La crisis en el sistema de dominación en América Latina: el agotamiento del vigente patrón de reproducción del capital y la derrota del régimen de la transición a la democracia

The crisis in the system of domination in Latin America: the exhaustion of the current pattern of reproduction of capital and the defeat of the regime of transition to democracy

Después de una etapa de excepción de guerra contrarrevolucionaria por parte de los poderes militares y gobiernos totalitarios y autoritarios en América Latina, en la cual se desarrolló la estrategia de violencia política de aniquilamiento de los movimientos revolucionarios y la conquista de bases sociales por medio de la doctrina de contrainsurgencia, los Estados latinoamericanos iniciaron en las últimas dos décadas del siglo pasado el restablecimiento de la vida institucional y civil de la sociedad burguesa por medio de la bandera de la democratización de los regímenes políticos.

Fue un cambio de página a las atrocidades que llevaron principalmente a cabo agentes del Estado y las Fuerzas Armadas durante las dictaduras militares y los Gobiernos autoritarios. Fue una salida a la clausura de la forma de Estado desarrollista y benefactor y el fin de sus acuerdos y alianzas entre clases y secto- res sociales, los cuales se basaron en la protección estatal a cambio de lealtad por parte de sus subordinados. Fue una respuesta política por parte del Estado y las clases dominantes a los impactos de las grandes transformaciones económicas y sociales perjudiciales para el grueso de la población que impuso la nueva fase de desarrollo capitalista en la región. Dichos procesos generaron profundas rupturas en las relaciones de mando-obediencia, por lo que fue necesario suturar los des- garros dentro de la comunidad estatal y restaurar un nuevo marco de legitimidad o “reconocimiento” del mando político desde donde se reconstruyera el Estado con sus relaciones constitutivas de poder y dominación bajo formas consensuales basadas en la selección y la alternancia de los Gobiernos a través de la vía elec- toral, la cual fue presentada como el “proceso fundamental de afirmación de las libertades y los derechos políticos de los ciudadanos” (Aguilar, 2016, pp. 25-26).

Sin embargo, esto no era suficiente, ya que, además de solucionar la falta de reconocimiento del mando político, también era necesario presentar la demo- cratización para resolver el problema de la falta de capacidad y eficacia de direc- ción política de los Gobiernos democráticos, en otras palabras, el de mantener la “estabilidad” del orden social y la “gobernabilidad”:

Las críticas y dudas no se centran en la validez política del gobierno democrático, cuyo eje estructurador, racionalmente fundamentado y sólido, son las libertades y derechos de los hombres y ciudadanos, sino en su capacidad directiva, en la gobernabilidad de la democracia. […] Es generalizada la consideración social, racionalmente argumentada o simplemente percibida y sufrida, de que las instituciones y procesos de la democracia plural y abierta resuelven bien el problema de la validez o legitimidad política del go- bierno, pero no la cuestión de su eficacia directiva, que es justamente lo que hace que la democracia sea gobierno y gobierne realmente. (Aguilar, 2016, pp. 16-17)

Fue la constitución de una forma de gobierno que, durante poco más de tres décadas, hizo posible mantener la estabilidad política necesaria para el funcio- namiento de un nuevo patrón de reproducción del capital, el cual, a pesar de

someter a una mayor degradación de las condiciones de vida de la población y requerir cambios profundos en los entramados institucionales y estatales perjudi- ciales para las clases trabajadoras y masas populares, pudo en la mayor parte de los casos sortear los sobresaltos sociales y políticos que representaran un peligro para la viabilidad y el curso del capitalismo latinoamericano. De hecho, pudo ex- perimentar episodios y experiencias que a lo largo de la región de América Latina buscaron navegar a contracorriente y pusieron en jaque el más reciente proyecto económico de las clases dominantes del capitalismo dependiente latinoamerica- no, como en su momento sucedió durante la primera década del nuevo siglo en Venezuela, Bolivia y en menor medida Ecuador, o que incluso pusieran en tela de juicio el carácter democrático debido a las “fallas” y la transgresión sistemática de las reglas del juego electoral y democrático por parte de las propias autorida- des encargadas de dichos procesos, como sucedió particularmente en México.

Sin embargo, tras la crisis global de 2007-2008, América Latina padeció durante la década posterior el agotamiento del presente patrón exportador de es- pecialización productiva como resultado de los ajustes sobre los cuales la econo- mía mundial buscó revertir su caída en las tasas de ganancia a través de nuevos ajustes en las economías dependientes, endureciendo las medidas de explotación y dominación sobre la fuerza de trabajo, que llevaron a una mayor degradación de las condiciones de vida de las clases trabajadoras y los sectores populares. Esto modificó, a finales de la segunda década del presente siglo, el escenario so- ciopolítico en la región, cuyo detonante fue una crisis del sistema de dominación, en donde los grupos políticos y gobernantes que alcanzaron la administración de los aparatos de Estado en las últimas décadas bajo la bandera de la transición a la democracia y que habían dado impulso al presente patrón y sus políticas de liberalización económicas, fueron desplazados por nuevas fuerzas, partidos y agrupaciones políticas que buscaron recomponer los mandos políticos de la forma estatal capitalista en la región.

Para sostener dicho planteamiento, el texto está dividido en cuatro princi- pales apartados. En el primero, se contextualiza y discute la noción de transición a la democracia; en el segundo, se describe un panorama general de la gran crisis global del nuevo siglo para comprender sus efectos en América Latina; poste- riormente, se analiza el agotamiento del patrón exportador de especialización productiva y su impacto en la dinámica económica, social y laboral en la región, y, finalmente, se discute y define el tipo de crisis política que atraviesan los regí- menes políticos de la llamada transición democrática para ubicar la emergencia de nuevos grupos y fuerzas políticas dentro de un marco de recomposición de los mandos políticos en la región como consecuencia de la crisis de dominación en la región entendiendo esto último como como un momento de ruptura de la forma estatal vigente.

América Latina padeció durante las últimas tres décadas del siglo XX el fin del patrón de industrialización por sustitución de importaciones y la puesta en mar- cha de uno nuevo calificado como exportador de especialización productiva,¹ el cual estuvo impulsado por políticas económicas de libre mercado y desregula- ción económica. Esto requirió, de acuerdo con Osorio (2014), la “modificación radical de la relación de fuerzas entre capital/trabajo, en favor del capital” (p. 104), marcada entre los años sesenta y ochenta por derrotas populares y triunfos de la contrainsurgencia, golpes militares, incremento del autoritarismo y repre- sión aguda en toda la región, ya que por las tendencias sobre las cuales reposa dicho patrón y las necesidades del nuevo ciclo de acumulación del capital a esca- la global se reclamó “elevar la explotación y la superexplotación, el desempleo, el subempleo, la precarización, la prolongación de la jornada, el derrumbe de los salarios y, sobre todo, expandir para todo ello la masa de trabajadores excedentes de desempleados y subempleados” (p. 112).

Esta condición quebrantó el reconocimiento del mando político y puso fin a los propios acuerdos, alianzas y pactos sociales sobre los cuales se habían articulado las relaciones mando/obediencia durante el periodo en que se hizo presente el patrón industrial a través del proteccionismo, el paternalismo y la po- lítica populista estatal que habían permitido sostener una estabilidad duradera en América Latina en las décadas centrales del siglo XX. De este modo, las clases dominantes necesitaron instaurar nuevas bases para restablecer sus relaciones de dominación que les permitieran hacer efectivo su nuevo proyecto económico. La base de esto fue la construcción de un nuevo marco de legitimidad y estabilidad del mando político que permitiera su reconocimiento como autoridad, donde la respuesta, de acuerdo con Osorio (2014, p. 120), fue el surgimiento del tema de la transición a la democracia como fórmula para solucionar el problema.

