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Recepción: 15 Marzo 2015
Aprobación: 15 Septiembre 2015
Resumen: El presente artículo identifica los esfuerzos realizados en el desarrollo de políticas públicas (PP) de responsabilidad social empresarial (RSE) y los instrumentos que existen para su promoción en países de África, Asia, Europa y los Estados Unidos. Los países analizados fueron: Holanda, Alemania, Suecia, Estados Unidos, Malawi y Mozambique, mismos que son practicantes de la formalización de PP de RSE. En el caso los países que estimulan la transparencia se consigue a: Dinamarca, Noruega, Holanda, Francia, Estados Unidos, Japón, Alemania, Nueva Zelanda, Canadá y Sudáfrica. Por su parte, Italia, India, Bélgica, Reino Unido, Dinamarca, España, Australia y Francia, forman parte de las iniciativas de países que inspiran PP en la práctica del escrutinio de la RSE. Con este estudio se puede, desde el estado del arte, por un lado conocer mejor la condición de las políticas públicas orientadas a la RSE a nivel mundial y por otro disponer de una útil herramienta de evaluación de las políticas públicas en función del contexto en el que se aplican, por lo que se convierte en un documento de referencia a la hora de analizar la RSE. La revisión bibliográfica documental facilitó el método y la consecución de resultados, concluyendo que los países han de ser capaces de proporcionar dos elementos principales: ciudadanos capacitados para enfrentar a la sociedad del conocimiento, y marcos regulatorios que sean capaces de hacerse cumplir para las industrias y verificables.
Palabras clave: programa público, cultura empresarial, responsabilidad social.
Abstract: This article identifies the efforts in the development of public policies (PP) Corporate Social Responsibility (CSR) and the tools that exist to promote it in countries in Africa, Asia, Europe and the United States. The countries analyzed were: the Netherlands, Germany, Sweden, United States, Malawi and Mozambique, who are practitioners themselves, formalizing CSR PP. For countries that encourage transparency is achieved: Denmark, Norway, Holland, France, USA, Japan, Germany, New Zealand, Canada and South Africa. For its part, Italy, India, Belgium, UK, Denmark, Spain, Australia and France are among the countries that inspire initiatives in practice PP scrutiny of CSR. With this study we can, from the state of the art, first get to know the status of public policies CSR globally and on the other to have a useful tool for evaluating public policies based on the context in they apply, so that it becomes a reference document analyzing the CSR. The literature review and documentary method facilitated the achievement of results, concluding that countries must be able to provide two main elements: trained to face the knowledge society citizens and regulatory frameworks that are able to be enforced and for industries verifiable.
Keywords: public program, public policy, social responsibility.
INTRODUCCIÓN
Los problemas que se afrontan en la actualidad, exigen que se mejore la asociatividad y que se reconstruyan los valores éticos donde todos los involucrados contribuyan al desarrollo, eliminando la incredulidad sobre los posibles aportes de todos los sectores de la sociedad.
En tal sentido, Chumaceiro y otros (2013) expresan que se debe reconocer y apoyar aquellas iniciativas que provienen de los actores sociales como, acciones de cooperación que se ocupan de ayudar a los seres humanos dentro de ese contexto de desigualdad a la que pertenecen, una compleja red de estructuras sociales cuya afluencia acrecienta la potencialidad y la publicidad de las acciones de protección de los derechos de los distintos grupos de interés.
Según Lafuente (2001) la aceptación de una filosofía de RSE, engloba la formalización de políticas y sistemas de manejo económico, social y medioambiental, asimismo es necesaria la transparencia en la información respecto a los resultados alcanzados en cada uno de esos ámbitos. Es por ello que se dice que las organizaciones se hacen partícipes de la RSE cuando toman en cuenta las demandas que ejercen los afectados directos por las actividades productivas que hace la empresa (stakeholders) con el propósito último de contribuir a un desarrollo social, ambientalmente sostenible y económicamente viable.
