Introducción

El discurso ambientalista que prevalece en algunas Áreas Naturales Protegidas (ANP) en México, está enmarcado generalmente en un discurso de simulación en algunas administraciones gubernamentales, que son una clara evidencia de falsas estrategias ambientales que trasciende el imaginario colectivo y muestra la precariedad de las comunidades rurales y los conflictos socioambientales, como es el caso de la Reserva Ecológica Cuxtal (REC) que es un ANP decretada por el Municipio de Mérida en 1993, por donde pasará el Tren Maya y que desde su creación a la fecha, ha sufrido innumerables cambios en lo social, económico y natural, como es la migración, desruralización, urbanización, densificación, de- forestación y cacería furtiva.

En el caso de la deforestación, es evidente que la superficie de selva baja caducifolia de 1995 a 2015 se redujo el 30%, mientras que los asentamientos hu- manos y el crecimiento de las localidades rurales, infraestructura y servicios, se incrementó en un 61% de su superficie (Sosa-Escalante et al., 2017: 65). Un dato importante es la disminución de la zona núcleo, que está formada por las super- ficies mejor conservadas y que poseen vegetación arbórea cuya ubicación geo- gráfica favorece la conservación a largo plazo y tiene una superficie de 4,680.02 hectáreas.

Es innegable que la reserva, como se expondrá más adelante, enfrenta fuertes problemas ambientales derivados de la presión económica y social, ya que existen intereses privados y públicos que provocan especulación de tierras y el crecimiento de la mancha urbana dentro del ANP. Su delimitación actual pre- senta varios problemas, tanto por falta de certidumbre en los límites municipales, como por la reducida área que tiene actualmente la REC. Esta reserva desempeña un papel estratégico, protege de la contaminación al manto acuífero que abastece a la ciudad de Mérida y zona conurbada, regula el clima y provee de aire limpio a la ciudad. Es por todo lo señalado, que en este ensayo se reflexiona sobre el deve- nir histórico de la REC, su situación socioambiental, económica y la no inclusión de las poblaciones humanas en la toma de decisiones para el paso del Tren Maya.

La Reserva Ecológica Cuxtal y su problemática

La REC, (cuyo nombre en maya significa “vida”), comprendía una superficie de

10,776¹ hectáreas y se encuentra ubicada al Sur de la Ciudad de Mérida, Yucatán;

fue aprobada y decretada en el año de 1993 por el cabildo en turno, con la cate- goría de Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reserva Cuxtal. La responsabi- lidad de su administración, gestión y operación es competencia de la autoridad municipal, la cual es renovada cada tres años. Cuando la reserva fue gestionada se vislumbró como una reserva ecológica que debería cumplir varios fines para el entorno y para la ciudad: proveer agua de buena calidad a la ciudad de Mérida, proteger una zona verde para la ciudad que aporte oxígeno y contribuya a regular las cálidas temperaturas de la ciudad y la región, proteger la diversidad biológica y especies endémicas de la selva baja caducifolia que alberga (Sosa-Escalante et al., 2017). Está visión de conservación y protección de la biodiversidad si- gue vigente en el discurso, pero no en la realidad biocultural como se verá más adelante.

Por su ubicación geográfica, la REC también fue pensada como un límite físico para contener la expansión acelerada y anárquica de la ciudad, de hecho, como señala Gasparinetti et al. (2020), el municipio de Mérida cuenta con una superficie de 26,434 hectáreas de Área Urbanizada por Asentamientos Humanos, de las cuales 24,772 están en disposición del Programa de Desarrollo Urbano y 1,662 están sujetas a lo establecido en el Programa de Manejo (PE) de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica (ZSCE) Reserva de Cuxtal, que limita el cam- bio de uso del suelo; sin embargo, esto no ha representado obstáculo real para el crecimiento urbano acelerado, como señala García-Gil et al. (2020), ya que debido a la presión inmobiliaria ante el escaso control gubernamental, aunado al cambio de uso del suelo que ocasiona el acaparamiento de tierras para la expan- sión urbana que en gran medida promueve la gentrificación que cada día se for- talece más, tal y como está sucediendo en Latinoamérica que “encarnan nuevas expresiones territoriales, nuevas relaciones políticas y económicas y diferentes tipos de luchas en defensa del territorio” (Boldrini y Malizia, 2014:161).

