Introducción

Latinoamérica y el Caribe han sido identificadas como las regiones más urbanizadas del mundo. Para el año 2010, el porcentaje de personas viviendo en áreas urbanas en ambas regiones representaba un 79,4 % de la población total (UN-Habitat, 2010). La tendencia al alza se observó durante la siguiente década, ya que para el año 2019, la población urbana ascendió a un 80,87 % del total de ambas regiones (Banco Mundial, 2019).

En este contexto es posible observar la relación que existe entre el crecimiento de la población y las problemáticas urbanas derivadas de ello. Según el documento Estado de las ciudades del mundo (State of the World’s Cities), publicado por UN-Habitat en el año 2010, uno de los rasgos críticos que caracteriza a las ciudades en crecimiento es la “brecha urbana”, determinada por la fragmentación social y urbana. En ese sentido, existe una diferencia marcada entre las áreas que se han beneficiado del desarrollo económico y las que no. A saber, en estas últimas se observa un deterioro urbano en los equipamientos, espacios públicos y viviendas, con un déficit de servicios y acceso a la infraestructura pública (UN-Habitat, 2010).

En el Reporte Mundial de las Ciudades 2020, publicado por UN-Habitat (2020), se menciona que el 96 % del crecimiento urbano se producirá en las regiones menos desarrolladas del planeta, ya que la tendencia de urbanización sigue en crecimiento. Frente a ese panorama, el documento citado menciona que en áreas urbanas es fundamental abordar aspectos como el hacinamiento, garantizar la salubridad en los diferentes espacios que habitan las personas y mitigar los riesgos para la salud, todo aquello como aspectos que son resultados o van asociados con la “brecha urbana” en crecimiento.

De tal manera, como mecanismo para mejorar las problemáticas asociadas al crecimiento acelerado de las ciudades, se plantean programas y proyectos urbanos de ejecución “tradicional” que se caracterizan por ser esquemas a gran escala en los cuales intervienen únicamente los entes gubernamentales en alianza con la empresa privada. Sin embargo, las formas tradicionales de hacer urbanismo no muestran resultados satisfactorios en lo que tiene que ver con dar respuesta a las necesidades, demandas e intereses de los ciudadanos, en un proceso de cambio continuo que exige total pertinencia debido a la escasez de recursos humanos y económicos.

El desarrollo de este proceso puede ser atribuido a las fallas en los enfoques “desde arriba” y a sus restricciones para combatir adecuadamente el fenómeno de la pobreza; a las limitaciones de las políticas orientadas por grupos de expertos y técnicos para transformar las condiciones de marginalidad, y a la aparición de enfoques más radicales que fomentan y respaldan la participación de las comunidades en el proceso de planeación de las ciudades.

Ante este panorama, se ha puesto en marcha la construcción de un nuevo urbanismo en el cual se permite la participación comunitaria. El interés en la difusión de los enfoques participativos se fundamenta en la noción de un rol activo de las comunidades locales, implementado “para compartir, acrecentar y analizar su conocimiento sobre las condiciones de vida y así planificar, actuar, monitorear y evaluar” (Chambers, 1997, p. 102).

Metodología

El estudio se realizó a través de un diseño cualitativo e interpretativo, el cual determinó el procedimiento de selección, revisión y análisis de la muestra documental. Se planteó una primera fase en la cual se llevó a cabo la construcción de un estado del arte y un marco conceptual en torno al tema. El desarrollo de la primera fase permitió definir las características que orientaron el desarrollo de la segunda fase, la cual se concentró en la selección y el análisis de casos de estudio en los que se ha dado lugar a la participación comunitaria. Con características similares a la primera, se centra en determinar el aporte de la participación ciudadana a los casos sujetos a estudio. Las categorías de análisis se plantearon para establecer las razones por las que estos proyectos son mejores y más exitosos al tener participación comunitaria, y qué aspectos puntuales se mejoran en ellos con la inclusión de la participación comunitaria.

Así, se propuso una estructura organizativa idónea para mostrar los resultados del análisis de casos de estudio. Se partió de una estructura con las siguientes categorías de análisis: (1) descripción general y origen del programa, (2) impacto del proyecto, (3) objetivos del proyecto, (4) tipos de participación y metodología aplicada, (5) resultados. En esta última fase se valora el impacto y desempeño del programa o proyecto, con respecto a los aportes al diseño urbano, con la inclusión de la participación comunitaria.

Se agruparon los principales aspectos de impacto de cada proyecto en categorías que responden a sus fases de desarrollo. Dichas categorías son las siguientes: conceptual, contextual, proyectual, contractual y/o construcción¹.

Figura 1
Categorías de análisis de impactos de proyectos urbanos con enfoque participativo
Fuente: elaboración propia con base en Jiménez (2006)

Como tercera y última fase, el resultado del análisis de los casos de estudio se relacionaron dentro de un cuadro que permitió reconocer los valores de los proyectos de acuerdo con las categorías de análisis definidas. Esto dio paso a unas reflexiones finales.