De esta manera, en los últimos años se han multiplicado los foros y conferencias en los que se alude al papel de los gobiernos en el desarrollo e impulso de la RSE, en los que reaparece continuamente la discusión sobre voluntariedad u obligatoriedad en la adopción de políticas formales RSE, responsibility y accountability. En todo caso y a pesar de las diferentes y en ocasiones opuestas posturas, existe un consenso relativo a la labor de los gobiernos como: facilitadores de la discusión y las consultas, creadores de redes del conocimiento, y, en general, existe un acuerdo sobre la necesidad que los estándares existentes sean legitimados por los poderes públicos.
Así pues, independientemente de las posiciones en ocasiones opuestas, existe cierto acuerdo en que los gobiernos han de facilitar el diálogo y el flujo de información entre los distintos actores implicados. Las administraciones empresariales cumplen este papel con su participación en las organizaciones internacionales y la posterior difusión de las iniciativas y compromisos formales, pero también a través de la promoción de las iniciativas denominadas de partenariado, y de los foros generados por todas aquellas partes que conforman los stakeholders (multistakeholder)
En tal sentido, el presente estudio no pretende más que la revisión bibliográfica del Estado del arte de la situación actual de las políticas públicas de diferentes países del mundo que fomenten una cultura empresarial dirigida a la responsabilidad social, para lo cual se utilizó el paradigma Cualitativo, con un enfoque hermenéutico y de análisis de contenido. En este entendido, las iniciativas de carácter normativo son esenciales.
El Estado generador de políticas públicas orientadas a la RSE
La sociedad como espacio de interacción de los individuos ha permitido históricamente la creación de instituciones para regular sus relaciones y establecer mecanismos en la organización de la misma, así se define los límites en cuanto a los derechos y deberes en general, Hernández y otros (2013). La sociedad se supedita a los intereses generales del Estado, de la nación, del país, en función de un orden jurídico interno y de acuerdos y políticas internacionales. De allí, las políticas públicas subordinan intereses e impulsan estrategias definidas como prioritarias en un determinado contexto y área de acción.
En este entendido, el Reino Unido ha desempeñado un papel pionero en el ámbito de desarrollo, generación y aplicación de políticas públicas con dimensión de RSE para promocionar esta filosofía, entendiendo así las ventajas competitivas que las mismas proporcionan a las empresas en determinados mercados y, encausando sus actividades en mercados emergentes o en vías de desarrollo.
En otros países desarrollados existen muchas corporaciones que cuentan con unidades que se especializan en el manejo de las actividades de índole políticas. En tal sentido, el departamento de asuntos públicos de una corporación vigila los acontecimientos clave y las tendencias en el ambiente social y político, analizando sus efectos sobre la organización, y recomendando las respuestas corporativas apropiadas para implementar las estrategias políticas a seguir.
De esta manera las autoras Chumaceiro y otros (2013) expresan que:
“Se dice que las empresas hacen uso de la RSE cuando prestan atención a las expectativas que sobre su comportamiento tienen los diferentes grupos de interés (comunidades locales, medio ambiente, accionistas, entre otros) con el propósito de contribuir al desarrollo social y ambientalmente sostenible y económicamente viable”.
La responsabilidad social de las empresas incluye la formalización de políticas y sistemas de gestión en los ámbitos económico, social y medioambiental; la transparencia informativa de los resultados de dichos ámbitos y el escrutinio externo de los mismos.
En la segunda mitad de los a los años ochenta, la atención pública se posa en el impacto que la RSE ejerce sobre la sociedad y el medio ambiente de las empresas, lo cual adquiere un carácter universal, ello fue la consecuencia de casos como los de Bophal o Exxon Valdez, y, en los noventa, el escrutinio se extiende a lo social, como son los casos de Nike, Shelly Monsanto. En este entendido, Chumaceiro y otros (2013) expresan los argumentos para la intervención de los poderes públicos (Estado) en la RSE vienen dados por diversas razones entre ellas se pueden destacar:
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sería aprovechada para cubrir las necesidades sociales. En tal sentido, en la comunidad europea, la mínima armonización fungió como un estándar de calidad en aquellos asuntos como el de la protección medioambiental, incluso antes de su instauración en el Tratado por el Acta Única Europea y el Tratado de la Unión.
