La doble emergencia en la Ciudad de México durante el covid-19: la alimentario-nutricional y la sanitaria

Irlanda Libertad Mendoza Pineda irlandalibertadmp@gmail.com

Universidad Nacional Autónoma de México, México

La pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2, como crisis sanitaria sin prece- dentes, prendió de inmediato las alarmas sobre el posible agravamiento de las condiciones socioeconómicas, sanitarias, alimentarias y de vida en general de los habitantes de la Ciudad de México (CDMX). Esto fue a pesar de que la CDMX es considerada la ciudad del país con mayor calidad de vida en cuanto a niveles de productividad económica, infraestructura, equidad de género, inclusión social, uso adecuado de los recursos naturales y buenas prácticas gubernamentales. Ade- más, es la ciudad que ofrece mejores condiciones de vida a sus residentes en lo que respecta a la satisfacción de necesidades básicas como acceso a servicios de salud, educación, seguridad pública y espacios abiertos.

Era predecible que un gran número de la población capitalina estaría ex- puesta al contagio y a la letalidad de la enfermedad debido a los grandes contras- tes y desigualdades socio-territoriales existentes, particularmente en términos de distribución del ingreso y tasa de pobreza, donde prevalece un patrón centro-pe- riferia y sur-poniente con mejor calidad de vida respecto del nororiente, donde las condiciones de vida son deficientes (Gaceta UNAM, 2020). Asimismo, se preveía la agudización de la pobreza y el deterioro del estado de salud de los gru- pos sociales más vulnerables y desprotegidos históricamente, quienes enfrenta- rían un incremento en la determinación social negativa sobre su calidad de vida.

Respecto a la garantía de la seguridad alimentaria, el panorama proyec- tado también era desalentador, ya que en el período prepandémico ya existía un elevado número de personas viviendo con carencia de acceso a la alimentación (indicador que representa a la población que vive con inseguridad alimentaria [IA] moderada y severa), también llamada pobreza alimentaria, que afectaba al 13.9% de la población, es decir, poco más de un millón doscientas mil personas. Sin embargo, al considerar también a quienes padecían IA leve, el número reba- saba los dos millones de capitalinos con IA en alguno de sus grados (CONEVAL, 2020). En las poblaciones que enfrentan mayores desigualdades, durante los pe- riodos de crisis, el acceso a los alimentos y a una dieta adecuada no es el mismo para todas las personas y grupos.

En este sentido, el trabajo plantea las siguientes interrogantes: ¿cuáles fueron los efectos del COVID-19 sobre la seguridad alimentaria y sobre el siste- ma de salud en la CDMX?; ¿cuál era el estado de la inseguridad alimentaria y del sistema de salud previo a la pandemia?; ¿cómo se agravó aún más esta problemá- tica preexistente en la ciudad?; ¿en qué consistió la respuesta para frenar la crisis alimentaria y sanitaria?; y ¿cómo se articuló con la respuesta social organizada del ambicioso proyecto de garantía de derechos que plantea el gobierno de la Cuarta Transformación¹ (4T)?

1 Término que hace referencia a la visión de gobierno propuesta por el presidente recién electo

Este texto describe la complejidad del fenómeno de la inseguridad ali- mentaria y de las problemáticas sanitarias generadas por el coronavirus en la CDMX. Con ello, se busca profundizar en el análisis, la reflexión y el debate sobre los desafíos, avances y retrocesos de las problemáticas prioritarias y vi- gentes en nuestra sociedad, ocasionadas por el empeoramiento de las crisis ali- mentaria-nutricional y de salud preexistentes. Lo anterior, a la luz de un cambio de régimen² en el país y la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19. Finalmente, se presenta un ejercicio analítico de carácter descriptivo sobre la implementación de la política pública del gobierno de la 4T para enfren- tar la doble inseguridad en la ciudad más importante del país.

Para abordar el objeto de estudio que se refiere a la inseguridad alimentaria y las problemáticas sanitarias develadas con la pandemia, así como las consecuentes crisis alimentaria-nutricional y de salud generadas, su impacto en la CDMX y las medidas para su atención por parte del Estado, se requiere profundizar, desde el pensamiento crítico, en el estudio de los siguientes conceptos y categorías: Estado, política, política pública, crisis, derecho a la alimentación, inseguridad alimentaria y hambre. Estos son clave para comprender la orientación del trabajo.

Esta construcción teórica busca colaborar en la explicación de un proce- so político que aún está en marcha y que se ha planteado objetivos ambiciosos, como es la transformación de las funciones del Estado Mexicano y de las políti- cas públicas que emanan de este. Actualmente, se asiste a un cambio de régimen político en el país que ha atravesado diversos momentos en su corta implemen- tación y, en la CDMX, adquiere características particulares por las condiciones sociales existentes, por su densidad poblacional y por los avances en materia alimentaria y sanitaria, que son diferentes de lo que acontece en el resto del país.

Para comenzar, el Estado es entendido como el centro y la condensación de relaciones sociales, de dominación y de poder político presente entre las clases sociales, así como de construcción de comunidad en una sociedad. Se posiciona como un ente regulador y mediador de los conflictos sociales; tomará formas

para su sexenio 2018-2024, con la cual busca situar su mandato al nivel de 3 momentos clave en la historia de México (La Independencia, La Reforma y La Revolución), pretende hacer una transformación histórica y pacífica con cambios profundos en el país en la llamada era posneoli- beral (Fuentes, 2018; Animal Político, 2019; Urrutia y Villanueva, 2019).

2 Entendido en un país y momento determinado como “el ordenamiento político establecido en una sociedad por los poderes constitucionales que obran sobre ella, así como el conjunto de auto- ridades políticas del Estado” (DGDP, 2022, párr. 1) incluye sus instituciones políticas y el acervo de reglas, recetas o prácticas según las cuales las personas son gobernadas; es una modalidad del ejercicio del poder y es clave para la permanencia del orden económico-social.

particulares, es decir, tendrá una orientación específica dependiendo del rol e intervención que ejerza en una sociedad determinada, ya sea para enraizar y agu- dizar la pobreza y las desigualdades o para generar abundancia y bienestar en la población (Osorio, 2014).

El aparato de Estado será la expresión concreta de las relaciones sociales establecidas, a través de instituciones, cuerpo de leyes y personal que ocupa posi- ciones administrativas en aquellas instituciones que emanan del Estado (Osorio, 2016). Con esta categoría se comprenderá la función y orientación del Estado Mexicano en la resolución de las problemáticas descritas en el presente trabajo.

