Plan S en América Latina: una nota de precaución

* Este artículo corresponde a una traducción del original: DEBAT, H. y BABINI, D. (2020): “Plan S in Latin America: A Precautionary Note”, Scholarly and Research Communication, vol. 11, n° 1, 0101347, pp. 1-12. Disponible en: https://doi.org/10.22230/src.2020v11n1a347. La versión publicada aquí ha sido adaptada al formato editorial de esta sección.

** Humberto Debat: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (IPAVE-CIAP-INTA), Argentina. ORCID id: 0000-0003-3056-3739. Correo electrónico: debat.humberto@inta.gob.ar. Dominique Babini: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Argentina. ORCID id: 0000-0002-5752-7060. Correo electrónico: dasbabini@gmail.com.

El Plan S es una iniciativa de un consorcio europeo de financiadores de investigación orientada a exigir la publicación en acceso abierto de los resultados de la investigación financiados por fondos públicos o privados. Está previsto que se internacionalice en 2021. Lanzado en septiembre de 2018 y revisado en mayo de 2019, el plan, que cuenta con el apoyo de la llamada cOAlition S (2019a), involucra diez principios dirigidos a dictar publicaciones académicas en “revistas de acceso abierto, plataformas de acceso abierto, o puestas a disposición de inmediato a través de repositorios de acceso abierto (sin período de embargo)”. cOAlition S (2019b), está coordinado por Science Europe, cuenta con 17 financiadores de investigación nacionales, cinco fundaciones benéficas y el Consejo Europeo de Investigación, y está buscando el apoyo de otras regiones.

Desde su inicio, el Plan S ha recibido críticas múltiples y sólidas con respecto a sus directrices de implementación de diversos miembros del ecosistema de publicaciones académicas, que incluye investigadores (Baum y Coen, 2019; Kowaltowski y Oliveira, 2019; a lo que se suma una carta abierta de aproximadamente 1800 científicos de todo el mundo: Plan S Open Letter, 2019), sociedades científicas (Brainard, 2019; de Knecht, 2019), editores de sociedades científicas (2019), editores de sociedades sin fines de lucro (McNutt, 2019; Purdy, Michelangeli y Fésüs, 2019), editores de organizaciones profesionales y de acceso abierto (Mudditt, 2019; Pulverer, 2018), consultores (Clarke, 2018) y la Federación Europea de Academias de Ciencias y Humanidades (ALLEA, 2018). La Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc) también ha expresado su preocupación sobre el posible impacto negativo del Plan S en el Sur Global, y lo mismo se ha dado con Ameli Conocimiento Abierto para América Latina y El Sur Global (AmeliCA) (Becerril-García, 2019), el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) (Sayer, 2019), entre otras voces (Figshare, 2019). India, que inicialmente había mostrado interés, recientemente decidió saltear el Plan S y centrarse en los esfuerzos nacionales en publicaciones científicas (Mukunth, 2019).

Como un ejemplo de las actividades de promoción global de la cOAlition S, y sentando un precedente en América Latina, se lanzó una comunicación conjunta durante la reunión del comité directivo de 2019 sobre cooperación en ciencia y tecnología entre la Unión Europea y Argentina que establece que “Argentina se unirá a la cOAlition S” (Argentina y Unión Europea, 2019: 1). Si consideramos las implicaciones económicas del Plan S para los signatarios y sus comunidades de investigación, y el hecho de que las pautas de implementación del Plan S no demuestran cómo las editoriales proporcionarán costos y precios transparentes (cOAlition S, 2019a: principio 5) y límites aceptables para los cargos por procesamiento de artículos (APC), sería razonable que América Latina espere para unirse al Plan S hasta que su primera evaluación informe los resultados y las implicaciones para los países e instituciones menos privilegiados. Esto daría tiempo para nuevas consultas dentro de la región antes de la firma de un acuerdo que impondría una conversión significativa de la asignación de fondos para publicaciones académicas a partir de 2021. Las restricciones de fondos económicos regionales no son triviales. Argentina se encuentra en un contexto de severa crisis económica y recortes sistemáticos de gasto en investigación y desarrollo (Carignano y Jaworski, 2019; Roman, 2018; Wessel, 2019a y 2019b), y las perspectivas a mediano plazo requieren un análisis exhaustivo de los costos involucrados y posibles alternativas.

