La guerra es una de las formas más importantes de las relaciones entre las sociedades; fue la primera y con certeza será la última. Esta actividad ha sido objeto de reglamentación por todas las culturas y en todas las épocas, desde Sun Tzu con El arte de la guerra en el siglo V antes de Cristo, se han discutido y planteado una serie de normas para aminorar la violencia de los conflictos armados. En la Antigüedad Clásica y en la Edad Media también se consolidaron leyes de guerra, pero es fundamentalmente a mediados del siglo XIX cuando se estructura el moderno Derecho de los conflictos armados.

El posterior desarrollo del Derecho de los conflictos armados se ha representado en dos ramas: el Derecho de la Haya o Derecho de la guerra y el Derecho de Ginebra o Derecho Internacional Humanitario (DIH). El primero trata sobre la conducción de las hostilidades y combates. En términos generales, comprende las tres convenciones del 29 de julio de 1899 y las trece convenciones del 18 de octubre de 1907. El segundo versa sobre la protección de la población civil no combatiente y las víctimas de los conflictos armados, y se encuentra establecido en las cuatro convenciones del 12 de agosto de 1949 y en dos protocolos adicionales del 10 de junio de 1977.

El DIH realiza una distinción entre los conflictos armados internacionales, en donde se enfrentan dos o más Estados, y los no internacionales, que se presentan entre fuerzas del gobierno y grupos armados no gubernamentales, o entre estos grupos solamente (CICR, 2008). cuanto a un conflicto armado no internacional, para el DIH es clave estudiar dos referencias jurídicas en aras de determinar su concepto: el Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 y el Artículo 1 del Protocolo adicional II de 1977. Particularmente, esta última referencia jurídica establece una definición puntual de este tipo de conflictos, y por tanto se aplica a aquellos

Que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo. (CICR, 1977)

El anterior protocolo establece que en el caso de conflicto armado no internacional que surja en el territorio de una de las Altas Partes contratantes, cada una de las enfrentadas tendrá la obligación de aplicar un mínimo de disposiciones relacionadas con las personas que no participen directamente en las hostilidades y con la asistencia de enfermos y heridos en combate. Expertos sostienen que los elementos que configuran un conflicto armado no internacional son: la territorialidad, la posición de fuerzas, el mando o autoridad responsable, el dominio territorial que permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas, y la posibilidad de aplicar el Protocolo II (Valcárcel, 2007).

En el caso del conflicto armado en Colombia, se ha realizado una importante producción intelectual al respecto. Por ejemplo, se plantea el interrogante de si la situación entre el Estado y las FARC era de conflicto armado o de guerra. Para responder a esto, es clave recordar las definiciones básicas. Tomando como referente el ya citado Protocolo II adicional a los Acuerdos de Ginebra sobre los conflictos armados internos se concluye que los elementos que caracterizan una situación de conflicto armado interno aplican con claridad para el caso colombiano (Zuluaga, 2009). Por otro lado, expertos en esta área abordan el conflicto en mención apoyándose en conceptos de algunos académicos. Por ejemplo, el significado de “conflicto” aportado por Peter Wallensteen (1988) es el de una situación social en donde dos partes luchan de manera simultánea por conseguir el mismo conjunto de recursos escasos y de diversa índole (citado por Torrijos, 2009). Así mismo, se puede hablar de la noción de “desarrollo” de Johan Galtung, entendida como aquel estado que se consigue cuando las carencias de los más necesitados se están satisfaciendo y las estructuras culturales y sociales se están transformando en estructuras y culturas de paz (citado por Torrijos, 2009). El desarrollo significa entonces, crear la capacidad para transformar el conflicto. De forma que la paz no solo es la condición que se consigue cuando los conflictos son manejados en una perspectiva creativa y no violenta, sino que, precisamente lo que lleva a la violencia es el fracaso en transformar conflictos.

Un proceso de paz es “un esfuerzo para lograr un acuerdo que ponga fin a la violencia, así como para implementarlo, mediante negociaciones que pueden requerir la mediación de terceros” (Fisas, 2010, p. 11); no es un momento puntual, sino una serie de etapas en las que los actores afectados se esfuerzan conjuntamente para lograr acuerdos que permitirán acabar con la situación de conflicto. Se da paso, mediante el diálogo y el consenso, a acuerdos que ponen término a la violencia y a su vez inician “una nueva etapa de progreso y desarrollo que permita superar igualmente las violencias estructurales que propiciaron el surgimiento del conflicto” (Fisas, 2010, p. 11).