Si bien la política tiene múltiples acepciones, para los fines de esta inves- tigación se considerará así a la toma de decisiones de las personas que gobiernan y administran los asuntos que afectan a la sociedad mexicana y que tienen su expresión en un conjunto de actividades realizadas bajo una orientación particu- lar en un asunto determinado. Es una actividad inherente a la condición humana, como menciona Bolívar (1999):

No hay actividad humana ajena a la política, ni política que no se asocie a las diversas actividades de los hombres. Todos los problemas que se refieren a la existencia humana tienen que ver con la política, pues ésta es un principio activo, susceptible de abarcar todos los aspectos de la vida del hombre en sociedad. La actividad política se caracteriza precisamente por su universalidad y diversidad. (p. 79)

Asimismo, en las sociedades modernas, la política pública será la forma de ma- nifestación e intervención del Estado sobre la sociedad; se considera una arena política en la que se definen los principios generadores de los instrumentos de toma de decisiones sobre un problema colectivo. En su definición clásica, se considera así a “las normas, los procedimientos, los programas de acción y los actores involucrados en una intervención deliberada del Estado para resolver un determinado problema y modificar el status quo en un sentido determinado” (Me- rino, 2013, pp. 10-11).

Concretamente, las políticas públicas tienen que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios y deben responder a las injusticias, desigualdades e inequidades, siempre y cuando éstas se consideren objetivos primigenios en la agenda pública. En ese sentido, las principales funciones de la política pública serán eliminar las desventajas, la inseguridad, insatisfacción e insuficiencia ali- mentaria y en salud que impactan y afectan a la sociedad mexicana, entendien- do que estos son problemas públicos que demandan intervenciones y soluciones desde el espacio público (Montes de Oca, 2015). En este trabajo, la política de salud y la política alimentaria vigentes serán entendidas como un ámbito de la política social, siendo que forman parte de las políticas públicas emanadas de la función estatal y del gobierno actual, desde las cuales se puede dar cuenta de su orientación particular, sus efectos y resultados (Tetelboin et al., 2005).

Por otra parte, la crisis que enfrenta México en los ámbitos sociales, polí- ticos y económicos, con énfasis particular en salud y alimentación, representa un reto para la sociedad en su conjunto, agudizado por la pandemia de COVID-19 debido a las implicaciones que tuvo en la actividad económica en general. De aquí emana la importancia de comprender la noción de crisis y el tratamiento que se le dio en este trabajo. Citando a Koselleck (1969), la génesis del concepto aparece en la antigua Grecia y hace referencia inmediata al diagnóstico médico en un punto decisivo del desarrollo de la enfermedad, momento crucial que podía incidir en la pérdida o recuperación del estado de salud. Sin embargo, con el paso del tiempo fue adquiriendo diferentes acepciones y, en términos sociológicos, puede ser “[…] entendida como crónica, indicar permanencia, como una tran- sición, a plazo más corto o más largo, a mejor o peor, o hacia algo enteramente distinto; puede anunciar su retorno […] o convertirse en un modelo existencial de interpretación” (p. 241). También refiere a una situación preocupante por de- terminadas circunstancias acaecidas.

En este sentido, y aunque se considera que la salud lleva décadas en cri- sis, la emergencia por COVID-19 acentuó las características prepandémicas del sistema de salud asociadas a su debilitamiento y desmantelamiento. Así, la crisis dictó en qué medida el sistema sanitario en México sería un reductor o amplifi- cador de las desigualdades sociales. A la par, la crisis alimentaria impactaría en los niveles de inseguridad alimentaria y en el recrudecimiento del hambre en la población, pese a la existencia y reconocimiento del derecho a la alimentación en la legislación mexicana y al compromiso explícito del Estado de velar por su garantía. Por lo anterior, es relevante clarificar dichos conceptos para evitar caer en reduccionismos de la problemática y lograr una mayor aproximación al fenó- meno de estudio.

Así, el derecho a la alimentación, enunciado en el artículo 25 de la De- claración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y ratificado en el artícu- lo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966, reconoce que todos los seres humanos tienen “derecho a disfrutar de una alimentación adecuada y a no padecer hambre” (Rivera et al., 2015). En México, este derecho fue reconocido el 13 de octubre de 2011 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en su artículo 4°, párrafo tercero, que menciona: “[…] Toda persona tiene derecho a la alimen- tación nutritiva, suficiente y de calidad”. Además, el artículo 27°, fracción XX, establece que “[…] El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca”, con ello se establece el marco legal bajo el cual el Estado se compromete a garantizar su cumplimiento (DOF, 2024).

En concordancia con la legislación, la alimentación adecuada “debe satis- facer las necesidades de dieta teniendo en cuenta la edad de la persona, sus condi- ciones de vida, salud, ocupación, sexo, etc. Los alimentos deben ser seguros para el consumo humano y estar libres de sustancias nocivas […] debe ser además culturalmente aceptable” (OACDH, 2010, p.4). Lo anterior, debe interpretarse como lo menciona Rivera et al (2015, p. 114):

[…] el derecho de acceder a los alimentos a través de recursos propios, a la posibilidad de transformar esos recursos, y a contar con libertades reales de elección en lo que a alimentación-nutrición se refiere. Las excepciones de lo anterior son válidas ante una crisis o catástrofe, en situación de guerra o cuando por cualquier motivo las personas no puedan alimentarse con sus propios recursos. En estos casos el Estado está obligado a garantizar el derecho a la alimentación en forma directa […] El derecho a la alimenta- ción incluye el derecho a no padecer hambre […]

No obstante, la inseguridad alimentaria y el hambre son la expresión concreta de la no garantía del derecho a la alimentación. La primera es definida como la carencia “[…] de acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para un crecimiento y desarrollo normales y para llevar una vida activa y saludable” (FAO, 2023, párr. 5), situación que puede ser resultado de la falta de recursos económicos para adquirir los alimentos y/o de su disponibilidad física. La inse- guridad alimentaria tiene diversos niveles de expresión asociados a la severidad en la que se presenta. En la IA leve, primero se experimenta preocupación por el acceso a los alimentos; cuando la falta de acceso a los alimentos se prolonga, se sacrifica la calidad de la dieta. Un nivel moderado da cuenta de un acceso incierto a los alimentos, reportando restricciones en la cantidad de alimentos consumidos, mientras que en sus niveles de mayor severidad, se presenta en forma de hambre como resultado de haber omitido tiempos de comida o no haber consumido ali- mentos en uno o más días.

Existen diversos métodos para medirla, uno de los más utilizados es pro- puesto por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y se titula “Escala de experiencia de inseguridad alimentaria” (FIES); ésta es una estimación del porcentaje de población de un país que en- frenta dificultades para acceder a suficientes alimentos inocuos y nutritivos. En México, los indicadores de seguridad alimentaria se obtienen a través de la Esca- la Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA), armonizada para México, la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA) y la En- cuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) (Urquía, 2014; INSP, 2021).

Las estrategias que utiliza la población para disminuir o menguar la inse- guridad alimentaria tienen como resultado sacrificar el acceso a otras necesidades básicas de subsistencia, como la salud, con el objetivo de privilegiar el consu- mo de alimentos. Esto conlleva el acceso a alimentos fácilmente disponibles, baratos y de menor valor y calidad nutricional, que generalmente tienen un alto contenido calórico basado en nutrientes críticos (azúcares simples, sodio, grasas

saturadas, etc.). Además, la incertidumbre y preocupación de vivir con un acceso inconstante y limitado a los alimentos tiene severas repercusiones en el estado de salud y nutrición de las personas que padecen inseguridad alimentaria.