Numerosos interesados en la empresa de investigación y publicación comparten el espíritu del Plan S de lograr el acceso abierto inmediato y completo de las publicaciones académicas, pero muchas críticas al plan se centran en las pautas de implementación. La potencial adhesión de Argentina y otros países de América Latina ignora la realidad de la región y perjudica el avance de iniciativas de acceso abierto no comerciales a nivel regional y global. La implementación del Plan S puede alentar un cambio en las revistas académicas a modelos de transacciones de artículos que cobran cargos por procesamiento de artículos (APC), lo que redundará en un retiro de recursos en infraestructura pública no comercial de comunicaciones científicas abiertas, que son cruciales para avanzar hacia procesos y prácticas de ciencia abierta en América Latina. Si bien esta iniciativa influirá en el ecosistema de publicaciones en todo el mundo, su diseño ha ignorado más de 20 años de agenda sobre acceso abierto desde el Sur Global y el paradigma contrastante de publicaciones académicas en América Latina (Becerril-García, 2019).

Las directrices del Plan S se publicaron sin una consulta participativa con los múltiples interesados de diversos campos y realidades institucionales de diferentes regiones del mundo. Sin embargo, se debe aplaudir la actualización de 2019 sobre el plan original, impulsada por más de 600 respuestas de la comunidad de investigación durante una “consulta abierta” (cOAlition, 2019c). La respuesta a estos cuestionamientos atenuó algunos de los requisitos de la primera versión de la iniciativa (SPARC Europe, 2019), como que muy pocas de las revistas de acceso abierto actuales cumplen con los requisitos del Plan S (Frantsvåg y Strømme, 2019), y que las revistas basadas en APC están mejor posicionadas para cumplir con el plan. Algunos avances en la versión actualizada del Plan S, descritos en el reciente informe de Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC, 2019), son: i) el reconocimiento de repositorios como comparables a las revistas de acceso abierto y otras plataformas; ii) el derecho de los autores e instituciones a conservar los derechos de autor sin costo adicional; iii) el compromiso de evaluar los resultados de la investigación en función de su valor intrínseco; y iv) la extensión del plazo para implementar el plan de 2020 a 2021.

Desde una perspectiva geopolítica, existen diferencias fundamentales en la noción de publicaciones científicas y académicas. Parecen tratarse como un producto propenso a la comercialización en las pautas del Plan S, mientras que en América Latina se conciben como el intercambio comunitario de bienes públicos. La publicación académica en América Latina está respaldada por una infraestructura no comercial y financiada con fondos públicos orientada a promover el acceso abierto como la forma natural de comunicación científica. En esencia, en América Latina los productos científicos pertenecen a la academia y no a las grandes editoriales comerciales internacionales, con una tradición de lectura gratuita y de publicación colaborativa gratuita (Becerril-García y Aguado-López, 2018). Esto se considera un derecho universal en la región (CLASCO, 2015). Por ejemplo, desde 2003, Redalyc, una organización sin fines de lucro, ha sido pionera como red inclusiva de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal al funcionar como un nodo de información científica y contribuir a la visibilidad de las revistas publicadas en la región. Redalyc (2019) ahora contiene más de medio millón de artículos en texto completo de 1260 revistas revisadas por pares de acceso abierto publicadas por 622 editores de 22 países, con un promedio de 4 millones de descargas de artículos por mes (Alerpin, 2015 y 2016). Además, Redalyc apoya a AmeliCA (2019a) una iniciativa comunitaria interinstitucional promocionada por la UNESCO y CLACSO, que busca un entorno no comercial colaborativo y sostenible para el conocimiento abierto en América Latina y el Sur Global. AmeliCA (2019b) tiene la intención de contribuir a la integración no subordinada del Sur en el diálogo universal de la comunicación científica “reconociendo su experiencia y liderazgo en la defensa y contribución al Acceso Abierto”.