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son referentes a la urgencia de ubicarla de forma tal que logre arraigarse en las ocupaciones del desarrollo, no solo en el nivel nacional sino también internacional. Entonces, de un lado predominan las aproximaciones top-down donde los compradores demandan cambios en la gestión de sus proveedores. Y, del otro lado, la práctica está demostrando que la efectividad de las herramientas de RSE existentes puedemejorarse solamente con la ayuda y el compromiso directo de las agencias del sector público en los países en desarrollo, Ward (2001). Es necesaria la construcción de nuevas estrategias para la ampliación de las capacidades y para el fortalecimiento de las iniciativas de políticas públicas referentes a la RSE.
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es para muchos empresarios, la respuesta más adecuada para las ineficiencias económicas generadas por el incumplimiento a las exigencias de la responsabilidad social. De esta manera, la armonía de la legalidad con los códigos de conducta será un arma preventiva frente a los comportamientos de free-riders puesto que el mercado no siempre recompensa de forma equitativa a las mejores prácticas de RSE. Sin embargo, las prácticas voluntarias de RSE de las empresas privadas no son y no pueden ser un sustituto efectivo para el buen Gobierno corporativo, Doane (2005).
Políticas públicas que originan la formalización de la RSE
Países como Finlandia, Canadá, Reino Unido, Bélgica, Francia, Suecia, Estados Unidos, entre otros, forman parte de las iniciativas nacionales que promueven la formalización de la Responsabilidad Social Empresarial, en tal se ntido a continuación se detallan.
Durante el verano de 2001, el primer informe anual de las directrices de la OCDE, fue publicado, allí se reflejan las actividades de los diferentes países. Sólo un país, Holanda, adquirió un compromiso relevante en la promoción de políticas formales RSE, a fines con la OCDE; Finlandia, Canadá, Reino Unido, Bélgica, Francia y Suecia mantuvieron Puntos Nacionales de Contacto (PNC) activos; y, por último, países como Polonia, España, Italia o Brasil mantienen sus PNC sin ninguna actividad (OCDE, 2001). Las actividades de los PNC se distinguen, también, por la inclusión o no de diferentes departamentos gubernamentales en su estructura, y su apertura o no a más ámbitos que el empresarial (Ver Cuadro 1).
Cuadro 1. Países miembros de la OCDE.
Fuente: OCDE (2003).
Solo en seis de los treinta miembros de la OCDE la actividad desarrollada por sus respectivos Puntos Nacionales de Contacto ha sido inexistente o muy reducida.
El Pacto Mundial de Naciones Unidas ha sido presentado oficialmente en varios países africanos, en ocasiones con manifiesto apoyo gubernamental, como es el caso de Sudáfrica, Lesotho, Mozambique y Malawi.
El presidente de Mozambique, en junio de 2003, presentó un programa ante 250 representantes de: empresas, Gobierno, organizaciones sociales y del sistema de Naciones Unidas en el país, destacando en su discurso el papel que pueden jugar las empresas en la lucha contra la pobreza y contra el SIDA, y en la necesidad de esta lucha para la propia viabilidad de la actividad empresarial en Mozambique, Chumaceiro (2013).
Continúa expresando la autora Chumaceiro (2013) que en enero de 2004, el vicepresidente de Malawi, lanzó oficialmente la iniciativa, señalando su potencial para contribuir al crecimiento sostenible del país, y dando apoyo gubernamental a la constitución de foros de aprendizaje y a la colaboración entre el sector público y privado en materia de desarrollo sostenible.
En el caso de Holanda, las líneas y directrices se han convertido en la pieza clave de su estrategia para la promoción de la RSE. Por un lado, el Punto Nacional de Contacto holandés permanece activo en su labor de facilitar información. Pero el paso fundamental del Gobierno holandés se dio en junio de 2001, superando el carácter voluntario de las directrices, al ligar los subsidios y seguros de crédito a la exportación al compromiso por parte de las empresas beneficiarias del cumplimiento de las líneas y directrices, Lafuente y otros (2003).
