Introducción

América Latina ha sido el escenario de un conjunto variante de procesos políticos desde fines del siglo pasado, diagnosticado por diferentes autores como la expresión de un “giro a la izquierda” a nivel regional (Sader, 2009) que hoy encuentra su contraparte en los triunfos electorales de fuerzas políticas “neo conservadoras” que, en mayor o menor medida, han logrado recomponerse en diferentes países de la región (Montero; Collizzolli, 2016)[1]. Un punto de partida posible para explicar estos procesos se encuentra, sin dudas, en la crisis orgánica desatada tras el fracaso del recetario neoliberal en buena parte de la región (que de laboratorio para la aplicación de las conclusiones del Consenso de Washington pasó a conformarse en el ejemplo vivo de su colapso). Así, de la crisis orgánica del neoliberalismo surgen los primeros gobiernos que, en una primera aproximación, podríamos denominar como posneoliberales. Si bien la discusión en torno a cómo caracterizar estos gobiernos es extensa, entendemos junto con Verónica Gago (2014) que el prefijo pos no indica necesariamente ni transición ni superación, sino la crisis de su legitimidad como política estatal-institucional, dejando de lado una visión teleológica de la historia, en donde los prefijos pos . pre cobrarían mayor sentido, y concentrándonos en su carácter cíclico y espiral.

De esta manera, una de las consecuencias de la crisis del 2001 en Argentina fue la crisis de representación derivada del descrédito de sus partidos tradicionales, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, escenario que genera las condiciones de posibilidad para el surgimiento del Frente Para la Victoria y para lo que más tarde iría a consolidarse como identidad política: el kirchnerismo. El reciente triunfo de la alianza Cambiemos liderada por Mauricio Macri no es menos representativo de esta crisis de representación, como expresión sintetizadora de un entramado complejo que recicla tanto a un sector mayoritario de la UCR y dirigentes que provienen del peronismo como al mundo empresarial privado y asociaciones civiles o think-tanks(Vommaro, 2015)[2], aunque esta experiencia no forma parte del propósito central de este trabajo. Así también podríamos enmarcar el surgimiento del chavismo en Venezuela, como resultado del corolario que se inicia con el Caracazo (1989) y finaliza con la crisis de legitimidad del puntofijismo expresada en el descrédito del sistema de partidos tradicionales encabezado por Acción Democrática y el Comité de Organización de Política Electoral Independiente (COPEI), dando lugar a lo que en un primer momento se presentaría como el Movimiento Quinta República para más tarde reconfigurarse en el Partido Socialista Unido de Venezuela, exponente fundamental de la experiencia del llamado Socialismo Bolivariano del siglo XXI. Nuevamente, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) como principal punto de acumulación de la oposición al chavismo en Venezuela en los últimos años también es plausible de ser enmarcada como consecuencia de este proceso. En el mismo sentido y aunque con un claro protagonismo de la clase media quiteña, la Rebelión de los Forajidos de abril del 2005 fue el punto de partida necesario para la irrupción de Rafael Correa en Ecuador y el nacimiento de la coalición de partidos que pasaría a conformar el Movimiento Alianza País un año más tarde. La debacle del Partido Social Cristiano, Democracia Cristiana y el Partido Rodolcista de Ecuador fue sin dudas consecuencia de la crisis de representatividad en el sistema de partidos políticos tradicionales, y la razón principal que explica que el más contundente revés electoral sufrido por la Revolución Ciudadana, la alcaldía de Quito, no haya provenido de ninguno de los partidos tradicionales sino de Sociedad Unida Más Acción (SUMA), liderada por Mauricio Rodas. Los gobiernos de Lula Da Silva y Dilma Roussef en Brasil, el de Evo Morales en Bolivia, el de José Mugica en Uruguay y el de Lugo en Paraguay terminan de completar lo que a grandes rasgos podemos caracterizar como procesos de cambio que fueron desarrollándose en la región desde una perspectiva que se presentó a sí misma como la ruptura con su pasado neoliberal y el comienzo de una nueva etapa.

