Introducción

La violencia feminicida y el feminicidio no son privativos de una determinada región, pero “puede tener matices diferentes” (Urquilla, 2008). En el caso de la Península de Yucatán se advierte una profunda asimetría entre hombres y mujeres que se manifiesta cultural y socialmente, se materializa en altos porcentajes de mujeres víctimas de la violencia feminicida, así como numerosas víctimas de feminicidio. En el caso del feminicidio, sobresale que el porcentaje de mujeres en la región –respecto al total de hombres y mujeres– que son víctimas de homi- cidio, es superior al registrado a nivel nacional. Es decir, la muerte por homicidio impacta en mayor medida a las mujeres en la Península de Yucatán que en el resto del país, aún cuando esta zona se ha caracterizado por tener las tasas más bajas de homicidio a nivel nacional, como se analiza en esta investigación.

El presente artículo tiene como objetivo analizar el fenómeno de la violencia de género y el feminicidio en la Península de Yucatána partir de una me- todología mixta que considera el análisis cuantitativo –principalmente estadístico de bases de datos que permiten aproximarse al conocimiento del fenómeno– y cualitativo –principalmente hemerográfico y documental. Análisis que abarca tanto el modus operandi de la violencia feminicida,como del marco jurídico y las políticas públicas para su prevención y atención. Parte de la hipótesis de este trabajo es que la violencia feminicida y el feminicidio en esta zona tienen características propias que la distinguen del resto del país, por lo tanto, deben ser analizados a profundidad para contribuir al diseño e implementación de políticas públicas orientadas a revertir esta violencia en la región.

El artículo se enfoca en la Península de Yucatán que está integrada por los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. El estudio de esta región es relevante, porque “la dinámica social de la Península de Yucatán ha sido menos estudiada y, en ciertos aspectos esenciales, difiere de la del resto del país” (Miery Terán, 2004). La población en la región durante los últimos años es de poco más de 4 millones de habitantes, sin embargo, en 2015 la tasa de crecimiento media anual de la población era superior al promedio nacional, destacando Quintana Roo con una tasa de crecimiento de 2.7 (INEGI, 2015). Al respecto de la migración interestatal, sobre todo hacia las zonas urbanas,se observa que “la migración de Yucatán a Quintana Roo constituye uno de los 32 flujos principales del país” (Miery Terán, 2004); esto se debe a la configuración de destinos turísticos internacionales como Cancún. Aunado a este crecimiento poblacional, hay una alta afluencia de turistas que se estima en más de 6 millones al año (Córdoba y García, 2003).

Respecto a la violencia feminicida y el feminicidio, destacan caracte-

rísticas de la región que la convierten en una zona de alta vulnerabilidad para

sus habitantes y, en particular, para las mujeres. Sobresale que, de acuerdo con el índice de marginación por entidad federativa en 2015, Yucatán y Campeche tuvieron grados de marginación altos ocupando los lugares 7º y 10º a nivel na- cional, es decir, se ubican entre las diez entidades más pobres del país; mientras que Quintana Roo tuvo un grado medio y ocupó el lugar 19º (CONAPO, 2015). Esta condición de marginación media y alta de la región impacta en las relaciones económicas y sociales.

De acuerdo a la investigación realizada por Mier y Terán (2004), la diná- mica demográfica de la región se caracteriza en Quintana Roo y Campeche “por una nupcialidad temprana y una fecundidad elevada”, y Yucatán “que es más urbano, por una nupcialidad media y una fecundidad más baja”. Además

En la vida pública, las mujeres abandonan más temprano la escuela e ingresan con menor frecuencia a la actividad laboral que los hombres. En las transiciones en la vida familiar, también hay diferencias en su temporalidad, pero sobre todo en las condiciones de desventaja en lasque se encuentran las jóvenes (Miery Terán, 2004).

Considerando que “la asimetría social en las relaciones entre mujeres y hombres favorece la violencia de género” (Expósito, 2011: 20), es relevante analizar que los hallazgos de Mier y Terán continúan en gran medida vigentes ya que, de acuerdo a las estadísticas de la Encuesta Intercensal en 2015 del INEGI: Campeche se encuentra entre las entidades con mayor porcentaje de nacimientos registrados de madres adolescentes con 19.4% y entre las demarcaciones con mayor Tasa Global de Fecundidad que es de 2.41.Campeche y Yucatán se ubican entre las 10 entidades con mayor población femenina de 3 años, además de no contar con escolaridad, obteniendo 9.45% y 7.9% respectivamente. En Quintana Roo el por- centaje corresponde a 7.22%.En todos los casos existe una amplia brecha entre hombres y mujeres, en la cual las féminas tienen menor acceso a la educación: en Campeche y Yucatán tienen menos años de escolaridad –con 8.63 y 8.94 años, respectivamente– que el promedio registrado a nivel nacional –que es de 9.01– y Quintana Roo supera ligeramente la media nacional –con 9.44 años, poco más de la secundaria terminada.

Además de estas condiciones sociales y demográficas, es conveniente referir que en la Península de Yucatán también se ha registrado un cambio sociocultural, siendo que “se vive un proceso intenso de cambio que apunta hacia la modernidad, sin que esto signifique que las tradiciones han sido completamente abandonadas” (Baños, 2000). Principalmente en Quintana Roo, el auge de algunas regiones como destinos turísticos internacionales, ha atraído la atención de millones de turistas de diversas regiones del mundo y con ello se ha dado una expansión de la industria turística que cambió la dinámica económica, social y cultural de los habitantes de la región. Sin embargo, prevalecen costumbres y tradiciones que coexisten con esta modernidad.

Así pues, partiendo de la importancia del análisis particular de esta re- gión, y de la pertinencia de estudiar a profundidad un problema social tan rele- vante como la violencia feminicida y el feminicidio, en las siguientes páginas se presenta el estudio de estas situaciones en la Península.