Aunque al inicio, desde diversas trincheras, entre las que se incluyen frac- ciones muy importantes de los movimientos populares y revolucionarios lati- noamericanos, pudo tratarse de una valiosa arma de oposición al terrorismo de Estado y los regímenes dictatoriales que acecharon la región, pronto la democra- tización se convirtió en la ideología política hegemónica de la burguesía latinoa- mericana y el capitalismo periférico.

1 Se le denomina patrón exportador porque el grueso de la producción de sus ramas y ejes más dinámicos tienen como destino los mercados exteriores; por otro, se le nombra de especialización productiva para destacar que este proyecto privilegia la producción de bienes selectivos y poco diversificados, concentrados sólo en ciertas actividades productivas que responden a las ventajas naturales o comparativas que poseen las distintas economías de la región dentro del mercado mundial, como son los sectores primarios, alimenticios y manufactureros de muy bajo contenido tecnológico.

Ruy Mauro Marini (1985) señala que, como parte de un gran acuerdo entre sus distintas fracciones, la burguesía latinoamericana asumió la democracia como un “proyecto burgués para la reorganización de la economía y del Estado” (p. 10) a través de la estabilidad política duradera, cuyo

[…] éxito obtenido en esa empresa favoreció el carácter pacífico asumido por la transición y permitió que la creación de una nueva institucionalidad se hiciera en un marco de relativa continuidad, orientándose hacia la concertación de un pacto social capaz de restituir legitimidad al sistema de dominación y al Estado. […] La burguesía ha planteado, en este sentido, las líneas básicas de su propuesta: la reconstrucción de la democracia parlamentaria y la edificación de un Estado neoliberal […], siendo corriente en su discurso el uso de consignas liberales aplicadas a la solución de cuestiones demo- cráticas [y arma de autorregulación] de los derechos sagrados de la iniciativa privada. (pp. 9-10)

Dadas las características sumamente lacerantes que implicó para las clases tra- bajadoras y los sectores populares que significó el impulso del nuevo patrón de capital, se requirió afianzar la interacción social de dominación e inhibir las po- tenciales confrontaciones sociales por medio de formas consensuales, sin que esto implicara abandonar las medidas coercitivas. Así, se presentó la democracia liberal, representativa y procedimental como el medio “todopoderoso” por el cual se aseguraría el pleno ejercicio de la libertad individual, en cuanto forma de or- ganización política “pura”, sin ataduras económicas e ideológicas, sin adjetivos, y capaz de mantener al Estado al margen de los asuntos privados, convirtiéndose en el más acabado marco de civilidad para dirimir las diferencias y garantizar un estado de igualdad política y derechos entre los ciudadanos.²

Siguiendo a Borón (2003), en esta perspectiva,

la gigantesca empresa de instaurar la democracia se reduce a la creación e institucionaliza- ción de un puro orden político —es decir, un sistema de reglas del juego que hace abstrac- ción de sus contenidos éticos y de la naturaleza profunda de los antagonismos sociales— y que sólo plantea problemas de gobernabilidad y eficacia administrativa. (p. 228)

Tal condición requirió medidas que permitieran recrear la voluntad de decisión soberana del ciudadano y poder titular sus derechos políticos y civiles. Bajo este espectro, fue necesario poner en marcha acciones específicas, como consultas para la permanencia o salida de los gobiernos militares (allí en donde todavía per- manecían); reformas políticas que contemplaran la reorganización o creación de partidos políticos, organismos autónomos que organizaran las elecciones, padro- nes electorales, recursos y tiempos de campañas, etcétera. Bajo el ala de los pro- cesos electorales confiables, las autoridades emanadas de estos procedimientos

2 Aquí se hace referencia a la obra de Enrique Krauze llamada Por una democracia sin adjetivos (1986), en donde revela que la democracia no debe recibir ninguna clase de adjetivos, sino que debe ser concebida como una cuestión netamente política, fuera de toda ideología y proyecto eco- nómico, pues “busca la libertad y la igualdad políticas, igualdad de participación, influencia y vi- gilancia sobre decisiones políticas. En este sentido, la democracia es un objetivo distinto de otros no menos importantes: igualdad material, bienestar, paz, seguridad, orden, fraternidad” (p. 81).

contarían con la anuencia de los que obedecen: contarían así con derecho reco- nocido a mandar, con lo que se restituiría la legitimidad del mando político. En un plazo muy corto, los procesos de transición comenzaron a mostrar sus frutos: casi la totalidad de las máximas autoridades en los Gobiernos de la región habían surgido de consultas electorales. La democratización, se decía, tomaba forma (Osorio, 2014, p. 121).

En este ambiente también se hicieron presentes novedosas ideas que die- ron vida a una nueva historia intelectual marcada por su interés en el tema de la democracia y las “aperturas” políticas institucionales que reafirmaban la potestad democrática. Fue en este tenor que el grueso de la atención brindada por el pensa- miento político, social y cultural latinoamericano tendió a congregarse alrededor de la noción de “transición democrática”. Este elemento conceptual se convirtió en la pieza clave para desplegar el poder político del capitalismo dependiente, presentándose en el gran “paradigma” político-ideológico contemporáneo del subcontinente. Esto provocó que se constituyera “una verdadera ‘profesión de fe’ democrática” (Borón, 2003, p. 228).

Bajo esta concepción, las últimas décadas del siglo pasado y la primera del presente estuvieron marcadas por la democratización de la vida política en la región, es decir, durante este periodo, si bien los Estados latinoamericanos³ y el proyecto económico del capitalismo dependiente hicieron patente sus cualidades violentas, autoritarias, se hizo hegemónica la vía democrática-liberal como la receta mediante la cual se solucionarían todos los asuntos de orden político.

A finales de 2008, la caída del banco de inversiones Lehman Brothers en Estados Unidos sacudió la economía mundial. Las severas dificultades por la financiación de las viviendas y su impacto en el conjunto del sistema financiero y bancario estadounidense, como consecuencia del hiperendeudamiento propiciado por va-

3 Se parte de la base de entender que el Estado latinoamericano está constituido por los funda- mentos del Estado burgués y se asemeja a la forma de Estado capitalista central; sin embargo, también guarda ciertas especificidades. De acuerdo con Osorio (2016), los tres principales aspec- tos distintivos son la condición dependiente de las formaciones sociales latinoamericanas, que limita la capacidad soberana de los Estados; el segundo tiene que ver con la modalidad particular de reproducción de capital, en la cual la superexplotación de la fuerza de trabajo constituye su fundamento, manifiesta una mayor degradación de las condiciones de vida de la población, lo que potencia los enfrentamientos sociales y la lucha de clases; esto imposibilita, por un lado, la capacidad de conformar alianzas y pactos que permitan recrear formas consensuadas de domi- nación, y, por el otro, se reclaman y prevalecen modalidades de poder y dominación autoritarias; finalmente, como efecto del peso de la monopolización económica en la historia de la región, en especial de aquellas fracciones de la burguesía que se asociaron subordinadamente con el capital extranjero, o bien por las inversiones directas de este capital, el Estado dependiente latinoameri- cano tiende a servir principalmente a los intereses de grupos y bloques monopólicos, por lo que mayoritariamente suele representar y operar exclusivamente en beneficio de éstos.

rias décadas de un mercado desregulado, generaron grandes problemas práctica- mente sobre todos los sectores de la economía norteamericana. Como menciona David Harvey (2012, p. 12), se trataba de la madre de todas las crisis, puesto que la confianza de los consumidores se desplomaba, se detenía la construcción de nuevas viviendas, se debilitaba la demanda efectiva, disminuían las ventas al por menor, crecía el desempleo y cerraban almacenes y fábricas. Muchas de las figu- ras emblemáticas tradicionales de la industria estadounidense estuvieron cerca de la bancarrota y hubo que organizar su rescate temporal.

