Introducción

Este artículo tiene como objetivo reconstruir la experiencia de lucha por la tierra en el territorio de Pozo Azul, localizado en el nordeste misionero, en el Departamento San Pedro, con especial interés en la memoria de sus protagonistas respecto del proceso de lucha y los saldos de la misma en términos de aprendizajes, de organización y de construcción de propuestas de interacción económica entre la población.

La lucha de Pozo Azul es significativa en tanto logró materializar una conquista, consistente en la sanción y la trabajosa aplicación de la Ley Provincial 4093-Plan de Arraigo y Colonización (conocida como “Ley de arraigo y colonización”), que implicó el acceso a la propiedad de la tierra para familias poseedoras, de predios hasta entonces privados, aunque con propietarios ausentes.

Ese proceso de movilización tuvo como protagonistas a un numeroso grupo de campesinas y campesinos. Los testimonios que nutren este trabajo pertenecen a militantes que han participado de la Comisión Central de Tierras (CCT), quienes más tarde han fundado diversas organizaciones, como es el caso de la Cooperativa Comunidades Campesinas por el Trabajo Agrario (CCTA), la cooperativa Productores Unidos de ruta 20, o el Grupo Semillero. En la actualidad, muchos de esos sujetos, por un proceso de articulación nacional, se nuclean en el MTE, en el marco de su “Rama Rural”. Sostienen, por tanto, un proceso de organización articulado provincial y nacionalmente.

Organizamos nuestra exposición de la siguiente manera: por una parte, compartimos la perspectiva teórico-metodológica en la que se inscribe el trabajo. Luego ofrecemos una lectura general sobre la situación del territorio de Pozo Azul, con ciertos elementos de su historia. A continuación, nos centramos en la experiencia de lucha con énfasis en la mirada de sus protagonistas. Por último, ponemos en consideración algunos saldos o efectos de esa experiencia, que se expresan en la realidad actual de las familias campesinas.

Encuadre epistémico, metodológico y teórico del trabajo

Este trabajo se inscribe en una propuesta de conocimiento de procesos de organización campesina a lo largo del país, realizado en acuerdo con el MTE, formalizados a través de proyectos de extensión e investigación incorporados al programa “Movimientos populares, educación y producción de conocimiento”, del Departamento de Educación de la UNLu. Ese acuerdo tiene como objetivos colaborar en la visibilización de determinadas problemáticas y contribuir a la producción de conocimiento que aporte a la reflexión de los sujetos implicados y al campo académico

Podemos decir que el trabajo que realizamos representa una forma de coproducción (Palumbo y Vacca, 2021). Con esto nos referimos al desarrollo de una práctica de producción de conocimiento compartida, donde sujetos protagonistas de las experiencias y docentes investigadores interactuamos y colaboramos de diferentes maneras en el proceso de conocer.

En este caso, existe un acuerdo general con la organización que constituye en sí mismo una pauta de coproducción, porque incluye dimensiones centrales a indagar en cada experiencia particular. Luego, existe un proceso de construcción de información que se realiza también de manera compartida, seleccionando informantes, realizando entrevistas de manera colaborativa, reflexionando en común respecto de los datos obtenidos. Mención especial requiere la publicación de productos de investigación, que necesita de la lectura previa de referentes del movimiento, de su juicio crítico y de su aprobación. Un trabajo que no es colaborativo en todos sus momentos, porque depende de las condiciones y de los tiempos de los sujetos, pero que se estructura abriendo las mayores posibilidades de interacción. El trabajo incluye también la producción en formatos no académicos¹.

Nos impulsa la idea de que la necesaria transformación de las realidades rurales requiere el despliegue de procesos de organización de los sujetos del mundo rural que resultan ser quienes más sufren las consecuencias de las desigualdades y las opresiones prevalecientes. En tal sentido, se trata de producciones que no reniegan de su carácter valorativo y de sus opciones éticas y políticas, pero que al mismo tiempo se afirman como objetivas, capaces de construir un conocimiento serio y riguroso que dialogue con el campo académico y aporte a su desarrollo. Varias de las producciones con estas características se organizaron en un libro de reciente publicación (Palumbo, 2022).

En términos metodológicos, se realiza un abordaje de tipo cualitativo, a partir de entrevistas en profundidad, entrevistas colectivas, observaciones participantes y no participantes y análisis de documentos. En las primeras aproximaciones se realizaron una serie de reuniones por plataformas digitales con referentes locales y entrevistas descriptivas de las realidades de los distintos territorios. Luego se planificó un viaje de una semana recorriendo el extremo noroeste de la provincia (Iguazú y Puerto Libertad) y la zona de Pozo Azul. Jóvenes de la organización tuvieron un importante protagonismo en ese viaje y, especialmente, en la realización de las entrevistas. Tras el mismo, se realizaron otros intercambios relativos al análisis del material obtenido. Borradores de este trabajo fueron enviados para su lectura por militantes, que devolvieron con críticas y con cierta información ampliatoria.

En lo referido a lecturas teóricas, este trabajo tiene continuidad con perspectivas que vienen afirmando la existencia de procesos de recampesinización en la Argentina, durante las últimas décadas (Michi, 2010; Domínguez, 2012). Estos son explicados como resultado del deterioro de las posibilidades de inserción económica en el mundo urbano y la falta de trabajo asalariado en el mundo rural, especialmente a partir de la incorporación de tecnologías que aminoran la demanda de mano de obra, que en Misiones y en especial en la zona que nos ocupa, se expresa notablemente en la mecanización de la industria forestal. Esa recampesinización es inescindible de procesos de organización de las familias campesinas (y en algunos casos de la reafirmación de identidades indígenas), que suele estar acompañado por iniciativas de cooperación productiva. A menudo estas experiencias se nutren de conceptualizaciones afirmadas por los grandes movimientos campesinos internacionales como la “soberanía alimentaria” y la “agroecología”. (Baranger, 2008; Michi, 2010; Domínguez, 2012, 2019; Di Matteo, 2021; De Mingo y Di Matteo, 2022)

La configuración del territorio de Pozo Azul

Pozo Azul es uno de los municipios con mayor proporción de población rural del país. Conforma un territorio ordenado a partir del poblamiento de parajes linderos a las rutas, donde se accede al transporte y la electricidad. En ciertos casos, la tierra donde las familias campesinas trabajan puede encontrarse a cierta distancia de las vías pavimentadas, pero las viviendas se encuentran cerca de éstas. Caminos secundarios también estructuran el territorio y, en esos casos, los habitantes suelen exigir mejores condiciones de infraestructura, dado que muchas veces la electricidad no llega y los suelos se tornan intransitables en esas geografías de lluvias frecuentes. Se trata de un territorio campesino en crecimiento, a contramarcha de tendencias globales y nacionales.