Marco teórico y conceptual de la violencia feminicida y el feminicidio

Los conceptos de violencia feminicida y feminicidio se han hecho acompañar de un amplio debate académico y jurídico que se ha desarrollado con mayor inten- sidad en las últimas décadas. Se alude a que “el uso de la expresión ‘violencia de género’ es tan reciente como el propio reconocimiento de la realidad del maltrato a las mujeres” (Maqueda, 2006). Sin embargo, en torno a este concepto existen distintas definiciones, una de las más citadas es la propuesta por la ONU en 1995 que la define como

Todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada (Expósito, 2011: 20).

El concepto de violencia contra las mujeres en una “variable teórica esencial” que permite comprender que

no es la diferencia entre sexos lar azón del antagonismo, que no nos hallamos ante una forma de violencia individual que se ejerce en el ámbito familiar o de pareja, sino que es consecuencia de una situación de discriminación intemporal que tiene su origen en una estructura social de naturaleza patriarcal (Abreu, 2006: 2)

Y como tal es que debe estudiarse.

La violencia contra las mujeres por razones de género

puede ahora ser nombrada también como violencia feminicida, como ha sido ya reconocida, no es privativa de determinados países ni de ciertos grupos o clases sociales, pero sí puede tener matices diferentes dependiendo de cada cultura o las culturas encada sociedad y del significado que tiene el ser mujer y todo lo femenino en esas sociedades (Urquilla, 2008: 7).

En México, la violencia feminicida está definida en el Artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como:

La forma extrema de violencia contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, ocasionada por la violación de sus derechos humanos, en los espacios público y privado; está integrada por las conductas de odio o rechazo hacia las mujeres, que pueden no ser sancionadas por la sociedad o por la autoridad encargada de hacerlo y puede terminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

Por su parte el feminicidio que es una de las consecuencias más graves de la vio- lencia feminicida, se define como “crimen de odio contra las mujeres” (Lagarde, 2006). De acuerdo con Ramírez (2014) este crimen

Se da por la violencia extrema, ejercida en contra las mujeres y niñas, situación que muchas veces culmina con muertes violentas e incluso en la mayoría de los casos, las víctimas presentan signos de tortura, mutilaciones, quemaduras, ensa- ñamiento, producto de las vejaciones y violencia sexual de las cuales son objeto, inclusive en muchos casos estas se producen después de la muerte, hechos que se dan por razones asociadas al género.

El feminicidio no es un fenómeno fortuito “una violencia tal, no surge de la noche a la mañana” (Merlgar & Belausteguigoitia, 2005: 257). La violencia en la mayor parte de los feminicidios está presente desde mucho antes, ya que de acuerdo con los expertos en la materia “Cada niña o mujer asesinada había expe- rimentado durante su vida múltiples formas de violencia y daños a su integridad, su dignidad y desarrollo que atentaron contra su libertad” (Lagarde, 2006). En este sentido, es relevante la investigación respecto al feminicidio y la violencia feminicida precedente.

Metodología y fuentes

La metodología de la presente investigación se define como mixta e incluye técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas. Con el fin de analizar la violencia feminicida y el feminicidio en la Península de Yucatán desde una pers- pectiva integral, se consideran diferentes tipos de fuentes.

En principio, con el uso de técnicas cuantitativas, principalmente de análisis estadístico, se estudian los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) para aproximarse a la violencia feminicida en la región. Esta encuesta ofrece información sobre las ex- periencias de violencia que han enfrentado mujeres de 15 años en adelante, en los distintos ámbitos de su vida (INEGI, 2016), además es representativa a nivel es- tatal, por lo que permite comparar los resultados de la región con los nacionales.

Posteriormente, a partir de la metodología de análisis propuesta por ONU Mujeres, que considera el estudio de las defunciones femeninas con presunción de homicidio a partir de las Estadísticas vitales de mortalidad del INEGI, se estu- dia la violencia feminicida en la región y se compara con las estadísticas a nivel nacional. Se considera que esta metodología es “la mejor forma disponible hasta la fecha para aproximarnos empíricamente al feminicidio, dada la ausencia de informacióna decuada sobre el fenómeno” (ONU Mujeres, 2017: 17). El análisis comprende el periodo 2010-2016.

De manera complementaria al análisis cuantitativo, se recurre a técnicas de investigación cualitativa. Así, con el fin de profundizar en el estudio, se realiza una revisión de casos de presuntos homicidios de mujeres registrados en fuentes hemerográficas durante enero de 2016 y octubre de 2017 (en total 42), para acer- carse al conocimiento del modus operandi del feminicidio¹. La principal fuente de información es la compilación de casos realizada por María Salguero, quien ha construido una base de datos abierta a nivel nacional, que permite “conocer el contexto de violencia en el que se dan los feminicidios, la situación jurídica de los feminicidas, el grado de impunidad, el entorno en donde ocurren los delitos y la forma en que nos asesinan” (Salguero, 2017).

Finalmente, a partir del análisis documental, la investigación se enfoca en el estudio de la política pública para la atención y prevención de la violencia feminicida. Revisa la tipificación de este delito en los respectivos códigos pena- les estatales, enfatizando en las razones de género y sus particularidades en la región, además se analizan las solicitudes y declaratorias de Alerta de Violencia de Género en la Península de Yucatán.

La violencia feminicida en la Península de Yucatán

Como precedente a un feminicidio coexisten otros tipos de violencia: física, emo- cional, sexual o económica. En la Península de Yucatán las mujeres son víctimas de estos tipos de violencia, que podrían convertirse en contextos propicios para violencias de mayor impacto.

Los resultados de la ENDIREH ofrecen un panorama de las diferentes situaciones de violencia que viven las mujeres de manera cotidiana. Las cifras de 2016 refieren que, en la Península de Yucatán, en promedio 6 de cada 10 mujeres mayores de 15 años, afirman haber sido víctimas de la violencia a lo largo de su vida. En la región destaca Yucatán, que se ubica entre las 10 entidades que “es- tán por encima de la media nacional, tanto para la violencia total a lo largo de la vida, como para la violencia reciente ocurrida en los últimos 12 meses” (INEGI, 2016). Asimismo, las estadísticas indican que, en cuanto a la violencia sexual y económica, Yucatán también supera la media nacional.

