensa y protección de derechos humanos.
Debido a la contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia de CO- VID-19, las entrevistas se realizaron de forma individual en la modalidad de videoconferencia en línea, utilizando para ello la plataforma electrónica Zoom, con una duración de dos horas en promedio por cada persona entrevistada. La cantidad de entrevistas realizadas se determinó a partir de haberse alcanzado el punto de saturación en cada categoría de análisis identificada. De acuerdo con Strauss & Corbin (2002), “se considera que una categoría está saturada cuando, al parecer, ya no emerge información nueva durante la codificación, o sea, cuan- do en los datos ya no hay nuevas propiedades, dimensiones, condiciones, accio- nes/interacciones o consecuencias” (Strauss & Corbin, 2002:149).
El procedimiento que se siguió para reagrupar los datos que se obtuvieron de la codificación abierta se llevó a cabo de forma manual, con el apoyo de los programas Word y Excel, para clasificar y relacionar las unidades de análisis (in- cidentes) con las categorías que fueron surgiendo conforme se identificaban las propiedades y dimensiones de los códigos conceptuales obtenidos.
Para construir el perfil general de las OSC de derechos humanos de Yucatán, se tomaron en cuenta los grupos identificados en el marco metodológico, caracteri- zados según la etapa en la que se encuentra su capacidad de respuesta y de soste- nibilidad, como grupo inicial, grupo en desarrollo y grupo consolidado.
El primer conjunto de variables analizadas se refiere a los indicadores de institucionalidad y actividad de las OSC. En la Figura 1, se puede apreciar que las características del grupo inicial y el grupo en desarrollo son bastante similares, destacando que el grupo inicial es el que muestra tener una menor frecuencia en las variables pertenencia a redes y contar con una página web. El grupo de orga- nizaciones consolidadas coincide con el grupo inicial en su frecuencia respecto a
las variables de CLUNI y donataria autorizada, lo cual se puede interpretar como que ambas variables no son determinantes para la sostenibilidad y la capacidad de respuesta de la organización. Al analizar su campo de acción, se observa que en general las organizaciones tienden a dar prioridad a los derechos económicos y sociales, independientemente de la fase de desarrollo en la que se encuentren.
En la Figura 2 se presenta el conjunto de variables que se refieren a las caracte- rísticas de operación y sostenibilidad de las OSC. Se observa en esta gráfica que el grupo inicial tiende a tener una menor incidencia en las variables presentadas, destacando que es el grupo con menor número de beneficiarios atendidos anual- mente, menor cantidad de empleados remunerados y aportaciones de asociados como su principal fuente de financiamiento. El grupo en desarrollo se caracteriza por contar entre sus principales fuentes de financiamiento con una mayor can- tidad de donativos de particulares y es también el grupo con la mayor cantidad de OSC que suelen solicitar apoyos del gobierno estatal y municipal. El grupo consolidado presenta una mayor frecuencia en las variables examinadas, entre las que destaca su financiamiento a través de organismos internacionales y su vinculación con fundaciones y ONG nacionales e internacionales, así como con colectivos y redes que trabajan temáticas específicas y con otras OSC locales de derechos humanos.
En la Figura 3 se presenta el conjunto de variables relativas a la participación de las OSC en el ámbito de derechos humanos. Como se puede observar, el grupo inicial es el que tiene menor presencia en las variables analizadas; su atención suele enfocarse a las personas con discapacidad, grupos indígenas y niños/niñas víctimas de violencia, y tienen una mayor tendencia a trabajar el tema de adic- ciones que los otros grupos. Las actividades que destacan en este grupo son las de promoción de los derechos humanos, así como la difusión y visibilización de casos en que se vulneran esos derechos.
En el grupo en desarrollo se observa que tienden a trabajar más con per- sonas con discapacidad, grupos indígenas, niñas y mujeres víctimas de violencia, y tienen una mayor propensión a trabajar con personas en situación de calle que los otros dos grupos. Entre los servicios que ofrecen las OSC de este grupo des- tacan la capacitación sobre derechos humanos y el acompañamiento y gestión de trámites. Respecto a sus actividades, las OSC de este grupo se enfocan más en la promoción y difusión, la asistencia y acompañamiento a víctimas de abusos, y la difusión y visibilización de violaciones a los derechos humanos.