Resultados

Aproximación teórica al urbanismo participativo

En el contexto de este artículo, la participación comunitaria aparece como el ejercicio desde el cual diversos agentes y actores de los entornos, procesos, relaciones y acciones colectivas materializan intereses en pro de los objetivos o deseos de un sector específico. Asimismo, con relación a la realización de proyectos urbanos sostenibles, estos enfoques resultan vitales, dado que tienen la capacidad de generar un espacio de comunicación entre entidades como la academia, los vecinos de los conglomerados urbanos, y los encargados de la gestión urbana. En ese contexto, se pueden promover propuestas más incluyentes, logrando que todas y todos tengan voz.

Con base en el enfoque presentado anteriormente, se presenta una serie de interrogantes asociados al urbanismo participativo y a su papel en proyectos urbanos, con el fin de hilar una secuencia que permita establecer el postulado que se quiere defender. Con ello se alude al impacto que la participación comunitaria ha tenido en los proyectos ejecutados, en relación con los proyectos que no cuentan con ese elemento para su ejecución. En ese escenario, una serie de interrogantes dan la pauta para desarrollar el tema.

La respuesta al interrogante ¿Qué es la participación comunitaria y cómo se expresa en los proyectos urbanos? sugiere un punto de partida para encontrar la relevancia del tema a desarrollar. En ese sentido, participar no consiste exclusivamente en hacer parte de un grupo u organización determinada, sino que también se trata de tomar parte en el proceder de diferentes condiciones mediante propuestas y acciones emprendidas en procura del mejoramiento y fortalecimiento de los procesos de una comunidad. Por otro lado, cuando hablamos de comunidad, nos referimos a las características que comparten quienes integran y definen a un grupo, tales como los valores, la cultura, la etnia, el área geográfica que habitan y los niveles de conciencia y el sentido de pertenencia que tienen sobre ese espacio.

Por consiguiente, podemos definir la participación comunitaria como la capacidad que tienen las comunidades de actuar colectivamente con el fin de ejercer control sobre los aspectos determinantes que las afectan, asumiendo responsabilidades; acciones emprendidas con el fin de contribuir al desarrollo de estas comunidades como respuesta a sus necesidades y problemas reales, según corresponda a su cultura. De acuerdo con Velásquez (1997), la combinación de los conceptos de participación ciudadana y comunitaria se logra cuando la participación ciudadana de los individuos impacta diferentes procesos y espacios, como la generación de iniciativas, y la fiscalización de la acción pública. Asimismo, se da cuando esta se incluye en estrategias, programas y proyectos públicos y sociales. De igual forma, en cuanto se refiere a cómo se expresa esta participación comunitaria en proyectos urbanos, es posible afirmar que estos están asociados, junto con su respectiva participación comunitaria, con conceptos como los de empoderamiento, sustentabilidad, gobernanza, y sana democracia.

De esta manera, los proyectos urbanos con participación comunitaria consolidan características particulares que no es posible encontrar en proyectos convencionales, que carecen de participación comunitaria. Es así como, por ejemplo, el empoderamiento garantiza un mayor control sobre acciones y decisiones que afectan la vida; promueve la participación social en pos de un objetivo, y no transfiere poder, sino que lo crea. Por otra parte, la sustentabilidad de los proyectos se mantiene desde la concepción de la comunidad, entendida como elemento generador de soluciones, y no solo como un elemento estéril e inmóvil, al cual se le tienen que resolver los problemas.

En este caso, la gobernanza del territorio se convierte en una nueva herramienta de gestión efectiva de los gobiernos en cuanto respecta a sus políticas de desarrollo (Jorquera, 2011). Eso obedece precisamente a que con ella se constituye un modelo alternativo de gestión pública que centra su atención en los procesos de correlación que respectan a la responsabilidad del Estado y las comunidades que habitan un territorio.

En cuanto a la pregunta ¿Cuáles son las características del urbanismo participativo?, se debe empezar por afirmar que, más que entender la participación como un trámite, o una actividad mecánica y con tendencia manipulable, esta se consolida como una fase oportuna para construir sociedad local, y con ella ciudadanía. Se trata, por un lado, de garantizar la inclusión social desde la conciencia y práctica cotidiana del lugar; pero, por otro lado, este esfuerzo consiste sobre todo en la oportunidad de defender valores como la autonomía y la soberanía.

De esta manera se puede decir que el urbanismo participativo se caracteriza por la promoción y el acompañamiento de las acciones realizadas por las comunidades en un territorio en particular. Estas se caracterizan por ir encaminadas hacia el mejoramiento del espacio físico, y el fortalecimiento de las relaciones sociales que permiten la resolución de conflictos y desigualdades. Así, dicho proceso se ve reflejado en la forma que ha adquirido el espacio físico urbano y/o rural de las ciudades.

