Introducción

Los territorios rurales en Latinoamérica han partido de una mirada dicotómica y de codependencia entre la ciudad y lo rural (Chávez, 2018; Grajales-Ventura & Concheiro-Bórquez, 2009). Este contraste ha llevado a observar la ruralidad como el territorio de baja densidad que mantiene formas económicas basadas en la producción agrícola, con bajos niveles de crecimiento económico, y a relacionarlo con el atraso y la falta de progreso y desarrollo, dados los altos niveles de desigualdad (CEPAL, FAO, IICA, 2021; Gómez, 2003).

Las relaciones de codependencia entre la ciudad y la ruralidad partieron de un desbalance que presionaba a las zonas rurales en lo relacionado con necesidades urbanas, abastecimiento y procesos de territorialización formal y de producción hacia las mismas. Paralelo a los fenómenos de encadenamiento urbano-rural generados a partir de los procesos de migración, así como a las problemáticas sociales, culturales y ecológicas, consecuencia de la adaptación de las comunidades a la visión productiva del desarrollo rural, se encuentran modelos de desarrollo regional con enfoques basados más allá de lo agropecuario. Estos modelos evidencian una perspectiva multifuncional de la agricultura (Gómez y Tacuba Santos, 2017; Machado, 2009; Melo et al., 2016) y un surgimiento en la participación del mercado en la creación de empresarios agrícolas y en la tecnificación del campo con modelos que abogan por la autonomía, la autogestión y la autodirección del progreso de las comunidades (Rosas-Baños, 2013; Cepal, FAO, IICA, 2021).

En este contexto, emerge el concepto de Nueva Ruralidad, que en Latinoamérica implica cambios de perspectiva con respecto al territorio rural; nuevas relaciones urbano-rurales; actividad económica no agrícola en dicho territorio, y servicios y certificaciones agroambientales con comunidades participativas que reconocen el valor del patrimonio ecológico y cultural y que se agencian para protegerlo. Adicionalmente, se establecen redes de comercio entre territorios (Rojas López, 2008) que contribuyen al crecimiento y a la reducción de la pobreza en las áreas rurales, así como al desarrollo de patrones de urbanización (Fernández et al., 2019).

En Europa y Latinoamérica, el concepto de Nueva Ruralidad se gesta en entidades como la FAO y el Banco Mundial (2003), que proponen la construcción de relaciones multioperacionales en donde lo agrícola funciona como uno de los componentes, con establecimiento de vínculos entre lo urbano y lo rural. El concepto rural hace referencia a un territorio con atributos geográficos, históricos y culturales con fomento de la construcción de redes de mercados y articulación de diferentes actores sociales en pro de un sistema agroalimentario efectivo con un desarrollo rural sostenible (Cepal, FAO, IICA, 2021; FAO y Banco Mundial, 2003; López et al., 2017).

Al respecto, Machado (2012) señala que el desarrollo rural debe observarse en la Nueva Ruralidad a partir de la integralidad, con una institucionalidad renovada “más comprensiv[a] de la vida rural y de sus articulaciones con el resto de la sociedad” (p. 12). Por este motivo, se requiere un cambio en la visión sobre el desarrollo rural y en las formas de gestión territorial; un fortalecimiento del trabajo cooperativo entre los colectivos campesinos, indígenas y afrodescendientes, y entre la academia y las organizaciones públicas y privadas, que confluya en nuevas estrategias de financiamiento. Se busca, así, que los enlaces entre instituciones locales y nacionales, la incorporación de la comunidad y de las entidades privadas se plantee de manera efectiva, abierta y descentralizada, y que se reconozcan y gestionen las oportunidades que ofrecen los vínculos entre lo rural y lo urbano para un desarrollo económico sostenible del territorio y de la población (Cepal, FAO, IICA, 2021; Schejtman y Berdegué, 2004).

