Introducción

El presente artículo tiene como pretexto retomar el hilo de los acontecimientos para recrear el pulso de las tensiones políticas del momento, en el antes y el durante de la creación del Departamento de Risaralda en 1967. No se trata de “reproducir lo que realmente sucedió”, sino de aportar nuevos elementos de análisis para una narración densa, que contribuya a darle más vida y más espesor a un hito fundacional que fácilmente puede ser objeto de una excesiva mitificación (Burke, 1996).

A pesar de que la famosa Escuela de los Anales franceses arremetiera contra la idea de que la Historia es una simple narración de acontecimientos, el objetivo de este artículo es volver a la recapitulación histórica de un acontecimiento, en este caso, sobre la Historia de una ley, pero con una visión periférica y calidoscópica que permita recontextualizar la convergencia de intereses políticos, económicos y cívicos de la clase política y la dirigencia empresarial de Pereira en la campaña separatista de Caldas. Se hace especial énfasis en el desarrollo del trámite legislativo de la ley que le dio vida administrativa al nuevo departamento de Caldas. Estos sucesos estuvieron enmarcados en medio de las tensiones políticas del momento entre las élites de poder del Departamento de Caldas y de la ciudad de Pereira durante un periplo que va del año 1965 a 1967.

Antes de empezar, es necesario advertir que la celebración de un cincuentenario o un centenario pueden llegar a ser actos convencionales; como diría el historiador Jorge Orlando Melo, se puede tomar como “una ingenua idolatría del sistema decimal” (Melo, 2008, p. 1), pero también llega a ser un evento útil si se aprovecha ante todo para repensar el devenir histórico de las relaciones de poder en la región conocida a nivel nacional como el Eje Cafetero. En efecto, la conmemoración de los 50 años de creación del Departamento de Risaralda se ha tomado como la oportunidad para llevar a cabo el montaje de un espectáculo híbrido, una sucesión de eventos públicos y de sesiones solemnes para promover ideas comunes sobre la nueva región, para exaltar una gesta política de grandes héroes, para tratar de enmarcar una identidad cívica o una común unión política, buscando atar cabos de un pasado muchas veces mitificado, como si se tratara de una historia de bronce o una edad de oro perdida.

En el marco de esta reflexión se busca retomar el debate político que llevó a la creación del departamento de Risaralda, como un claro ejemplo de las tensiones políticas territoriales de vieja data que se han vivido en Colombia y que no se han dado solo entre el Estado central y las viejas regiones históricas, sino que también han proliferado y proliferan aun a nivel regional, así como se expresan tanto en el ámbito de las decisiones de la macropolítica. Se hace necesario interrogar la historia oficial desde una perspectiva que aborde las relaciones de los grupos de poder locales -en la ciudad de Pereira-, en donde se detallen los acuerdos políticos y sociales, entre los grupos empresariales y la clase política que pujaban por una autonomía administrativa haciendo uso de distintas estrategias discursivas, las cuales motivaron las luchas separatistas que se llevaron a cabo en Pereira y en muchos otros municipios del entonces Viejo Caldas, en contra del “centralismo asfixiante” de Manizales.

1. Élites y sociabilidades

El análisis sobre las élites locales de Pereira y sus sociabilidades en el proceso de creación del departamento de Risaralda en los años 60 permite entender la forma en que se concretó la alianza entre los grupos cívicos y empresariales, por un lado, y la clase política por el otro, con el objetivo de alcanzar la separación de Caldas. Las élites han sido entendidas como grupos minoritarios que tienen un estatus privilegiado, y que establecen relaciones entre sí o con otros actores sociales, fortaleciendo su estructura y dando forma a unas características propias (Veblen, 2008; Wright Mills, 1969).

A la hora de entender la campaña separatista de Risaralda, es fundamental focalizar el análisis en las interacciones sociales de los grupos de poder, pues así se pueden demostrar las sociabilidades de las élites; es decir, cómo los distintos grupos elitistas se asociaron y reunieron en un mismo grupo, y conformaron un ámbito simbólico que les dio reputación y credibilidad (Escobar, 2009, pp. 29-49). Esto les permitió construir una narración del pasado y del futuro que legitimó el proyecto político del nuevo departamento y preparó una nueva comunidad política en la vida pública regional (Correa, 2014, p. 48).

El trámite de la Ley de creación del departamento de Risaralda en el Congreso de la República de Colombia permite constatar cómo, más allá del poder económico que identifica a las élites, estas desarrollan diversos intercambios sociales y culturales que fundamentan y dan legitimidad a su poder. En esta lógica, uno de los aspectos cruciales de la campaña separatista tuvo que ver con las pugnas por la centralización o descentralización administrativa que se dieron entre los grupos de poder de Manizales y Pereira (Correa y López, 2012). La redistribución fiscal del departamento de Caldas fue uno de los principales temas de discusión cívica, pues los grupos cívicos y la clase política de Pereira anhelaban la necesidad de contar con una mayor capacidad autónoma de crecimiento material y espiritual en la región (Correa, 2014).

Así, se puede detallar la alianza cívico política que dio origen al departamento de Risaralda, pues es posible seguirle el rastro a la actuación del grupo de empresarios locales que conformó la Junta pro-Risaralda, que según Gil (2019) puede ser definida como un “movimiento social de élite en tanto las personas que la conformaron contaban con el capital social, intelectual, económico y político de la ciudad de Pereira, y compartían unos principios básicos de organización, tenían una estructura” (p. 26). También se puede ver cómo dicha junta y su principal líder, Gonzalo Vallejo, afianzaron unas relaciones de sociabilidad con el estamento político de Pereira. En especial con Camilo Mejía Duque, cacique liberal, conformando un acuerdo elitista para liderar el movimiento separatista, de forma que se abriera paso a nivel regional una nueva una élite urbana emergente (López, 2011).