En cambio, el hambre, según la FAO (2023) es “una sensación física in- cómoda o dolorosa, causada por un consumo insuficiente de energía alimentaria. Se vuelve crónica cuando una persona no consume una cantidad suficiente de calorías de forma regular para llevar una vida normal, activa y saludable” (párr. 4). Su persistencia puede tener impactos en la salud física, como la presencia de diversas formas de malnutrición, retraso en el crecimiento y desarrollo en infantes, patologías asociadas a carencias de micronutrientes, debilitamiento del sistema inmunológico, obesidad, enfermedades agudas y crónicas y, en el caso más extremo, la muerte. Para medirla, existen varios indicadores. Por ejemplo, la FAO utiliza el indicador de prevalencia de la subalimentación (PoU, por sus siglas en inglés) para monitorear el hambre a nivel mundial y regional, retoman- do la información procedente de los países sobre la disponibilidad, consumo de alimentos y necesidades calóricas. El hambre también suele denominarse subali- mentación.

Sin embargo, es más que una sensación somática, es una realidad urgente y desafiante que afecta a nivel planetario y refleja la persistencia de la desigual- dad y la injusticia. Es una crisis humanitaria resultado de la imposición de políti- cas neoliberales que exacerbaron la pobreza y el aumento de las inequidades; los conflictos bélicos; el cambio climático y el acceso desigual a la riqueza produci- da por la humanidad y a la distribución de los recursos alimentarios.

Paralelamente, la crisis alimentaria evidenciada por dificultades preexis- tentes a la pandemia para el acceso a una alimentación correcta (sana, variada, equilibrada, suficiente, inocua y culturalmente aceptable), tuvo impacto directo en el aumento de la inseguridad alimentaria y el hambre debido a la restricción de la movilidad de las personas; los problemas en la producción, distribución y, en general, en el desplazamiento de los alimentos a lo largo de las cadenas de abasto, asociados a la pérdida de soberanía alimentaria³ nacional; el incremento y volatilidad en el costo de los alimentos, particularmente el aumento generali- zado de los granos básicos; y una limitada capacidad económica de los hogares y las familias, resultado de la agudización del desempleo y subempleo, así como el deterioro salarial y la pérdida gradual del poder adquisitivo del ingreso. Todo ello, pese a la existencia y reconocimiento del derecho a la alimentación en la legislación mexicana y en diversos tratados internacionales (Villagómez, 2021).

3 De acuerdo con la Declaración de Nyéléni en 2007, la soberanía alimentaria es el “derecho de los pueblos a alimentos saludables y culturalmente apropiados, producidos mediante métodos socialmente justos, ecológicamente sanos y sustentables, y el derecho colectivo de esos pueblos a definir sus propias políticas, estrategias y sistemas para su producción, distribución y consumo” citado en FAO (2007, párr. 3)

Si bien, la cuestión alimentaria no es una preocupación reciente, fue hasta la década de 1960 con la creación de la FAO y de los Centros de Mejoramiento de Cereales (CIMMYT), y en 1966 con el PIDESC, que se reconoció el derecho de toda persona a estar protegida contra el hambre. De esta manera, la comunidad internacional manifestó abiertamente su propósito de terminar con el hambre en el mundo, y los problemas alimentario-nutricionales se colocaron en la agenda internacional. Esto ha llevado, en diversos niveles, a una movilización de co- nocimientos y saberes, así como de actores e instituciones de índole nacional e internacional, incluyendo organismos internacionales (bilaterales y multilatera- les) y fundaciones filantrópicas, con la finalidad de intervenir en los problemas asociados con la producción, conservación, distribución, regulación, publicidad y consumo de alimentos.

Sin embargo, los problemas alimentarios contemporáneos son complejos y requieren una lógica de comprensión y de abordaje más amplia, ya que resul- tan del imbricado entramado histórico de la determinación social de los procesos salud-enfermedad y alimentación-nutrición. Para avanzar en este sentido, el mo- nitoreo constante de la FAO muestra el incremento gradual del hambre mundial desde 2015 y un crecimiento exacerbado a partir de 2019. En 2015, se reconocía que existían 589 millones de personas viviendo con hambre; para 2019, la cifra había aumentado a 613 millones; en 2020, se incrementó a 744 millones, y en 2021 alcanzó su nivel máximo con 797 millones (FAO, 2023). Como señala el Informe sobre el estado de la seguridad alimentaria y nutrición en el mundo 2022, elaborado por el mismo organismo internacional, se reconoció que en 2021 la cifra podría ser mayor debido a sesgos en la recolección de datos, por lo que se estimó que el rango fue entre 702 y 828 millones de personas padeciendo hambre. Esto significa que 9.8% de la población mundial sufría cotidianamente las dolorosas molestias físicas causadas por una falta severa de energía proveniente de los alimentos; situación que representa un retroceso en los esfuerzos internacionales por eliminar el ham- bre, como fue planteado en la meta 2 “Hambre cero” de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (Rivera et al, 2015; FAO, 2021; OMS, 2022; BM, 2024).

Paralelamente, 2 300 millones de personas en el mundo se encontraban en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave (29.3% de la población mundial) y se estima que 3 000 millones de personas no pueden costear una dieta correcta (OMS, 2022; BM, 2024). De acuerdo con el mismo Informe descrito anteriormente (FAO, 2021, párr. 11),

[…] 5 millones de niños menores de cinco años padecían emaciación, la forma más mortífera de malnutrición, que aumenta hasta 12 veces el riesgo de mortalidad infantil. Además, 149 millones de niños menores de cinco años sufrían retraso en el crecimiento y el desarrollo debido a la falta crónica de nutrientes esenciales en su dieta, mientras que 39 millones tenían sobrepeso.

En comparación con el año inmediato previo a la pandemia, hubo un aumento de 150 millones de personas en las cifras del hambre mundial (FAO, 2023). Paradó- jicamente, “en el mundo hay alimentos más que suficientes para alimentar a los 7800 millones de habitantes que conformamos la población mundial” (Guterres, 2020, párr. 1). Esto es resultado del insólito aumento en la producción agropecua- ria en los últimos 70 años; sin embargo, a la par, se desperdicia más de un tercio de los alimentos que se producen en todo el planeta (Sano, 2022).

Precisamente, la agricultura, como importante actividad económica que aporta entre el 4 y 25% del Producto Interno Bruto (PIB) en los países, representa una significativa fuente de ingresos, empleo (los sistemas alimentarios propor- cionan puestos de trabajo a más de 1 000 millones de personas) y alimentos; es la base fundamental de la cual se nutre la humanidad (BM, 2024).