AmeliCA comparte el objetivo final del Plan S, lograr el acceso abierto, y reconoce los problemas de los esquemas actuales de evaluación de la investigación (Becerril- García, 2019). También reconoce que las prácticas tradicionales de evaluación de la investigación se basan en métricas defectuosas e incentivos distorsionados y, por lo tanto, como cOAlition S (2019a), expresó un compromiso con la Declaración de San Francisco sobre Evaluación de la Investigación (DORA, s/f). Sin embargo, AmeliCA no está de acuerdo con que los financiadores o las universidades deban cubrir las tarifas de publicación en acceso abierto, en lugar de canalizar esos recursos para asegurar el desarrollo de la infraestructura académica y recuperar el control de las publicaciones científicas por parte de las instituciones académicas (Becerril-García, 2019).

Hacia la implementación de los recursos para sostener la publicación en acceso abierto, el Plan S sugiere el límite de los aranceles de APC y las eventuales exenciones de publicación para los países sin privilegios económicos, lo que representa una respuesta parcial ingenua a las restricciones financieras de publicación para los investigadores que trabajan en países e instituciones con recursos económicos limitados. Revela una visión condescendiente del intercambio científico que se traduce en el control de la ciencia en manos de los países ricos y disminuye al Sur Global como un mero observador pasivo sin control más allá de los acuerdos comerciales globales entre gobiernos ricos y las pocas grandes editoriales comerciales oligopólicas (Becerril-García, 2019; Larivière, Haustein y Mongeon, 2015). El Plan S pasa por alto que sus mandatos afectan las estructuras de comunicación académica de otras regiones, independientemente de que firmen o no su iniciativa. Además, las políticas de exención y los límites de APC son indiferentes a la tradición de publicación no comercial en América Latina.

Para las regiones en desarrollo sin tradición de APC, esta propuesta global para acelerar la transición al acceso abierto, que sigue a una propuesta global anterior llamada OA2020 (Zhang, 2019), es problemática porque da por sentado que el acceso abierto es un mercado, como lo son las suscripciones, y le pide al mundo que apoye esta visión implícita sin discusión. Guédon (2018) dice en The History of Open Access and its Meaning que “la comercialización de revistas académicas cambió profundamente su naturaleza y su marco económico: se convirtieron en una mercancía. Fue en efecto una (contra) revolución”. ¿Acelerar la transición al acceso abierto beneficiará una vez más a los accionistas de la industria, dándoles beneficios escandalosos como con las suscripciones? Como Willinsky (2018) mencionó en una entrevista, estos accionistas “cobran lo que aguanta el mercado”. ¿Por qué no aprovechar la oportunidad de propuestas globales como el Plan S para redirigir los fondos, permitiendo que la comunidad académica retome el control de las comunicaciones académicas? ¿Por qué no dar prioridad dentro del Plan S a la diversidad de alternativas no comerciales dirigidas por académicos para fortalecerlas? En su forma actual, el Plan S puede terminar resultando en la redirección de un alto porcentaje de las asignaciones presupuestarias de los miembros de la cOAlition S a alternativas con fines de lucro y APC.

Una consecuencia no deseada del Plan S en las regiones en desarrollo podría ser el debilitamiento de las plataformas de acceso abierto no comerciales vulnerables. América Latina ha liderado históricamente un movimiento firme y creciente de acceso abierto, y representa la región del mundo con una mayor adopción de las prácticas de acceso abierto (Babini, 2019; Babini y Machin-Mastromatteo, 2015). La tradición de América Latina en la publicación en acceso abierto ha redundado en nuevas vías de participación de publicaciones académicas, como el impacto alternativo en la demanda de artículos científicos por parte de otros públicos (Alperin, 2015). El uso sistemático de artículos científicos por parte de estudiantes y público no académico, observado en nuestra región, cuestiona la evaluación de los resultados de investigación basados únicamente en citas, forma habitual de legitimación de grandes editoriales comerciales del Norte Global.

