La Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada el 20 de noviembre de 1989 por la Organización de Naciones Unidas y busca promover en el mundo los derechos de los niños y niñas, cambiando definitivamente la concepción de la infancia. Se rige por cuatro principios fundamentales: la no discriminación; el interés superior del niño; su supervivencia, desarrollo y protección; y su participación en decisiones que les afecten.

Diez años más tarde, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe había suscrito a la CDN. En ese tiempo, la OEA reportaba que las políticas públicas que los países de la región comenzaban a estar marcadas por un drástico cambio en la percepción de la infancia y la adolescencia. La CDN abre caminos nuevos, colocando al Estado y a la sociedad como co-responsables en el diseño y la ejecución de políticas públicas. La Convención supera las instituciones del patronato, la tutela o los consejos tutelares del Estado, que quedan sujetos a la doctrina de la situación irregular y a la concepción de los niños como objetos de protección, para ubicarlos en la doctrina de la protección integral, cuya concepción los reconoce como sujetos de derecho, dotados de capacidad de vivir, tener salud, educación, convivencia familiar, identidad y dignidad (Instituto Interamericano del Niño, 2002).

La mayoría de los países de América Latina han realizado también cambios en su legislación para proteger mejor los derechos de la niñez, incluso adoptando códigos integrales de protección de la niñez y la adolescencia. En general, estas nuevas legislaciones y códigos incluyen la creación de un Sistema Nacional de Protección Integral de la Infancia (SNPI). Este tipo de sistemas corresponde a un conjunto de órganos, entidades, mecanismos e instancias a nivel nacional, regional y local orientados a respetar, promover, proteger, restituir y restablecer los derechos de los niños y niñas, y reparar el daño ante su vulneración. Estos derechos son establecidos por las legislaciones nacionales de infancia y permiten un marco de operación para los documentos de política (Morlahetti, 2013).

En estos 30 años, los países de América Latina han experimentado también transformaciones importantes en términos macroeconómicos, sociopolíticos y de crecimiento económico. Estos cambios posibilitaron acciones gubernamentales orientadas a mejorar la situación social en general, y de la población infantil en particular, sobre todo durante los inicios de la década de 2000. Asimismo, los mercados laborales facilitaron el avance de la CDN, gracias al bajo nivel de desempleo y la leve disminución de la participación laboral en los sectores de baja productividad, lo que hizo posible que se contribuyera más a los sistemas de protección social. Los cambios demográficos también han sido un aspecto clave que se debe considerar, sobre todo la disminución de las tasas de fecundidad, que ha reducido las tasas de dependencia y aumentado las posibilidades de ahorrar e invertir (Comisión Económica para América Latina y el Caribe y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2018).

Sin embargo, la pobreza y especialmente la pobreza extrema inciden de manera importante en los grupos de menor edad de la población. En efecto, en el grupo de edad de 0 a 14 años ambas tasas superan ampliamente las observadas en el resto de la población y se traducen en una sobrerrepresentación en el total de personas pobres y, en particular, de personas en situación de pobreza extrema. Esto compromete sus posibilidades de desarrollo personal y, en consecuencia, el desarrollo futuro de los países y de la región (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2018). Esta situación se debe principalmente a factores demográficos. Los hogares con más niños tienen más probabilidades de ser pobres porque hay más dependientes por trabajador en el hogar; además, los hogares más pobres tienen mayor probabilidad de tener más niños. Asimismo, la fertilidad adolescente es más alta en los quintiles con menores recursos, con implicancias negativas para la educación de las madres en el corto plazo. Cabe destacar también que la pobreza y pobreza extrema entre los niños rurales es casi el doble que para niños en áreas urbanas (The World Bank Group, 2016).

Gráfico 1
América Latina: tasas de pobreza y pobreza extrema por grupos de edad (2002-2016)

Por otra parte, las proyecciones de desarrollo económico y social presentan espacios de riesgo para los grupos de menores ingresos. Los ciclos de bonanza económica para los países productores de materias primas se proyectan menos auspiciosos para los próximos años, lo que puede afectar la capacidad de los Estados para asumir su rol en la protección de derechos del niño. Asimismo, las proyecciones de reducción de empleos rutinarios por el uso de mayor tecnología en industrias y servicios presentan un escenario poco alentador para los trabajadores menos calificados, en un contexto donde las condiciones del mercado laboral afectan directamente al desarrollo de los niños a través de la capacidad que tienen sus padres para ser responsables de su cuidado y protección.