Al mismo tiempo, los actuales sistemas alimentarios ponen en riesgo la salud de las personas y generan daños irreparables al ecosistema del planeta y a los recursos naturales debido a los altos niveles de contaminación y desechos que producen. La actual agroindustria intensiva a gran escala genera impactos negativos y perjudiciales como: la pérdida de cerca del 75 % de la diversidad ge- nética de los cultivos, la sobreexplotación de la mitad de las especies marítimas y pone en riesgo de extinción a 22 % de las razas de ganado. En esta línea, se enfatiza que estos sistemas alimentarios han provocado severas afectaciones de carácter ambiental, económico, político, cultural y sanitario. Basta con señalar que consumen el 30% de la energía del planeta, producen entre el 29 y 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y generan daños a la salud humana por el uso intensivo de agroquímicos en sistemas productivos altamente especia- lizados. También son responsables de la degradación de una tercera parte de la tierra destinada a actividades agrícolas, de su pérdida de fertilidad y de la con- taminación del agua, lo cual ocasiona la desaparición de millones de hectáreas de bosques y selvas que sirven como fuente y pulmón de oxígeno para los seres humanos. Estos terrenos son utilizados con fines de lucro para beneficio directo de unos pocos, y finalmente, monopolizan la producción de alimentos (Parada, 2018; Vanguardia, 2021; Sano, 2022).

De tal forma, las repercusiones del cambio climático generan problemas en la producción de alimentos y en los sistemas alimentarios, dificultando el acceso y la disponibilidad física de productos frescos, variados y de producción local.

Bajo este panorama, se preveía el impacto que tendría la pandemia por COVID-19 en la alimentación mundial. En efecto, agravó el hambre y la insegu- ridad alimentaria que ya enfrentaban los países con menor desarrollo económico y social. La región de América Latina y el Caribe fue una de las más afectadas, pues, aunque solo representa el 8.9% de la población mundial, hasta mayo del 2021 concentraba el 29% de las muertes mundiales por COVID-19. Entre 2019

y 2020, la inseguridad alimentaria y el hambre aumentaron más drásticamente que en cualquier otra región del mundo, con 60 millones más de personas en situación de IA durante los dos primeros años de la pandemia, llegando a 267 millones de personas viviendo con IA grave y moderada (equivalente al 41% de la población, es decir, 4 de cada 10 personas; cifra mayor en comparación con el 29.3% reportado a nivel mundial). De estos, cerca de 60 millones se encontraban en condición de hambre crónica, alcanzando la prevalencia más alta de los últi- mos 15 años, de 9.1%, ligeramente por debajo de la prevalencia mundial de 9.9% (CEPAL, FAO E IICA, 2021; OPS/OMS, 2021; OPS/OMS, 2023).

En ese sentido, los grupos poblaciones más afectados por la inseguridad alimentaria y el hambre fueron las infancias menores de 5 años y las mujeres. Además, cabe señalar que en tan solo un año y bajo el contexto de la pandemia, el número de personas hambrientas en la región se incrementó en 13.8 millones, lo que representa un aumento del 30% (OPS/OMS, 2021; OPS/OMS, 2023).

Esta situación intensificó la doble crisis preexistente en la región: la ali- mentaria-nutricional y la sanitaria, resultado de diversos factores que han azota- do su territorio desde décadas previas. La pobreza y la exclusión social se han incrementado de forma constante y alarmante desde la década de los ochenta, generando mayores desigualdades sociales. Solo en 2020, la pobreza en todos sus grados ascendió a 209 millones de personas, cifra no observada en la región des- de hace 20 años. La caída del PIB regional en más del 7% fue la mayor retracción de la actividad económica en 120 años. Además, los movimientos migratorios sin precedentes en las fronteras de países como México y Colombia y las dificulta- des para acceder a una alimentación correcta, de calidad y estable a lo largo del tiempo han agravado la situación (CEPAL, FAO E IICA, 2021; Traeder, 2022).

Estas condiciones contrastan con el hecho de que en los territorios rurales de la región se producen alimentos para alrededor de 800 a 1 300 millones de personas, es decir, para uno de cada seis habitantes del planeta. Por lo tanto, la región se considera o se encamina a ser el granero del mundo. Además, concentra la siembra del 14% de los cultivos del mundo, alberga una parte importante de la biodiversidad global, el agua dulce y los bosques naturales del planeta, produce la mitad de la energía de la región y provee servicios ecosistémicos a las ciuda- des. Solo en la región, la producción agropecuaria creció más del 50% entre 2000 y 2012 (FAO, 2012; CEPAL, FAO E IICA, 2021; Traeder, 2022).

Contradictoriamente, Latinoamérica y el Caribe tienen la dieta saludable más cara del mundo, situación que coexiste con el tercer lugar que ocupa a nivel mundial en cuanto al desperdicio y pérdida de alimentos que se producen en la región. Como resultado de ello, 131 millones de personas no pudieron acceder económicamente a una dieta correcta en 2020. Mientras tanto, las repercusiones del cambio climático generan severos problemas en la producción de alimentos

que impactan y dificultan el acceso y la disponibilidad de productos frescos, va- riados y de producción local. Por ejemplo, los procesos de producción agrícola producen el 46% de los gases de efecto invernadero (cifra superior a la que se genera a nivel global) y son agentes críticos de la pérdida de biodiversidad (BBC News Mundo, 2021; Enciso, 2022; Traeder, 2022; Vázquez, 2022; OPS/OMS,

2023).

Otros estragos causados por la emergencia sanitaria en Latinoamérica se vinculan con la restricción de la movilidad para mitigar los daños y controlar la propagación del COVID-19, lo que tuvo efectos en los mercados laborales. Entre ellos se incluyen la reducción del ingreso económico a causa de la pérdi- da masiva de empleo o la disminución de salarios, y el confinamiento sin goce de sueldo. Estos factores impactaron en la capacidad económica de las familias para adquirir alimentos, aunado a la elevada inflación y sus consecuencias direc- tas en el precio de los alimentos⁴, la pérdida del valor adquisitivo, las grandes distancias que deben recorrer los productos alimenticios para desplazarse a lo largo de complejas cadenas de abasto internacionales y el efecto de los conflictos bélicos en los costos de combustibles como petróleo crudo y gas natural (ener- gía), transportes, metales, fertilizantes, aceites, semillas y granos (cereales), y de los alimentos terapéuticos destinados al tratamiento de la malnutrición grave infantil. Este asunto es central porque más del 80 % de los fertilizantes, insumos claves para la agricultura de la región, son importados (Arvelo, 2021; BBC News Mundo, 2021; Villagómez, 2021; Traeder, 2022; Acción contra el hambre, 2022;

OMS, 2022).