2. De las memorias a la historia profesional. Abordaje del objeto de estudio.

En términos de lo que los historiadores denominan “balance historiográfico del proceso de creación de Risaralda”, a lo largo de los años ha primado una lectura heroica, de gesta cívica, de acontecimientos y anécdotas que se rememoran cada año y que podemos encontrar en los siguientes libros, escritos por protagonistas o espectadores del proceso separatista de Caldas: Así se creó Risaralda (Vallejo, 1992), Solar de granos (Ángel Ramírez, 1995), La desmembración de la mariposa verde (Alzate Fernández, 1984), y Gesta cívica de Pereira (Ángel Jaramillo, 1994). También han surgido otras miradas más críticas, que ponen su atención más allá del supuesto altruismo de las clases dirigentes de la región y proponen otras explicaciones que contextualizan los debates y las pugnas políticas del momento, como es el caso de Álvaro Tirado Mejía (1983), que sugiere que en estos procesos de reordenamiento territorial primó el cálculo político de ciertos sectores que pretendían controlar directamente y de manera autónoma la planta burocrática del nuevo departamento durante el Frente Nacional.

Esta lectura muestra una versión renovada de la fórmula política que Rafael Núñez enarbolara en la Constitución de 1886 cuando decía: “Centralización política y descentralización administrativa” (Valencia Tello y Karam, 2014, p. 179). Una premisa política que ha rondado la cabeza de los líderes políticos regionales durante muchos años, que ven a los departamentos como “mendigos de la Nación, a la vez que los Municipios lo son de esta y de aquellos, constituyéndose un régimen de auxilios en círculo vicioso, en un curioso sistema de parasitismo mutuo” (Congreso de Colombia, 1980, p. 89)².

También se deben citar los trabajos de Jahir Rodríguez y Oscar Arango (1994), Jairo A. López (2011), Jaime Montoya Ferrer (2012), Anderson Paul Gil (2019), que son de obligatoria lectura para entender el juego de intereses gremiales (cafeteros, industriales, comerciantes, urbanizadores, etc.), quienes a pesar de tener cierta resistencia frente a una clase política clientelista -a lado y lado de las dos franjas partidistas del momento-, se aliaron porque fueron conscientes que todo el lobby político que requería la aprobación de esta ley no se podía hacer al margen de la clase política tradicional. Es un hecho que la dirigencia cívica de Pereira (el “blancaje”) de esta ciudad no hubiera logrado llegar a buen puerto con sus iniciativas separatistas si no se hubieran aliado con estos políticos que contaban con amplia experiencia a nivel legislativo y que sí sabían lo que era “untarse” de pueblo. Fueron convenciendo a los concejales de estos municipios de aliarse a su causa política, de forjar y mantener la idea de un enemigo común, el “centralismo asfixiante de Manizales”. Este tipo de lecturas permite entender el peso de ciertas sociabilidades políticas, económicas y familiares, lo mismo que la importancia de la prensa, para hacer efectiva una amplia movilización social que llevó a la postre a la creación del nuevo departamento.

En el trabajo de Jaime Sepúlveda se estudian los procesos separatistas de Quindío y Risaralda y se plantea que, tras las rivalidades regionales y las diferencias idiosincráticas, las nuevas entidades territoriales podrían beneficiar económicamente a los sectores dominantes en tanto que impulsarían el desarrollo y mantenimiento de una infraestructura vial y una red de electrificación y facilitaría la industrialización en el beneficio del café y su respectiva comercialización (Sepúlveda, 1997, pp. 20-40).

El uso de los distintos tipos de fuentes ayudó a contrastar el papel de los dos sectores de grupos de poder estudiados. El análisis de las obras testimoniales de Gonzalo Vallejo, Guillermo Ángel y del Diario de Risaralda dan cuenta de primera mano del accionar del grupo cívico y empresarial que impulsó la creación de Risaralda, desde el momento en que se conformó la Junta pro-Risaralda. Y por su parte, las memorias de la Ley 70 de 1966 del Congreso de la República y el periódico El Diario, de filiación liberal oficialista, tienen registradas en sus páginas el desempeño de la clase política que tramitó la separación del territorio caldense. A partir, de la identificación de ambos grupos de poder, políticos y empresarios cívicos, se registró su participación en las distintas etapas del proceso de creación de Risaralda para denotar el trabajo mancomunado a nivel nacional y regional que permitiera ir sorteando las dificultades que suponía llevar a buen término su campaña separatista.

3. La Ley 70 del 1 de diciembre de 1966.

El 1 de diciembre de 1966 se aprobó la creación del Departamento de Risaralda mediante la Ley 70, firmada por el presidente Carlos Lleras Restrepo; su ministro de Gobierno, Misael Pastrana Borrero; Manuel Mosquera Garcés, el presidente del Senado; y Carlos Abello, presidente de la Cámara de Representantes. La ley en mención está compuesta por 12 artículos consignados en tan solo 3 páginas en las que se definió el territorio y los municipios que lo conformaban, se creó el Tribunal Contencioso Administrativo, se estableció una nueva circunscripción electoral para la elección de congresistas y diputados de acuerdo con la población, se redefinieron los montos de la deuda pública que el departamento de Risaralda debía pagar al departamento de Caldas tras el proceso de separación, y se dispusieron otra serie de mecanismos para la organización administrativa del nuevo departamento. Se dispuso que debía empezar a funcionar dos meses después de la sanción de la ley. Posteriormente, se eligió al primer gobernador, al conservador Castor Jaramillo Arrubla, mientras que el primer secretario de gobierno fue el liberal Enrique Millán Rubio. Así se iniciaba la trayectoria político-administrativa del denominado “departamento piloto”.