En el grupo de OSC consolidadas se destaca una mayor tendencia a tra- bajar con poblaciones indígenas, personas LGBT+, niñas y mujeres víctimas de violencia, y personas que ejercen la prostitución. Las principales vulneraciones que atienden son: violencia contra las mujeres, discriminación y violaciones a los derechos sexuales y a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. En cuanto a los principales servicios que ofrece el grupo consolidado, tiende a ser el que ofrece una mayor proporción de capacitación sobre derechos humanos, acompañamiento y gestión de trámites, investigación y documentación de casos y la presentación de quejas y denuncias. Sus actividades son muy variadas y suelen atender prácticamente casi todas las exploradas en el estudio. Se destaca también en este grupo una mayor frecuencia en actividades de incidencia en po- líticas públicas y en investigación.
A partir de las respuestas obtenidas en las entrevistas aplicadas a los directivos de 9 OSC de derechos humanos de Yucatán, se presenta en este apartado una síntesis de los temas más relevantes abordados por las personas entrevistadas.
Origen y desarrollo de las OSC
Mediante las entrevistas realizadas a los directivos de las 9 OSC participantes en este estudio, se pudo observar que los factores que influyen en el origen de una OSC son tan variados como las causas sociales que persiguen. Las hay que nacen a partir de una problemática personal, las que surgen a partir del deseo de lograr una mayor justicia y equidad en su comunidad, las que provienen de una larga lucha social, en fin, los motivos que dan origen a su nacimiento son innumera- bles, pero en su gran mayoría lo que en el fondo mueve a las OSC es posibilitar el ejercicio de derechos humanos que de otra forma no serían accesibles para sus integrantes y para los grupos que atienden, o al menos les sería más difícil poder ejercerlos.
La antigüedad promedio de las 9 OSC entrevistadas es de 17 años, la más antigua se fundó en 1988 y la de más reciente creación en 2018, lo cual nos habla de su capacidad de permanencia y de la solidez de su compromiso con sus bene- ficiarios y con el cumplimiento de su objeto social.
Las personas entrevistadas son parte del grupo fundador de la OSC, por lo que todas ellas cuentan con amplia experiencia en su campo de trabajo y conocen bien cómo opera su organización, independientemente del cargo formal que ocu- pan. Su nivel escolar y formación profesional varía desde el nivel de secundaria hasta personas con posgrado y doble doctorado, por lo que es evidente que esto no es un factor determinante para asegurar la incidencia y permanencia de las OSC.
Con distintas palabras y expresiones, las personas entrevistadas coinciden en el concepto de los derechos humanos como una cuestión integral e inteconec- tada que abarca todos los derechos y que más allá de lo utópico propone acciones concretas que se puedan vivir día con día, en todos los ámbitos y para todas las personas.
El tamaño de la estructura organizacional varía en función del grado de consolidación de la OSC y de su capacidad financiera para solventar los gastos operativos y de administración. Las más consolidadas cuentan con áreas específi- cas para desarrollar cada función, y las más pequeñas se distribuyen el trabajo entre sus integrantes para cumplir de la mejor manera con su labor social. Su forma de organización siempre conduce a una toma de decisiones consensada y en equipo.
Respecto a su sostenibilidad y fuentes de financiamiento, 5 de las 9 OSC participantes tienen como principal fuente el apoyo de fundaciones u organismos internacionales y las aportaciones de los fundadores y socios de la organización; las 4 restantes tienen como principal fuente los donativos de particulares y el apoyo de fundaciones nacionales, así como la venta de productos y servicios. Ninguna de las personas entrevistadas señala entre sus fuentes de recursos eco- nómicos al gobierno federal, estatal o municipal.
Modelo de trabajo y mejores prácticas
Las OSC han desarrollado modelos de trabajo que les permiten aterrizar en ac- ciones concretas los principios y valores que las rigen. Justicia, equidad, con- ciencia social, empatía, solidaridad, apartidismo político, interculturalidad, son algunos de los principios fundacionales que rigen a las OSC, mencionados por las personas entrevistadas.
A través de sus distintos programas y proyectos, las OSC atienden pobla- ciones que por diversos motivos han sufrido históricamente de discriminación, abusos y exclusión: indígenas, trabajadoras domésticas, personas transgénero y LGBT+, personas con VIH/SIDA, trabajadoras sexuales, migrantes, entre otras en condición vulnerable.