Si existe un denominador común que atraviese a este conjunto diverso de procesos, sin negar aquellos aspectos que necesariamente refieren a su propia singularidad, es que surgen de lo que podríamos denominar como un momento de excepcionalidad, consecuencia del derrumbe de las condiciones materiales que habían permitido en el pasado construir cierta legitimidad en torno al régimen previo. En otras palabras, creemos que la condición de posibilidad para el surgimiento de lo que denominamos como gobiernos posneoliberales no radica tanto en el éxito de una campaña electoral sino más bien en la crisis de consenso en torno a un modelo societario que dejaba de contar con el apoyo de las grandes mayorías. A este fenómeno nos referimos cuando hablamos de crisis orgánica del neoliberalismo. Desde una perspectiva gramsciana, nos referimos a la crisis que se produce hacia dentro del bloque histórico que hasta el momento ejercía la hegemonía en el conjunto social. Es a partir de este instrumental teórico que podemos encontrar algunas características comunes que nos permitan caracterizar procesos que por su naturaleza histórica y geográfica son diversos. A su vez, la perspectiva de análisis que brinda la sociología histórica de tiempo presente permite abordar una mirada sobre el cambio social que combina el análisis comparativo de determinados hechos históricos a partir de modelos teóricos que van más allá de su singularidad (Bonnell, 1980), lo cual termina de dibujar el espacio teórico-conceptual desde el cual nos proponemos abordar este trabajo.

Otro de los posibles denominadores comunes de los gobiernos posneoliberales probablemente podamos encontrarlo en la diferenciación y confrontación permanente tanto en un plano simbólico como material con el régimen anterior expresado en el modelo societario neoliberal. Las políticas de transferencia de recursos desde los sectores más concentrados de la economía hacia los más postergados a partir del rol regulador de la economía ejercido por el Estado así como una política exterior que priorizó los vínculos con países latinoamericanos como estrategia contrahegemónica ante la presencia de Estados Unidos son quizás los dos factores más característicos de lo que podríamos denominar como el proceso regional posneoliberal que inauguró el triunfo electoral de Hugo Chávez en 1998 y que abordaremos hasta el 2015 inclusive.

Como contracara del “giro a la izquierda” en América Latina aparecieron en la región diferentes alternativas políticas vinculadas a los mercados que, en los últimos tiempos, –como lo demuestran las recientes elecciones tanto en Argentina como en Venezuela y en Ecuador– comenzaron un fuerte proceso de recomposición, llegando en algunos casos a hacerse del poder y manejo del Estado. De la misma manera que sucede con los gobiernos posneoliberales, las diferentes alternativas de la derecha latinoamericana conservan matices que se corresponden con sus propias singularidades históricas, culturales y geográficas, lo cual no quita que al mismo tiempo sean portadoras de ciertos elementos comunes que nos permitan abordar una caracterización de conjunto. Nuevas derechas, derechas renovadas, derechas a secas, el debate acerca de la necesaria categorización de estas fuerzas políticas es extenso y este artículo lejos se encuentra de pretender agotarlo, aun teniendo la intención de aportar alguna clave que nos permita nutrir la discusión teórica. No obstante, intentaremos aportar un conjunto herramientas teóricas a partir del análisis de casos concretos que ayuden a dar cuenta de lo que se ha caracterizado como la restauración conservadora a nivel regional.

El hecho significativo, y el que más nos ocupa teniendo presentes los objetivos del trabajo, refiere no a la discusión teórica acerca de las formas, sino fundamentalmente al proceso de recomposición de las alternativas políticas pro-mercado a nivel regional. Interesan particularmente los casos de Venezuela y Ecuador porque allí se observa, esbozando una primera hipótesis de trabajo, que tras el fracaso de la vía violenta expresada en los intentos de golpes de estado (Venezuela 2002, Ecuador 2010) las derechas se vieron obligadas a realizar un cambio de estrategia, construyendo liderazgos electoralmente competitivos y alentando simultáneamente diversas técnicas orientadas a debilitar los respectivos oficialismos y esmerilar sus bases de apoyo. Durante este proceso de recomposición de las fuerzas “pro mercado” fue fundamental el apoyo de diversos actores de la sociedad civil: ONG´s, fundaciones, think-tanks, etc., que proveyeron a la derecha de cuadros políticos, técnicos y las robustecieron con la incorporación nuevos liderazgos. En este sentido, elegimos para ilustrar este fenómeno los casos de Súmate, en Venezuela, y la Fundación Ethos, en Ecuador (ambos son casos paradigmáticos en lo que refiere a la articulación entre sociedad civil y dirigencia política opositora en ambos países). Indagar en estos casos permite observar algunas de las formas en las que se articularon esferas de la política y la sociedad civil con el objetivo de robustecer lo que se ha denominado como “nuevas derechas”. Se trató de articulaciones que, tanto en Venezuela como en Ecuador, produjeron una clara disputa de poder a las fuerzas políticas oficialistas, pero dentro de las reglas que ofrece el juego democrático.