En Alemania, el ministerio de Economía e Industria acompaña su folleto explicativo sobre los créditos a la exportación con una explicación de los objetivos de las líneas y directrices de la OCDE, aunque no se exige a las compañías que acepten su cumplimiento. En tal sentido, el Gobierno alemán firmó en mayo de 2002 una declaración conjunta con organizaciones empresariales, sindicatos y ONGs, sobre Protección Internacional de los Derechos Humanos y Actividad Económica. Esta declaración está fundada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero también en el Global Compact de Naciones Unidas y en las Líneas y directrices de la OCDE. El PNC alemán, a su vez, limita sus esfuerzos a los encuentros multisectoriales para el debate.
Otro país que se ha implicado en la promoción de los partenariados como vehículos para la aceptación del enfoque RSE es Dinamarca. En este país se creó la The Copenhagen Centre6 (TCC). El TCC reconoce la necesidad de los gobiernos de crear marcos que animen a los organismos públicos y privados a llevar a cabo acciones conjuntas y colaborativas para generar y desarrollar proyectos sociales vinculados a la RSE. Su principal objetivo es la unión social, partiendo de la idea de que los sectores público, privado y social, pueden unir sus fuerzas para promover la sostenibilidad social. El ministerio de Asuntos Sociales danés, trabaja también en una serie de iniciativas en la misma línea.
Estados Unidos estableció una serie de recomendaciones en el ámbito de la RSE, de libre aceptación, denominada Model Business Principles7. El Departamento de Estado centra sus esfuerzos, interdepartamentales, para la promoción de los Model Business Principles, establecidos por la Casa Blanca y el Departamento de Comercio en 1996. Estos Model Business Principles, de adscripción voluntaria, promueven la adhesión a principios de respeto a los derechos humanos, en cinco áreas fundamentales: salud y seguridad laboral, prácticas laborales justas, prácticas medioambientales responsables, respeto a las regulaciones sobre competencia, y contribución a las comunidades en las que operan las compañías.
El Gobierno de USA también apoya acciones internacionales a través de las convenciones sobre estándares laborales de la OIT y las líneas y directrices de la OCDE. El Departamento de Estado promueve que las empresas norteamericanas tomen medidas para evitar la corrupción en sus acciones internacionales a través de sus delegados diplomáticos. Por su parte, el departamento de comercio ha implementado un programa para promover los Model Business Principles llamado Best Global Practices. El objetivo principal del programa es la promoción de la RSE entre las empresas norteamericanas que actúan en todo el planeta.
Por su parte, Suecia ha abierto una acentuada iniciativa denominada Swedish Partnership for Global Responsibility. Su principal objetivo es la difusión y promoción en el ámbito empresarial sueco del Global Compact de Naciones Unidas, y de las líneas y directrices de la OCDE. En este sentido, el PNC sueco, aunque depende del ministerio de Asuntos Exteriores, mantiene un grupo de trabajo interdepartamental y la presencia de empresas y sindicatos.
Políticas públicas que estimulan la transparencia de la RSE
Las empresas y gobiernos que deciden acoger los lineamientos de RSE asumen un compromiso con la generación de información oportuna, veraz y verificable. A continuación, se enumeran algunas iniciativas nacionales que promueven las políticas públicas que estimulan la transparencia de la RSE.
La información extra – financiera exigida por mandatos gubernamentales a las compañías comenzaron a ser habituales en el norte de Europa a partir de la segunda mitad de los años noventa.
Dinamarca en 1995, fue el primer país en legislar sobre la información medioambiental de las compañías, requiriendo informes públicos a más de 3000 empresas con impactos medioambientales significativos. La calidad de los informes se evalúa por agencias gubernamentales. El ministerio de Comercio e Industria de Dinamarca es el encargado de promover la incorporación de medidas promotoras para la elaboración de informesempresariales en el campo social y medioambiental. También, el ministerio de Asuntos Sociales danés elaboró a finales de 2001 una guía para la comunicación sobre asuntos sociales o éticos; dirigida a organizaciones tanto públicas como privadas y elaboradas por el Gobierno de Dinamarca en colaboración con la consultora KPMG y el Copenhagen Business School. El ministerio de Empleo también ha colaborado con las patronales y sindicatos daneses en la elaboración de una guía para la elaboración de informes sociales por parte de pequeñas y medianas empresas.