El Departamento de San Pedro, al que pertenece, cuenta con 35.088 habitantes, de acuerdo al censo 2022 y contaba con 31.051 de acuerdo al censo 2010. La ciudad capital del Departamento se halla a 41 kilómetros de Pozo Azul y alberga al 40% de su población. Bernardo de Irigoyen, fronteriza con Brasil, es otra localidad de referencia de los lugareños, y tiene una población de 8.000 habitantes y dista unos 64 kilómetros del centro del municipio, hacia el este. Eldorado, al oeste, es la ciudad cercana más importante, distante a 60 kilómetros de la cabecera de Pozo Azul.

El Municipio fue creado recientemente, en el año 2017, en el Departamento de San Pedro, 37 años después de la creación de Andresito, también ubicado al nordeste de la provincia, que venía siendo el más reciente hasta entonces. La cabecera municipal de Pozo Azul se ubica en el cruce de las rutas 20 y 17. Su creación se relaciona con un proceso de lucha campesina y, al mismo tiempo, con un proceso de campesinización.

De acuerdo con la memoria colectiva que recuperan habitantes que han sido partícipes de las luchas campesinas locales, que llevan ya más de dos décadas habitando allí, estas tierras reciben el nombre en virtud de un pozo de agua que servía de descanso a los troperos en tiempos en que estos territorios aún no estaban conformados como provincia.

Esa memoria da cuenta de enormes parcelas delimitadas desde el Paraná hacia el este, y desde el Uruguay (y otros cursos de agua limítrofes) al oeste, quedando los “fondos” sin una demarcación precisa. Respecto de los procesos de colonización misioneros encontramos una referencia a esos “terrenos intermedios”, entre los latifundios organizados en torno a las vías fluviales. Justamente, esa franja central es la que da lugar a la colonización de fines del XIX, que se inicia hacia el sur y que alcanza al nordeste recién varias décadas después².

Dos compañías madereras, Intercontinental y Colonizadora Misionera, ocuparon en buena medida el actual municipio y territorios linderos, para explotar la selva nativa, extrayendo las plantas de mayor valor comercial. El modo en que estas empresas accedieron a la tierra y la relación con el desarrollo de procesos de asentamiento campesino es descripto, para el caso de una de las empresas más importantes, de este modo:

Así, la empresa Colonizadora Misionera S.A., titular de cuarenta mil hectáreas en el departamento de San Pedro (nordeste de Misiones), adquirió tierras en 1948 a la Sociedad Victoria de Colonización, pertenecientes originariamente a Adolfo Schwelm, fundador de Eldorado. La empresa se dedicó a la explotación de monte nativo mediante concesiones a terceros. En la década de 1980, comienza la ocupación no planificada de esas tierras (…) (Schiavoni y Gallero, 2017, p. 85).

La bibliografía especializada (Schiavoni y Gallero, 2017) da cuenta de un proceso específico de apropiación privada de las tierras nordestinas para la explotación forestal, que comienza un declive en las décadas de los 70 y los 80. Y afirma Ramírez (2019):

Mientras la actividad extractivista estuvo vigente, las compañías forestales garantizaron la fuerza de trabajo necesaria para realizar las tareas que requería el desmonte. Por este motivo, le permitieron a los obreros y sus familias montar unidades familiares en alguna parte de sus terrenos; creemos que para evitar los costos que implican los traslados y para contar con mano de obra disponible de forma constante (p. 176).

De acuerdo a la memoria de militantes campesinos, el lugar de las familias campesinas en esos territorios se relaciona con la actividad de ubicar los árboles en la selva para facilitar la extracción, y en menor medida, contribuir como mano de obra para tareas extractivas.

(…) traían a la familia a laburar con ellos y sacar la madera nativa de esa familia. Venían para descubiertar, para buscar la madera nativa en el monte y abrir las picadas y avisar el motosierrista, el zanelista, para que entre a sacar. Y en ese caso, cuando se acaban toda la madera nativa que era de gusto de la empresa, la empresa se iba y esa familia quedaba en ese pedacito que estaban ubicados (Referente 1)³.

Tal como se señala en la cita precedente, tuvieron la posibilidad de alojarse y trabajar parcelas de tierra para el autoconsumo y en algunos casos combinado con otras producciones como el tabaco y la yerba mate. Desde el punto de vista empresarial, el autoconsumo campesino permitía la disposición de mano de obra, para recurrir a ella de manera discontinuada. Retomamos el texto de Ramírez:

A partir de 1985, la crisis por la que atravesaba la economía nacional “puso fin a los créditos fiscales para la forestación” impidiendo que las empresas tuvieran la posibilidad de hacer frente a la recesión. En este contexto, tanto la Colonizadora Misionera S.A. como la Intercontinental Compañía Maderera S.A. se declararon en quiebra y abandonaron alrededor de 65.000 Ha. que habían sido dedicadas a la explotación maderera desde la etapa de colonización de tierras privadas (1920): “La empresa quiebra y nosotros quedamos, porque había casas para las familias” (Productor ocupante de La Colonizadora, Km. 90, septiembre de 2015) (Ramírez, 2019, p. 176).

Se produce el “abandono” de las empresas, pero no ocurre lo mismo con las prácticas campesinas de las/os ocupantes. Al contrario, se da continuidad a la experiencia campesina, que se incrementa con la llegada de nuevas familias, a través de la ocupación y la compra informal de terrenos y mejoras, frecuentemente a través del intercambio de bienes y servicios, que amplía la población de la zona.