De acuerdo con sus líneas de trabajo, las OSC ofrecen servicios espe- cíficos para atender las necesidades particulares de su población objetivo, tales como: servicios de psicología y endocrinología para personas transgénero, prue- bas de detección de VIH, medicamentos y canalización médica para personas con VIH/SIDA, entre otros que forman parte fundamental de las actividades de cada OSC.
Entre las principales fortalezas y mejores prácticas citadas, resalta su in- dependencia del gobierno y el ser apartidistas, característica mencionada por las 9 personas entrevistadas y que ellas consideran como un factor esencial para mantener la autonomía de su OSC sin injerencias partidistas o gubernamentales que pudieran coartar su libertad de expresión y su perspectiva crítica ante accio- nes o políticas públicas contrarias a las causas que defienden.
Ante las políticas públicas y el papel gubernamental en derechos humanos, las OSC mantienen una postura generalmente crítica, aunque no por ello dejan de reconocer los avances logrados. Entre las principales críticas mencionadas, las 9 OSC entrevistadas coinciden en señalar la falta de una auténtica autonomía por parte del organismo estatal de derechos humanos (CODHEY), a quien reprochan
el no ejercer todas las facultades que la ley le otorga para hacer efectivo su traba- jo y cumplir su obligación de proteger y garantizar los derechos humanos:
Nuestra relación es de crítica a lo que esas organizaciones no hacen, señalando lo que creemos deberían hacer. Entonces tenemos por ahí algún informe que salió hace algunos años y no hemos actualizado, con respecto a la labor de la CODHEY, donde hacíamos un informe bastante crítico sobre lo que estaba dejando de hacer, a partir de las facultades que tenía. Lo mismo hemos hecho con la CNDH. (Entrevista 1).
Otra crítica mencionada es hacia algunas autoridades de derechos humanos que no actúan con imparcialidad y objetividad, pues prevalece en ellos su ideología, sus creencias religiosas y sus prejuicios personales antes que su deber de ga- rantizar todos los derechos para todas las personas. Este tipo de actitudes afecta principalmente a personas y grupos que defienden causas relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos, las comunidades LGBT+, personas con VIH/ SIDA y personas que ejercen la prostitución, poblaciones que en pleno siglo XXI siguen siendo discriminadas y mal vistas por un sector de la sociedad tradicional- mente conservador.
Las personas entrevistadas hacen énfasis en señalar que no existen actualmente las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos humanos en Yucatán y consideran que hay mucho por hacer en este ámbito, tanto por la parte institucio- nal como de parte de la sociedad civil, pues aún existen notables rezagos tanto en el reconocimiento legal como en la puesta en práctica de derechos sexuales y reproductivos, derechos ambientales, laborales, de salud, educación, derechos indígenas, acceso a la justicia, entre otros que se ven constantemente vulnerados y afectan cada día la dignidad y la calidad de vida de las personas.
El trabajo de las OSC ha contribuido a mejorar la situación de su pobla- ción objetivo y de los derechos humanos en general, muchas veces abriendo el camino para que otros grupos y organizaciones continúen generando mecanis- mos y condiciones que garanticen el pleno ejercicio de los derechos humanos. En los siguientes fragmentos del diálogo con las personas entrevistadas, se muestra un ejemplo de sus aportaciones en este ámbito:
Como hemos sido una de las pocas organizaciones en la Península de derechos hu- manos, pues nos toca abrir muchos temas; por ejemplo, el tema de los derechos de la diversidad sexual, hace 10 o 12 años nos tocó abrirlo junto con otras organizaciones. Nos ha tocado ser los primeros en abrir algo, pueden parecer muchas cosas que nos ha tocado acompañar, como referencia el caso de los transgénicos, el caso de las granjas, el del Tren Maya, matrimonio igualitario, nos ha tocado subir a la palestra casos que afor- tunadamente después abren el camino para que otros grupos u organizaciones puedan reclamar sus casos (Entrevista 1).
Fuimos de las primeras en hablar de la teoría de género y luego hablar de la perspectiva de género en las políticas públicas, y después cómo impartir justicia, cómo buscar la perspectiva de género, etcétera, esto lo trabajamos desde hace años (Entrevista 6).