Rápidamente los efectos se expandieron al resto del planeta, lo que llevó a una recesión generalizada, en la que el comercio y la economía mundial su- frieron graves afectaciones. Si bien en sus inicios se expresó como un problema exclusivamente financiero, esto sólo fue la cara visible y el punto de partida de lo que Robert Brenner (2009, pp. 11-22) distinguió como el declive profundo y du- radero de la tasa de rendimiento global debido a la sobrecapacidad en las indus- trias manufactureras mundiales que causó el colapso del comercio y la economía mundial.⁴ Esto suscitó un descenso espectacular del comercio en 2009, cuando se registró un volumen del −12.2 %, debido en parte a la reducción de los precios del petróleo y otros productos primarios, además de que la producción mundial medida por el producto interno bruto (PIB) disminuyó el 2.3 % en el mismo año, primera vez que se registró un descenso de estas características desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Considerados en conjunto estos hechos supusieron la desaceleración económica mundial más pronunciada desde la gran crisis de 1929 (Organización Mundial del Comercio [OMC], 2010).

Dicho colapso representó el inicio de la debacle de la actual fase de mun- dialización de la economía global de libre mercado, pues, como menciona el economista Michael Roberts (2022), tras la crisis financiera de 2008, el mundo se sumergió durante la década de 2010 en una gran recesión. Este escenario llevó a que durante este periodo la economía y el régimen de acumulación global vi-

4 Brenner (2009, pp. 11-22) detalla que la causa principal, aunque no la única, del declive de la tasa de beneficio ha sido una tendencia persistente a la sobrecapacidad en las industrias manufac- tureras mundiales, refiriéndose a que nuevos poderes industriales fueron ingresando uno tras otro al mercado mundial: Alemania y Japón, los nuevos países industrializados del noreste asiático, los tigres del sudeste asiático y, finalmente, el Leviatán chino. Esas economías de desarrollo tar- dío producían los mismos bienes que ya producían las economías más tempranamente desarrolla- das, pero más baratos. El resultado ha sido un exceso de oferta en relación con la demanda en una industria tras otra, y eso ha implicado precios y, por lo mismo, beneficios bajos. Las empresas que han sufrido reducción de beneficios, además, no han abandonado dócilmente sus industrias: han intentado conservar su lugar recurriendo a la capacidad de innovación, aumentando la inversión en nuevas tecnologías. Huelga decir que eso no ha hecho más que empeorar la sobrecapacidad a causa de la caída de su tasa de rendimiento, pues los capitalistas obtenían plusvalías cada vez me- nores a sus inversiones. De ahí que aminoraran el crecimiento en maquinaria, equipo y empleo, y, al mismo tiempo, a fin de restaurar la rentabilidad, contuvieran las indemnizaciones por desem- pleo, mientras los gobiernos reducían el gasto social. Pero la consecuencia de todos estos recortes de gasto ha sido un problema de demanda agregada a largo plazo. La persistente endeblez de la demanda agregada ha sido el origen inmediato de la endeblez a largo plazo de la economía.

gente perdieran dinamismo, tal cual sucedió con dos de sus principales variables dinámicas: el comercio y la inversión extranjera directa (IED), mientras que entre 1990 y 2007 el volumen del comercio mundial de bienes se expandió a una tasa media del 6.3 % anual, entre 2012 y 2021 apenas lo hizo a un 2.4 % anual. Por su parte, sólo en 2015 y 2016 los flujos anuales de IED superaron ligeramente su nivel máximo anterior a la crisis (1.9 billones de dólares), alcanzado en 2007. La participación del comercio de bienes en el PIB mundial alcanzó su nivel máximo histórico (25 %) en 2008, y en 2021 llegó al 23 %. Por su parte, la participación de los flujos de IED en el PIB mundial alcanzó su máximo (4 %) en 2000, y en 2021 apenas llegó al 1.6 % (Comisión Económica para América Latina y el Cari- be [CEPAL], 2023, p. 33).

Esta pérdida de dinamismo en la economía mundial expresó lo que Marx (2009) identificó como la baja tendencial de la tasa de ganancia, ya que, de acuer- do con un análisis realizado por Roberts (2020), la actual fase de acumulación capitalista se ha distinguido por la relativa recuperación neoliberal al colapso de la tasa de ganancia ocurrido entre finales de la década de los años sesenta y principios de los ochenta. Pues, aunque hay un corto periodo en el que la renta- bilidad se recuperó mínimamente al iniciar esta fase (alcanzó su punto máximo a finales de los noventa), se mantuvo a un nivel todavía muy por debajo de la edad de oro del capitalismo, ocurrida después de la Segunda Guerra Mundial y hasta mediados de los años sesenta; asimismo, en el llamado periodo neoliberal, la tasa de ganancia después de su caída a finales de los años noventa no retornó a sus niveles máximos; por el contrario, mantuvo una caída constante en los años posteriores hasta llegar al periodo de 2009-2019, en el cual se estancó y sufrió sus peores caídas.⁵

De esta forma, si el problema fundamental de la Gran Recesión radicó en la dificultad que enfrentaba el sistema para mantener en un inicio la tasa de be- neficio global y más tarde al menos optar por su recuperación, los recursos para la salvación de la propia economía mundial se encontraban en esta misma escala y nivel de comportamiento, por lo cual era necesario estimular el crecimiento de la tasa de ganancia mundial a través de incrementar la explotación y a su vez au- mentar la cuota de plusvalía en el marco de la vigente división internacional del trabajo. En este sentido, ante la necesidad de disponer de una mayor tasa de plus- valía, el peso de la solución recayó sobre la dinámica interna de las economías dependientes, gracias a las condiciones establecidas en la actual división interna- cional del trabajo, en la que se acentúa la baja composición orgánica del capital a diferencia de los niveles cada vez mayores en las economías desarrolladas y, fun- damentalmente, por la superexplotación del trabajo o la remuneración por debajo

5 Roberts (2020) señala que esta restauración pudo efectuarse en lo fundamental elevando la tasa de plusvalía a través de una contracción real de los salarios, reduciendo los costes laborales en general y aumentando la tasa de plusvalía.

del valor de la fuerza de trabajo, en tanto sello característico de las economías subdesarrolladas, permite elevar la tasa y la masa de plusvalía sin alterar la com- posición orgánica del capital o sin presionar a la baja la tasa de ganancia (Osorio, 2018).⁶ Dicho de otra manera, este periodo supuso en el fondo descargar sobre la fuerza de trabajo de las regiones, economías y países periféricos y dependientes la solución a la crisis del capital a escala global y la caída tendencial de la tasa de ganancia, que conllevó a su vez la agudización de la tendencia histórica del capitalismo al desarrollo desigual y combinado.