Por su parte, se presenta el interrogante ¿Qué es el urbanismo táctico y cómo se relaciona con la participación comunitaria en proyectos urbanos? Es posible resolver dicho interrogante a partir de la afirmación de que, en la planeación urbana, la planificación comunitaria se configura como una nueva forma de vivir la ciudad, lo cual también tiene consecuencias en cuanto atañe al papel de la ciudadanía en la configuración del espacio público. El urbanismo táctico -acciones pequeñas, efectuadas a menudo a corto plazo, y con carácter experimental- es una estrategia de participación comunitaria que se adelanta en proyectos urbanos; proyectos que a menudo necesitan un largo periodo de tiempo para ser ejecutados. Se hace referencia a ellos en la medida en que su desenvolvimiento permite acumular resultados a corto plazo para evaluar el enfoque que debe tener la iniciativa a largo plazo.

Cabe señalar que el replanteamiento de las funciones y relaciones de todos los actores involucrados es vital para que la gestión urbana participativa sea efectiva. Con ello se alude a una redefinición que involucra el uso compartido de la ciudad por parte de los gobiernos locales, los organismos de desarrollo, las organizaciones de base comunitarias y las comunidades. En este mismo orden de ideas, la gestión urbana social debe ser medible y validada a través de una matriz multicriterio; es así como la racionalidad, el contexto, la aplicación práctica y la aplicabilidad de la propuesta deben ser estudiadas (Abbott, 1996).

A esa sazón, en los últimos años ha surgido una serie de metodologías y estrategias de enseñanza-aplicación que pretenden articular el conocimiento colectivo dado desde lo comunitario, para consolidar un colectivo/ciudadano en el marco de la construcción, desarrollo y transformación de la ciudad (Hernández Araque, 2016). Dentro de estas metodologías se enmarca el urbanismo táctico. Los proyectos desarrollados bajo esta línea pueden iniciar como proyectos no autorizados por parte del gobierno y convertirse en permanentes, debido a su éxito. Un caso relevante de ello es el programa Depave en Oregón, a través del cual se promueve la remoción de pavimento innecesaria en zonas urbanas para crear nuevos espacios verdes permeables que beneficien el manejo del agua de manera natural, y brinden más espacios de esparcimiento a los ciudadanos.

Figura 2
Remoción de pavimento del programa Devape en Oregón, EE, UU.
Fuente: Stormwateroutreach (S.A.)

Depave inició como una propuesta de activismo barrial. Sin embargo, debido a su éxito e impacto, se transformó en una organización no lucrativa financiada por la ciudad de Portland y la EPA (Environmental Protection Agency). Estas son las acciones a las que Lydon & García (2015) se refieren como de corto plazo con implicaciones a largo plazo; acciones que son finalmente los componentes integrales del urbanismo táctico.

Construcción colectiva del territorio

El territorio es una creación antrópica, una construcción social, es el resultado de un proceso de coevolución entre una sociedad y un ambiente natural, que produce un socio o neoecosistema (Von Bertalanffy, 1968). La percepción de espacio y tiempo de una población determinada responde a diferentes factores físicos y espaciales que fluctúan y que pueden alterar las concepciones de ciudades de los ciudadanos, respondiendo a lógicas externas.

Otros autores han definido el concepto a partir de sus propias experiencias. Tal es el caso del geógrafo Yi Fu-Tuan, quien sostiene que este es un sentimiento de “apego”, regido por una relación emotivo-afectiva (Fu-Tuan, 1974). Dicha relación enlaza a los seres humanos a los lugares con los cuales se sienten identificados.

La construcción de ciudad debe estar sustentada en la construcción cultural de ciudadanía. De acuerdo con Saldarriaga (1991), la expresión cultural ciudadana tiene diferentes niveles y se puede expresar, entre otras variables, en las siguientes manifestaciones: (1) las manifestaciones cotidianas de las relaciones entre los habitantes de la ciudad (familiaridad, vecindad, voluntariado, cooperación e intercambio). (2) La expresión de las relaciones de los ciudadanos con la ciudad (valoración del medio ambiente, entendimiento y manejo de la ciudad, reconocimiento, valoración y apropiación del espacio público, valoración y conservación del patrimonio histórico y cultural, simbolismos de la ciudad, sentido de vinculación ciudadana y de identidad con la ciudad). (3) Las manifestaciones de la relación ciudadanos-poder (formas de participación política, responsabilidad ciudadana ante las normas y mandatos, juicio ciudadano sobre el ejercicio del poder y reciprocidad entre la gestión pública y privada, y las expectativas de la sociedad civil).

Las expresiones culturales sobre el territorio son descritas por Saldarriaga (1991, p. 54) en tres momentos: el de la valoración y cuidado del escenario natural de la ciudad; el de la producción y el manejo de desperdicios, y el de la apropiación y el cuidado o descuido del espacio público. De forma similar, uno de los aspectos que garantizan que haya una ciudad sustentable es el que tiene que ver con una participación decidida de todos los actores sociales en la construcción del entorno donde viven, ya que ellos son los primeros afectados de diferentes maneras ante las decisiones sobre el territorio.