La pobreza infantil se refleja principalmente en brechas en materias de inclusión de los grupos más desfavorecidos y de inequidad según nivel socioeconómico. Se presentan a continuación los principales resultados sobre el balance en los países de la región sobre la implementación de la CDN.

Tabla 1
Situación de los derechos del niño en América Latina y el Caribe a 30 años de la CDN

En relación con el derecho a la educación, cabe agregar que las mediciones internacionales han permitido visualizar brechas persistentes en el logro de los aprendizajes según nivel socioeconómico. Diversos actores han planteado recientemente que es necesario evolucionar desde el derecho a la educación al derecho a aprender, que implica no sólo lograr el acceso a la escuela, sino también garantizar el derecho al aprendizaje, para que el estudiante sea sujeto activo de su propio proceso de aprendizaje con sentido y a lo largo de toda su vida (REDUCA y Fundación SURA, 2018).

Cabe considerar también que los múltiples efectos del cambio climático, la concentración de la población en ciudades, nuevos movimientos migratorios, transformaciones en el mercado laboral y la incidencia de las nuevas tecnologías y la automatización levantan nuevas dimensiones de impacto para asegurar los derechos del niño en la región.

En este escenario, la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS) presenta una nueva oportunidad para consolidar los compromisos de largo plazo con los niños, niñas y adolescentes en los países de la región. La Agenda 2030, que fue suscrita por los 193 países miembros de Naciones Unidas en 2015, establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental, y es la guía de referencia para el trabajo de la comunidad internacional. Los ODS constituyen también una agenda civilizatoria, que pone la dignidad y la igualdad de las personas en el centro y llama a cambiar nuestro estilo de desarrollo (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2019).

Los desafíos de adherir a los objetivos de la Agenda 2030 son importantes para cada país. Implican reforzar diseños de trabajo con foco en los niños, niñas y adolescentes, énfasis en estrategias de trabajo intersectorial y avances significativos en la calidad de la implementación de los programas. Pero las brechas más importantes están en la capacidad de contar con información comparable que permita conocer el avance de cada país e implementar procesos de mejoramiento en aquellas áreas con mayores brechas. Dentro de los países, los niños de los hogares más pobres, los que viven en las zonas rurales y las adolescentes corren un mayor riesgo de quedarse atrás. La situación de otros grupos vulnerables, como las minorías étnicas, los niños con discapacidades y los niños migrantes, resulta difícil o imposible de evaluar mediante el monitoreo de datos existente. Progreso para todos los niños en la era de los ODS revela la magnitud y la urgencia del desafío que tenemos por delante: como promedio, entre el 75 y el 80% de los indicadores pertinentes para los niños de cada país carecen de datos suficientes o muestran un progreso insuficiente para alcanzar las metas mundiales de los ODS en 2030 (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2019).

En Argentina no se registra un documento vigente de política para niños, niñas y adolescentes. A nivel de plan nacional, el foco se concentra en la primera infancia a través del Plan Nacional Primera Infancia para cuidar y estimular a los chicos desde los 45 días hasta los cuatro años (Ministerio de Salud y Desarrollo Social, 2019).

Este plan fue aprobado en 2016 y da cuenta de un conjunto de iniciativas en marcha: a) espacios de primera Infancia que prestan atención integral: asistencia nutricional, prevención y promoción de salud y estimulación temprana, entre otros; b) “Acompañamos la crianza”, programa para fortalecer las capacidades de las familias en situación de vulnerabilidad; c) centros de prevención y recuperación de la desnutrición infantil; y d) programa “Jugando construimos ciudadanía”.

Para el Estado Plurinacional de Bolivia no se identificó una política de niños, niñas y adolescentes vigente. Sin embargo, parte de los derechos que se protegen en la CDN forman parte del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020: El marco de desarrollo integral para vivir bien (Estado Plurincional de Bolivia, 2015).