En el caso de América Latina, después de un periodo relativamente fructífero durante la primera década del siglo XXI, en el que la región logró una inesperada estabilidad en materia económica, incluso por momentos se evidenció un vertigi- noso crecimiento que permitió procesos de mejora distributiva,⁷ principalmente gracias al incremento en los valores y demanda de las materias primas que lle- varon incluso a calificar dicho periodo como el superciclo de materias primas o también como el boom de las commodities, dicha tendencia se comenzó a revertir como resultado de la crisis económica global y los remedios aplicados a las eco- nomías dependientes para tratar de contrarrestar sus efectos, lo que llevó a una desaceleración del comercio externo; bajo dinamismo económico; estancamiento de la producción; reducción de los recursos y gastos públicos; descenso en la redistribución del ingreso; crecimiento de la informalidad, y aumento del des- empleo y altos niveles de pobreza y desigualdad. Todo esto significó un mayor deterioro en las condiciones de vida de la población de esta región.

Ante ello, el patrón exportador de especialización productivo de bienes pri- marios y básicos comenzó a perder fuerza como consecuencia de su imposibilidad para enfrentar la crisis mundial y servir a estimular el crecimiento de la tasa de

6 En relación con esto, basta recordar la explicación que sostiene Marx (2009) sobre las causas contrarrestantes que interfieren en la tendencia a la baja de la tasa general de ganancia; por un lado, el incremento de los grados de explotación, a través de la prolongación de la jornada labo- ral y de la intensificación del trabajo, y, por otro, la reducción del salario por debajo de su valor como “una de las causas más importantes de contención de la tendencia a la baja de la tasa de ganancia” (p. 301).

7 Sin crisis financiera desde 2002-2003, la región mantuvo su crecimiento durante seis años consecutivos (2003-2008) con un PIB per cápita superior al 4 % en todos los años, hecho inédito al menos durante los últimos cuarenta años, alcanzando incluso en 2004 un crecimiento del 6.1 %; en 2005 del 4.9 %; en 2006 y 2007 del 5.8 %, y en 2008 de 4.2 %. Fue hasta 2009 que se contrajo un –1.9 % (CEPAL, 2009, p. 15). De acuerdo con la CEPAL (2008), este crecimiento sostenido se vio traducido en “equilibrio fiscal, estabilidad inflacionaria, solvencia externa y mejor calidad del empleo” con una “reducción de las tasas de desocupación y en una mayor participación” de trabajadores con protección social. Todo esto llevó a que disminuyera la pobreza nueve puntos porcentuales entre 2002 y 2007 (pp. 13-14).

ganancia global dada su condición de dependencia. Los primeros efectos se sintie- ron de manera inmediata en plena caída financiera global, cuando se interrumpió la fase del crecimiento económico regional, que se expresó principalmente en un marcado impacto negativo del comercio exterior que afectó la economía de la re- gión: después de crecer en promedio un 17 % anual entre 2003 y 2008, el valor de las exportaciones cayó abruptamente. Durante el primer semestre de 2009, el valor de las exportaciones de la región disminuyó un 31 % con respecto al mismo perio- do de 2008, con una caída del 15 % en volumen y el 18 % en precio, mientras que el valor de las importaciones se redujo un 29 %, con una caída del 25 % en volumen y del 5 % en precio, lo que significó un deterioro de los términos de intercambio del 12 % y una contracción del PIB del –1.9 % (CEPAL, 2009).

Posteriormente, si bien la región sufrió la caída de mayor magnitud en la actividad económica registrada hasta ese momento en su historia, se recuperó de forma muy acelerada: en dos trimestres la región volvió a mostrar tasas de creci- miento similares a las observadas antes de la crisis (CEPAL, 2010); sin embargo, los efectos de esta crisis económica mundial nuevamente se hicieron presentes en los siguientes años. El pobre desempeño del comercio mundial desde finales de 2011 y especialmente durante 2012 abrió una nueva etapa en el comercio de América Latina representada por la caída creciente en el volumen, precio y valor de las exportaciones, que, a pesar de una breve recuperación en 2017 y 2018, continuó y tocó fondo nuevamente en 2020.

En particular, el comercio exterior regional tuvo un desempeño muy des- favorable en el cuatrienio 2012-2016, incluso con un mayor impacto que el pa- decido durante la crisis de 2008 y 2009, el cual llevó a que en este periodo el índice de precios de la canasta exportadora de la región acumulara una baja del 35 % (CEPAL, 2016); la consecuencia fue que se clausuró el ciclo de auge de los precios de las materias primas. Aunque desde mediados de 2019 comenzó una desaceleración generalizada en toda la región, debido entre otros factores al agravamiento de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, se agudizó de nueva cuenta con la crisis sanitaria global por covid-19 en enero de 2020, pues el comercio y las actividades productivas se paralizaron en todo el planeta, golpeando fuertemente a la economía mundial, que tuvo ese año una caída de volumen del comercio del 5.3 % y del PIB del 3.6 % (OMC, 2021).

Aunque esta contracción mundial se produjo básicamente en el primer semestre de 2020, cuando las políticas sanitarias fueron más duras,⁸ y comenzó a recuperarse de manera inmediata al inicio del segundo semestre del mismo año, cuando las medidas de distanciamiento comenzaron a flexibilizarse en algunos

8 En mayo de 2020, el volumen del comercio mundial cayó un 16.9 % con respecto al mismo mes de 2019, con lo cual la caída en los primeros cinco meses de ese año fue superior al descenso del comercio en 2009, cuando se registró un volumen del –12.2 % (CEPAL, 2021b).

países, América Latina sufrió un impacto mayúsculo en esta coyuntura sanitaria, ya que la crisis económica y social se prolongó más allá de lo padecido en otras partes del mundo y se convirtió en la región más afectada debido a las dinámicas que en las últimas décadas mantuvieron vigente su condición estructural de de- pendencia. Esas dinámicas se ven expresadas particularmente en su papel subor- dinado dentro del encadenamiento global y en el conjunto del comercio interna- cional fuertemente afectado por la reducción de los intercambios comerciales; su vocación primaria y la caída de los precios de estos productos; el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales, que engrosó buena parte de las deudas externas de los países; una menor demanda de servicios turísticos, que son el motor económico de un número importante de países de la región, y la reducción de las remesas.

De esta manera, por ejemplo, la caída del PIB en 2020 en esta región fue del 6.8 %, casi el doble en comparación con el promedio mundial (CEPAL, 2021b). Por otra parte, en la etapa más crítica de la pandemia, de diciembre de 2019 a mayo de 2020, la caída del volumen del comercio mundial de bienes fue del –18.3 % en exportaciones y –15.8 % en importaciones, mientras que a nivel regional el porcentaje fue mucho mayor: –26.1 % y –27.4 %, respectivamente (CEPAL, 2020c); asimismo, en todo el 2020, el valor de las exportaciones regio- nales se redujo un 10 % (CEPAL, 2021a) frente a un 8 % a nivel mundial (OMC, 2021) y, además, América Latina tuvo una menor recuperación que el promedio mundial respecto a los volúmenes exportados en los ocho primeros meses de 2021 con un 7 % respecto al 12 % global (CEPAL, 2021b).

Sin embargo, aunque la emergencia sanitaria provocó un duro golpe a la economía de la región, como se expuso líneas arriba, desde años anteriores ésta ya se encontraba sobre una base muy endeble, y la pandemia sólo terminó por acentuar la crisis. Muestra de ello fue que en el decenio posterior a la crisis fi- nanciera mundial (2010-2019) la tasa de crecimiento del PIB regional disminuyó del 6 % al 0.2 % en promedio; de hecho, el periodo de 2014-2019 fue el de menor crecimiento desde la década de los cincuenta (0.4 %) (CEPAL, 2020b). Asimis- mo, la deuda pública bruta de los Gobiernos centrales creció considerablemente en el último periodo, pasando del 30.6 % del PIB en 2010 a un 46 % del PIB registrado en 2019 e incrementando 9.3 puntos porcentuales en 2020 al registrar un 55.3 % del PIB (CEPAL, 2020a).