Detrás de tal acto normativo se puede rastrear la historia de una ardua disputa por la fragmentación del poder regional entre los grupos de elite y la clase política de las ciudades de Manizales y Pereira, y que se amplió a toda la red de clientelismos políticos del departamento de Caldas. La campaña separatista se enmarcó a nivel político en el periodo del Frente Nacional; situación que complejizó el proceso de separación, pues esto produjo la conjunción de alianzas bipartidistas a nivel local, regional y nacional, porque la creación del nuevo departamento exigía un trabajo mancomunado de las facciones liberales y conservadoras proseparatistas. El liderazgo bipartidista estuvo a cargo de Camilo Mejía Duque, liberal oficialista y líder de Pereira y del occidente caldense (Gutiérrez Sanín, 2006), en llave con Jaime Salazar Robledo, conservador ospinista. Ambos en sus correrías por los municipios buscaron los votos necesarios para llevar adelante el proyecto en el Congreso. Al mismo tiempo, la dirigencia cívica y empresarial reunida en la Junta pro-Risaralda legitimó con su accionar, en múltiples actividades culturales y a través de los medios de comunicación, la justa aspiración del nuevo departamento para conseguir su autonomía. Se trata de un momento histórico en el que en muchas otras partes del país se estaban dando procesos similares, como fue el caso de la creación de los departamentos de Sucre, César y Quindío, bajo el manto clientelista del régimen del Frente Nacional -en un contexto en el que también imperaba el faccionalismo político en el seno de los dos partidos- (Hartlyn, 1993). Además, un agitado panorama ideológico, con una amplia movilización social de estudiantes, obreros, indígenas, campesinos y el surgimiento de las primeras organizaciones subversivas, las FARC, el ELN y el EPL (Leal, 1989; Pécaut, 2006).

Esta puja por límites fronterizos y disputas regionales se daba en una época en que a más de la mitad del territorio colombiano se lo reconocía como intendencias o comisarías, donde el Estado colombiano ejercía su soberanía de manera muy precaria y la población de estas zonas no era objeto de una atención integral por parte de los mismos entes estatales. La historia de la creación del Departamento de Risaralda, más que una batalla cívica en sentido estricto, está llena de noticias y actos violentos, físicos y verbales contra las personas de las juntas en diferentes partes del territorio. Las luchas iban desde el Congreso, la prensa y la radio, hasta los cafés, las calles y las plazas públicas, tampoco faltaron las intrigas debajo de la mesa y los chismes de burdeles y cantinas.

3.1. Primeras fases de la discusión del proyecto de ley

En septiembre de 1965 la clase política de Pereira presentó el proyecto de ley por iniciativa de los representantes Enrique Millán Rubio, Jaime Sáenz Hurtado, Gabriela Zuleta Álvarez y Gerardo Bernal, en una interesante coalición de liberales, conservadores unionistas y laureanistas, gente del MRL y la Anapo. Según Miguel Álvarez de los Ríos (2017) se debe a Guillermo Ángel Ramírez la redacción del borrador para el proyecto de Ley. A esta situación se sumaba, la iniciativa de ciertos empresarios y personajes cívicos que desde agosto de este mismo año habían empezado a conformar la Junta pro-Risaralda, integrada por Gonzalo Vallejo, los hermanos Arturo y Eduardo Valencia Arboleda, Guillermo Ángel Ramírez, José Carlos Ángel, Rafael Cuartas Gaviria, Alberto Mesa Abadía, en coalición con políticos de gran renombre, carisma y magnetismo (Rodríguez, 2006, pp. 22-23), a nivel local, regional e incluso nacional, como Camilo Mejía Duque, Oscar Vélez Marulanda, Byron Gaviria, Gabriela Zuleta, Jaime Salazar Robledo, Alberto Herrera, quienes encontraron en los medios de comunicación de la ciudad -El Diario (Tascón, 2016), El Diario de Risaralda (Gil, 2015), El Imparcial; y emisoras locales como La voz amiga y La voz del Pueblo, entre otras- una gran plataforma para legitimar sus aspiraciones políticas y movilizar a amplios sectores de la población en una de las zonas del país con más violencia desde mediados del siglo XX. Estos medios se enfrentaban en franca lid con un periódico de la talla y tradición como era La Patria de Manizales.

Los primeros pasos de la alianza cívico-empresarial con la clase política se encuentran en el testimonio de Gonzalo Vallejo: “yo llamé a los hombres más prestantes e influyentes de Pereira para que creáramos una junta pro-departamento. Llamé a los que más poder tenían en Pereira, a los comerciantes y políticos, a mis amigos...” (Vallejo, 1992, p. 33). Seguidamente, la junta tuvo en cuenta la importante participación de las mujeres de clase alta en los distintos comités de financiación y demás actividades sociales que se llevaron a cabo durante estos meses.

Entre los motivos aducidos para obtener la autonomía del nuevo departamento se encontraban argumentos jurídicos, culturales e históricos. Estos últimos se encuadraban tanto en una concepción sobre el pasado de la región, que venían casi desde el momento mismo de la creación del departamento de Caldas, como en otros aspectos más coyunturales:

En primer lugar, (a) el nombramiento de delegados a un Congreso Cafetero de 1946 donde de 16 delegados, 10 eran manizaleños; (b) la iglesia de la catedral de Manizales, construida con fondos de todos los municipios; (c) el ferrocarril Chinchiná-Manizales en el cual se invirtieron más de 16 millones de pesos; (d) los cables que se tendieron hacia la Provincia del Norte; ( e) la construcción del Teatro de los Fundadores; (f) el centralismo agudo de Manizales; (g) el desprecio con que se miraban a los habitantes que no fueran de la capital; (h) la lotería de Manizales; y (i) la construcción de la fábrica de licores en la cual se invirtieron más de 25 millones de pesos, en detrimento de las demás necesidades de otras regiones del mismo departamento. (Lopera y Cardona, 2016)