La idea de abandono está destacada porque hay una interesante distancia en las narraciones que hemos citado. Hay un “abandono” relacionado a la quiebra y a la salida de la empresa del territorio, pero también hay un abandono cada vez que se acaban los recursos de un predio, en la medida que se trata de una actividad netamente extractiva que agota la madera del monte. En ese sentido, hay un abandono general, pero también hay una salida permanente, continua, de la empresa, de aquellos predios ya explotados, “cuando se acaba toda la madera nativa que era de gusto de la empresa”, como nos señala el militante campesino citado más arriba. Esto nos resulta relevante porque extiende en el tiempo la presencia campesina “autónoma” respecto de la empresa ausente, en tanto en múltiples situaciones, con anterioridad a la quiebra, ya había dejado de colaborar con la actividad empresarial y se dedicaba centralmente al desarrollo del predio.

Compartimos un segundo testimonio de otro referente campesino de la zona, donde se puede apreciar ese proceso, que es narrado en términos de experiencia individual y, al mismo tiempo, colectiva.

Cuando yo vine acá había poquita gente. Había esa gente que vendían la mejorita y bueno, yo vine y empecé a durar. Hace 32 años y tenía dos chicos en esa época, igual y había que laburar y había que plantar para poder vivir. De acá yo me iba a San Pedro a hacer la tarefa. Con eso yo compraba a veces un aceite o algo y venía a laburar para mí de vuelta. A plantar tabaco. Después... y bueno, después algún vecino empezó a venir, algún conocido mismo que yo conocía y no tenía tierra y yo decía “bueno vaya, allá hay lugar”. Entonces así fue poblando más y después ya de última ya había más gente (Referente 2)

Allí se mencionan otros dos modos de acceso a la tierra, por la ocupación y por la compra informal. Por otra parte, como en muchos otros testimonios, encontramos la referencia a la práctica de salir a realizar algunas tareas temporales para hacerse de dinero y complementar el trabajo en el predio.

Tres décadas de lucha por la tierra

La fecha reseñada como momento de quiebra de las empresas madereras, 1985, no está lejos del comienzo de un ciclo de intentos de desalojo, que la memoria campesina sitúa a inicios de los años ‘90, en el marco de la apertura al modelo de los agronoegocios.⁴ Ya entonces, esas resistencias campesinas cuentan con el acompañamiento de la pastoral social de la iglesia católica.

Cuando estaban pocas familias, que había, ponele, unas 150 familias, en el 91, hubo un primer juicio de desalojo, para ver si se sacaba a las familias. Son familias que la empresa puso. Desde ahí se empezó a organizar, con los vecinos, a través de la pastoral social, de unas monjas que venían a dar la celebración. Y decir que el conflicto no era de una persona, no era de una familia, sino que era de todas las familias. Y se fueron juntando las familias para empezar a defender esa situación de la tierra, porque si no, se iban todas las familias de acá. Entonces en el 91⁵ medio que se frena (Referente 1)

La participación de la iglesia en los procesos de recampesinización en Misiones es destacada por Baranger (2008), cuando afirma que “las ocupaciones de tierras en Misiones fueron impulsadas y legitimadas por la Iglesia Católica, en este caso a través de la acción del primer titular de la Diócesis de Iguazú, creada en 1986 con jurisdicción en los departamentos del norte provincial” (p. 49).

El proceso de recampesinización tiene una dinámica potente, al punto que la oleada de intentos de desalojos que dan cierre al siglo XX, no la detiene. Factores estructurales juegan en esa tendencia, o si se quiere, contra-tendencia: la falta de trabajo urbano y en las agroindustrias; el declive del componente de mano de obra en estas últimas; el desempleo, con su secuela de exclusión social en la ciudad, dan cuenta de fenómenos de afirmación campesina como en otros puntos de la realidad nacionales (Domínguez, 2012).

Tras los sucesos de 1991, las amenazas de desalojo menguaron, hasta reanudarse hacia el año 2000, en un proceso de lucha que se mantuvo con cierta continuidad hasta la actualidad. Desplegamos con más detalle esos conflictos apoyados en los testimonios de militantes campesinos. En principio, los conflictos del año 2000:

En el 2000 fue una lucha muy intensa, porque justo la empresa decía que iba a vender todas las tierras a los chilenos. Encima andaban varias camionetas, con puntos GPS, mirando el lugar, todo. Y fue una preocupación amplia, de todos los vecinos. Y nos organizamos y salimos a luchar para defender la tierra. Hicimos varias reuniones con distintas organizaciones sociales. Tampoco sabíamos cómo íbamos a enfrentar el tema de la tierra, cómo se iba a lograr... es algo nuevo, que nadie sabía. Entonces, en un principio armamos el jubileo de la tierra⁶, donde se juntó gente de toda la provincia que tenían conflicto de tierra, para exponer la situación de la tierra, cómo estaban viviendo cada familia. Desde el jubileo de la tierra se comienza a armar los foros de la tierra, con todos los conflictos y donde nosotros hacíamos público eso y también hacíamos notas y le entregábamos al gobierno (Referente 1)

Como puede observarse, la cercanía de la pastoral social facilita la articulación con otros sujetos en conflicto por la tierra en el marco de la provincia y permite generar acciones de visibilización de la problemática. La referencia a “los chilenos” tiene que ver con el proceso de acaparamiento de tierras por parte de la empresa Arauco, de origen chileno, especializada en la siembra forestal para la elaboración de pasta de celulosa y otros derivados de la madera (Ramírez, 2017).

Más allá de esta actividad política, que facilita la visibilización del problema y ayuda a construir las redes de solidaridad que cobrarán relevancia poco después, se despliega el método de lucha consistente en el corte de ruta, que comienza a convertirse en la herramienta más efectiva y que se constituirá como repertorio de protesta (Retamozo, 2012) generalizado hasta la actualidad.

Se desarrolla durante los primeros cuatro años del siglo como respuesta a diferentes intentos de desalojo focalizados, que encuentran respuesta solidaria del campesinado que entiende que el problema ya no es solo de las familias directamente afectadas. La articulación de las iniciativas de desalojo con el poder público agrava lo que en términos de Vilas (2007) podría definirse como “sentimiento de injusticia”, que se entiende como ruptura de un acuerdo social en el que la gente se imagina inscripta:

“Antes o después, la aceptación de la desigualdad cede terreno a lo que Barrington Moore Jr. caracterizó como ofensa moral: el trato que recibimos no es el que se nos debe o el que merecemos. La desigualdad se vive como injusticia, como opresión e incluso como explotación” (p. 23).