1. Se comprende que un análisis de esta naturaleza requiere de estudios profundos de diversos casos, y cada uno de ellos podría y debería implicar una investigación exhaustiva, sin embargo, con la información aquí compilada se tiene una aproximación que contribuye al análisis del fenómeno.

Prevalencias de violencia contra las mujeres por tipo de violencia 2016

Tabla 1. Porcentaje de mujeres que mencionaron haber sufrido estos tipos de violencias)

Fuente: Tabla de elaboración propia con información de INEGI. ENDIREH 2016. Se marcan en negritas los resultados que están por encima de la media nacional.

Por su parte, Quintana Roo supera la media nacional respecto a las violencias económica y sexual, además, se encuentra entre las entidades con prevalencia más alta de violencia en el ámbito laboral con 31.2% y de violencia comunitaria con 39.5% de mujeres que dijeron haber sufrido estos tipos de violencia (INEGI, 2016).

Yucatán y Quintana Roo se encuentran entre las entidades con mayor porcentaje de mujeres víctimas de violencia por parte de la pareja a lo largo de la relación (actual o última) con 45.2% y 42.7% respectivamente, siendo que la media nacional es de 43.9%.En contraparte, Campeche se ubica como la entidad con menor porcentaje de este tipo de violencia con 32.1% (INEGI, 2016).

Si bien en la ENDIREH 2016, Campeche se encuentra por debajo del porcentaje registrado a nivel nacional en cuanto a la violencia física, de acuerdo con el Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género para el Estado de Campeche (2016) en la entidad existe violencia física contra las mujeres

así como la comisión de delitos del orden común cometidos en su contra que afectan, de manera particular, a las mujeres indígenas y rurales del estado que se encuentran en los municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria, Escárcega, Hecelchakán y Hopelchén

Esta violencia física se manifiesta en las más de 400 denuncias por el delito de lesiones contra las mujeres durante 2015 y 2016.

Como se observa, en la región prevalecen diferentes tipos de violencias que afectan a las mujeres y que podrían escalar a una violencia de mayor índole como el feminicidio. En cifras 6 de cada 10 mujeres de la Península de Yucatán refieren haber sido víctimas de algún tipo de violencia, a quienes debe sumarse aquellas mujeres que por temor a una doble victimización prefieren mantener en secrecía la violencia a la que son sometidas.

El feminicidio en la Península de Yucatán

El feminicidio es en un problema social de alto impacto en México por diversas razones. Destaca que durante años el país fue observado a nivel internacional por los numerosos casos registrados en Ciudad Juárez, Chihuahua, que no lograron esclarecerse, siendo que la mayor parte prevalece en la impunidad. Reciente- mente otras regiones del país han destacado por el alto número de casos de femi- nicidio registrados, por la violencia contra las mujeres, por la impunidad, entre otros aspectos que hacen necesario y urgente el análisis de la prevalencia de este crimen en las distintas regiones.

Durante mucho tiempo, la mayor parte de los artículos académicos que abordaban el feminicidio en México, se referían a Ciudad Juárez por el impacto mediático que estos hechos tuvieron a nivel nacional e internacional y, desde lue- go, por el número de víctimas que se estima en “aproximadamente 370 mujeres que fueron asesinadas” (Osborn, 2004:19). Sin embargo, como se ha señalado, no es un fenómeno exclusivo de un lugar y por ello la importancia de estudiar otras regiones.

Aunque en menor cantidad, también hay estudios que han colocado la mirada hacia Centro América en donde se encuentra que Guatemala, después de México, es el que tiene mayor número de feminicidios, siendo que “el 45% de las víctimas son amas de casa” (Prieto, 2007:27), es decir, se trata de un perfil diferente de mujeres.

Como se observa, es preciso estudiar con mayor profundidad el femini- cidio en diferentes regiones para ahondar en el análisis que permita identificar las características particulares y al mismo tiempo diseñar las políticas públicas que permitan revertir este problema social que afecta directamente a las mujeres y en consecuencia a la sociedad mexicana en su conjunto. Es por ello, que en las siguientes páginas se analiza este fenómeno en la Península de Yucatán.

Tipificación y sanción del feminicidio

Una de las principales condiciones que debe existir para prevenir o, en su caso, sancionar el feminicidio, es un marco jurídico que tipifique el delito. La tipifica- ción del feminicidio implica

plantear alternativas que abandonan la tradicional neutralidad de género de los tipos penales, en relación a la violencia contra las mujeres, especialmente respecto de la violencia en el espacio privado, doméstico o intrafamiliar, dada la magnitud y gravedad de este tipo de violencia y sus consecuencias (Vázquez, 2008: 215).

Se debe reconocer que

la existencia de un marco jurídico no necesariamente garantiza que este se cumpla a cabalidad. Sin embargo, es un indicador que representa un gran avance en cuanto a que brinda los elementos legales para promover el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia (Pedraza, Jasso y Gónzalez Ulloa, 2017).

Si bien la tipificación de un delito por sí misma no garantiza la solución a un pro- blema de las magnitudes del feminicidio, cuando menos sienta las bases jurídicas para señalar que este hecho es un delito y como tal debe ser sancionado por la ley.

Un primer dato que destacar relacionado a la tipificación del feminici- dio es que entre los primeros países de América Latina que reglamentaron al respecto, se encuentran: Chile, Costa Rica, Guatemala y El Salvador (Jiménez, 2011). Siendo Costa Rica y Guatemala los primeros en tipificar penalmente la violencia contra la mujer en 2007 y 2008 respectivamente. En México es hasta 2009 cuando ocurre el “reconocimiento del feminicidio como término, pues por primera vez aparece en una decisión judicial” (Laporta, 2012). Esta acción se debe a la sentencia del caso “Campo algodonero”. por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente, las entidades federativas comienzan la tipificación de este delito en los respectivos códigos penales.