En consecuencia, las condiciones de vida, sociales y laborales de la po- blación sufrieron graves deterioros y una ofensiva por parte de las clases y sec- tores dominantes, quienes endurecieron los métodos para incrementar los niveles de explotación del trabajo y la depreciación de la fuerza de trabajo. Como señala la CEPAL (2021a), después de más de un decenio de crecimiento relativamente acelerado en Latinoamérica, durante el que aumentó la participación laboral y disminuyó la desocupación y la informalidad laboral, desde 2015 los indicado-

res del mercado de trabajo muestran tendencias adversas, caracterizadas por el paulatino incremento de la desocupación y el empeoramiento de la calidad del empleo, situación que se agravó drásticamente por los profundos efectos de la crisis sanitaria, económica y social causada por la pandemia de covid-19; esto ha llevado a una fuerte contracción del empleo en los países de la región, sobre todo por la progresiva incapacidad de absorber la oferta de mano de obra y crear empleos de carácter formal, con ingresos laborales más altos y estables, y dar cobertura a los sistemas de protección social.

Entre las consecuencias más significativas de esta situación se encuentra el aumento en la tasa de desocupación, la cual pasó del 6.3 % en 2008 al 8 % en 2019, y al 10.6 % en 2020 (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2021a); se estimaba que antes de la pandemia esta tasa incluía aproximadamente

26.3 millones de personas que buscaban un empleo sin conseguirlo (CEPAL y OIT, 2020). Por otra parte, en cuanto a la informalidad es muy significativo su aumento en el último periodo, ya que, tras un avance en materia de formaliza- ción entre 2003 y 2014, desde ese último año la informalidad ha venido incre- mentándose sistemáticamente, pasando de representar el 49.5 % del total de los ocupados en 2014 a concentrar el 50.6 % en 2018 y el 51 % en 2019 (OIT, 2020). Además, debido a la emergencia sanitaria, alrededor de 26 millones de personas perdieron sus trabajos durante 2020 (OIT, 2021b).

En este mismo contexto, la recuperación parcial del empleo desde la se- gunda mitad de 2020 fue liderada por las ocupaciones informales, las cuales re- presentaron alrededor del 70 % o más de la creación neta de trabajo a partir de este periodo y hasta mediados de 2021 (OIT, 2021b). En la misma sintonía, en la década de 2010 hubo una desaceleración del crecimiento de los salarios mínimos reales. Particularmente, desde 2014 la tendencia de los aumentos salariales ha sido decreciente, y en 2019 la mediana de las tasas de crecimiento del salario real del empleo registrado fue la más baja de los últimos años (1 %) (CEPAL y OIT, 2020).

Adicionalmente, como señala la OIT, en los últimos dos decenios el nú- mero total de horas trabajadas a nivel global ha aumentado en término medio; sin embargo, dentro de esta tendencia el promedio de las horas trabajadas dismi- nuyó en los países de ingreso más alto, y aumentó en los países de ingreso más bajo, particularmente esto ocurrió desde el peor momento de la Gran Recesión desencadenada por la crisis financiera de 2008 (OMC, 2017). Específicamente al hablar de América Latina, el promedio de horas efectivas de trabajo semanales en 2019 fue de 40.4 horas. Aunque esta cifra se ubicó por debajo de la media mun- dial, que fue de 44.2 horas, estuvo por encima del promedio de horas de trabajo semanales de las regiones y economías desarrolladas, es decir, de América del Norte y Europa septentrional, meridional y occidental (36.9 horas).⁹

9 De acuerdo con la OIT (2023), las regiones con los promedios más altos de horas de trabajo

De igual manera, persiste una situación desigual con los trabajadores que tienen una semana laboral de más de 48 horas, pues las extensas jornadas les generan profundos y múltiples efectos negativos. Esta condición se da princi- palmente por los bajos salarios que se pagan por hora, ya que los trabajadores a menudo tienen que trabajar más horas sólo para poder cubrir sus gastos del mes. Aproximadamente, en 2019, antes del inicio de la pandemia, un tercio de la población ocupada mundial (35.4 %) trabajaba más de 48 horas semanales. La proporción de trabajadores con una semana de trabajo larga es sustancialmente menor en los países desarrollados que en los subdesarrollados, esto es, las tasas más altas se encuentran en las economías más pobres y con menor ingreso. Así pues, es de esperar que América Latina tenga un mayor porcentaje de trabajado- res con una semana laboral de más de 48 horas (19.5 %) que el de las economías centrales y desarrolladas: América del Norte (13.8 %) y Europa septentrional, meridional y occidental (11.6 %).¹⁰

Asimismo, después de más de una década de avances en la reducción de la pobreza y pobreza extrema en América Latina, a partir de 2015 volvieron a aumentar. En ese año, el porcentaje de la población de la región que se encontra- ba en esa circunstancia era del 29.8 % en pobreza y 10.4 % en pobreza extrema, que traducido en millones de personas son 171 y 52, respectivamente. En los años siguientes, el incremento fue constante, pues creció 0.7 puntos porcentuales promedio por año hasta 2019, año en que el 30.5 % de la población se encontraba en situación de pobreza, porcentaje equivalente a cerca de 187 millones de per- sonas; de éstas, 70 millones, es decir, 11.3 % de la población, se encontraban en situación de pobreza extrema.

Finalmente, en 2020 la situación se agravó: el 33 % de la población de América Latina se encontraba en situación de pobreza y un 13.1 % vivía en con- diciones de pobreza extrema. Esto significa que aproximadamente 204 millones de personas no tenían ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y de ellas 81 millones carecían incluso de los recursos para adquirir una canasta básica de alimentos. En otras palabras, la tasa de pobreza se ubicó en un nivel similar al de finales de la década del 2000, mientras que la pobreza extrema se elevó a niveles registrados veinte años atrás (CEPAL, 2022). Esto contrasta con el saldo positivo de los multimillonarios de la región, que incrementaron su pa- trimonio un 14 % entre 2019 y 2021 (CEPAL, 2022).

Por otra parte, si bien debido a la pandemia y a la crisis sanitaria se am- pliaron las medidas y los programas de protección social, principalmente orien-

semanales son Asia meridional (50.9 horas) y Asia oriental (49.5 horas).

10 Según los datos de la OIT (2023), las proporciones más elevadas de trabajadores con una se- mana laboral larga se registran en Asia meridional (57.1 %) y Asia oriental (47.7 %). África es el segundo continente con mayor proporción de trabajadores con semanas laborales largas (27.2 %), sobre todo África septentrional (40.0 %).

tados al tema de salud y reactivación económica, en los últimos años hubo una disminución de la protección social, tanto la vinculada a los aportes realizados en función de la inserción laboral de los trabajadores (contributiva) como la finan- ciada exclusivamente a través de impuestos generales (no contributiva), lo que arrojó la desprotección de grupos y sectores sociales principalmente en materia de sistemas de pensiones y salud, un fenómeno que se asocia con el alto nivel de informalidad laboral y la pérdida de sistemas universales de protección social.