El siguiente testimonio explica la forma de operar; la acción del Estado se articulaba con los intereses inmediatos de las empresas y el sentimiento de injusticia tomaba fuerza:

Y fueron pasando los tiempos y, bueno, la empresa actuaba mal, llevaba a los padres detenidos incomunicados. En cuanto el padre estaba incomunicado en la comisaría, venía la empresa, sacaba la madera, pasaba por arriba de la plantación maíz, poroto, roza, alambrado y reventaban todo y llevaban la madera nativa. Cuando sacaban toda la materia nativa de esa superficie, de esa chacra que tenían el señor detenido, le largaban.

Era muy difícil para la familia que vivía en la chacra la forma que estaba. Cuando nosotros hacíamos la denuncia se prestaba la policía, se prestaba Gendarmería a acompañar a los empresarios. Y cuando nosotros íbamos al escuadrón en Irigoyen, a hacer la denuncia al Jefe, que Gendarmería andaba, el Jefe decía que desconocía ese caso, que no, que no era el caso de Gendarmería eso. Hasta que empezamos a sacar fotos del medio de movilidad que entraba de Gendarmería, de los gendarmes que entraban. Y cuando llegamos con foto de la camioneta, con fotos de los gendarmes que estaban actuando ahí y presentamos al Jefe, el Jefe dijo a nosotros que esa gente estaba de licencia, que supuestamente la empresa había contratado. Entonces, en esos años sufrimos mucho abuso de autoridades, mucho. Y así sufrimos mucho tiempo esa situación. Desde ahí empezamos a salir a luchar en la calle (Referente 1)

(...) allá arriba había un señor que creo que vive todavía. Este señor le pusieron preso en Eldorado como nueve, diez días, incomunicado, por meterse en la tierra. Y bueno, él salió ahí y vino de vuelta y así. Le llevaban preso y bueno, como para que vos no vuelvas, pero la gente fueron yendo y fuimos peleando y hasta que conseguimos una ley… y frenando a los tipos, ¿no? Porque no dejamos sacar la madera más (Referente 2)

En julio de 2004 se decide llevar adelante una lucha más profunda. El corte de ruta “por tiempo indeterminado”, en las tres bocas que se configuran cuando la ruta 20, que conecta a San Pedro, alcanza la ruta 17. Un corte que impide la circulación este-oeste entre el Paraná y la frontera seca con Brasil, entre Eldorado y Bernardo de Irigoyen, es decir, una medida de fuerte impacto económico. La continuidad de acciones de protesta, el carácter limitado de las respuestas gubernamentales, la emergencia de nuevas situaciones de desalojo cada vez que se lograba frenar una anterior, llevaron a tomar esa decisión drástica:

(...) hay una “T” acá en Pozo Azul, que donde se empalma la ruta 17 con la Ruta 20. Entonces esas tres bocas. Nosotros siempre cortábamos ahí y fuimos haciendo presión al Estado. Varias... varias mesas de diálogo y no se resolvía el problema. Varias actas firmadas, acuerdos, donde no se resolvía tampoco. Y los años fueron pasando y en el 2004, tomamos una decisión de quitar la calle por tiempo indeterminado, en cuanto el Estado no se haga cargo. Esos años sufrimos mucho abuso de autoridades, mucho. Entonces desde ahí empezamos a presionar fuerte al Estado provincial, donde en la época estaba el ingeniero Carlos Rovira de gobernador (Referente 1)

Esta decisión de las familias campesinas es recordada por muchas y muchos como un momento decisivo en sus experiencias, significativo en lo que respecta a su intensidad, por el conjunto de situaciones atravesadas en los cuarenta días de corte y, por supuesto, significativo porque allí se jugaba el desarrollo de sus proyectos familiares y la continuidad de la forma de vida que se estaba desarrollando.

Entonces, estábamos recontentos nosotros porque como organizaciones sociales, como productores, logramos en la provincia... es histórico lo que pasó. Entre las dos propiedades, la Intercontinental y Colonizadora Misionera, logramos expropiar 41 mil hectáreas para los productores (Referente 1).

El proceso de conquista y construcción de la Ley Provincial de “Arraigo y Colonización” nos parece interesante porque da cuenta de cómo ésta fue posible en virtud de la capacidad de movilización del sector campesino, pero también cómo el proceso de articulación entre sujetos, la construcción de solidaridades más allá de lo local y de lo sectorial, tuvo su lugar y su valor en la disputa y en la conquista.

En principio, los referentes campesinos destacan que desde las organizaciones no tenían claro cuál era la salida de fondo a la situación. Es el propio gobernador quien manifiesta su imposibilidad de dar respuesta sin la mediación de una ley. Allí comienza a desplegarse la propuesta, que se construye con aportes de técnicos, provenientes tanto de la pastoral social de la iglesia como de algunos diputados que se solidarizaban con la lucha campesina. Una vez construido el proyecto de ley, su aprobación fue dilatada, lo que requirió un nuevo esfuerzo de movilización.

Entonces, un día se tomó una decisión, con todas las organizaciones sociales que hacíamos parte, de avanzar y con un acuerdo de decir a los diputados que el día de la sesión de la ley, que van a votar en la cámara de diputados, que nos avisen y nosotros viajábamos todos a Posadas. Un diputado nos dijo: “mañana vamos a tener sesión en la Cámara de Diputados y vamos a poner la ley arriba de la mesa”. Entonces nos movilizamos con varias organizaciones que acompañaban y llegamos como 300 compañeros en la Cámara de Diputados, que ellos no esperaban tampoco. Logramos entrar en el recinto 250 compañeros. Ahí también, otros compañeros de otras organizaciones en Posadas hicieron el aguante, acompañaron también. Había como 250 dentro del recinto y como 500 personas fuera. Entramos a las 9 de la noche, salimos a las 2 de la madrugada, cuando se aprobó la ley. Pero hasta las 2 de la madrugada no querían votar los renovadores, no querían votar la ley, cuando votaron la ley… de tanta presión. Nosotros no salíamos de adentro y afuera también la gente estaba gritando: que vote, que vote, que defienda la ley (Referente 1)

Uno de los puntos de discusión de entonces, de acuerdo con la memoria colectiva, tenía que ver con la letra de la ley que terminó siendo aprobada con la propuesta campesina de expropiación y luego transferencia a las familias, a un precio accesible, definido por la tasación fiscal de los predios, al contrario de una propuesta más mercantilizada, que sostenía la venta directa de las tierras por parte de las empresas a las familias.