García-Gil et al. (2020), reflexionan que en la REC se encuentra un pro- ceso de expansión urbana y que el cambio de uso del suelo obedece a dos lógicas distintas, donde la primera se ubica al Norte de la Reserva, donde la deforesta- ción y el cambio de uso del suelo es producto del avance de la urbanización de la ciudad de Mérida y la construcción de fraccionamientos habitacionales de alta densidad, parques industriales, almacenes, depósitos, bancos de extracción de materiales pétreos, fábricas de agregados para la construcción, cementeras, bode- gas e instalaciones de servicios, donde está situación ha derivado en un proceso de crecimiento del área urbanizada irregular y desordenado. La segunda sucede al Sur de la Reserva, donde los cambios de uso del suelo se deben a las acciones de particulares y, en menor medida, a pequeños productores que realizan des- montes e inducen cambios en el uso del suelo. Estas prácticas ocurren en una

escala menor debido a que existe de manera generalizada un abandono de las actividades agrícolas y pecuarias. Únicamente el 12% de las familias que habitan en la Reserva se dedican a actividades relacionadas con prácticas agrícolas y pe- cuarias, muchas de las cuales se realizan en los huertos familiares, mientras que el grueso de la población trabaja fuera de la localidad (Morales et al., 2024).

Resulta evidente que el desarrollo urbano ha reducido las hectáreas perte- necientes a la Reserva. Ortiz et al. (2017) señalan que para el año 2015 se había “invadido” el 10% de la REC y que de seguir esta tendencia, alrededor del año 2085 se habrá ocupado casi el 50% y para el año 2115 prácticamente se habrá invadido toda el área perteneciente a la Reserva; en otras palabras, en términos de hectáreas equivale a que en el año 2050 se habrán invadido unas 2,440 hectáreas; de mantenerse esta tendencia para el año 2090 se incrementará a 6,295 hectáreas y para el año 2115 se habrá invadido el total del área y, por consiguiente, aunque parezca una visión catastrófica, sería la desaparición de la REC.

Marginalidad y pobreza en la REC

Después del colapso de la producción henequenera en la década de los 70, inicia un proceso de reordenación socioeconómica; entre 1991-1994 se integra el Pro- grama de Desarrollo Regional de la Zona Henequenera y Desarrollo Integral de Yucatán y se privatiza CORDEMEX; se liquidan los derechos de los campesinos henequeneros acreditados, por lo que las desigualdades regionales se agudizan; la concentración económica, demográfica y la disponibilidad de infraestructura y equipamiento, es desigual, sobre todo en las comisarías y subcomisarías, inclu- yendo las que están dentro de la REC, aunado al crecimiento de un amplio merca- do especulativo del suelo urbano (Iracheta y Bolio, 2012; Sauri, 2012; García-Gil et al., 2020). Está situación ha ocasionado que exista una alta marginación dentro de la REC (Ortiz et al., 2017), ya que alrededor del 60% de las comunidades presentan un alto grado de marginación, a pesar de que el municipio de Mérida enfatice que según la SEMARNAT (2020), el índice y grado de marginación es muy bajo. La realidad es que las poblaciones que están dentro de la REC aún se encuentran en rangos de marginación alta y muy alta.

La población económicamente activa, representa un alto porcentaje de jóve- nes entre 18 y 30 años que cotidianamente salen de sus comunidades en búsqueda de trabajo, empleándose en el sector de la construcción y los servicios, lo que ha con- tribuido que los habitantes abandonen las actividades agrícolas y pecuarias; además, se han favorecido condiciones que mantienen el empobrecimiento de la población en los ejidos y agudizan el desempleo en la zona (García-Gil et al., 2012).

Debido a la pobreza económica de las familias que habitan en la REC, la población se ve en la necesidad de realizar trabajos fuera de la reserva. Ortiz et

al. (2017) señalan que los habitantes que viven en el área enfrentan limitaciones para realizar cambios de uso del suelo y que el sector primario está reducido a la mínima expresión, lo que los conlleva a buscar trabajos en el área de servicios que son mejor remunerados y no dependen de las condiciones climatológicas que suelen afectar con frecuencia al cultivo de la milpa y otros productos agríco- las, así como de actividades pecuarias que se realizan en la zona. De hecho, en un estudio de diagnóstico socioeconómico realizado por Aguilar-Cordero et al. (2017), encontró que de los tres sectores económicos que existen, el 70.2% de las personas afirmaron tener un empleo perteneciente al sector terciario, mientras que solamente el 19% y 10.8% afirmaron realizar una actividad perteneciente al sector secundario y primario, respectivamente.