En estos debates se combinaban indistintamente argumentos cívicos de apegos localistas, alusiones a una mayoría de edad política de ciudades como Pereira y otras del occidente caldense, o como los presentados por Guillermo Ángel Ramírez, destacado miembro de la Junta pro-Risaralda, que argumentaba la idea de la separación en términos sociológicos y naturales en el cual la semilla, o sea los nuevos departamentos de Quindío y Risaralda germinaban del tronco común de Caldas como nuevas ramas (Ángel, 1995). También, los motivos jurídicos giraban alrededor de la cuestión sobre la descentralización como el medio de facilitar la acción de los gobernantes, que entre más alejados de los pueblos menos conocen sus anhelos, sus necesidades, sus grandes y pequeños problemas (Vallejo, 1992, citado en Montoya, 2012). Estas primeras razones dan cuenta de las estrategias discursivas utilizadas por estos grupos de élite en la campaña separatista de Caldas, las cuales fueron difundidas diariamente, sin descanso, en la prensa y la radio regional simpatizante con el proyecto risaraldense, acompañadas de la pauta publicitaria de los empresarios cívicos que conformaban la Junta pro-Risaralda.

La estrategia discursiva de la campaña separatista estuvo marcada por la beligerancia y el sectarismo del lenguaje difundido por los medios de comunicación. Muchas situaciones cotidianas fueron elevadas al rango de casus belli, retroalimentando las pasiones y los sectarismos de parte y parte, como sucedió con “el secuestro” de un bulldozer por parte del alcalde de Pereira, Octavio Mejía Marulanda, en noviembre de 1965, que era propiedad del gobierno departamental de Caldas y que estaba siendo utilizado en unas obras de ampliación de la pista del aeropuerto Matecaña. En ese momento, la presión por la creación del Departamento del Quindío estaba al máximo. Los dirigentes pereiranos intentaban por todos los medios “pescar en río revuelto”. En septiembre de 1965 se presentó una crisis política en Caldas que llevó a la renuncia al gobernador liberal Ramón Marín Vargas, reconocido intelectual manizalita, y quien era un permanente rival de Camilo Mejía Duque, el más influyente jefe político de Pereira. Marín Vargas fue sucedido en el cargo por el riosuceño Efraín Gartner Nicholls, quien a modo de retaliación frente a ciertas maniobras de los líderes políticos de la Junta pro-Risaralda en los municipios del occidente caldense, ordenó a comienzos de noviembre que se devolviera el referido bulldozer, enviando de manera provocativa una delegación militar para el efecto. El alcalde Mejía Marulanda, en una clara muestra de asonada y rebeldía política, ordenó “capturar” y esconder el bulldozer en una zona rural del corregimiento de La Florida. Esta situación motivó un sinnúmero de pronunciamientos de la prensa y la radio local en ambas ciudades, lo cual le dio tinte épico a este acontecimiento.

El 5 de noviembre la clase política en el Concejo municipal realizó un Cabildo Abierto, decretando la resistencia civil contra Caldas, el bloqueo físico a la carretera hacia Manizales, e hizo un “llamado cívico” a los pereiranos para que no compraran el periódico La Patria ni la Lotería de Manizales, e incluso, a comprometerse a no asistir a la siguiente Feria de Manizales. Estas exigencias encontraron eco en la prensa y en la radio local. Tras este hecho, el alcalde Mejía Marulanda fue destituido, y en la Gobernación de Caldas se relevó del cargo a Gartner y se nombró al coronel Gregorio Sánchez, quien a su vez nombró un alcalde militar para Pereira, el coronel Jaime Cortés, para que tratara de sobrellevar y amainar las pasiones políticas de aquel momento (El Diario del Otún, 2016).

Jaime Montoya sintetiza muy bien el agitado panorama político caldense del momento:

Todas estas manifestaciones de rivalidad evidencian la ausencia de un proyecto común de desarrollo del departamento y de planeación conjunta de la capacidad productiva. En las tres ciudades importantes se construyeron capacidades empresariales independientes que edificaron sus fortalezas sin necesidad de cooperación entre ellas; (...) Cada una se constituyó como un centro o un polo de desarrollo con la convicción de un progreso con mayor seguridad garantizado por el trabajo independiente. Esta promesa de ordenamiento que los dirigentes del movimiento de separación llamaban con frecuencia “las comarcas”, fue la expresión política que permitía convocar a la población para fortalecer la acción civil frente a la desmembración, acción que fue muy eficaz crear la noción de progreso como el símbolo o el imaginario de identidad de la comunidad, es decir, como el argumento central para constituir una comunidad con su propia identidad (Montoya, 2012, p. 60).

3.2. Breve relación del lobby político por la causa pro-Risaralda

Son extensos y de muy variada índole los argumentos en los que se apoyaban las personas que promovían la causa separatista. Sin embargo, más allá de las justificaciones históricas y culturales, el trámite de la ley de creación del nuevo departamento exigía el cumplimiento de los requisitos legales que sobre esta materia estaban vigentes en la Constitución de 1886. El ordenamiento territorial colombiano en ese entonces era muy preciso en cuanto a la exigencia para la creación de un nuevo departamento, y la clase política separatista trabajó arduamente a nivel regional y a nivel nacional, buscando los votos necesarios de concejales y congresistas para que fuera aprobada la ley. El artículo 5 de la Constitución aún vigente de 1886 estipulaba que se podrían crear nuevos departamentos desmembrando los existentes, cuando haya sido solicitada por las cuatro quintas partes de los Concejos Municipales interesados en integrarse en un nuevo ente territorial y, además, que se cumpliera al pie de la letra con los siguientes requisitos:

• Que el nuevo departamento tenga por lo menos doscientas mil almas;

• Que aquél o aquéllos de que fuere segregado, queden cada uno con una población de doscientos cincuenta mil habitantes, por lo menos;

• Que la creación sea decretada por una ley aprobada en dos Legislaturas ordinarias sucesivas (Constitución Política de Colombia, 1886, art. 5).