La discusión sobre el Plan S ha sido fundamental para exponer lo desequilibrados que son los debates, que se están circunscribiendo —principalmente en el Norte Global— a un grupo de élite comprometido con la industria de las comunicaciones académicas (Tennant, 2019). La experiencia de América Latina fomenta el conocimiento como un bien público en plataformas no comerciales, que repercute en un uso sin precedentes del registro académico por parte del público en general (Alperin, 2016). Los recursos limitados deben canalizarse para mantener y escalar estas iniciativas sin fines de lucro en lugar de asignar dinero para publicar en revistas comerciales. Para contribuir a la democratización del conocimiento debemos promover políticas, acciones y fondos para implementar el acceso abierto, al mismo tiempo que mejoramos la calidad y mantenemos el control de los procesos editoriales académicos por parte de la comunidad científica. Hay una necesidad de complementar los indicadores bibliométricos tradicionales con nuevos indicadores de acceso abierto apropiados para escenarios regionales y alentar el acceso mundial al conocimiento como un derecho humano (CLASCO, 2015). Por ejemplo, Argentina, donde la mayoría de la producción científica está financiada con fondos públicos, ha avanzado en una gran cantidad de iniciativas para promover el acceso abierto (UNESCO, 2017). Algunos hitos son la creación en 2009, por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, del Sistema Nacional de Repositorios Digitales de Ciencia y Tecnología (Argentina, s/f). Este repositorio ahora alberga más de 265.817 publicaciones de acceso abierto bajo la guía de un comité de expertos en repositorios digitales de la ciencia y la tecnología. Con la implementación del repositorio, el gobierno argentino ha promovido la Ley 26.899 (Argentina, 2013), que fue aprobada en el congreso y promulgada en diciembre de 2013, fomentando la prioridad de los repositorios en el camino hacia el acceso abierto. La esencia de esta legislación es que el conocimiento, en tanto bien público, financiado por la sociedad, debe ser accesible a todos los ciudadanos. Esta ley establece en su segundo artículo que los organismos públicos y las instituciones de ciencia y tecnología deben establecer políticas para la gestión del acceso público y la preservación de datos a largo plazo de la investigación primaria, para garantizar la disponibilidad pública de los resultados de la investigación.

Estas acciones e iniciativas no son ciegas a la región. Legislaciones de repositorios similares se aprobaron simultáneamente en Perú en 2013 y México en 2014, y se discutieron en el Congreso en Brasil, aunque aún no se aprobaron. Además, las agencias públicas de ciencia y tecnología de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, México, Perú y Uruguay se han unido en 2012 para reforzar sus sistemas individuales, en una red de repositorios institucionales denominada LA Referencia. Esta red federal, que aumenta la interoperabilidad en la región y proporciona acceso público a más de 1.800.000 documentos —incluidos artículos, informes y tesis académicas—, es miembro de la Confederación de Repositorios de Acceso Abierto (COAR, 2019). Con respecto a la discusión sobre el Plan S, LA Referencia ha emitido un documento con los principios y acciones propuestos para América Latina, donde se recomienda “tener un mejor equilibrio entre la financiación de los recursos comprados a las empresas comerciales y los recursos públicos destinados a fortalecer los sistemas y plataformas nacionales” (2019: 9).

Además, el Consorcio de Agencias Nacionales de Iberoamérica, responsable de la compra nacional de suscripciones a revistas, acordó en su primera asamblea una declaración que indica que “una política de expansión de OA, mediante el pago de las tarifas de APC, es imposible de emprender desde un punto de vista financiero para los países participantes. No se recomienda a las instituciones que generen subsidios específicos para pagar publicaciones en revistas de OA-APC” (Consorcios de Iberoamérica y el Caribe, 2017: 2). Con esta visión implementada en Argentina, que está en línea con la tradición de los sistemas de información colaborativos y cooperativos en América Latina, y considerando las severas restricciones económicas actuales para realizar investigación en los países de la región, la decisión de unirse al Plan S podría posponerse hasta que la iniciativa muestre, en su primera evaluación de resultados en 2024, que sus fondos están también direccionados a construir un futuro de acceso abierto global inclusivo, participativo y no comercial.