Las OSC logran su mayor impacto a través de las acciones de incidencia en políticas públicas y de su participación en mecanismos de gobernanza y toma de decisiones. Como ejemplos señalan la participación de sus representantes en diversos Consejos estatales y municipales donde cuentan con voz y voto en la toma de decisiones y en la implementación de políticas públicas que promueven el ejercicio de los derechos humanos en diferentes ámbitos.
Las personas entrevistadas han mencionado algunos riesgos que amenazan la continuidad del trabajo que realizan sus OSC, entre los cuales coinciden en seña- lar las constantes críticas y descalificaciones que desde Presidencia se hace a su trabajo, vulnerando con ello la credibilidad y confiabilidad de las OSC. Lejos de considerarlas como aliadas en el objetivo común de proteger los derechos huma- nos, el mismo gobierno muchas veces obstaculiza su labor, ya sea limitando los recursos públicos destinados a fomentar sus actividades, cancelando programas sociales en los que las OSC participan o aplicando medidas que restringen su campo de acción y sus opciones de financiamiento para mantener su operativi- dad:
En este régimen las organizaciones de la sociedad civil no tienen credibilidad. Andrés se ha dedicado a ningunear a las organizaciones de la sociedad civil. Él dice que no en general, pero cuando él dice una cosa pues pesa, porque es el Presidente, él tiene credi- bilidad en la mayoría de la población (Entrevista 4).
Otro gran reto que enfrentan las OSC es la injerencia política de grupos con- servadores con nexos religiosos, que influyen en la aprobación o no de leyes o modificaciones a la constitución estatal, sobre todo aquellas que favorecen a las comunidades LGBT+ y las que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el aborto. Son temas que difícilmente avanzan en la legislación y en la aprobación social.
Las estrategias que proponen las personas entrevistadas para enfrentar todos estos retos y obstáculos a la labor de sus OSC se basan principalmente en el fortalecimiento de sus capacidades y el desarrollo de nuevas habilidades y competencias organizacionales que les permitan lograr un alto grado de especia- lización en su labor y un nivel de profesionalización que garantice la operación y administración eficaz de la OSC.
De igual manera consideran importante el seguir ganando espacios de participación donde su presencia tenga voz y voto para aportar propuestas y pre- sentar argumentos sólidamente fundamentados en favor de las causas que defien- den. Resalta también entre sus estrategias el trabajo en alianza con otras organi- zaciones y colectivos afines a sus objetivos y que contribuyan a generar sinergias y trabajar con un enfoque más holístico que integre los diferentes temas y causas de derechos humanos bajo una sola visión:
Yo creo que la estrategia fundamental para nosotras siempre es ir en colectivo, creo que estar en alianzas, fomentar alianzas, acompañar un proceso determinado de exigencia de un derecho es la estrategia más importante para poder avanzar (Entrevista 5).
¿Qué se necesita para lograr una transformación significativa en el ámbito de los derechos humanos? Las personas entrevistadas señalan que para avanzar en este ámbito hay que empezar por reconocer las propias capacidades y limitaciones, “poner los pies en la tierra” y darse cuenta de que la lucha por los derechos huma- nos es de todas, independientemente del tema central que manejen, por lo que la participación de todas es necesaria para que se fortalezca su lucha y se vayan ga- nando espacios que posibiliten una mejora sustancial en los derechos humanos.
Los cambios para lograr avances en materia de derechos humanos van más allá de lo que compete únicamente a las OSC. Según expresaron las per- sonas entrevistadas, se requiere de cambios sistémicos que involucren a todas las instituciones gubernamentales, en todos sus niveles, en la implementación de políticas públicas que integren la perspectiva de derechos humanos en cada una de sus acciones y que promuevan en la ciudadanía la corresponsabilidad y la apropiación de sus derechos.
Se requiere también de una sociedad civil fortalecida y empoderada, con pleno conocimiento de sus derechos y obligaciones, con capacidad autogestiva para exigir y defender sus derechos en todos los ámbitos de su vida y obligar al Es- tado a que cumpla con su mandato constitucional de garantizar todos los derechos humanos para todas y todos, como lo señala una de las personas entrevistadas:
Si el pueblo estuviera bien documentado, bien orientado en materia de sus derechos económicos, sociales y culturales, ese sería el empoderamiento al que llamamos, el co- nocimiento e impedimento de que violenten sus derechos humanos (Entrevista 4).