Sin embargo, ninguna entidad de la Península de Yucatán se encuentra entre las 10 primeras que tipificaron el delito de feminicidio. En 2014 se tipificó en Yucatán, pero en Campeche y Quintana Roo fue hasta el 2015 que incluyeron este tipo penal (CNDH, 2015).Los Códigos Penales de la Península de Yucatán tipifican el delito de feminicidio y de manera general lo definen como la privación de la vida de una mujer por razones de género. No obstante, hay variaciones importantes que serán analizadas a continuación. En cuanto a las sanciones, se encuentran rangos de tiempo en prisión diferenciados.

En Campeche el artículo 160 contempla que “Comete el delito de femini- cidio quien priva de la vida a una mujer por razones de género” y señala que se sancionará conforme a lo dispuesto por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia². Por su parte, en Quintana Roo, el artículo 89 Bis del Código Penal define que comete delito de feminicidio “el que dolosamen- te prive de la vida a una mujer por razones de género. Se le impondrá prisión de veinticinco a cincuenta años y de mil quinientos a tres mil días multa”. Por último, en Yucatán en el artículo 394 Quinquies del Código Penal³, señala que “Comete el delito de feminicidio quien dolosamente prive de la vida a una mujer por razones de género” y al mismo tiempo señala que “se le impondrán de treinta

1. La Ley General en comento, prevé que esta será acorde al artículo 325 del Código Penal Federal.

2. En septiembre de 2012 el feminicidio fue incorporado como delito al Código Penal del estado de Yucatán y fue en 2014 cuando se incluyó como “delito grave” (Paredes, Llanes, Torres y Es- paña, 2016).

a cuarenta años de prisión y de quinientos a mil días multa” a quien cometa este

delito.

Derivado de lo establecido en los diferentes códigos penales de la Penín- sula de Yucatán, se encuentra que hay una variación importante en los años de prisión definidos como sanción. El menor tiempo de prisión contemplado es de 25 años en Quintana Roo mientras que en Yucatán el mínimo establecido es de 30 años, en contraparte, el mayor tiempo de sanción establecido se encuentra en Quintana Roo con un total de 50 años.

Además de las diferencias en los rangos de años entre las entidades de la región, es de destacar que tanto el mínimo como el máximo de años de sanción por este delito, en comparación con otras entidades, son muy bajos; por ejemplo, en Veracruz el mínimo es de 40 años y el máximo de 70 años.

De manera general la tipificación del delito de feminicidio se refiere como la privación de la vida de una mujer por razones de género. Respecto a estas razones de género, los códigos penales de la Península de Yucatán contemplan de manera general, las siguientes circunstancias: signos de violencia sexual, lesio- nes o mutilaciones, antecedentes de violencia, amenazas relacionadas al delito, incomunicación y exposición o exhibición del cuerpo en un lugar público.

De manera particular, las razones de género que contempla cada una de

las entidades de la Península de Yucatán, se presentan en el siguiente cuadro.

Tabla 2: Razones de género en la tipificación de feminicidio en los Códigos Penales de la Penín- sula de Yucatán

Fuente: Tabla de elaboración propia con información de los Códigos Penales.

Además de las razones de género anteriormente expuestas y sus respectivas va- riantes en cada una de las entidades, destaca que hay otras razones de género que se contemplan en estos estados. En Yucatán se considera el hecho de “la preten- sión infructuosa del sujeto activo de establecer o restablecer una relación de pare- ja o de intimidad con la víctima”. Por su parte, en Quintana Roo se considera que el victimario “haya obligado a la víctima a ejercer la prostitución, o haya ejercido actos de trata de personas en agravio de la víctima” lo que resulta relevante con- siderando la configuración socioeconómica de algunas zonas de Quintana Roo y la afluencia turística.

Defunciones femeninas con presunción de homicidio en la Península de Yucatán

Una de las primeras aproximaciones al fenómeno del feminicidio en México es la estadística correspondiente a las defunciones femeninas con presunción de homicidio (DFPH) que sistematiza el INEGI en las estadísticas de mortalidad. Este indicador se considera como “el proxy que permite la mejor aproximación al feminicidio” (INMUJERES, 2016:7). Sin embargo, es pertinente señalar que no todos estos presuntos homicidios son feminicidios.

En el periodo comprendido entre 2010 y 2016las estadísticas del INEGI registraron un total de 317DFPH en la Península de Yucatán. Al observar el com- portamiento de las estadísticas se tiene que, de 2010 a 2013 la tendencia fue al alza y a partir de 2014, se registró una reducción, aunque la tendencia sigue sien- do incremental y desde luego importante porque cada número representa la vida de mujeres que fueron víctimas de la violencia.

Gráfica 1. Defunciones femeninas con presunción de homicidio en la Península de Yucatán

2010-2016

Fuente: Gráfico de elaboración propia con información de INEGI, Estadísticas de mortalidad.

*La línea punteada representa la tendencia lineal

Asimismo, sobresale que en 2016 se registró un incremento que, aunque no supera la cifra más alta registrada en 2013, sí indica que en la región hay mayor violencia hacia las mujeres que incluso atenta contra sus vidas. En cifras se observa que en 2016 Campeche y Yucatán se encontraban entre las entidades “con tasas menores de 60% del promedio nacional”, no obstante, Quintana Roo se ubicaba en las demarcaciones “con valores alrededor del valornacional” (ONU Mujeres, 2017: 22) con una tasa de 3.5 por cada 100,000 mujeres.

Al comparar con el total de DFPH en el país, se observa que en promedio durante el periodo 2010-2016, en la Península de Yucatán se registró el 2% de los presuntos homicidios de mujeres. Sin embargo, nos referimos a la vida de más 300 mujeres que fueron víctimas de una violencia de tal magnitud que terminó con sus vidas, además de una tendencia al alza de este crimen.