Este plan se organiza en torno a trece pilares que abordan diversas materias del desarrollo económico, productivo, cultural y social del país. Cada uno de estos pilares cuenta con un diagnóstico de la situación nacional y los avances hasta 2014, y presenta un conjunto de metas (grandes objetivos) y resultados esperados (objetivos específicos) que se esperan alcanzar en 2020. Entre estos pilares, se identifican aspectos clave para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes: reducción de la pobreza, salud, educación y deporte.

Sin embargo, dado su carácter general, este plan no profundiza en temas de niñez y adolescencia, no tiene referencias a la Convención de Derechos del Niño ni a los ODS, ni presenta distinciones por grupos de edad de niños, niñas y adolescentes. De manera específica, el plan no desarrolla objetivos ni metas específicas para la primera infancia y los resultados esperados en educación se centran en ampliaciones de cobertura.

Colombia mantiene dos políticas complementarias para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes: “De Cero a Siempre, Atención Integral a la Primera Infancia”, estrategia que se ha mantenido vigente desde 2012 y que cubre el desarrollo de niños entre la gestación y los 6 años (Gobierno de Colombia, 2012), y la Política Nacional de Infancia y Adolescencia 2018–2030, que contempla el desarrollo de niños y adolescentes entre 6 y 18 años (Gobierno de Colombia, 2018).

“De Cero a Siempre” es un conjunto de acciones planificadas de carácter nacional y territorial, dirigidas a promover y garantizar el desarrollo infantil de las niñas y los niños en primera infancia, a través de un trabajo unificado e intersectorial, que desde la perspectiva de derechos, y con un enfoque diferencial, articula y promueve el desarrollo de planes, programas, proyectos y acciones para la atención integral que debe asegurarse a cada niña y cada niño, de acuerdo con su edad, contexto y condición. Tiene cinco objetivos generales:

1. 1. 1. Garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños en primera infancia.

   2. Definir una política pública de largo plazo que oriente al país en materia de sostenibilidad técnica y financiera, universalización de la atención y fortalecimiento de los territorios.

   3. Garantizar la pertinencia y calidad en la atención integral a la primera infancia, articulando acciones desde antes de la concepción, hasta la transición hacia la educación formal.

   4. Sensibilizar y movilizar a toda la sociedad colombiana con el propósito de transformar las concepciones y formas de relación con las niñas y los niños más pequeños.

   5. Hacer visible y fortalecer la familia como actor fundamental en el desarrollo infantil temprano.

Los principales componentes de la estrategia incluyen: una ruta integral de atención a la primera infancia, que traza el camino de acciones estratégicas intersectoriales; lineamientos técnicos en las distintas áreas que favorecen el desarrollo integral de los niños; un sistema de aseguramiento de la calidad; el desarrollo de capacidades para

quienes cumplen un papel dentro del proceso de atención integral a la primera infancia. De este modo, se persigue el seguimiento a cada niña y cada niño, con respecto a la garantía del conjunto de atenciones que requiere para asegurar su desarrollo integral, así como asesoría y acompañamiento especializado en los territorios.

Por su parte, la Política Nacional de Infancia y Adolescencia tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral de las niñas, los niños y los adolescentes (de 6 a 18 años) y su objetivo general es generar las condiciones de bienestar, acceso a oportunidades con equidad e incidencia de las niñas, los niños y los adolescentes en la transformación del país. El documento reporta que la política se basa en un proceso participativo que convocó a diversos actores a nivel nacional durante el período 2015-2018, incluyendo niños, niñas y adolescentes. La política asume los principios rectores de la Convención de Derechos del Niño y presenta los siguientes enfoques: enfoque de derechos humanos y doctrina de la protección integral; enfoque de género; enfoque diferencial (reconocimiento de las diferencias, atendiendo a particularidades sociales y culturales de individuos y los colectivos); enfoque de desarrollo humano y enfoque curso de vida. Los siguientes son sus objetivos específicos:

1. 1. 1. Generar procesos de desarrollo de capacidades en la construcción de trayectorias de vida significativas para las niñas, niños y adolescentes.