En concordancia con las problemáticas descritas, México no fue ajeno al con- texto internacional y, en especial, a lo que ocurría en la región latinoamericana. La situación socioeconómica, territorial, laboral, sanitaria y alimentaria que im- peraba en el país previo a la pandemia estaba caracterizada por una población polarizada que enfrentaba graves desigualdades e injusticias sociales, con un Es- tado mexicano debilitado y una administración pública ineficaz y corrupta. En este contexto, llegó la crisis sanitaria por COVID-19, momento coyuntural que coincidió con el inicio del segundo año del gobierno erigido por la 4T, situándose

4 Al respecto, habría que señalar el contexto en el que se han producido los más recientes in- crementos en el precio de los alimentos. En el 2007-2008 y en el 2010-2011 se asocian con los procesos de “[…] la expansión monetaria derivada de las medidas adoptadas para superar la crisis financiera mundial […]. El incremento de la liquidez global y la mayor financierización de los mercados contribuyeron al aumento de los precios internacionales de varios grupos de alimen- tos” y crisis energética (CEPAL, FAO Y PMA, 2022, p. 2). Ahora bien, se suma el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, dos principales productores mundiales de cereales básicos, semillas oleaginosas y fertilizantes; las tensiones económicas entre los Estados Unidos y Europa y China, y, finalmente, la pandemia por coronavirus.

en medio de un proceso de transformación que apenas había logrado sentar las bases de una política general cuyo objetivo era la recuperación del carácter rector del Estado.

En 2018, previo al cambio de gobierno, las características sociodemo- gráficas en el país eran las siguientes: el 70% de la población habitaba en locali- dades urbanas y el 30% en rurales, siendo la población rural la que se dedicaba principalmente a las actividades asociadas a la producción agropecuaria. El 22% del total de la población era indígena, y esta población históricamente ha enfren- tado mayores carencias sociales y económicas, engrosando las cifras de pobreza extrema en el país. En ese sentido, es indicativo que el 42 % de la población mexicana se encontraba en algún grado de pobreza o vulnerabilidad por caren- cias o ingresos, cifra equivalente a 52 millones de personas. La precarización de la fuerza de trabajo se expresaba en poco menos del 60 % de la población eco- nómicamente activa, quienes laboraban en empleos informales o no asalariados, es decir, 32 millones de trabajadores mal nombrados informales, sumado a una elevada tasa de desempleo de 3.6 % (El Economista, 2018; CEFP, 2018; INEGI, 2019, 2020; INSP, 2020; CódigoF, 2021; Mundo et al, 2021; CONEVAL, 2021).

Al mismo tiempo, el acceso a los servicios de salud estaba negado al

16.2 % de la población, cerca de 20 millones de personas, mientras que 55.5 % de los hogares mexicanos presentaban algún grado de IA y 20.4 % de la población tenía carencia por acceso a la alimentación; concretamente, 25.5 millones de per- sonas estaban viviendo en estas condiciones (INEGI, 2019; INSP, 2020; Mundo et al, 2021; CONEVAL, 2021).

A la luz del escenario que prevalecía en el país, el impacto de la pandemia empeoró la situación. Para 2020, la pobreza creció al 44%, lo que representó 4 millones de personas más que en el periodo prepandémico. La tasa de desempleo incrementó al 4.7%, convirtiéndose en una de las cifras más altas presentadas durante la última década. En términos de la carencia por acceso a los servicios de salud, el aumento fue de 12 puntos porcentuales, quedando en 28.2%. Tomando en cuenta lo anterior, en tan solo dos años, 16 millones de habitantes vieron vul- nerado su derecho a la protección de la salud, enunciado en el artículo 4° de la CPEUM. Paralelamente, la inseguridad alimentaria incrementó al 59% (4 puntos porcentuales más que en el periodo previo a la pandemia), aunque la ENSANUT 2021 reportó que llegó hasta 60.8% con expresión diferenciada por localidad, teniendo las cifras más altas en localidades metropolitanas con más de 100,000 habitantes; después se presenta en las áreas urbanas y el menor impacto es en las localidades rurales, con mayor presencia en la región centro y pacífico-sur del país (Mundo et al, 2021; CONEVAL, 2021; CódigoF, 2021; Villagómez, 2021;

INSP, 2022; Enciso, 2022; INEGI, 2022, 2022a, 2024).

Conviene subrayar que, durante el confinamiento por coronavirus, el 20.6% de los hogares tuvieron que disminuir la cantidad de alimentos que acos- tumbraban consumir; incluso, en el peor escenario, dejaron de comer todo un día debido a la falta de dinero u otros recursos. Paradójicamente, anualmente en el país se desperdician alrededor de 20 millones de toneladas de alimentos en buen estado (INSP, 2022; Enciso, 2022; INEGI, 2022; Ospina, 2022; Venegas, 2024).

Particularmente, previo a la pandemia, el país había mostrado señales de cómo las crisis mundiales afectaban la seguridad alimentaria de su población. Concretamente, en la crisis de 2008 y a la par de la brusca caída del PIB, México mostró un rápido aumento de pobreza alimentaria, pasando del 13.8% en 2006 al 18.2% en 2010, mientras los índices de carencia alimentaria pasaron del 21.7% al 24.9% en el periodo de 2008 a 2010 (Urquía, 2014). Esta situación revirtió la histórica tendencia a su disminución presentada desde 1996. Mientras tanto, para 2015 las cifras comenzaban a disminuir nuevamente; CONEVAL informaba que, el 23.3% de la población en el país se encontraba en aquel momento en carencia alimentaria (Rivera et al., 2015).

Un elemento que ayuda a ampliar la comprensión de la complejidad del fenómeno descrito es conocer cómo la dependencia alimentaria del país ha con- tribuido al incremento de las cifras de IA y de hambre, representando así un reto a enfrentar. En este sentido, el panorama cambió drásticamente con la llegada y puesta en marcha del neoliberalismo en la década de los ochenta en el país. Inicialmente, la agricultura representó un papel fundamental en el periodo de de- sarrollo económico y social conocido como “El milagro mexicano o Desarrollo Estabilizador” (Anguiano, 2010). A partir de 1970, comenzó un proceso de trans- formación en la producción de cultivos con el objetivo de satisfacer la demanda del mercado internacional. Esto representó un golpe a la soberanía alimentaria mexicana, ya que se alejó del propósito de satisfacer las necesidades alimentarias de la población mediante la producción de alimentos básicos y materias primas de consumo interno.

Como corolario, con las políticas de ajuste estructura y la implementación del neoliberalismo en México, culminó el proceso de desregulación y privati- zación de la economía en el desarrollo agrícola. Se perdieron los incentivos al campo mexicano y se reformó la eliminación de servicios y apoyos gubernamen- tales para la mejora de la producción agrícola, como el crédito y financiamiento, la asistencia técnica, la comercialización y los precios de garantía. Fue así como el gasto y la inversión menguaron drásticamente. Finalmente, en 1994, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se eliminaron los permisos de importación y se redujeron los precios de los aranceles. Esto afianzó y robusteció la producción agropecuaria hacia la exportación, dejando fuera la atención a los graves problemas alimentarios y nutricionales que enfrentaba el país y acrecentó el problema de autosuficiencia alimentaria (Ramírez, 2022).