Tabla 3. Defunciones de mujeres por homicidio en la Península de Yucatán 2010-2015 Fuente: Tabla de elaboración propia con información de INEGI, Estadísticas de mortalidad.

En números absolutos, en Quintana Roo fue donde ocurrieron 181 DFPH, que refleja el incremento de la región en el año 2016, ocupa el primer lugar en la Península de Yucatán. Campeche ocupa el segundo lugar con un total de 81 DFPH, siendo el año 2012 el que registró mayor cantidad con un total de 15. Por su parte, Yucatán suma 55 DFPH y2013 fue el año con la cifra más alta con un total de 13.

Al analizar los porcentajes que representan las DFPH respecto al total de hombres y mujeres que mueren por presunto homicidio, destaca que en la Península de Yucatán de cada 100 homicidios 13.7 son de mujeres, cifra que es superior a la registrada a nivel nacional que es de 11.5 para el 2016. Esto significa que, en la región, el porcentaje de mujeres que muere por presunto homicidio es más alto que en otras regiones del país.

Tabla 4. Porcentaje de defunciones de mujeres por homicidio en la Península de Yucatán, 2016 * Porcentaje defunciones de mujeres por homicidio respecto al total de homicidios registrados.

Fuente: Tabla de elaboración propia con información de INEGI, Estadísticas de mortalidad.

Incluso Yucatán y Quintana Roo tienen porcentajes más elevados con 14.1% y 15% respectivamente, en 2016. Y en el año precedente, el porcentaje de DFPH respecto al total fue de 18.4% para Campeche y de 19.7% para Quintana Roo,

es decir, por cada 5 presuntos homicidios en estas entidades, 1 correspondió a mujeres. Particularmente destaca el caso de Yucatán que ha sido considerado como “el estado más seguro del país” (Gobierno del Estado de Yucatán, 2017); en el que, a pesar de que registra pocos casos de homicidios –en comparación con otras entidades del país–, tiene altos porcentajes de homicidios de mujeres (14.1% en 2016).

Tomando en consideración los municipios en los que se registra mayor número de DFPH se encuentra que 6 demarcaciones registran más del 75% en la región. A continuación, se enlista cada uno de los municipios y el porcentaje que representa respecto a la Península de Yucatán: Benito Juárez, Q.Roo (30.5%), Othón P. Blanco, Q. Roo (10.4%), Mérida, Yucatán (10.4%), Carmen, Campeche (10.1%), Solidaridad, Q. Roo (7.5%) y, Campeche, Campeche (7.2%).

Tabla 5. Municipios de la Península de Yucatán que concentran más del 75% de las defunciones de mujeres por homicidio, 2010-2016

Fuente: Tabla de elaboración propia con información de INEGI, Estadísticas de mortalidad.

Uno de los primeros aspectos que sobresale, es que no todos los municipios que encabezan el listado con mayor número de DFPH son las ciudades capitales de la entidad, lo que resulta relevante, porque la concentración de homicidios no obedece únicamente a la densidad poblacional sino también a otros factores, pro- bablemente vinculados a la violencia de género que aquí se estudia. Asimismo, destaca que hay municipios que registran tasas de DFPH muy superiores a la re- gistrada a nivel nacional, que en 2016 fue de 4.4por cada 100,000 mujeres (ONU Mujeres, 2017). En Campeche, el municipio de Carmen registra 4.6 por cada 100,000 mujeres. En Yucatán, Motul registra una tasa de 5.8, y en Quintana Roo, el municipio de Cozumel registra 5.1, Lázaro Cárdenas 8.1, Solidaridad 9.3 y en Tulum se registraron 15 DFPH por cada 100,000 mujeres.

Las altas tasas de DFPH por cada 100,000 mujeres, muestran que en la Península de Yucatán hay municipios en los que este fenómeno es mucho más grave que en la mayoría de los municipios mexicanos.

Modus operandi de las defunciones femeninas con presunción de homicidio

El análisis del modus operandi de las defunciones femeninas con presunción de

homicidio en la Península de Yucatán, parte de la afirmación de que:

solamente una caracterización precisa del modus-operandi de cada tipo parti- cular de crimen y la elaboración de una tipología lo más precisa posible de las diversas modalidades de asesinatos de mujeres podría llevar a la resolución de los casos, a la identificación de los agresores, y al tan anhelado fin de la impu- nidad (Segato, 2006).

Como se ha señalado, Ciudad Juárez es uno de los casos más estudiados a nivel nacional y donde se tienen antecedentes del análisis del modus-operandi de este fenómeno en México. En esta ciudad los expertos encontraron que era “posible reconocer en ellos una serie de características recurrentes” (Segato, 2006), se argumenta que los casos” seguían patrones similares, e incluso las autoridades consideraron que 93 víctimas indicaban haber sido víctimas de un asesino o ase- sinos seriales” (Osborn, 2004: 19). A partir de la sistematización y análisis de los diversos casos, fue posible conocer que las víctimas tenían en promedio 16 años y muchas de ellas eran empleadas de empresas (Osborn, 2004: 20).Como resultado de estos hallazgos derivados del análisis de los modus-operandi y características de las víctimas, es que se implementaron medidas específicas para mejorar la seguridad de las mujeres en esta zona.

A partir de las premisas anteriormente expuestas, se analizan los princi- pales modus-operandi, situaciones o contextos en los que ocurrieron las DFPH en la región a partir del análisis de fuentes hemerográficas en las que fue posible registrar 42 casos durante enero de 2016 y octubre de 2017 (Ver Metodología y Fuentes). Respecto a esta parte del análisis se reconoce que los medios de co- municación como la prensa escrita obedecen a intereses particulares y en torno a los temas de género presentan “roles o estereotipos en las representaciones mediáticas, a menudo toman formas sutiles” (Revuelta, 2004) que deben ser con- sideradas.