Otro dato que muestra la precariedad de las familias es la señalada por Aguilar-Cordero et al. (2017) con relación a la pobreza por ingreso, ya que el ingreso semanal por persona en promedio es de $1,049.43 pesos (desviación es- tándar de ±731.15). El 50% de los encuestados (N=504) con ocupación reciben

$900.00 pesos semanales o menos. Así mismo el sueldo con mayor frecuencia (la moda) correspondió a $800.00 pesos lo que equivale a un 10% de las personas. En esta situación económica, es claro que las actividades de la dirección de la REC deben estar centradas en generar y gestionar recursos económicos para for- talecer procesos de producción de sistemas agroecológicos que generen recursos complementarios para la economía familiar.

La lucha por la tierra disfrazada de ambientalismo y el caso del Tren Maya

Aunado a esta situación de precariedad y pobreza que viven las personas, la re- lación con la bioculturalidad también muestra que en la REC el manejo y con- servación de la biodiversidad ha sido incierto; de hecho, pasaron 11 años sin que tuviera un PM hasta que en octubre de 2004 se elaboró y se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Pasaron 13 años y a solicitud de la Dirección de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Mérida, se elaboró la Modificación al PM de la REC y en febrero del 2018 se publicó en la Gaceta del Municipio de Mérida.

En ese momento histórico, el Ayuntamiento de Mérida realiza una acción para descentralizar la administración de la REC; el 24 de febrero de 2017 decreta mediante un Acuerdo la creación del Organismo Público Municipal Descentrali- zado de Operación y Administración de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reserva Cuxtal (OPMD). En este Órgano se dialoga y se toman decisiones para el manejo sustentable de los recursos naturales de la Reserva y para las acciones que beneficien a las comunidades humanas, así como para el cumplimiento de los objetivos de la REC y del PM o sus modificaciones (Gaceta Municipal, 2018).

La administración en ese periodo pensó con base en buenas intenciones, que el OPMD funcionaría con un enfoque de gobernanza donde las decisiones se tomarían de manera inclusiva, consensada, pensando en el bienestar común y, sobre todo, considerando que:

La gestión de los recursos naturales en general y para las áreas protegidas en particular, el poder y la capacidad para tomar decisiones tienen una influencia considerable en el logro de los objetivos de las áreas protegidas, en la posibilidad de compartir responsabi- lidades, derechos, costos y beneficios, y en la generación y el mantenimiento del apoyo sea este financiero, político o de las comunidades, dentro y alrededor de las áreas prote- gidas en cuestión. El proceso de comprender la gobernanza y, donde sea necesario, de mejorarla, se constituye en la espina dorsal de la conservación efectiva (Borrini et al., 2014:4).

Esto en la práctica ha quedado lejos de la realidad, principalmente desde la apari- ción del proyecto del Tren Maya, el cual, particularmente en la REC, ha generado descontento, presión social de los gobernados y una sobrecarga de demandas socia- les, que afectan negativamente la gobernanza. Además, ha evidenciado malas prác- ticas y fallas institucionales. Por ejemplo, en el OPMD, las decisiones se toman por votación y no por consenso; la mayoría de los integrantes son representantes de gobierno municipal, estatal y federal, que a la hora de votar representan la mayoría, de tal forma que el voto se polariza. Esto se hizo evidente y contundente en una reunión ordinaria del OPMD celebrada en el 2020, donde se informó la existencia del convenio por 20 años con Fonatur-Tren Maya y Municipio de Mérida, que, sin una revisión exhaustiva, se sometió a votación y aprobación. Es pertinente señalar que en dicha sesión, tres instituciones objetaron y no estuvieron de acuerdo con el convenio, debido a que no había ninguna propuesta de apoyo económico para proyectos agroecológicos para las comunidades que viven en la reserva; se soli- citó que se modificara el convenio, que se incluyera el apoyo económico para la población y que se puntualice que por cuestiones de ley no se permite el cambio de uso del suelo, ni actividad humana en la zona núcleo de uso restringido, solo protección-conservación e investigación científica, por lo que se debería solicitar que el Tren Maya no pasara por esta zona, porque se estaría infringiendo la norma- tiva vigente; sin embargo, las autoridades comentaron que realizar estos cambios implicaría hacer ajustes al convenio y como estaba en la agenda, se tenía que votar ese mismo día si se aprobaba o no el convenio; de hecho, no quisieron aceptar que hubiera una tercera opción de votar “aceptado, pero con cambios”; se procedió a votar y por “mayoría” se aceptó la firma del convenio.