Como explica Ramírez (2022), a partir de 1990 el grueso de las exporta- ciones agropecuarias respondía a cultivos de alto valor y demanda en el mercado internacional. En 2019, las exportaciones se concentraban en hortalizas frescas, siendo México el productor líder en la región latinoamericana y el segundo lugar en frutas tropicales como las fresas, además del aguacate, cítricos y legumbres, que aportaron cerca del 69% de las exportaciones. Por el contrario, se incrementó la importación de alimentos y materias primas, triplicándose en los último veinte. Específicamente, las principales importaciones en ese año fueron maíz (24.1%), soya (16.6%), trigo (8.6%), leche y sus derivados (7.7%) y arroz (2.6%), que representan 60% de las importaciones.

De esta forma, en las últimas décadas se fue configurando la actual de- pendencia alimentaria, con el consecuente incremento de la importación de gra- nos básicos como el arroz, frijol, maíz y trigo; alimentos que forman parte de la dieta mexicana y que, en los sectores más desfavorecidos, representan la fuente calórica principal, ya que son los productos a los que pueden acceder económica- mente. Esta situación, sumada a la enorme y creciente influencia que ejercen las industrias agroalimentarias trasnacionales, mismas que controlan la producción y distribución de los alimentos independientemente de la zona geográfica, ha tenido repercusiones negativas en el proceso salud-enfermedad y en la seguridad alimentaria de los y las mexicanas.

Por otro lado, y como parte del mismo fenómeno, habría que señalar el notable aumento en la demanda de productos cárnicos, cereales, oleaginosas y azúcar, explicado por el crecimiento poblacional y el proceso de urbanización, así como por los cambios en los patrones de alimentación mundial y la tendencia homogeneizadora que ha llevado a un patrón de consumo alto de proteína ani- mal (cárnicos y lácteos), grasas y azúcar. Otro elemento que se debe añadir es la oferta de energía alimentaria disponible en el país (kilocalorías), que sobrepasa los requerimientos necesarios para mantener un estado de nutrición óptimo. Sin embargo, las desigualdades en el acceso impactan en el consumo de energía, ex- presándose en el proceso salud-enfermedad y alimentación-nutrición de grupos poblacionales vulnerabilizados, que acumulan desventajas y habitan en regiones con mayores niveles de pobreza y carencias.

Como resultado, persisten las diferentes formas de desnutrición (bajo peso, baja talla y emaciación) en infantes menores de 5 años, con una prevalencia del 18% a nivel nacional en 2021, siendo más frecuente en localidades rurales. Asimismo, coexisten el sobrepeso y la obesidad, que se manifestaron en un 7.8%, con mayor incidencia en áreas urbanas, configurando el panorama de malnutri- ción que prevalece en este grupo poblacional (INSP, 2022).

La situación descrita anteriormente se replicó en una de las ciudades más impor- tantes del país, la Ciudad de México, caracterizada por su gran densidad pobla- cional de más de 9 millones de personas, con una zona metropolitana de 22 mi- llones de habitantes y una movilidad de 5 millones de personas que diariamente transitan de los municipios conurbados hacia la ciudad y viceversa para realizar actividades laborales, educativas, culturales o recreativas. Es también una ciudad fragmentada y polarizada, con desigualdades socioterritoriales y condiciones es- tructurales heterogéneas y diferenciales, aunque en su mayoría menores que a nivel nacional (Gobierno de la Ciudad de México, 2019).

Bajo una caracterización social afín a la descrita a nivel nacional y desde una perspectiva de innovación y derechos, se fraguó, diseñó y se puso en marcha un proyecto teórico-práctico y político en los ámbitos social, laboral, sanitario y alimentario que planteó disminuir las graves desigualdades sociales y privilegiar el interés público con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de toda la población que habitaba en la ciudad.

Aunque las condiciones socioeconómicas de la CDMX previas a la crisis sanitaria ya representaban un desafío para la administración local, con la llegada de la pandemia en una ciudad tan desigual, los efectos negativos y el deterioro de las condiciones de vida de un amplio sector de la población no se hicieron espe- rar. Si bien la ciudad suele concentrar mejores indicadores que la media nacional, durante 2018, un porcentaje cercano al 30 % de la población capitalina estaba en situación de pobreza; 36.2% se encontraba vulnerable por carencias sociales e ingresos, y con niveles de pobreza que han venido en aumento desde 2008 y que pueden verse reflejados en todos los grupos poblacionales (CONEVAL, 2018).

Aunado a esto, más del 48% de la PEA laboraba en el sector informal, mientras que la tasa de desempleo se ubicaba en 1.8 %, siendo de las más bajas a nivel nacional. Además, el 20 % del total de habitantes no contaba con acceso a los servicios de salud y un porcentaje de entre 43 % y 48 % de personas repor- taban no contar con seguridad social (SS), siendo las alcaldías de Iztapalapa y Gustavo A. Madero las de mayor concentración de habitantes sin acceso a la SS. De forma simultánea, la carencia por acceso a la alimentación afectaba al 14 % de los residentes de la urbe; mientras, la ENSANUT 2018 reportó que la IA per- judicaba al 47 % de los hogares en la ciudad (INEGI, 2019; RT en Español, 2020; CONEVAL, 2020; INSP, 2020; STPS, 2021).

A su vez, Pasquier (2019) advertía en un estudio realizado a madres de familia en condiciones de pobreza que una cuarta parte de las y los habitantes de la ciudad padecían IA, siendo la falta de dinero el principal obstáculo para

alimentarse de forma saludable, seguido de la distribución a gran escala y el con- sumo de alimentos procesados y ultraprocesados, así como el incremento en el costo de productos frescos, la falta de tiempo para preparar alimentos en el hogar y las largas jornadas laborales.

Era predecible que estos números aumentarían con la llegada de la pande- mia a la CDMX, y así fue. A dos años de iniciado el camino hacia la garantía de los derechos constantemente vulnerados en el pasado, el 27 de febrero de 2020, la ciudad presenció la detección del primer caso de contagio por COVID-19. Para ese año, la población de la CDMX asistió a una regresión socioeconómica y experimentó mayor deterioro de sus condiciones de vida; en este sentido, la pobreza aumentó 3 puntos porcentuales respecto a las cifras prepandemia, cal- culándose que 32.6% de la población capitalina estaba viviendo en situación de pobreza moderada o extrema⁵, con un mayor incremento en la pobreza extre- ma. Mientras tanto, 32.5% enfrentaba vulnerabilidad por carencias sociales e ingresos. Sin embargo, y pese a esas cifras, la ciudad seguía estando por debajo del porcentaje de incremento de pobreza a nivel nacional (INEGI, 2020, 2020a, 2022; CONEVAL, 2022; INSP, 2022; Gobierno de México, 2023).

Con respecto a la situación alimentaria, y tomando en cuenta que la re- gión centro del país fue una de las que presentó mayor incremento de IA debido a la crisis sanitaria, la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad estuvo presente en 17.8 % de la población citadina, es decir, 4 puntos porcentua- les más que en 2018. Mientras tanto, la IA alcanzó un porcentaje de 57.3% en todos sus niveles, lo que representó un aumento de más de 10 puntos porcentua- les respecto a las cifras prepandemia. Llama la atención que los niveles de IA leve y moderada fueron los que más incrementaron, mientras que la IA severa se mantuvo en el mismo porcentaje. Lo anterior significó que durante la pande- mia, más de 5 millones de capitalinos se encontraron en inseguridad alimentaria. Simultáneamente, la CDMX se posicionó como la segunda región del país con el mayor gasto en alimentos per cápita mensual por hogar ($1733), mientras que el promedio nacional se ubicó en $1501 (EVALÚA, 2019; INEGI, 2020, 2020ª, 2022; INSP, 2022; Gobierno de México, 2023).