(...) el Estado tenía que expropiar la parte ocupada, pagar a la empresa y vender a los pequeños productores. Pero por el precio de una tasación pública. Entonces nosotros estamos de acuerdo con la ley y con ese precio. La tasación pública es donde nos aseguraba que nosotros los productores podíamos pagar eso. Otra, que el Estado se haga cargo y expropie. Y el Estado nos venda a nosotros; porque la seguridad nuestra es a través del Estado, no de la empresa. Porque ellos siempre querían que nosotros hagamos el negociado con la empresa, cosa que nosotros nunca aceptamos (Referente 1)

El acierto de esa estrategia campesina, de exigir la expropiación y rehuir a la negociación privada era destacado en su momento por Baranger (2008):

En Misiones, la estrategia explícita de las ONG ha sido lograr la intervención del Estado para que realice la expropiación de las tierras en conflicto y las revenda a los ocupantes a un precio accesible, y en condiciones favorables, evitando una negociación que resultaría inevitablemente asimétrica entre los ocupantes y los terratenientes (p. 62).

Las y los campesinos organizados valoran y destacan hoy esa estrategia adoptada inicialmente y la contrastan con la experiencia de un grupo de familias que negoció con el sector privado, pagando por las tierras, que aún hoy continúa sin contar con una solución de fondo en lo referido a la escrituración de sus tierras y sufriendo amenazas de desalojo.

La cita que trajimos de Baranger es apropiada además para abordar una segunda cuestión. En la perspectiva campesina, si bien existieron ONG de apoyo que jugaron un papel importante en las luchas relacionadas a la Ley de Arraigo, el lugar de centralidad estuvo ocupado por las familias campesinas y su proceso de organización. Las y los campesinos entienden que la mención a las ONG como protagonistas opera poniendo a las organizaciones de base campesina en un segundo plano, y que esto no refleja los hechos ocurridos.

Retomando la experiencia de lucha de 2004, podemos decir que quienes han sido partícipes dan cuenta de lo significativo del momento y de la fuerza de los hechos en la vivencia, tanto individual, como colectiva. El recuerdo de dichas acciones incluye la convivencia prolongada de la actividad, la resistencia, el atravesamiento de distintos padecimientos, el afianzamiento de vínculos entre las personas, la fortaleza construida tras la lucha compartida:

(...) cuando empecé con la organización, ni calculaba que yo iba a lograr una tierra así, porque cuando vos empezás es un camino desconocido. Y después, uno va paso a paso... porque antes sinceramente nosotros veíamos una policía y nos cagamos de miedo. Hoy no. Hoy ya nosotros sabemos respetarle, sabemos hablar, pero antes no. Cuando nosotros empezamos a salir a los cortes de ruta era un desastre porque nosotros teníamos mucho miedo, pero después uno va agarrando la mano. Hemos logrado esto acá con mucho esfuerzo. Nosotros vivimos, si no me falla la memoria, 40 días y una noche en la calle. Era así: nosotros llegamos a la casa para dormir, cinco horas más o menos; al otro día, arriba de un camión viejo y a Pozo Azul y ahí logramos esto…

Imagínate 40 días. No es que vas a agarrar los 40 días de sol. Era mucha lluvia a veces, pero nosotros llevamos nuestro campamento, carpa, todo y armamos y ahí tocamos, era eso. Y mucha gente. Nosotros hemos logrado con mucha gente y después en la lucha en la tierra había mucha gente socia de la cooperativa (Referente 3)

La memoria de lucha de entonces se entrelaza con las posteriores, que, como veremos, no perdieron continuidad. La dimensión del logro que representa la Ley de Arraigo y Colonización es difícil de ponderar. Sin duda, no tiene precedentes el alcance de las regularizaciones de posesiones campesinas, constituyéndose en una suerte de “reforma agraria”, aunque sin el complemento de políticas activas que favorezcan la economía y la vida campesina. Retomaremos esto más adelante.

Al mismo tiempo, la lucha de 2004 tiene un contenido fuerte y destacado. Constituye, por otra parte, el punto de partida de nuevos procesos de organización del sector campesino. Esa sensación de que las conquistas logradas pueden tener continuidad en la profundización de la experiencia de organización puede advertirse en las palabras que siguen, donde, por otra parte, se expresa que no todos los sujetos hacen el mismo razonamiento y encauzan sus energías en la misma dirección:

y ahí cuando se logró la tierra mucha gente diciendo ya… ya estamos. “Ahora me voy a descansar, voy a hacer otra cosa”. Y nosotros “no, nosotros seguimos y vamos, no sé hasta dónde, pero vamos a seguir, porque se logró muchas cosas, organizados y fue la clave de poder tener el título de la tierra”. Hoy yo miro, no soy una persona que voy a decir, “no, yo soy el mejor que todos”, pero tengo orgullo de ver ese papel, pero yo conquisté con mi lucha y la lucha de los compañeros y es una cosa que vos decís “mirá, todos conquistamos”, pero mucha gente dice: “no pasa nada, ya está”. Porque cuando se logró la tierra mucha gente se fue, “no, voy a hacer otras cosas” (Referente 3)

El proceso de organización tuvo continuidad en el desarrollo de propuestas de cooperativización y otras formas de asociación de distinto tipo en los diversos parajes. La experiencia que se alude en el testimonio anterior se enmarca en la CCTA, una cooperativa que preexiste al MTE y que, como anticipamos, se articula e integra al mismo en los últimos años. Existen además otras iniciativas de trabajo asociativo impulsadas como forma de dar continuidad al proceso organizativo.

La sanción de la ley no significó, como ya señalamos, el cierre del conflicto. En principio, porque su implementación no fue inmediata. La ley tardó en implementarse y sus aspectos más amplios de integración social y económica de las familias no se efectivizaron. Además, se reanudaron las iniciativas de desalojo sobre familias no censadas que se afincaron poco antes de la sanción de la ley y en el período posterior, es decir, no comprendidas inicialmente por la ley, pero que igualmente necesitan de tierras para vivir y que adquieren, conforme avanzan los años, el derecho a la tierra en la medida que las poseen “con ánimo de dueño”.

Las mensuras fueron recién iniciadas en 2006 y nuevamente fue el campesinado quien interpeló al poder político con una nueva iniciativa de cortes de ruta. Este proceso de movilización no se interrumpió, porque la aplicación de la ley se demoró.