En contexto del Convenio Tren Maya, hubieron protestas de la sociedad civil organizada como el comunicado a las autoridades que envío “La Alianza por Cuxtal” donde externaron su preocupación por que el Tren Maya pasará por la Zona Núcleo (subzona de uso restringido) y la Zona de Amortiguamiento (su- bzona uso tradicional, de aprovechamiento sustentable y reconversión producti- va), además de la importante zona de influencia y, por otro lado, que habría un cambio de uso del suelo que implicará el desmonte de vegetación que afectará

los servicios ambientales que proporciona la REC al Municipio de Mérida. Una regidora del Ayuntamiento de Mérida que también voto en contra de la firma del convenio, señaló que los pobladores de las comisarías e incluso colonias del Sur de la ciudad, tenían el derecho a ser consultados conforme lo previene la propia Constitución Federal, Local y el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), porque si bien la autoridad federal hizo una consulta, ésta tenía que ser específica, porque ya se conocía la zona que se iba a impactar y los pobla- dores que habitan en ella y, por tanto, se les debió reconocer su interés legítimo (PorEsto, 2020).

A pesar de las protestas e inconformidades se aprobó el convenio que cuenta con una inversión de $278’614,000.00 canalizadas al Fondo Municipal Verde. Este monto representó en teoría una oportunidad para lograr que la so- ciedad civil, en específico las poblaciones que viven dentro de la REC sean be- neficiadas directamente con actividades productivas, que permitieran mejorar su calidad de vida y su economía familiar; sin embargo, ningún proyecto agroeco- lógico o socioproductivo fue aprobado en este convenio, ya que entre los Obje- tivos del Acuerdo estuvieron: 1) Adquisición de 1,112 hectáreas, periféricas a la Zona de Conservación, para su conservación permanente; 2) Saneamiento de 200 hectáreas de la Zona de Conservación; 3) Restauración ambiental de 100 hectá- reas de bancos de materiales o sascaberas abandonadas en la Zona de Conser- vación; 4) Habilitar un Centro de Educación Ambiental dirigido a los habitantes de las comisarías y subcomisarías ubicados dentro de la Zona de Conservación;

5) Instalación y operación de 4 grandes viveros para la producción de plantas forestales; 6) Adquisición de equipos y herramientas para labores de inspección y vigilancia de la Zona de Conservación; 7) Actualización del Programa de Ma- nejo de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reserva Cuxtal; 8) Programa de vigilancia e inspección de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reserva Cuxtal; y 9) Programa de Difusión y Educación Ambiental de la Reserva Cuxtal.

Los nueve objetivos arriba señalados prácticamente son para compensar los daños causados por la construcción del paso del tren y están relacionadas con las medidas de mitigación; están más enfocados a aspectos de conservación y no existen ningún objetivo que se relacione de manera sustancial y efectiva con fomentar la economía local, mediante proyectos agroecológicos sustentables; no hay proyectos donde se revaloren las prácticas tradicionales como la meliponi- cultura, cunicultura, entre otros, por lo que se esperaba que cuando menos en el objetivo cinco, los viveros estén dentro de la REC y que estos sean comaneja- dos² por la comunidad y la dirección de la Reserva; esto al parecer no ha sido

así, porque el primer vivero que ya está recibiendo recursos económicos para su establecimiento, es privado. Aunque la OPMD podría argumentar que varias de las actividades que se realizarán cuentan con trabajo y mano de obra de muje- res y hombres de las comunidades de la REC, la realidad es que los beneficios económicos para ellos son mínimos, aunque lo deseable es que las comunidades participen a través de procesos de comanejo como se ha realizado en otras ANPs y reciban beneficios económicos directos que fortalezcan el bienestar común (Aguilar-Cordero, 2022;Vallejo y Rodríguez, 2022).