   2. Potenciar la capacidad de agencia y protagonismo de niñas, niños y adolescentes como sujetos de cambio social y cultural.

   3. Fortalecer las capacidades de las familias y los colectivos humanos como agentes que facilitan la construcción de las trayectorias vitales de los niños, niñas y adolescentes.

   4. Atender integralmente a las niñas, niños y adolescentes respondiendo a sus intereses, necesidades y características del contexto.

   5. Consolidar condiciones y capacidades institucionales que faciliten la gestión de la política de infancia y adolescencia, en el orden nacional y territorial.

Las líneas de acción de la política consideran: a) el fortalecimiento institucional en términos de la arquitectura institucional, el gasto público y la identificación del trabajo intersectorial; b) la calidad y pertinencia de las intervenciones; c) la participación, movilización y ciudadanías, incluyendo mecanismos de incidencia de niños, niñas y adolescentes; y d) sistemas de seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento.

Esta política asume como propios de la gestión intersectorial el cumplimiento y seguimiento de las metas de los ODS al 2030, priorizadas en instancias previas, y agrega una meta sobre la integralidad de la atención a niños, niñas y adolescentes.

En el caso de Ecuador, la política de infancia forma parte del plan “Toda una Vida” (Gobierno de Ecuador, 2018), que su vez es parte del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. “Toda una Vida” se presenta como una política pública orientada al fortalecimiento y la institucionalización de servicios asociados a la garantía de

derechos fundamentales de las personas, en particular de los grupos poblacionales que se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad. Este plan aborda la primera infancia a través del componente “Misión Ternura: Cuidado de la primera infancia”, y no se contemplan acciones para los niños y adolescentes mayores de cinco años.

Los enfoques que asume el plan son los siguientes: enfoque de derechos, enfoque de ciclo de vida, generacional e intergeneracional, enfoque de género y enfoque de interculturalidad.

Los objetivos estratégicos de “Misión Ternura” son:

1. 1. 1. Implementar condiciones de salud adecuadas en la primera infancia mediante la atención integral en salud con ternura, con énfasis en los 1000 primeros días, para favorecer el desarrollo físico, mental, emocional y social de niñas y niños.

   2. Promover una alimentación adecuada durante la primera infancia, mediante el fortalecimiento de capacidades de las familias y otras personas cuidadoras, favoreciendo el crecimiento sano y la prevención de enfermedades crónicas de base nutricional.

   3. Potenciar experiencias lúdicas que estimulen el aprendizaje de niñas y niños, mediante el acompañamiento especializado que puedan brindar sus familias y otras personas cuidadoras.

   4. Impulsar la creación de entornos seguros y protectores, mediante el robustecimiento de capacidades de las familias y las comunidades y el acompañamiento para la prevención de cualquier forma de violencia

El plan plantea intervenciones, actores responsables, indicadores, líneas bases y metas a alcanzar en 2021. Asimismo, está alineado con los ODS del Tratado de Derechos Humanos y, en este componente en particular, con la Convención de Derechos del Niño.

En Perú, la política vigente de niños, niñas y adolescente se aborda a través de dos estrategias complementarias: el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012–2021 (PNAIA, 2021) (Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, 2012) y la estrategia “Primero la Infancia” (Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social Perú, 2019).

El PNAIA 2021 es el instrumento marco de política pública del Estado Peruano para articular y vincular las políticas que se elaboren en materia de infancia y adolescencia en el país, y orientar la acción del Estado y de la sociedad civil hacia el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes peruanos. El documento fue elaborado de manera participativa, intersectorial y descentralizada; en el proceso participaron niños, niñas y adolescentes de las distintas regiones del país, adhiere a la CDN y se diseñó en coherencia con los Objetivos del Milenio.

Los enfoques que asume el plan son los siguientes: enfoque de derechos, enfoque del ciclo de vida (según características propias de cada etapa del ciclo de vida), enfoque de curso de vida (mirada longitudinal sobre la vida), enfoque de género y enfoque de equidad.