¿Fortalecer la democracia? El caso Súmate

¿Cómo interviene en la política nacional una organización sin fines de lucro que se presenta a sí misma con la misión de “construir la democracia” y “facilitar procesos de participación ciudadana”? Quizás uno de los casos más emblemáticos en lo que refiere a la articulación entre asociaciones civiles y poder político es el de la Asociación Civil Súmate de Venezuela.

Fundada en 2002 bajo la dirección de Alejandro Plaz Castillo y María Corina Machado como presidente y vicepresidenta respectivamente, Súmate aparece en escena como la principal impulsora del referendo revocatorio del mandato de Hugo Chávez en 2004. En el 2006, previo a las elecciones presidenciales, Súmate convoca la realización de elecciones primarias para definir al candidato de la oposición a nivel nacional con objetivo de lograr la “unidad, la organización y la movilización ciudadana”, comprometiéndose con la logística y la organización. Si bien la propuesta no prospera debido al rechazo fundamentalmente del pre-candidato Teodoro Petkoff^[3], resulta notable la capacidad disciplinadora que desarrolla la asociación civil sobre el conjunto del arco opositor en tan poco tiempo, más aún si se tiene en cuenta el carácter no partidario de su compromiso por la democracia que resalta su carta de presentación oficial.^[4]

Pero Súmate no sólo se convierte en una voz autorizada y legítima determinando la agenda del debate público y delimitando las principales líneas de acción de la oposición en Venezuela, sino que también de su seno surgen algunas figuras que años después de su fundación irían a nutrir las filas de la dirigencia política antichavista. Es el caso de María Corina Machado, vicepresidenta de la fundación desde su surgimiento y presidenta durante hasta el 2010.

Una semana después de presentar la renuncia a la presidencia de Súmate, Machado se postula para diputada en la Asamblea Nacional en las elecciones parlamentarias de septiembre del 2010 y logra obtener una banca. Un año más tarde, en julio del 2011, se presenta como pre-candidata presidencial en las primarias de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), elecciones que definen a Henrique Capriles como principal referente de la coalición opositora para la contienda de octubre del 2012. Pero la participación de la ex diputada y pre-candidata presidencial no se restringió al plano institucional. Machado fue también, junto con Leopoldo López, una de las principales instigadoras de La Salida, las manifestaciones opositoras de febrero del 2014 que dejaron un saldo de cuarenta y tres muertos y más de cuarenta opositores en prisión. En la actualidad, Machado aparece en la escena política venezolana como una de las principales instigadoras del reférendum revocatorio contra Nicolás Maduro, reivindicación que ordena al conjunto de la oposición al chavismo revitalizada tras el triunfo en las elecciones legislativas de diciembre del 2015.

Del think-tank a la alcaldía de Quito: Mauricio Rodas y la Fundación Ethos

Otro de los casos paradigmáticos en lo que refiere a la articulación entre sociedad civil y dirigencia política es sin dudas el de la Fundación Ethos y sus vínculos con la oposición al gobierno de Rafael Correa en Ecuador. Definida a sí misma como un centro de investigación independiente, apartidista y sin fines de lucro, la Fundación Ethos es un caso representativo de los denominados think-tanks o tanque de conocimiento.