En Latinoamérica, esta perspectiva que propende por la democratización de la estructura agraria, así como por la comprensión de las interacciones entre los diversos actores rurales, políticos, económicos y socioambientales (Clemens y Ruben, 2001), ha implicado transformaciones en lo gubernamental, como la realizada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, que, en el marco de la Nueva Ruralidad, creó la Agencia de desarrollo rural (ADR), la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Renovación de Territorio. La primera ofrece servicios dirigidos a la productividad de la tierra y a la mejora de condiciones de la población rural; la segunda propicia el uso adecuado de la tierra, en cuanto a su función social y sostenibilidad ambiental, trabajando en la distribución equitativa del territorio, en el acceso y la legalización de la propiedad a los campesinos, y la última contribuye a cerrar la brecha entre lo rural y urbano en los municipios del país, especialmente en aquellos donde el conflicto armado ha impactado. Esto se hace a través del diseño e implementación de intervenciones integrales que articulan, con un enfoque de gestión descentralizada, la participación de las comunidades y el aporte interdisciplinario en el diseño e implementación de planes que viabilizan la reconstrucción del tejido social y el desarrollo rural, con énfasis en la potencialización de las formas tradicionales de producción de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas (Cepal, FAO, IICA, 2021, Melo et al., 2016).

Así, la transformación del campo en Latinoamérica y en el país no se limita a lo agrario, sino que tiene que ver con la multifuncionalidad que este ofrece y el compromiso con su desarrollo sostenible. Se hace necesaria, entonces, la consecución de esfuerzos de cooperación que superen lo local y establezcan alianzas entre organizaciones nacionales y entre países. Así lo plantean algunas políticas, promovidas por el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) 2020-2040, que instan a la focalización de esfuerzos para el diseño e implementación de políticas públicas intersectoriales, así como a la integración regional para fortalecer espacios que contribuyan a potencializar la cooperación horizontal entre países (Cepal, FAO, IICA, 2021).

Sin embargo, en Colombia, leyes como la 1776 del 2016, que fomenta la relación de la asociatividad entre campesinos y grandes productores agroindustriales en Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social, dejan de lado el desarrollo integral del campo (Melo et al., 2016). En ese sentido, De Mattos (1989) sostiene que no todas las reformas político- administrativas impactan positivamente sobre las sociedades en las que se aplican y que faltan estudios e investigaciones que señalen los efectos reales del descenso hacia gobernanza local y su impacto en los intereses locales.

Al concepto de Nueva Ruralidad se han asociado conceptos de desarrollo rural integral, desarrollo sustentable, desarrollo del territorio rural, desarrollo local sostenible y revalorización de lo local que han sido promovidos por políticas regionales, haciendo que su comprensión y aplicación en ocasiones sean complejas (Cepal, FAO, IICA, 2021). Por ello el interés de este documento es revisar de manera exploratoria las narrativas construidas en torno al concepto de Nueva Ruralidad y su aplicación a política pública en Latinoamérica entre 1990 y 2021, con el propósito de contribuir en su comprensión y alcance.

En los años noventa, en Latinoamérica surgió el concepto de Nueva Ruralidad, que fue utilizado como definición conceptual y operacional, tanto en el contexto académico como por las agencias de cooperación internacional en el ámbito de las zonas rurales, como se evidencia en proyectos y en políticas públicas en diferentes países.

Tipo de Estudio

La presente es una revisión exploratoria (scoping review) que hace una síntesis de literatura cualitativa para ofrecer una panorámica del conocimiento desarrollado en un periodo específico, así como para describir conceptos, usos y metodologías disponibles en un área. Todo esto con el propósito de informar a la práctica, aportar a la formulación de políticas y a la academia, a partir del uso de métodos rigurosos con independencia de la fuente, teniendo en cuenta que la información disponible no presenta síntesis de literatura que dé cuenta de ello (Peters et al., 2020).

La metodología requiere la formulación de un protocolo que incluye formulación de la pregunta, planteamiento de los criterios de inclusión y de exclusión, identificación de los estudios relevantes, selección de los documentos de análisis, extracción de la información y análisis y síntesis de los datos, privilegiando el consenso entre investigadores y la rigurosidad del proceso (Peters et al., 2020).

Pregunta de Investigación

¿Cuál es la definición de Nueva Ruralidad, y sus aplicaciones a la política pública en Latinoamérica, reportada en publicaciones arbitradas durante el período de 1990 a 2021?

La presente investigación pretendió aportar información sobre la definición de Nueva Ruralidad y sus aplicaciones en la política pública relacionadas con la planeación urbana y rural, el cuidado del medio ambiente y la construcción social de colectivos.