Los procesos de paz exitosos comprenden una fase de negociación inicial y cuyos acuerdos deben ser cumplidos:

[Un proceso de paz] no es más que el punto de partida de unas etapas decisivas en las que se verá si realmente el cese de la violencia es capaz de generar una nueva situación de paz positiva, entendida ésta como prosperidad, armonía, desarrollo humano, crecimiento personal y justicia social, entre otros aspectos. (Fisas, 2010, p. 12)

En cuanto a los diferentes modelos de procesos, se distinguen cinco principales: de reinserción, de intercambio, de reparto del poder, de autogobierno y de medidas de confianza. Asimismo, siempre se siguen unas etapas específicas, pero las negociaciones es la que usualmente más tiempo demanda. Por ello, la primera fase es la exploratoria, o de prenegociación, en la que se mide el grado de convicción de las partes, y en donde necesariamente tendrán que ceder algo. Luego viene la fase generadora de confianza en el propio Proceso, en donde se acuerda el papel que pueden jugar terceras partes, se renuncia a la imposición de proyectos y se reconoce al adversario ofreciéndole la legitimidad necesaria para intermediar. Posteriormente, se llega a la fase de negociación, en donde las partes verifican que los interlocutores sean válidos, es decir, que sean los verdaderos voceros de los actores primarios con la capacidad suficiente de tomar decisiones. Si la fase de negociación prospera, se llega a los acuerdos de implementación, a los acuerdos de las formas de verificación, y a los que regulen la manera de resolver otros desacuerdos que puedan emerger en las últimas etapas.

Habrá que gestionar posibles declaraciones de alto al fuego y/o cese de hostilidades, entendida esta última como el alto al fuego más el cese de actividades sobre la población civil (hostigamiento, amenazas, destrucción de infraestructuras, secuestro, etc.), por lo que está vinculado al cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH). (Fisas, 2010, p. 26)

Si se representan en una pirámide los tipos de actores que intervienen, es posible observar en la cúspide a los actores y a los facilitadores formales. Estos son los más visibles, los que se encuentran en la foto final del acuerdo de paz. En este espectro figura, además, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero únicamente en los casos en que en su agenda esté incluido el conflicto. En segundo lugar, dentro de la pirámide se ubican actores como aquellos países que acompañan el proceso, los medios de comunicación, las llamadas diplomacias y entidades de apoyo, y los centros especializados en resolución y mediación de conflictos.

Las relaciones internacionales se pueden definir como relaciones sociales que impactan en la distribución del poder mundial. Estas se pueden explicarse por los sistemas de equilibrio de poder: sistema bipolar rígido, sistema bipolar flexible, sistema jerárquico, sistema universal y sistema de veto unitario. Así, la sociedad internacional es el complejo de relaciones sociales que distribuyen el poder a nivel mundial (Úbeda-Portugués, 2010). El proceso de mundialización de las relaciones internacionales que caracteriza al siglo XX tuvo como uno de sus más importantes exponentes a la Sociedad de Naciones, principalmente la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El origen de la ONU se asocia a la “Carta del Atlántico” que sirvió de soporte a la Declaración de las Naciones Unidas, ratificada por 26 países en plena segunda guerra mundial, en búsqueda de la creación de un nuevo sistema de seguridad².

Nada más al finalizar la contienda (junio de 1945), la firma en San Francisco de la Carta de las Naciones Unidas y del Estatuto del Tribunal internacional de Justicia oficializaron esa voluntad, que se concretó en la puesta en funcionamiento de la Organización en octubre de ese año, con sede en New York y un total de 51 estados miembros como fundadores. (Méndez, 2011, p. 71).

La necesidad de contactos, exploraciones, negociaciones y diálogos está avalada por el ejercicio diplomático que realizan todos los países a través de diferentes resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y por la definición de establecimiento de la paz que dicha Organización establece.

Al uso de los medios diplomáticos para persuadir a las partes en conflicto de que cesen sus hostilidades y negocien un arreglo pacífico de sus controversias. Como ocurre con la acción preventiva, las Naciones Unidas solamente pueden actuar si las partes en conflicto así lo deciden. El establecimiento de la paz excluye pues el uso de la fuerza contra una de las partes para poner fin a las hostilidades, actividad denominada en el lenguaje de las Naciones Unidas como imposición de la paz. (Fisas, 2010, p. 113).