Radicado en México, este think-tank se destaca en mediciones de los niveles de pobreza en diferentes países de América Latina, inspirados según su propia presentación en el objetivo difundir y promocionar las bases del Modelo de Gobierno Responsable. El Informe Ethos de Pobreza 2011 destacó entre otros al convertirse en la plataforma desde la que Mauricio Rodas, director, fundador y actualmente intendente de Quito, impugnó los indicadores de pobreza del gobierno ecuatoriano y se convirtió en el nuevo portavoz de la oposición a la Revolución Ciudadana. El informe identificaba a Ecuador, Venezuela y Bolivia como los países con mayor nivel de pobreza entre otros ocho estados analizados de América Latina. La reacción de Correa, que puso en duda la validez de la medición y el privilegiado lugar que los grandes medios le otorgaron a la polémica fueron los factores centrales para que Rodas finalmente superara el anonimato y se insertara definitivamente en la escena pública (Ramírez Gallegos, Coronel: 2014).

Como señala Vommaro (2014) en su análisis sobre Mauricio Macri y su partido Propuesta Republicana (PRO), los miembros de las usinas de ideas como al que nos referimos con Fundación Ethos han orientado sus esfuerzos a desarrollar estrategias que les permitan desembarcar en el estado. De esta manera, sus representantes suelen escribir en los diarios o ser invitados a programas de televisión y su pertenencia a una determinada fundación les otorga el rasgo distintivo de la calidad, la “transparencia” y, podríamos agregar, la “independencia política”. En el caso de Mauricio Rodas, él mismo remarcó que el Modelo de Gobierno Responsable, eje de su campaña para las elecciones presidenciales del 2013, fue una idea original de la Fundación Ethos. Si bien la baja performance en aquellas elecciones lo dejaron en el cuarto lugar, al año siguiente se convertiría en el nuevo alcalde de Quito tras ganar las elecciones de febrero del 2014 con el 58% de los votos frente al 38% de Augusto Barrera, el candidato de Alianza País. Ya sea organizando un referendo nacional, asumiendo el rol de veedores electorales, participando del proceso de selección del candidato opositor y hasta nutriendo de nuevos liderazgos a la dirigencia opositora, asociaciones civiles y poder político, desarrollaron mecanismos de retroalimentación que les permitieron consolidarse como alternativas de poder real frente a los oficialismos.[5]

La mano de Estados Unidos

Si bien escapa a los objetivos de este trabajo, el rol de Estados Unidos en la conformación y el desarrollo de estas expresiones de la derecha en Venezuela y en Ecuador ha sido y es una variable fundamental para explicar el fenómeno, lo cual obliga a tenerlo en cuenta. Siguiendo a Golinger (2005), encontramos que, con el fracaso de las operaciones en Nicaragua contra el gobierno sandinista y el descrédito internacional que implicaron las revelaciones de la intervención estadounidense en el golpe a Allende en Chile, el gobierno norteamericano comenzó a transitar un cambio en su política exterior, transitando de la intervención mediante conflictos armados hacia la solución “democrática”.

En este contexto, fines de la década del setenta, se crea la Fundación Política de Estados Unidos (APF), financiada por el Congreso y compuesta por un conjunto de líderes sindicales, empresariales, políticos y académicos con el objetivo de llevar adelante la política exterior estadounidense mediante métodos no violentos. En El Código Chávez (2005), Eva Golinger sostiene que la institución dirigiría sus esfuerzos hacia la “promoción de la democracia” en el exterior, mediante un apoyo financiero que fomentaría la “infraestructura de la democracia” para que la prensa libre, los sindicatos, los partidos políticos, las universidades y las organizaciones sociales (o asociaciones civiles) funcionaran acordemente a los intereses de la política exterior dictada desde Washington. De esta manera surge la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) así como un conjunto de institutos para canalizar los fondos del Congreso estadounidense hacia los partidos políticos y diversos grupos opositores en otras naciones: el Centro de Empresas Privadas Internacionales (CIPE), el Instituto Democrático Nacional (NDI), el Instituto Republicano Internacional (IRI) y el denominado posteriormente Centro de Solidaridad Laboral Internacional de Estados Unidos (ACILS).