Criterios de Búsqueda

Se realizó una búsqueda de documentos en textos completos publicados entre enero de 1990 y diciembre de 2021 en inglés, español y portugués en las bases de datos Dialnet, Dimensions, Ebscohost, Redalyc, Scielo, Scopus y en el buscador Google Académico, utilizando las palabras clave ‘Nueva Ruralidad’, ‘new rurality’ y ‘nova ruralidade’ y los filtros según la base de datos (ver Tabla 1).

Criterios de Inclusión y Exclusión

Se tuvieron en cuenta los documentos tipo artículo científico en texto completo, publicados en revistas científicas con evaluación de pares, en español, inglés y portugués, que presentaban la definición de Nueva Ruralidad y sus aplicaciones en políticas públicas para la planeación territorial en Latinoamérica (ej. planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial -POT-), la normativa ambiental para la gestión territorial (ej. áreas de conservación, restauración, revitalización ecológica y servicios ecosistémicos) y la participación y gestión social de colectivos sociales organizados con y sin naturaleza jurídica para el desarrollo territorial (propuestas de la Nueva Ruralidad para integrar a las comunidades en la gestión territorial tales como consultas a la comunidad sobre sus costumbres, cultura, usos propuestos del territorio, economía, valoración de territorios como sitios o acciones culturales asociadas con la identidad del colectivo).

Se excluyeron aquellos artículos sobre Nueva Ruralidad en idiomas diferentes a los expuestos, realizados en lugares diferentes a Latinoamérica, publicados en revistas no arbitradas ni indizadas en las bases de datos enunciadas, o por fuera del rango de tiempo elegido, que abordan la Nueva Ruralidad y su relación con otras temáticas diferentes a la aplicación a las políticas públicas enunciadas.

Proceso de Selección

A partir de los criterios de búsqueda, se identificaron 247 artículos, de los cuales 126 fueron duplicados. Posteriormente, de manera independiente y aplicando los criterios de inclusión y exclusión mediante lista de cotejo, dos investigadores revisaron los títulos, resúmenes y texto completo de 85 artículos; cuando hubo desacuerdo, un tercer investigador lo resolvió. En el flujograma de la Figura 1 se evidencia el proceso llevado a cabo. Los artículos incluidos aparecen con asterisco en la lista de referencias.

Proceso de Selección

A partir de los criterios de búsqueda, se identificaron 247 artículos, de los cuales 126 fueron duplicados. Posteriormente, de manera independiente y aplicando los criterios de inclusión y exclusión mediante lista de cotejo, dos investigadores revisaron los títulos, resúmenes y texto completo de 85 artículos; cuando hubo desacuerdo, un tercer investigador lo resolvió. En el flujograma de la Figura 1 se evidencia el proceso llevado a cabo. Los artículos incluidos aparecen con asterisco en la lista de referencias.

Extracción de Información

La información extraída de cada uno de los documentos se realizó teniendo en cuenta autores; año de publicación; título; definición de Nueva Ruralidad y contenidos relacionados con política pública para la planeación territorial; normativa ambiental para la gestión territorial, y la participación y gestión social de colectivos sociales, organizados con y sin naturaleza jurídica para el desarrollo territorial en Latinoamérica (ver Tablas 2 y 3).

Resultados

El análisis de datos se realizó mediante análisis de contenido de la información extraída por categoría. Se presenta una síntesis descriptiva de la definición de Nueva Ruralidad y de sus aplicaciones a políticas públicas en Latinoamérica.

Definición de Nueva Ruralidad

Para la mayoría de los autores de esta revisión, la Nueva Ruralidad es un enfoque territorial, analítico y multidimensional, resultado de los procesos de globalización (Babilonia, 2014; Ravera et al., 2014) que reconoce el cambio en las actividades, artefactos, costumbres y formas de vivir en el campo, así como la continuidad y las interrelaciones dinámicas y complejas entre este territorio y lo urbano. Tiene como propósito abordar problemáticas del campo con una forma de gestión descentralizada que promueva la participación comunitaria, organizacional y de gobierno; los apoyos locales y regionales que favorezcan la productividad; la mano de obra e ingresos diversificados; el multiuso del suelo rural, y el diseño e implementación de un proceso estructural y gradual de mejora en las condiciones de bienestar de las poblaciones de estas zonas (Álvarez Sánchez, et al., 2015; Acosta Reveles, 2008; De Grammont, 2004; Gaudin, 2019; Ginés Sánchez y Querol Vicente, 2019, González, 2015; Macías Macías y Pérez, 2004; Ramírez Miranda, 2014; Ravera et al., 2014).