Con respecto a la urgente necesidad de involucrar cada vez más a la ciudadanía en procesos urbanos en relación con la tradicional separación entre las decisiones del Estado y los procesos comunitarios, es posible afirmar -siguiendo el planteamiento de Yori (Yory, 2005, p. 58)- que esta se alinea con la ineficiencia de una planificación de orden normalmente inmediatista y coyuntural, en la cual el ciudadano del común no logra hacer parte; por tanto, no es posible hablar de proyectos colectivos. De tal modo, esta separación hace inminente la necesidad de replantear las estrategias de planificación de las ciudades, a partir de la estructuración de una adecuada estrategia de participación ideada para la transformación de la ciudad, teniendo como principal pilar el bien común, por encima del particular.

La idea de construir y formar un ciudadano guerrero alude, en concreto, al desarrollo de esferas públicas democráticas, como parte de la contienda contra las situaciones de dominación y como formas de participación en la lucha (política) para crear condiciones necesarias para adquirir conocimientos. (Huergo, 1998, p. 56)

Programas y proyectos urbanos construidos colectivamente

Los Concejos Vecinales de Desarrollo (CVD) son un programa liderado por el Ministerio de Vivienda y Desarrollo de Chile para la ejecución de proyectos de escala barrial en diferentes ciudades. Algo esencial de este programa es que cada CVD es una organización social encargada de liderar el proceso de recuperación de los barrios, agrupando a todos los actores sociales. Es decir que los CVD son un órgano resultado de la descentralización del gobierno, lo que incrementa la democratización de los espacios urbanos, ampliando los contextos de participación y toma de decisiones sobre el territorio de manera conjunta con la comunidad (Ministerio de Vivienda y Urbanismo en Colaboración, 2018).

En cuanto atañe a los tipos de participación y metodología aplicada, el modelo de recuperación de barrios gira en torno a un Plan Maestro de Recuperación Barrial (PMRB), y se centra en las líneas estratégicas, como el medio geográfico, el medio construido, la identidad y el patrimonio, el medio ambiente y la seguridad. El impacto positivo logrado a partir de la aplicación de esta metodología es medible en las cuatro fases del proyecto.

En primera medida, en la fase conceptual se alude a la aplicación de dos estrategias: (1) Elaboración del diagnóstico compartido, que luego se traduce en un conjunto de acciones o actividades que se planifican y ejecutan de manera articulada entre sí y en concordancia con la realidad del territorio. (2) Visita al terreno barrial en procura de la identificación de los tipos de espacios urbanos y la comprensión de cómo se ocupan esos espacios, identificando las deficiencias que posee (Bajbuj, 2014). Esta subfase permitió hacer un diagnóstico real concertado.

El contexto político, dinamizado por la participación del Municipio, caracterizó la fase contextual del proyecto, ya que esta articulación fortaleció el liderazgo de las instituciones locales, la gestión y coordinación de todos los actores. Para el desarrollo de la fase proyectual se implementó una estrategia comunicativa, la cual se basó en la instalación de equipos ejecutores en cada barrio, con presencia permanente. Esto se consolidó como un vehículo de comunicación y credibilidad.

Por su parte, la fase contractual del proyecto, tan delicada para su correcta ejecución, y en la cual es necesaria la credibilidad y transparencia suficiente para que la comunidad crea en el proceso, se llevó a cabo por medio de estrategias como la alianza con otros actores y redes de cooperación públicas y privadas, y la implementación de una personalidad jurídica para el desarrollo y puesta en marcha del proyecto. En ese sentido, el proceso de respaldo en el vínculo jurídico de un “nuevo contrato” entre los ciudadanos y el Estado, que permite realizar la veeduría de los servicios y las obras públicas que se contraten.

Durante la fase de construcción, el CVD coejecuta y fiscaliza todas las actividades realizadas a través de una comisión de obras integrada por vecinos; comisión asesorada por el equipo técnico del barrio. Con esto, más que hacer beneficiarios a los dirigentes y vecinos, se busca potenciar el proceso al transformarlos en articuladores, promotores de la participación y responsables del mejoramiento del barrio.

En tanto, Barrios y Comunidades de Verdad es un proyecto impulsado en Bolivia por el Gobierno nacional de ese país. Este proyecto inició sus actividades en el año 2000, con el programa de Mejoramiento de Barrios. Más adelante, en el año 2005, se creó el Programa Barrios de Verdad (PBV), destinado a aumentar la calidad de vida de la población que vive en condiciones de marginalidad urbana, mediante intervenciones integrales de desarrollo barrial (Cordero, 2016).

Entre los tipos de participación y metodología aplicados por el proyecto, se destaca la teoría del cambio, la cual perfila una descripción de cómo se espera que una intervención consiga los resultados deseados. El desarrollo de los proyectos tiene dos ejes principales: (1) el componente físico -especialmente riesgos medioambientales y exposición a eventuales emergencias como deslizamientos o inundaciones-, y (2) el componente de desarrollo comunitario -integración con políticas públicas de las poblaciones vulnerables-. Los dos componentes se ejecutan de manera simultánea y complementaria.