En términos laborales, y a pesar de seguir el patrón nacional de disminu- ción de la informalidad laboral, esta se redujo a 44 %, mientras que el desempleo aumento drásticamente a una tasa de 3.2 %, lo que significó 1.4 puntos porcen- tuales por encima de la cifra de 2018. Por otra parte, a unos meses de haber ini- ciado la jornada de sana distancia y con un aumento persistente de contagios en

5 En el 2022, la CDMX concentraba un número elevado de personas viviendo en algún grado de pobreza, 24% del total de su población, cantidad equivalente a más de 2 millones de personas. En comparación con el resto del país, tan solo se encuentra por debajo de los niveles de pobreza que presentan Estado de México con 7.4 millones, Veracruz con 4.2 millones, Chiapas con 3.8 millones, Puebla con 3.6 millones y Oaxaca con 2.5 millones (INEGI, 2024).

la CDMX, 28 % de sus habitantes reportaron no estar afiliados a los servicios de salud, dato que resultó alarmante en el contexto de la crisis sanitaria y que reflejó un incremento de 7 puntos porcentuales comparado con lo reportado en 2018. A su vez, la carencia por acceso a la seguridad social impactó al 41 % del total de los y las habitantes (INEGI, 2020, 2020a, 2022).

Pese a que el proyecto sanitario diseñado en 2018 para la CDMX buscaba garantizar el derecho a la salud y su protección, entendido como un derecho humano fundamental, irrenunciable y exigible que se propuso ejercer y materializar a través de la prestación de servicios médico-sanitarios universales, gratuitos y de calidad a toda la población, resultó fundamental el fortalecimiento y la solidez del sistema de salud público con miras al establecimiento futuro de un sistema unificado de atención en salud. Este proyecto y la trayectoria propuesta inicialmente para su implemen- tación sufrieron cambios radicales a raíz de la crisis sanitaria por SARS-Cov-2, un evento mundial que interrumpió y transformó el desarrollo de las actividades previs- tas en el sistema de salud mexicano y en la CDMX. Esto dio lugar a dos momentos con características particulares: el primero, acaecido en el primer año de gobierno, permitió asentar las bases iniciales de la propuesta de transformación; el segundo, ca- racterizado por la pandemia por COVID-19 a partir de 2020, propició modificaciones en el curso de las transformaciones planteadas inicialmente.

Históricamente, la SEDESA y su oferta de servicios de salud para la población no asegurada han resultado insuficientes e incapaces de responder con eficacia y efectividad a las necesidades en salud de esa población. Uno de los grandes problemas que enfrenta la institución es la heterogénea distribución geo- gráfica de su infraestructura, concentrada principalmente en la zona céntrica de la ciudad, pese a que la mayor demanda y carencia de servicios se encuentra en la periferia, en zonas relegadas o alejadas de los centros de servicios médicos.

Algunas otras problemáticas identificadas en un diagnóstico inicial sobre las condiciones generales de la SEDESA están relacionadas con la organicidad del sistema de salud, tales como: corrupción, baja inversión, corporativismo y clientelismo, envejecimiento y descuido de la infraestructura sanitaria debido a la antigüedad y la falta regular de mantenimiento, desabasto de insumos, equi- pamiento médico obsoleto o sin funcionar, escasez de personal y precariedad laboral de una proporción significativa de trabajadores de la salud. Estos asuntos tienen una atención apremiante por el impacto que produjeron en la institución, tales como: debilitamiento, fragilidad estructural y afectaciones directas en la disponibilidad, acceso, aceptabilidad y calidad en la provisión y prestación de servicios, así como en la práctica y atención médica. Estas situaciones que fueron toleradas y auspiciadas durante las dos últimas administraciones con el adve- nimiento de las políticas aplicadas durante el período neoliberal en la CDMX, representando así un gran reto y desafío para la nueva administración que se propuso erradicar tales prácticas (SEDESA, 2019, 2020).

En palabras de Laurell (2008) el deterioro y desmantelamiento selectivo del que venían siendo objeto los servicios médicos sanitarios de la SEDESA fue resultado de los años de abandono de la función estatal y de los varios intentos de privatización que el sector enfrentó, particularmente, con la implementación del Seguro Popular de Salud en la CDMX en julio de 2005. Sin embargo, el blindaje jurídico que le proporcionó la reforma a los servicios de salud para población no asegurada, acaecida durante la administración de izquierda del 2000-2006 en el extinto Distrito Federal, evitó su total desaparición y desarticulación (SPSSDF, 2016). Pese al estado general del sector salud, el proyecto propuesto, impulsado y abanderado por la administración actual, plantea para su materialización y con- formación dar continuidad al trabajo realizado en el período señalado articulán- dolo con un nuevo impulso a la Atención Primaria de la Salud desde el modelo de atención “Salud en tu Vida” (SEDESA, 2018).

Si bien, desde la administración federal y local, se elaboraron varias pro- puestas de política pública, de forma inaudita y veloz, para enfrentar la crisis y se aprobaron medidas temporales con la finalidad de brindar protección a la pobla- ción más desfavorecida y vulnerada; no todas tuvieron el impacto suficiente para mitigar las funestas consecuencias de la pandemia en la población más desprote- gida.

Por otra parte, de forma abrupta se interrumpió el desarrollo y continui- dad del proyecto político social, sanitario y alimentario inicial de la 4T respecto de la trayectoria original, con repercusiones en la concreción de procesos que ve- nían gestándose durante los dos primeros años. En este período, la salud se volvió tema central de la agenda pública y política del país, y de la CDMX, al mismo tiempo mantuvo los reflectores por el temor manifiesto del colapso del sistema de salud, como venía replicándose en países con economías desarrolladas debido a la velocidad de contagios y a la falta de insumos médicos y tratamientos espe- cíficos para su control.

Gracias a esto, la crisis sanitaria obligó a diseñar y organizar una res- puesta social conjunta y coordinada desde la federación. Mientras tanto, para atender y frenar la crisis alimentaria se adelantaron algunas de las acciones di- señadas previamente e implementadas con anterioridad, en conjunto con el esta- blecimiento temporal de otras.

Una característica fundamental de la política pública y de los programas sociales impulsados por la 4T es la universalización, con priorización de los gru- pos vulnerados, en el sentido de direccionar los escasos recursos con los que cuenta el Estado hacia las zonas con más alto grado de marginación para lograr aminorar las desigualdades e incidir en las heterogéneas condiciones de vida. De esta premisa, parten los programas sociales de apoyo, otorgados durante la emer- gencia por COVID-19 en la CDMX.