La búsqueda de dialogo con los pobladores ha sido eminentemente ver- tical y no horizontal donde desde un enfoque ambientalista se ha incorporado al discurso neoliberal que ha mutado a una forma de imposición y que marca el po- sible despojo del acceso a los recursos naturales con que cuenta las comunidades. De hecho, a través de la administración y dirección de la REC se han realizado programas que buscan incidir en la “conservación”, como son campañas de re- coja de basura, pinta de bardas, con la idea de “educación ambiental”, que como señala Velasco (2016), a veces estas actividades realmente se quedan a nivel de ideas que no contribuyen a la solución de los problemas reales porque no preten- den entenderlos, sólo los miran desde la superficie y no desde su complejidad, como también sucede en la REC.

Confirmando lo señalado hasta ahora, en un estudio realizado por Palma

y Alcalá (2022: 61) enfatizan que:

En 2020 la violencia estructural se manifestó al excluir a los habitantes de la ZSCE Reserva Cuxtal, en la toma de decisión para aprobar que el megaproyecto “Tren Maya” pase por dicha ANP, así como en la firma del documento. Los firmantes son de diferen- tes niveles del Estado, tanto federal como del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), y diversas instancias del Ayuntamiento de Mérida [Director general-Fon- do Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), Director jurídico- Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), Secretaría de Turismo, denominada (FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.), Presidente municipal- Ayuntamiento de Mérida, Secretario municipal-Ayuntamiento de Mérida, Directora de la Unidad de Desarrollo Sustenta- ble-Ayuntamiento de Mérida, Presidente de la junta de gobierno del Organismo Público Descentralizado ZSCE Reserva Cuxtal y la Directora operativa del Organismo Público Descentralizado [OPMD] ZSCE Reserva Cuxtal]

Para no infringir la Ley ambiental (LGEPPA) y facilitar el paso del Tren Maya, se promovió la modificación de las poligonales de la REC y en el 2022, aparece la publicación de la Derogación de la delimitación territorial de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica “Reserva Cuxtal” y la modificación de la zona núcleo donde pasaría el Tren Maya y se amplía de 10, 776 a 11,894 hectáreas, quedando el paso del Tren Maya a unos ciento cincuenta metros de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuaria de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Consideraciones finales

Estamos de acuerdo con lo que señala Rodríguez (2020: 38-39) con relación a que el despojo para la acumulación, como es el caso de la REC, es más hacia la compra de tierras para el desarrollo urbano, que representa una modalidad eco- nómica que está subsumida al proceso de la acumulación capitalista, que para operar requiere de una serie de condiciones legales, normativas, institucionales y políticas que son apoyadas por Estado y enfatiza que:

El Estado (en nuestro caso, el Ayuntamiento de Mérida) se vuelve un instrumento para el ejercicio de relaciones de dominio y poder, que permite garantizar la acumulación me- diante la creación de las condiciones para la producción de riqueza, como la construcción de obras de infraestructura, energéticas y de comunicación o por un marco jurídico que protege a los capitalistas, con el impulso de formas de consumo social, con servicios y

productos que disminuyen los costos de reproducción de las clases explotadas y excluidas.

El OPMD tiene la responsabilidad de ser el enlace entre las autoridades guber- namentales y no gubernamentales con la población que vive dentro de REC; sin embargo, no ha logrado cumplir con promover y fortalecer la participación social real de la comunidad, ni de representantes de la comunidad en la toma de deci- siones, sobre todo el convenio de Fonatur-Tren Maya-Ayuntamiento de Mérida.

Esto nos lleva a reflexionar ¿cómo lograr una participación social que conlleve a mejorar la economía familiar en los habitantes de la REC? si el de- venir histórico de la REC muestra la lucha por la tierra, el despojo del territorio y de oportunidades, donde el discurso ambientalista permite su continuidad y que a pesar de que las luchas sociales que propugnan por una gobernanza, ésta se enfrenta a factores inhibidores propiciados por sujetos sociales e instituciones que todavía están inmersos en corrupción, deshonestidad, falta de aplicabilidad equitativa de las leyes, intereses de poder y control social, falta de honorabilidad, entre otros. Estos inhibidores, representan serios obstáculos para fomentar la par- ticipación social.