La guía de implementación del Plan S, en su versión inicial y modificada, no aborda los problemas crónicos y esenciales de las publicaciones académicas tradicionales como la concentración de artículos en grandes editoriales comerciales internacionales con márgenes extraordinarios de beneficios (Grossman y Brembs, 2019) subvencionados con dinero de investigación y mano de obra gratuita. Un APC razonable para una institución de investigación del Norte Global probablemente sea inasequible e irrazonable para una institución de una región en desarrollo (Sayer, 2019). Es cada vez más evidente que, dado que los legacy publishers —con importante participación en el ecosistema de publicaciones académicas e influencia en los indicadores de evaluación de la investigación— probablemente cambiarán de un modelo basado en suscripción a uno basado en APC, el Plan S eventualmente allanará el camino para un sistema colectivo y global de “pagar por publicar en acceso abierto”. Según lo expresado por las Bibliotecas de China Continental, signatarias de OA2020, en su respuesta a la guía de implementación del Plan S (Zhang, 2019), debemos “evitar el efecto perverso de dar a las revistas gratuitas un incentivo para comenzar a cobrar tarifas”. Hoy en día, el 70% de las revistas de acceso abierto incluidas en DOAJ no cobran APC. En otras palabras, el Plan S podría implicar una transferencia directa de fondos para sufragar el costo de la publicación en acceso abierto, desde la investigación hacia las tarifas prohibitivas cobradas por editoriales privadas con fines de lucro (Mukunth, 2019). Como señaló Holmwood, “el beneficio privado está adoptando el manto del valor público y, si los defensores de la comercialización tienen éxito, la pérdida será la del público en cuyo nombre se está llevando a cabo” (2018: párrafo 17). En un contexto plausible de niveles inaccesibles de APC para el Sur Global, los investigadores latinoamericanos podrían eventualmente leer pero no publicar en revistas internacionales (Poynder, 2019).

Como sugirió también Poynder, ¿no sería mejor que el Sur Global se abstenga de firmar el Plan S “para beneficiarse de él” y en cambio se centre en “respaldar las revistas existentes sin APC, crear nuevas para la componente de publicar y negociar acuerdos de licencias nacionales que incluyan a todos los ciudadanos (...) para el componente de lectura” de publicaciones científicas internacionales? (2018: párrafos 22 y 27). En esta línea de pensamiento, Sinha, al cuestionar la propuesta de que la India se una al Plan S, expresó que “no tiene mucho sentido que los países en desarrollo gasten una cantidad enorme en APC exigida por un oligopolio editorial extranjero (...) El Plan S no es exactamente un gran plan para el Sur Global ya que no socava suficientemente el poder de mercado del oligopolio editorial” (2019: párrafo 19).

Un informe reciente destaca que los costos de publicación de un artículo académico son de aproximadamente 400 dólares: van desde menos de 200 a más de 1000 dólares por artículo en revistas revisadas por pares con tasas de rechazo de más del 90% (Grossman y Brembs, 2019). Sin embargo, el Journal of Open Source Software publica artículos con costos internos menores a diez dólares (Tennant, 2018). Además, si bien no es una revista y por lo tanto no tiene costos asociados de la revisión por pares, el servidor de preprints arXiv publica artículos a menos de cinco dólares (Cornell University Library, 2010). En este escenario, también vale la pena discutir iniciativas alternativas potencialmente eficientes a nivel de costos, como el mandato de los financiadores de depósito de sus trabajos como preprints, que podría conducir a un acceso inmediato a la investigación científica si la revisión por pares es separada de la publicación y la etapa posterior a la publicación evoluciona hacia nuevos modelos de evaluación de pares basados en la comunidad (Sever, Eisen y Inglis, 2019). Este enfoque de “publicación primero, curaduría después” podría acelerar la difusión de los resultados académicos, que eventualmente conduciría a un avance más rápido de la investigación académica (Sarabipour, Debat, Emmott, Burgess, Schwessinger y Hensel, 2019; Stern y O’Shea, 2019).