La Nueva Ruralidad, además, significa una reconceptualización del campo como territorio que promueve el cuidado del medio ambiente rural, preservando su sostenibilidad (Acosta Reveles, 2008; Cadena Iñiguez et al., 2013, De Grammont, 2004; Gaudin, 2019; Ginés Sánchez y Querol Vicente, 2019), así como las prácticas y creencias tradicionales de sus pobladores (Acosta Reveles, 2008; Cadena Iñiguez et al., 2013).

Entonces, los elementos que caracterizan la definición de la Nueva Ruralidad son la producción alternativa a la agrícola; las actividades dirigidas a población flotante, como servicios de recreación y turismo; el desarrollo de nuevas economías, especialmente verdes, y las actividades emprendedoras, que replantean los modelos de ocupación territorial, sus sistemas de movilidad e interconexión sectorial, interacción de bienes y servicios con propuestas de gobernabilidad descentralizadas para la toma de decisiones locales y con participación comunitaria (Gaudin, 2019; González, 2015; Macías Macías, 2013).

La Nueva Ruralidad concibe el desarrollo rural desde una perspectiva sistémica e integral que contribuye al desarrollo humano y a un medio ambiente sostenible en el territorio rural (De Grammont, 2004; Macías Macías, 2013). Sin embargo, las transformaciones en la cotidianidad rural son complejas y para su comprensión se requiere el aporte de diversas disciplinas con una mirada holística soportada en el desarrollo del capital humano; la participación activa y efectiva de las comunidades relacionadas con el proceso; un enfoque diferencial para las condiciones particulares del territorio; la participación de los colectivos más vulnerables que promueva una economía organizada y reconozca su cultura, y la formulación y aplicación de políticas públicas que promuevan la equidad y sostenibilidad de cada territorio, rescatando los aspectos culturales y tradicionales producto de la conformación de poblados pequeños con interacciones sociales más próximas (Pisani y Franceschetti, 2009).

No obstante, el concepto de Nueva Ruralidad implica, también, una perspectiva impregnada por la globalización y el neoliberalismo que subordina la agricultura a la industrialización y transformación del campo (Ramírez Miranda, 2014). Además, promueve la transformación del ámbito rural por la industrialización de la agricultura y la urbanización de espacios rurales (Macías Macías, 2013), lo que contribuye al incremento de la inequidad en los pobladores de estas áreas (Acosta Reveles, 2008; Álvarez Sánchez et al., 2015).

Nueva Ruralidad y Políticas Públicas

Las aplicaciones de la Nueva Ruralidad a la política pública para la planeación del territorio muestran la necesidad de una visión territorial con preponderancia de lo local, a partir de una lógica relacional permanente entre sectores agroindustriales, artesanales y de servicios, identidad local, valoración de los recursos naturales y diversidad (Pisani y Franceschetti, 2009).

Por otra parte, Da Silva (1997) como se citó en González (2015) señala que los cambios en el uso del suelo rural provienen del mercado inmobiliario y de procesos de intercambio entre bienes y servicios, por demanda de sectores con propósitos de usos diferentes (vivienda, turismo, industria). Sin embargo, la literatura revisada no presenta política pública que responda a este fenómeno y, en cambio, incluye procesos de planeación distantes de lo propuesto por la Nueva Ruralidad (González, 2015). Uno de los casos que presenta formulación de política, a este respecto, fue en México con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que busca implementar la Nueva Ruralidad, pero su aplicación no ha sido posible por falta de reglamento (De Grammont, 2004). Según este autor, otros ejemplos son el Programa de desarrollo integral, en Colombia y La ley de participación popular en Bolivia. El primero intenta servir de base a transformaciones económicas, sociales y políticas de la sociedad, con sus cadenas productivas y el impacto de los procesos de migración, y el segundo aporta al desarrollo rural integral sustentable.

Por lo anterior, la aplicación del concepto de Nueva Ruralidad al desarrollo de planes de ordenamiento, entre otros, en los documentos analizados en la revisión es incipiente, aunque se reconocen las presiones y los cambios que enfrenta la ruralidad sobre su realidad, así como la necesidad de formulación de planes de desarrollo que aborden dicha problemática (Babilonia Ballesteros, 2014).