Otro instituto dependiente del Departamento de Estado norteamericano fundado con el objetivo de reforzar la política exterior estadounidense es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés). Creada oficialmente por el Congreso en 1961 como producto de la geopolítica que Estados Unidos se había diagramado para América Latina bajo el nombre de la Alianza para el Progreso, la USAID desviaba buena parte de sus fondos con el objetivo de apuntalar movimientos políticos que respondieran a los objetivos de la política exterior estadounidense (Golinger, 2005). De forma similar, ambas instituciones (NED y USAID), destinan sus fondos a través de la Oficina de Iniciativas para la Transición (OTI) para financiar a diversos actores políticos alineados con los intereses de la potencia del norte, siempre en nombre del fortalecimiento democrático.

Si tenemos en cuenta que tanto Súmate como la Fundación Ethos se encuentran dentro de la lista de las ONG´s que figuran como beneficiarias del apoyo financiero de la NED y la USAID, resulta ineludible la mano de Estados Unidos como factor central para comprender el actuar de estas organizaciones. Tanto el gobierno de Chávez y Maduro en Venezuela como el de Correa en Ecuador han dirigido sus esfuerzos a la construcción de un polo de poder regional que sirva como contrapeso frente a la hegemonía norteamericana ejercida en buena parte de América Latina. Sólo de esta manera se comprende que dentro de las principales metas de su política exterior se encuentre el fortalecimiento de organismos de integración regional como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), en contraposición a los intentos recurrentes de establecer áreas de libre comercio como se pretendió con el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y el vigente Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP). De esta manera, si bien podríamos hablar de un cambio de estrategia en lo que refiere al formato de la injerencia, el espíritu intervencionista estadounidense para latinoamérica expresado en parte en las fuentes de financiamiento que ofrece para diversos grupos opositores a los gobiernos progresistas de la región no presenta grandes matices en relación con lo que fuera la Doctrina de Seguridad Nacional y el Plan Cóndor.

El cambio de estrategia

En el atardecer del 12 de abril del 2002, Pedro Carmona se proclamaba presidente provisional de Venezuela nombrando a un nuevo gabinete ejecutivo al mismo tiempo que destituía a los miembros de la Asamblea Nacional, a gobernadores, dirigentes municipales, al Tribunal Supremo de Justicia, al Fiscal General de la Nación y al Defensor del Pueblo. Con la misma celeridad eliminó 49 leyes sancionadas por Chávez un año antes, dentro de las cuales se encontraban la Ley de Tierras y la Ley de Hidrocarburos, y eliminó los acuerdos de petróleo subsidiado con Cuba (Coronil, 2005).

Más allá de los resultados que finalmente obtuvo, la estrategia que se proponía autoproclamado presidente de la República de Venezuela (dejaba de ser Bolivariana) representaba a las viejas posiciones de Fedecámaras, la principal organización de gremios empresariales de Venezuela, presidida por el mismo Carmona. Los nombramientos del gabinete con viejos representantes de la burguesía venezolana y hasta con antiguos funcionarios del gobierno neoliberal de Rafael Caldera refuerzan la idea de que Carmona no actuaba por su propia cuenta, así como tampoco se limitaba a llenar el “vacío de poder” que quedaba vacante con el secuestro de Chávez. La estrategia respondía a romper con el pasado “populista”, llevar a Chávez a juicio e implementar nuevamente el recetario neoliberal (Ellner, 2014).

Ocho años más tarde, el 30 de septiembre del 2010, Quito amaneció con los policías del Regimiento N.1 acuartelados y negados a salir a brindar servicio. Con el correr de la mañana, otros cuarteles del país se unían a la protesta en contra de la aprobación de la Ley Orgánica de Servicio Público, alegando que la misma perjudicaba sus intereses.

Más allá del debate acerca del conflicto policial que inició el intento de golpe, lo cierto es que el 30 de septiembre en Ecuador estuvieron cercadas las funciones del Estado y la vida del presidente y de otros funcionarios estuvieron en peligro, sin hablar de las víctimas fatales, los heridos y el golpe a la dignidad nacional venezolana que provocó la rápida reacción de varios gobiernos de América Latina. Siguiendo lo investigado por Paz y Miño Cepeda (2011), fueron actores activos del intento de golpe: policías y militares insurrectos, la Sociedad Patriótica, el Movimiento Popular Democrático junto con aliados, dirigentes de la Pachakutik, la CONAIE, activistas “independientes” o ligados a los partidos de la oposición, asambleístas de la Sociedad Patriótica, el Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero y otros aliados. Del lado de lo que podríamos caracterizar como actores “pasivos” estuvieron la extrema derecha, medios de comunicación privados anticorreístas, y una más amplia gama de sectores medios y altos de la población que esperaban la oportunidad para derrocar a Correa (Paz y Miño Cepeda, 2011).