RGENTINA

Como declararon recientemente los representantes de African Open Science Platform, AmeliCA, cOAlition S, OA2020 y SciELO, hay un acuerdo con el objetivo final del Plan S con respecto a que todos los productos académicos sean publicados en acceso abierto para proporcionar “acceso abierto universal, sin restricciones e inmediato a la información académica (…) logrado a través de una variedad de estrategias” (São Paulo Statement on Open Access, 2019: párrafos 4 y 5). Sin embargo, de acuerdo con Becerril-García, presidenta de AmeliCA, “las estrategias comerciales que las editoriales con fines de lucro han adoptado para el acceso abierto son voraces, excluyentes e insostenibles. Esto es totalmente contrario a la visión de acceso abierto que apoya AmeliCA” (Poynder, 2019).

Las pautas de implementación del Plan S no demuestran cómo los editores proporcionarán costos y precios transparentes y límites aceptables para las instituciones y países menos privilegiados. Para una región que tiene un modelo de financiamiento de acceso abierto donde cada institución y país subsidian sus propias publicaciones, pagar APC al valor del mercado internacional seguramente desviará los escasos recursos disponibles para apoyar el modelo no comercial en América Latina o, lo que es peor, promover un modelo de negocio de APC en la región. ¿Por qué el acceso abierto debería ser un mercado? Como mencionó Alperin en su revisión abierta de este artículo, “el problema del Plan S para la región, tal como lo veo y entiendo por este artículo, es que socava y subestima el enfoque actual tanto a nivel filosófico como financiero”. El futuro del acceso abierto a las comunicaciones académicas mundiales y la ciencia abierta se beneficiarán de la existencia de un número creciente de instituciones, países y regiones que apoyen y den prioridad a las iniciativas de acceso abierto sin fines de lucro dirigidas por la comunidad. Esta visión y estos valores no se reflejan en el Plan S.

En consecuencia, parece razonable, como ya se dijo, que América Latina espere para unirse al Plan S hasta que su primera evaluación verifique e informe los resultados e implicaciones para los países e instituciones menos privilegiados. América Latina debe fortalecer sus actividades de redes internacionales con iniciativas que inviertan y promuevan infraestructuras abiertas, servicios, investigaciones e indicadores dirigidos por académicos sin fines de lucro, permitiendo que la academia recupere el control de las comunicaciones académicas y sus indicadores para la evaluación, como es el caso de COAR (2019), DOAJ (2020) y la Global Alliance of Open Access Scholarly Communication Platforms (UNESCO, 2019), entre otras iniciativas que tienen una fuerte presencia y participación en las regiones en desarrollo.

Los autores de este texto trabajan en redes de investigación de agricultura (Humberto Debat) y ciencias sociales (Dominique Babini), que, junto con la salud, son disciplinas con una tradición de publicar en revistas regionales de calidad y en idiomas locales. Además, Humberto Debat es un embajador de eLife y ASAPbio y un afiliado de bioRxiv. Dominique Babini es miembro del equipo de AmeliCA-Conocimiento Abierto, miembro del consejo asesor de DORA, colaboradora de contenido de América Latina para UNESCO-Global Open Access Portal, miembro del Comité Nacional de Expertos del Sistema Nacional de Repositorios Digitales de Ciencia y Tecnología de la Argentina y miembro de la Junta Asesora de Open Access India, de Publi.ca (Canada) y de la colección Redalyc-CLACSO de 930 revistas de ciencias sociales.

Este artículo se publicó originalmente como preprint en inglés (Debat y Babini, 2019a) y en una primera versión en español (Debat y Babini, 2019b). Los autores agradecen las críticas de Juan Pablo Alperin y de un revisor anónimo, que ayudaron a mejorar este artículo de opinión.