Algunos textos en esta revisión mencionan la necesidad de desarrollar políticas públicas para el cuidado de los recursos naturales y del medio ambiente (Álvarez Sánchez et al., 2015; Babilonia Ballesteros, 2014; De Grammont, 2004). El desarrollo de la temática requiere proponer mecanismos que posibiliten dichas estrategias de cuidado y conservación en las prácticas de productividad que se originen al interior de las comunidades (Cadena Iñiguez et al., 2013; Macías Macías, 2013). Con las ya presentadas excepciones de Colombia y Bolivia (De Grammont, 2004) no se reportan, en los documentos consultados en esta revisión, otras políticas o planes o programas concretos al respecto; tampoco se señala información sobre prácticas rurales de manejo sostenibles.

En relación con la normativa ambiental, el concepto de Nueva Ruralidad propone un desarrollo integral rural sustentable que considere los bienes ambientales, los servicios ecosistémicos y la posibilidad de generar nuevas propuestas económicas sustentadas en el biocomercio y el turismo ambiental, entre otros (Álvarez Sánchez et al., 2015). Todo esto es consistente con lo propuesto por la Agenda territorial del desarrollo Rural en Latinoamérica (Rojas López, 2008) y con la posibilidad de definir en el territorio espacios para la conservación, restauración o rehabilitación ambiental; así como para integrar el cuidado del medio ambiente a la política pública de desarrollo y planificación territorial (Gaudin, 2019, p. 18). Gaudín también presenta la aplicación del concepto de Nueva Ruralidad en la participación social y propone que, para que sea efectiva y tenga agencia en el medio político de los pueblos y comunidades históricamente excluidos, debe reducir la discriminación que ha propiciado la migración social rural, indígena y afrodescendiente y el desmantelamiento y deconstrucción de dichas comunidades (Gaudin, 2019, p. 39).

La migración, promovida por la escasez de ingresos para el desarrollo de las familias plantea la necesidad de inversión en alternativas de trabajo en lo rural que conduzcan a otras opciones de ingreso y a la posibilidad de una vida digna que diversifique las actividades ocupacionales para el territorio, fomente oportunidades de cooperación y participación en las comunidades, y promueva alternativas de ingreso con vínculos de mayor complejidad desde distintos frentes que contribuyan a la identidad de los colectivos y su cultura (Gaudin, 2019; De Grammont, 2004).

Discusión

En esta revisión, la Nueva Ruralidad propone ampliar la visión que hasta ahora ha soportado el desarrollo del territorio rural. Los componentes que le son esenciales, como colectivos, formas de producción, reconocimiento de saberes, valoración de los bienes ambientales y procesos de participación abierta y democrática, entre otros, buscan la disminución de los factores desencadenantes de pobreza y vulnerabilidad social, humana y ambiental. Esta visión que busca mitigar el impacto sobre el desarrollo rural que tiene el enlace con los procesos de territorialización urbanos; señala cómo los procesos de aculturización y la pérdida de identidad de los pobladores, en ocasiones, exacerbada por la migración de campesinos y extranjeros en condiciones de pobreza, puede reducir las posibilidades de sostenibilidad y resiliencia en los territorios, especialmente de borde. (Cadena Iñiguez et al., 2013; De Grammont, 2004; Gaudin, 2019; González, 2015; Macías Macías, 2013; Pisani y Franceschetti, 2009), consistente con lo propuesto por otros autores (Cepal, FAO, IICA, 2021, Melo et al., 2016; Rojas López, 2008).

El concepto de Nueva Ruralidad en esta revisión se plantea como una alternativa socioeconómica que elimina la tradicional e inequitativa relación entre la ciudad y el territorio rural. Para ello, se propone un cambio en la mirada sobre la ruralidad y sus potenciales ambientales, culturales y especialmente económicos, y se observan nuevas formas de interconexión que deben propiciar nuevas actuaciones del Estado a partir del desarrollo y aplicación integral de la política pública rural (Babilonia, 2014; Gaudin, 2019; Grammont, 2009; Pisani y Franceschetti, 2009).

Los textos de la revisión plantean la importancia de la diversificación de la economía rural promovida por la Nueva Ruralidad, tanto como alternativa competitiva como por el impacto que puede tener en la construcción de identidad cultural, en los procesos de relacionamiento, en la continuidad de las tradiciones, y en la mirada y valoración de los servicios ambientales. Al respecto, Gaudin (2019) señala que la Nueva Ruralidad impulsó una transformación profunda de las dinámicas e interacciones complejas entre lo rural y lo urbano en cuanto a la información, los bienes producidos y la movilidad de los pobladores, así como también hizo evidente la necesidad de nuevas alternativas de medición y de análisis.