Por su parte, Noruega, generó una serie de medidas incluidas en la nueva ley sobre contabilidad (Regnskapsloven) ésta obliga a las compañías a incluir información medioambiental en los informes financieros anuales; también la información sobre salud y seguridad en el empleo ha de ser obligatoriamente incluida en los informes anuales, Lafuente (2003). Además, el Departamento de Medio Ambiente de Noruega desarrolló su propio estándar para la información medioambiental. Como resultado, en septiembre de 2002, el Ministro de Medio Ambiente noruego anunció medidas para el impulso del derecho a la información medioambiental; las nuevas medidas conceden a los ciudadanos noruegos el derecho a la obtención de información medioambiental proveniente tanto de los poderes públicos como de compañías públicas y privadas.
En Holanda, 300 empresas deben publicar información medioambiental; en Suecia, desde 1999 es preciso incluir información medioambiental en los informes financieros anuales, medida que incluye a 20.000 empresas y para su elaboración existen recomendaciones emanadas por la organización de Analistas Financieros Suecos; en julio de 2003 han aumentado los requisitos de información sobre prácticas de RSE para las empresas suecas. Las cuales están obligadas a incluir en sus informes anuales información acerca de, por ejemplo, bajas por enfermedad.
También en el terreno de la información medioambiental, en Estados Unidos, la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) estableció un directorio de sustancias tóxicas, denominado Toxic Release Inventory(TRI). Todas las compañías, incluidas pymes, están obligadas a facilitar los datos relativos a las emisiones de las sustancias contenidas en este directorio. La EPA mantiene la base de datos de TRI abierta al público. En Australia existe un directorio similar, el National Pollutant Inventory. En el año 2000 entró en vigor la reforma Corporations Law, que exige a las compañías información pública detallada acerca de cómo aplica la legislación medioambiental.
En algunos casos la información medioambiental facilitada por las compañías se ha incrementado notablemente a través de medidas gubernamentales que no implican obligatoriedad. Tal es el caso de Japón que en el año 2000, mediante el ministerio de Medio Ambiente hizo públicas unas Directrices sobre Información Medioambiental, acompañadas de una serie de Indicadores de actuación medioambiental, que siguen el modelo propuesto por Global Reporting Initiative, lo que generó que las cien mayores compañías hayan publicado información medioambiental en durante el 2001.
Desde enero del año 2002, la reforma de la nueva regulación económica (nouvelles régulations économiques, NRE9) la Ley de Sociedades en su artículo 116 obliga a las empresas francesas cotizadas a informar acerca de “cómo la compañía toma en consideración las consecuencias sociales y medioambientales de sus actividades”10; las empresas deben publicar informes de sostenibilidad. La ley francesa divide la comunicación RSE en cuatro ámbitos: relación con la comunidad, recursos humanos, estándares laborales, y gestión del medioambiente. Esta norma puede servir de arrastre para la introducción de medidas legislativas similares en otros países del entorno.
En Alemania, el Gobierno promueve y guía la información medioambiental, sin que esta sea requerida por ley. El Gobierno alemán ha dado prioridad al sistema de gestión medioambiental, Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)11 como herramienta para la comunicación corporativa en el aspecto medioambiental. En Nueva Zelanda no hay ningún requerimiento legal que exija la comunicación RSE, pero el Gobierno ha comenzado un proceso de información acerca de la RSE que afecta a todas las administraciones públicas, a modo de demostración para el sector privado.
Las medidas impulsadas por distintos gobiernos nacionales para la promoción de la transparencia informativa en asuntos de RSE no se limitan a la regulación. También comienzan a aparecer programas de apoyo impulsados por los poderes públicos. En tal sentido, el Gobierno canadiense presentó en el año 2003 el Sustainability Reporting Toolkit12, una herramienta que facilita la elaboración de informes de sostenibilidad, también incrementa el número de compañías que elaboran los mismos; la iniciativa está dirigida específicamente a aquellas compañías que dan los primeros pasos en la comunicación pública de este tipo de información. La herramienta está inspirada y es compatible con el modelo de Global Reporting Initiative, e incluye aspectos básicos de la transparencia sobre responsabilidad social empresarial.