En cuanto a la fase conceptual, se concentra en dos estrategias. Por un lado, teniendo en cuenta que la falta de conocimiento es el principal obstáculo del proceso de participación, se adopta la capacitación a la comunidad como bandera educativa para la generación del desarrollo humano, y como elemento estratégico para la transformación y el mejoramiento económico y social de los barrios a intervenir. En tanto, la fase proyectual responde a la falencia conceptual encontrada, y se enfoca en dictar talleres y la organización de simulacros para que los vecinos aprendan a prevenir riesgos y emergencias, y contribuyan a la seguridad ciudadana (Programa Barrios y Comunidades de Verdad [PBCV], 2005).

En la fase contextual se destaca que la comunidad participó en la definición y planificación de las actividades, según la prioridad acordada entre todas las partes. Mientras tanto, en la fase contractual, la comunidad participó en la asignación del presupuesto, dando su punto de vista con respecto a las actividades que debían ser financiadas prioritariamente.

Por último, los elementos identificables más relevantes de la fase de construcción son tres. En primer lugar se encuentra (1) el trabajo por grupos poblacionales, que son veedores del proceso constructivo y dan informe a su población representada. A continuación, cabe mencionar (2) la ejecución del Plan de Sostenibilidad de las obras, incluidas las metas y las diferentes actividades que posibilitan la obtención de recursos económicos para el mantenimiento de las obras dejadas por el Programa. Por último, se alude a (3) la conformación del fondo comunitario: esta involucra la realización de un cronograma de acciones destinadas a la recaudación de fondos para la sostenibilidad de las obras ejecutadas.

En tanto, los Proyectos Urbanos Integrales - PUI. Colombia, adelantados por la Alcaldía de Medellín y la Empresa de Desarrollo Urbano - EDU, constituye un programa por el cual se interviene el territorio a partir de piezas de actuación determinadas. El PUI es un instrumento de intervención urbana que integra los aspectos físicos, sociales e institucionales (Urbam, 2015).

Entre los tipos de participación y metodología aplicados se tiene la configuración de procesos de participación en diferentes actividades, niveles y escalas. El proceso se realizó en fases que parten del (1) diagnóstico físico y socioeconómico con énfasis en temas relacionados con la movilidad y conectividad. Aquello da las bases para la siguiente fase, (2) la definición de proyectos estratégicos. Con los diagnósticos como insumo, en esta etapa se define en conjunto con la comunidad los proyectos que se realizarán. A continuación, se inicia la fase de (3) proyecto arquitectónico, se continúa con (4) los insumos de contratación, y se acaba con la posterior (5) construcción.

En otro plano, lo que atañe a la fase conceptual del proyecto incluyó la participación de las organizaciones sociales preexistentes, los líderes naturales, las ONGs y la comunidad con presencia en el territorio, para identificar y priorizar acciones de manera conjunta; accionar cuyos beneficios están dirigidos a la población de mayor vulnerabilidad tanto social como económica. Además, para la socialización de la propuesta se implementó como estrategia el diálogo y la divulgación, con el fin de lograr un intercambio efectivo de conocimientos e intereses (Proyectos Urbanos Integrales [PUI], 2010).

A continuación, se aborda la fase contextual. En esta, los comités comunitarios constituyen una estrategia creada para sensibilizar, informar, concertar, divulgar y promocionar los proyectos y programas en las organizaciones comunitarias y en la comunidad. Posteriormente, la fase proyectual se realizar a partir de los talleres de imaginarios, los cuales son una metodología social que involucra a la comunidad en la formulación de los proyectos. Estos se elaboran desde la identificación de problemáticas y oportunidades por medio de recorridos de campo, y se llevan a cabo hasta la formulación y aprobación de los proyectos mediante la utilización de prácticas de diseño participativo (PUI, 2010).

A continuación, en la fase contractual, se logró un alto nivel en la coordinación institucional entre el EDU y las Secretarías Municipales involucradas en el proceso. Asimismo, fue notorio el incremento de la confianza de la comunidad en la gestión de la administración pública. Por último, en la fase de construcción se obtuvieron principalmente dos resultados positivos: el fomento del empleo de mano de obra no calificada, y el acompañamiento en el seguimiento y la veeduría ciudadana a la intervención.

En tanto, el Plan Integral de Recuperación de Barrios Zona Norte se origina en España a partir de la iniciativa de algunos ciudadanos de la ciudad de Alicante. El programa inició cuando ellos observaron un progresivo deterioro físico y social en los barrios que habitaban, causado por situaciones relacionadas con la seguridad, y el fomento y el acceso a la educación, así como el uso precario o inadecuado del espacio público. En ese escenario, el origen del programa se da con la manifestación ciudadana, a través de la presentación de demandas por parte de cada asociación vecinal, las cuales incluían todos los aspectos a mejorar en el barrio (Ayuntamiento de Alicante, 2008).