Dentro del extenso campo de las relaciones internacionales, la ONU, las diplomacias y sus articulaciones con los conflictos y los procesos de paz, es relevante mencionar dos órganos de suma importancia: La Corte Penal Internacional (CPI) y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). La CPI fue constituida a instancias de la ONU el día 17 de julio de 1998, y es un organismo judicial dentro de la estructura de lo que se podría llamarse un “gobierno mundial”. Con su creación ya no se trata solamente de la idea de paz mundial con una ley mundial, sino de la materialización de un anhelo de la comunidad universal. En cuanto al Derecho Internacional Humanitario (DIH), este se origina en el impacto de la degradación de las confrontaciones armadas sobre la sociedad civil, la gestión que durante varias décadas desarrollaron las comunidades, a través de organismos internacionales y no gubernamentales en procura de protección, y en Henry Dunant, que hizo posible esta normatividad. Este cuerpo normativo tiene dos sentidos: por un lado, la forma en que se han de conducir las guerras (métodos bélicos, empleo de proyectiles y armas, etc.), y por otro, la exclusión de la población civil de las matanzas y demás aberraciones que ocasiona un conflicto armado (Ballén, 2010).

Otro componente importante dentro de las relaciones internacionales es la comunidad internacional. Al hablar de ella se distingue entre: los organismos multilaterales (ONU, OEA, UE, etc.), los Estados, las ONG internacionales que manifiestan interés en un proceso de paz, personalidades de relevancia en el país, la jerarquía de la iglesia católica, organizaciones internacionales de los partidos políticos, tanques de pensamiento expertos en asuntos de paz, entes como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, además de los países facilitadores o que tengan que jugar otro papel (Borda y Cepeda, 2012).

Con la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y específicamente en su carta fundacional, firmada el 26 de junio de 1945, se determinan los fundamentos para la resolución pacífica de los conflictos entre países y se materializa la cooperación internacional para que se apliquen los principios de dicha carta. Estos principios se concretan en el reconocimiento de las garantías individuales y de la promoción de los derechos fundamentales, en la Declaración Universal de los Derechos del Humanos de 1948.

La Cooperación Internacional ha sufrido importantes modificaciones en aspectos relevantes como metodología, enfoques y actores. Asimismo, ha pasado de ser “un elemento de ayuda a países pobres para luchar contra el subdesarrollo, a centrarse en la lucha contra la pobreza, lográndose consolidar nuevos enfoques, tales como: participación activa, interés mutuo, partenariado y apropiación por parte de los actores locales” (Álvarez, 2012, p. 286). Igualmente, los demás actores se han diversificado de tal manera que, además de los estados nacionales participan diferentes tipos de entes tales como el de sectores privados, el de organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, los departamentos, municipios y mancomunidades, entre otros. De esta forma, la Cooperación Internacional se ha venido constituyendo en una herramienta fundamental de los Estados para conseguir mejoras en las condiciones de vida de las personas.

La Cooperación para el Desarrollo Económico, OCDE, esta se entiende como:

Acción conjunta para lograr el desarrollo económico y social de un país, gracias a la ayuda de organizaciones internacionales, organismos no gubernamentales, países con igual o mayor nivel de desarrollo y de la sociedad civil, mediante la transferencia de tecnologías, conocimiento, experiencias o recursos. (Mejía y Hernández, 2013, p. 14).

La construcción de paz puede definirse como el conjunto de acciones para el corto, mediano y largo plazo que hacen posible a una sociedad prevenir, gestionar y resolver los conflictos por medio de sus capacidades, sin tener que hacer uso de la violencia. Análogamente, es un proceso dinámico en donde las personas dentro de la sociedad, al igual que la sociedad en conjunto, fortalecen su capacidad para crear desarrollo sostenible y la seguridad; todo ello realizable a través de la constante mejora estructural en aspectos políticos, económicos y sociales (IECAH, 2010).

En la agenda para la paz el secretario general de la ONU, Boutros Boutrus-Gali (1992) definió la construcción de paz como las acciones dirigidas a solidificar y fortalecer la paz con el fin de evitar una reincidencia en el conflicto (como se cita en Rettberg, 2013). A partir de este pronunciamiento, la actividad de construcción de paz ha crecido y se ha diversificado ocupando áreas como: el desminado, la desmovilización, el desarme y la reintegración, los procesos de reconciliación y reparación, la justicia transicional y el rediseño de diferentes instituciones.

La construcción de paz trasciende la resolución de conflictos por medio de negociaciones de paz o victorias militares porque no involucra exclusivamente a los actores armados enfrentados, sino que implica también a la sociedad civil nacional e internacional en la forma de organizaciones no gubernamentales, sector privado, iglesia y actores internacionales; por la misma razón, su dimensión temporal es más amplia que la de eventuales negociaciones: se inicia mucho antes que un proceso de paz y sus actividades se proyectan hasta bien avanzado el posconflicto. (Rettberg, 2013, p. 17)

Análogamente, el fin de una confrontación no lleva necesariamente a la paz. La falta de confianza y de consensos políticos pueden persistir, al igual que las causas estructurales del conflicto; de tal manera que el logro de consensos y el abordaje de las múltiples causas del mismo necesitan de la atención persistente de actores nacionales e internacionales, incluyendo la sociedad civil local.