Esto se vio reflejado en la disminución del porcentaje de cobertura efecti- va del sistema de pensiones en la población económicamente activa, la cual pasó de un notable incremento entre 2000 y 2009 (de 35.4 % pasó a 43.5 %) a tener entre 2010 y 2019 un crecimiento considerablemente menor (de 45.5 % pasó a 46.8 %). Esta situación se agravó con la crisis por covid-19, pues se intensificó la caída que ya se observaba en 2019: se registró una reducción de 2.1 puntos por- centuales en la cobertura, que llegó al 44.7 % en 2020, y representó una pérdida agregada de 4 182 304 cotizantes entre 2020 y 2019 (CEPAL, 2022).

Por su parte, la pandemia colocó los reflectores sobre los sistemas de sa- lud en la región, destacando las dificultades de financiamiento, el bajo gasto pú- blico, los altos niveles de gasto privado provenientes del bolsillo de las personas y la fragmentación de los sistemas que en su conjunto condicionan la cobertura, capacidad y calidad en la atención a la población. Por ejemplo, hasta 2019, poco más de la mitad del total del gasto en salud en América Latina provenía de fuen- tes públicas (56 %), lo que marca una notable diferencia con otras regiones que cuentan con sistemas de salud más desarrollados, como los países de la Organiza- ción de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), donde el 76 % del gasto es de origen público (CEPAL, 2022).

Por otro lado, antes de la crisis sanitaria, sólo el 60.5 % de la población ocupada estaba afiliada o cotizaba en los sistemas de salud (CEPAL, 2021a). Además, la disponibilidad promedio de 20 médicos por cada 10 000 habitantes en la región está muy por debajo de la cifra promedio de 35 médicos por cada 10 000 habitantes que alcanzan los países de la OCDE y de los parámetros recomenda- dos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es de un mínimo de 30 médicos por cada 10 000 habitantes, y una situación similar se vive en cuanto al número de camas hospitalarias disponibles: mientras que en América Latina hay

2.0 por cada 1000 habitantes, los países de la OCDE cuentan con 4.8 por cada 1000 habitantes, una diferencia muy marcada (CEPAL, 2022).

Tomando en cuenta los resultados expuestos, la tesis principal es que en la década de 2010 y principios de la siguiente América Latina transitó por lo que se puede calificar como un agotamiento del presente patrón de reproducción del capital. Aunque, si bien dicho patrón mantuvo las formas de valorización predominantes desde finales del siglo pasado, que permiten hacer efectivos los

ciclos del capital, éste se encuentra en una fase de declive o agotamiento, puesto que la mayor parte de los procesos y relaciones que permiten que transite por las esferas de la producción y de circulación encontraron en el más reciente periodo algún tipo de dificultad por mantener —y no se diga elevar o superar— las tasas de rendimiento y beneficio, y en particular su capacidad para reproducirse en un largo plazo. En este sentido, como determina Osorio (2005), el agotamiento de un patrón crea las condiciones para el surgimiento de uno nuevo, periodo que puede ser precedido por una etapa de transición, en la que el antiguo no termina de morir o de subordinarse, y el nuevo, de imponerse y prevalecer.

En la segunda mitad de la década de 2010, América Latina atravesó una coyuntu- ra política marcada por los problemas y dificultades que acarreó la imposibilidad de durabilidad de los Gobiernos democráticos tras las fases previas de transición y consolidación de sus regímenes. Ya que posterior a la etapa transicional de fina- les del siglo XX y primera década del presente siglo, en la cual la región vivió un periodo corto que se identifica como los años de consolidación democrática entre 2009 y 2016, en donde en tan sólo ocho años se llevaron a cabo treinta y cuatro comicios presidenciales, diecisiete de ellos entre 2013-2016, que representó para la narrativa liberal la satisfacción plena por ver consolidada la alternancia en el poder en la mayoría de los países latinoamericanos sin lo que llaman los “trau- mas” y la violencia política del pasado (Morlino, 2014, p. 9), las “sólidas” demo- cracias se desvanecieron, con lo cual se vieron obligadas a enfrentar su realidad.

Esto se vio expresado con la agudización de la lucha de clases, la rearti- culación y acumulación de fuerzas de organizaciones populares, y la capacidad de dirección y respuesta de partidos políticos y movimientos de corte progre- sista. Entre los casos más representativos de estos fenómenos se encuentran los siguientes: en México, después de un sexenio que desde antes de la elección pre- sidencial de Enrique Peña Nieto estuvo marcado por múltiples episodios de lucha y protesta por parte de sectores populares, se conformó el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y obtuvo la victoria presidencial en 2018 con el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador; en Argentina, más de cuatro años de huelgas generales, marchas y protestas en contra de Mauricio Macri, y la victoria presidencial del peronismo de centroizquierda en 2019 con Alberto Fernández; en Cuba, la elección de Miguel Díaz-Canel como presidente; en Ecuador, una ola de revueltas populares e indígenas en contra de las políticas económicas por parte del gobierno de Lenin Moreno; en Bolivia, el retorno del Movimiento al Socialismo (MAS) a la presidencia y el triunfo de Luis Arce en elecciones en 2020, después del golpe de Estado en contra de Evo Morales y la rearticulación

del movimiento social y popular boliviano para derrocar a la élite golpista en- cabezada por Jeanine Áñez; en Chile, en 2021, después de un largo tiempo de estallidos sociales y de protagonizar una enorme lucha social y popular, llegó a la presidencia Gabriel Boric, y en Perú, movilizaciones y protestas sociales que pusieron fin al gobierno conservador de Manuel Merino y que llevaron posterior- mente a Pedro Castillo a ganar las elecciones presidenciales; asimismo, en 2021, el triunfo de Lula da Silva en Brasil; Xiomara Castro en Honduras, y Gustavo Petro en Colombia, quienes asumen la presidencia de sus respectivos países des- pués de fuertes manifestaciones y un gran descontento popular.

Los enfoques y perspectivas que han abonado a la construcción teórica so- bre la democratización en América Latina dan como respuesta general a dicho en- torno una gravísima recesión democrática en la región (Ruiz, 2023, p. 5). Si bien en algunos casos sostienen que más que una crisis de la democracia representativa como arreglo institucional capaz de regular el conflicto político, con base en la par- ticipación popular y sin suprimir el pluralismo, es la maduración del descontento provocado por un ciclo histórico de expansión agresiva del mercado a la sociedad que vuelve presas a varias democracias concretas, terminan por privilegiar o inclu- so replegarse por completo a la idea de que la raíz del problema es “la construcción de instituciones estatales precarias, ‘débiles’ o de baja calidad en varias democra- cias jóvenes, incapaces de cumplir tareas básicas de gobierno con mínima eficacia” (Sánchez, 2021, p. 4). Es sobre este marco que se han hecho presentes al menos tres visiones predominantes sobre lo ocurrido en tiempos recientes en la región.