Similar al caso venezolano, el intento de golpe en Ecuador a manos de los policías sublevados se sustentó en la inminente aprobación de un conjunto de leyes como la Ley Orgánica de Educación Superior, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización, la Ley del Servicio Público y la de Comunicación. Esta última, para tomar dimensión del asunto, implicaba la venta de medios de comunicación de parte de banqueros y empresarios, ordenada por la Constitución y cuyo plazo para la ejecución era, paradójicamente, en octubre del 2010. En este marco, resulta lógica la interpretación del intento de golpe o putch^[6] como el intento de parte los poderes fácticos nacionales e internacionales aliados a sectores del viejo Estado oligárquico para evitar la sanción de un conjunto de leyes que irían en desmedro de sus propios intereses (Quintero López; Sylva Charvet, 2011).

La vía violenta para hacerse del poder fracasó en ambos países. Ni en Venezuela ni en Ecuador pudieron hacerse del gobierno los grupos que alentaron y formaron parte del intento de golpe de Estado. De este elemento partimos para referirnos al cambio de estrategia. Las ONG´s que analizamos fueron definitivamente un emergente de este fracaso y son un ejemplo contundente del cambio de estrategia que adoptaría la oposición en ambos países. Previo al 2002 en Venezuela y el 2010 en Ecuador su lugar era prácticamente inexistente en la política nacional, más allá de que sus futuros directivos apoyaran o no los intentos de golpe (como fue el caso de María Corina Machado, firmante del “decreto Carmona”). La necesidad de reconfigurar a las alternativas políticas que expresaran la intención de un retorno hacia los mercados se articulaba con la necesidad de generar estrategias que les permitieran disputar la democracia. Es en este marco que proponemos abordar el rol de las asociaciones civiles y usinas de ideas como las articuladoras de una derecha que se estaba preparando para desembarcar en el Estado dentro de las reglas del juego democrático, es decir, ganando elecciones.

La discusión teórica

En un análisis del sistema ideológico en la política europea hacia fines del siglo pasado, el filósofo político italiano Norberto Bobbio (1998) sentencia que la vieja díada izquierda-derecha ha entrado en declive y fundamentalmente ha perdido gran parte de su valor descriptivo para dar cuenta de la compleja realidad en la política europea. La continua transformación de la sociedad y el surgimiento de nuevos problemas políticos, sostiene, ha hecho que nacieran movimientos que no entran en el esquema tradicional de la contraposición entre izquierda y derecha (Bobbio, 1998).

En lo que refiere a la historia reciente en América Latina recurrentemente se ha asociado a los partidos de derecha con las prácticas antidemocráticas, lo cual a la luz de lo retomado en este trabajo no pareciera ser una apreciación equivocada. Sin embargo, y como hemos visto, el cambio de estrategia de la derecha y su apuesta por la disputa de poder en el marco del juego democrático obligan a apelar a nuevos parámetros para pensar el contrapunto entre dos categorías que se constituyen recíprocamente en términos relacionales. En este sentido, Vommaro (2015) propone una serie de parámetros que giran en torno a la toma de posición respecto al lugar que debe ocupar el estado como regulador de la economía, la postura respecto al abordaje de la protesta social, la inmigración y los derechos humanos. A estos, podríamos agregar como parámetro la política referida a la estrategia de inserción internacional.