(…) para aplicar la ley se va al 2013; pasaron varios años. Porque el Estado no quería aplicar la ley, no quería expropiar. Pero en el 2006 el Estado se comprometió, bajo presión que le hicimos y un 8 de enero bajaron con los agrimensores y el subsecretario de tierra privada, a sacar los puntos GPS de toda la parte ocupada, entonces nosotros ya teníamos un croquis de la parte ocupada, de lo que iba a hacer y el Estado también tenía. (Referente 1)

Desde el 2006, cuando se logra la mensura en el marco de la ley y por tanto un mayor reconocimiento estatal de los predios ocupados, hasta el 2013, no se avanzó en el desarrollo de las tasaciones y las titulaciones, por lo que la situación de tensión permanente se mantuvo. Kostlin (2019) explica esa demora como resultado de la acción legal iniciada por las empresas expropiadas:

Al poco tiempo de haberse iniciado el proceso expropiatorio, éste se vio judicializado –hasta mayo de 2013- debido a que los titulares registrales de dos propiedades de mayor extensión, no habrían acordado con el Estado lo referido al precio ofrecido por el Tribunal de Tasación provincial para la compra de las áreas de tierras a ser expropiadas. De este modo se diluyó la posibilidad cierta de la regularización definitiva durante varios años, tiempo de nueva incertidumbre (p. 56).

Un caso específico es el de las familias “descolgadas”, alejadas de la zona central de la expropiación, que no fueron mensuradas, cuya situación aún no está resuelta, aunque su permanencia en el territorio va generando con el paso del tiempo, mayores derechos. Esas familias sufrieron amenazas de desalojo y resistieron desde entonces. Inicialmente, con las mensuras de 2006, se calculaba que eran 17 las familias que no estaban integradas a la ley. En el momento de nuestro trabajo de campo, en 2022, quienes participaban de procesos de organización campesina estimaban en 120 el número de familias con tenencia precaria y derechos posesorios, debido al proceso paulatino de ocupación y acompañaban la disputa judicial en torno a esas situaciones.

Un caso más sistemático ocurre en 2013 entre una de las empresas privadas y un conjunto de familias que, habiendo observado las conquistas logradas en Pozo Azul, se trasladaron a la zona en 2010. La razón que los lleva a desplazarse desde territorios próximos a Aurora, es el desgaste de los suelos tras la actividad intensiva relacionada a la siembra del tabaco. Se trata de familias que contaban con algún nivel de capitalización. El conflicto tomó una dimensión mayor porque implicó no sólo a una, sino a 19 familias.

Y entraron 19 familias en ese lugar que era de la empresa. La empresa hace la denuncia. Va la policía y le dice a la familia que tenían que retirarse porque había supuestamente, un juicio de desalojo. Se notificó a la familia.

Y la familia dijeron que no; no iban a salir porque necesitaban laburar y necesitaban la chacra y de ahí comían, de ahí vivían. El juicio de desalojo viene después de tres años de la familia estar ahí, también, no viene en el momento que entraron: ya tenían galpón de tabaco, tenían producción, tenían todo. Entonces se retiran. Sin aviso, a las 2 de la mañana, como 300 canas llegan y desalojan a las 19 familias, tiran todo en la calle. Eso fue en 2013.

Ahí volvimos organizando todo y salimos todos a la calle... porque si desalojaban a las familias... ya nosotros estamos acá, dentro del deslinde, pero tampoco tenemos ninguna seguridad, no hay ningún papel, no hay ningún acuerdo todavía y salimos todos a la calle a luchar y cuando quedamos 28 días en la calle luchando por esas 19 familias, peleando, que el Estado le dé una chacra sustentable a esa familia. Con esa lucha, el gobernador hace un depósito de un 60% del valor de las tierras a nombre de la empresa y expropia la parte ocupada (Referente 1)

De ese modo, tenemos un segundo episodio que movilizó a la población por un período muy significativo de días de corte de ruta. Junto a ese triunfo específico, tras el cual estas 19 familias acceden formalmente a la tierra, se acelera el proceso de transferencia a los campesinos de las tierras mensuradas en 2006. Desde entonces se efectiviza la ley en lo concerniente a las propiedades y la mayoría de esas familias comienzan a pagar cuotas anuales correspondientes al valor fiscal de sus tierras, e incluso algunas ya han recibido los títulos.

Al margen de esa ocupación, sucedieron otras más esporádicas y que en ocasiones fueron seguidas de amenazas de desalojo sobre una u otra familia en particular. Ante esas amenazas, la resistencia no es protagonizada sólo por las familias ocupantes particularmente afectadas. Buen número de las familias campesinas las apoya, aplicando el concepto que se deja ver en el testimonio precedente: se considera que el retroceso de alguna de ellas en lo referido a sus derechos como poseedores, puede significar el de otras, e incluso, el de todas. Además, se construye un sentido de solidaridad. Cada familia que ocupa lo hace a fuerza de trabajo, construyendo su realidad económica y su proyecto familiar a la vista de los vecinos, quienes observan claramente que cada cual realiza esfuerzos similares a los propios. No es difícil en ese proceso construir el sentido de solidaridad al que nos referimos.

Uno de los referentes de la lucha local explica la situación de su paraje y la razón del crecimiento de la población en territorios no comprendidos por las mensuras devenidas de la Ley de Arraigo y Colonización

Entrevistador (E): Y esta gente de enfrente, ¿cómo fue que llegó?¿de dónde son? ¿cómo llegan acá?

R2- Bueno, algunos son familiares de la gente de acá mismo, que crecieron: la gurisada. Y bueno... y ahí ya tienen familia y por ahí vivía con el padre. O por ahí algunos que vivían acá, por ejemplo, vivía un vecino y bueno, el hermano no tenía chacra, salió de la ciudad, vino a vivir con el hermano y bueno, y eso es todo, se hizo chacra ahí.

E: Creo que eso está pasando acá y no sé si en algún lado más. Tanta gente campesina que decide quedarse.