Pero gracias a la reforma introducida por el Acto Legislativo de 1945, bastaba con contar el voto positivo de tres cuartas partes de los concejales de cada municipio. Dado el crecimiento demográfico de la población colombiana se había establecido que el nuevo departamento contara por lo menos con 250 mil habitantes y quinientos mil pesos de renta anual siendo estas mismas mínimas condiciones con las que debía quedar el departamento del que se segregaba. En el punto en el que se facilitó la creación de nuevos departamentos fue la eliminación del requisito de que el proyecto de Ley debería ser aprobado en dos legislaturas ordinarias sucesivas. A lo sumo se agregaba que “la ley podría segregar territorio de un Departamento para agregarlo a otro, teniendo en cuenta la opinión de los habitantes del respectivo territorio y el concepto previo de los Gobernadores de los Departamentos interesados” (Estupiñán Achury, 2001). No obstante, este punto de la Reforma Constitucional de 1945 fue un tema candente de discusión durante el proceso de aprobación de la Ley para la creación de Risaralda, especialmente de parte de la delegación antiseparatista caldense, que afirmaba que los nuevos departamentos tendrían una “personalidad prestada”, por lo que les costaría mucho desarrollar su propia identidad.

Frente a los requerimientos constitucionales, los ponentes del proyecto en primer debate aseguraban que la consulta en los municipios había superado con creces este umbral, y que en esa misma medida esperaban que el Congreso atendiera este clamor popular. En efecto, se señalaba que en un primer sondeo se habían logrado conseguir 131 firmas de concejales a favor y 41 en contra. Claro está que no se toma en cuenta la resistencia que presentaron algunos municipios de tradiciones políticas conservadoras que fueron renuentes a este proyecto y que preferían quedarse en Caldas³. En Manizales no se quedaron con los brazos cruzados y conformaron una Junta de Unidad Departamental, pero que a la postre no logró tener la suficiente cohesión y eficiencia que alcanzó la Junta que se conformó en Pereira.

Respecto a los condicionantes de un mínimo de población y de renta, según el censo de 1964, Pereira tenía una cifra de 188.365 habitantes, y se llegaba a decir que, si sumaba la población de La Virginia de ese año, ya se alcanzaba el tope requerido. O a lo sumo, con la población residente en Santa Rosa de Cabal se podría cumplir con dicho requisito -Dosquebradas era un corregimiento de Santa Rosa que ya albergaba una gran cantidad de mano de obra de las empresas establecidas desde la década de los 50-. Los promotores del Sí por Risaralda certificaban, con cifras del DANE en la mano, una población de 627.520 habitantes, lo que implicaba una densidad de población de 129,4 habitantes por kilómetro cuadrado -una de las más altas del país-. Caldas quedaría con 584.000 habitantes y Quindío con 335.420 habitantes (Congreso de Colombia, 1980).

En cuanto a la parte presupuestal, se señalaba que Pereira había aportado a las arcas departamentales en 1964 la suma de $24’102.746 COP, mientras que al tesoro del Estado aportó $40’702.125 COP. Estos aspectos económicos se resaltaban con mucho orgullo. Se decía que la caficultura risaraldense llegaba al 33% de la producción total de divisas con las que Caldas contribuía al engrandecimiento de la economía nacional. Y a renglón seguido se señalaba que “el presupuesto de Pereira para 1965 es [era] de $36’806.904” y el del resto de municipios era de $48’329.558 COP. Se decía entonces que “en Risaralda todo está listo: su capital con todo género de dotaciones y todas las gentes que lo habitan compactas en esta antigua esperanza” (Congreso de Colombia, 1980, p. 86).

Estos requerimientos iban muy de la mano con la tercera condición que estaba establecida normativamente, que consistía en que la creación de un nuevo departamento no menoscabara la viabilidad económica del departamento del que se separaba. La Comisión que apoyaba esta iniciativa fue bastante diligente en el sentido de aportar información actualizada de la Contraloría General del Departamento de Caldas. Este punto es interesante porque el departamento de Caldas debía soportar una doble separación, pues en ese momento también estaba en curso la creación del Departamento del Quindío.

Los argumentos discursivos utilizados al inicio de la campaña pro-Risaralda para legitimar el proceso separatista se escucharon luego en el recinto del Congreso de la República. Se mencionó que, en la propuesta inicial, que abarcaba 20 municipios, se podía evidenciar una unidad étnica y social - cosa bastante difícil de demostrar ya que esta es una región con una gran diversidad étnica, lo que sin duda era un argumento falaz que no tenía una base sociológica y antropológica fuerte-. Se habla de una mixtura de razas caucanas y antioqueña, de similitud de características morfológicas, de costumbres sociales, de religiosidad, como si el proceso de mestizaje cultural vivido en esta región se hubiese llevado de una manera armónica e incluyente. Se planteaba igualmente que existía una unidad económica, con una base fuerte en la explotación agropecuaria, y como dato paradójico, se argumentaba que esa misma economía había padecido un mismo descuido y una misma caída, debido al abandono administrativo de Caldas. Finalmente, se adujo que también había una unidad religiosa, con la creación en 1952 de la Diócesis de Pereira, que extiende sus dominios en buena parte del occidente del Viejo Caldas (Congreso de Colombia, 1980). Estos argumentos podrían sonar bastante artificiosos, pero a la hora de mostrar las pruebas era evidente que todo se podía respaldar con cartas, telegramas, mapas a mano alzada, etc.; documentos que hoy reposan en el Archivo General de la Nación.

Así mismo se intensificó la lucha política en el recinto del Congreso. Los argumentos baladíes proliferaron de un lado y otro: se denunciaban los agravios del periódico La Patria contra los ponentes del proyecto, también se señalaban las presiones y los engaños de los políticos pereiranos a favor de la causa de Risaralda contra los concejales de los municipios inmersos en la “subasta” departamental, quienes después de haber dados su voto afirmativo luego se retractaron. En un momento determinado se hizo necesario que los concejales de algunos municipios del occidente caldense fueran hasta el Congreso de la República para expresarse a favor o en contra del proyecto de Ley. En las sesiones del Congreso, así como los principales diarios de la región, se amenazaba con la posibilidad de un nuevo desencadenamiento de la violencia política, ya fuera a causa de una revolución social a punto de explotar como una olla a presión, por la irrupción de nuevos brotes de atavismos de barbarie, o por el desencanto popular ante la negativa del poder legislativo de escuchar el clamor del pueblo.