Una primera respuesta señala que una de las causas de la coyuntura que se vivió en los últimos años es resultado de la baja calidad y la debilidad de las democracias latinoamericanas,¹¹ es decir, que, a pesar de consolidarse, los p rocesos de participación e influencia política de la ciudadanía fueron insuficien-

11 Una definición puntual sobre calidad de la democracia es la siguiente: “La legitimidad demo- crática descansa en un pacto tácito entre ciudadanos y gobernantes. Los ciudadanos reconocen mediante su participación que el gobierno tiene derecho a gobernar y a exigir obediencia. Los gobernantes (y líderes) reconocen que este derecho está sujeto al consentimiento de los ciu- dadanos. Dentro de este marco pueden establecerse grados distintos de calidad, de modo que la legitimidad democrática es el piso mínimo sobre el que opera el análisis de la calidad de la democracia. Vincular calidad con legitimidad democrática implica centrar el análisis sobre los procedimientos establecidos para escoger y controlar los gobiernos, y para que los ciudadanos influyan en las decisiones de éstos: las reglas del juego y su funcionamiento real (instituciones formales e informales) y los derechos asociados con ellas; lo cual necesariamente conlleva dos elementos adicionales que se requieren para que haya legitimidad democrática: ciudadanía inclu- siva (sufragio universal) y derecho efectivo a la organización y participación. […] Todo conjunto de procedimientos políticos e instituciones debe ser considerado dentro del contexto social en que funciona, de forma que se pueda evaluar en qué medida los individuos y las organizaciones tienen posibilidades de acceso a la participación de manera libre e igual. Este punto dirige el análisis de la calidad de la democracia también hacia la sociedad civil y más ampliamente hacia las condiciones de organización y acceso a la información, los valores, y también hacia los meca- nismos y procedimientos institucionales para la representación: sistemas electorales, legislaturas, gobiernos regionales y locales” (Levine y Molina, 2007, p. 19).

tes o inadecuados para la selección, evaluación y rendición de cuentas de sus go- bernantes dentro de un marco pleno de igualdad y libertad, lo que resultó en una endeble legitimidad del mando político y, por lo tanto, una crisis de representati- vidad. De este modo, se sostiene que el descontento en las democracias contem- poráneas latinoamericanas está asociado a un malestar con la representatividad política, puesto que ésta no ha logrado generar el equilibrio entre la ciudadanía y las instituciones del Estado. Esto genera la falta de representación, desconfianza y a su vez falta de legitimidad por parte de las élites gobernantes vinculada con la inestabilidad institucional de los Estados, asociada, entre otras, a las crisis de la representación política, crisis de los partidos políticos y la actual crisis de la democracia liberal (Figueroa et al., 2021, pp. 39-40).

Por otra parte, también se hicieron patentes aquellas interpretaciones que ubican el estado actual en la región como producto del profundo desencanto de más de tres décadas por las promesas incumplidas por la clase política elegida democráticamente, o más precisamente sobre la falta de gobernabilidad demo- crática, es decir, una incapacidad de las instituciones, los procedimientos demo- cráticos y los gobernantes para conducir efectivamente los procesos sociales. De ahí que se señale que “hoy la cuestión de mayor preocupación es la gober- nabilidad de las democracias [...]. La incapacidad e ineficacia directiva de los gobiernos” (Aguilar, 2016, 107). Es decir, el problema, a diferencia de la anterior perspectiva, no recayó sobre los sistemas y procesos de elección democrática de los Gobiernos y la legitimidad de éstos, sino que

[…] una vez que el establecimiento del gobierno democrático y la restauración del go- bierno de leyes han resuelto en principio la cuestión de la legitimidad política del go- bernante, fue lógico que la cuestión sobre la capacidad directiva de los gobiernos se modificara (Aguilar, 2016, p.109).

Propiamente, en la segunda parte de la década de 2010, algunos problemas como el incumplimiento de promesas electorales, el deterioro en las condiciones de vida, la violencia o los casos de corrupción política significaron lo que ciertos autores señalan como la desconfianza en los regímenes democráticos en América Latina, “la cual tiene su correlato en una mayor desafección en el sistema demo- crático” (Quiroz, 2019, p. 221). Esto, podría decirse, conduce irremediablemente a una “inestabilidad política”.

La tercera perspectiva, la cual quizás sea la más difundida y al mismo tiempo la que ideológicamente es más replicada desde posiciones conservado- ras, plantea la idea de que la democracia representativa está bajo asedio y a la defensiva de lo que es una deriva autoritaria (Ruiz, 2023, p. 5). Su argumento parte de valorar que las promesas incumplidas de las democracias parecen estar generando el caldo de cultivo propicio para “sacudir” el tablero y están volviendo atractivas opciones que hace apenas unos años parecían “peligrosas o absurdas” (Woldenberg, 2021, p. 16). De acuerdo con esta idea, este asedio amenaza al

orden democrático por parte de una revuelta populista global liderada por pode- res y personalidades autoritarias: “nuevos hombres fuertes concentran el poder, adoptan estilos autoritarios de gobierno, estigmatizan la oposición y transgreden las reglas democráticas” (Woldenberg, 2021, p. 16). En todo los casos se distin- guen por afirmar que no es la democracia la que está en tela de juicio, sino la crisis, declive o desgaste de los partidos políticos tradicionales, en particular de aquellos que promueven la estabilidad y la desradicalización de los partidos “ex- tremistas” (Corrales, 2022); por más evidencias que se tengan, critican la idea de la existencia de élites corruptas y la aparición del pueblo como oposición a éstas; encasillan de manera simplista en un mismo perfil lo que llaman populismos de izquierda y de derecha, y, finalmente, señalan que la irrupción y fortaleza de los liderazgos populistas se debe gracias a que canalizan el “resentimiento social” del pueblo, polarizan a la sociedad y su política se basa en promesas incumplidas. Para esta corriente, lo que persiste es una “fórmula populista” que amenaza a la democracia al hacer

[...] un uso instrumental de las leyes y de las instituciones para crear terrenos electorales desiguales; se usa el poder como posesión personal del líder que otorga beneficios y favores a cambio de votos, y se silencian las voces críticas para regular la esfera pública, la sociedad civil y adoctrinar al pueblo en la “verdad” del líder”. [...] Los populistas minan las instituciones formales (cortes, legislativos y agencias regulatorias) por con- siderarlas creaciones de la “élite corrupta”. Cuando ganan elecciones democráticas, no consiguen autolimitarse y, en cambio, vacían y politizan las instituciones formales de la democracia liberal. Por otra parte, los populistas redefinen al “pueblo”, con frecuencia mediante la exclusión de minorías étnicas o religiosas vulnerables, inmigrantes y grupos económicos marginados. El resultado es el gobierno de la mayoría sin derechos para las minorías. Además, los populistas erosionan las normas informales de la democracia. Cuestionan la lealtad de la oposición y consideran que cualquier crítica es falsa. En vez de tolerar la prensa libre y la oposición política, tratan de minar su legitimidad. (Ruiz, 2023, pp. 9-10)

En síntesis, se puede decir que la respuesta convencional para solucionar los problemas políticos que enfrenta América Latina se encuentra solo en la reformu- lación de la democracia, pues, si bien es imposible negar que la región atraviesa una crisis política, estas perspectivas justifican dicho contexto al señalar que:

[...] la distancia entre el ideal democrático y los regímenes efectivos siempre exigió ajustes constantes, así que la capacidad adaptativa, tanto como las crisis, es un elemento constitutivo de las democracias reales. [...] La gravedad de la crisis actual se debe a que involucra un conjunto de desafíos simultáneos en vez de consecutivos, que podían en- frentarse mediante reformas graduales. (Malamud, 2019, p. 38)

Estos planteamientos se vuelven limitados a la hora de definir lo sucedido en América Latina, ya que no se considera la crisis de la economía global capitalista, su expresión en la región y los efectos sobre las condiciones de vida de las clases trabajadoras y los sectores populares como marco para explicar lo sucedido en términos políticos, mucho menos le otorga un lugar preponderante. Tampoco se mira que en la mayor parte de los casos se trata de un descontento de las clases dominadas y las masas populares, quienes expresan su malestar en protestas,

manifestaciones y revueltas sociales que poco o nada tienen que ver con fallas y desperfectos procedimentales dentro de los sistemas democráticos. Menos aún señalan que el gran desencanto se dio durante la segunda parte de la década de 2010, en la cual el grueso de los Gobiernos y los grupos políticos en la región representaban lo que denomina Rafael Domínguez Martín (2020) como la res- tauración neoliberal-conservadora y el ascendente autoritarismo. Al respecto, el autor distingue que, a partir del desprestigio a los Gobiernos y partidos progre- sistas, llegaron al Gobierno “líderes alternativos de nueva derecha autoritaria, caras jóvenes y dinámicas, […] y aparentemente bien formados, procedentes del entorno empresarial transnacionalizado” (p. 26), tales como Mauricio Macri en Argentina; Enrique Peña Nieto en México; Jair Bolsonaro en Brasil; Lenin Mo- reno en Ecuador; Sebastián Piñera en Chile; Mario Abdo Benítez en Paraguay, e Iván Duque en Colombia.