Los resultados obtenidos nos permiten tener elementos para dimensionar la parti- cipación de las OSC en el ámbito de los derechos humanos de Yucatán y ayudar- nos a comprender mejor su naturaleza y las condiciones en las que llevan a cabo su labor. A partir del análisis cuantitativo, se identificaron algunas características que destacan en la conformación del perfil de las OSC:
• Los indicadores de institucionalidad, en particular el contar con CLUNI y con donataria autorizada, cumplen un papel importante en la consoli- dación de las OSC, pero no son indispensables para asegurar su perma- nencia y sostenibilidad, y tampoco determinan su capacidad de respuesta y su impacto en la comunidad.
• Con excepción de la capacitación, la mayoría de las actividades y servi- cios que brindan las OSC se llevan a cabo después de que las personas han sufrido alguna vulneración a sus derechos. Esto no le resta impor- tancia a su labor, pero sí reduce su impacto en la prevención y frecuencia de ocurrencia de violaciones a los derechos humanos, para lo cual sería necesario desarrollar estrategias más proactivas y menos reactivas.
• Sólo 24% de las OSC encuestadas realizan actividades de incidencia en políticas públicas, y 13% realizan investigación y documentación de casos. Este indicador se relaciona de manera importante con las OSC en etapa de consolidación, pues son actividades que exigen un mayor grado de profesionalización y de recursos humanos con conocimientos especializados para formular propuestas de políticas públicas viables y legalmente sustentadas. Una mayor participación de las OSC en accio- nes de incidencia en políticas públicas contribuiría a generar cambios significativos en favor de los derechos humanos.
Desde la perspectiva de las personas entrevistadas, los derechos humanos pre- sentan muchos claroscuros tanto a nivel global como a nivel nacional y local. Por una parte, tenemos la construcción de un discurso oficial que en diferentes ámbi- tos se muestra a favor de los derechos humanos; por otra parte, tenemos también que el sistema sigue siendo el mismo y que los cambios en derechos humanos se quedan muchas veces en el discurso, no hay cambios de fondo ni políticas públi- cas que los promuevan desde un enfoque sistémico y proactivo que empodere a la ciudadanía en el conocimiento y apropiación de sus derechos y obligaciones en materia de derechos humanos.
Las OSC reconocen que también se han dado importantes avances y cam- bios positivos en materia de derechos humanos, tanto en el aspecto legal como en los aspectos político y social, con la presencia de nuevos mecanismos que promueven la participación ciudadana, modificaciones en leyes y normatividad que reconocen nuevos derechos, el surgimiento de medios de comunicación al- ternativos que facilitan la libre expresión y el acceso a la información, así como una sociedad civil con mayor disposición a participar y apropiarse de causas que reflejan los cambios sociales que desean.
El conocimiento que nos ha aportado este trabajo respecto a las organiza- ciones de derechos humanos de Yucatán nos permite considerar que prevalece en ellas la idea de que los cambios sociales deseados sólo pueden darse ejerciendo
presión social para que el Estado escuche su voz y atienda sus peticiones. Si bien esta presión no llega a extremos violentos en contra del orden social tradicional, sí ha requerido que las OSC unan esfuerzos con activistas, colectivos y agrupa- ciones que pueden fortalecer y apoyar las causas que defienden.
Un ejemplo de cómo la presión social puede generar avances en los de- rechos humanos es la reciente aprobación del matrimonio igualitario en Yucatán, que si bien constituye un avance importante en los derechos LGBT+, fue después de muchos años de lucha contra la negación del congreso local para que otorgue su aprobación. Por otra parte, los temas que siguen pendientes en el reconoci- miento a los derechos LGBT+, como son la adopción homoparental y el cambio de identidad de género de las personas trans, entre otros, nos muestran que el movimiento social en favor de estos derechos tendrá que continuar ejerciendo presión para que el Estado los incorpore en su legislación y en sus políticas pú- blicas, pues ya se ha visto que por iniciativa propia el Estado no lo va a hacer.
Como este ejemplo podemos encontrar muchos otros que se refieren a otros campos de los derechos humanos que no han logrado avanzar porque el Estado no parece tener la voluntad política para implementarlos y porque tal vez la sociedad civil no ha encontrado los medios de presión necesarios para impul- sarlos.