Durante estos meses se llevaron a cabo un sinnúmero de reuniones políticas que por lo general terminaban en acaloradas discusiones en las cuales participaban los líderes cívico-empresariales de Pereira. Miguel Álvarez de los Ríos recuerda que a mediados del año 1966 acompañó a los señores Gonzalo Vallejo y Arturo Valencia Arboleda, al Club Manizales, para tratar de hallar nuevas alternativas de negociación. Sin embargo, en medio de la reunión, el señor Jaime Zuluaga Vargas, Secretario de Hacienda de Caldas, expresó que a ellos no les preocupaba que se fuera el Quindío, porque con eso resolvían el problema de violencia de esa zona del Departamento; y “que se vaya Risaralda, que es la zona de tolerancia del Departamento”, lo cual exasperó los ánimos de los delegados pereiranos quienes de inmediato se levantaron de la mesa de negociaciones (Álvarez de los Ríos, 2017).

3.3. Segundo debate para la creación del departamento de Risaralda

A pesar del impulso de la propuesta legislativa, este proyecto tuvo un receso hasta la legislatura de 1966. En la plenaria del 15 de junio de 1966 se retomó el proyecto en medio de una agitada controversia en la que salieron a flote los más exaltados tintes políticos regionalistas. Allí nuevamente se hicieron evidentes las profundas diferencias que movían a un bando y otro.

Mientras que los defensores de la causa separatista aludían a “imperativos históricos”, a “necesidades sociales”, los defensores de la Unidad Caldense hacían señalamientos a los “Fabricantes de feudos para la explotación privada” y a supuestos “bobos de Coria” -en alusión a ciertas personas que quieren pasar como tontos e infortunados, pero que en realidad son bastante astutos y aprovechados-. En aquellos años, el departamento de Caldas estuvo regido por militares e, incluso en muchos municipios del occidente caldense, había alcaldes militares.

En los convulsos tiempos de la doble segregación que desembocó en la creación de los departamentos del Quindío, primero, y de Risaralda después, Caldas tuvo dos gobernadores militares: el coronel José Gregorio Sánchez Ordóñez, entre el 6 de noviembre de 1965 y el 4 de marzo de 1966, oficial de malas pulgas, y el brigadier general Armando Vanegas Maldonado, cuya gestión comenzó el 4 de marzo de 1966 y concluyó el 9 de septiembre de 1967. La “militarización” del primer despacho departamental ocurrió en la recta final del mandato del presidente Valencia y en los albores del gobierno del presidente Lleras Restrepo por las peloteras callejeras entre partidarios del separatismo y defensores de la unidad territorial (Cadavid, 2016).

En esta etapa del trámite legislativo que cursaba ya el segundo debate, es de notar la participación de los actores cívico-empresariales liderados por la Junta pro-Risaralda en la creación del departamento de Risaralda. Ante la defensa manizaleña de la unidad caldense, por el lado pereirano no cesaban de destacar la amplia participación social y el entusiasmo generalizado de actores sociales cívicos, como el que en su momento destacó el Diario de Pereira sobre la participación de un comité femenino que se desplazó hasta Bogotá durante aquellos días:

La belleza, la elegancia y la distinción de las mujeres pereiranas dieron la nota sobresaliente en el parlamento durante el día de ayer, dando colorido y máxima cultura al debate que ha de culminar con la independencia total de los veinte municipios que conforman el nuevo departamento. Como en los grandes momentos de la historia de la ciudad, las damas que hoy tienen como bandera de lucha a Risaralda concurrieron a cumplir con su deber, a trabajar por la justa causa separatista. Los veinte municipios que conforman esta sección de la patria pueden estar seguros de la victoria final, pues hay una mística que no será posible desconocer. Estamos en plena campaña y obrando con altura, con decencia y con civismo. La hora del triunfo se aproxima a pasos agigantados. (El Diario, mayo 25 de 1966, p.8)

Así mismo se desarrollaba una amplia campaña política y publicitaria por el occidente caldense que tenía como principal vocero, al señor Gonzalo Vallejo, líder cívico-empresarial de la Junta pro-Risaralda. Para lograr mantener el voto favorable de los concejales de estos municipios, se empezaron a hacer promesas a diestra y siniestra con respecto a los futuros beneficios del proceso descentralizador con la creación del departamento piloto. La Junta pro-Departamento de Risaralda auguraba:

Vamos a fomentar la riqueza minera de Quinchía, acelerar la continuación de la carretera panamericana, no invirtiendo enormes sumas de dinero en la futura capital, sino prolongando hacia el Chocó la carretera Viterbo, Apía y Pueblo Rico y los inmensos recursos ganaderos y agrícolas del Valle del Risaralda. No vamos a tratar de extinguir la vida administrativa de los pueblos o de asfixiarlas, sino de vigorizar núcleos para que el progreso no se detenga (Álzate Fernández, 1984, p. 26)

Por su parte, una de las últimas salidas por parte de la Junta antiseparatista consistió en solicitar que se revisará una vez más el conteo de votos de concejales principales de los 20 municipios que estaban dentro de la pugna política. Decían que: “si los principales son 200 y se retractaron 85, sólo 115 aceptaron el nuevo departamento. Pero como las tres cuartas partes de 200 son 150, tampoco se alcanzó a llenar el requisito constitucional” (Congreso de Colombia, 1980, p. 180).