En Yucatán la base de datos integró 10 DFPH (4 en Mérida, 2 en Peto y 1 en los municipios de Yobaín, Telchach, Progreso y Tekax). El 80% de las víc- timas se encontraba entre los 18 y 30 años. El 50% fue victimizada por su pareja actual, el 20% por su expareja y también se registró un caso en el que la víctima fue asesinada por un sicario. En el 30% de los casos el victimario se encuentra prófugo y en 60% fue aprehendido y vinculado a proceso. El 30% de las DFPH en Yucatán fue por degollamiento, 20% apuñalamiento y también hay casos en

los que la víctima fue torturada, golpeada, baleada o incluso macheteada. Destaca que el lugar en el que fue encontrada la víctima con mayor frecuencia es el hogar con 40%, así como también se registran casos en los que los cuerpos de las vícti- mas se encontraron en un hotel, en la vía pública y hasta en un centro comercial. Entre los casos documentados en Yucatán, hay antecedentes de víctimas que ha- bían sido violentadas por sus parejas y en uno de estos había una denuncia previa por maltrato, en el que la víctima fue “amenazada por su exesposo tras ganar la custodia de sus hijos” (Santana, 2017).

En Campeche la base de datos se integró con 4 DFPH, dos en Champotón, uno en el municipio Del Carmen y uno en Campeche. Las edades de las vícti- mas oscilan entre los 17 y los 47 años y destaca que en el 50% de los casos las víctimas fueron asesinadas por su pareja, en otro de los casos, por sicarios. En el 75% de los casos el victimario fue aprendido y en uno de los casos se suicidó. De acuerdo a los casos sistematizados en Campeche, en 50% la víctima fue asfixiada

]y hay registro de una víctima macheteada. Un dato relevante –aún cuando se trate de pocos casos documentados– es que en todos los casos las víctimas fueron encontradas en su propio hogar.

En Quintana Roo, la base de datos se integra de un total de 28 DFPH de los cuales el 46.4% ocurrió en el municipio de Benito Juárez donde se encuentra la zona turística de Cancún, el 18% en el municipio Solidaridad, 7% –respectiva- mente– en los municipios de Isla Mujeres, Tulum y Othón P. Blanco. Asimismo, se registraron casos en Bacalar, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas.

El municipio Benito Juárez, donde se ubica Cancún, es relevante porque además de que representa un alto porcentaje de los casos registrados en la re- gión, tiene características particulares que lo diferencian de los otros municipios. Destaca que en el 70% la identidad del victimario es desconocida, y solo en 23% de los casos era la pareja o expareja. Asimismo, sobresale que en el 77%, los victimarios están prófugos. Otro dato es que en el 63% de los casos, en los que se especifica la edad de la víctima, esta se encontraba entre los 17 y los 26 años, es decir, se trata de una población femenina joven.

Las víctimas en Quintana Roo son principalmente jóvenes, siendo que, del total de mujeres víctimas de este delito –de quienes se específica la edad–, el 81% se encontraba entre los 17 y 36 años de edad, aunque también debe desta- carse el caso de una adulta mayor de 83 años que falleció por estrangulamiento en su propio hogar en el municipio de Cozumel. En Quintana Roo, en el 58% de los casos se desconoce la identidad del agresor, esta condición existe incluso en aquellos municipios en los que la afluencia turística no es tan alta, tal es el caso de Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Solidaridad. Asimismo, se tiene que

en el 78.5% de los casos el agresor se encuentra prófugo, muy probablemen- te vinculado a la falta de identificación de los victimarios. Respecto al modus- operandi, se encuentra que en 2 de cada 5 DFPH en Quintana Roo se utilizó un arma de fuego y la víctima fue baleada y en 1 de cada cuatro se recurrió a un arma blanca, siendo que la víctima fue apuñalada. En el 14% de los casos el presunto homicidio fue mediante golpes.

Como se ha referido, en la mayor parte de los casos de DFPH en Quintana Roo, se desconoce la identidad del victimario, sin embargo, es importante desta- car que también se registra violencia en los hogares siendo que 32% ocurrieron en el hogar y en la mayor parte de estos casos (66%), el agresor fue un conocido, principalmente la pareja o expareja, seguido de un familiar. Por lo que las DFPH en Quintana Roo no puede ser únicamente atribuible a las dinámicas que genera el turismo, sino que también existen condiciones de violencia en el hogar que de- ben ser estudiadas con mayor profundidad y desde luego atendidas integralmente en las políticas públicas en la materia.

Feminicidio e impunidad

La impunidad es una de las condiciones más complejas del fenómeno social ana- lizado. Ocurre que “El feminicidio, en tanto violencia institucional, se caracteriza también por el no esclarecimiento de los casos, la falta de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño” (Lagarde, 2006). Como se ha revisado con an- terioridad, predomina la impunidad y un buen número de victimarios se encuen- tra prófugo y en otros tantos casos hasta se desconoce de la identidad del agresor.

Una de las constantes es la prevalencia de la impunidad por diversas razo- nes. Principalmente se encuentra que “los asesinatos continúan porque los siste- mas de justicia y orden público los ignoran. La impunidad facilita más asesinatos y, en un clima cultural donde la violencia es un lugar común, los hombres matan a las mujeres porque pueden hacerlo” (Prieto, 2007:31).Otra cuestión relevante son las limitantes en la tipificación del feminicidio. En el caso de la Península de Yucatán, durante mucho tiempo Campeche, Yucatán y Quintana Roo se encon- traron entre las doce entidades del país que “no incluyen como uno de los ele- mentos para considerar ese crimen como feminicidio la relación entre la víctima y victimario” (Ángel, 2017). Es decir, que la relación previa de pareja o amistad existente no es suficiente para la tipificación. Al cierre de 2017, Campeche pre- valece con este tema pendiente.