Los cambios sociales están estrechamente vinculados a los derechos hu- manos y a otros procesos en los que éstos resultan condición indispensable para lograr avances significativos. Álvarez Icaza (2014) considera que los derechos humanos “no sólo son un medio eficaz para producir cambios sociales, sino tam- bién un indicador de la gestión gubernamental y de la gobernabilidad democráti- ca de un Estado, por lo que, en sí mismos, también constituyen un indicador del cambio social” (Álvarez Icaza, 2014:80).
Esto nos lleva a considerar que los cambios sociales sólo tendrán sentido y relevancia si están orientados a generar las condiciones que garanticen que el goce y ejercicio de los derechos humanos tengan plena vigencia y observancia. La aportación que pueden hacer las OSC en este rubro comienza con la educa- ción, promoción y difusión de los derechos humanos, con el objetivo de brindar herramientas efectivas que impulsen la autogestión y el empoderamiento de las personas para que se apropien de sus derechos y no tengan que esperar a que el Estado voluntarimente se los otorgue.
Los avances que la sociedad ha logrado en materia de derechos humanos pueden ser analizados desde distintas perspectivas y con diversos alcances y grados de profundidad. En este artículo hemos abordado el tema desde la visión de las orga- nizaciones de la sociedad civil (OSC) que realizan actividades en el ámbito de los derechos humanos en el estado de Yucatán, para ayudarnos a comprender cómo llevan a cabo su labor, lo que han logrado y lo que falta por hacer para lograr una transformación en la situación de los derechos humanos en Yucatán.
Las respuestas aportadas por los directivos de las OSC participantes nos permiten conocer de primera mano su percepción respecto a la situación de los derechos humanos en Yucatán, así como su trayectoria, experiencia, retos y pro- blemáticas que enfrentan para realizar su labor. Igualmente nos dan a conocer su perspectiva respecto a los cambios de fondo que deben darse, tanto a nivel guber- namental como en la propia sociedad civil, para que los derechos humanos sean una realidad que se refleje en una mejor calidad de vida para las y los ciudadanos de Yucatán.
Retomando nuestro argumento inicial que plantea que las OSC son ac- tores sociales fundamentales para generar cambios significativos en materia de derechos humanos, es importante tomar en cuenta algunas consideraciones que nos permitirán confirmar o rechazar nuestro planteamiento.
Uno de los aspectos a considerar es el conocimiento que pudimos obtener de las OSC a partir del trabajo realizado para esta investigación. La información recabada nos permitió formular un perfil general de las OSC de derechos huma- nos de Yucatán y conocer de cerca sus principales características, las motivacio- nes que influyeron en su origen, su modelo de trabajo y los principales retos que enfrentan para llevar a cabo su labor.
Otro aspecto que pudimos estudiar es su intervención en los mecanismos de gobernanza y de incidencia en políticas públicas, que eleva su participación a un nivel de impacto de mayor relevancia para el campo en el que se desarro- llan sus actividades. Desafortunadamente, también observamos que son pocas las OSC que participan en acciones de incidencia y toma de decisiones, por lo que muchas veces no se logra el impacto deseado para visibilizar sus demandas y lograr el apoyo de la sociedad.
A pesar de los logros alcanzados, debemos reconocer que los avances siguen siendo insuficientes para generar los cambios que se requieren para una transformación significativa en el ámbito de los derechos humanos. Y esto no se debe a que su trabajo sea ineficiente o poco relevante, sino a que siguen preva- leciendo las estructuras y fallas sistémicas que obstaculizan su labor. Persiste el
desequilibrio en la relación Estado-OSC que las mantiene en una condición de vulnerabilidad, bajo una visión gubernamental que sigue sin reconocerlas como sujetos de derecho, con capacidad para dialogar, negociar y participar en la toma de decisiones estratégicas.
Si bien su trabajo es fundamental para lograr avances en materia de dere- chos humanos que no serían posibles sin su intervención, es necesario desarrollar estrategias que impulsen su presencia y propicien el reconocimiento social del trabajo que realizan, así como fortalecer sus capacidades para enfrentar los retos que impone la realidad actual.
El cambio social empieza en cada persona: personas informadas, con am- plios conocimientos de sus derechos humanos, empoderadas y decididas a ejer- cerlos, comprometidas para defenderlos y exigirlos, son ellas las que podrán im- pulsar los cambios que se requieren para que los derechos humanos se conviertan en una realidad presente día con día en sus vidas. ֍