Para evaluar esta situación, hacia el mes de septiembre de 1966, en el Senado de la República se nombró una subcomisión integrada por Felio Andrade Manrique, Darío Echandía y Emiliano Guzmán Larrea, con el fin de tratar de buscar un acercamiento entre los parlamentarios representantes de Caldas y los que estaban a favor de la creación de Risaralda, para contener las posibles alteraciones del orden público. Esto preocupaba mucho al presidente Carlos Lleras Restrepo, quien había asumido la presidencia el 7 de agosto de 1966. Los integrantes de la subcomisión se desplazaron hasta Pereira, Santa Rosa de Cabal, la hacienda Portobelo en La Virginia y hasta Manizales para escuchar el concepto del General Armando Vanegas Maldonado. Tras esta correría el panorama que ellos percibieron fue bastante crítico:

La subcomisión consideró que no existe unanimidad en un sentido o en otro y que el escrutinio de las voluntades es especialmente difícil de esclarecer, por la pugnacidad que ha venido caracterizando el proceso de este proyecto. Presiones de orden sentimental, político y social, han determinado la radicalización en los dirigentes de los dos sectores y el mismo hecho de que se hubiesen allegado al expediente original retractaciones de Concejales (sic) y la reiteración posterior de otros, demuestran que como expresión de su voluntad se ha modificado alternativamente, en forma tal que el ponente considera que debe atenerse a la solicitud original de creación del nuevo Departamento (Congreso de Colombia, 1980, p.159)

A pesar de que la subcomisión conceptuó favorablemente el proyecto de creación del nuevo ente departamental, instaba a que la dirigencia política de ambos departamentos tratara de establecer nuevos mecanismos de integración económica y cultural en sus respectivas áreas de influencia. Se ratificaba que los municipios de Anserma, Viterbo, Risaralda y Belalcázar continuarían perteneciendo al Departamento de Caldas y así podría seguir teniendo influencia en el Valle del río Risaralda y que esos municipios deberían quedar unidos por carretera departamental con Manizales (Diario de Risaralda, octubre 6 de 1966, p. 13)⁴. De igual modo recomendaba que se revistiera al presidente de la República de facultades extraordinarias por un término de seis meses para convocar a elecciones para Diputados de los Departamentos de Caldas y Risaralda, “así como también para distribuir entre los municipios de del nuevo Departamento de Risaralda, la jurisdicción de los Tribunales de Manizales, Pereira y Anserma”. Finalmente se recomendaba que el nuevo Departamento debería comenzar a funcionar dos meses después de sancionada la ley, como en efecto sucedió tras aprobarse la Ley 70 del 1 de diciembre de 1966 (Congreso de Colombia, 1980, pp. 166-167).

No valieron luego las cartas de los ex gobernadores de Caldas que se presentaron en las sesiones plenarias de los días 13, 14, 18, 19, 26 y 27 de octubre de 1966, sobre:

el peligro que entraña para la nacionalidad, para el desarrollo y la transformación del país. el sistema que toma carta de naturaleza en el Parlamento, de dividir los Departamentos progresistas en pequeñas secciones... de apedazar el territorio nacional en pequeñas secciones para crear fundos electorales que se traducen en mayor número de parlamentarios, en nuevas caras para el agobiado y exhausto Tesoro Público y en la distorsión del sistema democrático, basado en el sufragio popular y en la representación proporcional. (Congreso de Colombia, 1980, p. 183)

Tampoco sirvieron de mucho las últimas réplicas los parlamentarios de Caldas, como Hernán Jaramillo Ocampo, José Restrepo Restrepo -quien también era director de La Patria de Manizales-, Antonio José Ocampo, entre otros, por los vicios de trámite del proyecto y porque continuaban alegando que los concejales de municipios como Quinchía, Guática, Mistrató y Marsella se resistían a incorporarse a Risaralda. También se citaba un artículo publicado en La Patria denunciando que los miembros de la subcomisión anteriormente referida no pudieron visitar algunos municipios porque “en algunos sitios moraban caravanas de ‘pájaros’, atestación que rebate el H.S. Echandía en el relato de las labores desarrolladas al respecto” (Congreso de Colombia, 1980, p. 184).

Los parlamentarios que impulsaron la creación del Departamento de Risaralda, como Jaime Salazar Robledo, Camilo Mejía Duque, Gabriela Zuleta, Enrique Millán Rubio, no cesaron de apelar a la necesidad de un mayor reconocimiento a favor de un territorio y un pueblo que se consideraba excluido de las grandes decisiones políticas y administrativas de Manizales. También es claro que, en el ambiente del parlamento, como en los propios municipios en pugna, el argumento acerca del incremento de la violencia política y la posible alteración del orden público ocupaba la atención de muchas personas, incluido el presidente Lleras Restrepo, que apenas había asumido su cargo de primer mandatario en agosto de 1966 y le preocupaba significativamente que las protestas y movilizaciones terminaran en hechos de sangre que lamentar.

En una de las tantas jornadas de plenaria del mes de noviembre, el senador Mejía Duque señaló casi que lapidariamente el destino del debate político:

(...) hemos querido contribuir a que este proyecto se evacúe cuanto antes para evitar perturbaciones del orden público y vuelva la tranquilidad de la comarca, a una comarca que está hoy al margen de la administración departamental. De tal manera, señor Presidente [del Senado], yo le voy a rogar a usted en nombre de esa región y de los parlamentarios amigos de este proyecto, que lo discutamos hoy hasta acabar, hasta que lo aprobemos. Hay una situación sumamente delicada por allá, ayer tuve que llamar al señor Ministro de Gobierno para que llamara al Gobernador y pusiera remedio a esa situación. Al aprobar el proyecto hoy, tengo la seguridad de que mañana amanece esa región tranquilizada. No quiero hablar más, señor Presidente. (Congreso de Colombia, 1980, p. 170).