Cuatro ministerios canadienses están implicados en la iniciativa. Sin embargo, no es esta la primera iniciativa en materia de transparencia RSE impulsada por el Gobierno canadiense; de acuerdo a la Bank Act, modificada en 2001, las instituciones financieras cuyo capital social supere los mil millones de dólares canadienses están obligadas a publicar una declaración anual detallando sus contribuciones a la sociedad canadiense, Lafuente y otros (2004).
El caso más llamativo, según Lafuente y otros (2003) ha sido el de Sudáfrica. En marzo de 2002 se presentó el nuevo Informe King sobre Gobierno Corporativo para Sudáfrica, también conocido mediante la abreviatura King 2. Se trata de un código de buen Gobierno que tiene la peculiaridad de referirse a la necesidad de publicar informes de sostenibilidad, con una información social y medioambiental fiable, clara, relevante, comparable y verificable, de acuerdo al modelo propuesto por Global Reporting Initiative. En junio de 2002, la Bolsa de Johannesburgo (JSE) exigió a todas las empresas cotizadas el cumplimiento de lo contemplado en el informe King 2, incluyendo el capítulo quinto que se refiere a la transparencia RSE.
Políticas públicas dirigidas al escrutinio de la RSE
Los tipos de iniciativas gubernamentales que pueden caer bajo la categoría de escrutinio RSE son:
Consumo: son las medidas legislativas que promueven, desarrollan y delimitan los denominados “sellos sociales”, “social labels” o “eco-labels” donde las empresas productoras e importadoras, deben ser capaces de acreditar una serie de criterios. El fin último, es proporcionar a los consumidores la adopción de criterios sociales, medioambientales y de RSE en sus procesos de selección de producto o marca.
Contratación pública: estas iniciativas promueven la adopción de criterios sociales y medioambientales por parte de los entes públicos en su papel de compradores de bienes y servicios.
Inversión:considerar las reformas de las leyes sobre fondos de pensiones y otros instrumentos financieros, que exigen a los gestores e intermediarios financieros facilitar a los participantes información acerca de cómo se integran las consideraciones sociales y medioambientales en la toma de decisiones de inversión.
Así entonces, en Italia, el Gobierno regional toscano, en una iniciativa de espíritu similar a la promovida en octubre de 2002 por el Gobierno de Aragón, ofrece apoyo financiero a compañías que deseen certificar sus actividades de acuerdo al estándar SA800065. En la India, el Ministry of Textiles ha constituido un comité del que forman parte autoridades de 26 ciudades indias con objeto de apoyar a aquellas empresas del sector que opten por la certificación propuesta por SA8000. El comité proporciona asistencia técnica.
Consumo:
Bélgica ha desarrollado regulaciones que conciernen a los fondos de pensiones, y también ha regulado sobre las denominaciones y los criterios a cumplir por los productos dirigidos al consumo responsable. Estas regulaciones van más allá de las más habituales iniciativas de eco-etiquetado en vigor en muchas partes del mundo.
En 2001 el parlamento belga aprobó una ley dirigida al desarrollo de un sello social, de adopción voluntaria por parte de las empresas. La ley fija los criterios que deben cumplir las empresas, tanto belgas como extranjeras presentes en el mercado belga, que quieran adoptar la ley. Estos criterios se sustentan en las Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo sobre la no utilización de trabajos forzados, sobre libertad de asociación, sobre el derecho a la negociación colectiva, sobre la no discriminación por motivos de sexo, raza, o motivos religiosos, y sobre la no utilización del trabajo infantil.
La postura del Gobierno belga se muestra útil como garante de la eficacia de la “etiqueta social”, debido a que los criterios que adopta son internacionalmente aceptados, y a que existen medios y normas que permiten su certificación. La ley belga para el sello social se ha hecho notar especialmente en Asia, donde se ha incrementado notablemente el interés de las empresas por el establecimiento de códigos de conducta y por la acreditación de acuerdo a la norma SA8000, al incluir este estándar los requisitos exigidos para la obtención del sello social.
El Ethical Trading Initiative (ETI)13 es una iniciativa auspiciada por el Department for International Development británico. Resultado de una alianza entre empresas, organizaciones sindicales y ONG, comprometidas a trabajar para fomentar la implantación de códigos de prácticas laborales entre sus miembros y a identificar y fomentar buenas prácticas en la aplicación, seguimiento y verificación del cumplimiento de los códigos en sus cadenas de aprovisionamiento globales. Se constituyó en 1998 como una entidad sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica propia.