Además, el OPMD ha mostrado un claro “distanciamiento social” o más bien un desinterés de los aspectos sociales, políticos y económicos que beneficien a las comunidades asentadas en áreas naturales protegidas, beneficiando con la apli- cación de los recursos otorgados por el convenio Fonatur-Tren Maya Ayuntamiento a ciertos grupos de personas. De hecho, se esperaba una mayor defensa del terri- torio y una exigencia innegociable para cumplir la ley. Hoy cualquier ciudadano puede observar los impactos del Tren Maya a unos cuantos metros de importantes centros de formación de recursos humanos. La sustentabilidad, la legalidad, la bio- diversidad y el ambiente, en general, han sido afectadas negativamente no sólo por los impactos negativos de los megaproyectos y proyectos inmobiliarios como en la costa Norte de Yucatán, sino también por el “Silencio Socioecológico” de quienes han sido testigos en la propia Reserva Ecológica Cuxtal. ֍

Referencias

AGUILAR-CORDERO, WILIAN, GARCÍA-GIL GERARDO, SOSA-ESCA- LANTE JAVIER y ORTIZ-PECH, RAFAEL (2017). Diagnóstico socioe- conómico de las comunidades asentadas en la zona de restauración ecoló- gica “Reserva Cuxtal”. Universidad Autónoma de Yucatán y Centro para la Gestión de la Sustentabilidad, Mérida, México. (Informe Técnico, inédito).

AGUILAR-CORDERO, WILIAN (2022). “La conservación y manejo de los re- cursos naturales de la Reserva Ecológica Cuxtal ¿desde adentro, desde afuera o ambas?: Un reto para el OPMD”, Revista MetropoliMid, pp. 12-

BOLDRINI, PAULA Y MALIZIA, MATILDE. (2014). “Procesos de gentrifi- cación y contragentrificación: Los mercados de Abasto y del Norte en el Gran San Miguel de Tucumán (noroeste argentino)”. Revista INVI, 29(81), pp.157-191. Recuperado de https://dx.doi.org/10.4067/S0718- 83582014000200005

BORRINI-FEYERABEND, G., N. DUDLEY, T. JAEGER, B. LASSEN, N. PA- THAK BROOME, A. PHILLIPS Y T. SANDWITH (2014). Gobernanza de áreas protegidas: de la comprensión a la acción. No. 20 de la Serie Directrices para buenas prácticas en áreas protegidas, Gland, Suiza: UICN. xvi + 123 pp. Recuperado de https://portals.iucn.org/library/sites/ library/files/documents/pag-020-es.pdf

DOGEY (2022). Declaratoria de Zona Sujeta a Conservación Ecológica “Re- serva Cuxtal”. Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Año CXXV. Número 34,952.

GACETA MUNICIPAL (2018). “Acuerdo por el cual se autoriza la creación del Organismo Público Municipal Descentralizado de Operación y Administración de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reser- va Cuxtal”, Número 724. Recuperado de hhttps://isla.merida.gob.mx/ serviciosinternet/normatividad/files/Acuerdos/AC_ORG_DES_CUX- TAL-20190814-082113.pdf

GACETA MUNICIPAL (2022). “Acuerdo por el cual se reforman, deroga y adi- ciona diversos artículos de la Declaratoria de Zona Sujeta a Conservación Ecológica “Reserva Cuxtal”, Número 2005.

GASPARINETTI, PEDRO, SIMON, CECILIA Y MALKY, ALFONSO (2020). Integración de Valoración Múltiple de Servicios Ecosistémicos en Herra- mientas y Decisiones de Planeación de Tres Ciudades Mexicanas: El Caso De Mérida. DOCUMENTO DE TRABAJO. Recuperado de https://www. conservation-strategy.org/sites/default/files/field-file/El%20Caso%20 De%20Me%CC%81rida%20Documento%20De%20Trabjo.pdf

GARCÍA-GIL, GERARDO, OLIVA PEÑA, YOLANDA, y ORTIZ PECH, RA- FAEL (2012) “Distribución espacial de la marginación urbana en la ciudad de Mérida’’. Investigaciones Geográficas, Boletín. Instituto de Geogra- fía, UNAM. (77) pp. 67-81. Recuperado de http://dx.doi.org/10.14350/ rig.31021

GARCÍA-GIL, GERARDO, SOSA-ESCALANTE, JAVIER, AGUILAR-COR- DERO, WILIAN, FLORES-GUIDO, JOSÉ y FERNÁNDEZ-MARTI- NEZ, YOLANDA (2020). “Cambio de uso del suelo en la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reserva Cuxtal, Mérida, Yucatán, México”, In- vestigaciones Geográficas, UNAMA (101). Recuperado de http://dx.doi. org/10.14350/rig.59895.