A continuación se enlistan los que tuvieron mayor impacto en las crisis alimentaria-nutricional y sanitaria, tales como: transferencias monetarias por concepto de apoyo para útiles y mi beca para empezar a estudiantes de nivel básico que oscilaban entre $800 y $930 mensuales; transferencias monetarias por concepto de pensión universal del programa para el bienestar dirigida a la población adulta mayor con un apoyo de $2670 bimestrales; kit médico para per- sonas enfermas de COVID-19 que incluía insumos médicos, una tarjeta con apo- yo económico de $1000 y una despensa con productos alimentarios y de primera necesidad; “Comedores Populares para el Bienestar” que ofertaban una ración de comida completa por $11, ubicados en zonas que presentan, aún en día, mayo- res condiciones de pobreza, desigualdad, marginación, bajo desarrollo social y alta conflictividad; seguro del desempleo expresado en un apoyo económico de

$1500 por dos meses, dirigido a las personas que perdieron su empleo formal de forma involuntaria; ayuda económica para personas no asalariadas con la entre- ga de un apoyo emergente único por $1500; Programa Mercomuna, dirigido a las familias inscritas en el programa Liconsa que consistió en la entrega quincenal de vales de despensa por $350 y que, únicamente, podían ser cambiados en nego- cios, locales y mercados pequeños de cada alcaldía; despensas alimentarias para estudiantes de nivel básico beneficiarios del Programa de Desayunos Escolares; apoyo solidario a la palabra dirigido a propietarios de micronegocios que con- sistió en un crédito de $25,000; tandas para el bienestar que tenían un concepto similar al último apoyo descrito (Gobierno de la Ciudad de México, 2020, 2021; SIBISO, 2022).

A modo de conclusiones, en el escenario actual, el país se encuentra inserto en procesos globales con la gestación de relaciones sociales determinadas por las transformaciones del capitalismo a nivel mundial, que han dado como resultado una terrible fragmentación y polarización de su población, con incuestionables desigualdades socioterritoriales y condiciones estructurales heterogéneas y dife- renciales que han imperado desde varias décadas atrás, como en gran parte de la región latinoamericana. Ahora bien, los países con mayores niveles de pobreza y desigualdad, como el nuestro, tienden a que su población presente mayores dificultades para acceder a una dieta adecuada y saludable.

Así, la inseguridad alimentaria como resultado de esas de esas desigual- dades existentes y prevalentes en las poblaciones más pobres de nuestro país, se presenta como fenómeno complejo que requiere analizarse a la luz de varios pro- cesos simultáneos y de problemáticas que van más allá del acceso y disponibili- dad de los alimentos, donde además debiera incluirse todas las fases, dimensio- nes, actores y sectores que abarca el sistema alimentario. En este orden de ideas

es necesario profundizar en el impacto que tiene la inflación en el costo de los alimentos y los problemas que acarrea en términos del acceso a una dieta correc- ta, si la realidad muestra que la inseguridad alimentaria y el hambre afectan más a los hogares de menores ingresos, no es de sorprenderse que ante el aumento en el costo de la canasta básica y de los productos alimentarios sean las personas que viven con mayor pobreza quienes vean afectado su consumo y calidad de la dieta. Precisamente, los que engrosan estos grupos poblacionales vulnerabilizados (in- dígenas, campesinos, mujeres, infantes y migrantes) destinan/gastan una mayor proporción de sus ingresos en la compra de alimentos, más de la mitad de sus ingresos comparado con el 20% en los sectores privilegiados, sobre todo cuando no tienen acceso a cosechas de autoconsumo.

De igual manera, la influencia que ejerce el contexto internacional, parti- cularmente los tratados comerciales, los precios internacionales y los conflictos bélicos en la soberanía y autosuficiencia alimentaria junto a otras problemáticas de índole socioambiental como el cambio climático, la pérdida de la biodiversi- dad de semillas y de razas de ganado, la erosión de los suelos, el aumento en el precio de los combustibles, y la pandemia por COVID-19 configuraron el esce- nario de una doble crisis: alimentario-nutricional y sanitaria que tiene conse- cuencias negativas y dañinas en el proceso salud-enfermedad hasta la actualidad.

Si bien, con la pandemia se pudo observar un mayor crecimiento de la IA leve en las zonas urbanas de la CDMX, se debe enfatizar que un grueso de capita- linos dejó de tener seguridad alimentaria durante este periodo de crisis, pese a los diversos esfuerzos que se realizaron desde el Estado para garantizar la seguridad alimentaria de la población. Esta situación no se replicó en los entornos rurales; algunas de las hipótesis explicativas plantean que, el acceso a alimentos produ- cidos y cosechados localmente en los hogares y comunidades rurales, así como el trueque y la solidaridad presente en entornos comunitarios pequeños, pudieron frenar la inseguridad alimentaria en esas localidades.

Llama la atención que la IA severa (cercana al hambre), se mantuviera sin variaciones, afectando a la misma población que en periodo prepandemia. Sin embargo, aún con los diferentes apoyos otorgados desde los programas sociales, las personas habitantes de la ciudad no pudieron evitar disminuir su acceso a los alimentos, y en algunos hogares de mayores ingresos hubo un incremento en el consumo de alimentos ultraprocesados, debido a su fácil disponibilidad y asocia- dos culturalmente a procesos más inocuos en su producción, con los concomi- tantes riesgos a la salud que conlleva el consumo de estos. Problemáticas que se expresaron en afectaciones al estado nutricional y de salud, a través del aumento de la malnutrición y que, en un punto álgido de contagios, pudo devenir en el mayor riesgo de hospitalización y muerte por COVID-19 o por las enfermedades prevalecientes en el perfil epidemiológico de la ciudad.

Por ello y para atender la magnitud y complejidad de estas problemáticas, se requieren articular respuestas a nivel regional que incluyan políticas públicas conciliatorias y coordinadas entre los distintos sectores gubernamentales -macro- economía, trabajo, salud, educación, alimentación, medio ambiente, etc.-, pero también comunitarios, en pro de la reducción de los problemas estructurales más apremiantes.

Es necesario y urgente concluir la transformación del sistema de salud mexicano para garantizar el derecho a la protección de la salud de la población y transformar el sistema alimentario actual desde perspectiva de la soberanía alimentaria. Así como analizar y evaluar el impacto y la pertinencia económi- ca, social, cultural y ambiental que tienen los diversos programas alimentarios nacionales y locales. No obstante, que algunos de los programas enunciados y otros que, durante la emergencia por COVID-19 se pausaron como el dirigido a la nutrición de las infancias llamado “Desayunos Escolares”, han mostrado pro- tección social sensible al proceso alimentación-nutrición, resulta imprescindible ampliar el espectro de población beneficiaria de éstos, particularmente en situa- ciones de crisis, cuando el Estado tiene la obligación de garantizar a la población, el derecho a ser alimentado/a. Finalmente, se enfatiza que la IA es resultado de la vulneración del derecho a la alimentación y limita el logro de una vida plena y digna para las personas. ֍