El Ministerio de Asuntos Sociales danés presentó en 2000 su Índice Social, una herramienta que pretende medir el compromiso y el grado de asunción de políticas de responsabilidad social por parte de las empresas danesas, centrándose especialmente en las políticas de empleo y de inclusión social. El índice persigue, como finalidad principal, introducir incentivos para mejorar los resultados de las empresas que ya están trabajando en este campo; por este motivo, la evaluación se basa en los objetivos de la propia empresa y su comparación con las otras compañías.
Contratación Pública:
Las recientes recomendaciones finales del Foro Europeo Multistakeholderpara la RSE, presentadas en 2004, se refieren, entre otros asuntos, al uso de medidas de política pública como la contratación pública y los subsidios como un medio para estimular la responsabilidad social en las empresas. Aunque tímidas, en los últimos tiempos han venido desarrollándose algunas iniciativas nacionales en esta línea.
La inclusión de criterios de responsabilidad social empresarial en las compras públicas está limitada por las directivas de la Comisión Europea, respecto al uso racional de los fondos públicos y la igualdad de acceso de todas la s empresas comunitarias a los contratos públicos, garantizando una competencia efectiva y sin discriminaciones para la obtención de los contratos.
De esta manera, en principio, los adjudicadores deben respetar normas dirigidas a la obtención de la mejor relación calidad- precio, como la selección de los candidatos con arreglo a requisitos objetivos y la adjudicación del contrato en función, bien exclusivamente del precio, bien de la oferta económicamente más ventajosa, es decir, de un conjunto de criterios objetivos.
Pero desde la Comisión Europea, se ha interpretado que estas políticas respecto del mercado interior pueden ser compatibles con la consecución de objetivos sociales y medioambientales mediante las compras públicas. Aunque, estas comunicaciones no se limitan a señalar las normativas vigentes, sino que examinan el modo en que los poderes públicos pueden incluir estas consideraciones en las diferentes fases de la contratación pública.
El parlamento danés aprobó, ya en 2001, una ley que permite a las administraciones públicas requerir determinadas obligaciones sociales a sus proveedores de servicios y a las empresas receptoras de ayudas. El Gobierno sueco está evaluando la posibilidad de tener en cuenta consideraciones sociales y ambientales en sus compras públicas.
También en 2001, el Gobierno belga incorporó a la política de compras públicas federales criterios de inclusión social y de apoyo a grupos desfavorecidos, como la contratación de desempleados de larga duración. Asimismo, la ley francesa sobre compras públicas permite que las administraciones incluyan criterios sociales y ambientales como cláusulas en los contratos públicos. En Italia, Umbria aprobó una ley regional en 2002 que concede ventajas a las empresas certificadas de acuerdo a la norma SA8000, en asuntos como las compras públicas, procedimientos administrativos simplificados e incentivos fiscales.
En España, el ministerio de Fomento y el ministerio de Medio Ambiente han anunciado que, a partir de 2005, serán tenidos en consideración determinados registros en materia de RSE de las empresas que se presenten a concursos públicos. Finalmente, un caso en EE.UU. en marzo de 2004 durante la convención del sindicato AFL-CIO del estado de Pennsylvania, el gobernador del estado firmó una orden ejecutiva sobre “Anti-Sweatshop Procurement Policy” que establece criterios relacionados con los estándares laborales internacionales para las compras de productos textiles del Estado.
Inversión:
Como es sabido, The Occupational Pension Schemes (Investment, and Assignment, Forfeiture, Bankruptcy etc.) Amendment Regulations1999, 118fue la iniciativa pionera en este ámbito. Se trata de una reforma de la Ley de Pensiones británica de 1995 aprobada por el Parlamento el 3 julio de 2000, y conocida como Disclosure Act. El apartado 11.A de la normativa incluye obligaciones de transparencia informativa por parte de los gestores de fondos y planes de pensiones.