Estos Gobiernos apegados al Estado de derecho, bajo las normas, reglas y principios básicos de los sistemas democráticos como son el pluralismo, el equilibrio de poderes y la continuidad de los procesos electorales, entre otros, y en especial, a nombre de las libertades y derechos de los ciudadanos, pusieron en marcha medidas autoritarias y estrategias fascistas para hacer frente a las de- mandas de las clases dominadas y desarticular la organización social y popular que luchaba en contra de las políticas de sus Gobiernos. Prueba de ello fue lo sucedido durante la década del 2010 en países como Ecuador (2010), Argentina (2014), Brasil (2016 y 2017), Paraguay (2017), Bolivia (2019) y Perú (2022) y que Cecilia Lesgart (2019) llama los golpes dentro de la democracia en tanto:

[...] acción o un conjunto de acciones que sacuden y suelen hacer caer gobiernos elegi- dos democráticamente mediante sufragio universal. [...] No es necesariamente un golpe militar, ni una acción llevada a cabo por un actor colectivo, estatal y en coalición con actores de la sociedad civil que quiebran el orden político asentado en las instituciones, rompen con la legalidad y con la legitimidad constitucional y/o asentada en el derecho positivo. Actualmente, los golpes intentan ser definidos como acciones ofensivas que se presentan en o dentro de la democracia. Estos nuevos conceptos abrazan un cúmulo heterogéneo de acciones en un conjunto diverso de países de América latina. Sin haber hallado aún un nombre común para designarlos, los términos golpe parlamentario, gol- pe constitucional, golpe institucional, suelen referirse a la acción realizada por actores que se desenvuelven conociendo la Constitución y poseyéndola en la mano, que actúan desde las instituciones democráticas de un gobierno elegido por el pueblo a través de elecciones libres, limpias, abiertas y a intervalos regulares de tiempo (pp. 180-181).

Otra muestra del ascendente despotismo de los gobiernos democráticos fue su re- acción y las medidas autoritarias a las demandas sociales, políticas y económicas que descenderían una ola de protestas, manifestaciones o revueltas en el último periodo a largo de la región, causando en el año 2019 la muerte de 8 personas en Ecuador, 34 en Chile y 37 en Bolivia; en 2021 en Colombia fueron asesinadas 83 personas, y en 2022 y 2023, 47 en Perú.

Asimismo, se hicieron presentes organizaciones sociales y líderes polí-

ticos cuyos proyectos y programas se sustentan en una ideología fascistas y ul- traconservadora, que actuando desde la institucionalidad democrática, en contu- bernio, paralelo o bajo reconocimiento de ella, han construido fuerzas políticas capaces de dar revés a los más importantes derechos humanos, políticos y socia- les que desde los principios de la igualdad y la libertad dieron vida a la democra- cia y la ciudadanía en América Latina; posicionando por el contrario su agenda política, social, cultural y económica ultraliberal desde el racismo, la xenofobia, el elitismo, el sexismo y el anticomunismo.

A pesar de este contexto, aún hay quienes afirman que la democracia libe- ral “seguirá siendo el único régimen político que nos permita librarnos de nues- tros gobernantes sin derramamiento de sangre” (Malamud, 2019, p. 42). Por tanto, más que hablar de una tercera fase de durabilidad de los Gobiernos de- mocráticos del ciclo de democratización de América Latina, se puede considerar como la fase de autoritarismo democrático propio del declive o el agotamiento de este régimen político.

De este modo, se puede concluir que, como apunta Osorio (2018b), este periodo estuvo marcado por la llegada a su fin de la llamada transición a la de- mocracia y sobre la cual se abrió una reconfiguración de las formas de gobierno que emergieron de aquel proceso, con la puesta en marcha de nuevas formas estatales. Así, tomando en cuenta el endurecimiento de las medidas de explota- ción y dominación sobre la fuerza de trabajo, y una mayor degradación de las condiciones de vida de las clases trabajadoras y los sectores populares, se abrió a finales de la segunda década del presente siglo una crisis en el sistema de domi- nación en el grueso de los regímenes políticos latinoamericanos como resultado del agotamiento del patrón de exportación de especialización productiva y su impacto económico y social.

No es una mera crisis de representación o crisis de la democracia como aseguran algunas perspectivas liberales y predominantes dentro de los estudios políticos. Es una crisis cuya particularidad histórica radica en la imposibilidad de mantener la capacidad y estabilidad de las relaciones de dominación, el recono- cimiento del mando político y la dirección o hegemonía política por medio de los mecanismos, las vías procedimentales, el ordenamiento institucional y el marco ideológico de la forma de gobierno de la transición democrática. El resultado vi- sible es el desplazamiento de los grupos, partidos y gobernantes que alcanzaron la administración de los aparatos de Estado en las últimas décadas bajo la bande- ra de la transición a la democracia y que habían dado impulso al presente patrón de capital y sus políticas de desregulación y liberalización económica tal cual el día de hoy se conocen.

Frente a las crisis del sistema de dominación en la región, entendida como la ruptura en las formas estatales preestablecidas, emergieron gobiernos que bus- can poner en marcha de nuevas formas estatales que a pesar de sus diferencias tienen en común restablecer desde la comunidad estatal las relaciones de poder y dominación. Es en este sentido que el tema de la democracia deja de ser rele- vante para la construcción de este marco, por lo cual, a pesar de que los nuevos gobiernos llegaron en su mayoría a través de vías y procesos democráticos, hoy sus programas políticos dan cuenta de otro tipo de mecanismos para obtener su reconocimiento, mantener la estabilidad política y dirigir su proyecto de Estado.

En otras palabras, si bien los procesos electorales o el pluralismo político no desaparecen de los distintos países que conforman la región, estos ya no son los campos de batalla predilectos en donde se dirimen los asuntos políticos, ni mucho menos se garantiza que con la simple afirmación de las libertades y los derechos políticos de los ciudadanos, que hacen posible entre otras cosas garan- tizar la alternancia, puedan ser viables los proyectos políticos. Con lo anterior, se puede concluir que en la actualidad hay al menos tres formas predominantes de gobierno que buscan reconstruir la forma estatal en la región: los gobiernos de fuerte seguridad nacional y control social como sucede en El Salvador y Ecua- dor; los gobiernos de tipo reaccionario y ultraliberales como el caso de Perú y Argentina; y finalmente, los gobiernos de la construcción de un nuevo pacto social y neoprogresistas como son los gobiernos de Brasil, México, Colombia, Chile, Hondura, Bolivia y Guatemala. ֍