En cuanto a los tipos de participación y metodología aplicada, como primera medida se agruparon los barrios en dos grupos. El primero estaba conformado por barrios que tenían niveles más elevados de vulnerabilidad -social, económica, física- y que tenían mayor prioridad de intervención. En tanto, en el otro grupo se encontraban barrios con grados de vulnerabilidad más leves y cuyas prioridades se centraban en el mejoramiento de la infraestructura y el espacio público existente. Esta estrategia es económicamente responsable y garantiza la ejecución de recursos públicos de manera equitativa.

En la fase conceptual se crean las comisiones de acción, las cuales están conformadas por representantes del Estado y la comunidad. Estas se encargan de establecer de manera conjunta los objetivos, y de priorizarlos. Además, deben decidir cuáles son las actuaciones prioritarias, y deberán trabajar en el fondo documental permanente que recoge toda la información del proyecto.

En tanto, la fase contextual consta de tres subfases. En primera medida se debe aludir a la descentralización de recursos y servicios. En segundo lugar, debe mencionarse la intensificación de la atención a los ciudadanos y el refuerzo de servicios especializados, a través de la mayor asignación de recursos humanos, técnicos y financieros. Por último, debe mencionarse el apoyo al movimiento asociativo; es decir, la convocatoria de subvenciones para entidades sociales (Alicante, 2012).

En la fase proyectual, la comunidad participó en la definición de proyectos prioritarios sugeridos por el gobierno; proyectos que se centraron en promocionar la iniciativa económica y comercial. Asimismo, en la fase contractual se llevó a cabo la asignación de presupuestos específicos para planes integrales, cuya planificación estratégica económica se ha mantenido durante los años de desarrollo de la iniciativa.

La fase de construcción se centró en la adecuación física y de infraestructura de espacio público. Cabe señalar que la seguridad ha mejorado en la zona, debido a la coordinación interinstitucional. En este punto se dispone de un sistema de recolección de datos para la medición de resultados con base en la demanda, respuesta, uso y aprovechamiento de los recursos (Baeriswyl, 2019). Este último punto es bien logrado a partir de la integración socio laboral de los sectores de población con más dificultades, por medio de su inclusión en las fases constructivas del proyecto.

El Programa “New Deal for Communities” [NDC]. Caso del Barrio Marsh Farm en el Reino Unido. Iniciado en 1998, este programa tiene como propósito principal reducir las brechas existentes entre algunos de los barrios más pobres del país, y el resto de ellos. Su enfoque es de carácter integral; de esta manera, busca mejorar las condiciones físicas de los espacios urbanos al tiempo que mejora la calidad de vida de sus habitantes (New Deal for Communities, 2010).

La base teórica del proyecto parte del concepto de capacitación como motor para el cambio. Esto obedece a que se considera la falta de habilidades como un aspecto muy relacionado con el problema del desarrollo autónomo de las comunidades. En ese escenario, la capacitación dentro del proyecto se define como el desarrollo de capacidades mediante la creación de capacidad para hacer frente a lo que se considera la mayor dificultad de los desfavorecidos: la oportunidad de actuar, en vez de las habilidades para hacerlo.

En concordancia con lo anterior, el proyecto es concebido como un plan piloto, y su objetivo principal como política es permitir a los residentes de Marsh Farm mejorar ellos mismos y mejorar sus barrios por medio de la construcción de una comunidad de ayuda mutua (Ciudades Inclusivas, 2013). Con respecto a los tipos de participación y la metodología aplicada, los ciudadanos participantes se agrupan en cuatro categorías de participación en la implementación de la política: instituciones, profesionales, grupos de voluntarios locales y activistas internacionales.

El proceso se define como uno de participación inclusiva y autogestión desde el inicio, y los beneficiarios y los gestores de políticas proceden mayoritariamente del mismo ámbito. Durante la fase conceptual, los cuatro grupos conformados por las organizaciones participantes en el diseño de la política, como el gobierno central, fundaron el taller organizativo en Marsh Farm, como plan piloto para posteriormente aplicar el mismo procedimiento en otros barrios.

A continuación, se describirán aspectos constitutivos de la fase contextual. Cabe señalar que las juntas del NDC están conformadas por instituciones asociadas y miembros de la comunidad. Se instauraron tres comités complementarios con poderes delegados: el comité ejecutivo, el comité de evaluación de proyectos y el comité de recursos humanos. Este último tenía como propósito construir formas duraderas de autogobierno.