La ley exige a los gestores de cada fondo de pensiones británico que informen en su política de inversión “si, y en qué medida, factores sociales, medioambientales o de tipo ético son tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones de inversión o desinversión en valores cotizados”. La medida contribuyó en gran parte a estimular la demanda de responsabilidad social empresarial por parte de los inversores institucionales británicos y para multiplicar el volumen de los activos gestionados de acuerdo a criterios de responsabilidad social empresarial.
En el Libro Verde de pensiones del Gobierno del Reino Unido se habla de un nuevo contrato social para el bienestar en referencia a la nueva reforma de la ley de los fondos de pensiones. Se considera que las posiciones sociales y medioambientales impuestas por los trustees en la inversión beneficiarán a largo plazo a la sociedad y las empresas.
En 2001, y en la línea de otras iniciativas similares en Europa, también el Gobierno belga estableció una nueva regulación que afecta a los gestores de fondos de pensiones, quienes deben informar sobre cómo y en qué medida tienen en cuenta criterios éticos, sociales y medioambientales a la hora de tomar sus decisiones de inversión. Legislaciones similares se aplican en Alemania (mayo de 2001) aunque se aplica a un segmento pequeño del mercado de planes y fondos de pensiones, Suecia (junio de 2002), y Reino Unido (julio de 2000).
Australia también se ha sumado a las iniciativas legislativas en materia de promoción pública de la inversión RSE, y las ha llevado más lejos: la Ley de Reforma de los Servicios Financieros de marzo de 2002 establece que, desde marzo de 2003, todas las gestoras de fondos australianas deben hacer público de qué manera afectan los estándares laborales y medioambientales y las consideraciones éticas y sociales a sus decisiones de inversión.
En Francia, el sistema público de pensiones va poco a poco incorporando criterios de responsabilidad social a través de las iniciativas de ahorro salarial, en partenariado con los sindicatos, que deciden sobre la aplicación de los criterios habituales de la inversión socialmente responsable.
Reflexiones finales
El aporte de los Estados a la RSE viene dado por dos elementos como el imperativo moral, que en momentos de globalización, se hace más exigible hacia el sector empresarial, y el otro a las exigencias del correcto funcionamiento de los mercados. Las iniciativas como las directrices de Gobierno corporativo conducen a un buen Gobierno de la empresa, y los estándares de buen comportamiento, en varios niveles, contribuyen a la mejor eficiencia de los mercados y al desarrollo de las sociedades.
En el caso de los gobiernos nacionales, los países han de ser capaces de proporcionar dos elementos principales: ciudadanos capacitados para enfrentar a la sociedad del conocimiento, y marcos regulatorios que sean capaces de hacerse cumplir para las industrias y verificables.
Los Estados y los gobiernos pueden ser garantes de la RSE a través de Marcos Institucionales que consideren ciertos aspectos específicos, como lo son:
Los temas de bienestar social que son atendidos en primer lugar por los gobiernos. Pero en los países en desarrollo, el Estado muchas veces no cuenta con las capacidades y/o recursos para proporcionar dicho bienestar. Ello ha llevado a las empresas a intervenir en temas de políticas públicas, como en los siguientes casos:
- 1. en los países descritos, una clara direccionalidad de las políticas públicas a partir de los acuerdos de la UE, en especial sobre los requerimientos de competitividad que tienen los países.
- 1. en toda la cadena de valor, por lo que los principios de la RSE se observan tanto en el país como fuera de él.
- 1. observada en el caso de Finlandia, permite determinar que tanto las empresas como el Estado despliegan esfuerzos conjuntos para que las firmas implementen prácticas socialmente responsables, así como en propias organizaciones del Estado.
- 1. Sin embargo, el trabajo fue institucionalizado a través de la creación de una Subsecretaría de RSE. El espacio de trabajo se vincula con áreas clásicas de la RSE (comunidad, medioambiente, Gobierno corporativo, lugar de trabajo) pero con otras un poco más recientes en la tendencia general, como lo son la reducción de la pobreza y la competitividad.
- 1. Lo que se fomenta es la autorregulación empresarial sectorial, buscando que los gremios de las industrias impulsen el desarrollo de la RSE entre sus empresarios. Se añade la aplicabilidad de los principios de la RSE a las administraciones públicas.
Referencias
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