R2: Claro. Ayer yo estaba escuchando ahí en Posadas, tomaron las tierras… pero terrenos… ¿no es cierto? lotes. Sí... y está el desalojo. Y ahí yo estaba escuchando: una chica que tiene dos chiquitos y bueno alquilaban, les subió el alquiler, no tenía trabajo y ¿qué va a hacer? Fue y se metió ahí. Porque ahora, por ejemplo, andá a alquilar a la ciudad, es caro y si vos no tenés laburo, ¿de dónde vas a sacar?

E: ¿Cuántas son las familias que están ahí ahora enfrente?

R2: y 100 familias segurito; de 100 a más (Referente 2)

Puede observarse lo significativo del crecimiento poblacional en la zona por la vía de la ocupación. Al mismo tiempo, ya está claro, tras las experiencias de 2004 y 2013, que hay una salida al problema. El Estado puede expropiar y distribuir ampliando el alcance de la ley o generando una nueva. Por este conjunto de razones puede entenderse que cuando esas nuevas familias reciben amenazas de desalojo, estas son respondidas de manera colectiva.

Por otra parte, como adelantamos, la movilización se mantiene porque la ley no se cumple en tanto política integral. En su trabajo, Baranger (2008) anticipa este problema:

La ley debe ser vista como una conquista de las ONG y de los ocupantes. Sus disposiciones prevén un necesario apoyo crediticio y tecnológico para los ocupantes, el pago a valor-producto en un plazo de diez años, la prohibición de enajenar la tierra adjudicada, la adjudicación preferencial a grupos organizados en cooperativas, el crédito para viviendas, la creación de una infraestructura vial, el fomento de industrias de transformación, etc. Cuánto en su letra terminará concretándose es otra cuestión (p. 63).

No sólo la aplicación de la ley en lo referido a la regularización de los títulos de propiedad requirió una movilización permanente, sino el incumplimiento de todo lo que hace a condiciones concretas de desarrollo de la vida y el trabajo rural que la ley comprendía. Como puede leerse en el cuerpo de la misma:

Artículo 3.- Constituirán condiciones especiales del régimen de adjudicación de tierras dentro del Plan de Arraigo y Colonización: (...)

e) el otorgamiento de crédito oficial con destino a la vivienda y producción;

f) el establecimiento de adecuadas vías de circulación y medios de comunicación;

g) el fomento a la instalación de industrias transformadoras;

h) la posibilidad del acceso a la propiedad de la tierra a hijos de productores agropecuarios;

i) la creación de centros urbanos de apoyo a la actividad rural;

j) el mejoramiento del nivel sociocultural y capacitación técnica de la población;

k) el acceso a una digna vivienda rural y/o urbana.

De ahí la lectura campesina que sigue, que alerta sobre esos incumplimientos:

y hay que pelear… porque como que nosotros las organizaciones en sí tenemos todo, en la parte legal, de decir: el Estado no cumplió con la ley. En realidad, no cumplieron con la ley, se hizo la mensura, los compañeros fueron pagando las cuotas que tenían que pagar, pero no hubo ni la mitad de lo que dice la ley, el Estado no cumplió. No cumplió, porque no hizo la mensura para todas las familias, quedaron familias afuera. Entonces esa es una responsabilidad del Estado que tiene que retomar. Otra, que el Estado tenía que hacer, cuando hacía la mensura, incentivar la producción y comercializar la producción de los productores, para que los productores puedan acceder al efectivo para pagar las tierras: tampoco, no se cumplió. Venimos pasando por dos años de sequía (…) (Referente 1)

Las y los campesinos afirman una asimetría; ellas y ellos han cumplido su parte, sosteniendo los pagos a lo largo de 10 años, mientras que el Estado no ha cumplido la suya, en el sentido de las políticas necesarias para la actividad económica y el desarrollo de los derechos sociales de una población rural en crecimiento. Frente a esa ausencia de iniciativas estatales, dan cuenta de un conjunto de luchas asociadas a mejorar las condiciones de vida y de trabajo, luchas por electrificación, por agua, por la instalación o por la mejora de puestos sanitarios y escuelas. Las entrevistas a hombres y mujeres de Pozo Azul incluyen sobradas referencias a movilizaciones, cortes de ruta, protestas en sede municipal, que en algunos casos incluyó la toma del municipio, negociaciones, medidas de lucha referidas a problemas y a exigencias variadas: caminos, agua, tendido eléctrico, postas sanitarias y escuelas. Sin esas condiciones, aún con títulos de propiedad, la vida se hace difícil y la actividad económica no logra generar ingresos suficientes.

La ausencia de condiciones apropiadas para el desarrollo económico (y “humano”, en un sentido más general) de la población es la explicación, además, de la decisión de algunas personas y familias de vender la propiedad una vez lograda la escrituración. Si bien se trata de una proporción menor de la población comprendida en la Ley, la situación es aprovechada desde el poder como crítica al campesinado, especialmente teniendo a la vista la enorme cantidad de situaciones de tenencia precaria en virtud de las cuales los sujetos reclaman medidas políticas de regularización. Militantes campesinos nos han compartido su experiencia de discusión con sectores de la política que desmerecen las exigencias campesinas. Frente a estos sectores, el argumento campesino es que si el Estado cumpliera su parte, en el sentido de acompañar la actividad productiva, la realidad sería otra.

Más allá de esta situación, la mayoría de las familias sigue apostando a la vida campesina y sus organizaciones, intentando construir alternativas para afianzar y potenciar la actividad económica. Desde la perspectiva campesina, el Estado, ha avanzado en cierta medida en el reconocimiento de la problemática. Esto es destacado por quienes nos han narrado la experiencia: lo consideran un logro de la lucha que muchas veces no es valorado suficientemente. Para ilustrar ese razonamiento nos permitimos compartir las palabras que siguen, que corresponden a quien fuera funcionario durante buena parte del proceso antes señalado, ex- Subsecretario de Tierras y Colonización entre 2005 y 2015, el Ingeniero Jaime Ledesma:

La complejidad de la problemática ocupacional irregular (de) tierras, consolidadas territorialmente (producto de una colonización silenciosa que se va dando después de los años 80, que hoy detenta cierta legitimidad, en su reclamo, pero no legalidad), hace tener una visión estratégica sobre este territorio, pues constituye la lucha por un determinado territorio y plantea un complejo desafío político e institucional para su abordaje.