El plan plantea que el Estado, las familias y la comunidad generen condiciones para el desarrollo sostenible de las capacidades de niñas, niños y adolescentes, lo que les permite ejercer sus derechos plenamente y se organiza en torno a cuatro objetivos estratégicos.

1. 1. 1. Garantizar el crecimiento y desarrollo integral de niñas y niños de 0 a 5 años de edad.

   2. Garantizar la continuación del crecimiento y desarrollo integral de niñas y niños de 6 a 11 años de edad.

   3. Consolidar el crecimiento y desarrollo integral de las y los adolescentes de 12 a 17 años de edad.

   4. Garantizar la protección de las niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad.

Cada objetivo estratégico considera resultados esperados, indicadores, líneas base al para la mayoría de los casos, metas, estrategas de implementación y responsables. El plan presenta además el Sistema de Monitoreo y Evaluación del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (SIMONE 2021), un sistema de evaluación anual y una matriz de monitoreo. También presenta los marcos presupuestarios para los primeros años de implementación. En el sitio web del plan están los informes de evaluación anual y un informe anual de las acciones realizadas por la comisión multisectorial responsable.

“Primero la Infancia”, por su parte, se presenta como un instrumento para destacar el desarrollo infantil temprano (DIT) como prioridad de la política pública, como parte del el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021 y de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer”.

Esta estrategia tiene por objetivo general establecer los lineamientos que orienten el logro de resultados e intervenciones que garanticen el DIT, desde la etapa de gestación hasta los cinco años de vida de la niña o del niño, a través de los siguientes objetivos específicos:

1. 1. 1. Definir los resultados y factores priorizados que necesariamente deben ser abordados por el Estado y la sociedad para el desarrollo infantil temprano.

   2. Definir las intervenciones que deben ser desarrolladas para lograr los cambios deseables sobre los factores que condicionan los resultados DIT.

   3. Establecer los indicadores para el seguimiento y evaluación de los resultados en el DIT.

La estrategia establece que el DIT es un proceso que abarca siete resultados esperados en el desarrollo de los niños y metas para cada uno de ellos. Para el logro de estos resultados, se identifican factores priorizados que afecta el desarrollo de los niños y un conjunto de intervenciones efectivas, basadas en evidencia, a implementar en distintos momentos de la primera infancia.

Finalmente, en el caso de Uruguay, la política sobre niñez y adolescencia se expresa en el Plan Nacional de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 2016-2020 (Ministerio de Desarrollo Social e Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, 2016), que se enmarca en la Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia (ENIA) 2010-2030. Este plan se presenta como el producto de un ejercicio colectivo de identificación, priorización, propuesta de objetivos y acciones de política pública para el logro del bienestar de los niños, niñas y adolescentes de Uruguay. Es un ejercicio de concepción política y ética que nos invita a ver, escuchar y pensar a niños, niñas y adolescentes como grupos sociales diversos y claves en el desarrollo social del país.

De acuerdo al documento, este plan presenta diversas acciones e innovaciones estatales dirigidas a la infancia y adolescencia con el objetivo de dar respuesta, en forma integral e interinstitucional, a las principales desigualdades y problemáticas, y garantizar el pleno ejercicio de los derechos.

En plan se estructura en torno a seis lineamientos estratégicos que se encuentran en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño:

1. 1. 1. Asegurar el desarrollo integral mediante la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en salud.

   2. Garantizar trayectorias educativas continuas para el desarrollo y la inclusión social.

   3. Prevenir, detectar y atender los diferentes tipos de violencia.

   4. Disminuir situaciones de especial vulnerabilidad, situación de calle, trabajo infantil, conflicto con la ley penal, institucionalización por falta de protección familiar.

   5. Promover la participación, la circulación social y el acceso a bienes culturales y artísticos.

Para cada lineamiento estratégico y tramo de edad, el plan platea ejes temáticos, objetivos y acciones. Asimismo, se presenta la situación previa a 2016 (cómo línea base), metas al 2017 y metas al 2020. Sin embargo, el desarrollo de los indicadores es poco preciso. La mayor parte de los indicadores del plan se publican en el Sistema de Información sobre Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, del Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social.

Tabla 2
Resumen revisión de políticas de niñez y adolescencia en el marco de la CDN y los ODS