Finalmente, en la plenaria de Cámara de Representantes del día 23 de noviembre de 1966, se sometió a votación la proposición que arrojó el resultado de 164 votos afirmativos y 14 negativos, con lo que el proyecto fue aprobado para ser Ley de la República y a la espera de la sanción presidencial, la cual se efectuó el 1 de diciembre de 1966.

4. Un ‘después’ que aún continúa

Tras la proclamación de la creación del nuevo departamento, vino la euforia y el jolgorio en muchos sectores de la ciudad y los municipios del nuevo departamento. Los parlamentarios que defendieron la propuesta fueron agasajados con enorme beneplácito por las muchedumbres que en largos desfiles les rendían homenaje como si se tratara de un recibimiento a los corredores de la vuelta a Colombia o una reina de belleza recién electa.

Atrás quedaron las disputas con los editorialistas del periódico La Patria de Manizales, para enfocarse en la planeación administrativa y fiscal del denominado “departamento piloto”, en el nombramiento de los comités operativos que llevarían a cabo la labor de descentralización de nuevo ente departamental, como fue el caso de Acuacaldas, la Licorera de Caldas, la CHEC, la Lotería de Caldas y la creación de la nueva Lotería de Risaralda, etc. Al mismo tiempo que se gestionaba la llegada al departamento de entidades como el Incora, el Idema, el ICT, Bienestar Familiar, etc., y se creaba el Comité de Cafeteros de Risaralda. Sobre estos temas, aún hay mucha tela por cortar y muchas fuentes documentales y orales por consultar de manera rigurosa y sistemática.

El parte de victoria del Diario de Risaralda, periódico vocero de la Junta pro separatista, ante la sanción presidencial da cuenta del nuevo ambiente político que debía empezar a imperar en el manejo administrativo de Risaralda:

Se han cumplido pues las esperanzas de los habitantes de una vasta zona colombiana, que refleja un abundante núcleo de población de las más altas condiciones. Lo que comienza desde esta fecha es un trabajo permanente, una decisión tenaz, una planeación sensata. (...) Con la sanción presidencial termina el un poco alocado trabajo que determinó la creación del nuevo departamento. Tenemos que ceder, entonces, el área de la acción a los planificadores, a los estudiosos, los eruditos en el manejo de los intereses fiscales y administrativos (Diario de Risaralda, diciembre 5 de 1966, p.4).

Pero a partir de este mismo momento, los destinos públicos del departamento serían objeto de una fuerte disputa entre las diversas facciones de los partidos políticos tradicionales mediante prácticas clientelistas (Correa, Gil y López, 2016). Además, las relaciones entre la nueva capital departamental y los municipios adyacentes comenzaron a ser un poco más tensas, y en no pocas situaciones debieron ser mediadas por los grandes jefes políticos de la nueva comarca, reproduciéndose el esquema centralista a nivel administrativo del Viejo Caldas (Correa y López, 2018).

Las pujas regionalistas cedieron el paso a las disputas partidistas faccionalistas. En el juego político del momento estaban muy claramente demarcadas las hegemonías políticas, aunque no faltaron las sorpresas en el mapa electoral de finales de la década de los 60 y los 70. El departamento modelo comenzó a ser objeto de las pujas por el establecimiento de una burocracia clientelizada y sumisa, en la que los nombramientos a dedo y los tratos económicos con los contratistas que aspiraban a tener una tajada del ponqué presupuestal del nuevo departamento, se constituyeron en el factor predominante (Correa et al., 2018). En adelante, ningún proyecto de desarrollo para la región podría adelantarse en forma gratuita.

Las propuestas de ordenamiento territorial y el establecimiento de nuevas unidades administrativas se canalizaron a través de las lealtades políticas, las recomendaciones personales, los afectos, los compadrazgos; es decir, en una forma específica de hacer la política en el ámbito local y regional. Para Jaime Montoya (2012), el rumbo político y económico del departamento se afectó desde un comienzo debido a las profundas diferencias políticas, las cuales se reflejan en:

La gran cantidad de gobernadores que tuvo el departamento en los primeros cinco años, ocho entre 1967 y 1972 y trece hasta 1977 (...). Es decir, existía un acuerdo entre los dirigentes económicos y políticos de Pereira para separarse por las razones anotadas de falta de identidad y la profunda marginalidad a la que eran sometidos por la gobernación de Caldas, pero más allá, no existía una propuesta clara de los dirigentes, ni un plan estructurado y aceptado por la comunidad para orientar los destinos del nuevo departamento. (p. 65)

No se puede negar que durante los primeros años de creación del departamento las inversiones en infraestructura y gasto social se incrementaron de manera sustancial. Pero al cabo de unos años, especialmente tras la crisis cafetera de comienzos de la década de los 80, otras problemáticas sociales como la pobreza, el desempleo, el abandono de la economía del sector rural, problemas de orden público asociados al conflicto armado entre guerrillas, paramilitares, narcotráfico y Estado, migración, consumo de psicoactivos, etc., han puesto en entredicho los augurios de un nuevo porvenir para los habitantes de este departamento. En esta medida es que se requiere desarrollar una mirada crítica sobre el proceso de creación de Risaralda, para entrever y develar las mitificaciones del pasado que presentaron las obras testimoniales de quienes participaron en la campaña separatista, y alrededor de las cuales se construyó un mito cívico de pujanza y progreso, para que de esta forma emerja una nueva conciencia ciudadana, y a la vez se establezca una distancia con respecto a las evocaciones épicas y nostálgicas. Esto permite generar un compromiso de la sociedad civil más activo con el presente y el futuro de la región. Entender los acuerdos, alianzas, tensiones y luchas de las élites a nivel regional -que en medio del pacto del Frente Nacional y de la distribución paritaria imperante de los cargos de las tres ramas del poder público cambiaron la conformación político- administrativa de Colombia-, permite entender, a su vez, la importancia de un marco analítico de estudio de los grupos de poder y sus sociabilidades. Esto podría servir también para estudiar la creación del resto de departamentos dada a mediados del siglo pasado.

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Notas