Cabe reseñar que la Renovación, desde el año 2003, viene poniendo al tope de su agenda de gestión político-institucional la cuestión vinculada con el acceso, distribución y regularización dominial de las tierras (...) Definiciones políticas que corrobora lo dicho y sintetiza esta Política de Estado:

“…Es central, en la causa Misionerista, que las FAMILIAS sean dueñas de sus TIERRAS” [Ing Carlos Eduardo Rovira Ex Gobernador, Presidente de la HCR y Conductor del FRCS]

“Con la Propiedad de la Tierra aseguramos la inclusión, trabajo, crecimiento y bienestar del Pueblo Misionero en una Provincia cada vez mejor; Crecer más, Crecer en Paz” [Dr Maurice F. Closs Ex Gobernador – Senador Nacional] (Ledesma, 2019: texto de internet)

El asunto de la legalidad y la legitimidad es discutible, en tanto los derechos posesorios son “legales” y no sólo (y como si fuera poco) “legítimos” y trae consigo una contradicción, que se expresa de manera particular en el deseo del ex gobernador Rovira: “que sean dueñas de sus tierras”. Tan discutible como el punto campesino de acuerdo al cual no es meramente la propiedad la que asegura bienestar, sino la integralidad de la política pública en materia de desarrollo rural campesino.

Pero no es por esta razón que traemos esta cita, sino procurando mostrar cómo la lucha campesina ha instalado la problemática de la tierra de una manera notoria en el debate político, que contrasta con la ausencia de la discusión en otros territorios.

Los saldos y aprendizajes de una lucha continuada

Nuestra preocupación por los procesos referidos a la construcción de conocimiento y subjetividades en las luchas sociales y en los movimientos populares nos orienta a destacar algunas dimensiones de la experiencia, que presentaremos a continuación de manera sintética, en virtud de los límites de extensión de este trabajo y con la posibilidad de desarrollarlas con más detenimiento en otra oportunidad.

Los hechos narrados ayudan a determinar un primer saldo de los procesos de acción colectiva en los territorios que estudiamos, que tienen que ver con la construcción de repertorios de acción y capacidades de conducción del conflicto y la negociación.

Un segundo saldo tiene que ver con lo que tradicionalmente se suele designar como “conciencia”, como modo de comprensión de la realidad, del lugar de cada cual y de los suyos en las relaciones sociales. Conciencia, subjetividad, subjetivación, son conceptos que aluden a la capacidad de lectura de las tendencias existentes en el territorio y de los intereses propios y opuestos. Una capacidad que se expresa en el sentido de pertenencia a un colectivo social del que se es solidario, pero también en la necesidad de construcción de fuerza social campesina para contrarrestar tendencias dominantes que no se resuelven con la sola obtención de los títulos particulares: hacen falta políticas públicas que favorezcan al campesinado y para eso hace falta ampliar la organización. La conquista del derecho a la tierra no se determina simplemente por el título, sino por la capacidad de defender las posesiones, no sólo en términos individuales, sino las de cada familia vecina. Pero también se expresa en mantenerse organizado, incentivar la participación en experiencias gremiales y cooperativas, e incluso, animarse a la participación electoral aún en condiciones adversas.

La lucha sostenida en el tiempo se vincula también a la afirmación de prácticas y la recreación de modos de vida campesina asociadas, además, al desarrollo de estrategias de diversificación de la producción, construcción de mejores condiciones para la misma, acceso al agua, disponibilidad de semillas, alternativas de comercialización, ejercicios de trabajo asociativo en diferentes momentos de la actividad económica. Prácticas que se hacen viables a través de luchas reivindicativas dirigidas al Estado y a través de formas de autocreación de recursos colectivos. Luchas que se proyectan sobre valores afirmados por organizaciones campesinas de mayor presencia histórica como es el caso de las nociones de agroecología, reforma agraria integral y soberanía alimentaria (Baranger, 2008; Michi, 2010; Domínguez, 2012, 2019)

Este saldo tiene continuidad en la elaboración, en el sentido de la puesta en común y la profundización en colectivos, del pensamiento campesino (Domínguez, 2012; Sevilla Guzmán y Montiel, 2012), la construcción de argumentos, el desarrollo de prácticas que revalorizan las pautas campesinas: disposición de alimentos para el autoconsumo, autocontrol de la fuerza de trabajo, relación de complementariedad (y no de dominio) con la naturaleza, valorización de las relaciones de reciprocidad y solidaridad, por sobre las relaciones de competencia e individualismo propuestas por el mercado. Se produce al mismo tiempo un conjunto de razonamientos que antagonizan con respecto a los valores capitalistas expresados en el desarrollo rural: acumulación sin límites, depredación de la naturaleza, baja remuneración del trabajo, la tierra como bien de mercado, así como con las formas de la política profesionalizada, caracterizada por su relación con los intereses económicos dominantes, pero, además, por la incapacidad para entender y acompañar las necesidades y desafíos del campesinado.

Palabras finales

El trabajo buscó reconstruir las luchas campesinas en el territorio de Pozo Azul, localizado en el nordeste misionero, recuperando la memoria de sus protagonistas y destacando la conquista de la Ley de “Arraigo y Colonización”, cuyo abordaje desde el campo académico resulta aún escaso.

Se pusieron en juego algunos antecedentes del conflicto por tierras y se trajeron al análisis elementos estructurales y políticos que configuraron un proceso de movilización que tuvo su auge entre los años 2004 y 2013 y que aún continúa.

Destacamos, en esa reconstrucción, la perspectiva de sujetos con alto nivel de protagonismo buscando acercarnos a prácticas y sentidos colectivos, partiendo de una lectura teórica que nos sugiere que más allá de las luchas defensivas, la resistencia campesina suele sostenerse si es capaz de construir una organización y una dimensión de proyecto que viabilice la vida de las familias en sus territorios.

Muchos de quienes recuperan esa historia participan actualmente del MTE, y compartieron con nosotros buena parte de sus perspectivas respecto de cómo deben ser las cosas para lograr una vida digna en el campo, algunas de las cuales logramos integrar en este trabajo y otras que esbozamos sobre el final del mismo, con la intención de desarrollarlas en próximas producciones.

Roles de colaboración

El texto se realiza en coautoría. Lxs tres autorxs fuimos partícipes de todo el proceso de trabajo y nos hemos desempeñado de igual modo en la investigación, en la escritura, revisión y edición del artículo.

Referencias bibliográficas

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Notas

Información adicional

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