Además de las limitantes enunciadas, debemos agregar que existen otros casos más en los que no se tipifica correctamente. De manera tal que resulta rele- vante la afirmación de Olivares (2017) al respecto:

Para muchos operadores de justicia, el feminicidio sigue sin quedar claro […] los tipos penales tampoco han ayudado mucho, pues en la mayoría, el elemento esencial que es el de “razón de género”, sigue siendo determinante para que los y las investigadores, decidan salirse por la tangente ante su desconocimiento o falta de recursos para acreditar dicho concepto.

Lo que se registra en la Península de Yucatán, como en el resto del país, es que existe un bajo número de feminicidios tipificados como tal. De vuelta a las cifras y tomando los datos de procesados del fuero común por delito consignado que sistematiza el INEGI, se encuentra que, en 2012 se consignaron tan sólo 28 casos por feminicidio a nivel nacional, 2 en Campeche y ni uno solo en Yucatán y Quintana Roo, y en ese mismo año se registraron 52 DFPH en la región (INEGI).

En los datos de incidencia delictiva publicados por el Centro Nacional de Información (CNI)del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) lo que se encuentra es que en total se registraron 24 femini- cidios durante 2015-2017⁴. La tasa de feminicidios por cada 100,000 mujeres a nivel nacional es de 0.9, mientras que en la Península de Yucatán es de 0.4. Cam- peche es la entidad con mayor tasa en el periodo⁵.

Tabla 6. Feminicidios Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP.

Destaca que en Quintana Roo durante 2015 y 2016 no hay feminicidios regis- trados como tal, cuando de acuerdo al INEGI en esos mismos años se suman un total de 51 DFPH. Es decir, prevalece la impunidad al no tipificar debidamente.

Al respecto es preciso señalar que en el Código Penal de Quintana Roo y en el de Yucatán al finalizar los supuestos de razones de género se señala “en caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio”⁶. Es decir, la ley es permisiva para no brindar la atención debida a los casos de feminicidio con la perspectiva de género que estos requieren.

1. La incidencia delictiva se refiere a la ocurrencia de presuntos delitos registrados en averigua- ciones previas o carpetas de investigación iniciadas.

2. La tasa más alta en 2017 se registró en Sinaloa con 5.33, en 2016 fue Colima con 5.9. Consultado en: http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP%20-%20Delitos-100%20mil%20hab%202015-2018.pdf

3. Artículo 89 Bis del Código Penal de Quintana Roo. Artículo reformado y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 04 de Julio de 2017y Artículo 394 Quinquies del Código Penal de Yucatán.

Políticas públicas contrala violencia feminicida y el feminicidio

Una de las premisas más importantes para el diseño de políticas públicas que

pretendan atender y prevenir la violencia feminicida y el feminicidio, es que:

Las políticas públicas dirigidas a las mujeres deben contemplar la protección tanto en el ámbito público como en el privado, y no pueden ser las mismas en todos los países y regiones, porque las circunstancias y contextos bajo los cuales se ejecutan los femicidios/feminicidios no tienen los mismos antecedentes ni el mismo desarrollo (Jiménez, 2011).

Como se ha analizado con anterioridad, la violencia feminicida y el feminicidio en la Península de Yucatán tienen características propias que comparten como región y son diferentes al resto del país y al mismo tiempo aspectos específicos que caracterizan algunas zonas particulares de cada una de las entidades, como por ejemplo Cancún, Quintana Roo, como destino turístico o Mérida como capital de Yucatán.

Asimismo, es importante considerar que uno de los consensos entre orga- nizaciones de mujeres, investigadores y políticos feministas que trabajan sobre el fenómeno del feminicidio consiste en que “al igual que toda la violencia de género el feminicidio requiere atención en todos los niveles de la sociedad y del gobierno” (Prieto, 2007:35) es decir, “la política pública no es sin más cualquier política gubernamental” (Aguilar, 1992:33).

Se tiene que considerar que “la sola creación de la ley no va a solucionar o mejorar mayormente los actos violentos contra la mujer si no se acompañan con políticas preventivas que privilegien la protección” (Jiménez, 2011) y, en este sentido, es que resulta necesario analizar las políticas públicas que se han implementado en la región. En las siguientes páginas se presenta brevemente una aproximación a estas políticas públicas, pero sin duda se trata de un tema amplio que requiere de una agenda de investigación profunda desde varios sectores sociales que estudien todo el ciclo de las políticas públicas (Aguilar, 1992).

Una de las principales políticas públicas para atender la violencia de género a nivel nacional es la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) que se define como “el conjunto de acciones gubernamentales de emer- gencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determi- nado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”⁷.

De acuerdo a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM, 2017), al finalizar 2017, en la Península de Y ucatán únicamente en Quintana Roo se ha declarado la AVGM. Quintana Roo es la onceava entidad en la que se declaró la AVGM el 7 de julio de 2017 en tres

1. Artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

municipios: Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad y se contemplan acciones es- pecíficas para el municipio de Lázaro Cárdenas, caracterizado por su población indígena.

El Informe del Grupo de Trabajo en Quintana Roo se integró desde 2015 y entre sus principales conclusiones respecto a la violencia feminicida en la enti- dad destaca que

El estado de Quintana Roo no reportó la existencia de protocolos de investiga- ción de delitos cometidos en contra de las mujeres, tampoco un protocolo de investigación del delito de feminicidio. Aunado a ello y a pesar de la existencia de tipos penales específicos como el feminicidio, existe desconocimiento de su aplicación, práctica e integración de sus elementos típicos por parte de las auto- ridades encargadas de procuración y administración de justicia, lo que impide su adecuada aplicación e invisibiliza estos delitos⁸

Al cierre de 2017, se registraron 10 solicitudes o procedimientos en trámite entre los que se encuentran Campeche y Yucatán. Para cada uno de los procedimientos se han integrado informes de los Grupos de Trabajo que “deben incluir recomen- daciones específicas que los gobiernos deben cumplir para atender el contexto de violencia particular que existe en su territorio” (CONAVIM, 2017).