La Nueva Ruralidad abre un campo de acción institucional del sector privado, de la academia y de las comunidades, e implica que las interacciones buscadas para el desarrollo rural integral estén soportadas en una política pública robustecida, capaz de ser gestionada desde los territorios y de manera abierta y participativa, pero también de fortalecer el capital social rural, empoderando a las comunidades en procesos de gestión de los recursos económicos, sociales y ambientales presentes en el lugar. También debe demostrar habilidad para apalancar una cadena de relacionamientos entre el sector público, privado y social, local y regional, que hagan posibles acciones sostenibles en el tiempo para mejorar un campo ecológicamente sostenible.

Con relación a la normativa ambiental, el concepto de Nueva Ruralidad propone un desarrollo integral rural sustentable que considere los bienes ambientales, los servicios ecosistémicos y la posibilidad de generar nuevas propuestas económicas sustentadas en el biocomercio y el turismo ambiental, entre otros (Álvarez Sánchez et al., 2015), todo lo cual corresponde a lo propuesto por la Agenda territorial del desarrollo Rural en Latinoamérica (Rojas López, 2008). Una propuesta que da la posibilidad de definir en el territorio, espacios para la conservación, restauración o rehabilitación ambiental; incluyendo con ello de forma efectiva el cuidado del medio ambiente a la política de desarrollo y planificación territorial. (Gaudin, 2019, p. 18).

Los cambios deben promover ajustes multiescalares y multisectoriales que, desde las realidades del territorio local, definan formas complejas y holistas de diagnóstico, seguimiento e implementación en la política rural descentralizada, capaces de dar poder a las instancias locales y de fomentar la participación de diversos actores en la definición, ejecución y seguimiento de los planes de desarrollo territorial. Todo esto con el objetivo de que las comunidades rurales, en la búsqueda de soluciones a sus conflictos sociales y ambientales, reciban un acompañamiento de la academia y los centros de investigación que posibilite la interacción de diferentes posturas teóricas y metodológicas, guías hacia soluciones más efectivas (Rojas López, 2008; Rosas-Baños, 2013).

La revisión realizada presenta un panorama de cambios en la visión sobre el territorio rural y el desarrollo de alternativas legales para su implementación; sin embargo, no evidencia propuestas para la planeación territorial integral coherentes con la Agenda territorial de desarrollo en América Latina (Rojas Baños, 2013) ni con lo propuesto por laCEPAL, la FAO y el IICA (2021) para dar respuestas efectivas a las necesidades del campo y de sus pobladores, como lo señalaban ya hace casi dos décadas Schejtman y Berdegué (2004).

La literatura revisada abre un marco general de actuación e implementación del concepto de Nueva Ruralidad en la política pública, en sus planes de ordenamiento, en las formas de relacionamiento con el ambiente y con los colectivos, especialmente los más vulnerables. Sin embargo, solamente se identifican tres casos aislados en países latinoamericanos que han promovido leyes para su implementación, sin que se observen actuaciones específicas que se alineen con los tiempos, las dinámicas y los actores presentes en el territorio rural, con miras a lograr un desarrollo económico, social, ambiental y cultural sostenible de largo aliento que impacte la calidad ecológica del campo (Cepal, FAO, IICA, 2021, Melo et al., 2016; Rojas López, 2008; Valencia Perafán et al., 2020).

La presente revisión presenta algunas limitaciones en cuanto a los criterios de búsqueda y criterios de inclusión, debido a que se privilegiaron documentos con calidad científica, en texto completo y publicados en revistas indizadas. Dicha decisión posiblemente contribuyó a que documentos sobre políticas públicas relacionadas con la Nueva Ruralidad no estén incluidas en la presente revisión, porque estos no hacen parte de los textos académicos consultados. Por eso, se considera necesario realizar una revisión futura exclusivamente concentrada en documentos de políticas públicas en las páginas de las entidades gubernamentales de los países de Latinoamérica y en revistas no indizadas, con el fin de dar respuesta a la aplicación del concepto de Nueva Ruralidad a la política pública en la región.

Referencias

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