Las diferentes experiencias de procesos y acuerdos de paz, como la de El Salvador o la de Guatemala, indican que los actores internacionales pueden ser, a largo plazo muy efectivos si incentivan y apoyan iniciativas de paz locales, regionales y nacionales. Por tanto, el gran desafío para la comunidad internacional es brindar apoyo a los actores locales y nacionales para que cumplan un rol de liderazgo más amplio en sus propios procesos de construcción de paz.

Existen tres ejes de análisis y acción que son inseparables cuando se habla de paz y reconciliación. El primero es la articulación de las iniciativas de los líderes junto con los representantes de los grupos combatientes, la diplomacia internacional y el alto gobierno. El segundo es la integración de las diferentes dimensiones del conflicto, desde lo personal, lo interpersonal, lo comunitario y lo ideológico, hasta el sistema que envuelve a toda la sociedad. El tercer eje consiste en pensar la construcción de la paz y la reconciliación como un esfuerzo por medio del cual hay que responder estratégicamente a los desafíos a corto plazo, tales como escaladas de violencia; a mediano plazo, como la gobernabilidad y el desarme; y a largo plazo, como la reconciliación (Lederach, 2007).

En los conflictos contemporáneos, la construcción de la paz depende de las realidades subjetivas y empíricas que determinan las necesidades y expectativas de las personas, así como la respuesta a dichas realidades. “Es precisamente en este punto donde el paradigma conceptual y la práctica de la construcción de la paz deben alejarse significativamente de las actividades y el marco tradicionales que constituyen la diplomacia de Estado” (Lederach, 2007, p. 58). La naturaleza y las características del conflicto contemporáneo obligan, entonces, a pensar en unos enfoques y conceptos que miren más allá de la diplomacia de Estado tradicional.

Construir la paz en los conflictos actuales requiere un compromiso a largo plazo para establecer una infraestructura que abarque todos los niveles de la sociedad, permita potenciar los recursos de la propia sociedad para la reconciliación y rentabilice al máximo la contribución externa. (Lederach, 2007, p. 24)

Los procesos de paz se desarrollan en tres fases o etapas: la de prenegociación o exploratoria, que se realizó en La Habana entre febrero y agosto de 2012; la de negociaciones de paz que se iniciaron en Oslo el 18 de octubre, desarrolladas en La Habana, y que se esperaba que condujeran a la finalización del conflicto y a la implementación del acuerdo final de paz; y la fase exploratoria que abarcó de septiembre de 2010 hasta agosto de 2012. Los acercamientos preliminares se dieron con la asesoría del gobierno noruego, país que otorga especial relevancia a la promoción de la paz como un propósito básico de su política exterior

Está dada la importancia del gobierno cubano y el gobierno venezolano, dada su influencia en el conflicto colombiano. Por esto, desde el comienzo del Proceso, el gobierno del expresidente Santos solicitó la colaboración de ambos para facilitar los acercamientos iniciales con los jefes de las FARC (Martínez, 2014). Paralelo a esto se realizó una fuerte actividad parlamentaria para generar las condiciones legales necesarias que dieran viabilidad a la propuesta de paz y reconciliación: el Marco Jurídico para la Paz, integrado básicamente por cuatro leyes y dos reformas a la Constitución. Los tópicos más importantes de ese marco fueron: la Ley de víctimas y Ley de restitución de tierras, en las que se reconoce la existencia del conflicto armado interno, se otorga a las FARC un estatus político, y se consagran los derechos de las víctimas; la Ley de justicia y paz; y, el Marco para la justicia transicional.

Se determinó que Cuba y Noruega serían los países garantes, mientras que Venezuela y Chile desempeñarían el rol de acompañantes. La agenda de negociaciones de paz se componía de cinco ejes temáticos: (1) Desarrollo agrario integral, (2) Participación política, (3) Fin del conflicto y (4) Solución al problema de las drogas ilícitas y víctimas (Gobierno Nacional y FARC-EP, 2012).