El Informe del Grupo de Trabajo de Yucatán se presentó en 2017 e incluye 10 conclusiones y propuestas entre las que destaca: “la necesidad de impulsar la modificación de la codificación tanto penal como familiar con la finalidad de que la legislación garantice el respeto y pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres”⁹y “que un número significativo de los casos de delitos perpetrados en contra de las mujeres reportados por la entidad se encuentran inconclusos”. Por su parte, aquellos asuntos judicializados y con sentencia, en su totalidad no contemplan una reparación integral del daño y con perspectiva de género, de conformidad con los estándares internacionales en la materia”¹⁰

Por su parte, el Informe del Grupo de Trabajo de Campeche también se integró en 2017 y presentó 11 conclusiones. Sobresale que: “las instancias encar- gadas de la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres no cuentan con protocolos de atención y rutas críticas claras y arti- culadas que les permitan identificar sus propias funciones”¹¹ y “a las mujeres víctimas de violencia no se les está brindando de manera consistente la atención

1. Séptima Conclusión del Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud AVGM/08/2015 de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres del Estado de Quintana Roo

2. Sexta Conclusión del Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud

AVGM/03/2017 de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Yucatán

1. Ibid. Décima Conclusión

2. Tercera Conclusión del Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud

AVGM/02/2017 de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Campeche

y acompañamiento psicológico para superar los efectos en la salud mental provo- cados por la violencia; sobre todo, en zonas rurales y comunidades indígenas”¹²

Como los respectivos Informes de los Grupos de Trabajo reconocen, en las entidades federativas se han realizado esfuerzos por parte del gobierno y otras instancias, y aún cuando no exista una declaratoria de AVGM se implementan programas en la materia. Por ejemplo, los Centros de Justicia para las Mujeres aunque se han definido como “una de las políticas públicas más exitosas que se ha puesto en marcha desde el 2010” (CONAVIM, 2017)no tienen los alcances esperados para atender la violencia en la región e incluso reflejan la implementa- ción tardía, con la apertura del centro de Quintana Roo hasta 2017.

Como se observa, se requiere de mayores esfuerzos en materia de políti- cas públicas que estén enfocadas particularmente a las conclusiones y propuestas definidas por los diferentes Grupos de Trabajo conformados para atender la Solicitud de AVGM.

Conclusiones

La violencia feminicida y el feminicidio son fenómenos que afectan principal- mente a las mujeres, pero también a la sociedad en su conjunto. En la Península de Yucatán, en 7 años (2010-2016) la violencia terminó con la vida de más de 300 mujeres que se contabilizan en las DFPH en la región. Si bien numéricamente representa el 2% del total a nivel nacional, se trata de la vida de centenares de mujeres.

La región presenta características propias. La primera de ellas, y quizá la más importante, es que en relación al total de DFPH registradas en las entidades de la Península de Yucatán, los porcentajes de presuntos homicidios de mujeres alcanzan niveles superiores a los registrados a nivel nacional, siendo que en 2015 y 2016, aproximadamente por cada seis homicidios en estas entidades, uno correspondió a mujeres, cuando la relación a nivel nacional es de una DFPH por cada diez. Esto significa que, en la Península de Yucatán, el porcentaje de mu- jeres –respecto al total de hombres y mujeres– que muere por homicidio es más alto que en otras regiones del país. Otra de las características es el incremento de DFPH en el año 2016 y que como en otras regiones del país prevalece la ausen- cia de esclarecimiento de los casos como muestra la evidencia compilada en esta investigación.

Asimismo, la región comparte una prevalencia de violencia que podría ser precedente inmediato del feminicidio. En síntesis, 6 de cada 10 mujeres de la Península de Yucatán refieren haber sido víctimas de algún tipo de violencia, destaca que Campeche y Quintana Roo superan la media nacional de mujeres que 6

han sido víctimas de violencia sexual y económica y Yucatán se ubica entre las 10 entidades a nivel nacional con más violencia hacia las mujeres a lo largo de la vida.

Como región, la Península de Yucatán comparte la prevalencia de la modernidad y la tradición (Baños, 2000) que también se refleja en el fenómeno de la violencia feminicida y del feminicidio. La evidencia compilada en esta inves- tigación muestra que aún cuando la mayor parte de las DFPH se registran en las zonas turísticas y son perpetrados por desconocidos, también hay un importante número de casos en los que las víctimas son encontradas en sus propios hogares y donde se tiene conocimiento de que el perpetrador fue la pareja o la expareja.

Respecto a la política pública para prevenir y atender la violencia femi- nicida y el feminicidio en la Península de Yucatán, a partir de los hallazgos aquí documentados se concluye que esta ha sido tardía. Ninguna de las tres entida- des de la región se encuentra entre las primeras 10 entidades a nivel nacional en tipificar el feminicidio. Además, prevalecen vacíos jurídicos que impiden el reconocimiento del feminicidio por parte de las autoridades de procuración de justicia, sobresale Campeche que no incluye como uno de los elementos para considerar en el feminicidio la relación entre la víctima y victimario y, además, para la sanción de este delito refiere a la Ley General. También hay pendientes en la implementación de políticas públicas, destaca Quintana Roo que se ubica entre las entidades que tardó más en iniciar la operación del Centro de Justicia para las Mujeres.

Finalmente, un aspecto positivo a destacar es que en el amplio sentido de la política pública y de la acción pública, entendiendo por esta “la manera en que una sociedad construye y califica los problemas colectivos y elabora respuestas, contenidos y procesos para abordarlos” (Thoening, 1997: 28), la violencia femi- nicida y el feminicidio ha logrado articular los esfuerzos de instancias guberna- mentales, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía en general. En la Península de Yucatán los respectivos informes de los Grupos de Trabajo son reflejo de la articulación de los diferentes sectores de la sociedad y por lo tanto las conclusiones y propuestas ahí enunciadas –aun sin declaratoria de AVG– deben ser puntualmente atendidas. ֍

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