IRACHETA, ALFONSO Y BOLIO, JORGE (2012). Mérida Metropolitana, Propuesta integral de desarrollo. Mérida: Fundación Plan Estratégico de Yucatán A.C.

NUÑEZ SARAVIA, OSCAR MANUEL. (2000). El comanejo y la participación de la sociedad civil en las áreas protegidas de Centroamérica. Fundación Defensores de la Naturaleza The Nature Conservancy PROARCA/CA- PAS. Recuperado de https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnack094.pdf

ORTIZ-PECH, RAFAEL, CELIS FAJARDO, H. E. Y GARCÍA-GIL, GERAR- DO (2017). “Impacto de las actividades productivas y de la expansión urbana sobre una reserva ecológica; el caso de Cuxtal, Yucatán; México”. Nóesis. Revista De Ciencias Sociales, 26(52), pp. 1–22. Recuperado de https://doi.org/10.20983/noesis.2017.2.1

PALMA ORTEGA, JUDZILYALCALÁ FERRÁEZ, CARLOS RAMÓN (2022). La memoria del despojo en mujeres y hombres mayas de la “Reserva Cu- xtal”. Un análisis desde el feminismo decolonial. Antrópica. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. Año 8, vol 8, n°. 15, enero-junio 2022: 45-68. Recuperado de https://antropica.com.mx/ojs2/index.php/Antropi- caRCSH/issue/view/16

PORESTO (2020) “El Tren Maya sí llegará a Reserva Cuxtal: Ayuntamien- to de Mérida y Fonatur firman acuerdo”, Redacción PorEsto, 29 de agosto. Recuperado de https://www.poresto.net/tren-maya/2020/8/29/ el-tren-maya-si-llegara-reserva-cuxtal-ayuntamiento-de-merida-fona- tur-firman-acuerdo-7333.html

RODRÍGUEZ, CARLOS (2020). Defender los territorios frente al despojo. Lu- chas socioambientales y disputa de proyectos de sociedad en México. UAM- Xochimilco, México.

SAURI, DULCE (2012). El proceso de industrialización de Yucatán 1880-1970 henequén, estado y empresarios. Tesis de Maestría en Historia. CIE- SAS-Unidad Peninsular.

SEMARNAT (2020). Consulta temática Índice y grado de marginación. Recu- perado de http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServle- t?IBIF_ex=D1_POBREZA01_11_mar&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_ pass=dgeia_mce&NOMBREENTIDAD=*

SOSA-ESCALANTE, JAVIER, GARCÍA-GIL, GERARDO y AGUILAR-COR- DERO, WILIAN (2017). Modificación del programa de manejo de la zona sujeta a conservación ecológica reserva Cuxtal, Yucatán, Méxi- co. Ayuntamiento de Mérida, CEGES y UADY. Recuperado de https:// www.reservacuxtal.com/resources/docs/Programa_de_manejo/PM%20 FINAL%20Junio%202018.pdf

VALLEJO ROMÁN, JANNET, Y RODRÍGUEZ-TORRENT, JUAN (2022). Áreas naturales protegidas y cogestión: aspectos críticos en el Parque Na- cional Cofre de Perote (Veracruz, México). Letras Verdes. Revista Lati- noamericana De Estudios Socioambientales, (31), 25-41. Recuperado de https://doi.org/10.17141/letrasverdes.31.2022.5059

VELASCO SANTOS, PAOLA (2016). “Ecología política, antropología y los problemas socioambientales en la actualidad: una breve introducción”, Revista Electrónica Ruta Antropológica, 3 (5), pp. 1-9. Recuperado de http://www.posgrado.unam.mx/antropologia/revista/revista_05.pdf

Notas