El 27 de agosto de 2012, el entonces presidente Juan Manuel Santos anunció a los colombianos que, seis meses atrás había dado inicio a conversaciones secretas con las FARC. Una serie de importantes acontecimientos, de carácter jurídico y político, se dieron desde el inicio de la fase exploratoria y el comienzo de las negociaciones, anunciadas por las partes el día 18 de octubre de 2012. De acuerdo a lo comunicado por la Corporación Humanas Colombia (2012), entre noviembre de 2010 y enero de 2011 se inician contactos entre el expresidente Santos y los representantes de las FARC. Con la ayuda del presidente de Cuba, Raúl Castro, se realiza en Rio de Oro (Cesar) la primera reunión entre el Gobierno y las FARC. Los representantes ante el Gobierno Nacional fueron Alejandro Eder y un funcionario de Acción Social. Como voceros de las FARC, Andrés Paris y Rodrigo Granda. En febrero, en el Estado de Barinas (Venezuela) y con el apoyo de Hugo Chávez, se llega al acuerdo de que las conversaciones formales entre las partes se llevarsen a cabo en Cuba y Noruega. Para el mismo mes, en Cuba, se acordó que las decisiones que se tomasen entre las partes deberían llevar al fin del conflicto, y que la mesa de diálogos no podría ser eterna y etérea.

Para agosto y septiembre de 2012 el Gobierno y las FARC llegan a un acuerdo sobre la agenda de las negociaciones, y Santos le comunica al país que la fase exploratoria con las FARC ha finalizado con la rúbrica del Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, dando a conocer los cinco puntos de la agenda para los diálogos. Asimismo, el 18 de octubre de 2012, se instalan los diálogos de paz en Oslo (Noruega), y el 13 de noviembre se anuncia que el comienzo de las negociaciones entre las partes no será el jueves 15, sino el lunes 19 de noviembre (Corporación Humanas Colombia, 2012). Aunque se manifestó que Cuba y Noruega ejercerían como garantes, mientras que Venezuela y Chile lo harían como acompañantes, en el Acuerdo general se dejó la puerta abierta para la participación de más países: “de acuerdo con las necesidades del proceso, se pondrá de común acuerdo invitar a otros” (p. 2).

Hasta el año 2013 era notoria la ausencia de la ONU en el Proceso. no obstante, el expresidente Santos había expresado que era probable que esa organización intergubernamental pudiese ser llamada en la etapa de verificación de los acuerdos y del postacuerdo, en virtud de su experiencia en esta materia, al igual que en construcción de paz y resolución de conflictos.

Las conversaciones entre el Gobierno y las FARC para llegar al fin del conflicto se iniciaron en noviembre de 2012 en La Habana. Santos apostó a unas negociaciones de paz que tuvieran unos criterios diferentes a los adoptados en anteriores procesos: no se decretó una tregua previa, se reunieron los actores invitados a la mesa de negociación y se creó el Marco Jurídico para la Paz. Para agosto de 2013 la comunidad internacional hizo un importante anuncio: “el coordinador residente de las Naciones Unidas en Colombia, Fabrizio Hochschild, declaró que estas podrían ayudar en la verificación de los acuerdos de paz” (Fisas, 2014, p. 65). Uno de los puntos más difíciles en la negociación con la guerrilla fue el papel que desempeñaron organismos judiciales internacionales; para el segundo semestre de 2013, la Corte Penal Internacional (CPI) dirigió una carta a la Corte Constitucional de Colombia en la que sostenía que, en el marco de las negociaciones de paz con las FARC, el perdón por ciertos crímenes o penas muy bajas, daría potestad a dicha Corte para ejercer su jurisdicción en el país.

El 24 de septiembre de 2013, en preparación de su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Santos solicitó ante los organismos internacionales el apoyo al Proceso de paz en Colombia. También pidió una reunión con la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, quien había formulado unas recomendaciones por fuera de sus atribuciones a las Cortes de Colombia (Medina, 2014). Luego, en las visitas que realizó a partir del 3 de noviembre de 2014 a España, Portugal, Francia, Alemania, Inglaterra y Bélgica, fue enfático al manifestar que estaba buscando respaldo a su idea de consolidar un fondo que, por medio de la Unión Europea, ayudase a financiar el postacuerdo. En una de sus visitas a Francia, a comienzos de enero de 2015, el mandatario francés le manifestó que, independientemente de la ayuda que pueda proporcionar Europa, Francia desbloquearía recursos de la Agencia Francesa para el Desarrollo, con el fin de contribuir a programas de sustitución de cultivos, derechos humanos y educación rural (Abdahllah, 2015).

La comunidad internacional y diferentes personalidades se manifestaron a favor del Proceso de paz en Colombia. La tercera semana de febrero de 2015 el país recibió un conjunto de apoyos internacionales en la mesa de conversaciones: el respaldo de dos nobeles de paz, Oscar Arias y Kofi Annan, además de la designación, por parte del gobierno de Estados Unidos, de un enviado especial para los diálogos de paz de La Habana, Bernard Aronson (Semana, 2015).