Proponemos recuperar estas dos miradas en lo que refiere a la discusión teórica de cómo categorizar a las fuerzas políticas porque resultan sin dudas complementarias. Por un lado, se afirma el agotamiento de un esquema conceptual y por otro lado se proponen nuevos criterios para reemplazarlo. En los casos abordados durante este trabajo encontramos que ni las fuerzas políticas que caracterizaríamos de izquierda ni las que denominamos como derechas se autodefinen así mismas de esa manera. El Movimiento Quinta República (que a partir del 2007 se disolvería para pasar a integrar el Partido Socialista Unido de Venezuela) así como Alianza País tanto como Sociedad Unida Más Acción o la Mesa de Unidad Democrática lejos parecieran encontrarse de aquella vieja caracterización dicotómica entre izquierdas y derechas, y más cerca de la diputa por la apropiación de significantes que aluden a lo nacional y lo democrático. En definitiva, si bien la vieja díada izquierda-derecha aún pareciera funcionar como parte de un lenguaje común que permite caracterizar rápidamente un conjunto diverso de fuerzas políticas, es evidente que esta no logra abordar de forma acabada nuestra compleja realidad política, lo cual obliga a tener presente los criterios antes mencionados al momento de identificarlas y –¿por qué no?– pensar nuevos sistemas de categorías anclados en nuestra propia singularidad latinoamericana.

Palabras finales

Es conocida aquella metáfora de Maquiavelo a partir de la cual proponía entender al estado como un centauro, mitad superior cerebro humano y mitad inferior fuerza de caballo, así como sus consejos al príncipe de imitar tanto el comportamiento de una zorra como el de un león, porque “(…) el león no se defiende de las trampas y la zorra no se defiende de los lobos” (Maquiavelo, 2013). Esta idea del poder bifronte va a ser algunos siglos más tarde retomada por Gramsci en sus cuadernos de la cárcel para diferenciar entre una dimensión del poder anclada en la coacción y otra referida al consenso. Plantea el filósofo político italiano que, en aquellos regímenes de sociedades civiles desarrolladas, la toma del poder implica un trabajo prolongado y denso que requiere al mismo tiempo la organización de la masa y la paralela desorganización del enemigo, acompasado por la formación de los “intelectuales orgánicos” de las clases que se proponen refundar la sociedad. De esta manera, se libra la batalla en las superestructuras de la sociedad civil y la toma del poder ya no se resuelve en un solo movimiento como en regímenes con sociedades civiles menos desarrolladas. Por lo tanto, la revolución pasa por la disputa de la construcción hegemónica de un determinado orden social, volviéndose un proceso de construcción social prolongado, atravesado de contradicciones, avances, retrocesos y desvíos. En este marco, se vuelve necesario involucrar a un conjunto mayoritario de la sociedad y acumular así la porción de poder que permita plantear una reforma intelectual y moral de la sociedad (Campione, 2007).

Creemos que este conjunto de elementos teóricos permite reflexionar sobre los casos aquí trabajados, partiendo del hecho de que el apoyo de una porción importante de las fuerzas policiales para el caso ecuatoriano, así como de un sector del ejército adverso al chavismo en lo que refiere al intento de golpe del 2002 en Venezuela no resultó suficiente para que las fuerzas políticas que aquí caracterizamos a groso modo como derechas tomaran el poder. De esta manera, el cambio de estrategia que adoptaron las derechas en Venezuela y en Ecuador tras los intentos fallidos de golpe de estado dan cuenta del agotamiento de la vía violenta como único acceso a la toma del poder y el ejercicio del gobierno del estado, obligándolas a transitar desde lo que en términos gramscianos podríamos denominar como una “guerra de movimientos” hacia una “guerra de posiciones”, es decir, la disputa por la hegemonía.

Es en este proceso en el que se vuelve crucial la articulación con elementos de la sociedad civil que les sirvieron de plataforma para interactuar con la sociedad, impulsar un discurso contrahegemónico y robustecerse de nuevos dirigentes abocados a la disputa del poder dentro de las reglas que impone un sistema democrático. Así, podemos decir que el rol jugado por las ONG´s analizadas en este trabajo en lo que refiere al “fortalecimiento” de la democracia (según sus propias definiciones) y en articulación con medios masivos de comunicación, da cuenta entonces de un papel crucial desarrollado por elementos de la sociedad civil que sirvieron tanto de propulsores de programa políticos, usinas de pensamiento como así también de reserva de dirigentes, convirtiéndose en un factor central del proceso de recomposición de las clases dominantes que hoy atraviesa a buena parte de la región.

Bibliografía

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Notas