Después, tiene lugar la fase proyectual. Esta es orientada por coordinadores organizados por sectores voluntarios y de la comunidad, que transmiten las ideas al resto de habitantes. Se realizaron talleres con la comunidad, llamados talleres de organización. En estos espacios se contaba con un grupo de facilitadores, que identificaban los tipos de iniciativas que eran propuestos para mejorar el barrio; qué recursos humanos y materiales se necesitaban, y qué programa de aplicación se usaría para cada uno. También se contó con profesionales, como consultorías de desarrollo y rehabilitación. Para implementar el proyecto se hizo uso de varios grupos de voluntarios locales -algunos vinculados a grupos religiosos, otros a minorías étnicas y otros grupos- que participaron en la toma de decisiones de esta fase.

A continuación, tiene lugar la fase contractual del proceso. En las fases iniciales, el proyecto era autofinanciado por las personas involucradas. En 1999, como parte del NDC, recibió apoyo institucional. La parte más reciente del programa, identificada como el plan piloto del Organizational Workshop, fue financiada por el gobierno central (Ciudades Inclusivas, 2013). Para administrar el dinero que llegaba al barrio, se creó un cuerpo legal formal, representado esencialmente en una empresa sin ánimo de lucro llamada Mash Farm Community Trust; empresa que surgió con el fin de asegurar las garantías constitucionales de poder de los representantes de la comunidad.

En la fase de construcción, con la implementación del programa, se crearon empleos e incluso empresas en torno a las actividades de construcción de los proyectos que se adelantaron en el barrio; proyectos en los cuales los ciudadanos participaron y para los que recibieron capacitación. Es importante reconocer que estos surgen a raíz de las necesidades y el conocimiento de la comunidad residente. En ese contexto, se creó conciencia de los recursos disponibles en el barrio, lo que generó una identidad de comunidad más positiva.

Discusión

La apropiación de un esquema desde lo social en la realización de proyectos de intervención urbana es un tema en crecimiento alrededor del mundo. En ese sentido, la reflexión se centra en las necesidades de transformar positivamente las ciudades y de encontrar los caminos adecuados para que todos los actores involucrados se integren a la solución, a partir de su participación en la toma de decisiones.

Lo anterior está supeditado a las condiciones específicas de una ciudad y su contexto. El análisis realizado a los proyectos escogidos da cuenta de un panorama definido y de la orientación que precisamente han tenido proyectos que se consideraron exitosos según las características estudiadas.

Tabla 1
Características y enfoques casos de estudio analizados.

Fuente: elaboración propia

Se observa la tendencia a dividir el problema en partes más pequeñas para abordarlo a partir de objetivos medibles y alcanzables. Esa aproximación es también comparable con el funcionamiento de un sistema constituido por una entidad con dependencias interrelacionadas e interdependientes cuya suma es mayor a la suma de sus partes, y en la que la transformación de una de las partes afecta a todas las demás. En ese escenario, la conformación de grupos focales para encargarse de cada tema y lograr metas a corto plazo, a manera de pequeñas victorias, se consolida como una estrategia ampliamente aplicada.

En cuanto al desarrollo conceptual se observa que los proyectos europeos son desarrollados con un sólido propósito de hacer parte de la política pública. En tanto, en los proyectos latinoamericanos esta condición puede llegar a ser un resultado del proceso. Con todo, la definición de proyectos de manera compartida es un elemento recurrente de todos los proyectos. Se destaca la estrategia de comunicación eficaz y permanente de todas las decisiones tomadas en torno al proyecto. Esta fue implementada en el proyecto de Chile, con el nombramiento de integrantes de la comunidad que sirvieron de puente entre las instancias institucionales y sus vecinos.

Con todo, la contratación es un tema álgido en el contexto latinoamericano, ya que la corrupción hace parte de uno de los flagelos que más perjudica las finanzas de las ciudades de esta región. Frente a esta circunstancia, es relevante la ejecución de actividades como la asignación de presupuesto conjunto con la comunidad, la coordinación institucional y la representación por medio de la persona jurídica, actividades incluidas en los proyectos latinoamericanos. Por otra parte, la captura del interés por patrocinadores privados, empleada por el proyecto que se implementó en el Reino Unido, representa una opción que valida la importancia de la corresponsabilidad que debe existir desde la financiación de los proyectos urbanos.

En Latinoamérica, se observa una mayor necesidad de ejecutar actividades como la veeduría ciudadana, un plan de sostenibilidad o la conformación de un fondo comunitario en los proyectos desarrollados. Esto obedece precisamente a la desconfianza alimentada por tantos años, que se sitúa entre lo que prometen hacer los gobiernos y lo que realmente se ejecuta. En ese escenario, la pérdida de confianza de la comunidad en el gobierno, y en sus instancias internas, se evidencia en la ejecución de este tipo de estrategias en las cuales el control y la fiscalización de recursos es casi una obligación.

Históricamente, en las ciudades latinoamericanas, la población no ha sido incluida en los proyectos urbanos, y aún queda mucho camino por recorrer con respecto a la inclusión de todos los grupos poblacionales. Así pues, en el contexto latinoamericano, este tipo de procesos deben caracterizarse por ser constantes, y de emprenderse con la premisa de que el resultado del proceso no siempre es solo un proyecto urbano, sino que de él se derivan otros elementos como programas complementarios. En ese sentido, los procesos participativos deben entenderse como elementos transformables, que se adaptan a la realidad particular de una comunidad, y que en esencia pueden ser replicados. Sin embargo, las modificaciones que sufran responden a elementos estructurantes como el lugar, la población y los objetivos de intervención priorizados.

Conclusiones

La participación comunitaria se presenta como un fenómeno complejo y multidimensional. Eso obedece a que no responde a premisas únicas y exclusivas; aporta positivamente a los proyectos, y permite reconocer los beneficios de la participación en proyectos urbanos sobre la no participación. De esa manera, el análisis de los proyectos escogidos es concluyente desde el punto de vista metodológico y procedimental, ya que es posible identificar factores reiterativos y que evidencian el impacto positivo de estos en su contexto, encontrados a lo largo de las cinco fases de análisis propuestas en cada caso. A su vez, estas develan elementos vitales para obtener proyectos participativos exitosos.

Por una parte, el primer factor vital está orientado a los usos políticos de la participación ciudadana. Al respecto, no sobra enfatizar en que lo político es entendido como lo relativo al gobierno y la organización de las sociedades humanas, dado por medio de la puesta en marcha de mecanismos de participación para el involucramiento de todos los actores, su coexistencia y su corresponsabilidad en la toma de decisiones. Es así como la construcción de ciudadanía implícita en los procesos participativos, y el fortalecimiento del sentido de pertenencia de los individuos con sus grupos, promueven el mejoramiento de las comunidades. En ese sentido, los proyectos deben ser significativos para su población destino, debe abarcar un tema de interés general, teniendo en cuenta que justamente la falta de interés es la principal razón que justifica la ausencia de participación en este tipo de proyectos por parte de la comunidad².

El segundo aspecto por señalar responde al carácter intersectorial y multisectorial, que garantiza la participación de las organizaciones locales, los líderes naturales, las ONGs y las comunidades que habitan el territorio. Asimismo, se deben tener en cuenta las juntas administradoras locales, las juntas de acción comunal, las mesas barriales, las organizaciones comunitarias, y los líderes institucionales y naturales, formales y no formales. Con ello se apunta a que las iniciativas implementadas tengan futuro y potencial escalamiento a políticas públicas.

El tercer elemento argumenta que la participación comunitaria en un proyecto debe tener un impacto transversal en otros indicadores urbanos indirectos. En ese sentido, tal es el caso de la generación de empleo no especializado, la eficiencia económica y la transparencia, que se fortalecen gracias al acompañamiento y la veeduría ciudadana a la intervención. Además, debe tenerse en cuenta la evaluación eficiente de resultados, lograda gracias a una recolección de datos que se basa en la demanda, la respuesta y la descentralización de recursos, así como en su uso y aprovechamiento, al igual que en servicios complementarios con poderes locales delegados.

El cuarto elemento se relaciona con el hecho de que, como todas las actividades humanas, la participación necesita un incentivo. Al incluir a la población en el proceso, se promueve la capacitación y el capital humano. En particular, se acude a la capacitación como estrategia educativa para el desarrollo humano y como elemento estratégico para la transformación y el mejoramiento económico y social. En ese entorno, los ciudadanos se capacitan en actividades necesarias para la construcción de los proyectos, y esos conocimientos pueden ser el inicio de un proceso de emprendimiento empresarial o de autosuficiencia económica.

En cuanto a las fases de un proyecto urbano -en este caso, optando por plantear cinco fases-, el quinto elemento está relacionado con la eficiencia de tiempos. En ese sentido, la participación comunitaria logra reducir los tiempos de ejecución: en comparación con las solicitudes tramitadas tradicionalmente, las que incluyen a la población se ejecutan rápidamente. Ya que no hay nadie a quien convencer sobre la importancia del proyecto, porque este ya ha sido legitimado por la comunidad y da respuesta a sus problemáticas reales, se ahorran varios pasos en su fundamentación. Además, no dependen de dinámicas burocráticas, en las que los proyectos están sujetos a los intereses del dirigente de turno. Aquello incrementa la confianza de la comunidad en la gestión de la administración pública propia o espontánea.

Adicionalmente, el sexto elemento se orienta a que, con la participación comunitaria en proyectos urbanos, se motiva e implementa más fácilmente la ejecución del plan de sostenibilidad de las obras. Esto obedece a que la participación sugiere la apropiación de los espacios por parte de una comunidad, ya que los ve como propios y tiende a cuidarlos más. Llegar a acuerdos sobre su funcionamiento y sostenibilidad suele ser una necesidad solicitada por las comunidades desde el inicio del proceso en etapa de diagnóstico y formulación. En ese sentido, los planes de sostenibilidad de los proyectos se hacen cada vez más factibles, con la participación de la gente en la aportación y ejecución de ideas para atraer financiaciones propias y de fuentes externas.

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Notas